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La agonía del partido que nunca fue de los maestros

Autor: Rogelio Javier Alonso Ruiz

Se estima que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene aproximadamente 1,619,990 agremiados y está dividido en 61 secciones sindicales, con presencia en las 32 entidades federativas del país. La compleja estructura del SNTE lo posiciona como el sindicato más grande de América Latina, teniendo una influencia que se extiende por toda la geografía nacional y que sobrepasa los ámbitos meramente laborales. La participación política del sindicato ha sido constante desde su creación, pero no es sino hasta 2005, tras diferencias entre la entonces dirigente del SNTE y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual se adhería el sindicato, que surge “el partido de los maestros”: Nueva Alianza. No obstante que “el artículo 41 constitucional señala que queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa” (Hernández, 2011, p. 405), la injerencia de miembros de comités sindicales en las tareas partidistas turquesa es una realidad.

Si bien la influencia tras bambalinas de la otrora dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, para mover las aguas de la política nacional está fuera de duda, el trayecto del partido Nueva Alianza en la vida política del país no registra triunfos importantes: la mayoría de sus “victorias” se han dado al aliarse con fuerzas políticas mayores.   No obstante lo anterior, nunca el partido había tenido unos resultados tan catastróficos como los obtenidos en las elecciones federales de 2018. Con 92% de casillas electorales capturadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al momento de escribir este texto, el partido presenta resultados que lo tienen al borde de perder el registro nacional: 1.11% en la elección presidencial, 2.45% en senadurías y 2.63% en diputaciones. Las cifras anteriores, calculadas quitando los votos nulos, como determina la Ley, son insuficientes para alcanzar el 3% mínimo que requiere en alguna de esas tres votaciones para conservar su registro.

Ante estos resultados tan pobres surgen varias interrogantes: ¿cómo un partido como Nueva Alianza, que está vinculado a una de las organizaciones más importantes del país, como el SNTE, pudo obtener resultados tan devastadores? ¿no es la base de agremiados lo suficientemente robusta para cosechar mejores cuentas? Aunque es cierto que los afiliados al SNTE no necesariamente son simpatizantes a Nueva Alianza, ¿por qué no pudo, en ninguna de las elecciones federales que participó, asegurar al menos un número de votantes más o menos similar al número de agremiados de su organización madre? ¿Es de tal magnitud el rompimiento entre los comités sindicales (principales promotores del partido político) y la base magisterial? Si bien la mayoría de los partidos excusará su fracaso en las elecciones de este año en el surgimiento de la arrasadora ola electoral del partido de oposición principal, lo anterior no debe alejarnos la vista de un hecho innegable: el hartazgo del magisterio y su falta de identificación con las acciones políticas de su sindicato y con el partido supuestamente más afín a sus intereses.

El caso de la elección presidencial fue emblemático en cuanto a la lejanía de los intereses de Nueva Alianza con respecto a los de la base magisterial. No obstante que el proyecto educativo de la administración federal saliente se basó en el desprestigio del docente y la consecuente afectación de sus derechos laborales, los dirigentes del partido turquesa decidieron aliarse precisamente con quien ofrecía dar continuidad a las políticas derivadas a partir de la aprobación de la Reforma Educativa. Nueva Alianza decidió ponerse a las órdenes de una campaña electoral coordinada  por el exsecretario de educación que gastó millones de pesos en publicidad oficial y gozaba de un amplio descrédito entre los docentes del país. Incluso, Juan Díaz de la Torre, dirigente en el sindicato y también en el partido político, no dudó en ofrecerle a José Antonio Meade un ejército de maestros para apoyarlo en su campaña electoral. Todo lo anterior, ignorando el profundo resentimiento de gran parte del magisterio en relación a los gobernantes del partido al que se decidió apoyar en los comicios.

Al momento de escribir estas líneas, en el que se ha computado el 92% de las casillas electorales, parece ser cuestión de tiempo para que se consume la desaparición del partido político que nunca fue de los maestros, sino de las cúpulas sindicales y cuyos principales operadores son los miembros de los comités ejecutivos seccionales. De salvar milagrosamente el registro, el partido político deberá renacer prácticamente de entre sus cenizas  y dar un viraje radical a sus rumbos, si es que no quiere repetir una tragedia como la vivida en estos comicios. Deberá lavar con acciones futuras los errores cometidos en el pasado y recobrar, a muy largo plazo, la credibilidad dentro de los trabajadores de la educación, si es que esto aún es posible.

Nueva Alianza deberá recordar que su principal sustento debe ser el magisterio y, en la medida que ella misma y su organización madre, el SNTE, sigan consintiendo tantos golpes por parte de las autoridades al docente y a la educación pública en general,  los resultados no tendrán mejoras significativas. Mientras se siga permitiendo que impunemente las autoridades afecten el poder adquisitivo de los profesores, apliquen evaluaciones injustas y defectuosas, demeriten el peso de la formación normalista, construyan escuelas sin siquiera servicios básicos y otra larga lista de atrocidades, Nueva Alianza seguirá sumida como una fuerza política prácticamente insignificante en la vida del país, destinada a “ganar” únicamente cuando se adhiere a otras fuerzas políticas. Sólo cuando los docentes observen en el SNTE a una organización auténticamente democráctica y transparente, ferozmente combativa ante los agravios de las autoridades hacia el magisterio, el número de votos recibidos por Nueva Alianza se acercará, probablemente, al número de agremiados al SNTE.

REFERENCIAS

HERNÁNDEZ, Luis. Cero en conducta. Crónica de la resistencia magisterial. México: Brigada para leer en libertad, 2011. Disponible en: http://brigadaparaleerenlibertad.com/programas/cero-en-conducta/

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México: Las 43 sillas vacías de la graduación de Ayotzinapa

Redacción: M.D.Pérez/El País

Los supervivientes de la escuela rural de Guerrero homenajean a sus compañeros desaparecidos hace cuatro años en el caso que convulsionó a México

Antes de entrar a la iglesia, pasaron lista en el patio. Uno a uno, los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos volvieron a sonar por los megáfonos de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Este viernes, familiares, amigos, profesores y el resto de alumnos de su promoción homenajearon a unos muchachos encarnados ya en símbolo de los peores fantasmas de México durante la graduación que debería haberles convertido en profesores en Guerrero, una de las zonas más pobres, olvidadas y violentas del país.

El caso, plagado de puntos ciegos, dobleces e incertidumbres, creció como una bola de fuego convulsionando política y socialmente a México hasta convertirse en el hito más oscuro de la legislatura de Enrique Peña Nieto. Expertos internacionales han impugnado la versión oficial, criticada también por Naciones Unidas. Las familias siguen clamando justicia y en los tribunales el caso sigue dando coletazos en las cuatro causas que aún siguen abiertas.

Un crespón blanco cubría el viernes la ya icónica composición de retratos de los 43 muchachos colocada en el arco de entrada a la escuela. Por debajo pasaron vestidos de pantalón, saco, chaleco y corbata azul los 74 compañeros supervivientes. Hace cuatro años, al comienzo de sus estudios, eran 140. Además los 43 desaparecidos, cuyas sillas marcadas con sus números de promoción permanecieron vacías durante la ceremonia, otros 23 estudiantes fueron abandonando por el camino. Un reciente informe de un grupo de psicólogos que trabajaron sobre el terreno constata las secuelas del trauma. Las familias, volcadas en una incansable búsqueda infructuosa, son ahora más pobres, están más enfermas y más solas.

Tras centenares de detenciones, resoluciones judiciales, declaraciones, actuaciones periciales y un expediente babilónico de casi un cuarto de millón de folios, las autoridades dieron carpetazo a la pieza central del caso. Las inculpaciones de los detenidos y restos óseos encontrados en un río, impugnados por expertos internacionales, fueron los mimbres que sostenían la ya famosa “verdad histórica”. La gestión del suceso erosionó gravemente las instituciones mexicanas, dejando un reguero de renuncias de los máximos mandatarios de seguridad. En menos de cuatro años van tres fiscales generales –procuradores general de Justicia–, un cargo hoy desierto y en disputa pendiente de la formación del nuevo Gobierno de López Obrador.

El caso sigue dando requiebros. Uno de los tribunales donde sigue abierta una de las cuatro causas, desestimó el mes pasado los cargos contra dos detenidos, que habrían tenido un papel importante en los hechos, concretamente, en la persecución y desaparición de los muchachos, de acuerdo a la investigación oficial. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU publicó en marzo un demoledor informe constatando las sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas durante las pesquisas del caso: hasta 34 casos de tortura. En junio, otro tribunal mexicano ordenó la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia al concluir que la investigación de la fiscalía no fue suficiente para conocer lo que realmente pasó aquella noche de septiembre.

Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/07/13/actualidad/1531507001_062718.html

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Elitismo educativo: ¿Escuela pública o privada?

Autor: José Serur

En una ecléctica y, de principio, medio sospechosa cena, a la que fui amablemente invitado en un excéntrico piso de la calle de Ámsterdam en la colonia Condesa, conocí a un grupo de educadores de México y de otras partes del mundo que en realidad no tenía ni la menor idea que encontraría. Mis anfitriones, viejos colegas universitarios, habían dispuesto con absoluto detalle una mesa redonda de tal forma que todos pudiéramos interactuar magistralmente. La suntuosa mesa estaba pletórica de deliciosos y delicados platillos mexicanos que, a la vista de los comensales, sin duda aseguraba una espléndida cena de gran deleite gastronómico.

En cuanto a los invitados (20 personas), puedo decirles que eran una mezcla casi surrealista entre intelectuales mexicanos, algunos empresarios, un distinguido funcionario de la Secretaría de Educación Pública, y un exótico grupo de extranjeros de muy diversos orígenes, en su mayoría académicos de bachillerato y universitarios, procedentes de Hamburgo (Alemania), París (Francia), Hertzelia (Israel), y una inimaginable pareja de Denver, Colorado, que recién había llegado a México para asistir en los próximos días a un congreso sobre “Desarrollo de Tecnologías y su impacto en la Educación” y que, de primera impresión, he de confesar que me pareció un tema insufriblemente aburrido. Sin embargo, ante mi incredulidad al momento de presentarse cada asistente, la velada prometía una plática interesante y mucha diversión. Como es de imaginarse, en un encuentro como estos, la conversación siempre comienza haciendo alusión a trivialidades climáticas, seguido del automático tema referente al “problema de la inseguridad” en México ‒aseverando uno de los presentes que “¡nuestro país estaba al nivel de Irak y Siria!”‒, la victoria del “TRI” ante Alemania, el “mentado muro fronterizo” del repudiado Trump y su nuevo amiguito Kim Jong-Un.

Así, ya roto el protocolo, entre chalupas poblanas, yendo y viniendo de un tema a otro, se destacó la participación de uno de los honorables invitados y que refería a las sistemáticas transformaciones en la educación pública que se han obligado a implementar muchos países desarrollados, en virtud de los tiempos modernos, considerando que la educación más que enfocarse en las ocupaciones prácticas y tecnocráticas, debe poner atención en el desarrollo de las potencialidades psíquicas y cognitivas de cada joven, y la felicidad como único objetivo importante, aunque en México nos parezca sorprendente. Asimismo, comentaban que en sus países ser maestro es la profesión más valorada, respetada y casi venerada por la sociedad. Los académicos universitarios se encuentran en el pico de la pirámide del reconocimiento social; el aprendizaje y el conocimiento son de las políticas de Estado más esenciales; y qué decir de las prestaciones económicas que les permiten vidas muy dignas a los ciudadanos. Como padres de familia de cualquier sector socioeconómico, sin duda prefieren la educación pública por su calidad y alto nivel competitivo, razón por la cual se pugnan por asegurar un lugar. Como dijo uno de los invitados, “es más, en Israel ni siquiera existen escuelas y bachilleres privados, todos los jóvenes son educados por el sistema público sin excepciones”.

De pronto, el académico alemán que estaba sentado a unos lugares continuos del mío, preguntó en voz alta y en tono de inocente duda si “alguno de nosotros teníamos a nuestros hijos estudiando en una escuela pública del sistema mexicano”. Los rostros de los presentes se transformaron cual exorcismo y se hizo un silencio sepulcral. Bajé la cuchara con sopa de hongos que empezaban a convertirse en alucinógenos por lo que vi venir, de modo que para no regarla, instintivamente giré mi vista al alto funcionario de la SEP, quien sólo desvió la mirada como harían la mayoría de los políticos mexicanos de elevado rango y que, desde luego, me atrevería asegurar que ninguno inscribirá a sus hijos en escuelas públicas, porque en México estamos lejos de poner el ejemplo.

Nuestro incrédulo amigo alemán sorprendido ante la falta de alguna respuesta positiva, reaccionó con extrañeza al no comprender cuál era la razón de que nadie de los ahí presentes, mexicanos, teníamos a nuestros hijos en las escuelas públicas, a lo que contestamos con la frase típica de que “su nivel académico es muy bajo”, “la mala calidad de los maestros”, y frases necias como esas. El académico con cierta incomodidad en su rostro interrumpió y comentó lo siguiente: ”Ahora entiendo. En México hay educación de primera clase y otra de segunda clase, la de primera es para quienes pueden pagarla y la segunda para aquellos que no pueden. Vaya, en conclusión, la educación es un tema de estatus y clases sociales” (…). He de confesar que me quedé helado, y luego añadió que en la mayoría de los países europeos resultaría inimaginable una situación de esas dimensiones, algo que ni siquiera la misma sociedad permitiría. ”Si le dieran la mejor educación a los que menos tienen quizás México tendría otro destino”, concluyó al final. Mi amigo alemán no volvió a abrir la boca en toda la cena. En la incomodidad del momento de pronto recordé una conferencia sobre “la adolescencia”, organizada por una ONG para padres de familia y a la que había ido unos meses antes en un centro educativo privado, donde los asistentes al presentarse con el público debíamos mencionar en cuál colegio estaban inscritos nuestros hijos, a lo que todos, sin excepción, mencionaron diversos nombres de escuelas particulares, y ante tanta pedantería (incluyéndome por supuesto) por un instante pensé en tono irónico hacer la broma intencionada de que mis hijas estudiaban en la Escuela Benito Juárez en el horario nocturno, y me imaginé claramente cómo las miradas de vergüenza social se clavaban en mí, condenado a la exclusión. Luego, reconocí que ¡jamás hubiera sido una opción para ellas!, por lo que asumo que yo también participo de esa complicidad arrogante al formar parte de una clase privilegiada.

Pero analicemos el problema, ¿por qué en México una selecta minoría tiene la oportunidad de recibir una formación de alta calidad académica, mientras que gran parte de la población es víctima de una educación masiva mediocre? ¿Por qué rechazamos de manera automática la educación pública y damos tanta importancia al estatus? En México la calidad de la educación siempre ha sido desigual y fragmentada, de manera que elegir una escuela para nuestros hijos se orienta a lo que económicamente la familia es capaz de pagar. Pareciera, absurdamente, que entre mayor prestigio o cara sea una institución, mayor nivel educativo nos ofrecerá.

Quizás, querido lector, opinar sobre el tema educativo resulta algo trillado, pero necesitamos comprender bien la importancia de la calidad de la educación, y cuáles son los patrones de socialización que nos han impuesto, cuáles los diversos contextos de relación entre dominados y dominantes, que sólo acentúan la desintegración social.

Hemos escuchado como cliché que la educación es base fundamental del progreso, la igualdad, el bienestar, la libertad, la identidad e integridad del ser humano, para la convivencia en sociedad. La mayoría de los pensadores y los filósofos a través de los siglos han abarcado ampliamente la problemática de la educación de las masas, y los sociólogos más reconocidos en la actualidad reconocen que la escuela es el espacio clave y absoluto de la integración social y la amalgama de las clases sociales, así como de los valores de ética y moralidad cívica de una sociedad preocupada por la cooperación y el concepto del bien común. Aquí quizás se encuentra el principio del quiebre social de nuestro país, pues por más que usemos la misma camiseta verde en el Ángel de la Independencia cuando gana “nuestra” Selección, somos una sociedad elitista llena de racismo y resentimiento. Produce un escalofrío inquietante pensar que exista una absoluta desintegración social sólo por el hecho de ser pobre, sólo por haber nacido “morenito”. Aun cuando vivamos en una sociedad con diversos matices y diferencias culturales que, precisamente son las que enriquecen una sociedad, es intolerable una condena social automática por parte de la gente y el mismo gobierno, el cual divide y segrega dejando a la deriva, desprotegido y vulnerable, a quien menos tiene.

Por las razones que sean, muchos de nosotros tenemos un estatus al que no estamos dispuestos a renunciar. Y aquí no juzgo a nadie. Todos queremos darle lo mejor a nuestros hijos. En México, quizás, lo grave no son las diferencias, porque eso es parte fundamental de los grupos sociales y los seres humanos; ése no es el verdadero motivo de desigualdad, opresión, ni la falta de libertades y oportunidades, sino que el gobierno sea incapaz de dar una educación “de calidad”. En nuestra sociedad encontramos muchos méxicos, muchas realidades heterogéneas, muchos estilos de vida, y así con esas características, tenemos un gobierno que sólo gobierna para unos cuantos.

Con todo lo expuesto hasta ahora, pareciera que nacer siendo mexicano y pobre, estás condenado a la tragedia. ¿Por qué México si es de las primeras economías del mundo, junto con Francia, Alemania, Japón, y generamos una cantidad brutal de dinero, no puede garantizarle a nuestros hijos (por el simple hecho de nacer mexicanos) una educación y salud gratuita y de calidad? La educación de calidad no debe estar en manos de quienes sólo tienden a ocupar posiciones privilegiadas ni mucho menos en las lógicas del mercado. De ahí que el futuro de la educación en México dependa en que ésta sea incluyente; es una realidad que las brechas sociales no van a desaparecer, pero la educación pública debería ser un contrapeso para aminorar el elitismo, la exclusividad, y la desigualdad, imperantes en nuestro país. ¿Queremos cambiar la perspectiva? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a involucrarnos en este gran desafío social?

Fuente: https://www.enlacejudio.com/2018/07/11/elitismo-educativo-escuela-publica-o-privada/

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México: Impacto positivo del video en la educación

Redacción: Christian Guijosa/Observatorio de Innovación Educativa

Un sondeo realizado por Kaltura, plataforma de contenidos audiovisuales educativos, exalta la importancia de generar y utilizar una mayor cantidad contenido formativo en video. A pesar de que todavía es poco el material audiovisual que crean los profesores y alumnos para enriquecer la experiencia educativa, la adopción de esta tecnología va en aumento.

Uso de video para mejorar la experiencia educativa

  • El 92% de estudiantes afirma que el contenido en video eleva el sentimiento de satisfacción en la experiencia de aprendizaje. A su vez, el 83% de docentes considera que esta herramienta impulsa la colaboración, mientras que el 84% piensa que aumenta la obtención de logros educativos por parte de sus estudiantes.
  • De los 1500 docentes y alumnos encuestados, el 95% considera que el video es de suma importancia para erradicar la dispersión de noticias falsas.
  • Según la comparación histórica de resultados de este estudio, la captura en video de ponencias, conferencias o clases ha crecido 21% en el 2018. La tendencia indica que crecerá esta práctica en los siguientes años.
  • El estudio develó que el 80% de los estudiantes piensa que los videos ayudan a mejorar el proceso de integración de alumnos de nuevo ingreso.
  • A pesar de la buena aceptación de esta tecnología, solo el 26% de los estudiantes contestó que sus profesores utilizan video regularmente.

Contenido audiovisual en el futuro

  • El 97 % piensa que los videos interactivos, que ajusten su contenido de acuerdo al nivel de aprendizaje de los alumnos, serán muy relevantes en el futuro de la educación. Esto acentúa la noción de que la educación debe ser más adaptativa y responder a las necesidades de cada alumno.
  • El 89% señaló estar interesado en el consumo y desarrollo de contenido instructivo en realidad virtual, realidad aumentada y en videos de 360 grados.

El futuro del video como herramienta educativa es promisorio. Las instituciones educativas tienen el reto de apoyar y promover la capacitación docente continua en este aspecto, para así generar contenido educativo atractivo y efectivo acorde a los avances tecnológicos.

Fuente: https://observatorio.itesm.mx/edu-news/el-impacto-del-video-en-la-educacion

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México: López Obrador lanza propuesta de educación superior gratuita

El Presidente electo presentó una serie de “reformas prioritarias” para el Congreso, en el cual tendrá mayoría

América del Norte/México/ El Informador

El virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció las principales reformas legislativas que planteará al nuevo Congreso –contará con mayoría en ambas cámaras– y que incluyen medidas como una consulta popular vinculante para revocar el mandato presidencial y la incorporación al Artículo 3 constitucional del derecho a la educación superior gratuita.

El proyecto de educación sin costo en todos los niveles escolares fue una de las promesas de campaña de López Obrador, bajo la premisa de que “no es un privilegio sino un derecho”..

En esa materia, e incluida en la serie de propuestas prioritarias,también se enumeró revertir o modificar leyes de la Reforma Educativa, una de las promesas más polémicas durante su campaña.

“La gente votó para que haya un cambio verdadero, el Gobierno no puede estar ensimismado”, dijo López Obrador al presentar las iniciativas que comprenden también modificar el Artículo 108 constitucional para permitir que se juzgue al Presidente de la República en funciones por delitos de corrupción y contra las libertades electorales.

Actualmente la ley sólo permite procesar al Presidente al dejar el cargo. “Ese fue el mandato de los mexicanos en las elecciones. Nos apoyaron, votaron por nosotros, porque quieren que se acabe con la corrupción, y vamos a cumplir con ese mandato”, agregó el virtual Presidente electo.

López Obrador tendrá 307 de los 500 diputados en el Palacio de San Lázaro y 69 de los 128 senadores. El nuevo Congreso entrará en funciones el 1 de septiembre.

La propuesta de un mecanismo de encuesta para la revocación de mandato contempla quitar trabas para realizar procesos de consulta ciudadana, los cuales deberán tener carácter vinculante, precisó en conferencia de prensa.

Otra de las propuestas se basa en cambios legales para reducir la alta burocracia como parte de un llamado “plan de austeridad republicano”.

Iniciativas para los legisladores

• Ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes el Artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario ganará más que el Presidente de la República.

• Preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

• Terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el 108 de la Constitución, para que pueda ser juzgado el Presidente en funciones por delitos de corrupción. Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.

• Reformar la ley para considerar delitos graves sin derecho a fianza: la corrupción en todas sus modalidades, el robo de combustibles y fraude electoral en cualquiera de sus modalidades.

• Elaborar la Ley de Ingresos y Presupuesto de 2019 bajo la coordinación del secretario de Hacienda del próximo Gobierno.

• Reformar la Ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Sedena.

• Revertir el decreto de privatización del agua y solicitar la participación de la próxima secretaria de Medio Ambiente.

• Revertir o modificar leyes de la Reforma Educativa en coordinación con el titular de la dependencia. Cumplir con el compromiso de cancelar la Reforma Educativa.

• Cumplir con el Artículo 3 constitucional para que la educación sea pública y gratuita en todos los niveles.

• Consulta para la revocación de mandato y quitar trabas y candados a todos los procedimientos que tengan carácter vinculatorio.

• Aumentar el salario mínimo al doble para la zona fronteriza en el país.

Fuente:

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Transformación educativa: El reto de conciliar voluntades

Por: Roberto Rodríguez

En política uno de los mayores desafíos, si no es que el principal, consiste en la posibilidad de conciliar voluntades e intereses en torno a un determinado conjunto de propuestas, programas o proyectos de acción gubernamental. Que una política pública consiga ser calificada como legítima depende de la solución que se alcance para tal desafío. No es sencillo, por supuesto, porque con frecuencia los intereses en juego se oponen entre sí, como al parecer es el caso del futuro de la reforma educativa y de su eventual reemplazo por otra fórmula de transformación, aún por dilucidar.

La solución de imponer un proyecto de cambio por vía del acuerdo interpartidario, como fue el caso de la reforma normativa de 2012-2013 tuvo una efectividad limitada si se mide en términos de su aceptación por lo protagonistas centrales, los maestros. La imposición de la reforma, además de haber abiertos espacios de confrontación y posturas encontradas, desgastó la autoridad gubernamental para avanzar con fluidez sobre otros aspectos de la problemática educativa nacional.

La opción de sujetar a procesos de negociación simple las nuevas propuestas del programa educativo, incluida la cancelación o modificación de la reforma, corre riesgos de suma cero: lo que unos ganan otros lo pierden. Como se identificó en algunas encuestas, la reforma implantada en el sexenio contó, en población abierta, con el mayor nivel de aprobación de las reformas estructurales propuestas. Es probable, en consecuencia, que la sola abrogación de la normativa básica de la reforma educativa produjera aceptación entre los críticos más radicales pero también rechazo en un sector amplio de la población interesada. Peor aún, que fuera esta medida calificada como un retroceso.

Si el gobierno entrante consigue asegurar políticamente el planteamiento, que ya circula en el equipo de transición, de que la mejor opción es revisar y en su caso replantear, corregir y mejorar el enfoque de la reforma, en especial la evaluación de docentes y estudiantes en los niveles obligatorios del sistema educativo, las posibilidades de conseguir legitimidad, que no consenso, mejoran considerablemente.

Sin embargo, hasta ahora se han mantenido en el escenario las dos posibilidades: cancelar o reformar la reforma. Este dilema debe ser resuelto con prontitud para procesar las fórmulas de convocatoria, interacción y anticipación de resultados de la consulta que, todo parece indicar, se organizará para definir la ruta de acción gubernamental por venir.

Ya anunció Esteban Moctezuma, nominado por Andrés López Obrador como posible titular de la SEP en el próximo gabinete, que una nueva ley o un nuevo paquete normativo para gobernar el sistema de educación serán elaborados a través de una consulta social amplia. Lo que quiere decir, según sus palabras, “que van a participar los maestros, los padres de familia, las autoridades educativas, estatales y federales, los integrantes de los consejos de participación ciudadana en las escuelas, entre otros” (El Universal, 7 de julio 2018).

La idea es buena, pero tiene sus riesgos. Comenzando por los maestros, pues resulta que hay posiciones encontradas entre las organizaciones que los agremian. La CNTE ha dicho que la intención de “despenalizar” la reforma, o evitar los efectos punitivos de la evaluación docente, no responde a su demanda de cancelación. Ha señalado también que, a menos que proceda la abrogación, y la aprobación de su Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, así como el  Proyecto de Educación Alternativa en Chiapas, mantendrán y acrecentarán sus acciones de resistencia (Milenio, 9 de julio 2018).

La postura del SNTE al respecto es, por ahora, poco clara. Aunque el sindicato ha manifestado su intención de colaborar con el gobierno en su plan educativo, así como de interactuar con la autoridad educativa para identificar aquello que debe de modificarse en las normas, hasta ahora no se han manifestado sobre lo que debe permanecer y lo que tendría que modificarse. Los grupos afines a la anterior dirigencia sindical, la encabezada por Elba Esther Gordillo, hicieron pública su intención de generar una propuesta legislativa en que se eliminen los riesgos laborales de la evaluación docente.
Aparte, todo parece indicar que la diputación federal plurinominal a la que aspiraba el líder Juan Díaz de la Torre no se concretará en virtud de la votación obtenida por el PRI. Por ese factor, y por la aproximación del antiguo SNTE a la candidatura de López Obrador, es de anticiparse algún reacomodo en las filas sindicales, y en consecuencia posibles cambios en su posicionamiento ante la reforma del régimen por concluir. Habrá que ver.

Tampoco son un bloque uniforme las posturas de los especialistas e investigadores educativos sobre la reforma. Desde luego la apertura de un proceso ordenado de consulta puede abrir horizontes para un debate razonado, lo que también debiera ocurrir con respecto a las organizaciones sociales competentes. Pero no será tan sencillo en el espacio de las autoridades educativas estatales, en que ya están a la vista posiciones diferentes y en algunos aspectos contrarias. El que Morena haya conseguido gubernaturas en la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Morelos, puede facilitar las cosas en estos estados, como también sus triunfos en la gran mayoría de las elecciones legislativas. Pero eso no puede evitar la tarea política de articular consensos.
No menos importante, la diversidad de opiniones al seno de Morena, algunas favorables a la alternativa radical y otras a la moderada. Pacificar el espacio educativo sin renunciar a su transformación tendría que ser el camino.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/transformacion-educativa-el-reto-de-conciliar-voluntades/

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Voces de la ciudadanía / El proyecto educativo en la era de Andrés Manuel López Obrador

Por: ODEJ

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Carolina Bodewig

Maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Ibero, Ciudad de México

SIMO Consulting[1]

A inicios de 2013, a través de un decreto presidencial, se realizó una reforma al artículo tercero constitucional, lo que devendría en el punto de partida y sustento jurídico de la Reforma Educativa que desde entonces ha generado tantos desacuerdos, tensiones y encontronazos en el sistema educativo, sobre todo, entre las y los docentes y las autoridades educativas.

Esta reforma al artículo tercero implicó la creación del Servicio Profesional Docente – la cual regula el ingreso, la promoción y la permanencia de las y los docentes en el sistema a partir de una evaluación obligatoria – y, por lo tanto, la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya máxima autoridad es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), constituido en este contexto como una entidad autónoma.

La reforma educativa también se constituye a partir de otros ejes como la mejora de la infraestructura escolar, el impulso de la política de la Escuela al Centro, la formación continua de docentes, una estrategia de equidad e inclusión, el diseño del Nuevo Modelo Educativo, reforma de escuelas normales, entre otras acciones relevantes.

Mucho se ha dicho sobre esta reforma educativa, sin embargo, la razón por la que más se ha hablado y discutido sobre ella es por la evaluación docente. La evaluación vista como una forma de controlar, castigar y perseguir a las y los docentes es uno de los principales argumentos en contra de este proceso, además de concebirla como una evaluación de carácter punitivo y con consecuencias laborales sobre la planta docente. Es esto lo que hace que muchos críticos a la reforma – entre ellos investigadores y organizaciones de la sociedad civil- concluyan que más que una reforma impulsada con un objetivo pedagógico, esta reforma es de carácter laboral y punitivo contra las y los docentes.

Durante la pasada jornada electoral SIMO Consulting levantó una encuesta de salida. Ésta reveló que, en términos generales, hay una gran cantidad de votantes que no están de acuerdo con la cancelación de la reforma educativa. Sin embargo, cuando esta opinión se separa según los candidatos, se encuentran diferencias llamativas.

De los que votaron por Anaya, 34% está de acuerdo con la cancelación de la reforma educativa, mientras que el 59% no lo está. En 2013, el candidato había votado a favor de la ley promulgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y, luego, al inicio de su campaña presidencial, sostuvo una postura en la que manifestaba que la Reforma Educativa era un buen proyecto, pero que “lamentablemente fue mal implementado”. Además, su postura sobre la evaluación docente –el tema que ocupa el centro de la discusión – se observó un poco floja o quiso mantenerse en la “zona segura”. Es decir, resonó el discurso “oficial” de la evaluación que trajo la reforma como un proceso formativo y de mejora continua, sin que retomara, por ejemplo, la discusión de cómo la evaluación podría ser más equitativa y la consideración de los contextos en los que trabajan las y los docentes.

De los que votaron por José Antonio Meade, el 23% manifestó estar de acuerdo con la cancelación de la reforma educativa y un 64% no estuvo de acuerdo. Durante su campaña, la postura del candidato consistió en mantener la reforma educativa tal como está: “La reforma educativa va, porque le vamos a apostar a los niños, le vamos apostar a los maestros, porque estamos comprometidos con los padres de familia y en el futuro de nuestros hijos. No nos vamos a echar para atrás.”[2]

De los que votaron por Jaime Heliodoro Rodríguez (El Bronco), el 29% estaba de acuerdo con cancelar la reforma y el otro 57% se mostró en contra. Por su parte, el candidato expresó que no cancelaría la evaluación docente, sin embargo, no profundizó mucho en su postura.

Finalmente, con respecto a los que votaron por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ve algo diferente, es un porcentaje mayor de votantes quienes están de acuerdo con la cancelación (49%) que con su continuidad (39%). Esto tiene bastante lógica porque él sí sostuvo, durante la mayor parte de su campaña, que cancelaría la reforma educativa.

Y sí, lo cierto es que el candidato, ahora electo presidente, expresó que una de sus acciones en materia educativa sería cancelar la reforma educativa, asegurando que ésta atentaba contra la estabilidad laboral y contra los derechos de las y los docentes. De hecho, quien sería el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que la reforma será derogada, que conservarán lo que sea útil para el aprendizaje y trabajarán en un nuevo marco jurídico que sustente estos cambios. En cuanto a la evaluación docente, el próximo titular de educación aseguró que se mantendría, pero prescindiendo de su carácter punitivo; es decir, sin estar ligada a consecuencias laborales.

También manifestaron que parte de su plan es impulsar un nuevo plan educativo nacional a partir de una gran consulta nacional con docentes, padres y madres de familia, directivos y especialistas en educación. Lo cual, en palabras del equipo de AMLO, garantizaría la viabilidad de la reforma educativa.

Ahora bien, en este contexto en el que el equipo recientemente electo comenzará a prepararse para tomar posesión y seguramente a tomar acciones sobre la reforma educativa que está en vigencia, considero necesario pensar más allá de las dos posturas antagónicas existentes: estar de acuerdo o no con la cancelación de dicha reforma. Antes que nada, se debe tener en cuenta que la reforma educativa abarca diferentes procesos y componentes como el nuevo modelo educativo o el tema de la infraestructura escolar. Al tener presente esta acotación, se comprendería mejor a cuáles aspectos se hace referencia al hablar de “derogar” la reforma: aquellos que están relacionados estrictamente con el enfoque de la evaluación docente como una herramienta con consecuencias laborales sobre las y los docentes.

En este tenor, también es muy importante no perder de vista que la derogación de la reforma tiene implicaciones jurídicas, políticas y administrativas. Por ejemplo, para lograr cancelar – como es su intención- o modificar algunas partes de esta reforma, se debe remitir a la ley que dio origen a la misma, por ejemplo, se modificaría o cancelaría la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) que finalmente da lugar a la evaluación vinculada al tema laboral de las y los docentes. Pero esta modificación o cancelación de la ley solo sería posible hacerla a través del Congreso de la Unión. Es decir, finalmente, derogar la reforma educativa tal como se conoce hoy, no es tarea fácil, es necesario también pasar por un proceso jurídico y político; más aun, contar con una plataforma jurídica como contrapropuesta.

En lo que sí han dado un poco más de detalle es en una propuesta alterna respecto al nuevo modelo educativo que la reforma educativa en cuestión planteó. Su propuesta toma como punto de partida el argumento de que dicho modelo llegó casi al final del sexenio de EPN de forma apresurada, inconclusa y con baja participación de agentes ajenos a las autoridades educativas. En este sentido, con la nueva propuesta, se busca valorar y garantizar la implementación de dicho modelo a través una gran consulta con docentes, pares y madres de familia, expertos y sociedad en general. Su idea es que este modelo “mejore, de verdad, la calidad, de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio” (Documento de respuesta a la iniciativa “10 por la educación”, p. 2).

A partir de estos dos grandes temas que forman parte de la postura y propuesta de AMLO ante la reforma educativa tal como está, es necesario asumir un rol que acompañe este proceso que iniciará el 1 de diciembre y en adelante. Es decir, acompañar en la construcción de este proyecto: desde el seguimiento, el cuestionamiento, la participación en el diálogo, el intercambio. Debe existir una postura de exigibilidad por parte de las y los ciudadanos, pero también de toma de responsabilidad de construir y transformar los procesos educativos actuales.

En este sentido, el primer paso es obtener claridad sobre su postura; en algunos discursos sostuvo que cancelará la reforma educativa completamente, pero en otros momentos ha asegurado que no la derogará en su totalidad, que lo que busca es un reajuste de la misma. Aún no queda claro cuál es el destino de la reforma educativa en términos jurídicos y administrativos. Por ejemplo, no queda claro todavía qué partes de la ley cambiarían, cuál sería una contrapropuesta a lo que ya existe y cuál sería el mecanismo para lograrlo.

Segundo –y, por supuesto, tomando en cuenta que no ha iniciado la gestión de su sexenio-  hay que requerirle a su equipo los “cómos” de sus planteamientos sobre el proceso de “reajuste” de la reforma, sea cual sea el caso, y acompañar en este proceso de construcción. Finalmente, construir ciudadanía desde el acompañamiento y seguimiento al proceso de cambio educativo que se está vislumbrando en la propuesta de AMLO y su equipo.

También habrá que requerir los “cómos” de la consulta que planea hacer con padres, madres, académicos y docentes: cómo se organizará, cómo se convocará, cómo se sistematizará e integrará en un modelo educativo y en una nueva propuesta de reforma a partir de toda la información y la reflexión que resulte de ese proceso.

El reto de este nuevo gobierno en cuanto a la reforma educativa está en dejar de repetir lo que le faltó o falló a la reforma educativa actual, porque eso se ha escuchado ya en incontables discursos o apariciones públicas. El reto está en hacer del proceso de reforma educativa – con los componentes que se decidan de forma colectiva y participativa- algo incluyente, más equitativo, contextualizado, dialogado y respetuoso, sin prisas. El reto está en construir el diálogo sobre los cómos: sobre el camino a seguir para transformar el rumbo que llevaba la reforma educativa actual, sobre las prioridades que se trazarán, con quiénes se trazarán y el porqué de esas prioridades.


[1] Simo Consulting es una consultora dedicada al análisis de fenómenos sociales y económicos, a través de investigación disruptiva para el cambio social mediante la aplicación de diversas metodologías que alimentan la teoría del pensamiento radical; es decir, repensar los problemas sociales a partir de su origen y sus causas primarias. Sus áreas de trabajo son: estudios electorales, política pública y evaluación, sociedad civil, estudios educativos, entre otros.

[2] Canchola, A. (2018). “Meade: Vamos por reforma educativa.” El Universal, 15 de mayo de 2018.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/voces-de-la-ciudadania-el-proyecto-educativo-en-la-era-de-andres-manuel-lopez-obrador/

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