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Estudiantes en EU organizan «fiestas covid»; gana el que se infecta

América del Norte/Estados Unidos/05-07-2020/Autor(a) y Fuente: www.jornada.com.mx

Estudiantes en Alabama que han dado positivo al coronavirus organizan «fiestas covid» en un macabro juego donde gana el que se infecta primero, informaron autoridades en momentos en que la pandemia hace estragos en el sur de Estados Unidos.

La noticia emergió por primera vez el martes, cuando el jefe de bomberos del condado de Tuscaloosa, cerca de la ciudad universitaria de Birmingham, confirmó los rumores en una reunión de concejales.

«Hicimos una investigación. Nos lo confirmaron no solamente las oficinas de los médicos, sino también el estado dijo que tenía la misma información», afirmó el bombero Randy Smith.

Alabama, en el sureste, es ahora uno de los nuevos puntos calientes del Covid-19 en Estados Unidos, junto a otros estados del sur como Arkansas, Arizona, Texas, Florida y las Carolinas.

La concejal de Tuscaloosa, Sonya McKinstry, detalló en la semana al canal local ABC que se trata de fiestas donde la apuesta consiste en infectarse.

«Juntan dinero en un bote y luego tratan de cogerse el Covid. El que se contagie primero, gana el bote. No tiene sentido», dijo McKinstry. «Lo están haciendo intencionalmente».

La pandemia ha matado a casi 130 mil personas en Estados Unidos, un millar de ellas en Alabama, donde los casos aumentan exponencialmente desde hace dos semanas.

No se ha divulgado más información sobre las fiestas. Las autoridades no informaron la identidad de los jóvenes ni el número de eventos que podrían haber tenido lugar. El departamento de bomberos no respondió las preguntas de Afp.

Varias casas de estudios superiores se asientan en Tuscaloosa, la principal de ellas la Universidad de Alabama.

Una portavoz señaló a la Afp este viernes que esta universidad «está al tanto desde hace semanas de los rumores sobre las ‘fiestas covid'».

No obstante, «hemos realizado una profunda investigación, y aunque hemos sido incapaces de identificar a ningún estudiante que haya participado en este tipo de actividades, continuaremos haciendo un seguimiento de cualquier información que recibamos», prosiguió.

Poco después del informe del bombero Smith, los concejales de la ciudad de Tuscaloosa aprobaron el uso obligatorio de mascarillas.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/07/03/estudiantes-en-eu-organizan-fiestas-covid-gana-el-que-se-infecta-3719.html

Imagen: ktphotography en Pixabay 

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ESTADOS UNIDOS Repensar las pruebas estandarizadas para terminar con la discriminación

En una oportunidad que se escuchó en los Estados Unidos, el 21 de mayo de 2020, la Junta de Regentes de la Universidad de California suspendió el requisito y el uso de exámenes estandarizados, incluidos el SAT y el ACT, para los solicitantes de primer año.

La Universidad de California (UC) será una prueba opcional para la selección del campus de los solicitantes de primer año en otoño de 2021 y 2022 y «a partir de los solicitantes de otoño de 2023 y terminando con los solicitantes de otoño de 2024, los campus no considerarán los puntajes de los exámenes para la selección de admisiones, y lo harán practicar la selección de admisiones a ciegas de prueba «.

Los Regentes, junto con otras 1.200 universidades y colegios, habían eliminado previamente el requisito para 2021 después de la cancelación de las pruebas del College Board y ACT debido a la pandemia de COVID-19.

Los Regentes han solicitado que el Senado Académico y la administración de la universidad intenten desarrollar una nueva prueba o adoptar la prueba Smarter Balanced existente de estudiantes de secundaria a tiempo para la clase de otoño de 2025 que se alinea mejor con la preparación para la universidad.

Pero si fracasan en este esfuerzo, la UC eliminará el requisito de evaluación estandarizada para los estudiantes de California.

Los opositores al uso generalizado del SAT han afirmado durante mucho tiempo que promueve una estratificación socioeconómica innecesaria: la prueba favorece a los estudiantes de familias y comunidades de altos ingresos, en parte porque pueden permitirse una creciente gama de costosos cursos de preparación de exámenes y asesoramiento disponibles comercialmente. Pero lo más importante es que las calificaciones en la escuela secundaria predicen mejor el éxito académico en la UC que los puntajes de los exámenes.

La decisión de Regents 2020 hace eco de esta opinión.

Sin embargo, como escribo en un nuevo artículo de investigación publicado por mi centro en UC Berkeley, UC tiene una larga historia de preocupación con las pruebas estandarizadas. De hecho, la UC fue relativamente lenta en adoptar el SAT como requisito en las admisiones en comparación con otras universidades con admisiones selectivas, públicas o privadas.

Informado por esta historia, ofrezco algunas observaciones sobre la decisión de los Regentes de mayo de 2020 y sus implicaciones globales para las pruebas de alto riesgo.

Dimensión política no nueva

Primero, a medida que aumenta el valor de la educación superior para el individuo y para la sociedad en general, las dificultades de asignar un bien público escaso y muy buscado, la admisión, se vuelven más intensas para las universidades selectivas. Debido a que generalmente hay intereses en conflicto al establecer e influir en la política de admisión en universidades públicas selectivas como la Universidad de California, la formulación de políticas tiene una dimensión inherentemente política.

Determinar los criterios de admisión no es simplemente una elección racional; Es, de alguna forma, un reflejo de las políticas internas y externas que dan forma a los comportamientos políticos de una universidad.

En el caso de la Universidad de California, exigir el SAT es parte de un conjunto más amplio de requisitos de admisión que, con el tiempo, los formuladores de políticas adoptan o modifican para ajustarse a los objetivos institucionales percibidos y muchas veces en reacción a las preocupaciones de los principales interesados. UC adoptó por primera vez el uso del SAT para admisiones en 1979 como un contrapeso a la inflación de grados en las escuelas secundarias de California.

¿Toma arbitraria de decisiones?

Otro axioma que se pierde en gran medida en los debates sobre el uso de los puntajes de las pruebas y una creciente variedad de requisitos de admisión: las universidades públicas altamente selectivas pueden intentar crear criterios de admisión relativamente transparentes, pero al final gran parte de la toma de decisiones es arbitraria .

Por ejemplo, UC Berkeley, antes de la pandemia COVID-19, recibió aproximadamente 87,000 solicitudes para el año académico 2019-20, casi todas ellas elegibles para UC, una mayoría con promedios de calificaciones de 4.0 o GPA (inflados por cursos de Honores y Colocación Avanzada) )

Sin embargo, solo 14.600 solicitantes serán aceptados por Berkeley. Alrededor del 60% de los admitidos se inscribirán en otro lugar, con un objetivo de inscripción neta de alrededor de 6.500 estudiantes. Eso significa rechazar a unos 73,000 estudiantes generalmente altamente calificados y talentosos, que estadísticamente harían muy bien en Berkeley.

Cuando tiene esta proporción de estudiantes talentosos y exitosos que solicitan la entrada a Berkeley u otros campus universitarios altamente selectivos, habrá resultados arbitrarios sin importar cuán racionales parezcan las políticas de admisión. Esa conclusión puede extrapolarse más allá de las fronteras de los Estados Unidos.

Redistribución de un bien público muy buscado En

tercer lugar, la intención de este cambio en la política es proporcionar un mayor acceso a los grupos subrepresentados. Traducido, eso significa una oportunidad para redistribuir lo que es esencialmente una suma cero: acceso a una universidad pública selectiva que no tiene las finanzas para crecer significativamente en la matrícula y tiene un límite obligatorio bajo el Plan Maestro de Educación Superior de California para aceptar estudiantes del 12.5% ​​superior dentro de la clase de graduados de secundaria del estado.

La acción unánime de los Regentes se justificó en gran medida debido a la afirmación de que las pruebas estandarizadas discriminan a los estudiantes minoritarios y de bajos ingresos subrepresentados en la UC.

Si bien la intención del veredicto de los Regentes es impulsar grupos subrepresentados, específicamente chicanos / latinos y afroamericanos, requerirá menos representación entre los grupos ‘sobrerrepresentados’, específicamente los asiáticoamericanos que generalmente se han beneficiado del uso de puntajes SAT en la selección del campus proceso.

Berkeley, por ejemplo, desea aumentar su población chicana / latina, declarando su objetivo de convertirse en una institución de servicio hispano para 2028, una designación federal en la que los chicanos / latinos representan el 25% o más de la matrícula total en un colegio o universidad. En otoño de 2019, Berkeley matriculó a un total de 43,204 estudiantes, de los cuales 5,855 (o el 13%) eran chicanos / latinos.

Ya sea en Berkeley o en todo el sistema de UC, y por prácticamente cualquier medida, los asiático-estadounidenses (una categoría amplia con una variación significativa en el contexto socioeconómico) están significativamente «sobrerrepresentados». Una disminución anticipada en los estudiantes internacionales podría proporcionar más espacio de inscripción para grupos subrepresentados.

Pero uno podría especular que abandonar las pruebas estandarizadas para determinar la elegibilidad de UC y las admisiones en el campus favorecerá cada vez más al grupo subrepresentado más grande del estado. Los chicanos / latinos actualmente representan el 39% de la población de California y se proyecta que superen el 47% para 2050 . ¿Por qué más perseguir terminar el SAT en la UC?

Implicaciones globales En

todo el mundo, los exámenes nacionales de alto riesgo determinan quién tiene acceso a las universidades públicas. En lugares tan diversos como China, Corea del Sur, Japón, Brasil, la mayor parte de Europa, Rusia y otros lugares, los estudiantes pasan gran parte de sus carreras de secundaria preparándose para tal examen, su destino a menudo determinado en una sola sesión.

Sin embargo, hay poca investigación, fuera de los EE. UU., Sobre el valor predictivo real de estas pruebas con respecto al rendimiento académico futuro de un estudiante o cómo las pruebas de alto riesgo influyen positiva o negativamente en el aprendizaje del estudiante en la escuela secundaria.

Pruebe como el gaokao de China , un senta shiken reformado en Japón, el CSAT en Corea del Sur, el ENEM en Brasil, el Baccalauréat en Francia y el UTME en Nigeria, por nombrar solo algunos, use puntajes de exámenes estandarizados como la forma principal de otorgar acceso a las mejores universidades

Sin embargo, la pregunta adecuada es ¿cuál es su validez predictiva en comparación con otros factores y formas de evaluar la capacidad de un estudiante para tener éxito a nivel universitario, promover una diversidad de talentos y atender las necesidades de movilidad socioeconómica más grandes de la sociedad?

El debate sobre el SAT en la UC se centró solo en estos temas y quizás proporciona una ventana para un enfoque más analítico del uso de pruebas estandarizadas en otras partes del mundo.

En sociedades con altos niveles de corrupción, las pruebas estandarizadas nacionales ofrecían una forma aparentemente equitativa de proporcionar acceso a las mejores universidades nacionales.

Pero cada vez más países y universidades están comenzando a desarrollar sus políticas y prácticas de admisión para buscar otros indicadores de promesa académica e impacto social. Al hacerlo, también están reconociendo que el talento, académico o de otro tipo, se presenta en muchas formas diferentes que no se capturan solo en las pruebas.

Quizás la decisión de la UC debería ser una oportunidad escuchada en todo el mundo.

La próxima semana en University World News : Pat Leonard responde en un artículo sobre «por qué las pruebas estandarizadas son necesarias».

John Aubrey Douglass es investigador principal y profesor de investigación en políticas públicas y educación superior en el Centro de Estudios de Educación Superior, Goldman School of Public Policy, Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. Es autor de The New Flagship University: cambiando el paradigma de la clasificación mundial a la relevancia nacional (Palgrave Macmillan) y Visualizando la nueva universidad asiática de la insignia (Berkeley Public Policy Press). Es el investigador principal fundador del Consorcio de Experiencia Estudiantil en la Universidad de Investigación (SERU) con sede en Berkeley. Vea también su serie ‘Missing Links’ de artículos de University World News : arreglando la disyuntiva de las misiones universitarias y las políticas de contratación y promoción de docentes y la necesidad de reenfocar la investigación institucional desde los rankings hasta las necesidades de la universidad .

Fuente: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200626114229392

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Nuevo revés para las restricciones al aborto legal en Estados Unidos

América del Norte/ Estados Unidos/ 30.06.2020/ Por: Celeste Murillo/ Fuente: www.laizquierdadiario.com.ve.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de las restricciones al aborto legal que instalaba una ley del del estado de Louisiana. Nuevo revés para Donald Trump y la agenda contra las mujeres y personas LGBT.

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de una ley de Louisiana que restringía el acceso al aborto legal en el estado. Este fallo es el primero desde el nombramiento de dos jueces conservadores, herramienta clave para la agenda ultra conservadora que apoya el gobierno de Donald Trump en materia de derechos. La Casa Blanca reaccionó al fallo con un comunicado en el que se refirió a la medida como «desafortunada» y que «devalúa» el valor de la vida del “niño por nacer”.

En Estados Unidos, el aborto legal está garantizado desde 1973 por el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade. Pero desde esa misma fecha, las iglesias cristianas y la derecha conservadora han intentado recortarlo. Durante las últimas décadas se impulsaron más de 1200 restricciones al derecho a decidir de las mujeres, y casi el 30 % fueron promulgadas de 2010 en adelante (es decir durante las administraciones de Barack Obama y la actual de Donald Trump).

Este fallo se da en un contexto en el que el acceso al aborto legal está en la mira. A los recortes provocados por las restricciones estatales se le sumaron los obstáculos que resultan de la crisis sanitarias provocada por el Covid-19. Esa combinación resulta un escenario muy complicado para la mayoría de las mujeres que deben interrumpir un embarazo durante la pandemia. El Guttmacher Institute, que sigue de cerca la situación del aborto legal en Estados Unidos, estima que la mitad de todas las mujeres del país vive en estados que son hostiles al derecho al aborto legal.

Nadie quiere salir en la foto con Donald Trump

La decisión de la Corte es un revés para Donald Trump que atraviesa un momento crítico de su administración, signado por las protestas contra el racismo y la crisis económica. No es la primera, a mediados de junio, se conoció el fallo que impedía la discriminación por identidad de género y orientación sexual en el lugar de trabajo y el que apoya el programa de los llamados dreamers, hijos e hijas menores migrantes.

La Corte Suprema cuenta hoy con mayoría conservadora pero eso no significa luz verde para la agenda de la ultraderecha. El fallo contra la ley de Louisiana, que buscaba restringir el acceso al aborto legal obligando a las clínicas que realizan abortos a tener acuerdos derivación automática a hospitales de mayor complejidad. De haber sido aprobada hubiera significado el cierre completo de dos tercios de ese tipo de clínicas en el estado.

La ley que votó la legislatura estatal de Louisiana en 2014 obligaba a clínicas y profesionales que realizan interrupciones legales del embarazo a tener un permiso de derivación a hospitales de alta complejidad en un radio de 50 kilómetros. Esto complicaba a los centros de salud alejados de los grandes centros urbanos. Con la excusa de garantizar la atención médica se buscó reducir la cantidad de clínicas y así restringir el acceso a un derecho.

Política oficial

El gobierno de Donald Trump se involucró de forma directa en la campaña contra el acceso al aborto legal desde su asunción. Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó como presidente fue la que prohíbe el uso de fondos públicos para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto legal en el extranjero, una política republicana que data de la década de 1980 y que Barack Obama había cancelado.

En 2017, por primera vez, un miembro del poder Ejecutivo en funciones participó de la llamada “Marcha por la vida”. El vicepresidente Mike Pence, ultraconservador y conocido por su perfil homofóbico y opositor al derecho de las mujeres a decidir, fue el primer vicepresidente de EE. UU. en funciones en encabezar la marcha en Washington contra el derecho al aborto.

El intento de restringir el aborto legal en Louisiana no es el primero. En 2016, una prohibición en el estado de Texas había llegado a la Corte Suprema con un objetivo similar: revertir el fallo Roe vs. Wade que legalizó el derecho al aborto en Estados Unidos. El argumento para fallar contra esas restricciones es similar: no existen beneficios para la salud de las pacientes y representa un obstáculo al acceso a un derecho.

Louisiana es uno de los estados con más prohibiciones relacionadas con la salud reproductiva. La ley de derivación automática es una de las 89 restricciones estatales promulgadas desde 1973. Estas medidas impactan sobre todo en la mujeres pobres, que no pueden pagar prácticas privadas, viajar a otros estados y otras formas de sortear los obstáculos al aborto legal.

El otro debate sobre el que deberá pronunciarse la Corte Suprema es la cobertura de métodos anticonceptivos. Bajo el plan de salud impulsado por el expresidente Barack Obama, las iglesias e instituciones educativas religiosas estaban exentas de proveer cobertura médica que fuera en contra de sus creencias. Esa concesión permitía a los empleadores religiosos no garantizar acceso a los métodos anticonceptivos, pero no prohibía que los agentes de salud los proveyeran.

La administración de Trump y la ONG católica Little Sisters of the Poor llevaron el caso al Tribunal Supremo. Buscan extender las exenciones para todos los empleadores que no quieran brindar cobertura de anticonceptivos por motivos religiosos. Si la Corte fallara a favor de Trump, se estima que entre 70 mil y 126 mil mujeres podrían perder acceso a anticonceptivos mediante su cobertura médica.

Advertencia

Las organizaciones feministas y que defienden los derechos reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar recibieron el fallo como una victoria. Sin embargo, alertaron sobre nuevos avances contra el aborto legal.

Es una advertencia adecuada: desde que se reconoció el derecho de las mujeres a decidir en 1973, muchos estados avanzaron en restricciones y prohibiciones. Se estima que en Estados Unidos, 29 estados tienen legislaciones hostiles al derecho al aborto y 6 de cada 10 mujeres en edad reproductiva viven en estos estados.

El aborto legal es la única garantía para el acceso igualitario a un derecho elemental. Cualquier retroceso no significará menos interrupciones voluntarias sino más desigualdad: solo aquellas mujeres que puedan pagarlos accederán a abortos seguros. El resto será arrojado a la clandestinidad y los riesgos para la salud.

Fuente de la noticia: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Nuevo-reves-para-las-restricciones-al-aborto-legal-en-Estados-Unidos

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Libro de Judith Butler: Deshacer el género (2006)

Por: www.facultadlibre.org.

Deshacer el género recoge reflexiones recientes de la autora sobre el género y la sexualidad, centrándose en el nuevo parentesco, el psicoanálisis y el tabú del incesto, el transgénero, el intersexo, las categorías de diagnóstico, la violencia social y la labor de transformación social. A partir de la teoría feminista y la teoría queer, Butler considera las normas que rigen –y no lo consiguen– el género y la sexualidad en tanto que vinculadas a las restricciones de una categoría reconocible de persona. El libro supone un replanteamiento de su pensamiento inicial sobre la performatividad del género en El género en disputa. En esta obra, la crítica a las normas de género se sitúa claramente dentro del marco de la tenacidad y la supervivencia humanas. «Hacer» el propio género exige en ocasiones «deshacer» las nociones dominantes de la categoría persona. La autora escribe sobre la «nueva política del género» surgida en estos últimos años, una combinación de movimientos interesados por el transgénero, la transexualidad, el intersexo y sus complejas relaciones con la teoría feminista y la teoría queer.

Descargar el libro: http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/825_rol_psicologo/material/descargas/unidad_2/optativa/deshacer_genero.pdf

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EEUU: Texas education officials consider changing state’s sex education policy for first time in 23 years

North America/ EEUU/ 30.06.2020/ Source: www.texastribune.org.

For the first time since 1997, Texas education officials will consider a new statewide sexual education policy, and it could include teaching middle schoolers about birth control options beyond abstinence.

That proposed revision to the state’s health education standards is expected to draw crowds of people — albeit virtually — to Monday’s State Board of Education meeting, where members will take public comment and discuss the changes. Work groups of educators and experts have been working for months preparing recommendations for how the Republican-dominated board should revise its standards.

At what is likely to be a high-tension online hearing, advocates for comprehensive sexual education plan to laud the recommendation to teach abstinence-plus education earlier; opponents will say the proposals go too far beyond abstinence to be legal. The board is expected to make a final decision by November, setting the stage for how teachers and textbook publishers will approach the controversial subject for years to come.

Texas public schools are not required to teach sexual education. State law requires that schools teaching sex ed stress abstinence as the preferred choice for unmarried young people and spend more time on it than any other sexual behavior. Parents can opt their children out of any lesson they want.

The Texas Tribune thanks its sponsors. Become one.

According to a Texan Freedom Network study, just 17% of school districts, including some of the state’s most populous, taught abstinence-plus sex education in 2015-16. At the same time, federal data shows Texas consistently has one of the highest teen birth rates in the country, which studies show correlates with an emphasis on abstinence-only education.

This year, the board will consider requiring all seventh and eight grade health teachers to “analyze the effectiveness and ineffectiveness of barrier protection and other contraceptive methods, including the prevention of sexually transmitted diseases, keeping in mind the effectiveness of remaining abstinent until marriage.” Currently that is only a requirement in high school, where health education is an optional course. All Texas public schools must offer health education for students in kindergarten through eighth grade.

Advocates for comprehensive sexual education consider the proposed change a win and will rally for the board to approve it. “If we include basic information about topics like contraception and STI [sexually transmitted infection] prevention at the middle school level, we know students will have some exposure to that before high school,” said Jen Biundo, director of policy and data for the Texas Campaign to Prevent Teen Pregnancy.

The organization conducted a public opinion poll with the firm Baselice & Associates, which shows that 75% of poll respondents, including 68% of Republicans, support teaching sexual education that prioritizes abstinence but also provides information about contraception and STI prevention.

The state board last took up the health standards in 1997 and then adopted abstinence-only health textbooks in 2004. Abstinence-only advocates have successfully kept information on birth control and sexually transmitted disease prevention out of textbooks for decades.

As more school districts adopt more robust sexual education curricula, Texas Values, a conservative statewide advocacy group, has organized campaigns to fight back. Most recently, it led a group of detractors to speak out against Austin Independent School District’s proposed curriculum for grades three through eight, which included topics like gender identity, reproductive anatomy and body image, tailored for each grade. The school board unanimously approved the curriculum.

“Leftist LGBT advocacy groups are calling this a ‘once in-a-generation opportunity’ to attack Texas’ abstinence focused approach and teach highly sexualized LGBT propaganda starting in kindergarten,” read a Texas Values email blast sent to subscribers Friday.

Texas Values is also urging board members to exclude health standards teaching students about gender identity or sexual orientation. “Teaching children to question the biological reality of their gender or engage in dangerous sexual behavior at a young age is not the job of Texas schools,” said Mary Elizabeth Castle, a Texas Values policy adviser, in a statement to The Texas Tribune.

The Texas Tribune thanks its sponsors. Become one.

Advocacy groups like Texas Freedom Network and Texas Campaign to Prevent Teen Pregnancy are asking the board to include LGBTQ students in the standards. The existing standards and the proposed revisions make no explicit mention of those students, who are more likely to be discriminated against and bullied in their schools.

Source of the notice: https://www.texastribune.org/2020/06/29/Texas-schools-sex-education-policy/

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Fragmentos de «La tercera amenaza existencial de la humanidad»

Por: Noam Chomsky.

 

Fragmento del capítulo ‘La tercera amenaza: El vaciamiento de la democracia’, perteneciente al libro Cooperación o extinción.

Si me lo permiten, quisiera comenzar con una breve alusión a un período que tiene inquietantes similitudes con la actualidad, en muchos y lamentables sentidos.

Estoy pensando en hace justo 80 años, casi exactos, el momento en que escribí por primera vez, que recuerde, sobre materia política. Es fácil ponerle fecha; fue justo tras la caída de Barcelona, en febrero de 1939.

En el artículo trataba de lo que parecía la inexorable expansión del fascismo por el mundo. En 1938, la Alemania nazi se había anexionado Austria; meses más tarde puso en sus manos a una Checoslovaquia traicionada en la Conferencia de Múnich. En España caía una ciudad tras otra bajo las fuerzas de Franco. En enero de 1939 cayó Barcelona.

Era el final de la Segunda República española. La notable revolución popular, una de carácter anarquista, que había florecido durante 1936, 1937, 1938… ya había sido aplastada por la fuerza. Parecía que el fascismo fuera a desplegarse sin límite.

No es exactamente lo que está ocurriendo en la actualidad, pero, si se me permite tomar prestada la famosa frase de Mark Twain “la historia no se repite, pero a veces rima”, lo cierto es que hay demasiadas semejanzas como para pasarlas por alto.

Tras la caída de Barcelona hubo una oleada de refugiados españoles. La mayor parte fueron a México, unos 40.000; algunos acabaron en Nueva York y abrieron sedes anarquistas en Union Square, librerías de segunda mano en la Cuarta Avenida, etc.

Me inicié en la cultura política deambulando por aquella zona. De eso hace 80 años. Entonces no lo sabíamos, pero el Gobierno de Estados Unidos también empezaba a pensar que la expansión del fascismo podía llegar a ser imparable. No lo veían con el mismo alarmismo que yo, con mis 10 años de edad.

Hoy sabemos que el Departamento de Estado mantenía sentimientos encontrados con respecto a cuál era la verdadera importancia del movimiento nazi.

Se mantenía, de hecho, un consulado en Berlín; había un cónsul de Estados Unidos en Berlín que enviaba comentarios algo embarullados sobre los nazis, en los que sugería que quizá no fuesen tan malos como se decía. Se trataba del famoso diplomático George Kennan. Lo mantuvieron hasta lo de Pearl Harbor, fecha en la que se lo revocó.

(…)

Resulta que poco después, aunque era imposible haberlo sabido entonces, en 1939, el Departamento de Estado y el Consejo de Relaciones Exteriores comenzaron a hacer planes para lo que sería el mundo posterior al conflicto, sobre qué aspecto debía tener.

Por aquel entonces asumían que en los primeros años el mundo posterior a la guerra estaría dividido entre una zona bajo control alemán, es decir, un mundo controlado por los nazis, la mayor parte de Eurasia, y un mundo controlado por Estados Unidos, que consistiría en el hemisferio occidental; el antiguo Imperio británico, con cuyo control se habría hecho el país americano, y algunas áreas de Extremo Oriente. Y esa sería, en resumen, la forma del mundo posterior al conflicto mundial.

En la actualidad sabemos que esta perspectiva se mantuvo hasta el cambio de rumbo que iniciaron los rusos. En Stalingrado, entre 1942 y 1943, y en la gran batalla con carros de combate de Kursk, un poco después, quedó muy claro que Rusia iba a vencer a los nazis.

Así que se cambiaron los planes; la imagen del mundo posterior al enfrentamiento se trastocó para convertirse en lo que hemos estado viendo desde entonces, en este último período. Pero eso fue hace 80 años.

Hoy no nos enfrentamos al auge de algo como el nazismo, pero sí estamos ante la propagación de lo que alguna vez se ha llamado la Internacional Reaccionaria, de carácter ultranacionalista, que sus partidarios proclaman sin ningún pudor, incluido Steve Bannon, el promotor teatral del movimiento.

Obtuvo una nueva victoria con la elección de Netanyahu en Israel, que refuerza la alianza reaccionaria en ciernes, todo bajo los auspicios de Estados Unidos (…).

En Oriente Próximo, la alianza se compone de los Estados más reaccionarios de la región, a saber, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos; Egipto, bajo la dictadura más brutal de su historia, e Israel, que sería el epicentro, todos ellos enfrentados a Irán.

En América Latina encaramos amenazas muy graves, como la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, que ha puesto en el poder al más extremo y extravagante de los ultranacionalistas que campan en la actualidad por el continente.

Y Lenín Moreno, presidente de Ecuador, dio un paso recio para ubicarse dentro de la alianza de la extrema derecha al expulsar a Julian Assange de su embajada en Londres. La policía británica lo detuvo al instante, así que tiene por delante un futuro muy escabroso, a menos que haya una reacción popular importante.

México es una de las pocas excepciones en América Latina a esta tendencia. También en Europa Occidental los partidos de derecha, algunos de ellos de naturaleza muy alarmante, están creciendo.

Asimismo, hay un desarrollo a la contra. Yanis Varoufakis, antiguo ministro de Finanzas de Grecia, un individuo de gran relevancia, muy importante, ha hecho un llamamiento, junto con Bernie Sanders, a la formación de una Internacional Progresista que enfrente a la internacional de derechas en formación.

En la esfera estatal, parece que la balanza se decanta abrumadoramente hacia el lado equivocado. Pero los Estados no son meras entidades, y al nivel de las personas de a pie, las cosas son bastante distintas. Eso es lo que puede marcar la diferencia.

Hace falta proteger las democracias efectivas, incidir en ellas, aprovechar las oportunidades que ofrecen, para que la clase de activismo con el que hemos conseguido progresos trascendentales en el pasado nos pueda salvar también en el futuro.

A continuación quisiera poner el acento en un par de observaciones sobre la tremenda dificultad de mantener e instituir la democracia (…) y sobre la importancia que esto tendrá para el futuro.

Pero primero quiero decir unas palabras en torno a los desafíos que tenemos por delante, de los que ya hemos oído hablar bastante y todos conocemos. No hace falta entrar ahora en ellos en detalle, pero describir tales contrariedades como “graves en extremo” podría ser un error.

El término no captura la enormidad de la clase de dificultades que aún tenemos ante nosotros, y cualquier discusión sobre el futuro de la humanidad debe empezar con el reconocimiento de un hecho crítico, el de que la especie humana afronta ahora un dilema que nunca antes se había presentado en su historia, al cual hay que responder sin dilación, a saber, el de cuánto tiempo va a seguir sobreviviendo el ser humano.

En fin, como todos saben, llevamos viviendo 70 años a la sombra de la amenaza nuclear. Cualquiera que repase los archivos disponibles no podrá sino quedar admirado de que aún sigamos aquí.

Cada dos por tres nos ponemos demasiado cerca del desastre terminal, nos libramos por minutos. Parece un milagro que hayamos sobrevivido, pero los milagros no duran para siempre. Hay que poner fin a esto.

La actual revisión de la postura nuclear de la administración Trump acarrea un drástico incremento de la amenaza de conflagración, que tendría como resultado el final de la especie.

(…)

Bien, había tres grandes tratados sobre armas; el Tratado sobre Misiles Antibalísticos o ABM, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio o INF y el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o Nuevo Start.

Estados Unidos acabó con el Tratado ABM en 2002. Cualquiera que crea que los misiles antibalísticos son armas defensivas se engaña con respecto a la naturaleza de estos sistemas.

También se ha retirado del Tratado INF, firmado por Gorbachov y Reagan en 1987 y que entonces supuso una reducción abrupta de la amenaza bélica en Europa, la cual estaba destinada a extenderse rápidamente.

Unas multitudinarias manifestaciones civiles crearon la atmósfera para un tratado destinado a significar un antes y un después. (…) Pero, bueno, la administración Trump abandonó el INF, y Rusia también lo hizo poco después.

(…)

Queda el Nuevo Start, que ha sido calificado por nuestro mandamás –quien se ha descrito modestamente a sí mismo como “el mejor presidente de la historia de EE. UU.”– como el peor tratado de la historia, la designación que suele usar para referirse a cualquier cosa que hayan hecho sus predecesores.

En este caso, ha añadido que deberíamos quitárnoslo de encima. Si llega a renovarse en el cargo en las próximas elecciones, habrá mucho en juego, pues, de hecho, es mucho lo que hay en juego en la renovación de ese tratado, que ha sido todo un éxito a la hora de reducir en un grado importantísimo el número de armas nucleares (…).

Entretanto, el calentamiento global sigue su inexorable curso. A lo largo de este milenio, cada año, con una excepción, ha sido más caluroso que el anterior.

Hay artículos científicos recientes, como el firmado por James Hansen y otros, que indican que el ritmo del calentamiento global, que ha estado incrementándose desde alrededor de 1980, puede estar aumentando de manera abrupta, quizá pasando de un crecimiento lineal a uno de tipo exponencial, lo que significa que se duplicaría cada dos décadas.

Nos estamos acercando a las condiciones de hace 125.000 años, cuando el nivel del mar estaba aproximadamente a ocho metros por encima de donde está hoy. (…)

Mientras sucede todo esto, podemos leer con regularidad cómo la prensa celebra eufóricamente los progresos de Estados Unidos en la producción de combustibles fósiles. Ahora ha rebasado a Arabia Saudí, así que estamos a la cabeza de la producción de combustibles fósiles.

Los grandes bancos, como JP Morgan Chase y otros, están inyectando dinero para realizar nuevas inversiones en este tipo de combustibles, incluidos los más dañinos, como las arenas de alquitrán de Canadá.

Y el hecho se presenta con grandes entusiasmo y emoción. Estamos alcanzando el estado de “independencia energética”; podemos controlar el mundo, determinar el uso de combustibles fósiles en todo el globo. Pero apenas se puede encontrar una palabra sobre qué va a implicar todo esto, lo cual es bastante obvio.

(…)

Recientemente hemos visto, en una expresión espectacular, que se puede hacer, que puede alcanzarse una solución.

Un grupo organizado de jóvenes, el Sunrise Movement, llegó al punto de hacer una sentada en las oficinas congresuales, llamando la atención de las nuevas personalidades progresistas, dispuestas a llevar sus proclamas al Congreso.

Bajo una gran presión popular, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, secundada por el senador Ed Markey, puso el New Deal Verde en la agenda.

Desde luego que recibe ataques desde todos los flancos, pero no importa. Hace un par de años era inimaginable que tan solo se discutiera.

Como resultado del activismo de este grupo de jóvenes, ahora está en el centro del programa; va a haber que implementarlo de una manera o de otra, porque es algo esencial para la supervivencia.

Quizá no se hará exactamente del modo propuesto por ellos, pero sí en alguna variante. Se trata de un cambio tremendo logrado por el compromiso de un reducido grupo de jóvenes.

Entretanto, el Reloj del Apocalipsis del Bulletin of Atomic Scientists se ha puesto, desde el pasado mes de enero, a dos minutos de la medianoche.

Es lo más cerca que ha estado del desastre terminal desde 1947. El anuncio de este ajuste mencionaba las dos principales amenazas, ya conocidas, la de la guerra nuclear, que aumenta cada vez más, y la del calentamiento global, que va aún peor.

Y además, por primera vez, se añadía una tercera, el menoscabo de la democracia. Y resultaba muy apropiado, porque la democracia efectiva es la única esperanza para superar tales peligros.

Las grandes instituciones, públicas o privadas, no se harán cargo si no es bajo una presión ciudadana de carácter masivo, lo cual implica que el funcionamiento de las vías democráticas ha de mantenerse vivo y utilizarse del modo ilustrado por el Sunrise Movement, por las manifestaciones masivas de principios de los 80, del modo, en fin, en que continuamos haciéndolo hoy.

Fuente del artículo: https://rebelion.org/fragmentos-de-la-tercera-amenaza-existencial-de-la-humanidad/

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Estados Unidos: El caso George Floyd y el racismo en los sistemas e instituciones de educación superior

El caso George Floyd y el racismo en los sistemas e instituciones de educación superior

Por Daniel Mato |

El asesinato de George Floyd, asfixiado por un oficial de policía en Estados Unidos, ha vuelto a hacer visible el grave problema de racismo y violencia policial en ese país. Pero esta manera de verlo es demasiado simplista. Es necesario no perder de vista que ese policía es un graduado universitario, como también que su crimen, que se suma a muchos otros semejantes, es solo una de las formas en que el racismo se expresa en esa sociedad. No puede omitirse que ese racismo es históricamente constitutivo de esa sociedad, que es estructural, que impregna todas sus instituciones y se reproduce a través de ellas.

Pero, ¿acaso el racismo no es también constitutivo de todas las sociedades latinoamericanas?  ¿Acaso en las sociedades latinoamericanas no tiene también carácter estructural, impregna todas sus instituciones y se reproduce a través de ellas?  ¿Acaso en estas no se expresa también en acciones violentas, incluso homicidas, de policías y otras fuerzas de seguridad especialmente contra personas y comunidades indígenas y afrodescendientes?  ¿Acaso en muchas de estas sociedades, cuanto menos parte de los oficiales de las fuerzas de seguridad no son también egresados de universidades u otros tipos de instituciones de educación superior? ¿Acaso ellos y los componentes subalternos de esas fuerzas no han recibido cursos de derechos humanos? ¿Acaso en el dictado de los mismos no han participado graduados e instituciones de educación superior?

¿Acaso en las sociedades latinoamericanas el racismo no se expresa también en otras formas de violencia institucional, frecuentemente menos evidentes, como las que se ejercen en los sistemas e instituciones de salud, educación y justicia? ¿Acaso en estas no participan graduados de instituciones de educación superior?

¿Acaso el racismo no se expresa también, de variadas formas, en la formación que las universidades y otras instituciones de educación superior proveen, por ejemplo, a quienes se convertirán en técnicos superiores y profesionales en campos como derecho, salud, arquitectura, ingenierías, economía y en las más diversas disciplinas sociales y humanísticas? ¿No se expresa también en la que proveen a quienes se desempeñarán como docentes en todos los niveles educativos, donde continuarán contando a sus estudiantes la respectiva “historia oficial” y propugnando valores que – a juzgar por los resultados a la vista- no han conducido a construir sociedades satisfactoriamente democráticas, social y ambientalmente sostenibles?

Lamentablemente todas estas preguntas debemos responderlas afirmativamente. Sin embargo, numerosos miembros de nuestras sociedades viven sin darse cuenta de la existencia del racismo. Esto se debe a que en estas sociedades el racismo ha sido “naturalizado”. Por ejemplo, los mismos medios de comunicación masiva de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, y México, entre otros países, que dieron amplia cobertura al asesinato de George Floyd, y que lo hicieron destacando el racismo de aquella sociedad, en la mayoría de los casos, omitieron dársela a crímenes semejantes cometidos en sus respectivos países, o bien soslayaron el carácter racista de los mismos.

Los autores de muchas de esas notas de prensa, como los respectivos jefes de redacción, así como la mayoría de los columnistas de esos medios, que analizaron ese crimen como si fuera un problema exclusivamente Made in USA, también son graduados universitarios, igual que el policía que asesinó a George Floyd. Hubo otros medios que sí vincularon ese asesinato racista con otros semejantes en nuestras tierras, pero generalmente se trató de medios con menor incidencia en la opinión pública. Pese a la existencia de esas otras “miradas”,  mucha gente reprodujo las interpretaciones de los medios de mayor alcance.

¿Por qué sucedió y continúa sucediendo esto?  Porque el racismo es constitutivo de nuestras sociedades y de manera más abarcadora del mundo en que vivimos; y porque a través de diversas instituciones, prácticas y discursos continúa reproduciéndose.

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, algunas de las cuales serían superiores a otras que serían moral e intelectualmente inferiores. Esta ideología sirvió de sustento al despliegue colonial protagonizado por coaliciones compuestas por algunas monarquías europeas, sus ejércitos y funcionariados, grupos de poder económico y dirigentes de religiones institucionalizadas, que subyugaron no solo a pueblos de otros continentes, sino también europeos. En esta parte del mundo significativamente nombrada América Latina (denominación que afirma su “herencia” europea), los nuevos estados republicanos lejos de acabar con esta ideología se constituyeron a partir de ella y la reprodujeron a través de políticas y prácticas racistas. Por ejemplo, para acabar con “la barbarie” y asegurar el avance de “la civilización”, sucesivos gobiernos (administraciones de esos estados) continuaron el avance sobre los territorios de pueblos indígenas, distribuyeron sus tierras entre los grupos de poder político y económico de los que formaban parte, y encargaron a la Iglesia Católica la “salvación de las almas” de los sobrevivientes de esos pueblos despojados de territorios; a los que también se les prohibió hablar sus lenguas, practicar sus formas de espiritualidad y sostener sus sistema de alimentación y salud.

Si bien las prácticas de despojo territorial continúan, desde hace tiempo los estados emplean otros medios para continuar con su misión “civilizatoria”. Por ejemplo, emplean políticas económicas y sociales orientadas a asegurar “el progreso” y “sacar del atraso” a las aún numerosas comunidades indígenas y afrodescendientes que -pese a las pérdidas territoriales- continúan tratando de vivir en armonía con lo que los estados nombran “medio ambiente” y por cuya “preservación” apenas en la década de 1970 han comenzado a preocuparse, hasta ahora sin resultados. Adicionalmente, diversas políticas culturales han sido y continúan siendo instrumentos clave en la reproducción de esta ideología y de su “naturalización”, por ejemplo, a través de la castellanización forzada de pueblos indígenas y los gloticidios asociados. Los sistemas e instituciones educativas  (incluyendo los de educación superior) también han contribuido a la reproducción y naturalización del racismo, y continúan haciéndolo, seguramente de maneras no conscientes para la mayor parte de sus integrantes.

Las múltiples formas del racismo y su naturalización

En la actualidad el racismo está tan naturalizado en nuestras sociedades que es mayormente inconsciente, al punto que la aplicación de este concepto suele limitarse a hechos que ocurren en Estados Unidos o Europa, y en nuestro medio a acciones explícitas de “discriminación racial”, y entre estas frecuentemente solo a aquellas muy visibles, o violentas.

Por ejemplo, no suele percibirse la presencia del racismo en algunas expresiones verbales tan arraigadas en nuestra lengua que han sido registradas como formas de lenguaje figurado en el diccionario de la Real Academia Española. Tal es el caso, por ejemplo, de la expresión “merienda de negros» utilizada para hacer referencia a situaciones de “desorden y confusión”, y el de la expresión “se le subió el indio” como equivalente de “montó en cólera”. La referencia a estas dos expresiones en particular obedece a que su empleo puede observarse tanto en España como en prácticamente todos los países latinoamericanos y a que incluso aparecen en el referido diccionario, pero existen muchas otras que se utilizan en algunos países en particular.

La naturalización del racismo hace que, por lo general, este no sea asociado con hechos tales como que en nuestros países las personas y comunidades indígenas y afrodescendientes generalmente no tienen acceso equitativo a los servicios de salud, como se desprende de los datos de los censos nacionales de nuestros países, que por esto mueran niños y adultos, y que esto no sea motivo de alarma para la mayor parte de la población.

La naturalización del racismo explica que este no suela ser asociado con hechos tales como que la mayoría de la población no se indigne, sino que incluso lo encuentre “necesario” para el “bien común”, cuando comunidades de pueblos indígenas son desplazadas de sus territorios ancestrales para hacer posibles los negocios de corporaciones agrícolas y mineras, o de empresas promotoras de desarrollos turísticos y “barrios cerrados”. De manera análoga, esa naturalización explica que la mayoría de la población tampoco se indigne al ver que estas comunidades no logran que sus reclamos al respecto sean debidamente tratados por “la Justicia”, y que tampoco lo haga cuando, ante las protestas de estas comunidades en busca de justicia, los poderes públicos envíen a las “fuerzas de seguridad” a “poner orden”, lo cual frecuentemente conduce a abusos, torturas, e incluso a asesinatos.  Esta naturalización opera de modo tal que, si acaso el encadenamiento de injusticias reseñado no constituyera ya una dosis suficiente de racismo, los mismos medios dominantes que se rasgaron las vestiduras por el asesinato de George Floyd, presenten esas circunstancias de modo tal que acaban criminalizando a las mismísimas víctimas de tantos abusos racistas. Entonces, la “opinión pública” de buena parte de las clases medias educadas (incluyendo graduados de universidades y otras instituciones de educación superior) repite a coro: ¡Qué barbaridad! Esta gente no entiende. Son atrasados, son violentos.

Los graves problemas que aquí señalo, y muchos otros, están documentados en informes de relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas y en documentos de la CEPAL- Comisión Económica para América Latina- disponibles en Internet. [3]

Si bien en algunos países de la región los comportamientos abiertamente discriminatorios hacia estas personas y comunidades son cada vez menos habituales, existen desventajas históricamente acumuladas, mecanismos institucionales y algunas formas dominantes de sentido común, que continúan reproduciendo inequidades. Estas inequidades frecuentemente resultan imperceptibles para otros sectores sociales, que en algunos casos minimizan su importancia pensando que otros grupos sociales también sufren discriminación.

En América Latina, los problemas de discriminación no afectan solo a las personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes. Diversas formas de discriminación racial y xenofobia afectan también a personas y comunidades de pueblos gitanos, judíos y musulmanes, así como a inmigrantes de algunas nacionalidades en particular, con especificidades que varían entre países. La discriminación también suele dirigirse a personas y  colectivos que deben vivir en situaciones socio-económicas muy desventajosas, y que son representados como “pobres” por los medios de comunicación hegemónicos, buena parte de las llamadas “clases medias” y ciertas orientaciones de la investigación y las políticas económicas y sociales. Otras graves formas de discriminación y violencia institucional e interpersonal afectan especialmente a las mujeres, y a las personas con discapacidad, o con identidades de género u orientación sexual diversas. La discriminación suele multiplicarse cuando las personas foco de la misma reúnen más de un atributo “negativo” a juicio de quienes las discriminan, como por ejemplo mujer, lesbiana y “negra”.  Los problemas de discriminación no se limitan a actos violentos evidentes, también afectan las oportunidades de estudio, empleo y acceso a vivienda. Todos estos son problemas graves en todas nuestras sociedades. No obstante, los que perjudican a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes tienen siglos de historia y –aunque transformados- continúan vigentes. Además, y pese a ello, suelen recibir escasa atención por parte de buena parte de la población de las respectivas sociedades, las instituciones públicas, los medios de comunicación, y las universidades y otros tipos de instituciones de educación superior.

La naturalización del racismo en los sistemas e instituciones de Educación Superior

El racismo es un problema profundo y naturalizado en las sociedades latinoamericanas, y los sistemas educativos tienen buena parte de la responsabilidad en que así sea. Muy especialmente la tienen las universidades y otras instituciones de educación superior en las que se forman tanto los docentes de los otros niveles educativos, como profesionales y técnicos que consciente o inconscientemente continúan reproduciendo diversas modalidades de racismo. La responsabilidad por estos hechos no se limita a las instituciones de educación superior, sino que se abarca al conjunto de instancias y actores que de manera conjunta podemos denominar sistemas: las leyes y políticas que regulan su funcionamiento, los organismos de aplicación de las mismas y los de evaluación y acreditación de las instituciones y carreras. Pero, el problema del racismo es grave y está ampliamente extendido en nuestras sociedades, y en su reproducción y naturalización participan graduados de educación superior, como suelen ser quienes legislan y quienes formulan y aplican políticas, entre otras ocupaciones desde las cuales podrían como mínimo procurar no continuar reproduciéndolo.

Un ejemplo significativo de la naturalización del racismo en la educación superior lo constituye el hecho de que si bien un buen número de universidades latinoamericanas ha adoptado protocolos para la prevención y atención de casos de discriminación y violencia de género, así como hacia personas con discapacidad o con identidades de género u orientación sexual no ajustadas a “la moral” hegemónica, pero que sin embargo aún no tengamos noticia de la existencia de instrumentos de este tipo que se ocupen específicamente de las diversas formas en que el racismo afecta a pueblos indígenas y afrodescendientes en y desde esas instituciones. Es decir, protocolos orientados a asegurar la prevención y atención a casos de discriminación hacia personas, como también de las exclusiones y descalificaciones que en los sistemas e instituciones de educación superior se ejercen respecto de las lenguas, historias, visiones de mundo, saberes y sistemas de conocimiento, valores y formas de espiritualidad de pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos protocolos también deberían responder a los desafíos del racismo implícito en la inexistencia o insuficiencia de programas que favorezcan el ingreso de estudiantes, docentes y otros trabajadores de esos pueblos, así como de políticas que financien experiencias sostenidas de investigación y vinculación con sus comunidades, como los hay para desarrollarlos con otros actores sociales y económicos. En algunas universidades ya se ha comenzado a deliberar sobre la necesidad de contar con protocolos de este tipo, pero hasta el momento no tenemos noticia de que en alguna ya se haya adoptado uno.

Las inequidades que entraña el contraste entre la atención a esas otras formas de discriminación y la desatención de las que afectan a estos pueblos constituyen modalidades de racismo menos visibles que la discriminación personal, pero no por ello menos graves. Además, la omisión de las oportunidades de aprendizaje ético, profesional y académico asociadas al conocimiento de los aportes de estos pueblos, como la ausencia o deficiencia de oportunidades de vinculación y conocimiento mutuo con personas y comunidades de esos pueblos, afectan la calidad de la educación que estos sistemas e instituciones proveen.

Son muchos los egresados de universidades y otras instituciones de educación superior que -consciente o inconscientemente- juegan papeles protagónicos en la violación de los derechos humanos de personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo: profesionales del derecho con deficiente formación ética e histórica que se encargan de urdir artificios para vulnerar los derechos territoriales y ambientales de comunidades de estos pueblos en beneficio de terratenientes, corporaciones agrícolas, petroleras, mineras y de desarrollos turísticos. Profesionales de la salud que carecen de formación y experiencia intercultural para tratar con comunidades de estos pueblos, valorar sus conocimientos preventivos y terapéuticos. Profesionales de la economía, la sociología y otras disciplinas, con responsabilidades en el diseño y ejecución de políticas públicas que no han sido capacitados para valorar sus modalidades de organización social y productiva, y/o que deciden sobre la construcción de represas que inundan sus territorios sin prever consecuencias. Profesionales en diversos campos que han sido educados en el desprecio por la historia de estos pueblos, sus lenguas, valores y sistemas de conocimiento, y que en el ejercicio de cargos públicos menoscaban el acceso de personas de estos pueblos a servicios de salud, justicia y educación. Empresarios y autoridades corporativas que pese a en muchos casos ser graduados universitarios carecen de formación ética e información respecto de estos pueblos, tal que por mero afán de lucro violan sus derechos. Oficiales y autoridades de las fuerzas de seguridad, que en muchos países de la región son graduados universitarios o de instituciones de educación superior propias de esas fuerzas, que han recibido tan mala formación respecto de los valores y derechos de esos pueblos y de sus integrantes, que recurrentemente incurren en prácticas racistas. Titulares de los órganos públicos de los que dependen los efectivos de seguridad, quienes también suelen ser graduados universitarios, que dan órdenes racistas a esas fuerzas.

Los problemas mencionados deben llamarnos la atención acerca de la deficiente calidad de la educación que están brindando nuestros sistemas e instituciones de educación superior. Es necesario que reflexionemos sobre ellos. No es posible aceptar acríticamente que las universidades y otras instituciones de educación superior continúen reproduciendo y naturalizando el racismo. Tampoco lo es que, en pleno siglo veintiuno, no estén proactivamente trabajando para acabar con ello.

El racismo no solo crea problemas de acceso, exitosa trayectoria y graduación de personas de pueblos indígenas y afrodescendientes en instituciones de educación superior, sino que incide en la calidad de la educación que estas brindan, en su papel como formadoras de opinión pública y ciudadanía, y en la calidad de los técnicos y profesionales que forman y de la investigación que realizan.

Erradicación del racismo y educación antirracista

Pienso que los problemas expuestos ilustran por qué no es suficiente con que los sistemas e instituciones de educación superior no sean racistas. Deben ser antirracistas, deben educar contra el racismo, deben comprometerse a erradicar el racismo en su interior y en las sociedades de las que forman parte.

Afortunadamente, la necesidad de actuar al respecto ya es parte de la agenda de un número creciente de instituciones y personas, como resultó evidente en la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018).

La CRES 2018 contó con la participación de más de cinco mil representantes de los sistemas e instituciones de educación superior de toda la región, incluyendo autoridades de agencias gubernamentales con competencia en la materia, rectoras/es y otras autoridades de universidades y otras instituciones, redes de autoridades y de universidades, especialistas en el tema, estudiantes y sus federaciones, docentes y otras/os trabajadoras/es y sus sindicatos. Esta significativa reunión emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones respecto del racismo, entre otras las siguientes:

«Las políticas y las instituciones de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo, sexismo, xenofobia, y todas las formas de intolerancia y discriminación. Resulta imperativo que se garanticen los derechos de todos los grupos de población discriminados por raza, etnicidad, género, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, religión, nacionalidad y desplazamiento forzado».

«Estos cambios deben asegurar la incorporación en las instituciones de educación superior de las cosmovisiones, valores, conocimientos, saberes, sistemas lingüísticos, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento de dichos pueblos y grupos sociales».

«Es ineludible reconocer y valorar las epistemologías, modos de aprendizaje y diseños institucionales propios de pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas y otras socioculturalmente diferenciadas».

«La educación no es solo un derecho humano sino también un derecho de los pueblos. Existe una importante deuda histórica de los Estados y sociedades latinoamericanas y caribeñas con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Si bien sus derechos son reconocidos en numerosos instrumentos internacionales y en la mayoría de las constituciones nacionales, existe un alarmante déficit en el disfrute efectivo de los mismos, incluso en la educación superior Las instituciones de educación superior deben garantizar el disfrute efectivo de sus derechos y educar a la población en general, y particularmente a sus comunidades, contra el racismo y todas las formas de discriminación y formas conexas de intolerancia».[4]

Esta declaración marca un hito en la historia de la educación superior en la región en tanto expresa un avance en la desnaturalización del racismo en su ámbito e incluso traza algunos objetivos clave. El reto es hacerlos realidad.

Para alcanzar estos objetivos convendría tener cuidado con ciertos usos de la categoría “racismo estructural”. Porque si bien ella enfatiza la importancia y profundidad del problema, ciertos usos de la misma parecen visualizarlo como si fuera un fenómeno omnipresente, que está en “todos lados”, y así en ninguno en particular. Para lograr avances concretos en la erradicación del racismo en los sistemas e instituciones de educación superior es necesario desagregar la categoría “racismo estructural” y afinar el análisis respecto de las múltiples formas en que se expresa y reproduce en este campo. Con este propósito es necesario evaluar marcos institucionales, normas, procedimientos, actores, subjetividades, prácticas institucionales y personales concretas, y esto tanto en docencia, como en gestión, investigación, extensión y experiencias de vinculación con personas y comunidades de esos pueblos.

Es necesario impulsar investigaciones y actividades participativas dedicadas a promover reflexiones y debates que conduzcan a consensuar protocolos orientados a asegurar la prevención de todas las modalidades de racismo en los sistemas e instituciones de educación superior. [5]

Es necesario identificar y erradicar todas ellas, porque además de la negatividad propia de cada una, sucede que se refuerzan mutuamente. Para erradicar el racismo en este ámbito no es suficiente, ni eficaz, contar con protocolos enfocados solo en las formas de discriminación racial personal. Es necesario realizar estudios y promover debates y reflexiones que permitan erradicar otras modalidades de racismo, como por ejemplo, la ausencia o insuficiencia de programas que favorezcan el ingreso de estudiantes, docentes y otros trabajadores de pueblos indígenas y afrodescendientes; así como las exclusiones y descalificaciones de sus lenguas, historias, saberes y sistemas de conocimiento; y también la ausencia o insuficiencia de apoyo a investigación y vinculación con sus comunidades.

Todos y todas quienes formamos parte de los sistemas e instituciones de educación superior somos responsables de la persistencia de estos problemas en nuestro campo, sea por acción o por omisión. Es nuestra responsabilidad transformar estos sistemas e instituciones para -desde ellos- contribuir a construir sociedades libres de racismo, democráticas, equitativas e inclusivas, capaces de nutrirse de la diversidad cultural que las caracteriza. Solo así, podremos evitar que continúen ocurriendo asesinatos como el de George Floyd y otros análogos, que tanto en Estados Unidos como en toda América Latina continúan ocurriendo, y acabar también con otras injusticias que son consecuencia de diversas modalidades de racismo. Las preguntas clave son: ¿De qué formas podrían los sistemas e instituciones de educación superior contribuir a acabar con el racismo? ¿Cómo podemos aportar a esto cada una/o de nosotras/os?

IESALC UNESCO

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/06/el-caso-george-floyd-y-el-racismo-en-los-sistemas-e-instituciones-de-educacion-superior/

 

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