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Acabar con la alteración intersexual la lucha por el consentimiento informado de las personas nacidas con características sexuales atípicas

América de Norte/EEUU/jovenesredlac.org/Kyle Knight

No fue sino hasta la década de 1980, después de una serie de crisis nerviosas, que Bo Laurent, entonces de unos 30 años, se dispuso a investigar la fuente de su profunda angustia.

La verdad, cuando finalmente obtuvo respuestas, fue a la vez liberadora y traumatizante: Bo descubrió que había nacido con genitales atípicos los cuales los cirujanos habían operado para hacer que pareciera –arbitrariamente— más típicamente femenina, infligiéndole en el proceso un daño irreversible, y también que a sus padres les habían recomendado no revelarle nunca a Bo la cirugía a la que se había sometido de niña.

Los médicos les habían dicho a los padres de Bo, y a la propia Bo una vez que se enteró, que su condición era tan rara que no había nadie más como ella. Pero tras averiguar la verdad en su historial médico, y según viajaba por el país contando su historia, descubrió que esto no era cierto. Su buzón de California comenzó a llenarse con cartas de personas que describían experiencias similares.

En 1993, Bo, utilizando el nombre de Cheryl Chase, fundó la Sociedad Intersexual de Norteamérica (ISNA, por sus siglas en inglés) para conocer y ayudar a personas que, como ella, nacieron con características biológicas que se salen de las definiciones típicas, es decir, sus cromosomas, gónadas o los órganos sexuales internos y externos difieren de alguna manera de lo que la ciencia y la sociedad han considerado durante mucho tiempo como “masculino” o “femenino”.

ISNA se convirtió en un torbellino de activistas, un grupo de apoyo para personas traumatizadas que tenían más preguntas que respuestas y el lugar donde se originaban agitaciones históricas significativas como “Hermafroditas con actitud”. Su misión era convencer al sistema médico a respetar los derechos de las personas intersexuales a la salud y la autonomía corporal, dejando de practicar las cirugías de “normalización” en los niños y niñas antes de que tuvieran la edad suficiente para comprender los procedimientos y dar su consentimiento.

Enfrentarse al poder con la verdad

El mensaje de ISNA no va en contra de los médicos ni de la cirugía, sino a favor del consentimiento informado. Las operaciones para alterar el tamaño o la apariencia de los genitales de los niños y las niñas pueden causar incontinencia, cicatrices, insensibilidad y trauma psíquico. La cirugía para extirpar las gónadas puede provocar esterilización sin el consentimiento de los pacientes y posteriormente requerir terapia de sustitución hormonal de por vida. Los procedimientos son irreversibles, los nervios seccionados no pueden regenerarse y el tejido cicatrizado podría limitar las posibilidades de una cirugía en el futuro.

Bo y los otros primeros participantes de ISNA creían que la verdad los liberaría pronto, a ellos y a las futuras generaciones de personas intersexuales. Creían, como me contó Bo cuando nos conocimos en el otoño de 2016 cerca de su casa en el condado de Sonoma, en California, que tan pronto compartiesen sus historias y el mundo supiese por lo que habían pasado, todo esto dejaría de pasar: “Una vez que los médicos se den cuenta del daño que han hecho, cambiarán de parecer y métodos”, dijo.

Pero no fue tan fácil.

Convencer al sistema médico resultó ser significativamente más complicado de lo que nadie se esperaba.

Un cambio en los paradigmas médicos requiere un cambio en el entendimiento de lo que muestra la evidencia médica, en este caso, un reconocimiento de que, aunque los datos empíricos permanecen incompletos, ahora hay evidencia sustancial de que la cirugía médicamente innecesaria en bebés y niños pequeños con rasgos intersexuales es a menudo perjudicial. Por el contrario, hay poca evidencia de sus supuestos beneficios y, ciertamente, no hay base empírica para concluir que los supuestos beneficios sean reales, y mucho menos que superen sus daños.

Pero no es fácil sugerir que los médicos están ejerciendo prácticas que violan los derechos básicos de sus pacientes: la bata blanca tiene un poder simbólico importante. Como me dijo un endocrinólogo en Boston: “Además del clero, ¿a quién más en nuestra sociedad, sino a los médicos, escucha la gente acerca de las preguntas más difíciles sobre la vida y la muerte, la enfermedad y la salud?”

El paradigma de la cirugía por defecto

El paradigma médico contra el que se enfrentaba ISNA se había fortalecido en EE.UU. en la década de 1960, cuando John Money, psicólogo de la Universidad Johns Hopkins, teorizó que el género en los bebés era maleable y que las intervenciones quirúrgicas podían determinar sin problemas la identidad de género a largo plazo. En décadas anteriores se habían llevado a cabo operaciones, de manera esporádica, en cuerpos intersexuales en todo el mundo, pero fue el caso infame de Money de 1967, que recomendó la cirugía de asignación de sexo femenino en un bebé varón después de una circuncisión fallida, que cimentó la teoría como la práctica médica por defecto.

No hubo ensayos clínicos, ni consideración de los posibles riesgos, sólo una hipótesis de un médico de élite basado en su caso distintivo –que se hizo conocido como “John/Joan” –  alimentando el ímpetu de la teoría. El resultado fue, de hecho, desastroso. En 1997, el psiquiatra del paciente y un profesor de sexología en Hawái expusieron el trauma que había sufrido el niño y cómo Money había distorsionado deliberadamente la verdad en sus publicaciones. El niño, de hecho, no había crecido para identificarse como una mujer, sino como hombre, e inició la transición de género cuando tenía veintitantos años.

En 2004, el paciente, David Reimer, se suicidó.

Sin embargo, el paradigma de la cirugía por defecto ya se había consolidado y, de hecho, ya se estaba exportando a todo el mundo.

A pesar de los horrores del caso de Reimer, Bo e ISNA seguían creyendo que no había ninguna razón para demonizar a los médicos. El objetivo era contar las historias de personas que se habían sometido a una cirugía médicamente innecesaria a una edad temprana, explicar a la comunidad médica los estragos que estas cirugías habían causado en las personas intersexuales y detallar cómo la cirugía no había logrado los supuestos beneficios de “normalidad” y felicidad.

Esta fue su táctica para mover la balanza y comenzar a abogar por ayudar a los adolescentes intersexuales y adultos a buscar la atención que realmente deseaban. Creían que, después de eso, cesarían las cirugías no consensuadas, la conciencia social ganaría aceptación y la comunidad intersexual podría prosperar.

“Fuimos ingenuos”, dijo Bo 25 años después.

Resistencia e inercia

ISNA sólo organizó una protesta pública en 1996 en Boston, durante la conferencia anual de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés). Era un grupo pequeño, y muchos de los participantes eran aliados, pero tocó la fibra sensible. El aniversario de esa manifestación, el 26 de octubre, está marcado hoy como el Día de la Intersexualidad en todo el mundo.

Aunque la propia Bo fue invitada como oradora principal en una conferencia de la AAP ya en el año 2000, el hecho de tener un espacio en la mesa no tuvo un impacto directo.

“Los médicos [me decían] que los padres de niños intersexuales a los que habían operado eran más felices que los padres de niños a los que les había salvado la vida”, dijo Bo, y agregó que la mayoría de los médicos no podían decir cómo se sentían los propios pacientes al respecto una vez que alcanzaron la edad adulta debido a que simplemente no lo sabían, porque habían perdido el contacto con ellos.

Bo y otros activistas hicieron concesiones a lo largo del camino, algunas de las cuales provocaron desavenencias en la comunidad. Durante mi investigación sobre temas de intersexualidad en EE.UU., escuché una variedad de opiniones, por ejemplo, sobre lo que sucedió en 2006, cuando Bo acordó trabajar con un grupo de médicos en la Declaración de Consenso sobre Trastornos del Desarrollo Sexual (Disorders of Sex Development o DSD), un artículo de colaboración elaborado en una conferencia en Chicago.

Una activista intersexual de más de 60 años me dijo que abandonó el movimiento cuando ISNA “permitió que los sumos sacerdotes de la medicina nos llamaran ‘trastornados’”. Otro dijo que entendía las concesiones que había que hacer para conseguir un asiento en la mesa, pero que le decepcionó que nunca se produjeran resultados: “Veinte años después todavía somos vistos como bichos raros que deben ser corregidos”.

En la última década, los activistas han trabajado para reclamar el espacio que la declaración de consenso sobre los DSD estableció. Rápidamente reemplazaron “trastornos” por “diferencias”, y en la actualidad los organismos de derechos humanos e incluso algunas clínicas también usan ese lenguaje. Pero el paradigma de la cirugía por defecto persiste.

Un padre de un niño de dos años con rasgos intersexuales y que es psicólogo clínico me dijo: “Si quieres joder psicológicamente a alguien, empieza a decirle que una parte de su cuerpo es deforme y mira cómo te resulta eso. Toda la idea de enfermedad e incluso el mensaje que envía la cirugía es que algo estaba mal y lo tuvimos que arreglar”.

Nuevas palabras, mismas maneras

A pesar de los cambios en la terminología, y a pesar de la creciente controversia incluso dentro de la comunidad médica, el conjunto de médicos especializados en el tratamiento de los pacientes intersexuales se ha aferrado en gran medida al paradigma de la cirugía por defecto. El tono ha cambiado: al menos en sus escritos, los médicos ahora evitan describir la cirugía como una “solución rápida”, sino que la presentan como una “opción legítima”. Los equipos de especialistas, “equipos de DSD”, que a veces incluyen proveedores de salud mental, suelen reunirse con los padres como parte del proceso de toma de decisiones.

Pero a pesar de estos avances, el statu quo quirúrgico permanece en gran parte intacto. Y las justificaciones médicas para cirugías cosméticas suenan cada vez menos convincentes.

Por ejemplo, un artículo de 2015 coescrito por 30 proveedores de atención médica de DSD que reflexiona sobre las cirugías genitales afirmó: “Existe un reconocimiento general entre los expertos de que el momento, la elección del individuo y la irreversibilidad de los procedimientos quirúrgicos son motivos de preocupación”. Pero continuó: “Sin embargo, hay poca evidencia sobre el impacto de los DSD no tratados durante la infancia para el desarrollo individual, los padres, la sociedad…”.

Con demasiada frecuencia, como en el artículo de los 30 médicos de DSD, la ausencia de evidencia se convierte en parte de la justificación para continuar la cirugía a edades tempranas. Los temores hipotéticos sociales de estigma para el niño y el caos para la familia y la sociedad si la cirugía se retrasa continúan imponiéndose al daño real que sufren las personas que se han sometido a cirugía.

El principio médico fundamental de “no dañar” parece dictar exactamente lo contrario: una moratoria a la cirugía estética médicamente innecesaria en niños y niñas intersexuales demasiado jóvenes para consentir, al menos hasta que exista evidencia de que los beneficios superan los daños.

Riesgos reales versus felicidad hipotética

Ahora existe un conjunto creciente de datos que muestran que la cirugía a edad temprana puede provocar daños físicos y psicológicos, incluso catastróficos, para las personas intersexuales. Uno de los numerosos riesgos de la cirugía de “normalización” es asignar el sexo equivocado. A esto se añade el riesgo de necesitar cirugías adicionales para reparar errores (entrevisté a una persona que se había sometido a 39 cirugías para mantener en funcionamiento su cuerpo después de que una operación cosmética en la adolescencia lo dañara).

Después están las cicatrices; la incontinencia; la pérdida de la sensación y función sexual; trauma psicológico, incluyendo depresión y trastorno de estrés postraumático; el riesgo de neurotoxicidad anestésica en niños pequeños y la necesidad de una terapia hormonal de por vida.

En 2017, M. Joycelyn Elders, David Satcher y Richard Carmona, todos ex cirujanos generales de EE.UU., escribieron que creían que “no hay pruebas suficientes de que crecer con genitales atípicos conduzca a problemas psicosociales”, y “aunque hay poca evidencia de que la genitoplastia infantil cosmética sea necesaria para reducir el daño psicológico, la evidencia muestra que la cirugía en sí misma puede causar daños físicos graves e irreversibles y angustia emocional”. Concluyeron: “Estas cirugías violan el derecho individual a la autonomía personal sobre su propio futuro”.

A pesar de los datos, muchos médicos que realizan la cirugía continúan impasibles. Un urólogo de Nueva York publicó desvergonzadamente un artículo en 2007 documentando cómo sus cirugías del clítoris demostraron ser efectivas y “calmantes de muchos nervios”. La evidencia que ofreció fue producida mediante la introducción de dispositivos vibratorios en pacientes en postoperatorio, en algunos casos incluso en niñas de siete años, y preguntarles con qué intensidad sentían la vibración.

Más recientemente, en julio de 2017, cuando un hospital de Carolina del Sur resolvió una demanda de negligencia médica por operar a un bebé intersexual con una indemnización de casi US$500.000, un psicólogo con más de 20 años de experiencia con pacientes intersexuales mantuvo obstinadamente su posición y defendió el statu quo. “Nunca cuestiono las experiencias de las personas”, dijo. “Lo que sí cuestiono es si sus experiencias son generalizables a los demás”.

Especialistas en bioética han documentado la renuencia durante décadas de los médicos a cambiar el statu quo. Katrina Karkazis, una experta en ética de Stanford, describió en su libro de 2008 sobre el tema varios “mitos populares” que los médicos perpetúan: “Conforme un número creciente de estudios comienza a mostrar resultados quirúrgicos deficientes, algunos cirujanos y otros especialistas clínicos incluso desacreditan estos hallazgos”, escribió, y explicó que los médicos creían que sus técnicas quirúrgicas siempre estaban mejorando, por lo que los datos de los pacientes anteriores eran irrelevantes.

Karkazis escribió: “Al argumentar que es imposible llevar a cabo estudios adecuados porque siempre evaluarán técnicas antiguas, los cirujanos y otros especialistas evaden las pruebas científicas tanto actuales como futuras y anecdóticas de malos resultados quirúrgicos”.

En 2015, cuando defensores de pacientes y especialistas en ética renunciaron públicamente a la mayor iniciativa de investigación sobre salud intersexual hasta la fecha –un proyecto de hospital universitario con múltiples emplazamientos financiado por los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU.— citando su frustración con la continuación de cirugías médicamente innecesarias en niños y niñas intersexuales, una de las expertas en bioética escribió en su carta de renuncia que había terminado con “que le pidieran que fuera una especie de sacerdotisa absolvedora del sistema médico de cuidado intersexual”.

Acabar con las cirugías innecesarias

La experiencia de aquellos que se han sometido a una cirugía a edad temprana y los principios de la ética médica sugieren que los médicos deberían sopesar los daños evidentes sobre los beneficios hipotéticos. La verdadera pregunta que los médicos deberían hacerse es cuántos más pacientes deben padecer antes de acabar con las cirugías médicamente innecesarias.

Líderes médicos y políticos han subrayado la necesidad de un cambio fundamental de enfoque. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas; la Organización Mundial de la Salud; Amnistía Internacional; Médicos por los Derechos Humanos; todas las principales organizaciones legales de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en EE.UU.; la Junta de Síndicos de la Asociación Médica Estadounidense en 2016; tres ex cirujanos generales de EE.UU. en 2017, dos asociaciones de pediatría de EE.UU. ese mismo año, así como organizaciones dirigidas por personas intersexuales en todo el mundo, han pedido que se ponga fin a las cirugías no consentidas y médicamente innecesarias en niños y niñas intersexuales.

Muchos proveedores médicos que se preocupan por los niños intersexuales se reconocen cada vez más incómodos con el paradigma actual, pero sigue habiendo una ausencia de estándares de atención claros y centralizados para los pacientes intersexuales.

Y así es como persiste la inercia. ISNA se ha disuelto y Bo se ha retirado del activismo, pero una nueva generación de personas intersexuales, cuyos cuerpos fueron sometidos a cirugías décadas después que el de Bo, han tomado el relevo de la lucha. Para el Día de la Intersexualidad de 2017, la activista Pidgeon Pagonis organizó una protesta frente al hospital de Chicago donde, cuando era niño, le alteraron quirúrgicamente el clítoris, la vagina y las gónadas sin su consentimiento.

El hospital emitió una declaración pública diciendo que estaba “comprometido a mantener una comunicación abierta con la comunidad intersexual y respetaba completamente la diversidad de opiniones que existen entre las personas afectadas”. Pero una comunicación interna filtrada tenía un tono muy diferente, lo que tal vez revela por qué los médicos continúan llevando a cabo estas cirugías décadas después de que se volvieran controvertidas incluso dentro de la propia comunidad médica. En la comunicación, el hospital calificaba de “extremas” las demandas de los manifestantes y decía que el grupo estaba convirtiendo en blancos de ataque a hospitales de todo el país.

Bo me dijo: “Nadie ha demostrado que las intervenciones sean necesarias para un bebé (…) Incluso si encuentra que algunas personas que se sometieron a una cirugía temprana son felices, eso no significa que sea seguro o necesario (…) Probablemente hay personas felices. Pero también hay muchas infelices; personas destrozadas”.

Foto: Marvin Joseph/The Washington Post/Getty Images.

*Publicado en hrw.org [2017]

Fuente: http://jovenesredlac.org/acabar-con-la-alteracion-intersexual-la-lucha-por-el-consentimiento-informado-de-las-personas-nacidas-con-caracteristicas-sexuales-atipicas/

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Superintendente de escuelas públicas de Miami será el nuevo canciller de educación en NY

América del norte/ Estados Unidos/01 Marzo 2018/Fuente: Ny1noticias

El jefe del sistema de escuelas públicas de Miami ha sido escogido como el próximo canciller del Departamento de Educación de la ciudad de New York, según fuentes oficiales.

Alberto Carvalho, el superintendente de las escuelas públicas del Condado de Miami-Dade, reemplazará a la actual canciller Carmen Fariña –quien ha decidido retirarse- en las próximas semanas.

Carvalho, de 51 años, llegó a Estados Unidos como un inmigrante indocumentado a los 17 años. De joven trabajó en la construcción y en restaurantes lavando platos. Carvalho habla español.

Carvalho ha servido como superintendente en Miami-Dade –el cuarto sistema más grande de educación pública del país- desde 2008 y es conocido a nivel nacional entre la comunidad de educadores.

En 2016, Carvalho fue nombrado el Superintendente del Año por las Escuelas Magnet de América.

Carvalho estará al frente del departamento de escuelas públicas más grande del país con más de un millón de estudiantes.

Farina anunció hace unos meses su retiro.

Fuente: http://www.ny1noticias.com/nyc/noticias/noticias/2018/02/28/superintendente-de-escuelas-publicas-de-miami-sera-el-nuevo-canciller-de-educacion-en-ny

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Estados Unidos: Maestros en huelga piden aumento salarial en estado norteamericano

América del norte/Estados Unidos/01 Marzo 2018/Fuente: Prensa Latina

Miles de maestros continúan hoy una huelga iniciada desde el jueves en el estado norteamericano de Virginia Occidental y piden una reunión con el gobernador Jim Justice sobre sus demandas salariales.
Los docentes, cuyos sueldos se ubican entre los más bajos del país, se congregaron este lunes en las afueras del Capitolio del estado y prometieron mantener el paro hasta que se escuchen sus quejas, pues consideran que los aumentos salariales propuestos hasta el momento son insuficientes.

Representados por la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), la Asociación de Educación de Virginia Occidental y la Asociación de Personal de Servicio Escolar de ese territorio, los profesores quieren llevar a la mesa de negociaciones tanto a Justice como a los líderes del Senado y la Cámara de Representantes del estado.

Hasta que eso suceda, la huelga de maestros continuará en los 55 condados, manifestó Christine Campbell, presidenta del capítulo de la AFT en Virginia Occidental, citada por el diario USA Today.

De acuerdo con la dirigente gremial, hubo conversaciones por separado con varias autoridades, pero no con el gobernador, quien ayer tuvo apariciones públicas en las ciudades de Wheeling, Martinsburg y Morgantown.

Justice aprobó aumentos salariales de 808 dólares para el año próximo y de 404 para los dos siguientes, pero los profesores sostienen que tales incrementos no son los adecuados, sobre todo en comparación con el ascenso de los costos de la atención médica.

El portal digital Huffington Post señaló que el paro de los docentes, el primero de su tipo registrado en el estado en 28 años, constituye una demostración de fuerza sin precedentes por parte de maestros y empleados públicos en todos los condados.

Además de exigir que se eleven los sueldos, los trabajadores y sus sindicatos demandan más fondos para el plan de salud de los empleados públicos, y expresan su preocupación por la grave escasez de maestros y el hecho de que los más jóvenes deciden irse a otros territorios.

Según el Huffington Post, una serie de recortes de impuestos a las empresas dejó al estado con poco dinero para dar a los trabajadores públicos, quienes esperaban aumentos significativos.

En la actualidad Virginia Occidental se ubica en el lugar 48 entre los 50 estados y el Distrito de Columbia en cuanto a remuneración de maestros, y fue uno de los cinco lugares que redujeron el salario promedio de los docentes en 2016.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=155858&SEO=maestros-en-huelga-piden-aumento-salarial-en-estado-norteamericano
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EEUU: Education: A Last Chance

EEUU/ Author: Andrew Sunghyun Yoon / Source: Carnegie Council

Andrew Sunghyun Yoon, Third Prize High School Category, Essay Contest 2017

«I am a 15-year-old sophomore attending Seoul International School in South Korea. Born in the United States and raised in Asia, I feel my diverse experiences around the world have shaped and concretized my beliefs. I am extremely passionate about public speaking, international relations, and the humanities as a whole. I hope to use my voice and the power of the pen to advocate social causes particularly pertaining to the disenfranchised.»–Andrew Yoon

ESSAY TOPIC: In your opinion, what is the greatest ethical challenge facing the world today?

There is a girl in the rural areas of Western China, wiping crystal beads of sweat off her forehead as she cooks whatever’s left in the house for her siblings. She is cradled within the silence created by her parent’s absence, counting how many days remain until they return from their minimum-wage jobs in Beijing. Amidst the endless financial troubles and the fragmentation of her family, school simply was not an option. If destiny really did exist, hers didn’t include an education. There are hundreds of thousands more like her. A few hundred miles away in the sun-scorched outskirts of Kabul, a girl is reprimanded for resisting when she is told that she cannot go to school like her brother. There are hundreds of thousands more like her. Halfway across the globe in Baltimore, a city entangled in poverty and violence, there is a boy whose family’s survival hinges on food stamps and is forced to relinquish his dream of being the first in his family to attend college. There are, once again, hundreds of thousands more like him. These are all characters within the same story: a story about individuals who are stripped of the chance at a bigger and better future through education.

Without a doubt, countless other stories deserve to be heard as well: the one about devastated refugees fleeing decimated homes, the one about the unspeakable horrors of religious and ethnic persecution, the one about families subsisting on one meal a day as they cope with the dire truth of poverty, and just about a million more. Yet the issue of education resonates especially clearly as the most pressing ethical challenge of today’s generation because time and time again, governments and citizens alike are failing to address education systems that leave millions in the dark. Although education is perhaps the most substantial step toward addressing and eventually tackling the aforementioned global issues, it is perhaps one of the most overshadowed challenges of the century, burrowed beneath more immediate concerns stemming from political turmoil or economic advancements.

Today, governments have become complacent with flawed education systems, and citizens have subconsciously learned to coexist with a reality in which millions of children and young adults across the globe are forced to give up the chance to go to school. We continue to fail to recognize that education is not a privilege. It is a right. And it is an unforgettable ethical failure on our part for allowing this issue to be perpetuated.

The cause, details, and experiences of individuals barred from equal education may all be vastly different, but there exists a common thread intertwined among all who are a part of this narrative of injustice: education is and has always been the key to escaping a vicious cycle of inequality or poverty. On the racial and socioeconomic front, conspicuous gaps in access to education exist among the urban and rural, rich and poor, and along the spectrum of race or ethnicity. In the United States, despite institutional initiatives such as Affirmative Action, which aims to promote college admission among underprivileged minorities, many of these underprivileged individuals do not end up escaping the chains of racial and wealth inequality. Due to the intertwined nature of race and poverty in the United States, poverty is often concentrated in areas with higher percentages of racial minorities, which inevitably leads directly to a dead end. As part of a public education system dependent on local funding and support, such communities will consistently lack the teachers or resources that can sufficiently piece together a high-quality education for its children. Countries with a vast urban-rural divide, including China and India, experience this issue to an even greater extent because rural regions themselves are not equipped with the necessary human capital, technology, facilities, or apparatus.

On the gender front, the chasm is just as substantial. A single glance at relevant statistics is enough to illustrate the disproportionate number of women whose window to higher education is perpetually closed. According to the United Nations, 16 million girls—significantly higher than the number of boys—will never attend school in their lifetime, and girls comprise two-thirds of the 750 million adults who lack basic literacy skills. The root cause of gender discrimination in an educational context varies from country to country. In some, it has emerged out of deeply-rooted religious or cultural ideology, whereby it may be deemed unorthodox or unfitting for women to pursue high levels of education. In others, it is the inevitable result of issues such as early pregnancy or other social pressures that put girls at a disadvantage. In either scenario, however, the numerous barriers obstructing women’s access to education have created a stigmatized perception of women that feeds into gender inequality as a whole. Women’s rights movements that have emerged in developed nations indicate an increasingly progressive social atmosphere, but many of such movements have been unable to translate into direct and practical results in terms of access to education.

The reality of this pressing issue is ubiquitous; it’s plastered across news headlines, emphasized and re-emphasized by international organizations. Yet, the question at the crux of this issue is: Who should be accountable?

The first response should be the government. In 2006, in response to the alarming number of children without access to schools, the Chinese government revised its education law to especially accommodate the needs of children from rural areas. This reform included abolished tuition and other fees—e.g. textbooks or room and board—that rural students usually cannot afford. This legislation reform was an evident attempt to increase access to educational resources, especially in poor or rural regions, where such resources are often nonexistent to begin with. China’s leadership actively addressed the nation’s vast wealth and gender gaps, and took accountability for the situation of its citizens. But not all governments have made similar efforts, even in the presence of abundant resources. In order to address this ethical challenge, the most influential source of change stems from the government, who should work—through new legislation or reforms to the old—to ensure that children are bolstered by an educational system that is open and fair.

The other answer as to who should be accountable for ensuring education is a little less clear. There is no doubt that in the status quo, there are a number of countries whose first priority cannot be equal education. But if the government is too unstable at the present moment to secure an effective and fair education system due to more immediate concerns, who is accountable? It could be the United Nations, similar international organizations, smaller nongovernmental organizations, citizens, or a combination of all of the above. In any case, those outside of the government are also ethically responsible to respond to the government’s inability to install reforms or work among themselves through grassroots projects on local or national levels in order to initiate a change.

When individuals are barred from attending school due to social and economic pressure, they are closing perhaps the one and only door out of their current situation; they are being forced to let go of a fundamental right. Education is not a privilege. It is a right, and for many more individuals, it is a last chance at change and progress.

Source of the News:

https://www.carnegiecouncil.org/publications/articles_papers_reports/education-a-last-chance

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EEUU: Los reclamos de la juventud

EEUU/ 27 de febrero de 2018/Por Eduardo A. Lugo Hernández/Fuente: https://www.elnuevodia.com

Araíz del incidente de violencia ocurrido el 14 de febrero en una escuela en Estados Unidos, jóvenes en este país han tomado las calles para exigir al gobierno legislación que reforme el acceso a las armas de fuego, entre otras cosas.

La movilización de la juventud ha causado diversas reacciones que eran de esperarse. Mientras algunos sectores admiran a estos jóvenes por su capacidad de organización y sus acciones ciudadanas, otro sector los critica e intenta restar legitimidad a sus esfuerzos.

Para aquellos que hemos trabajado con jóvenes, intentando fomentar su involucramiento ciudadano, esta última reacción no nos sorprende. Esto es porque nosotros los adultos tenemos creencias basadas en nuestra cultura y en nuestra experiencia que son contradictorias y a veces hasta opresivas en relación a la juventud.

Por un lado, durante la niñez y gran parte de la adolescencia los adultos pensamos que el ámbito político no es un espacio apropiado para esta población. Las razones ofrecidas varían. Algunos apuntan a la inexperiencia de los jóvenes para lidiar con temas tan complejos como la pobreza, la desigualdad, las reformas educativas y la violencia. Otros exponen que la niñez y la adolescencia deberían ser etapas libres de estas preocupaciones. El énfasis, según algunos, debe ser en estudiar y pasarla bien. Para preocuparse está la adultez.

La ironía de esto es que cuando estos jóvenes llegan a los dieciocho años, son estos mismos adultos los que los critican por no estar activos a nivel político. Los discursos de que la juventud está perdida, de que el día de las elecciones prefieren ir a la playa que ir a votar y que no están informados acerca de las situaciones del país son la orden del día. Aparentemente los adultos pensamos que a los dieciocho años se activa un interruptor en el cerebro de nuestros jóvenes para que de sopetón les interese algo que toda la vida la hemos dicho no les compete.

Ahora bien, si se activan, si participan también los juzgamos. Los llamamos irresponsables y vagos. Insinuamos que los manipulan, porque imagínese, los jóvenes no tienen criterio propio para poder analizar las cosas que los afectan ni para generar acciones ciudadanas para exigir sus derechos. Insinuamos que son muy susceptibles a las opiniones de otros. Claro, porque los adultos no nos dejamos influir por la opinión de los candidatos de nuestros partidos de preferencia o por nuestros líderes religiosos, sin evaluar sus posturas de manera crítica. Puerto Rico no es la excepción. Estudie las acciones ciudadanas de jóvenes en nuestro país y verá un cúmulo de reacciones en la prensa dirigidas a deslegitimizar sus movimientos.

Es hora de entender que esta visión es una costosa, no solo para los jóvenes, sino para la sociedad en general. Una democracia fortalecida y participativa necesita de ciudadanos activos que analicen posturas, que se involucren en acciones políticas y que exijan a sus líderes legislación e iniciativas dirigidas al bien común. La participación ciudadana de jóvenes tiene además un impacto positivo en la autoestima de los jóvenes, su sentido de autoeficacia y empoderamiento, sus destrezas de análisis crítico y su desempeño académico. La política pública también se ve afectada de manera positiva, ya que el integrar la perspectiva de los jóvenes, las iniciativas son más completas y tienen el apoyo de este sector.

Para lograr esto, las organizaciones y agencias que trabajan con niños/as y jóvenes deben generar procesos de mentoría y acompañamiento con estas poblaciones para modelar conductas de participación ciudadana. Por ejemplo, la estructura de nuestras escuelas debe fomentar procesos participativos dónde los jóvenes tengan voz y voto en asuntos medulares del funcionamiento de la escuela. Los padres pueden envolver a sus hijos/as en iniciativas para atender las necesidades de personas sin hogar y otras comunidades desventajadas. Este involucramiento debe venir acompañado de conversaciones que brinden información a los jóvenes acerca de problemas sociales como la pobreza y que fomenten el pensamiento crítico de la juventud; no la conformidad a nuestras visiones de adultos. No se usted, pero yo no quiero un clon de mí mismo, sino un ser pensante que sepa tomar decisiones basadas en la mejor evidencia.

El envolvimiento de nuestros jóvenes no debe ser recibido con resistencia. Si le incomoda su participación pregúntese por qué; no sea que usted esté reproduciendo las dinámicas sociales que perpetúan la opresión de este sector. Fomentar la acción ciudadana de nuestros jóvenes es un ejercicio de quebrar dinámicas de poder entre adultos y ellos/as. El país necesita esta nueva mirada. La necesita ahora. No, Puerto Rico no tiene un Parkland o un Sandy Hook, pero tiene altos niveles de otros tipos de violencia. Además, Puerto Rico tiene una Junta de Control Fiscal y una legislatura, que discuten medidas que afectarán el presente y futuro de nuestras niñez y juventud. En todo este proceso los jóvenes necesitan adultos aliados, pero también requieren tener voz y espacios de acción ciudadana para abogar por su bienestar.

Fuente de la Noticia:

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/losreclamosdelajuventud-columna-2401519/

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Can Virtual Reality Open STEM Education And Jobs To More People?

By: Sasha Banks-Louie Oracle

Employers need to fill 1.6 million jobs in the US that require backgrounds in science, technology, engineering, and math by 2021, according to a 2016 study by the US Department of Education. That demand is spurring new approaches to STEM education that are designed to appeal to more, and a greater diversity, of students.

“Science educators know we need to stop teaching facts and figures from textbooks and start showing students how to apply the fundamental concepts of scientific methods to real-world problems,” says Dr. Becky Sage, CEO of Interactive Scientific, a UK-based education technology firm.

Interactive Scientific, part of the Oracle Startup Cloud Accelerator program in Bristol, has developed scientific simulation software, called Nano Simbox, which students are using to observe how atoms and molecules interact. Researchers are also using this technology to explore new theories, product designs, and drugs.

Employing tablets, virtual reality headsets and controllers, students can visualize atoms, observe how they behave in different combinations, and manipulate them for testing.

Dominique Skinner, a chemistry student at Queen Mary University of London studying biochemistry, used Nano Simbox technology and research to combine atoms and create digital models of the molecules for a plant-based line of cosmetics.

“I wanted to put science next to veganism, and veganism next to cosmetics,” Skinner says. “Nano Simbox allowed me to see how skin would react to molecules from animal proteins and synthetic chemicals that were harsh on the skin versus plant-based molecules that benefited the skin.”

New Approach to Learning

Interactive Scientific has begun experimenting with artificial intelligence to understand how students learn, and how applying machine-learning algorithms could guide their progress.

“Whilst our machine learning work is in its infancy we have already designed the software to help students understand complex, scientific concepts in a way that’s unique to their individual learning styles and encourages them to challenge their own thinking by exploring alternative ideas,” says Sage.

Traditional teaching approaches using textbooks and standardized testing tend to be less flexible, both in the pace at which students progress and how their understanding is tracked and measured.

Nano Simbox’s simulation software runs on Oracle Infrastructure as a Service, making it possible “to scale this really complex science,” says Interactive Scientific founder Dr. David Glowacki.

“We needed a system to help us monitor, log, and report on scalability in real-time,” says Glowacki, who’s also a Royal Society research fellow at the University of Bristol and visiting scholar with Stanford University’s chemistry and mechanical engineering departments.

Creating Opportunities

Traditional methods of teaching STEM can be a deterrent to some students. Females, minorities, and students from lower-income families are underrepresented in STEM education and related professions. According to the Department of Education study, that makes it harder to narrow education and poverty gaps, meet the demands of a tech-driven economy, and maintain US leadership in scientific research and innovation.

“Our goal is to open up lifelong science learning to everybody, whether you’re in grades K-12, studying at a university, or in a non-traditional learning environment,” says Sage. “And our hope for the future workforce is that inclusivity will be valued so anyone will be able to thrive in their working environment.”

Source:

https://www.forbes.com/sites/oracle/2018/02/20/can-virtual-reality-open-stem-education-and-jobs-to-more-people/#78f87b508874

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EEUU: A group of Texas lawmakers wants to fix higher education funding — but it won’t be easy

EEUU/February 27, 2018/By: Shannon Najmabadi/ Source: http://www.oaoa.com

After lawmakers last year failed to overhaul how the state funds its public colleges and universities, a special committee on Wednesday will begin a new attempt to review the complicated higher education finance system in Texas.

Complaints have crescendoed about eroding government support for higher education. But at stake in the coming months is not how much money Texas pumps into its colleges and universities. It’s whether the state’s method of disbursing nearly $3 billion per year to those schools through formulas and direct appropriations is due for a comprehensive makeover.

«The way we fund higher education in Texas is overdue for a close, detailed look and consideration of substantial changes,» said state Sen. Kelly Hancock, R-North Richland Hills, one of the committee’s co-chairs.

The Joint Committee on Higher Education Formula Funding was convened out of a compromise at the end of the 2017 legislative session, following an unsuccessful bid by Senate leadership to overhaul the higher education finance system entirely. The Senate’s efforts panicked college leaders and were rejected by powerful members of the House, who have generally called for modifications to be made in lieu of wholesale changes.

Stymied, lawmakers agreed to preserve the current system for the next biennium but directed an interim committee to study it and issue recommendations by April 2018.

The committee is made up of five representatives tapped by Republican House Speaker Joe Straus and five senators appointed by Republican Lt. Gov. Dan Patrick – none of whom serve on the upper chamber’s higher education committee. Though the panel has leeway to reshape the system, they’d have to overcome numerous political hurdles — and inertia — to do so. It’s unknown who will take the helm of the House in 2019 — Straus is not running for re-election — and the competing interests of legislators and schools make consensus difficult.

“I’m not sure that overhauling higher education finance is something that can be done with two meetings in February and a report due in April,” said state Rep. Donna Howard, D-Austin, one of the committee members. “However, I am hopeful that a focused discussion of how higher education financing methods have impacted institutional behavior will reveal some insights before next session.”

Special items

There are two main components to the state’s current method of funding higher-education: “special items” earmarked for specific projects and a per-credit allocation disbursed using a formula.

The “special items” are funds allocated outside the normal formulas to give schools cash infusions to start up new programs or pay for initiatives not always within their academic mission. But state Rep. Trent Ashby, R-Lufkin, one of the committee’s co-chairs, said they’d caused “some heartburn for members,” and they’re set to be the focus of a separate hearing later this month.

In the previous biennium, the 362 special items ranged in cost from a $31,500 research initiative at Sul Ross State University to a $61,397,900 allocation for the University of Texas Rio Grande Valley’s School of Medicine. Some schools receive what amounts to a supplement through the “special items” allocation process that they use to hire more professors and staff.

But the “special items” funding stream has drawn ire from lawmakers who say it’s grown too large and is duplicative of the per-student allotment. Critics have also argued that the items are distributed unevenly among universities and that state budget writers usually don’t go back and evaluate whether they should be kept in subsequent budgets.

“Special items were intended to support research, startup costs and other initiatives, not to remain as never-ending line items in the state budget,” Sen. Jane Nelson, R-Flower Mound, the Senate’s lead budget writer, said last year.

Last session, some senators tried to zero out the $1.1 billion in funding meant for “special items” — offering to mitigate the effects of the cut with a $700 million infusion to the per-credit pot. The move agitated university leaders, who protested that “special items” frequently pay for entire programs or medical schools. “The sky really is going to fall if you pass this bill,” Texas A&M University System Chancellor John Sharp said at the time.

Some universities argue that money removed from the «special items» stream could not be easily replaced. Even if the items were eliminated and the money were reallocated, it would be diffused into the per-credit stream, critics say. That might mean some important projects designated to receive specific money — like the McDonald Observatory in the University of Texas at Austin budget — might be harmed financially.

Formula funding

The per-credit funding mechanism has critics, too, but is less frequently in lawmakers’ crosshairs. Much of it is calculated using a formula that largely hinges on how many students an institution has and what discipline those students are studying. Data from the Texas Higher Education Coordinating Board shows engineering students cost more to educate than their liberal arts peers — and so the formula gives a greater weight to engineering when calculating how much money universities should be paid.

(Schools also receive funding for infrastructure costs through this stream, but using a different formula based on square feet and utility rates.)

Detractors argue the formulas aren’t a good proxy for what universities’ costs are and don’t accurately account for part-time or other nontraditional students. Colleges with rapidly swelling student populations also complain of budgetary shortfalls, since the per-student funding is based on past years’ enrollment data.

Ashby said that “in most cases, our formulas are in place for good reason.” But he added he was “hopeful that we can agree on some concepts to promote efficiency and equity at all of our institutions.”

Outcomes-based funding

Though it may prove politically impossible, the committee has license to recommend an overhaul of how higher education in the state is financed. Its charge says lawmakers can consider realigning or eliminating “special items” and improving the per-credit allocation.

Rather than basing it on the number of students in each discipline, lawmakers could tie a school’s funding to how well their students perform. Hancock said the committee should «absolutely see what lessons can be learned from states that successfully implemented outcomes-based funding at four-year institutions,» and the possibility is slated to be discussed during at least one panel Wednesday.

The state’s community and technical colleges already receive their funding through a formula that factors in students’ performance. At Texas State Technical College System — appropriations for which have been tied to graduates’ earnings for the past few years — the switch has “worked in a big way,” said Chancellor Mike Reeser.

What happened, Reeser said, is administrators’ “obsession” with maximizing class-time was «replaced with an obsession with making sure kids got jobs and making sure they got the training they needed to get good salaries.” Graduation rates there increased 42 percent over a six-year period, and graduates’ salaries went up 83 percent.

“Our mission is to create a skilled workforce, so using student employment outcomes was a very natural thing to do,” Reeser said — but he added that institutions with broader goals, like four-year universities, would need to be evaluated using different metrics.

Ashby similarly said the outcomes-oriented model has been “critical to driving completion and promoting skilled degrees” there but that the “mission of a larger flagship university or a four-year regional institution is much different.”

As an alternative to replacing the formula based on headcount with one based on students’ performance, some university officials say lawmakers could add a sort of outcomes-based supplement — a bonus for schools where students perform well.

«Having some type of performance funding tied to each institution’s mission, in addition to a consistent and stable model for funding would benefit Texas students and our economy,» said UT-Arlington President Vistasp Karbhari.

Source:

http://www.oaoa.com/news/education/article_07feb4fb-56c2-5212-b21d-5a8e846b05bc.html

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