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El azaroso regreso a clases presenciales

Por: Sergio Martínez Dunstan

Ciertos sectores están a favor de reabrir las escuelas, otros prefieren que se mantengan cerradas, hay quienes están en desacuerdo de manera rotunda al menos que imperen ciertas condiciones…

En nuestro país, ha resultado fallido el regreso a las clases presenciales, hasta en cuatro ocasiones, en el anterior periodo lectivo. Al inicio y al final del mismo y al término de  los periodos vacacionales en diciembre y semana santa. En esta ocasión, para el inicio del ciclo escolar 2021 – 2022, vuelve a intentarse justo cuando sucede el pico más alto de la tercera ola de contagios con indicadores inéditos a lo largo de la pandemia. Al respecto, las opiniones de diversos actores han sido muy diversas y encontradas. Ciertos sectores están a favor de reabrir las escuelas, otros prefieren que se mantengan cerradas, hay quienes están en desacuerdo de manera rotunda al menos que imperen ciertas condiciones, hasta los dicen que “si, pero no así”. La postura gubernamental coincide, está influenciada o simplemente se impuso por organismos internacionales. Por ejemplo, se dio a conocer, el pasado doce de julio, la declaración conjunta (https://bit.ly/3sUlykR) emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Ahí se mencionan ciertas expresiones que describen la narrativa oficial. Destaco algunas de ellas:

  1. En muchos casos las escuelas se cerraban mientras que los bares y restaurantes permanecían abiertos.
  2. Los más afectados suelen ser los niños de entornos con pocos recursos y los más pequeños que se encuentran en etapas de desarrollo clave.
  3. Hay pruebas claras que las escuelas primarias y secundarias no están entre los principales impulsores de la transmisión (de la COVID-19).
  4. Todas las escuelas deben proporcionar aprendizaje en persona lo antes posible sin barreras de acceso, incluyendo la no obligatoriedad de la vacunación antes del ingreso antes del ingreso a la escuela.
  5. La reapertura de las escuelas no puede esperar a que todos los profesores y alumnos estén vacunados.
  6. No se puede esperar a que los casos lleguen a cero.
  7. La reapertura de las escuelas para el aprendizaje presencial no puede esperar.

Reafirmo mi sospecha al leer el enunciado siguiente: “instamos a los responsables de la toma de decisiones y a los gobiernos a que den prioridad a la reapertura segura de las escuelas para evitar una catástrofe generacional”.

Sólo detecto un par de diferencias notables. La primera se refiere en un fragmento del comunicado. “La decisión de abrir o cerrar las escuelas debe basarse en el análisis de riesgos y en las consideraciones epidemiológicas de las comunidades en la que están situadas”. Mientras que el Presidente de México decretó el regreso a las clases presenciales en todas las escuelas “llueve, truene o relampaguee”. Y la segunda alude al punto nodal, en mi parecer. “El riesgo de transmisión de la COVID-19 en las escuelas es manejable con estrategias de mitigación adecuadas en la mayoría de los entornos”. Repito algunas palabras a fin de comprender la profundidad del mensaje: es manejable con estrategias de mitigación adecuadas. Aquí se halla el desencuentro entre la postura oficialista y los que están en desacuerdo con ella. En los planes pareciera que así es pero en los hechos, no.

Sobre tan delicado asunto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3gKWcRp). Ahí mencionó el impacto que trae consigo tal circunstancia. Toma de referencia la posición de la UNICEF. Menciona que el cierre extendido de los planteles educativos ha afectado negativamente a toda una generación provocando pérdidas de conocimiento y habilidades, rezago en el desarrollo infantil temprano, aunado a un aumento de deserción escolar. Recomienda que el regreso a las actividades presenciales de toda la comunidad estudiantil debe ir acompañada de un plan de acción y una estrategia que contemple como mínimo ciertos elementos. Los revisaré para contrastarla con la realidad que prevalece en las escuelas, sobre todo las públicas, a manera de lista de cotejo o “checklist”.

  • Capacitación del personal docente y administrativo en relación con el protocolo sanitario a seguir:
  • Vacunación del referido personal docente y administrativo.
  • Sana distancia.
  • Ventilación de espacios cerrados.
  • Privilegiar los espacios al aire libre para las actividades escolares.
  • Controles de temperatura de toda la comunidad estudiantil al ingreso a los planteles escolares y a los salones de clase.
  • Uso de gel antibacterial.
  • Uso de cubrebocas en los espacios cerrados.
  • Grupos reducidos o escalonados.
  • Prever un área específica para separar a los alumnos que presenten algún síntoma o malestar.
  • Abastecimiento de Agus suficiente y necesaria para el lavado de manos y suministro de jabón.
  • Sanitización y limpieza frecuente de los salones de clase.
  • Involucrar a los padres, a las madres, tutores y tutoras para que repliquen en su hogar las medidas a seguir.
  • Prever protocolos especiales para los estudiantes con alguna discapacidad, que requieren un tratamiento especial y apoyo psicológico para el proceso de adaptación de vuelta a la rutina escolar.

Al respecto, ¿qué piensan los docentes y directores escolares? Bien valdría preguntarles. Tendríamos más elementos de juicio para valorar las circunstancias. ¿Están las condiciones para el regreso a clases en la modalidad presencial? En algunas escuelas, quizá sí. En otras, probablemente no. Lo cierto es que el gobierno mexicano está manipulando a su antojo la información al igual que lo ha venido haciendo con las estadísticas de la pandemia. Como en este caso, que retoman los argumentos para fundamentar la decisión de reabrir las escuelas para el regreso a clases presenciales pero dejan de lado los compromisos que deben asumir. Tienen otros datos. Los usan para los fines que mejor les conviene. Alejados del bien común y cercano a sus intereses políticos. Es la lucha del poder por el poder. Esta posición gubernamental provoca incertidumbre, frustración, malestar y desconfianza. Ponen en riesgo el futuro de toda una nación y está en vilo la vida humana. Pareciera un juego de azar similar a la ruleta rusa.

Carpe diem quam minimun credula postero


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Fuente: https://profelandia.com/el-azaroso-regreso-a-clases-presenciales/

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Un sindicato al servicio del Estado

Por: Sergio Martínez Dunstan

 

Recién se publicó, en este espacio, el último de tres artículos de mi autoría sobre las condiciones inherentes al ejercicio de la profesión docente al momento de anunciarse la Jornada Nacional de Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Las declaraciones recientes de quien lo encabeza me confirma lo que escribí en el texto “Por un sindicalismo al servicio del magisterio”. Ahí advertí que la reforma educativa le arrebató a las organizaciones sindicales la prerrogativa de representar a los docentes en la protección de los derechos profesionales dejándo al profesorado la libertad de interponer su defensa debido a su participación individual y voluntaria en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Los líderes sindicales han quedado obnubilados, preocupados por mantenerse en el poder, expresé.

Quienes manejan los destinos del SNTE han estado del lado del gobierno y a espaldas de sus agremiados en la decisión presidencial del regreso a las clases —llueve, truene o relampaguee— a partir del treinta de agosto. Han puesto al SNTE al servicio del Estado. El Secretario General Alfonso Cepeda Salas (ACS), a través del Comunicado 28-2021, señaló que los representantes efectuarían recorridos, plantel por plantel, en cada entidad federativa para conocer con exactitud las condiciones en las que se encuentran y reportar a las autoridades municipales, locales y federales las necesidades de infraestructura y servicio.

En la entrevista concedida a Noticieros Televisa (https://bit.ly/3iTfGFa), Cepeda Salas mencionó que era tiempo de volver a las escuelas. “Hay consensos, los maestros tienen la disposición, la mayoría, de regresar a clases”. Lo reiteró al día siguiente, en la Conferencia Matutina del doce de junio (https://bit.ly/2W4OCKa). En su intervención destacó que por indicaciones del Sr. Presidente al magisterio fue un grupo de prioridad en la vacunación, tuvo certeza laboral mediante la concesión de plazas de base, no hubo despidos laborales durante la pandemia ni disminución de sueldos y prestaciones además de los incrementos salariales en los últimos dos años. “La inmensa mayoría de los maestros de México ratificamos el compromiso de apoyar el regreso a clase presenciales”. Y, tras participar en la LIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), confirmó que el regreso a los salones de clases para el personal docente es obligatorio “porque para eso se nos da un salario. Ya tuvimos año y medio de confinamiento, protegidos, seguros, ya nos vacunaron, entonces hay que salir a justificar el sueldo, las prestaciones que recibimos” según la nota de Laura Poy Solano publicada en el diario la Jornada (https://bit.ly/3k4a7D5).

Si tal aseveración la hubieran externado las autoridades educativas, desde esa perspectiva, se comprendería aunque fuera igualmente reprochable, pero no se han atrevido a tanto. Pero lo dijo el Secretario General del SNTE. Bueno, hasta el mismo Presidente ha dicho que los maestros tienen la libertad para volver a los salones (https://bit.ly/2VWltR6). ¿Hay un doble discurso? ¿La postura cambió?

El dirigente del SNTE resultó más papista que el papa. Es tan sorprendente su pronunciamiento que despierta la curiosidad por conocer las razones que lo motivaron a actuar de esa manera. ¿Lo hizo por cuenta propia? ¿se puede considerar como postura del gremio? ¿está respaldada por los órganos de gobierno sindical, el Comité Ejecutivo Nacional y los Secretarios Generales de las Secciones del país? ¿hubo acuerdo previo con el gobierno para mostrar dicha actitud? ¿el gobierno le dio línea? ¿le impuso el discurso? ¿se acomodó o lo acomodaron? ¿existe contubernio entre el sindicato y el gobierno? ¿al sindicato lo llevaron al baile o el sometido sólo fue el máximo líder del SNTE? ¿a cambio de qué? ¿para sacrificarlo e ir preparando su salida? ¿para mantenerlo en el cargo? Ni siquiera le importó a Cepeda Salas faltar a su palabra que “confían en que se cumplirá con las 3 V: semáforo epidemiológico en verde, vacunación a todos los trabajadores de la educación y asistencia gradual y voluntaria”, Comunicado 14-2021.

No es una enunciación en particular sino la narrativa. No sólo son los dichos sino los hechos. El problema, realmente de fondo, no son los líderes que imponen su sesgada visión en la conducción de las organizaciones gremiales si es que no la falta gubernamental de dejarlos actuar sin rendirle cuentas a nadie. Unos desacatan la ley y otros son omisos en sus atribuciones. Por no cumplir ni hacer cumplir la ley. Lo señalé en mi colaboración titulada “Democracia Sindical”. La actual dirigencia del SNTE ha estado violentando flagrantemente el marco jurídico normativo de la reforma laboral. Ha sido conminado por la Cámara de Diputados a apegarse al Estado de Derecho. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo observó. Diversas expresiones al interior del SNTE han venido luchando por hacer valer la libertad sindical. Mientras el magisterio resiste y lucha. El mismo presidente lo dijo con claridad meridiana al manifestar su opinión, a petición expresa de una periodista, sobre las lagunas legales para la renovación de los liderazgos que podrían permitir perpetuar la duración del mandato, Conferencia Matutina del 7 de octubre del 2019 (https://bit.ly/37QCD5w). “No van a haber excepciones. Tiene que haber democracia sindical. Se tiene que aplicar la ley. También es un llamado a los trabajadores para que ellos hagan lo que les corresponde. Que no sigan tolerando dirigentes que no los representan. Nosotros no podemos cambiar a un dirigente sindical, pero los trabajadores sí. Que hagan sus gestiones y que se haga valer democracia. La libertad no se implora, se conquista”.

 

El actuar de Alfonso Cepeda Salas Secretario General del SNTE refleja un desapego al estado de derecho. Es un golpe a la democracia sindical. Se hace necesario proyectar el modelo de organización sindical acorde a los tiempos actuales con visión de futuro.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org/un-sindicato-al-servicio-del-estado/

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Democracia sindical

Por: Sergio Martínez Dunstan 

La democracia sindical se ha convertido en una promesa de campaña incumplida, un problema irresuelto y una obligación legal infringida. El Presidente de México, siendo candidato, dijo que respetaría la independencia y la autonomía de los trabajadores de la educación en caso que el voto ciudadano le favoreciera. Lo reiteró en abril del dos mil diecinueve: “Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila, porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia”. Días después, se promulgó la reforma laboral. Hasta hoy, ha sido imposible hacerla realidad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han impedido, de una manera u otra, llevarla a la práctica. La dependencia encargada de la política laboral por omisión a sus atribuciones y la organización gremial por desacato. A ambos, la pandemia les vino como anillo al dedo para justificar su insensatez.

Analizaré el tema en los párrafos subsecuentes. Para ese propósito, retomaré algunas ideas de mis escritos anteriores a manera de introducción. La importancia de contar con organizaciones sindicales para la defensa de los derechos laborales de los agremiados y de órganos colegiados que salvaguarden los intereses profesionales, la deontología y ordenación del ejercicio docente lo expresé en el texto “La reforma a la reforma educativa”. Salió a la luz en septiembre del dos mil dieciocho.

Profundicé sobre el asunto en la colaboración que lleva por título “Los derechos laborales y los derechos profesionales del magisterio”. Tomé como punto de referencia la modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LFTSE). Como bien se sabe, se buscó adecuarla a los Convenios C087 y C098 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a la libertad y protección de los derechos sindicales. Me concentré en los derechos inherentes al ejercicio de la profesión docente emanados de la creación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

A partir del cuestionamiento final del artículo anterior, ¿cuál es el papel que juegan, y debieran jugar, las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos laborales y los derechos profesionales del magisterio? intenté aportar algunos argumentos para una probable repuesta en “Por un sindicalismo al servicio del magisterio”. Advertí, que la reforma educativa le habría arrebatado a las organizaciones sindicales la prerrogativa de los derechos profesionales adjudicándole a los propios maestros el derecho de interponer su defensa. Y, por ello, se le concedió al Estado Mexicano la rectoría de la educación quedando de manifiesto en las atribuciones exclusivas conferidas a las autoridades educativas en determinados asuntos con una participación marginal de los sindicatos como, por ejemplo, la asignación de plazas. En este sentido, destaqué que la función sustancial de las organizaciones gremiales, particularmente el SNTE, debiera ser la aludida en el título. Observé también que, al interior del SNTE, se libra una batalla entre diversos grupos. Unos por mantenerse y otros para acceder al poder.

Desde esta perspectiva, revisaré de aquí en adelante las nuevas reglas para la elección de los dirigentes seccionales. Estas fueron aprobadas en noviembre del dos mil diecinueve por el Consejo Nacional del sindicato más grande de América Latina por la cantidad de afiliados según el Comunicado 77-2019. El portal Profelandia.com filtró el reglamento presentado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con acuse de recibido por la Oficialía de Partes fechado el trece de enero del dos mil veinte.

Sobre el particular, la Cámara de Diputados emitió dos proposiciones con puntos de acuerdo para exhortar

  • A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover la celebración de los encuentros sindicales nacionales; y al SNTE, a expedir la convocatoria correspondiente para elegir a la dirigencia nacional por el voto personal, libre, directo y secreto. 19 de noviembre del 2019 (https://bit.ly/37dKmu3).
  • Al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE a modificar su estatuto y reglamento en materia de elección de dirigentes. 5 de febrero de 2020 (https://bit.ly/3yjXGZO).

Haciendo uso de tácticas dilatorias y burocráticas, meses después, el SNTE  manifestó que hasta el 2024 se convocará a una nueva elección para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Y, para el caso de los Comités Ejecutivos Seccionales, se continuará con la renovación de las dirigencias en las seis secciones pendientes debido a la pandemia una vez que existan las condiciones para evitar contagios por Covid 19 en concordancia con el Comunicado 43-2020. Se refiere a la 21 de Nuevo León, 31 de Tlaxcala, 2 y 37 de Baja California, 26 de San Luis Potosí, 27 de Sinaloa. Para las fechas actuales, la mayoría de las secciones en el país han concluido su periodo.

Una vez reveladas las intenciones del CEN del SNTE, la STPS fijó su postura sobre el reglamento en cuestión “a efecto de desarrollar una elección ejemplar en la que se garantice la libre participación de los trabajadores para ejercer la libertad sindical para elegir a sus dirigentes” según la nota de Milenio fechada el diecisiete de septiembre del dos mil veinte (https://bit.ly/3ymMQSz). Se le refutó al SNTE, por parte de la STPS, el Artículo 8 porque violenta el derecho a ser votado. Se puso en tela de juicio el requisito de elegibilidad y la exigencia de haber desempeñado algún cargo de representación sindical para poder ser votado como integrante de la Directiva Seccional Sindical. Ello contraviene, se determinó, lo dispuesto en el Artículo 358 de la LFTSE relativo al derecho a la libre participación de los trabajadores al interior de la organización. Es necesario, resaltó la STPS, modificar dicho reglamento y los estatutos porque restringe y condiciona la libertad de los agremiados para ser candidatos. También propuso directrices que han de seguirse para que el proceso electoral interno sea equitativo y democrático.

En las redes sociales circula el documento “Propuesta sobre elecciones de Directivas Seccionales del SNTE”. Entre otras recomendaciones que la STPS le hace a la organización sindical, se contempla: I) Previo a la jornada: garantizar condiciones equitativas para todos los candidatos; elaborar la convocatoria apegada a las disposiciones en la que se garantice el voto personal, libre, secreto y directo; sobre el registro de candidatos y la integración del padrón; emisión de boletas con medidas de seguridad. II) Durante el proceso electoral: asegurar el material para el ejercicio del voto, instalar urnas y casillas. III) Un vez concluido el proceso: contabilizar los votos, publicar los resultados, resguardar los materiales, atender las impugnaciones, informar sobre la jornada electoral. La realización de actividades proselitistas e inhibir actos de violencia son acciones muy delicadas.

En mi opinión, lo anterior significa un avance insoslayable. Pero acusa vacíos v. gr. la modificación del propio reglamento. Tampoco se aborda lo relativo al financiamiento, a la transparencia ni la rendición de cuentas de las instancias y personas involucradas. Aborda generalidades y sería conveniente precisar puntualmente todos y cada uno de los aspectos.

Por otra parte, algunas organizaciones magisteriales han externado su desacuerdo con respecto a dejar en manos del CEN del SNTE la realización de la jornada electoral porque se convertirían en juez y parte. Se inclinan a favor de que se le encargue el proceso, de principio a fin, al Instituto Nacional Electoral. También han planteado la instalación de una Comisión que sustituya al actual Comité Ejecutivo Nacional para quitar cualquier asomo de duda. A eso le han llamado de manera coloquial, “poner el piso parejo”. Implicaría necesariamente un proceso de cabildeo de la STPS con las diversas fuerzas políticas.

Se detectan tres aspectos controversiales:

  1. La distinción entre voto universal y el voto personal, libre, secreto, directo. Hay discrepancias entre lo estipulado en el reglamento y la ley.
  2. El tiempo considerado para la organización de un proceso de tales magnitudes. Algunos dicen que seis meses, uno más consideran que año y medio y otros señalan hasta dos.
  3. Y ruta crítica a seguir. ¿La renovación de las dirigencias seccionales o la nacional? El CEN del SNTE impone lo primero y los opositores prefieren lo segundo.

Lo cierto es que no se ha modificado ni una coma al reglamento en cuestión ni se ha hecho valer lo legalmente establecido. Se ha hecho caso omiso a los puntos de acuerdo pronunciados por los legisladores. Los días transcurren sin concretarse la reforma laboral. Mientras tanto, continúan las violaciones a los derechos de los trabajadores de la educación. En particular, los derechos profesionales del magisterio. Y, con ello, se posterga la transformación política, laboral, educativa y social deseada.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente de la información e imagen: https://www.educacionfutura.org

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Por un sindicalismo al servicio del magisterio

Por: Sergio Martínez Dunstan

En mi colaboración anterior, pretendí distinguir entre los derechos laborales establecidos en el Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE). Así como también, los derechos profesionales surgidos de la reforma educativa establecidos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y en el resto de la normativa asociada. Y, al final, plantee dos preguntas en una sola. Y como lo prometido es deuda, intentaré brindar algunos argumentos para una probable repuesta.

Algunos colegas reaccionaron en las redes sociales sobre su contenido. Por ejemplo, Pedro Flores Crespo, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, tuiteó: “¿Se pueden vulnerar derechos laborales dejando intactos los sindicales?” (https://bit.ly/3zx6njw) Teresa Bracho, ex Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, señaló: “En teoría, no. Porque los sindicales suponen protección del derecho laboral” (https://bit.ly/2TzIY1v). A lo que el especialista en políticas públicas egresado de la Universidad de York en Reino Unido, reflexionó: “Por eso la dimensión no explícita de la política central para definir el objeto de estudio de la ‘policy’.” (https://bit.ly/3eWcmXf) Interesante aportación. ¿Cuál es su opinión gentil lector?

Desde otro ángulo, Lev Velázquez Barriga, Doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, en la misma red social a propósito del artículo de opinión referido, mencionó que: la “libertad sindical se redujo a la promoción [de] muchos mini sindicatos, veáse el caso Veracruz donde crecieron por docenas y ninguno democrático.” (https://bit.ly/3ByXBU5) Y ustedes, amables lectores, ¿tienen otros datos?

Ahora bien, los derechos laborales se mantuvieron casi intactos salvo los relacionados con la libertad de sindicación la cual sigue siendo una asignatura pendiente. La protección de los derechos sindicales es un problema irresuelto. Es letra muerta la reforma a la LFTSE. Brilla por su ausencia la filosofía de los Convenios C087 y C098 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La culpa la tienen los dirigentes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). Aunque la complicidad del mismo gobierno es innegable. Es una omisión grave a sus atribuciones legales permitir el incumplimiento de las disposiciones.

La participación del magisterio en el Sistema de Carrera es individual y voluntaria. La ley contempla el derecho de interponer su defensa. Mientras que la intervención del sindicato, es marginal. Se limita a lo estrictamente laboral dejando un vacío en la protección de los derechos profesionales. La relación entre autoridades educativas y los maestros es directa, sin intermediarios. Dicho coloquialmente, se rascan con sus propias uñas. Y, en ocasiones, en contra de la voluntad de representantes sindicales. Han padecido una serie de arbitrariedades y abusos de autoridad por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Reconocidas por la titular de la dependencia, la Secretaria de Educación y el propio Presidente de México. Mientras que los “lideres sindicales” gestionan privilegios al margen de la ley para ellos mismos y sus allegados. De esta manera son cooptados unos y otros por la autoridad educativa. Incluso hay denuncias con casos documentados de tales anomalías. Parece que el que tiene más saliva traga más pinole. Cada quien defiéndase como pueda es la consigna. A eso me refiero cuando digo que el maestro se encuentra en total estado de indefensión. Sus propios recursos son el único apoyo con que cuentan. ¿Para qué le sirve al magisterio un sindicato así?

En contraparte, la autoridad educativa se apropia de la rectoría de la educación. El goce de los derechos laborales del magisterio trae implicaciones educativas y de igual manera el ejercicio de los derechos profesionales conlleva repercusiones laborales. Basta revisar procesos tan relevantes en donde la SEP se arroga la atribución exclusiva:

  • El Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas.
  • La estructura ocupacional autorizada.
  • Los procesos de admisión, promoción, reconocimiento desde la determinación de los tiempos a través del calendario, la definición de los perfiles profesionales, la emisión de las convocatorias, el prerregistro y el registro de los participantes, el cumplimiento de cada una de las etapas y fases.
  • Los cambios de adscripción, las licencias y la compatibilidad de plazas.
  • El otorgamiento de licencias por razones de carácter personal.
  • La compactación de horas, la descompactación de plazas.
  • La apertura, crecimiento o modificación de centros escolares.
  • La asignación de plazas vacantes, objeto de los procesos de selección.
  • Los programas de formación, capacitación y actualización, de desarrollo de  capacidades y de desarrollo de liderazgo de gestión.
  • Los programas de reconocimiento para el personal docente, técnico docente, de  asesoría técnico pedagógica, de asesoría técnica, de tutoría y para quienes desempeñan funciones de dirección o supervisión que se encuentren en servicio.
  • El Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos.
  • El Servicio de Asesoría y Acompañamiento a la Escuela.

Lo anterior resulta una brillante área de oportunidad para las organizaciones gremiales. Este escenario emergente arrojó un nuevo orden jurídico bajo la rectoría de la autoridad educativa quedando al margen la organización sindical porque así fue diseñado de origen el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Los líderes sindicales han quedado obnubilados, preocupados por mantenerse en el poder. Carecieron de fuerza y capacidad para adaptarse a las circunstancias. Les faltó inteligencia para adelantarse a los tiempos, leerlos, interpretarlos. Mientras se ocupan en quitarse la camisa de fuerza impuesta, las autoridades educativas fortalecen su marco de actuación. El Estado Mexicano les ganó la partida a los sindicatos magisteriales. Les restó fuerza y acotó su poder de influencia. Los tienen entretenidos en lo que les conviene y alejados de las decisiones fundamentales. Están maniatados. Estamos siendo testigos del sometimiento de los sindicatos magisteriales. O ¿así siempre debió haber sido?

Con las ideas plasmadas en los párrafos anteriores estoy en condiciones de dar respuesta al cuestionamiento señalado al final del texto “Los derechos profesionales y los derechos laborales del magisterio”. ¿Cuál es el papel que está jugando el sindicato? La pugna por conservar el poder y la lucha por su sobrevivencia.

¿Cuál es el papel que debieran jugar las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos profesionales del magisterio?

Volver a sus orígenes plasmado en su propio lema, “Por una educación al servicio del pueblo” pero visto desde otra perspectiva que retome lo fundamental de su razón de ser. Por un sindicalismo al servicio de los trabajadores de la educación. Considerando que los maestros se encuentran en total estado de indefensión hacia ellos debiera dirigirse la acción sindical de manera prioritaria. Nunca sin ellos. Siempre a su lado.  Acompañándolos en todo momento, abandonarlos nunca. Con ellos, por ellos y para ellos. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Por un sindicalismo al servicio del magisterio.

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Hacia una agenda de política educativa nacional

Por: Sergio Martínez Dunstan

Habría que considerar, llegado el momento, la sobrecarga de contenidos, mejores, libros de texto, materiales educativos diversificados…

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) dio a conocer, en días recientes, el documento “Construir el futuro de la educación en México. Hacia una agenda de política educativa nacional”. Resulta por demás relevante y, por ello, lo analizaré con la pretensión de reflexionar en torno a su contenido. Con ese propósito, referiré primeramente las tres fuentes de consulta necesarias para situar la discusión desde la propia perspectiva institucional. Después, retomaré algunas ideas del documento, a manera de introducción. Y, al final, externaré mis puntos de vista considerando que la opinión se acerca más a un artículo propio del periodismo educativo que a una ponencia o “paper” de carácter académico. Aunque recomiendo su discusión para fines heurísticos. Ambos sirven a la divulgación de la ciencia de una manera u otra. Así que, agradezco la comprensión de los lectores porque aprovecharé el espacio en su máxima extensión.

Fuentes de consulta para una mejor comprensión del asunto en cuestión

A. “La mejora continua de la educación. Principios, marco de referencia y ejes de actuación”. Considero su lectura casi obligada porque plantea la postura oficial. En el apartado inicial, se encuadran los principios de la educación en México: el enfoque de derechos humanos; la visión humanista; la mejora continua; el cambio educativo; la revalorización del trabajo docente; así como la inclusión, participación y colaboración. En el capítulo segundo, el más relevante para el objetivo que nos ocupa, se define el horizonte de mejora a partir del cuestionamiento ¿qué significa mejorar? teóricamente fundamentada. Asimismo, se puntualizan los campos de acción, actores y ámbitos de participación y responsabilidad. Y, se concluye destacando los ejes de actuación del Mejoredu en apego al marco legal vigente.

B. El Mejoredu sistematizó, en dos tomos, las experiencias y aprendizajes de los diferentes actores durante la pandemia tanto en educación básica como en media superior. Forman parte de la Serie Cuadernos de Investigación Educativa. Ambos guardan una estructura metodológica similar desarrollada bajo las interrogantes: ¿Cómo vivió la comunidad escolar la experiencia de educación durante la contingencia sanitaria? ¿Qué retos y dificultades enfrentaron los actores escolares durante la contingencia sanitaria? ¿Qué sugirieron los actores para el regreso a clases y para futuras situaciones de emergencia? En palabras del mismo Mejoredu , son “semillas de innovación para repensar la educación y avanzar en un cambio posible del Sistema Educativo Nacional (SEN)”. Y, a la luz de la reapertura de las escuelas, se escribe, “se abre la gran oportunidad de construir una agenda educativa que recupere las lecciones aprendidas” (…) “acorde con los viejos y nuevo desafíos educativos”.

Asuntos de la Agenda Política Educativa sugeridos por Mejoredu. 

La Agenda de Política Educativa Nacional se traduce en un conjunto de sugerencias dirigidas especialmente a las autoridades educativas del país, de los órdenes federal y local, así como a las autoridades de los distintos niveles de gobierno que realizan tareas de apoyo a la educación. Se identifican al menos 3 ejes de reflexión:

  1. Reorganización del Sistema Educativo Nacional (SEN).
  2. Adecuación de regulaciones y procesos educativos.
  3. Coordinación de las comunidades escolares.

Mejoredu propone:

  1. Sistematizar, documentar y realizar diagnósticos estratégicos sobre las experiencias y los efectos de la contingencia sanitaria en el sistema educativo.
  2. Desarrollar protocolos de emergencia para prevenir, mitigar y reducir amenazas y vulnerabilidades.
  3. Avanzar hacia un modelo de gobernanza distribuida que fortalezca la relación entre la federación, los estados y los comunidades escolares.
  4. Fortalecer las estrategias y acciones de inclusión social, equidad educativa y atención en y para la diversidad.
  5. Promover esquemas de financiamiento público con enfoque concurrente, focalizado y subsidiario.
  6. Afianzar la articulación entre salud, educación y bienestar.
  7. Transformar el currículo para que responda a los desafíos de una sociedad plural y diversa.
  8. Replantear la formación continua docente a partir de un enfoque situado y colaborativo, así como generar las condiciones institucionales que incidan favorablemente en el desarrollo profesional docente.
  9. Fomentar nuevas estrategias para mejorar los aprendizajes y la formación integral de las y los estudiantes.
  10. Impulsar el desarrollo y fortalecer la autonomía de las comunidades escolares.

Comentarios del autor al documento Construir el futuro de la educación en México. Hacia una agenda de política educativa nacional”.

La pandemia trajo consigo crisis en los ámbitos sanitario, financiero y educativo, al menos. Bajo este supuesto, el financiamiento y el gasto públicos se convierten en un tema de primer orden. Mejoredu recomienda invertirlos en la infraestructura y en los servicios educativos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, las escuelas multigrado, la educación intercultural y el tránsito hacia una escuela inclusiva, más allá de la inclusión per sé, lo cual implicaría atender la diversidad cultural, la educación intercultural. En otras palabras, la priorización de recursos para alumnos en desventaja, la atención a las desigualdades.

La preocupación por el abandono, la deserción, o desafiliación como se le nombra en el documento, se pone bajo la lupa por las repercusiones sociales que trae consigo. Por otra parte, se resalta la incapacidad institucional para afrontar una emergencia de estas características y magnitudes, inédita e inesperada. Aunque se sugiere avanzar hacia un esquema de gobernanza distribuida en los niveles nacional, local y escolar se nota la ausencia del ámbito municipal. Y sobre el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, nada se dice al respecto.

Se percibe una discrepancia en las definiciones conceptuales y operativas sobre las modalidades educativas. Las autoridades instruyen a los maestros a reabrir las escuelas y regresar a las clases presenciales a los maestros bajo ciertas condiciones. Y además, que atiendan la modalidad híbrida o mixta lo cual implica una sobrecarga. Sobre este asunto, hay que traer a colación el Punto de Acuerdo emitido por el Congreso de la Ciudad de México en la sesión celebrada el 18 de marzo del año en curso. Se estipula llevar a cabo las acciones pertinentes a efecto de garantizar que las personas docentes cuenten con el tiempo suficiente para cuidar de sí mismos y de sus propias familias. Ya que, debido a la loable labor que realizan al estar presentes para sus alumnas y alumnos a través de jornadas extenuantes vía remota, podrían sufrir el síndrome de “Burnout” o síndrome de desgaste profesional. Sienta procedentes que hay que tomar en cuenta.

El tema de la formación continua y el desarrollo profesional de las maestras y los maestros es otro aspecto prioritario de atención. Coincido con el planteamiento de la multianualidad, el fortalecimiento de los equipos estatales, sus capacidades institucionales entre otras tópicos señalados en el texto referido. Articularlo con el Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros implica, en otro sentido, el respeto a sus derechos profesionales. Hay que tener presente que la reforma educativa se basó, en buena medida, en el respeto a los derechos de las maestras y los maestros. Si se descuida este aspecto se violentaría uno de los principios establecidos. La obligación de los maestros a “dedicarle tiempos específicos da la formación en todos los tipos de contratación” debiera revisarse a la luz de los derechos laborales establecidos en el Artículo 123 Apartado B además de los derechos profesionales determinados en la Ley General del SCMM. Por otra parte, el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, contemplado en la Ley Reglamentaría en materia de Mejora Continua de la Educación, sigue siendo una asignatura pendiente. Hay una desarticulación, reconocida en el propio documento, por lo que se opone en todos los sentidos a la pretensión de constituir un sistema. El reto consiste, pues, en una adecuadla coordinación y armonización.

En otro orden de ideas, se habla del proyecto educativo renovado. Quisiera entender que se refiere al concepto de la Nueva Escuela Mexicana pero queda sin aclararse. Hace falta definirla con precisión dicha categoría: proyecto educativo renovado. El modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana anunciado para el 2020 sigue siendo una asignatura pendiente. Habría que considerar, llegado el momento, la sobrecarga de contenidos, mejores, libros de texto, materiales educativos diversificados.

La autonomía de las comunidades escolares seria menester de ponderarse considerando que la autonomía de gestión y curricular ha sido erradicada de la regulación respectiva. En dado caso, convendría asegurar su consideración en la propia normativa. De igual manera, la resignificación de los Consejos Técnicos Escolares y la apertura de espacios de participación a las familia en la organización y funcionamiento de las escuelas. Si la intención es la adecuación de regulaciones y procesos educativos, según el segundo eje de reflexión, hay mucho por hacer.

Basta revisar la bibliografía que la Unidad del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros puso a consideración del magisterio para los procesos de admisión y promoción. Resulta evidente la obsolescencia del marco jurídico normativo y la necesidad de actualizarlo porque responde a reformas y políticas educativas pasadas. Por ejemplo, los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. De igual manera, los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica. Ambos aluden aspectos de la Ruta de Mejora y deja de lado el Programa Escolar de Mejora Continua. Y qué decir del Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018. Ni se diga del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional que data del 2006.

Hace falta también hallar la relación que guarda la Agenda de Política Educativa Nacional relacionar este documento con otros instrumentos que plantean también una agenda de política educativa. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación. Asimismo, los paralelismos con la Ley General de Educación y la necesaria concordancia con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Sólo que el propósito haya sido fortalecer lo oficialmente instituido debiera asegurarsse su perfecta congruencia. De no haber sido así, aún dando el beneficio de la duda de que la interpretación de las atribuciones del Mejoredu están perfectamente comprendidas, la definición de una agenda pública pasaría por un poder de convocatoria y una capacidad institucional para su implementación que redundara en un verdadero liderazgo. Ese es el verdadero desafío de dimensiones descomunales.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente: https://profelandia.com/

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La política de la no reprobación en la educación básica

Por:  Sergio Martínez Dunstan

Al maestro se le induce, de una u otra manera, evitar la reprobación…

El Acuerdo Número 16/06/21 por el que se regulan las acciones relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio. Va mas allá de lo que se dice en el título tan extenso. Llega hasta la evaluación de los aprendizajes y demás procesos relacionados. Las consecuencias derivadas de su aplicación influirá en la percepción social del rezago educativo. La información que arroje los datos después de su procesamiento, traducida en indicadores y estadísticas educativos inducirá una idea falsa del aprovechamiento escolar. Algunas razones de ello las destacaré en el análisis de su contenido en los párrafos posteriores.

Para empezar, se ordena que los docentes del grupo o asignatura lleven a cabo un periodo extraordinario de recuperación para todos los educandos debiendo realizar previamente una valoración diagnóstica con la cual se diseñará un plan de atención. Se les aconseja que tomen en cuenta las orientaciones pedagógicas del Acuerdo número 26/12/20:

  1. Dar prioridad a la función formativa de la evaluación.
  2. Indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias (por ejemplo, la autoevaluación).
  3. Valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando (sic).
  4. Considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelven cada educando en el periodo de contingencia sanitaria.
  5. Asignar calificaciones solamente en los casos donde la maestra o maestro cuente con información suficiente.
  6. Utilizar la evaluación para mejorar el aprendizaje.

De igual manera, se recuperan los criterios para la evaluación de los aprendizajes según el involucramiento de los alumnos en la modalidad a distancia.

A. Para quienes mantuvieron un nivel de comunicación y participación sostenidas se les acreditará su grado escolar o nivel educativo y promoverá.

B. En el caso de aquellos alumnos que mantuvieron un nivel de comunicación y participación intermitente, los profesores realizarán una valoración general de los conocimientos logrados por los alumnos durante el ciclo escolar. Se les sugiere considerar la realización de tareas, trabajos actividades académicas extraordinarias adicionales, entre otros aspectos. Se le asignará una calificación mínima de 6. En el supuesto de que las condiciones impidan llevar a cabo la valoración, se registrará en la boleta la leyenda “información insuficiente” y la calificación final se asentará hasta que concluya el periodo extraordinario de recuperación.

C. Las alumnas y alumnos con los que se mantuvo el nivel de comunicación prácticamente inexistente, grupo prioritario de atención, se les asentará en su boleta “Sin información” y se reportará al finalizar el periodo extraordinario de recuperación.

Se señala, que “en ninguno de los casos podrá retenerse a los educandos en el grado escolar en el cual se encuentran inscritos considerando que se encuentran sujetos a u proceso de valoración extraordinaria”. Asimismo, y para favorecer su tránsito en el Sistema Educativo Nacional, los estudiantes de primaria podrán solicitar una Evaluación General de Conocimientos y los de secundaria, la regularización. Por otra parte, si acaso, los educandos demostraran contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en la evaluación del ciclo escolar 2020-2021 y, en consecuencia, merecieran una calificación mayor, la rectificación correspondería al docente del grupo o asignatura o director de la escuela.

Se encuentran varias similitudes con el Acuerdo número 12/06/20 como por ejemplo el el diagnóstico, el plan remedial y principalmente poner foco en el beneficio de los alumnos. Su diferencia notable es que éste último fue aplicable al ciclo escolar anterior, el 2019-2020. Por supuesto que los tres acuerdos referidos (Acuerdo Número 16/06/21Acuerdo número 26/12/20Acuerdo número 12/06/20) guardan relación con el  Acuerdo número 11/03/19 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. Y en éste, se decretó la promoción automática en preescolar así como en primero y segundo de primaria. Y aunado a ello, las disposiciones analizadas en los acuerdos multireferenciados en el presente documento, prácticamente, se ha eliminado. La aprobación generalizada se ha dado por decreto aunque se establezca  que la evaluación sea potestad del docente. Al maestro se le induce, de una u otra manera, evitar la reprobación. Y eso hará parecer, que a pesar de todo en educación no estamos tan mal.

La narrativa oficial pretenderá influir en la opinión pública. Intentará convencer que el gobierno hizo un esfuerzo digno de ser reconocido como buena práctica de gobernanza a nivel mundial para subsanar el rezago educativo que dejaron los malos gobiernos neoliberales anteriores. Y que se avanzó hacia estadios superiores de desarrollo humano sobre la base de una educación de calidad con equidad para el progreso social. Al final de cuentas, la política de la no reprobación matizará la verdadera realidad.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente: profelandia.com

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Voluntariamente a fuerzas el regreso a las clases presenciales

Por: Sergio Martínez Dunstan

Se prevé que los padres, madres o tutores deberán elaborar una carta responsiva asentando estar de acuerdo de que sus hijas, hijos o pupilos se encuentren de forma presencial o, de igual manera, manifestar su plena voluntad el dejar de asistir…

El gobierno federal puso en jaque a los padres, madres y tutores. Les pone la espada de Damocles por delante. O llevas a tus hijos a la escuela para que tomen sus clases presenciales o atente a las consecuencias. Tiene la firme convicción de hacerlo sin importar el costo social, incluso electoral, que trae consigo tal decisión. Se pudiera convertir, en los hechos, en un factor de exclusión. Analicemos el asunto.

Durante el transcurso de la semana, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró su postura sobre el asunto. En el blog institucional, difundió cuatro boletines. En el 102 se informó la conclusión del proceso de inoculación a los docentes. En el 103, hizo un llamado al personal que integra las instituciones educativas para regresar a las escuelas. En el 104, dio a conocer las orientaciones de apertura para el regreso a clases emitidas por la autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Y, en la Conferencia Matutina del 28 de mayo de año en curso, Delfina Gómez Alvarez, máxima autoridad educativa del país, presentó un informe pormenorizado sobre la vacunación al personal del sector educativo. Con ello, dijo, tenemos la posibilidad de regresar a las escuelas el 7 de junio. También hizo saber que se ha reunido con sus homólogos y gobernadores de las entidades federativas para divulgar los protocolos de seguridad.

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, expuso su postura al respecto. Palabras más, palabras menos señaló:

Necesitamos regresar a clases. No podemos demorarnos más. Resta un mes para concluir el ciclo escolar. Hay quienes opinan que mejor sea hasta el próximo pero yo no lo comparto. Cada comunidad educativa lo decidirá. Si no hay acuerdo, si no hay consenso, no se regresará. No es obligatorio, nada a la fuerza. No vamos a pelearnos. Todo por la razón y el convencimiento. Si hay padres que no quieran, están en su derecho. La educación a distancia continuará para sus hijos. Adelantó que la SEP emitiría un lineamiento oficial.

La instrucción presidencial se atendió con el Boletín 105 a través del cual se presentaron las Consideraciones Generales para las comunidades educativas públicas y privadas del país, que voluntariamente decidan iniciar clases presenciales y finalizar el ciclo escolar 2020-2021. El propósito es cumplir con los planes y programas de estudio para el tipo de educación básica y Normal; y de los tipos medio superior y superior que dependan de la SEP, así como aquellos particulares con autorización y/o reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la Autoridad Educativa Federal.

En las consideraciones aludidas, se plantea casi lo mismo que se estableció tanto en la “Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica durante el Ciclo Escolar 2021-2021” como en la “Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID 19”. Salvo una disposición por demás digna de ser analizada: Textualmente se menciona:

Los educandos de educación básica cuyos padres, madres o tutores, de forma voluntaria opten por renunciar al servicio presencial, serán incorporados a un programa de renivelación, el cual funcionará conforme las normas de control escolar que emita la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de Estudios, y que tendrá por objeto valorar los conocimientos del educando durante todo el periodo que se abstuvo de asistir a clase presencial, para que a su regreso al ciclo escolar que corresponda, sea incorporado al nivel o grado pertinente conforme a sus conocimientos y aprendizajes obtenidos”. Y en un párrafo posterior señala: “con objeto de revisar el grado de abandono escolar en el Sistema Educativo Nacional durante el ciclo escolar 2021-2022”. Resalté con negrillas buena parte del párrafo para destacar la importancia del párrafo.

Se prevé que los padres, madres o tutores deberán elaborar una carta responsiva asentando estar de acuerdo de que sus hijas, hijos o pupilos se encuentren de forma presencial o, de igual manera, manifestar su plena voluntad el dejar de asistir.

¡Sopas perico! Voluntariamente a fuerzas. Los sitúa entre la espada y la pared. O llevas a tus hijos a la escuela para que tomen sus clases presenciales o atente a las consecuencias. ¡Órale! Qué fuerte y delicada son las repercusiones implícitas resultado de la elección. La una, de los padres de familia, o la otra, la del gobierno federal. Recordemos que el andamiaje jurídico de la reforma educativa actual, la del dos mil diecinueve, contempla la obligaciones de los mexicanos. Entre ellas, responsabilizarse de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a la escuelas, para recibir la educación obligatoria así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo (artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Al respecto me surgen muchas preguntas, entre otras: ¿en qué consiste el programa de renivelación? ¿un examen? ¿algún curso? ¿o será mero trámite administrativo? ¿bajo qué normas se regulará? ¿a quién le corresponderá operarlo o aterrizarlo? ¿a las unidades administrativas? ¿las escuelas directamente? ¿los maestros? O ¿cómo será el procedimiento? ¿habrá periodos determinados o podrá solicitarse en cualquier momento? Una condición es la de estar inscrito en una escuela. Las otras interrogantes, seguramente se responderán al momento de publicar el acuerdo respectivo en el Diario Oficial de la Federación. Anteriormente, se contabilizaban a los alumnos registrados en el sistema educativo nacional y a quienes, no. A partir de ahora se agrega una tipificación más: quienes están inscritos oficialmente pero que no acuden a clases presenciales y tendrán la posibilidad de regularizarse cuándo deseen regresar bajo los criterios normativos que estipule la autoridad educativa federal.

Lo anterior influirá en decisión que tomen los padres, madres o tutores si acaso tenían la duda de llevar a sus hijos a la escuela para asistir a sus clases presenciales porque esta en riesgo su salud. La deberán pensar muy bien. Nada de que le diga a su hijo… “despreocúpate, no pasará nada si dejas de ir a la escuela en tanto se controle la pandemia”. Y menos que lo diga un director escolar o un maestro a sus alumnos, padres, madres o tutores. “Si no quiere traer a su hijo a clases presenciales, no pasará nada”. Porque sí pasará y mucho. Se reduce también el margen de maniobra que tienen las y los docentes de asistir a la escuela a impartir sus clases. Ellos estarán obligados a hacerlo por su condición contractual salvo que presenten la licencia médica respectiva. Por lo pronto, estarán a la expectativa a ver que dicen sus autoridades educativas escolares de las reuniones que tienen programadas para próximamente con sus superiores. Asimismo, esperaremos a conocer la actitud con la que asumirán la sociedad, el magisterio, los gremios sindicales y las mismas autoridades educativas, quienes tendrán la obligación de cumplir y hacer cumplir lo establecido. Vaya giro que tomó el asunto. Y a usted gentil lector ¿qué opinión le merece?

Carpe diem quam minimun credula postero


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Blog: http://www.sergiodunstan.net

Fuente: https://profelandia.com/voluntariamente-a-fuerzas-el-regreso-a-las-clases-presenciales/

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