África

África/Uganda/12 Marzo 2020/elpais.com

#FreeSheena ha sido la última campaña digital de apoyo a una joven activista detenida por denunciar en la red social casos de violaciones y abusos sexuales y animar a que más mujeres lo hagan

“El sistema sigue siendo sexista y continúa acosando a las supervivientes de la violencia sexual. Antes de llegar delante de un juez, depende de la policía cómo se presenta un caso y, hasta ahora, no han sido capaces de abordarlos desde una perspectiva no sexista”. Así es como explica Rosebell Kagumire, una conocida periodista y activista feminista ugandesa, la penúltima campaña digital de defensa de los derechos de las mujeres en su país, #FreeSheena. El movimiento feminista en este país de África Oriental ha conseguido protagonismo en los últimos años porque está explotando las herramientas digitales en un entorno en el que la libertad de expresión no está garantizada. Pero, también, porque es la válvula de escape de la reivindicación de un cambio radical de sistema.

El escándalo llamó a las puertas de la sociedad ugandesa desde Twitter mientras el año 2020 se desperezaba. En realidad, se había fraguado antes de que expirase 2019. Sheena Ahumuza Bagaine, una joven activista feminista, intercambiaba mensajes con unas amigas sobre el fin de semana cuando apareció una referencia a una situación de abuso por parte de un conocido de varias de ellas. Alguien, en esa conversación digital, pidió la identidad del sujeto para evitar que otras mujeres sufriesen sus abusos. Sheena no lo dudó y dio el nombre del individuo. Era el 30 de diciembre de 2019. A partir de ahí se desencadenó una discusión, entre usuarios y usuarias: unos defendían que ese tipo de acusaciones se deben presentar frente a las autoridades y otros consideraban que los abusadores deben ser expuestos públicamente; los conocidos del sujeto defendían su honorabilidad y otras mujeres aseguraban haber sido acosadas.

Mientras tanto, la usuaria que había lanzado la denuncia empezó a recibir mensajes de mujeres. Unas reforzaban la acusación del individuo; otras, ampliaban la lista de agresores compartiendo con ella sus experiencias de abuso. La conversación generó una corriente de discusiones, algunas acaloradas, pero también mucha solidaridad, sensibilidad y debate en torno al papel de las redes sociales en la denuncia de la violencia sexual.

Sheena decidió que debía hacer públicos esos nombres y el 2 de enero lanzó la apuesta definitiva: un hilo en el que compartía las capturas de pantalla de los mensajes que otras mujeres le habían enviado explicándoles sus experiencias, exponiendo a sus presuntos agresores con nombres y apellidos. “Algunos pueden ser desgarradores, pero un amigo tuyo puede ser un abusador”, advertía.

Una decena de hombres aparecían en estos mensajes. Y se desató la tormenta, los retuits, las disputas y las discusiones, incluidas las amenazas, pero también otros mensajes de contenido parecido y muchos animando a la tuitera y transmitiendo su apoyo. De nuevo, las redes en Uganda eran sacudidas por un escándalo que expone la violencia sexual que sufren las mujeres de manera habitual.

Uno de los aludidos advirtió a través de sus abogados a Sheena Ahumuza Bagaine que presentaría una denuncia judicial si no retiraba los tuits, pedía disculpas y pagaba 2.000 millones de chelines ugandeses (algo menos de 500.000 euros) en concepto de reparación de daños causados. La activista publicó un discreto “Vamos a la guerra” en Twitter.

El 20 de febrero, la comunidad de activistas digitales feministas ugadensas estaba de celebración: festejaban la sentencia absolutoria que había devuelto la libertad a Stella Nyanzi, todo un símbolo para este colectivo. La académica y escritora ugandesa fue detenida en noviembre de 2018, tras una acusación de ciberacoso contra el presidente Yoweri Museveni, por un poema publicado en Facebook en el que deseaba que nunca hubiese nacido. Nyanzi fue condenada a un año y medio de cárcel en agosto de 2019. Pero después de casi 15 meses de prisión preventiva, otro tribunal revocó la sentencia y ordenó su liberación.

Las activistas no tuvieron tiempo suficiente para festejar porque ese mismo día se extendió la noticia de la detención de Sheena Ahumuza Bagaine, curiosamente, para responder de los mismos cargos de ciberacoso en sus tuits. La comunidad de activistas desplegó inmediatamente la campaña #FreeSheena: una denuncia pública y una llamada de atención a las autoridades.

Las redes transmitían la indignación de activistas y usuarios no necesariamente comprometidos. La policía no había aclarado los casos de abusos, asaltos, acoso y violencia sexual que se habían hecho públicos en los mensajes del mes de enero de las redes sociales, pero actuaban contundentemente contra la autora de los mensajes.

La actividad fue intensa y, de nuevo, despertó en el país el debate acerca de la desigualdad y de la inseguridad de las mujeres. Los colectivos de defensa de sus derechos no se cansan de denunciar el creciente clima de violencia basada en el género y, sobre todo, las consecuencias para las víctimas y para la sociedad, porque se está transmitiendo una peligrosa sensación de impunidad. Una de las advertencias más repetidas durante la campaña de apoyo era que el arresto de Sheena mandaba a las víctimas el mensaje de no denunciar y seguir en silencio.

La campaña, en todo caso, fue tan corta como intensa. Al día siguiente de su detención, Sheena Ahumuza Bagaine fue puesta en libertad bajo fianza. En la estela de esa acción digital quedaba de nuevo una muestra de la resistencia de la comunidad feminista ugandesa y el debate social pendiente.

La también activista feminista Twasiima Patricia Bigirwa es categórica: “Está claro que el sistema perpetua los abusos, en Uganda se ha institucionalizado. El sistema que debería proteger a las víctimas, en realidad, les inflige más daño. Si sufres abusos, si has sido violada, si has sido asaltada y te has dirigido al sistema que tiene que protegerte, si has ido a la Justicia o a la Policía para que te proteja, te das cuenta de que termina en nada, porque es un sistema opresor. Tenemos que entender que el problema tiene que ver con una profunda estructura de desigualdad que incluye a nuestra policía, nuestros funcionarios, nuestras leyes y nuestras estructuras de decisión”.

Bigirwa recuerda, además, que hay muchos casos en los que el sistema incluso “protege a los agresores” y destaca las noticias en las que miembros de algunas instituciones aparecen implicados en casos de violencia u “oficiales de policía que escriben en periódicos artículos en los que se justifica la violación”. “Tenemos a legisladores que justifican la violencia contra las mujeres y siguen haciendo leyes”, se lamenta antes de sentenciar: “El sistema está yendo por un camino que muestra que las víctimas ni siquiera pueden acceder a la Justicia”.

Este contexto es el que explica para Bigirwa, pero también para Rosebell Kagumire, que las denuncias se realicen en las redes sociales y no ante la Policía o los jueces. “Se usa a la Policía”, advierte Kagumire, “para detener a las mujeres que hablan. Así es como se usa el mismo sistema que no protege a las mujeres y no investiga los casos de violencia sexual”. Y añade que la corrupción existente “implica que cualquier persona con dinero puede hacer que la Policía no escuche a las supervivientes y que se incremente el estigma”. Precisamente porque las muestras de valentía no significan que se haya reducido esa marca social, en la que insiste Twassiima Patricia Bigirwa: “Las mujeres no ganan nada denunciando una violación. Se habla de campañas de descrédito, pero es que ellas siempre van a salir perdiendo”. Y las dos activistas recuerdan el caso de Samantha Mwesigye, una funcionaria del Ministerio de Justicia que después de denunciar a un superior perdió su trabajo.

En todo caso, para Kagumire, el ejemplo de #FreeSheena y otras campañas anteriores, así como el uso de las redes sociales en las reivindicaciones feministas, está demostrado a las jóvenes ugandesas que pueden romper las barreras de silencio y denunciar sus experiencias. “Las herramientas digitales son un instrumento clave para mostrar que las mujeres jóvenes no están solas, aunque en ese caso Uganda no es una excepción”, señala Kagumire. Ella considera que estos dos recientes episodios, la liberación de Stella Nyanzi y la campaña de solidaridad con Sheena Ahumuza Bagaine, son “victorias de batallas”, pero que “hasta que las mujeres dejen de ser arrestadas en estas situaciones y no tengan que temer por sus vidas, no se podrá considerar una victoria total”.

Por su parte, Twassiima Patricia Bigirwa coincide en que no se pueden considerar victorias totales, “porque ni Stella ni Sheena deberían haber sido detenidas”. Para ella, “lo que muestran estas acciones no es que se haya ganado el combate, sino que las mujeres ugandesas rechazan la situación y van a seguir luchando”.

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