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La Igualdad de resultados en educación primaria requiere una mediación pedagógica con equidad

Por: Iván Rodríguez Carmiol/Hazel Vega Acuña

 

Red Temática de Investigación en Educación Rural

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Las tasas netas de cobertura educativa en primaria alcanzan un máximo muy frecuentemente cercano al 100 por ciento de la población en edad para cursar únicamente a nivel de primer grado. Esto mismo ocurre en todas nuestras sociedades latinoamericanas, cuando observamos los datos agregados a nivel nacional. Pero las condiciones en las que estos estudiantes asisten y se enfrentan al sistema educativo reflejan la vertiginosa desigualdad prevaleciente en la región, entre las más desiguales del planeta.

La universalización de la educación primaria es una meta pendiente, incluso en los países latinoamericanos, y aun para los que han alcanzado mejores resultados en cuanto a acceso, inclusión y éxito educativo.

Es evidente que las capacidades que proporciona no ya la escuela primaria (I y II ciclos), sino la Educación General Básica (hasta III ciclo inclusive), hoy día se tornan insuficientes para la integración de la población en la sociedad de una forma productiva y en trabajos que garanticen un mínimo de bienestar y seguridad.

Garantizar igualdad de acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional a todos los miembros de la sociedad constituye una de las dimensiones centrales del desarrollo humano. Sin embargo, Latinoamérica tiene por reto intervenir temprana y oportunamente desde la educación inicial y en adelante, procurando equiparar asimetrías, acortar rezagos y rellenar brechas para que todos tengan condiciones de acceso, permanencia y éxito a una educación de calidad socialmente inclusiva.

La educación inclusiva ha estado enfocada con mucha intensidad, y con razón, en resolver barreras de acceso físico e inclusive cognitivo a niños con discapacidades temporales y/o permanentes. Sin embargo, podríamos discutir que ésta no es la única población que ve restringida su participación plena y efectiva en el sistema educativo y, por ende, en la sociedad.

Las barreras sociales al acceso, permanencia y éxito educativo persisten, en gran medida, pendientes de determinación, abordaje y solución.

A partir del máximo que se alcanza en el primer grado de primaria, referido en párrafos anteriores, las cohortes de educandos sufren progresivamente un desgranamiento que, en países como Costa Rica, llega a alcanzar hasta un veinte por ciento de la población a nivel de sexto grado, y crea con ello un caldo de cultivo para la reproducción de la desigualdad, que casi explica por sí sola la persistencia de problemas como la pobreza, y constituye el germen de la informalidad económica y de la exclusión social del modelo de desarrollo vigente.

Estos estudiantes excluidos comparten entre sí una serie de características, entre las que predominan un promedio menor y relativamente bajo de escolaridad entre los padres y adultos en el hogar (que usualmente se operacionaliza bajo el término “clima educativo en el hogar”), así como la escasez de medios materiales de existencia (o sea, se trata de familias mayormente afectadas por la pobreza, el desempleo, la inserción laboral precaria, una mayor proporción de hogares monoparentales, un mayor radio de personas dependientes económicamente -adultos mayores, niños/as y adolescentes que aún no tienen edad para trabajar-, etcétera).

Lo anterior ilustra cómo, en la práctica, determinadas características socioeducativas de los estudiantes se convierten en barreras para el acceso, la permanencia, el logro y el éxito educativo, y terminan siendo factores explicativos de peso en la exclusión del derecho a la educación de amplios estratos de población.

Nivelar “la cancha” implica, necesariamente, una acción afirmativa o discriminación positiva en el acompañamiento y mediación pedagógica por parte del docente, tanto durante la jornada escolar, como en los refuerzos extraescolares.

La pandemia ha venido a multiplicar la situación inicial de desigualdad en el acceso a la educación. En el contexto pandémico, el acceso a una educación de calidad está mediado por la disponibilidad de tecnología, que haga posible el desarrollo no presencial de los procesos de enseñanza y aprendizaje, o al menos su continuidad, y esto ha sido, en Latinoamérica, el privilegio de segmentos socialmente más favorecidos, a la vez que constituye una barrera insalvable para todos los demás.

La brecha urbano-rural, especialmente en contextos de alta dispersión geográfica de población, se ve igualmente multiplicada en medio de la pandemia. La disponibilidad de equipo de información y comunicación que sirva de vehículo para un vínculo remoto interactivo (teléfonos celulares, tabletas) y de medios de comunicación (conectividad fiable, sostenida) es un factor especialmente limitante en este contexto.

Las medidas de salud pública impuestas para mitigar y controlar las tasas de contagio han obligado a la suspensión de lecciones por largos periodos.

La posterior implementación de sistemas de educación a distancia basados en guías para el trabajo autónomo y asincrónico ha hecho doblemente notoria la importancia del clima educativo en el hogar, además de la posibilidad material de dedicar tiempo y condiciones aptas para el estudio, en la permanencia y el logro del aprendizaje.

En resumen, nunca como hoy la urgencia de procurar equiparar las condiciones y garantizar el acceso, la permanencia y el éxito para todos los niños y las niñas, independientemente de sus recursos familiares, económicos y culturales, ha sido un imperativo de mayor centralidad. El objetivo de proporcionar una educación de calidad para todos cobra una pertinencia inédita en y durante la pandemia, así como de cara al periodo de reconstrucción postpandemia. La necesidad de equiparar condiciones y no dejar a ningún niño o niña atrás, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su numeral 4, e incluso la misma meta de erradicación del trabajo infantil (metas 8, 7) con horizonte de cumplimiento en 2025, depende de que seamos capaces de organizarnos para implementar un abordaje efectivo al problema de la exclusión educativa en primaria, debida a factores sociales y culturales mencionados en esta reflexión.

En cuanto a cómo debemos brindar acompañamiento para obtener resultados igualitarios y de calidad en primaria, independientemente de condiciones personales, culturales y sociales, es necesario pensar en estrategias de discriminación positiva o acción afirmativa hacia los niños desde la mediación pedagógica. Los apoyos externos -tales como las becas estudiantiles y esquemas de transferencia condicionada de efectivo-, así como los servicios complementarios -tales como comedor escolar- son absolutamente necesarios, pero claramente insuficientes.

En específico, cómo y a través de cuáles estrategias podemos replantear y dosificar la mediación pedagógica para obtener resultados de calidad educativa con igualdad es una pregunta abierta que debemos reflexionar, discutir y responder de forma colectiva en el futuro inmediato. Lo único que tenemos claro, es que es impostergable.

 

Bibliografía:

Trejos Solórzano, J. D. 2012. El índice de oportunidades educativas: un indicador resumen de la equidad en la educación. San José, Costa Rica: http://hdl.handle.net/20.500.12337/850

Trejos Solórzano, J. D. 2010. Indicadores sobre equidad en la educación para Costa Rica. San José, Costa Rica: http://hdl.handle.net/20.500.12337/776

 

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

 

 

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El maestro multigrado y su atributo esencial

Por: Juan Galindo Flores*

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

En metafísica, cuando se habla de cualidades esenciales, se alude a aquellas que son necesarias al ser, “aquello por lo que un ser es lo que es”, dice De Finance (1971), como en el caso del hombre, la racionalidad es, sin duda, un atributo necesario. A manera de ejercicio, si trasladamos este concepto al ámbito educativo y nos preguntamos, ¿cuál es la esencia del maestro?, es decir, ¿que hace que un maestro sea maestro?, ¿qué responderíamos?, quizá las preguntas tengan muchas y variadas respuestas, pero una que al menos dejaría algunas dudas es la relacionada con el trabajo administrativo, incluido en el cúmulo de actividades que un maestro debe realizar. Sobre este punto cabe preguntarse, ¿el trabajo administrativo es esencial para ser maestro? Cualquier respuesta, ya sea en sentido afirmativo o negativo, estaría ligada a una concepción del maestro y, por lo tanto, a una concepción de la educación.

Esta cuestión adquiere relevancia por la tendencia de las autoridades educativas a aumentar cada día más la carga administrativa de los maestros. Quizá en las escuelas con personal dedicado exclusivamente a este tipo de trabajo, la situación no represente mayor problema. Pero no sucede lo mismo en las escuelas donde el docente atiende a uno o a varios grupos (multigrado) y, además, debe cumplir con todos los requerimientos de carácter administrativo, lo que no sólo es una carga adicional, sino que también lo obliga a descuidar a sus alumnos.

En estos tiempos, cuando la relativización de los temas está a la orden del día, no es tan sencillo hablar de atributos esenciales; quizá hace algunas décadas representaba menor problema, como lo podemos ver en Cortázar, que en el artículo Esencia y misión del maestro, publicado en la Revista Argentina en 1939, envía un mensaje a los estudiantes normalistas, a los futuros maestros:

Ser maestro significa estar en posesión de los medios conducentes a la transmisión de una civilización y una cultura; significa construir, en el espíritu y la inteligencia del niño, el panorama cultural necesario para capacitar su ser en el nivel social contemporáneo y, a la vez, estimular todo lo que en el alma infantil haya de bello, de bueno, de aspiración a la total realización.

Con una admirable claridad de pensamiento y con una impecable prosa transmite a los futuros educadores sus ideas sobre la esencia y la misión del maestro. Para Cortázar, la función del docente debe centrarse en la formación del educando. La suya es una postura que armoniza con la noción de educación de Altarejos y  Naval (2011), quienes la entienden como una “acción recíproca de ayuda al perfeccionamiento humano, ordenado intencionalmente a la razón, y dirigido desde ella, en cuanto que promueve la formación de hábitos éticamente buenos”.

La escuela ha sido, por siglos, un elemento primordial para la educación; a su vez, el aula es la parte mas importante de la escuela, en un aula interactúan maestros y alumnos, el trabajo con los alumnos es un atributo esencial de un maestro, es su principal razón de ser. Una de las acciones que hace a un maestro ser maestro es ayudar a sus alumnos al perfeccionamiento de sus facultades, esa interacción es la educación. ¿Resultaría, entonces, que las actividades ajenas a la formación de los alumnos no son esenciales para el trabajo docente?

En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) cada día parece privilegiar más la elaboración de papelería, en lugar de permitir que los maestros destinen el mayor tiempo posible a actividades relacionadas con el aprendizaje de sus alumnos. La situación se empieza a complicar en las escuelas donde el director tiene un grupo a su cargo, porque debe preparar sus clases y además cumplir con la parte administrativa. En las escuelas multigrado el panorama es por demás complejo: el maestro debe planear para dos o más grupos, cuando se trata de un director, también está obligado a responsabilizarse del trabajo administrativo. Resulta obvio que para atender los temas de índole administrativo deja de hacer actividades relacionadas con sus grupos, con sus alumnos. En estos casos, cada salida del aula implica que uno o más grupos pierdan clase, es un tiempo que ya no se recupera, lo que resulta una paradoja pues, este tiempo se pierde en grupos necesitados precisamente de eso, de tiempo y, también, de atención.

Las escuelas multigrado están ubicadas predominantemente en el medio rural y, en muchos casos, en zonas de alto grado de marginación. Los estudiantes de estas escuelas están en desventaja, requieren de más apoyos y atención por parte de los responsables de brindarles el servicio educativo, pero no sucede así sino, lamentablemente, lo contrario, como desde hace varios años lo sostuvieron Carmen Noriega y Anette Santos (2004) después de realizar un estudio sobre telesecundaria:

Siempre son los alumnos más pobres quienes obtienen los menores porcentajes de aciertos y viceversa. No obstante, el hecho de que los alumnos de telesecundaria obtengan peores resultados que sus pares de otras modalidades, aun homogeneizando algunas de las condiciones de pobreza-riqueza, permite cuestionar de manera más enfática la capacidad de sus escuelas para compensar sus desventajas de origen.

Es precisa y urgente una revisión detallada para determinar la necesidad de cada uno de los documentos y trámites administrativos que actualmente son solicitados a los maestros que tienen uno o más grupos a su cargo. En efecto, lo relacionado a certificación escolar y algunos otros son ineludibles, pero vale la pena revisar algunos programas, sobre todo los que implican llenar actas y recabar firmas de los padres de familia o autoridades; también aquellos que dependen de los informes que el mismo maestro envía. Debe evitarse que el maestro tenga que abandonar la escuela para realizar la entrega periódica de documentos.

Las plataformas son una buena opción para optimizar el trabajo, sólo que con frecuencia sucede que el maestro sube la información o realiza el llenado de los formatos, pero le piden que descargue el archivo, lo imprima, lo firme y, en otros casos, recabe firmas de los padres de familia para, finalmente, entregar el documento ante la instancia correspondiente. Por desgracia, las plataformas no son vistas como una herramienta para evitar el uso del papel, al parecer sólo terminan siendo proveedoras de formatos.

Cuando un maestro es valorado por su cumplimiento en la entrega de la documentación o por su empeño en la realización de los trámites administrativos se está tomando un atributo, regresando a la metafísica, como lo esencial de su ser. Entonces, los maestros tratan de cumplir todo lo relacionado con lo administrativo, no porque no les interesen sus alumnos, sino porque sienten que a la autoridad educativa le interesa tanto determinado documento, que no percibe preocupación por el estado de desatención de sus alumnos. Así, llegamos al extremo donde lo importante es, por ejemplo, el informe per se, no la relación del contenido de dicho informe con lo efectivamente realizado; lo importante es cumplir con el documento, pasan a segundo término las acciones realizadas, incluso, si en verdad dicho documento contiene acciones que realmente se efectuaron.

De esta forma, queda desdibujada la esencia del maestro, al tomarse uno o algunos atributos no esenciales por parte de la autoridad educativa para decretar el cumplimiento de las obligaciones docentes, pues con estas prácticas se termina diluyendo la verdadera esencia de ser maestro. En un escenario de este tipo, las consecuencias son graves, porque para el maestro ya no es necesario trabajar, descubre que a la autoridad le basta con recibir un informe donde se diga que se trabajó. Esto sucede cuando un atributo toma el lugar de la esencia. El problema, los grandes perdedores son los estudiantes, lo más grave, todo es propiciado por la misma autoridad.

Referencias

Alatarejos, F. y Naval, C. (2011). Filosofía de la educación. España: Ediciones Universidad de Navarra, S. A. (EUNSA).

Cortázar, J. (1939). Esencia y misión del maestro. Revista Argentina. https://www.uv.es/~sociolog/educacio/textos/Cortazar.html

De Finanace, J. (1971). Conocimiento del ser. Tratado de ontología. España: Editorial Gredos.

Noriega, C., y Santos, A. (2004). Un acercamiento a las telesecundarias con base en los resultados de sus alumnos en el EXANI-I. En Evaluación de la educación en México. Indicadores del EXANI-I. México: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org/author/odej/

 

  • Miembro de la Red de Investigación de Educación Rural (RIER)
  • Sistema Estatal de Telesecundaria de Durango

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Los que se fueron de la escuela (Parte II)

Por: María Eugenia De la Chaussée Acuña / Itzel López Nájera

Universidad Iberoamericana Puebla

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Abandono y pobreza

Según los datos históricos siguientes (ver Gráfica 2), en promedio, entre 2012 y 2019, 14.6% de los estudiantes de educación media superior, 7.5% de los de educación superior, 4.8% de los de secundaria y 0.7% de los de primaria abandonaron la escuela. Estos datos nos muestran que históricamente han abandonado más la escuela los alumnos de educación media superior, después los de educación superior y menos los de secundaria y primaria.

Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP (www.planeación.sep.gob.mx/principalescifras/)

Los efectos de la pandemia por la Covid-19 representan nuevos retos para la educación en México. Sin embargo, buena parte del abandono escolar se debe al desempleo de los padres o a la falta de dinero o de recursos de las familias, lo cual nos debe llevar a preguntarnos qué ha pasado con el desempleo y, en el fondo, con la pobreza en México. Si no se atienden ambos aspectos, difícilmente se podrá mejorar la educación.

La pobreza está arraigada históricamente en la sociedad mexicana, y diversos autores como Moreno-Brid y Ros, (2009) Puyana y Romero, (2009), Boltvinik y Damián (2016), entre otros, la han abordado en su complejidad. Además de bajo ingreso y consumo, trae consigo analfabetismo, desnutrición y mala salud.

Para el Banco Mundial, los pobres son las personas que viven con menos de dos dólares al día, mientras que los que viven en pobreza extrema se mantienen con menos de 1.25 dólares.

A nivel mundial, en los años 80 comenzó a desarrollarse el concepto de pobreza multidimensional, tomando en cuenta no sólo la falta de recursos monetarios y materiales, sino también las carencias en educación, seguridad y libertad (Ortiz y Ríos, 2013).

Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2010), la pobreza multidimensional implica que una persona se encuentra en dicha condición cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

Desde 2008, en México, con base en la información proporcionada por el INEGI, el Coneval publica cada dos años información sobre la medición multidimensional de la pobreza. Según Forbes (2021), los datos de Coneval correspondientes a 2020 estarán disponibles en agosto de 2021, aunque han hecho públicas algunas estimaciones. Para la medición, Coneval utiliza nueve indicadores: Ingreso, Rezago educativo, Acceso a los servicios de salud, Acceso a la seguridad social, Acceso a la alimentación, Calidad y espacios de la vivienda, Acceso a los servicios básicos en la vivienda, Grado de cohesión social y Grado de accesibilidad a carretera pavimentada.

Como puede observarse en la gráfica 3, en México, el número de personas en situación de pobreza pasó de 49.4 millones en 2008 a 70.9 en 2020, es decir, en 12 años se incrementó en 21.5 millones de personas.

Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia con base en indicadores del Banco Mundial, de Coneval (de 2008 a 2018) y Forbes (2021).

Los datos anteriores implican que el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 44.6% a 56.3% entre 2008 y 2020 (Gráfica 4).

Gráfica 4

  Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Gráfica 3.

El reto mayor sigue siendo el sureste del país, donde se encuentran las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de pobreza en la década 2008-2018: Chiapas (77.0% a 76.4%), Guerrero (68.4% a 66.5%), Oaxaca (61.8% a 66.4%), Veracruz (51.2% a 61.8%) y Puebla (64.6% a 58.9%) (Coneval, 2018).

Si bien es cierto que el gasto en programas sociales y combate a la pobreza se ha venido incrementando en las últimas décadas, esto no ha logrado revertir en gran medida la pobreza que afecta a México, pues en algunos periodos disminuyó, pero en los últimos años ha vuelto a aumentar. El modelo económico vigente no ha logrado corregir el problema de la pobreza, la desigualdad económica y, por lo tanto, la educación.

Articulando

De acuerdo con el comportamiento histórico expuesto, el estudiantado de nivel medio superior fue el que más abandonó sus estudios en el ciclo escolar 2019-2020, agravándose en este ciclo la situación de abandono por motivos de pandemia, lo que significa, para este nivel, 35.9%. Aunado a este abandono, se encuentran las cifras para el resto de niveles, donde los de preescolar representan un alto porcentaje, con 94.7% y la primaria con un también alto número de 73.2%.

Como se mencionó, entre los motivos más reportados en Ecovid, tanto los directamente relacionados con la pandemia como otros indicados, muestran variables de carácter económico. Esta dimensión es significativa si tomamos en cuenta que las cifras de pobreza aumentaron también para este periodo, pasando de 41.6% de la población en situación de pobreza en 2018, a 56.3% en 2020. Pobreza y abandono son dos variables que parecen presentar una relación importante a primera vista en este contexto, y esta mirada panorámica que presentamos parece arrojar que las cifras por venir no resultarán del todo satisfactorias en términos de lo que significará para el rezago en el sistema educativo nacional.

Referencias

Boltvinik, J., y Damián A. (2016). Pobreza creciente y estructuras sociales cada

 vez más desiguales en México. Una visión integrada y crítica. Acta

Sociológica, 70(mayo-agosto), 271-296.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2019). Diez 

años de medición de pobreza en México, avances y retos en política social,

Cd. de México: Coneval.

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Encuesta para la Medición

del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, Cd. de

México: INEGI.

Forbes (2021). 9.8 millones de nuevos pobres en México por pandemia. México: Coneval. https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-9-millones-pobreza-pandemia-coneval/#:~:text=El%20Coneval%2C%20organismo%20p%C3%BAblico%20que,el%2056.7%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n

Moreno-Brid, Juan C. y Ros, Jaime (2009), Development and Growth in the 

Mexican Economy: A Historical Perspective, New York: Oxford

Press.

Ortiz Galindo, J., y Ríos Bolívar, H. (2013). La Pobreza en México, un

análisis con enfoque multidimensional, Análisis Económico, XXVIII(69, septiembre-diciembre), 189-218.

Puyana, A., y Romero J. (2009). De la crisis de la deuda al estancamiento

 económico, México:  El Colegio de México.

Redacción (2021). La SEP inaugura el ciclo escolar 2021, 30 millones de estudiantes inician clases en casa, El Economista, 24 de agosto. https://www.eleconomista.com.mx/politica/SEP-inaugura-ciclo-escolar-2020-2021-arrancan-clases-a-distancia-20200824-0018.html

Fuente: http://www.educacionfutura.org/los-que-se-fueron-de-la-escuela-parte-ii/

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Los que se fueron de la escuela (Parte I)

Por: María Eugenia De la Chaussée Acuña / Itzel López Nájera

Universidad Iberoamericana Puebla

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

El propósito del siguiente artículo es presentar cómo se ha comportado el abandono escolar durante la contingencia por Covid-19; conocer los motivos del estudiantado según la manera en que los registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y articular ambas dimensiones con la situación de pobreza estructural por la que atraviesa nuestro país.

De acuerdo con la SEP (2020), en el ciclo escolar 2019-2020 estuvieron inscritas 36.519 millones de personas en el sistema educativo nacional y para el ciclo escolar vigente, 2020-2021, únicamente 30.000 millones (Redacción. El Economista, 2021), es decir, dejaron de ir a la escuela de un ciclo escolar al otro, 6.519 millones (17.9%). Tan sólo en un año se perdieron 20 años de avance en la matrícula escolar, pues en el ciclo escolar 2000-2001, México tenía cerca de 30 millones de inscritos. En este escrito se entiende por abandono escolar lo que plantea la SEP, es decir, es la cantidad de alumnos que abandonan la escuela de un ciclo escolar a otro.

Según la encuesta ECOVID-ED para la medición del impacto de la Covid 19 en la Educación, realizada por el INEGI (2021), los estudiantes no se inscribieron por razones asociadas a la Covid-19 como el hecho de que alguno de los padres o tutores quedaron sin trabajo, o por falta de dinero o recursos para comprar un dispositivo electrónico (como una tv, computadora, celular, tableta o pagar la internet o la luz).

El abandono escolar y, como consecuencia, la falta de escolarización tiene implicaciones tanto personales como sociales, y afecta de distinta manera a las diferentes edades poblacionales. Desde el punto de vista social, reduce el nivel educativo general, empobrece la cultura, evita procesos necesarios de socialización, de educación en valores cívicos, democráticos y morales, trunca las posibilidades de contar con mejores empleos, obligando a la población a contratarse en empleos poco rentables como el informal, o ilegales como el narcotráfico o la delincuencia organizada. Para una persona puede implicar la incapacidad de leer, escribir, o realizar las operaciones matemáticas básicas.

Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19
en la Educación (ECOVID-ED) 2020

A continuación, se presentan algunos datos significativos para el fenómeno del abandono, recogidos de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación, relativos a los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021. El dato global nacional es que 2.2% de la población de 3 a 29 años (es decir, 738.4 mil personas) declararon no concluir el grado escolar en el que se encontraba inscrito. Desagregado por nivel educativo, el nivel medio superior se identificó con el porcentaje más alto de no conclusión del ciclo escolar 2019-2020, con 3.6%, seguido de la secundaria, con 3.2%.

De esas 738.4 mil personas que no concluyeron, más de la mitad (58.9%) señaló que fue por un motivo relacionado a la Covid-19; 8.9% por falta de dinero o recursos; 6.7% porque tenía que trabajar y, finalmente, el 25.5% restante mencionó otros motivos distintos. El hecho de que desde ECOVID se desagregaran de esta manera los motivos, nos impide leer hasta qué punto la deserción fue causada exclusivamente por la pandemia, hasta dónde por razones meramente económicas, y qué tanto las segundas fueron en realidad consecuencia de la primera. Nos queda exclusivamente el dato de que 58.9% atribuyó a la Covid la causa de su no-conclusión, por lo que podemos interpretar a la contingencia como un factor relevante de abandono (hasta el momento no puede asegurarse si temporal o definitivo). Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿qué tan significativo es, en términos históricos?

Los motivos específicos asociados a la Covid-19 por los que no se concluyó el ciclo fueron: perdió el contacto con maestras/maestros o no pudo hacer tareas (28.8%), alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos (22.4%), la escuela cerró definitivamente (20.2%) y carecía de computadora, otro dispositivo o conexión a internet (17.7%). Aquí podría inferirse que los motivos “pérdida de trabajo” y “carencia de dispositivo o red”, nos llevan nuevamente a la variable “falta de recursos”, contabilizada arriba en 8.9%.

El porcentaje de población que No concluyó el ciclo escolar por motivo de la pandemia por Covid-19, según el nivel de escolaridad, se observa de la siguiente manera: preescolar (94.7%), primaria (73.2%), media superior (35.9%), educación superior (44.6 %); por lo cual, las infancias resultaron el sector poblacional más afectado.

¿Con qué insumos tecnológicos contaba la población en edad escolar durante estos periodos, como para continuar, o no, su preparación escolarizada? La herramienta digital más utilizada por las y los estudiantes fue el teléfono inteligente, con 65.7%; le siguió la computadora portátil, con 18.2%; la computadora de escritorio, con 7.2%, la televisión digital, con 5.3%, y la tablet con 3.6 %. En el nivel básico (primaria y secundaria), 70% utilizó el celular inteligente para continuar con su educación. La cifra nos muestra un escenario de precariedad digital, a lo cual se suma el siguiente dato: del total de estudiantes de primaria, 74.6 % comparte el dispositivo para tener sus clases y realizar sus tareas. Para el caso del alumnado de nivel medio superior, 61.1% y de nivel superior, 67.7% dispusieron del dispositivo con exclusividad. Esta disparidad nos hace notar que el dispositivo, su propiedad o su carencia, estaría configurando un posible escenario de dificultad en la continuidad de los estudios, o incluso de posible abandono. Para el ciclo escolar 2020-2021 esto queda evidenciado en la gráfica 1, donde 21.9% de los no inscritos, reporta carecer de computadora, dispositivo o conexión.

Gráfica 1

Nota: Suma más de 100% porque fue mencionado más de un motivo.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación

De la población No inscrita en el ciclo escolar 2020-2021, se tiene que 5.2 millones 3 a 29 años (9.6% en relación con la población total de 3 a 29 años), no están inscritos por Covid-19 o por motivos económicos para el ciclo escolar 2020-2021. De éstos, 3 millones corresponden al nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

Respecto al dato de población que refiere no haberse inscrito por motivo relacionado a la pandemia se tiene que, para el rango de 6 a 12 años, lo indica 1.4%; para las edades de 13 a 15 años se tiene 4.8%, se incrementa la razón de no inscripción por Covid-19 para el grupo de 16 a 18 años con 6.8% y para el rango de 19 a 24, lo indica 5.2%.

Cabe remarcar que no es posible asegurar que hay abandono en un sentido tajante, pues según las razones esgrimidas ‒“las clases a distancia son poco funcionales”, “alguno de los padres se quedaron sin empleo”; “carece de computadora, dispositivo o conexión a internet”; “la escuela cerró definitivamente”; “el padre, madre o tutor no puede estar al pendiente”; “un familiar enfermó o falleció por Covid”; “el/la alumna enfermó de Covid”‒, todas ellas se encuentran dentro del ámbito de las consecuencias de la pandemia, y de ninguna de ellas se deriva que NO SE PIENSE VOLVER A LA ESCUELA, si es que las condiciones por pandemia y/o económicas se modificaran. La ECOVID-ED 2020 pudo haber indagado si pensaban volver en algún momento, cuando las condiciones fueran otras; sin embargo, al no preguntarlo, sólo contamos con datos para afirmar lo siguiente: sí hubo un importante número de no-conclusión del grado por razones de pandemia; igualmente fue importante el número de los que no se inscribieron al siguiente ciclo por esta razón. La interrupción en la escolarización sólo podrá establecerse como abandono o deserción, cuando haya concluido el ciclo escolar, y cuando sea posible registrar en datos cuantificables los efectos de la contingencia; mientras tanto, lo que sí podemos afirmar es que, al margen de que vuelvan o no los que se fueron, esas cifras de no conclusión van a representar un rezago para cada estudiante que retorne, y para el sistema educativo en su conjunto.

Abandono y pobreza

Según los datos históricos siguientes (ver Gráfica 2), en promedio, entre 2012 y 2019, 14.6% de los estudiantes de educación media superior, 7.5% de los de educación superior, 4.8% de los de secundaria y 0.7% de los de primaria abandonaron la escuela. Estos datos nos muestran que históricamente han abandonado más la escuela los alumnos de educación media superior, después los de educación superior y menos los de secundaria y primaria.

Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP (www.planeación.sep.gob.mx/principalescifras/)

Los efectos de la pandemia por la Covid-19 representan nuevos retos para la educación en México. Sin embargo, buena parte del abandono escolar se debe al desempleo de los padres o a la falta de dinero o de recursos de las familias, lo cual nos debe llevar a preguntarnos qué ha pasado con el desempleo y, en el fondo, con la pobreza en México. Si no se atienden ambos aspectos, difícilmente se podrá mejorar la educación.

La pobreza está arraigada históricamente en la sociedad mexicana, y diversos autores como Moreno-Brid y Ros, (2009) Puyana y Romero, (2009), Boltvinik y Damián (2016), entre otros, la han abordado en su complejidad. Además de bajo ingreso y consumo, trae consigo analfabetismo, desnutrición y mala salud.

Para el Banco Mundial, los pobres son las personas que viven con menos de dos dólares al día, mientras que los que viven en pobreza extrema se mantienen con menos de 1.25 dólares.

A nivel mundial, en los años 80 comenzó a desarrollarse el concepto de pobreza multidimensional, tomando en cuenta no sólo la falta de recursos monetarios y materiales, sino también las carencias en educación, seguridad y libertad (Ortiz y Ríos, 2013).

Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2010), la pobreza multidimensional implica que una persona se encuentra en dicha condición cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

Desde 2008, en México, con base en la información proporcionada por el INEGI, el Coneval publica cada dos años información sobre la medición multidimensional de la pobreza. Según Forbes (2021), los datos de Coneval correspondientes a 2020 estarán disponibles en agosto de 2021, aunque han hecho públicas algunas estimaciones. Para la medición, Coneval utiliza nueve indicadores: Ingreso, Rezago educativo, Acceso a los servicios de salud, Acceso a la seguridad social, Acceso a la alimentación, Calidad y espacios de la vivienda, Acceso a los servicios básicos en la vivienda, Grado de cohesión social y Grado de accesibilidad a carretera pavimentada.

Como puede observarse en la gráfica 3, en México, el número de personas en situación de pobreza pasó de 49.4 millones en 2008 a 70.9 en 2020, es decir, en 12 años se incrementó en 21.5 millones de personas.

Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia con base en indicadores del Banco Mundial, de Coneval (de 2008 a 2018) y Forbes (2021).

Los datos anteriores implican que el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 44.6% a 56.3% entre 2008 y 2020 (Gráfica 4).

Gráfica 4

  Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Gráfica 3.

El reto mayor sigue siendo el sureste del país, donde se encuentran las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de pobreza en la década 2008-2018: Chiapas (77.0% a 76.4%), Guerrero (68.4% a 66.5%), Oaxaca (61.8% a 66.4%), Veracruz (51.2% a 61.8%) y Puebla (64.6% a 58.9%) (Coneval, 2018).

Si bien es cierto que el gasto en programas sociales y combate a la pobreza se ha venido incrementando en las últimas décadas, esto no ha logrado revertir en gran medida la pobreza que afecta a México, pues en algunos periodos disminuyó, pero en los últimos años ha vuelto a aumentar. El modelo económico vigente no ha logrado corregir el problema de la pobreza, la desigualdad económica y, por lo tanto, la educación.

Articulando

De acuerdo con el comportamiento histórico expuesto, el estudiantado de nivel medio superior fue el que más abandonó sus estudios en el ciclo escolar 2019-2020, agravándose en este ciclo la situación de abandono por motivos de pandemia, lo que significa, para este nivel, 35.9%. Aunado a este abandono, se encuentran las cifras para el resto de niveles, donde los de preescolar representan un alto porcentaje, con 94.7% y la primaria con un también alto número de 73.2%.

Como se mencionó, entre los motivos más reportados en covid, tanto los directamente relacionados con la pandemia como otros indicados, muestran variables de carácter económico. Esta dimensión es significativa si tomamos en cuenta que las cifras de pobreza aumentaron también para este periodo, pasando de 41.6% de la población en situación de pobreza en 2018, a 56.3% en 2020. Pobreza y abandono son dos variables que parecen presentar una relación importante a primera vista en este contexto, y esta mirada panorámica que presentamos parece arrojar que las cifras por venir no resultarán del todo satisfactorias en términos de lo que significará para el rezago en el sistema educativo nacional.

Referencias

Boltvinik, J., y Damián A. (2016). Pobreza creciente y estructuras sociales cada

 vez más desiguales en México. Una visión integrada y crítica. Acta

Sociológica, 70(mayo-agosto), 271-296.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2019). Diez 

años de medición de pobreza en México, avances y retos en política social,

Cd. de México: Coneval.

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Encuesta para la Medición

del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, Cd. de

México: INEGI.

Forbes (2021). 9.8 millones de nuevos pobres en México por pandemia. México: Coneval. https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-9-millones-pobreza-pandemia-coneval/#:~:text=El%20Coneval%2C%20organismo%20p%C3%BAblico%20que,el%2056.7%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n

Moreno-Brid, Juan C. y Ros, Jaime (2009), Development and Growth in the 

Mexican Economy: A Historical Perspective, New York: Oxford

Press.

Ortiz Galindo, J., y Ríos Bolívar, H. (2013). La Pobreza en México, un

análisis con enfoque multidimensional, Análisis Económico, XXVIII(69, septiembre-diciembre), 189-218.

Puyana, A., y Romero J. (2009). De la crisis de la deuda al estancamiento

 económico, México:  El Colegio de México.

Redacción (2021). La SEP inaugura el ciclo escolar 2021, 30 millones de estudiantes inician clases en casa, El Economista, 24 de agosto. https://www.eleconomista.com.mx/politica/SEP-inaugura-ciclo-escolar-2020-2021-arrancan-clases-a-distancia-20200824-0018.html

Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/los-que-se-fueron-de-la-escuela/

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Daños y saldos de la pandemia por Covid-19 en escuelas vulnerables: el caso de los Telebachilleratos Comunitarios en México

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Carlota Guzmán Gómez

Centro Regional de Investigaciones  Multidisciplinarias, UNAM

Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER)

[1]

 

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

 

A partir de la llegada de la pandemia por Covid-19 a México y el subsecuente cierre de las escuelas por el confinamiento sanitario, el sistema educativo del país se ha visto severamente afectado. Las manifestaciones y efectos han sido diferentes, de acuerdo con características tales como el nivel educativo (preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior); el tipo de sostenimiento (público y privado), y la ubicación territorial (urbana, rural, urbano-rural), entre otros. Sin embargo, en todos los niveles y modalidades se han hecho visibles las grandes desigualdades sociales y económicas entre los alumnos frente al acceso a los aprendizajes y a los recursos para enfrentar esta crisis.

En este contexto de discusión y en aras de pensar en escenarios posibles, considero importante avanzar en el conocimiento de las especificidades de cada nivel y modalidad educativa. Me parece importante también conocer y documentar las maneras específicas como se expresan las desigualdades sociales y educativas. Por ello, en este espacio me voy a referir a los Telebachilleratos Comunitarios (TBC) que atienden a una población muy vulnerable en términos socioeconómicos y educativos. Hay que destacar que el Telebachillerato Comunitario es un subsistema de la Educación Media Superior que atiende a localidades con menos de 2 500 habitantes que no cuentan con un bachillerato a cinco kilómetros a la redonda. Inició como un programa federal en 2013 con la finalidad de ampliar la cobertura educativa y cumplir con el mandato de obligatoriedad decretado en 2012. Opera como un sistema escolarizado presencial, que se rige por el currículo del Bachillerato General y trabaja con libros de texto gratuitos. La planta se compone de tres docentes, uno de los cuales funge también como responsable del plantel. Cada uno cubre una de las tres áreas de conocimiento. En el ciclo escolar 2017-2018 se contaba 3 498 establecimientos y una matrícula de 13 561 estudiantes (SEMS-SEP, 2018).

Me interesa dar cuenta de las estrategias que emplearon los docentes para continuar con el trabajo a distancia, los obstáculos que enfrentaron los estudiantes, así como las posibles repercusiones. Me baso en la información generada por medio de entrevistas en profundidad aplicadas a cuatro responsables de TBC y a cuatro docentes provenientes de dos planteles de Morelos y dos del Estado de México, durante los meses de mayo y junio de 2020.

 El cierre de las escuelas y los intentos por continuar a la distancia

Una vez declarada la crisis sanitaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el 14 de marzo de 2020 que se adelantarían las vacaciones de Semana Santa (que estaban programadas entre el 6 y el 19 de abril). Más adelante, postergaron las fechas de regreso a clases y quedaron condicionadas a las decisiones de las autoridades sanitarias.

Los TBC vivieron el cierre de las escuelas como un golpe para el cual no estaban preparados. No tuvieron tiempo de planear la manera como se llevarían a cabo las actividades fuera de la escuela, ni de establecer estrategias de comunicación con los estudiantes.

En el caso de Morelos, no existieron lineamientos generales de las autoridades federales ni estatales. Cada uno de los docentes, con sus respectivos responsables de plantel, idearon la manera de continuar con las actividades a distancia. La Secretaría de Educación del Estado de México estableció una estrategia general para toda la entidad que siguieron los TBC. Lo primero que hicieron los responsables del plantel y los docentes de ambas entidades federativas fue intentar establecer comunicación con los estudiantes y padres de familia a través de los contactos que tenían previamente. En un principio, esta tarea fue relativamente fácil, ya que los grupos del TBC son reducidos y siempre ha existido una estrecha comunicación entre ellos. Sin embargo, los docentes no lograron contactar a todos los estudiantes, ya sea por falta de teléfono o porque algunos no quisieron dar respuesta.

En Morelos, las estrategias narradas por los docentes fueron múltiples. Algunos utilizaron el correo electrónico para enviar guías, tareas y materiales de apoyo. Otros, a través de WhatsApp, enviaban las tareas que los estudiantes realizaban en sus cuadernos y regresaban la foto con las evidencias por el mismo medio. También hubo docentes que utilizaron los libros de texto gratuito y solicitaron a los estudiantes que enviaran por WhatsApp los ejercicios resueltos. Los docentes buscaron retroalimentar y regresar, por el mismo medio, los trabajos entregados. En el Estado de México utilizaron básicamente la plataforma Classroom de Google, videos complementarios y los libros de texto.

A finales de abril, el gobierno federal puso en marcha el programa Aprende en Casa para dar continuidad a las actividades por medio de plataformas por Internet, radio y televisión. Pocos docentes utilizaron este programa y sólo de manera complementaria. De acuerdo con la SEP (2020), “El programa Aprende en Casa buscaba mantener las actividades educativas durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Se planteó como una herramienta complementaria a los libros de texto gratuito, reforzando los Aprendizajes Fundamentales”.[2]

Los problemas que se presentaron al intentar continuar con el trabajo a distancia se encuentran estrechamente ligados a los altos niveles de precariedad en que viven las familias del medio rural. El primer problema que enfrentaron tanto docentes como estudiantes fue el deficiente servicio de luz en gran parte de las localidades y la falta de conectividad a Internet y de señal de telefonía. Los canales de televisión que trasmitían el programa Aprende en Casa eran de paga y, por tanto, gran parte de los estudiantes no tenía acceso a éstos.

Otro obstáculo importante para continuar la educación a distancia fue que los estudiantes no contaban con computadora personal. Como máximo, existía una en casa, que tenía que compartirse entre distintos miembros de la familia. Lo mismo sucedió con los teléfonos celulares, ya que no todos los estudiantes contaban con un dispositivo o, cuando sí, no tenía la capacidad para acceder al software y a las herramientas que se requerían. Las familias no podían sufragar los gastos para pagar “el saldo” del teléfono, sobre todo en el caso de las familias con varios hijos en edad escolar. En estas circunstancias, los estudiantes buscaron los medios para conectarse; por ejemplo, captaban la señal de wifi en lugares públicos, enviaban trabajos en la noche o desde la azotea de su casa para tener mejor señal o pedían prestados celulares para enviar tareas. Por su parte, las características de las viviendas de los estudiantes no resultaban propicias para el estudio, no encontraban espacios donde concentrarse y realizaban las tareas en el comedor de la casa, en el patio o sobre la cama.

Los aspectos emocionales también afectaron a los estudiantes, ya que perdieron un espacio de convivencia y de encuentro con sus pares, además de un canal de autonomía frente a sus familias que los hacía sentir “enojados”, “tristes”, “deprimidos” y “estresados”. El confinamiento no se realizó como estaba previsto por las autoridades sanitarias. Un rasgo común en estas localidades fue “no creer en la existencia del Covid-19” y considerar que se trataba de un “invento” y, por lo tanto, se comportaban como si todo siguiera igual.

En el contexto rural, para las mujeres “quedarse en casa” significó participar en los quehaceres domésticos y en el cuidado directo de hermanos y familiares, o bien, salir a trabajar en labores de limpieza en otras casas o como empleadas en comercios. Los hombres tuvieron que dedicarse a las labores agrícolas, ya sea en apoyo a sus familiares o de manera remunerada. También laboraban como albañiles, empleados en comercios, o desempeñaban algún oficio. Algunos estudiantes que antes de la pandemia trabajaban medio tiempo, ampliaron su horario cuando cerraron las escuelas. La decisión de trabajar o aumentar la jornada laboral fue para apoyar económicamente a sus familias, que siempre han tenido muchas carencias o que se vieron afectadas por la pandemia. Por tanto, los quehaceres domésticos y las actividades laborales absorbían gran parte del día y los estudiantes dejaban en segundo lugar las tareas escolares.

En lo que concierne a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, un obstáculo muy importante es el alto rezago académico de los estudiantes de TBC frente a otros subsistemas de Educación Media Superior. Estos estudiantes llegan al TBC con deficiencias básicas en la lectura, escritura y matemáticas que les impiden acceder a los conocimientos estipulados por el Bachillerato General (Guzmán, 2018). Los docentes tienen que realizar una labor importante para nivelarlos y poder avanzar. Por ello, el cambio en las formas de trabajo impidió que los estudiantes recibieran la atención personalizada y el seguimiento al que estaban acostumbrados. Sólo algunos estudiantes pudieron realizar de manera autónoma las tareas exigidas. Aunado a las deficiencias en el aprendizaje, los estudiantes no contaban con las habilidades tecnológicas necesarias para el manejo de las plataformas por celular ni en computadora. Tampoco contaban con el apoyo de los padres de familia, puesto que ellos tienen niveles de escolaridad que no superan la secundaria (Guzmán, 2018).

Los saldos de la pandemia y del trabajo a distancia

La situación vivida durante estos meses en los que se ha intentado continuar con la educación a la distancia tendrá efectos a corto y mediano plazos. Desde el punto de vista de los docentes, un primer problema que tendrán que enfrentar es el rezago académico que se acumula al que se presentaba con anterioridad a la pandemia. Los docentes dudan de que, a pesar de su esfuerzo, los estudiantes realmente hayan aprendido y comprendido lo que estaba previsto. Tienen la impresión de que cumplieron con las tareas, pero que tendrán que abordar nuevamente los contenidos para poder avanzar a otro nivel. Hay partes del programa que no pudieron abordarse desde la distancia y quedaron pendientes, principalmente de matemáticas y ciencias experimentales. Será también una tarea importante regularizar a los estudiantes que no pudieron continuar con los trabajos escolares durante el confinamiento. Sin embargo, estos estudiantes no tendrán la oportunidad de cerrar el ciclo con los que egresan y se quedarán con huecos y dudas.

Los docentes también vislumbran un aumento en el abandono escolar. No están seguros de que todos regresen a las aulas el próximo ciclo. Algunos porque tendrán que seguir trabajando para apoyar a sus familias; otros porque preferirán trabajar y ganar dinero que continuar estudiando. Los docentes también dudan que los estudiantes que no pudieron realizar los trabajos escolares por trabajar o por falta de condiciones, quieran regresar a las aulas. También están en duda de volver quienes no pudieron salvar los obstáculos de las nuevas tecnologías o no se sintieron motivados para estudiar.

Según los docentes, el deterioro económico de las familias, la necesidad de trabajar y las dificultades experimentadas en el aprendizaje durante el cierre de las escuelas podrán traducirse en obstáculos para que los egresados de los TBC logren ingresar a la educación superior. Si antes eran muy pocos los que continuaban estudiando después del bachillerato, ahora calculan los docentes que serán menos.

A partir de las condiciones descritas, el regreso a clases representa un desafío para subsanar o mitigar los efectos causados por el cierre de las escuelas. Sin embargo, lo más importante consiste en establecer una política de mayor alcance que pueda proveer de mejores condiciones y oportunidades educativas a los estudiantes más vulnerables.

 

Referencias

Guzmán, C. (2018). Avances y dificultades en la implementación del Marco Curricular ComúnTelebachillerato estatal, Educación Media Superior a Distancia y Telebachillerato comunitario. México: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

SEMS-SEP (Subsecretaría de Educación Media Superior, Secretaría de Educación Pública) (2018). Adopción del modelo educativo para la educación obligatoria del Telebachillerato Comunitario. México: SEMS-SEP. https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/normatividad/Documento-base-2018.pdf

SEP (Secretaría de Educación Pública) (2020). Se sustenta el programa Aprende en Casa en los Libros de Texto Gratuitos: SEP. Boletín, (98). https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-98-se-sustenta-el-programa-aprende-en-casa-en-los-libros-de-texto-gratuitos-sep?state=published

[1] Este texto apareció en Notas de Coyuntura del CRIM, No. 40, julio 2020 en web.crim.unam.mx

[2] Véase https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-98-se-sustenta-el-programa-aprende-en-casa-en-los-libros-de-texto-gratuitos-sep?state=published

Fuente: http://www.educacionfutura.org/danos-y-saldos-de-la-pandemia-por-covid-19-en-escuelas-vulnerables-el-caso-de-los-telebachilleratos-comunitarios-en-mexico/

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Una lectura a la educación de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera (NARP) en Colombia desde el censo de 2018

Por: Observatorio de Derecho a la Educación y la Justicia

Félix Berrouet Marimón

Estudiante del Doctorado Interinstitucional de Educación

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural

 

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

 

La Constitución de 1991 afirma la diversidad étnica y cultural de Colombia, y la reconoce como Nación multicultural con la Ley 70 de 1993, que cimienta sus pilares en la admisión de la realidad cultural de las poblaciones afrodescendientes, clave del respeto a sus tradiciones, su historia común y su cultura.

Los colombianos son una mezcla de etnias que provienenoriginarias de África, Europa y Oriente que confluyen con los pueblos originarios. La población negra está constituida por tres grupos étnicos: raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, palanqueros de San Basilio de Palenque-Cartagena, y negros, mulatos, afrodescendientes, afrocolombianos (NARP).

Según el censo de 2018, Colombia cuenta con una población estimada en
48 258 494 millones de habitantes; 51.2% son mujeres y 48.8% hombres. La población NARP constituye 9.34% del total censado; las mujeres representan 51.2% y los hombres 48.8%. Del total del censo, 77.1% de la población se encuentra en las zonas urbanas, 7.1% en centros poblados y 15.8% se considera población rural dispersa, mientras que la población NARP, con 66.7%, se ubica en zonas urbanas o en centros poblados, y 33.3% lo hace en área rural dispersa. La pobreza multidimensional del grupo NARP nacional se ubica en 30.6%, 11 puntos porcentuales (pp) por encima de la pobreza nacional. En las cabeceras, la pobreza de la población NARP se ubica 13.6 pp por encima de la pobreza total. En los centros poblados y en el ámbito rural disperso se encuentra la brecha, que es de 10.1 pp respecto a la nacional.

El sistema educativo colombiano se rige por la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) que, de conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política, contempla que la educación es un derecho y es obligatoria de primaria a educación básica secundaria (de 0° a 9°) (MEN, 2014). El artículo 55 de la Ley 115 define la educación para grupos étnicos, como aquella que se ofrece a grupos o comunidades que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.

En materia de educación, el censo de 2019 arroja que hay alrededor de 59 052 sedes educativas, de las cuales 67.3% se encuentran en zonas rurales (las cifras manejadas por este Censo corresponden sólo a 53 527 sedes educativas). La mayor cantidad de estas sedes enfoca sus servicios, en el nivel de básica primaria, en 47 951 sedes, de las que 73% se encuentran localizadas en zonas rurales y el resto (27%), en zonas urbanas. De 49 902 sedes que contaban con algún bien o servicio (en Colombia, éstos se dividen en bienes TIC: están conformados por computadores de escritorio, computadores portátiles y tabletas; y los servicios TIC están conformados por electricidad, televisión, línea telefónica, radio e Internet), 40 902 son del sector oficial; de éstas, 32 411 sedes se situaron en la zona rural, de las cuales 92.1% tenía electricidad, 5.2% línea telefónica y 21.3% Internet.

La matrícula nacional fue de 10 036 440 estudiantes, atendidos por el sector oficial en 80.4% y por el no oficial en 19.6%. El 23.7% de estudiantes matriculados acuden a sedes educativas que pertenecen a la zona rural. Del total de la matrícula, los grupos étnicos representan el 9.6%, entre los que 53.3% corresponde a la población NARP.

Los indicadores de bajo logro educativo de la población NARP muestran una diferencia de casi 7 pp entre el nivel nacional, con 51.6, y las cabeceras con 43.8; pero la brecha respecto a los centros poblados y rurales dispersos, con 76.5%, muestra una diferencia de casi 26 pp, respecto al nivel nacional de este grupo poblacional. El analfabetismo también presenta grandes brechas, el total nacional es 14.3%, en las cabeceras de 10.1%, y en los centros poblados y rurales dispersos de 27.9%.

A pesar de las brechas existentes en la educación NARP del país, se han hecho algunos avances en materia de educación para la población NARP, como el reconocimiento de diferentes modalidades de atención educativa a poblaciones (Titulo III capítulo 3 de la Ley General de Educación de 1994), así como el decreto 1122, de junio 18 de 1998, por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos de educación formal del país.

Sin embargo, una de las dificultades que presenta la población NARP en Colombia, es la falta de información estadística que permita reconocer sus características y particularidades específicas (Rodríguez, 2010). La existente pone en evidencia grandes brechas entre la población NARP y el resto de la población colombiana; la educación es sólo un ejemplo de estas desigualdades.

Uno de los mayores desafíos que encara la educación rural NARP en Colombia tiene que ver con hacer frente a las barreras derivadas del racismo estructural, la existencia de la discriminación y las dificultades generadas por el conflicto armado en los territorios; de igual modo, es necesario abordar la negación de la etnicidad de la gente negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, desde el reconocimiento de los aportes de África y las culturas negras al país y el mundo.

La implementación de una política pública en materia de educación debe tener en cuenta el desarrollo de la Ley 70 de 1993, y todos sus mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de las comunidades Negra, Raizal Palenquera y afrodescendientes negras colombianas. Por esta vía, las comunidades NARP podrán alcanzar un verdadero desarrollo educativo en las comunidades, donde ésta sea un motor para la transformación, el cambio, y la eliminación de las desigualdades y brechas que en materia de educación y desarrollo presentan las comunidades y las personas afrocolombianas.

 

Referencias

Arias, G (2017). Problemas y retos de la educación rural colombiana. Educación y Ciudad, (33), 53-62 Recuperado de https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/1647

Congreso de la República (1991). Constitución Política de Colombia, Colombia: Congreso de la República.

Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2020). Boletín Técnico Educación Formal,  2019. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/ investigaciones/ boletines/educación/bol_EDUC_19.pdf

Congreso de la República (1994). Ley General de educación. Ley 115 de 1994. Colombia: Congreso de la República.

Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2020). Boletín Técnico Educación Formal, 2019. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/ investigaciones/ boletines/educación/bol_EDUC_19.pdf

Rodríguez, P. (2010). La invisibilidad estadística étnico-racial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia. Trabajo Social, (12), 89-99. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/18970

Fuente: http://www.educacionfutura.org/una-lectura-a-la-educacion-de-la-poblacion-negra-afrodescendiente-raizal-y-palenquera-narp-en-colombia-desde-el-censo-de-2018/

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Educación rural y lenguas indígenas en Oaxaca

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Departamento de Investigaciones Educativas- CINVESTAV

Miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER)

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 2009), en Oaxaca se hablan 16 lenguas indígenas, además del castellano. De esta manera, dicha entidad es la que alberga no sólo la mayor cantidad de lenguas originarias, sino también el mayor número de hablantes, pues de acuerdo con la última Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), de un total de 3 967 889 habitantes, 1 205 886 personas mayores de 3 años hablaban alguna lengua indígena, lo cual equivale a 32.3%. Esta situación lingüística es relevante en relación con el promedio nacional, que alcanza sólo un 6.6%.

Ahora bien, dentro de las distintas regiones del estado las estadísticas sobre hablantes de lenguas indígenas también varían. Por ejemplo, la Sierra Norte posee el mayor porcentaje de hablantes, con 76.3%, mientras que en los Valles Centrales alcanza apenas 16.4%. A nivel municipal, los datos son aún más contrastantes, por ejemplo, en San Juan Petlapa (en la región del Papaloapan), Santa Catalina Quierí (Sierra Sur) y Mixistlán de la Reforma (Sierra Norte) más de 99% de la población habla alguna indígena, en tanto que municipios como San Nicolás Hidalgo (región Mixteca) y San Mateo Yucutindó (Sierra Sur) dicha población solo representa el 0.10%.

En cuanto al número de localidades, según cifras de la Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO, 2017), en la entidad existen 10 496 localidades, de las cuales el 88% tiene una población menor a 500 habitantes; es decir, son localidades rurales. En relación con el tipo de educación básica que se imparte en estas comunidades, se tiene la presencia de distintas y diversas modalidades escolares. A nivel preescolar y primaria existen escuelas rurales generales y escuelas rurales indígenas, y en secundaria se cuenta con secundarias generales, telesecundarias y secundarias comunitarias indígenas, además de los servicios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que cuenta con preescolar, primaria y secundaria, según el tipo de población que ellos reconocen: indígena y mestiza.

Aunque muchas de estas localidades rurales comparten aspectos sociolingüísticos muy similares, las modalidades educativas no son siempre las mismas. Por ejemplo, en algunas comunidades cuentan con primaria general, mientras que en otras hay primarias indígenas. Esta diferenciación en el tipo de escuela impacta directamente en la cuestión lingüística de los alumnos, ya que mientras que las primarias rurales indígenas cuentan con una asignatura especial de lengua indígena y con materiales e insumos didácticos en dichas lenguas, las primarias rurales generales no cuentan ni con la asignatura ni con los materiales. En el caso de las primarias del Conafe, la situación también depende de la modalidad.

En cuanto a las secundarias, el abordaje de las lenguas indígenas es aún más preocupante, ya que ni las telesecundarias ni las secundarias generales cuentan con un espacio curricular que las atienda. En el caso de las secundarias comunitarias indígenas sí se abordan estas lenguas, sin embargo, sólo existen 10 escuelas de este tipo en todo el estado (Briseño, 2018, p. 13). Por su parte, las secundarias comunitarias del Conafe también abordan las lenguas indígenas, siempre y cuando dicha modalidad se encuentre en alguna localidad reconocida por el Consejo como comunidad indígena.

La formación docente es otro de los aspectos a considerar a la hora de hablar de educación rural y lenguas indígenas, puesto que la mayoría de los docentes son egresados de alguna Normal Rural “convencional”, en comparación con los egresados de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), quienes se forman especialmente para la atención de preescolares y primarias rurales indígenas, además de ser hablantes de alguna de las 16 lenguas indígenas del estado (Reyes y Vásquez, 2008). En ese sentido, puede existir un mismo contexto lingüístico que es atendido por docentes con distinta formación, lo cual repercute a la hora de abordar o no las lenguas indígenas.

Por otra parte, las actitudes de los padres de familia constituyen otro factor a pensar. Mientras que en algunas localidades los padres de familia exigen el abordaje de las lenguas indígenas, en otras reclaman el uso exclusivo del castellano. Esto tiene que ver, desde luego, con una serie de experiencias que los padres han tenido en relación con el uso de las lenguas que les son propias; mientras que para algunos ha implicado procesos de discriminación o racismo, en otros casos ha constituido una posibilidad para la creación literaria, por ejemplo. Es decir, la perspectiva que asumen los padres depende mucho de sus intersubjetividades, de sus empoderamientos o de qué tanto la lengua implica cohesión social, fortalecimiento identitario, etcétera.

En realidad, el papel que asumen los padres de familia es fundamental para comprender por qué escuelas con distintas modalidades operan en comunidades con características sociolingüísticas similares, pues como comenta Lucerito Rosales, maestra de primaria rural en la Sierra Norte de Oaxaca, son los padres de familia, a través de su comité escolar, quienes deciden el subsistema al que quieren que pertenezca su escuela: al general o al indígena, a sabiendas de las implicaciones que cada una de ellas tiene en relación con la atención a la diversidad lingüística y sociocultural. Incluso existen comunidades donde los propios padres han exigido la permanencia del Conafe, pese a que cuentan con una población estudiantil que se supone debiera atender la SEP.

En mi opinión, la diversidad de modelos educativos rurales en Oaxaca no ha sido de provecho para el fortalecimiento o la revitalización de las lenguas indígenas. Por el contrario, algunos de estos modelos atentan directamente contra dicha diversidad lingüística. De hecho, el modelo educativo comunitario del Conafe, al hacer una separación tajante entre indígena y mestizo, tiende a invisibilizar la presencia de las lenguas indígenas en localidades consideradas “mestizas”, bajo el único argumento del porcentaje de hablantes: si es menor a 40%, entonces ya no es indígena sino mestiza. Lo mismo pasa con las primarias rurales generales o las telesecundarias, las cuales trabajan a partir de un modelo curricular nacional y, por tanto, homogeneizante.

Es necesario señalar que, pese al subsistema en que se encuentren las escuelas, los maestros no son simples operadores. Al contrario, en la Sierra Sur, por ejemplo, hemos identificado que, tanto maestros pertenecientes a primarias rurales generales como líderes para la educación comunitaria (LEC) de primarias comunitarias mestizas han realizado esfuerzos personales por abordar las lenguas indígenas o los llamados saberes comunitarios (Pérez y Cárdenas, 2020). Sin embargo, estos esfuerzos son aislados y no han permeado dentro de todo el sistema educativo estatal en Oaxaca. Aunque, recientemente, los directivos de la sección 22 del SNTE convocaron a profesores rurales a jornadas de trabajo para la mejora de la educación multigrado en el estado, y en una de ellas se propuso una sesión dedicada al tema de las lenguas indígenas, el cual estaría bajo mi cargo.

Bajo este panorama, considero necesaria la articulación entre los distintos subsistemas educativos (general e indígena) e incluso el Conafe, con el objetivo de reflexionar en torno a la importancia de las lenguas indígenas no sólo a nivel local, sino como sistemas de conocimientos en torno a muchas aristas como el territorio o el medio ambiente, lo cual es valioso para la sociedad en general. Es necesario apuntar que, aunque al perderse una lengua varios elementos culturales siguen persistiendo, también hay otros elementos que terminan perdiéndose, pues “las lenguas ancestrales y sustituyentes no son vehículos equivalentes para la conservación o expresión cultural” (Woodbury, 1993, p.101).

Una idea que podría favorecer la articulación entre preescolares y primarias generales, indígenas y comunitaria del Conafe, además de telesecundarias, secundarias generales y secundarias comunitarias indígenas, es la creación de redes regionales o hasta locales donde se pueda reflexionar y compartir experiencias en torno a éste y otros temas. Tomemos en cuenta que existen comunidades donde hay preescolar y primaria indígena y telesecundaria, lo cual puede verse como una excelente oportunidad de vinculación y ayuda mutua entre docentes en el afán de fortalecer las lenguas indígenas de Oaxaca. Recordemos que todas las lenguas indígenas de Oaxaca y de México están en riesgo de desaparición y la escuela puede ser un espacio para evitarlo.

Referencias

Briseño, J. (2018). Cultura escolar comunitaria. Prácticas, textos y voces de las Secundarias Comunitarias Indígenas de Oaxaca. (Tesis de doctorado). México: DIE-CINVESTAV.

DIGEPO (2017). Radiografía demográfica del estado de Oaxaca. Disponible en: http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/recursos/publicaciones/radiografia_oaxaca_digepo_2017

INALI (2009). Catálogo de las lenguas indígenas nacionales. Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. México: INALI. Disponible en: https://site.inali.gob.mx/pdf/catalogo_lenguas_indigenas.pdf

INEGI (2015). Principales resultados de la encuesta Intercensal 2015. Oaxaca. México: INEGI. Disponible en: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2015/702825079857.pdf

Pérez, E., y Cárdenas, E. (2020). De la educación rural a la educación rural comunitaria: reflexiones desde el municipio de San Jerónimo Coatlán, Oaxaca. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos L(1), 225-250.

Reyes, S., y Vásquez, B. (2008). Formar en la diversidad. El caso de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), TRACE (53), 83-99.

Woodbury, A. (1993). Una defensa de la afirmación: “cuando muere una lengua, muere una cultura”. Texas Linguistic Forum (33), 101-129.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/educacion-rural-y-lenguas-indigenas-en-oaxaca/

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