Author: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

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Prioridades de política educativa de la 4T: ¿cómo vamos a medio camino de la administración de AMLO?

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: María Mercedes Ruiz Muñoz/Arcelia Martínez Bordón/Alejandra Luna Guzmán

Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ

Departamento de Educación Universidad Iberoamericana Ciudad de México

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente

En el marco del séptimo Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ, el pasado 20 de mayo tuvo lugar una mesa de diálogo en la que se discutieron las prioridades de la política educativa de la actual administración, autodenominada 4T. En el seminario estuvieron presentes Emilio Blanco, investigador del Colegio de México, Jimena Hernández, académica del INIDE de la Ibero CDMX, y Arcelia Martínez, investigadora del Departamento de Educación de la Ibero CDMX. La moderación estuvo a cargo de Mercedes Ruiz, también investigadora del Departamento de Educación de la Ibero CDMX.

El interés de este seminario se centró en el planteamiento de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, a partir de su presentación en la conferencia Matutina del 26 de abril del presente año, en la que habló de los cuatro ejes de la política educativa: i) brindar mejores condiciones laborales al magisterio; ii) la implementación de programas y contenidos temáticos; iii) la dotación de becas para estudiantes, y, iv) la mejora de la infraestructura de los centros educativos con el programa La Escuela es Nuestra (https://www.youtube.com/watch?v=oHV0ybTDHU4).

Ante esta perspectiva, Emilio Blanco señaló que no hay agenda educativa en México más allá de la del presidente, que se configuró a partir del fracaso rotundo de la Reforma Educativa 2013, en conjunto con una desconfianza patente hacia las instituciones. Para Blanco, estos cuatro ejes no representan en realidad una política educativa que atienda los graves problemas en la educación, vinculados con los aprendizajes, las desigualdades y las brechas tecnológicas, y más bien persiste una tendencia a la desaparición, modificación o reducción de programas e instituciones, como es el caso de las Escuelas de Tiempo Completo que, de acuerdo con lo que reportan las investigaciones, resultaban bien evaluadas. Las acciones de política, dijo, parecen seguir un posicionamiento de anticorrupción que busca eliminar intermediarios y que la sociedad se autorregule.

Por su parte, Jimena Hernández también puso en duda la existencia de una política pública que atienda un problema en el campo de la educación. Subrayó la importancia del rastreo histórico de donde surgen los planteamientos actuales, y que ha resultado en que cada administración pública pretenda dejar su propia huella y no atender realmente los problemas educativos de fondo. A manera de ejemplo, señaló la exclusión de los profesores de inglés, que no cuentan con plaza como tal y que hoy están a la espera de que lleguen recursos para su pago correspondiente. Hernández dijo que la alianza que estableció AMLO con el magisterio claramente lo posicionó en la presidencia de la República. Ello determinó que la discontinuidad ya constante fuera aún más profunda en este sexenio, con el cierre de instituciones y la construcción discursiva que implicó incluso eliminar palabras vinculadas con la narrativa neoliberal.

Por su parte, Arcelia Martínez señaló que estamos asistiendo a una nueva forma de hacer política y que se enfrentan enormes retos educativos. De los cuatro ejes prioritarios, tres, dijo, tienen que ver con la transferencia directa de recursos (becas, aumento a salarios y PLEEN), lo cual nos habla de una política electoralmente rentable. En este sentido, señaló, la agenda política está por encima de la agenda educativa. Dijo, además, que la política educativa es simplista o reduccionista, pues no se parte de un diagnóstico de los problemas prioritarios del Sistema Educativo Mexicano, en particular aquéllos relacionados con el rezago educativo y el rezago de aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En el seminario también se hizo alusión al nuevo planteamiento del Marco Curricular, cuestionando qué tanto debiera hacerse en este momento de crisis, agravado por la pandemia, toda vez que faltan dos años para el cierre de esta administración.

Ante un contexto postpandémico que cada día revela más impactos negativos en el rezago educativo y de aprendizajes y en el incremento de la deserción escolar, sin dejar de lado la posible postulación de la secretaria para contender por la gubernatura del estado de México, cabe preguntarnos varias cosas: ¿Es la educación una prioridad? ¿Qué tanto la transferencia directa de recursos (a escuelas y familias) puede abonar a resolver la crisis educativa que atravesamos? ¿Cómo podemos involucrarnos más como académicos e involucrar más a la ciudadanía para evidenciar el divorcio que existe entre la agenda de gobierno en materia de política educativa y la búsqueda de soluciones integrales?

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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Justicia social y programas compensatorios en escuelas rurales y multigrado

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: José Morales

Red Temática de Investigación en Educación Rural

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

México es un país con muchos contrastes y polarizaciones, donde una gran parte de la población vive con muchas carencias. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2020, 43.9% de la población se encontraba en situación de pobreza. En este sentido, es urgente retomar el tema de la justicia social en una población donde casi la mitad sufre de algún tipo de carencia.

Para hablar de justicia social es necesario revisar las formas de concebirla. En primer lugar, este concepto puede entenderse como la igualdad de oportunidades, es decir, se piensa que brindando las mismas oportunidades a todos por igual podrá lograrse una verdadera justicia social, lo que es lo mismo, “todos tenemos las mismas posibilidades de progresar en la vida y, por lo tanto, todos somos fundamentalmente iguales” (Cuenca, 2011, p. 85).

La justicia social, desde esta perspectiva, sostiene que ofrecer las mismas oportunidades permitiría la movilidad social a través del talento y el esfuerzo personal. Es aquí donde la escuela se convierte en la institución por excelencia que puede desarrollar estrategias de igualdad de oportunidades (Cuenca, 2011). Sin embargo, antes de pensar en la igualdad de oportunidades, conviene reconocer las condiciones socioeconómicas de los diferentes grupos sociales y con ello, observar las fuertes disparidades entre éstos.

Otra perspectiva sobre la justicia social tiene que ver con la posición que ocupan los individuos dentro de la estructura social, por lo que la prioridad debe ser lograr que cada persona asegure una posición y la mantenga; de esta forma, estaría en condiciones de poder competir por mejorar sus condiciones de vida, es decir, se busca lograr que “las distintas posiciones estén en la estructura social más próximas las unas con las otras a costa de que, entonces, la movilidad social no sea ya una prioridad” (Dubet, 2014, p. 11).

La idea de justicia social debe verse como la oportunidad de reconocer la diversidad (económica, política, sociocultural) evitando de esta forma el trato homogeneizador que se ha favorecido con las políticas educativas hasta el momento y con ello “perder el velo que cubre sus ojos y que le impide ver a quién se dirige y tratarlo de manera más adecuada a su situación” (Tedesco, 2014, p. 30).

Bajo esta concepción de brindar las mismas oportunidades al estudiantado, en México (a partir de la década de los noventa) se inicia una serie de transformaciones, entre las que se destacan programas compensatorios dirigidos especialmente a aquellas zonas con escasos recursos. Por lo regular, son aquellas que se encuentran más alejadas de la cabecera municipal, tienen escasez en los servicios, población altamente dispersa y en condiciones de pobreza.

La finalidad de los programas compensatorios es, por un lado, superar las deficiencias de las escuelas públicas y por otro, otorgar los recursos necesarios para abatir la desigualdad educativa, principalmente para las escuelas rurales y las urbano-marginadas, además de intentar ofrecer igualdad de oportunidades que puedan coadyuvar a la mejora de la calidad educativa, principalmente de la población con menos ventajas.

Algunos de estos programas compensatorios que se han implementado principalmente para abatir los efectos del rezago educativo en el medio rural e indígena, fueron: el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE, 1991-1996), el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial (PRODEI, 1993-1997), el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Básica (PAREB 1994-1999), el Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE) y el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica (PAREIB, 1998-2006).

Asimismo, se han desarrollado programas enfocados en atender el servicio de alimentación para la población estudiantil. Entre los que se pueden mencionar, el programa de Desayunos Escolares (Coordinado por el DIF), el Programa de Educación Salud y Alimentación (Progresa) que se inicia en 1997 y en 2002 se transforma en el Programa de Desarrollo Humano (Oportunidades) para en el 2014 convertirse en el Programa de Inclusión Social (Prospera). Estos programas incluían un apoyo económico dirigido a fortalecer la educación, salud y alimentación de la población con mayores carencias.

En  el ciclo escolar 2007-2008 aparece el Programa Escuelas de Tiempo Completo, que tenía como características la ampliación de la jornada escolar, los servicios de alimentación, el trabajo con talleres escolares y apoyo a la mejora de la infraestructura en las instituciones En la actualidad, se ofrecen becas a los estudiantes (Becas del bienestar) y se ha desarrollado la Escuela es Nuestra, el cual  se enfoca en la mejora de la infraestructura de aquellas escuelas con mayores necesidades.

Ahora bien, en cuanto a las escuelas rurales, se observa que son éstas las que concentran la mayor población con necesidades debido a la falta de recursos, a su lejanía y a la organización de las mismas, ya que la mayoría son de carácter multigrado, es decir, aquéllas donde “un docente imparte más de un grado, y aquéllas donde el número de grupos es mayor al número de docentes” (SEP, 2021, p. 9).

Para el ciclo escolar 2018-2019, en México 10 397 escuelas de educación básica tenían una organización escolar multigrado y en ellas laboraban 14 190 docentes y se matricularon 286 462 estudiantes, representando 60.2% del total en el tipo educativo. Esto significa que existe una gran cantidad de población estudiantil que requiere mayor apoyo debido a la falta de oportunidades que existen en sus comunidades.

Sin embargo, los programas compensatorios no han sido suficientes para atender las necesidades de la población. Se observa que la pobreza ha ido en aumento y el rezago educativo es uno de los temas principales, sobre todo en escuelas rurales y multigrado. Por lo tanto, para lograr la justicia social que se proponen y que tanto hace falta para una población tan diversa es necesario retomar algunos aspectos:

  • La justicia social sólo se logra si existen las condiciones necesarias para lograrlo, ya que se requiere fortalecer lo económico, lo político, lo cultural y lo social de estos contextos rurales donde se aplican los diferentes programas compensatorios.
  • La aplicación de programas compensatorios requiere que se brinde formación y actualización constante a los docentes para su aplicación adecuada, pues un programa que no tiene las bases necesarias se convierte en dinero mal invertido.
  • Los programas compensatorios como parte de una política educativa deben considerar las necesidades y los intereses, tanto de los contextos donde se aplican como de los docentes que las implementan.

Para hablar de una verdadera justicia social en un país como el nuestro, donde gran parte de la población se encuentra sumida en condiciones de pobreza, es necesario desarrollar políticas que atiendan la complejidad de las situaciones sociales y económicas de cada región sobre todo de aquellas que presentan mayores carencias.

Referencias

CONEVAL (2020). Medición de la pobreza 2016-2020. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx

Cuenca, R. (2011). Sobre justicia social y su relación con la educación en tiempos de desigualdad. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. 1(1), 79-93.

Dubet, F. (2014). Repensar la justicia social.  México: Siglo XXI editores.

SEP (2021). Principales cifras del sistema educativo nacional. México: SEP. http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf

Tedesco, J. (2014). Educar en la sociedad el conocimiento. México: FCE.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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México: La desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo. ¿Y la evidencia importa?

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

La desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo. ¿Y la evidencia importa?

María Mercedes Ruiz Muñoz

Arcelia Martínez Bordón

Alejandra Luna Guzmán

Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ

Departamento de Educación Universidad Iberoamericana Ciudad de México

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales en relación con la agenda educativa vigente.

 

El pasado 29 de abril, en el marco del Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ, se discutió acerca de los alcances y retos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, sobre los riesgos de su desaparición y la propuesta de que se incluya en el Programa la Escuela es Nuestra (PLEEN). En el seminario participaron Alma Maldonado, investigadora del DIE-Cinvestav, César Velázquez, profesor-investigador del Departamento de Economía de la Ibero Ciudad de México, y Fausto Sandoval, profesor indígena rural cuya escuela, en Oaxaca, fue beneficiaria del programa.

Los tres coincidieron en que las bondades de las Escuelas de Tiempo Completo están en vilo ante su posible desaparición. Se trata de un programa público que formalmente inició en el ciclo escolar 2007-2008 y que beneficiaba a niñas, niños y adolescentes, y permitía a las madres y padres realizar sus labores con la tranquilidad de que sus hijas e hijos se encontraban en un espacio seguro. Por su parte, el personal directivo, docente y de servicios se veía beneficiado con un apoyo económico adicional a su salario base, como un incentivo por la extensión de la jornada escolar.

Uno de los problemas que plantearon los ponentes es que estos apoyos económicos serán recibidos ahora directamente a través del Comité de Administración Participativa (CAP), que gestionan los padres y madres de familia. De acuerdo con los panelistas, esta situación conlleva a conflictos de interés y a manejos poco transparentes de los recursos que se destinarán tanto a los docentes como al programa en sí mismo.

Aunque el presupuesto del programa ya había sufrido recortes importantes con anterioridad, en su momento, el entonces secretario de educación, Esteban Moctezuma, defendía su existencia en tanto 70% de las ETC estaban ubicadas en poblaciones en situación de alta vulnerabilidad y las distintas evaluaciones al programa arrojaban resultados importantes en materia de inclusión y equidad (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/escuelas-de-tiempo-completo-se-salvan-de-desaparecer-sep). A este respecto, César Velázquez señaló que, de acuerdo a las evaluaciones del PETC, los beneficios de éste fueron evidentes incluso en el logro de aprendizajes, dado el reforzamiento que se hacía de los cursos básicos, además de actividades físicas y recreativas.

Como es de conocimiento público, la desigualdad y las brechas tecnológicas se incrementaron a raíz de la pandemia, que agudizó aún más las inequidades educativas preexistentes. El cierre de estas escuelas es un golpe más a la precariedad que prevalece en muchas comunidades educativas. Sobre esto último, Alma Maldonado señaló la ausencia de un diagnóstico y de una evaluación que ofrezca evidencias sobre la situación actual de las escuelas y que, por tanto, respalde de alguna manera la decisión de terminar con el PETC. Además cuestionó que la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, en comparecencia ante las Cámaras, no ofreció ninguna respuesta certera al respecto, más allá de mencionar que se incorporarán al PLEEN.

En el seminario se señaló que el programa también se reconocía por ser un espacio colaborativo entre familia, escuela y comunidad. En muchas de ellas, los alimentos eran preparados por madres organizadas con la participación de algunos docentes. Se ofrecía de esta manera un espacio no sólo de alimentación, sino de convivencia comunitaria esencial para fortalecer el tejido social en comunidades muchas veces circunscritas en contextos de violencia. Al respecto, el profesor Fausto Sandoval compartió su experiencia en un recuento detallado que dejó claros varios de estos beneficios y expresó su preocupación ante la falta de apoyo técnico que el PLEEN ha significado en las obras de infraestructura, lo cual le hace temer un abandono equivalente en lo pedagógico. Asimismo, señaló que las escuelas indígenas, ya en circunstancias difíciles, se verán todavía más comprometidas ante la falta de mecanismos claros de implementación para que el PLEEN absorba los mecanismos y estrategias que antes correspondían al PETC.

La desaparición de este programa –y su aún incierta inclusión en el PLEEN– evidencia una falta de visión del gobierno actual más allá de sus propias prioridades. Con las banderas de la anticorrupción y de la austeridad republicana, se busca justificar el cierre de este programa, alegando que los recursos se van a entregar mediante el Programa la Escuela es Nuestra, que para 2022 tuvo un aumento presupuestal de 9.6%. Sobre esto último, los tres panelistas expresaron que, si bien dicho aumento es considerable, el PLEEN tiene como principal objetivo el mejoramiento en términos de infraestructura, y esta disposición pondrá en aprietos a las comunidades educativas que ahora tendrán que tomar la decisión –a través de sus CEAP– de atender esas necesidades o continuar con las actividades y estrategias de las Escuelas de Tiempo Completo. Por lo pronto, y ante la incertidumbre de su desaparición, algunas autoridades de distintas entidades han señalado que darán continuidad a este programa con sus propios recursos, como Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, entre otras.

Si bien este 2022 la asignación presupuestal para educación tuvo un aumento de 1.9% en relación con el de 2021, éste representa apenas 3.1% del PIB, lo cual dista mucho de lo estipulado por la LGE, de asignar mínimo un 8% (DOF, 2019). Desde la perspectiva del derecho a la educación y de la mano de los distintos acuerdos internacionales signados por México, la garantía de este derecho bisagra debe ir acompañada de la garantía de otros derechos, como el derecho a la alimentación, a un espacio seguro y a un óptimo desarrollo social, privilegiando en todo momento el bien superior de niñas, niños y adolescentes. La garantía de estos derechos es, sí o sí, responsabilidad del Estado y la ciudadanía debe exigir su cumplimiento.

El gobierno actual ha ido aniquilando programas que no van con su línea prioritaria, como es el otorgamiento de becas y de transferencias directas a beneficiarios, sin importar que la escuela sea asequible, accesible, aceptable y adaptable, que cuente con la infraestructura necesaria y con las condiciones para contribuir a la permanencia de los estudiantes en la escuela y al logro de trayectorias escolares exitosas.

Si bien se reconoce que es importante que los recursos lleguen a donde deben llegar –una acusación que se ha hecho al programa ETC es que éste no llegaba a las comunidades más pobres– y que las comunidades escolares sean autogestivas –se entiende que las familias forman parte de las comunidades y que deben de trabajar de la mano con los docentes–, es claro que se confunden la gimnasia con la magnesia: las escuelas necesitan apoyos en infraestructura, sí, pero también apoyos para gestionar lo pedagógico, la alimentación y lo que la misma escuela –en acompañamiento con las madres y padres de familia– decida que se necesita.

Como se discutió ampliamente en el Seminario del Faro-ODEJ, la decisión de asignar más transferencias a las familias, y no a la operación de la escuela y a lo pedagógico tiene, a todas luces, el carácter de una política clientelar. Por ello, en esta coyuntura es importante preguntamos, ¿qué lugar ocupa la educación en las prioridades de este gobierno? ¿Cómo justificar el cierre de un programa que ha demostrado cerrar las brechas de aprendizaje entre distintos grupos de niñas, niños y adolescentes? ¿Y la evidencia importa?

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/la-desaparicion-del-programa-escuelas-de-tiempo-completo-y-la-evidencia-importa/

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La Primera Convención Nacional Multigrado. Referente en un trayecto que se construye.

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: David Herrera Figueroa

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales en relación con la agenda educativa vigente.

En fechas recientes tuvo lugar la Primera Convención Nacional Multigrado, un evento que, sin ánimo de exagerar, puede considerarse histórico a partir de la trayectoria, características y valoración que se ha dado en México a la educación multigrado. Dichos elementos sobre los cuales se ahonda líneas adelante enmarcan y otorgan sentido a la trascendencia de la convención como un referente en un trayecto, donde confluyen varios proyectos y esfuerzos que, en los últimos años se han construido con miras a la mayor visibilización y mejora de la educación multigrado

Como marco general podemos señalar que la educación multigrado, aquella en que un docente atiende a uno o mas grados escolares, ha tenido una presencia históricamente relevante desde las primeras etapas de la conformación de un Sistema Educativo Nacional (SEN), a través de las escuelas llamadas rudimentarias hasta la actualidad, con su presencia en los distintos niveles de educación básica y en los denominados servicios de educación comunitaria que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

A la par de su continuada existencia en la historia de la educación en México, la educación multigrado, en los últimos años, mantiene una amplia presencia geográfica y numérica, particularmente en los contextos rurales. De acuerdo con datos de la Evaluación Integral de la Política de Educación Multigrado (INEE, 2019), una de cada tres escuelas en el país era de organización multigrado, aumentando este número a una de cada dos, si se consideraba a escuelas con al menos un grupo en esta condición, con particular relevancia en el nivel educativo de preescolar, en el cual hasta 60% de los servicios se encontraban bajo esta organización.

En contraste con la historicidad y notoria presencia de la educación multigrado en el Sistema Educativo Mexicano, la política educativa orientada a ella ha tendido a ser exigua y excluyente. Ello debido, en parte, a que las legislaciones en su construcción han mantenido una perspectiva basada en la lógica de una escuela de conformación completa y de organización unigrado con lo que, al momento, salvo la creación de Conafe hace 50 años, no se ha observado una política nacional específica dirigida al multigrado. Cabe señalar que, no obstante lo antes mencionado, la Ley General de Educación, en su artículo 43, establece la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar las acciones y condiciones para la implantación de una educación multigrado óptima (Ley General de Educación, 2019, p. 18). La Evaluación Integral de la Política de Educación Multigrado (INEE, 2019) y Las Directrices para mejorar la educación multigrado (INEE, 2019) representan referentes orientadores en dicho sentido; sin embargo, al momento no se han constituido políticas que las consideren.

En el plano educativo y de la investigación en los últimos años, tomando como punto de partida la elaboración de la propuesta de educación multigrado 2005, la educación multigrado ha presentado avances sustanciosos con la creación, en 2014, de la Red Temática de Investigación para Educación Rural (RIER), constituida por investigadores y educadores interesados en torno a la temática educativa rural y multigrado, así como la concreción de diversas opciones de formación profesional respecto a la educación multigrado, tales como la maestría en educación rural de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), el diplomado en docencia multigrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y la recién creada licenciatura en educación multigrado de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); de igual manera, se han constituido, en cierta medida y persistencia, programas y acciones gubernamentales de apoyo a la educación multigrado, lo cual representa un avance cualitativo en relación con décadas previas.

En el marco previamente mencionado, se detalla como tema principal de esta entrada la realización de la Primera Convención Nacional Multigrado, la cual tuvo lugar del 20 al 22 de abril en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la presencia de 201 docentes, directivos, asesores técnicos pedagógicos, supervisores, formadores de docentes e investigadores interesados en la educación multigrado. El citado encuentro es significativo por varias razones; una de ellas es el contexto de sucesos con los que confluye: la generalización del retorno a las clases presenciales y la discursividad de que la educación no puede ser la misma y la presentación de los nuevos marcos curriculares nacionales considerados en cierta medida afines a la educación multigrado.

El Primer Congreso Nacional Multigrado realizado en septiembre de 2019 en San Luis Potosí representa el antecedente organizativo de la Convención; en dicho espacio convergieron y se conjuntaron esfuerzos docentes y colectivos del Estado de México, San Luis Potosí, Durango, Estado de México y Nuevo León, por citar algunos, para dar cauce a lo que fue la Convención Nacional Multigrado. Con ello se inició la conformación de la Comunidad Nacional Multigrado con representatividad en 30 estados de la República. La citada Convención fue antecedida por múltiples reuniones de organización, así como por la realización de conversatorios en torno a temáticas orientadas al multigrado, sus necesidades y actualidades.

De particular realce y significatividad resultó la forma de gestación y concreción de la citada Convención como una iniciativa de base, que surge de la inquietud e interés particular de docentes, directivos, supervisores y demás actores concretos que experimentan las aristas de la educación multigrado de forma cotidiana. De igual manera, fue destacable la participación y aportación económica voluntaria surgida de los mismos participantes para la organización y sostenimiento del evento. Esto denotó el legítimo interés de integrarse a este tipo de espacios, escasamente propiciados en el marco institucional del SEN. La autonomía de origen, la autogestión y la participación voluntaria de actores interesados resultó contrastante con las lógicas institucionales desde las cuales se operan diversas acciones dentro del sistema educativo a nivel estatal y federal, y evidencia una forma de actuar ya construida a fuerza de costumbre en los actores multigrado: desde la iniciativa y medios propios bajo sentidos, en no pocas ocasiones, distintos o a contracorriente de lo que enmarca o deja de lado la normatividad y dinámica institucional.

El punto de encuentro que resultó ser la Convención representó una oportunidad de reconfigurar, en cierto sentido, la percepción de aislamiento en la que los docentes multigrado realizan su labor. Las redes de comunicación virtuales surgidas de la misma pueden resultar una alternativa de agrupamiento ante una vivencia común de la educación multigrado. De igual manera, la Convención propició un espacio de circulación de inquietudes, saberes, proyectos y productos específicos para la educación multigrado entre distintos actores, lo cual favoreció, en la voz de los mismos, un diálogo y experiencia estimulante que permitió y permite dimensionar las complejidades, virtudes, necesidades y horizontes de avance. En el citado marco requiere particular mención la presentación de materiales de alcance nacional, como las secuencias didácticas multigrado para docentes de escuelas públicas, las experiencias compartidas en torno a las redes de tutoría en la escuela multigrado, así como los documentales, los talleres y mesas de análisis llevadas a cabo con miras a dar a conocer lo que se ha realizado como alternativa a las situaciones presentes, y reflexionar sobre la situación actual del multigrado y probables rutas de acción desde la perspectiva de los distintos actores que lo conforman: docentes, directores, asesores técnicos pedagógicos, supervisores, formadores de docentes e investigadores.

La educación multigrado presenta, en su concreción, una heterogeneidad dada por la particularidad histórica y territorial de los contextos en que ésta se enclava, la cual le da su matiz comunitario; por ello la realización de la mayoría de los eventos de la Convención en las escuelas rurales de las localidades de Betania y Monte de los Olivos fue un acierto, en tanto que propició palpar de forma directa los entornos en los cuales las acciones de educación multigrado se concretizan; de igual forma, dicho marco permitió encuadrar el sentido de la singularidad del multigrado y las estrategias que las y los docentes implementan para propiciar una articulación o incluso trascendencia de lo curricular hacia lo educativo-comunitario. El conocimiento de forma espontánea y de viva voz de los alumnos y padres de familia sobre los esfuerzos y valoraciones de la escuela, como proyecto conjunto maestros-comunidad, en sus vidas y en la de la localidad, representó un referente de significatividad de la escuela como un espacio socialmente abierto e incluyente, cuya construcción es y debe ser compartida. El reconocimiento de aquellos que resultan referentes por sus aportes a la educación multigrado, el maestro Cenobio Popoca Ochoa, coordinador de la Propuesta en Educación Multigrado 2005, y el maestro Bartolomé Vázquez López, docente en la localidad de Monte de los Olivos y protagonista del documental “El sembrador”, también representó una acción atinada con miras a desarrollar de manera más amplia una memoria colectiva sobre el multigrado y quienes han realizado contribuciones valiosas a éste.

A modo de cierre es importante señalar el valor de la Convención en diversos sentidos: primero, como un referente del crecimiento y proceso paulatino de consolidación de una Comunidad Nacional Multigrado a través de la acción de sus miembros, coordinadores y consejo consultivo; seguidamente, como un espacio de encuentro, de compartición de lo logrado y puesto en marcha, así como de reflexión sobre los pasos aún por andar. Los aspectos señalados permiten afirmar que la Convención abona a las acciones de mejora de la educación multigrado orientadas al desarrollo de un modelo educativo multigrado pertinente y de calidad, apoyado de una adecuada formación inicial y continua de docentes; supervisión y materiales didácticos acordes a ésta. Ante esta valiosa iniciativa autónoma de y desde la base educativa, pendiente queda la respuesta de las autoridades de garantizar recursos, condiciones y procesos de gestión acordes al multigrado. Como retos hacia la consecución de la próxima convención multigrado se vislumbran, entre ellos, la continuidad de esta comunidad con su sentido de renovación pedagógica; la incorporación de actores relevantes en el multigrado, como las figuras educativas del Conafe; continuar y ampliar el acercamiento y participación de los actores comunitarios que inciden de forma trascendente en la misma, y el avance en el logro de la suficiente resonancia a nivel magisterial y social que permita visibilizar el valor y trascendencia del multigrado para la educación en México.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2019, 30 septiembre). Ley General de Educación. Diario Oficial de la Federación. México: Gobierno de México. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). (2019). Directrices para mejorar la educación multigrado. México: INEE https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/05/DirectricesParaMejorarlaEducacionMultigrado_D.pdf

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). (2019). Evaluación Integral de la Política de Educación Multigrado. México: INEE https://www.inee.edu.mx/portalweb/suplemento12/evaluacion-de-politica-de-educacion-multigrado.pdf

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org
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Políticas educativas en Cuba y México: un análisis comparativo (2000-2021)

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Integrantes del curso Historia y Política de la Educación*

Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente

Este comunicado aborda los modelos educativos implementados durante las primeras décadas del siglo XXI en Cuba y en México, con el objeto de crear una breve reseña histórica de la política educativa en ambos países. Sumado a lo anterior, se muestran algunas estrategias efectuadas en estas naciones durante la pandemia por Covid-19, obtenidas mediante la revisión de declaraciones públicas, documentos y actividades desarrolladas dentro del sector educativo, para reflexionar cómo es que la política educativa se ha expresado en estos dos países desde 2000 hasta 2021.

La información está estructurada en dos apartados: las peculiaridades para el caso de Cuba en cuanto a la concepción y los cambios de la política educativa durante este siglo, entre los gobiernos de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel; las principales características para el caso de México durante los sexenios de Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018 hasta el presente). Observamos que en las iniciativas políticas cubanas hay una cierta continuidad, pero en el caso de México no existe una división tan marcada entre los periodos de gobierno. Además, a raíz de la pandemia por Covid-19, se muestra la diversidad de estrategias llevadas a cabo por ambas administraciones en el intento de garantizar la continuidad de los planes educativos durante la contingencia. Finalmente, en las conclusiones generales, resaltamos algunos puntos de convergencia y divergencia entre estos países.

La Política Educativa de Cuba

En Cuba la educación se encuentra en función del Estado y de los lineamientos que establece el Partido Comunista de Cuba. El sistema educativo básico comprende las enseñanzas preescolar, primaria, educación especial, secundaria básica, pre-universitaria, enseñanza técnica profesional, la educación de adultos, la enseñanza obrera-campesina y la formación del personal pedagógico, hasta el nivel de técnico medio, que se encuentra a cargo del propio Ministerio de Educación (Mined). Este sistema educativo se ha mantenido por muchos años sin alteraciones en su estructura ni en los objetivos formativos que cada modelo de enseñanza establece, según las normas y procedimientos dictados por el Mined. El currículo básico, los métodos y procedimientos pedagógicos se implementan en todos los centros educativos de todas las enseñanzas a nivel nacional, con pequeñas modificaciones que dependen de las características regionales de cada provincia.

Es importante señalar que las instituciones de la enseñanza técnica y superior gozan de algunos privilegios, justificados por el papel que desempeñan en la consecución de dichos objetivos. Según Santana (2012), la educación es vista como un instrumento insustituible, pues garantiza el capital humano capacitado para afrontar el fuerte desafío económico que vive la isla, así como con los conocimientos necesarios para tomar una actitud consecuente y optimista a partir de las estrategias planteadas. La importancia que se da a la educación se ve reflejada en la inversión que se realiza en ésta, de más del 25% del fondo público.

Los niveles medio superior y superior constituyeron el foco del análisis de políticas educativas en el periodo 2008-2018, cuando se adoptó una serie de transformaciones recibidas con apatía como: el movimiento de profesores y la reducción de instituciones educativas bajo un criterio de eficiencia económica y las reformas en la enseñanza técnico-profesional. No se dio un proceso de depuración en el sector, sino de concentración en determinados centros con vistas a no malgastar recursos.

A diferencia del resto de los niveles de enseñanza, la educación superior vivió un proceso de desconcentración. El otorgamiento de mayores libertades a las sedes universitarias municipales logró fortalecer el vínculo con los gobiernos locales. En consecuencia, se percibieron mejores indicadores económicos y menores niveles de abandono escolar.

La política educativa de México (2000-2021)

  • El sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006)

Por primera vez en más de medio siglo, en el año 2000 México experimentó el primer cambio en el partido político que encabezaba el poder ejecutivo. Las políticas educativas y de ciencia y tecnología en este sexenio se caracterizaron por implementar herramientas pensadas para la sociedad de la información, “entendida como un espacio social altamente dinámico, abierto, globalizado y tecnificado, en el que sus miembros interactúan e incorporan en su vida diaria aspectos tecnológicos que contribuyen a mejorar su calidad de vida”. (Garrido Lastra y Martínez Carreño, s.f.). Asimismo, se impulsó la formación de capacidades materiales, intelectuales y técnicas que, junto con recursos naturales bastos, posicionarían al país como una de las nuevas potencias a nivel mundial.

  • Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)

En esta administración se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación, la cual propone impulsar la transformación hacia la calidad educativa para avanzar en la construcción de una política de Estado en esta materia. Los principales objetivos se enfocaron en elevar la calidad educativa a través del modelo de competencias y en reducir las desigualdades regionales, de género y socioeconómicas, así como en impulsar la implementación de nuevas tecnologías y ampliar la cobertura de la educación superior. Además de ello, se implementaron los programas: Mejores Espacios Educativos, Oportunidades, Desayunos Escolares, Desarrollo Social, Escuelas de Calidad, Escuela Segura, Escuela de Tiempo Completo y Escuela Siempre Abierta.

  • Enrique Peña Nieto (2012-2018)

Este sexenio comenzó con la firma del llamado Pacto por México, el cual integró a las principales fuerzas políticas del país con el objeto de aprobar las reformas estructurales: energética, educativa, político-electoral, en telecomunicaciones, financiera, hacendaria y laboral. En diciembre de 2012, la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado de la República aprobaron la Reforma Educativa. Ésta tenía como objetivo garantizar la calidad de la educación pública obligatoria; es decir, en los niveles de educación básica

—preescolar, primaria y secundaria— y de educación media superior. Además, colocó en su agenda la necesidad de recuperar la rectoría del Estado en esta materia. Dicha reforma partió de un diagnóstico que reconocía que el Sistema Educativo Mexicano no estaba generando logros sustanciales en la calidad de la enseñanza ni en los aprendizajes de los alumnos y las alumnas.

  • Andrés Manuel López Obrador (2018 hasta el presente)

En diciembre de 2018, por decreto del ejecutivo federal se reformaron los artículos 3º, 31º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los cambios más importantes destacan: el establecimiento de un Servicio de Carrera del Magisterio; la sustitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por el Organismo para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Becas Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Elisa Acuña, Benito Juárez y la creación del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Es importante mencionar que el sexenio fue atravesado por la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, lo que llevó al resguardo de la población y a que la comunidad escolar de todos los niveles se viera obligada a transitar a un modelo de educación a distancia.

Enfrentamiento a la pandemia por Covid-19

¿Cuál es el impacto que en materia educativa han tenido ambos países ante el Covid-19?

  • Cuba

Ante este marco, podemos ver cómo en Cuba el Mined adoptó nuevas alternativas que garantizan el desarrollo del proceso educativo. Para ello se elaboró la estrategia Post-Covid-19, la cual concibió acciones que aseguran los recursos humanos, materiales, financieros y de carácter didáctico-metodológicos sobre la base de los fundamentos del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en el país (Ministerio de Educación de Cuba, 2020). Durante esta etapa de contingencia fue prioritaria la elaboración de cuatro resoluciones que amparan las modificaciones realizadas a los planes de estudio, al Sistema de Evaluación Escolar, la continuidad de estudios, el otorgamiento y el proceso de adaptación de los niños y las niñas en los círculos infantiles. Durante el transcurso de todas las acciones mencionadas anteriormente, el Mined trabajó en las adaptaciones curriculares a desarrollar en el curso escolar 2020-2021.

  • México

Debido a la pandemia provocada por Covid-19, las actividades escolares presenciales fueron canceladas, lo que afectó a poco más de 35.6 millones de estudiantes y a 2.1 millones de docentes de todos los niveles educativos, así como a trabajadoras y trabajadores de apoyo en las oficinas administrativas y en los centros de trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Las acciones que puso en marcha el Estado mexicano, en el caso de las escuelas públicas del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), consistieron en el diseño de un programa educativo llamado Aprende en Casa, cuyos contenidos se transmitieron por televisión en diferentes horarios y se alojaron en un portal web para su consulta. A partir de éstos, las y los docentes debían dar seguimiento —a distancia— a las distintas actividades llevadas a cabo por los niños y las niñas. Para el caso del nivel medio superior, la forma de impartir las clases y la evaluación quedaron exclusivamente en manos de las y los profesores.

A manera de reflexión

Este texto muestra brevemente cómo ambos países han concentrado sus esfuerzos en programas educativos que potencian el aprendizaje desde el hogar, a través de la puesta en marcha de una red de estrategias que implican la creación de programas televisivos, el diseño de aplicaciones móviles y la difusión de información a través de emisoras radiales. También se evidencia el trabajo realizado en función de brindar una amplia cobertura en torno a los materiales didácticos y docentes como complementos de las actividades educativas. Considerando que ambos países, aun con sus particularidades, contemplan una población diversa tanto de etnias como de clases, se observan iniciativas gubernamentales para abordar el fenómeno educativo a través de la implementación de planes de estudio, programas y políticas públicas en materia educativa. Para cerrar, es importante aclarar que esta reflexión se basa únicamente en la evidencia recuperada de la literatura y la revisión documental. Igualmente, éste es un espacio para invitar a nuestros lectores y nuestras lectoras a generar reflexiones críticas propias en torno al rumbo de la educación y las formas de aplicación del derecho a la educación.

Referencias

Cuba

Ministerio de Educación de Cuba (2020). Educación en tiempos de Covid-19. La experiencia cubana. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): https://www.unicef.org/lac/media/21176/file

Santana, M. (2012). La educación superior cubana y su financiamiento: Situación actual y perspectivas de desarrollo futuro. Pedagogía Universitaria, 5, 17, 142-156. https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA466617367&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=16094808&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon%7E785c64bc

México

Garrido, I., y Martínez, B. (s.f.). Las políticas educativas federales en ciencia y tecnología en el periodo 2000-2012 en México. México: Instituto de Administración Pública de Puebla. https://iappuebla.edu.mx/politicas-educativas-federales/

Mendoza, J. (2000). Vicente Fox y la educación. Este país, 114, 1-16. https://archivo.estepais.com/inicio/historicos/114/9_educacion_vicentefox_mendoza.pdf

Secretaría de Educación Pública. (2020). Boletín No. 118. No se paralizó el Sistema Educativo ante la pandemia de Covid-19; regresará a clases fortalecido: Esteban Moctezuma Barragán. México: Gobierno de México. https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-118-no-se-paralizo-el-sistema-educativo-ante-la-pandemia-de-covid-19-regresara-a-clases-fortalecido-esteban-moctezuma-barragan?idiom=es

Bibliografía complementaria:

Cuba

Batista, G. (2021). Compendio de pedagogía. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

UNESCO-IESALC. (2020). Cuba comparte en UNESCO experiencias sobre educación ante la Covid-19. https://www.iesalc.unesco.org/2020/05/20/cuba-comparte-en-unesco-experiencias-sobre-educacion-ante-la-covid-19/

De los Santos, V., y Reyes, Y. (2012). Fiscalidad, equilibrio externo e interno en la economía cubana: avances y desafíos. Economía y Desarrollo, 2, 148, 48-77.

Mesa-Lago, C. (2012). Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe. Cuba: CEPAL.

Organización de las Naciones Unidas (2021). Aprendizaje en casa: Desafíos de la educación en Cuba en tiempos de Covid-19. Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2021/11/1499342

Reigosa-Crespo, V., et al. (2012). Basic numerical capacities and prevalence of developmental dyscalculia: the Havana Survey. Developmental Psychology, 1, 48-123.

México

Centro de Estudios Educativos (2012). Observatorio de la propuesta educativa de los candidatos a la Presidencia. La propuesta educativa en la campaña de Enrique Peña Nieto. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, XLII(1), 123-140.

Chacón A., y Rodríguez, N. (2018). La Alianza por la Calidad de la Educación: Más de lo mismo. Educere, 46(13), 645-654. http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/educere/article/view/13411

Fox, V. (2000). Vicente Fox propone. México: Ediciones 2000.

González, B. (2021). Reforma Educativa 2019: retos y perspectivas. Revista Dilemas contemporáneos: educación, política y valores, 8(esp. 1), Epub, 26 de marzo de 2021. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78902021000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2018). La política educativa de México desde una perspectiva regional. México: INEE-IIPE UNESCO. https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/LaPoliticaEducativaRegional.pdf

López, M. (2013). Una reforma “educativa” contra los maestros y el derecho a la educación. Revista El cotidiano,179, 55-76. https://www.redalyc.org/pdf/325/32527012005.pdf

Moreno, P. (2004). La política educativa de Vicente Fox (2001-2006). Tiempo de Educar, 10(5), 9-35. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31101002

Olmeda, J., y Sifuentes, V. (2020). Informe N°9: La agenda de la política educativa en México (2000-2019). Continuidades y rupturas. México: El Colegio de México. https://www.llavesdelaeducacion.org/wp-content/uploads/2020/10/Informe-9-politicas-Mexico-VF.pdf

Ramírez, J., y Acevedo, F. (2020). La reforma educativa, el paradigma mexicano, 2017-2019. Revista Encuentro, 26(29), 83-100.

Secretaría de Educación Pública (2018). Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras 2017-2018. México: SEP.

Vázquez, M. (2014). La calidad de la educación: Reformas educativas y control social en América Latina. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, (60), 93-124. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742015000100004&lng=es&tlng=es

*Erick Aguirre Godínez, Alejandra Colín Martínez, Mario Alberto Cruz García, Dariel García Giniebra, Blas Ramón García Navarro, Erika González Mendieta, Ana Lucía Malváez Peralta, Dakota Alexandra Menchaca Gama, José Aníbal Ojeda Núñez,Carol Fabiola Penilla Becerra, María Montserrat Rojano Jiménez y Alina Schmidt Sánchez, a cargo de la Dra. Mercedes Ruiz.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org/

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La continuidad en el incumplimiento del derecho a la educación en las políticas educativas en México: un recorrido histórico de 1988 a 2021

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Integrantes del curso de Política Educativa*

Licenciatura en Pedagogía

Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales en relación con la agenda educativa vigente.

A pesar de los esfuerzos empeñados en las políticas educativas a lo largo de treinta años, el derecho a la educación no se ha garantizado debido a la mala repartición del presupuesto, los intereses políticos y la corrupción, entre muchos otros factores. Hoy el derecho a la educación es todavía una tarea pendiente. El objetivo de este texto consiste en analizar las políticas educativas desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. Esto nos permite identificar los cambios constitucionales, las diferentes directrices de política educativa y señalar así los retos pendientes para lograr su cumplimiento. Asimismo, reflexionamos sobre la situación actual de este derecho en el contexto de la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV-2.

Cambios constitucionales

Respecto a los cambios constitucionales que ha sufrido el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce como un avance significativo que la modificación principal se ha orientado hacia la obligatoriedad y gratuidad de los distintos niveles educativos y a la responsabilidad que el Estado tiene para garantizarla. De esta forma, durante el sexenio de Salinas de Gortari se introduce en la Carta Magna el derecho a recibir educación en los niveles de educación primaria y secundaria (DOF, 29 de enero de 1990). Durante el periodo de Vicente Fox Quezada, se incorpora la obligatoriedad de la educación preescolar (DOF, 12 de noviembre de 2002), lo cual representa un avance significativo en cuanto al derecho a la educación. Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se suma a este proceso la obligatoriedad de la educación media superior (DOF, 9 de febrero del 2012) lo cual a su vez implicó un esfuerzo por articular los diferentes subsistemas en el Marco Curricular Común. Finalmente, con López Obrador se amplía la obligatoriedad del derecho a la educación de todos los niveles educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior (DOF, 21 de septiembre de 2021). Esto significa un avance importante en materia legislativa. Sin embargo, por sí mismo no garantiza el derecho a la educación de todas, todos y todes. Por ello, nos preguntamos por qué no son suficientes los cambios constitucionales para garantizar dicho derecho.

Para garantizar este derecho se ha buscado no sólo ampliar su obligatoriedad y gratuidad, sino también generar directrices de política acerca de la calidad y la equidad educativa. A continuación, se mencionan algunos de esos esfuerzos.

Comenzando por el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el 18 de mayo de 1992 se firmó el Acuerdo Nacional de Educación para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), entre cuyas acciones destaca el Programa de Apoyo al Rezago Escolar (PARE) que se enfocó en atender cuestiones educativas en zonas con condiciones desfavorables, además de la creación de programas orientados a la mejora de la educación, tales como el Programa para la Modernización de la Educación Indígena 1990-1994 (PMEI) y el Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1991-1994 (PNDPI) (Bello, 2007).

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se plantean cinco estrategias claves para garantizar la calidad, equidad y cumplimiento de los objetivos: la organización y puesta en funcionamiento del sistema de educación básica; la regulación de los métodos, contenidos y recursos de la enseñanza; la atención a la formación docente; la actualización y superación de los maestros y directivos de enseñanza; y la justicia educativa por medio de la equidad y el uso de medios electrónicos en apoyo a la educación. Asimismo, se creó el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, enfocado en la educación básica, media superior y la educación para adultos (Martínez, 2001).

En el sexenio de Vicente Fox Quezada se instrumentó una política educativa para la mejora en términos de la equidad en la educación, su orientación hacia el desarrollo de capacidades y habilidades, tanto intelectuales como artísticas, afectivas, sociales, deportivas, así como valores solidarios, laborales y competitivos. Se estableció el Sistema Nacional de Becas y Créditos de sostenimiento para la educación y el fortalecimiento de la infraestructura en educación media superior y superior, la Educación apoyada en la tecnología, el Programa Nacional de Escuelas de Calidad y el de evaluación de la Educación y el Fortalecimiento del Ceneval , además de la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (Moreno, 2004).

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, las directrices de política se orientaron a la evaluación a través de pruebas nacionales e internacionales estandarizadas para elevar la calidad en la educación. También se buscó reducir las desigualdades entre grupos sociales e impulsar la equidad mediante becas y programas educativos para ofrecer una educación tecnológica e integral (Programa Sectorial de Educación, 2007- 2012).

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la calidad de la educación adquirió relevancia particular al incluirse en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculándola claramente a la infraestructura educativa y a la idoneidad docente (DOF, 26 de febrero de 2013). A la par de ello, se promulgó la autonomía del INEE, la evaluación de los docentes para su ingreso, permanencia y promoción, a través de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Por último, con la reforma de Andrés Manuel López Obrador, se plantea la excelencia educativa como medio para garantizar no sólo la calidad y la equidad, sino también la inclusión educativa, en especial para los sectores menos favorecidos e históricamente excluidos (DOF, 28 de febrero de 2019). Entre los cambios más importantes se observa el reemplazo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), lo cual es un cambio sustantivo dado que éste no es un organismo descentralizado y autónomo como lo fue el INEE. Asimismo, se implementó una serie de becas para garantizar la equidad educativa en todos los niveles educativos.

Finalmente, como estudiantes de la Universidad Iberoamericana, atentas, atentos y atentes a la política educativa, nos resulta preocupante el recrudecimiento del incumplimiento del derecho a la educación en el contexto de la pandemia por Covid-19, la cual agudizó las desigualdades educativas, especialmente en términos de las brechas tecnológicas y la pérdida de los aprendizajes curriculares adquiridos, cuestión de la que dan cuenta diversas investigaciones y publicaciones de nuestra propia universidad. Si bien fueron circunstancias más allá de lo imaginado, y para las cuales ninguna política educativa estaba preparada, es cierto que tampoco hubo una respuesta eficaz por parte del Estado. Sin embargo, aun así, son patentes los esfuerzos de la comunidad docente por mantener el vínculo pedagógico con sus estudiantes, por apoyarlos tanto pedagógica como emocionalmente.

Así como la pandemia trajo consigo grandes problemas en la educación, también abrió enormes oportunidades para el mejoramiento en diversos aspectos, como los aprendizajes informales, la convivencia familiar y la formación de autonomía tanto de los estudiantes como de los colectivos docentes para la colaboración, la reflexión colectiva y el diálogo para la construcción de alternativas pedagógicas. Por ello, resuena en nosotres lo que señaló nuestra vicerrectora, la Mtra. Sylvia Schmelkes: “El Covid-19 quitó nuestras certezas, amplió nuestros horizontes y provocó nuestras aspiraciones” (2021).

A través de las siguientes preguntas, invitamos a la reflexión a nuestras, nuestros y nuestres lectores: ¿qué tipo de información debería generar Mejoredu para promover el derecho a la educación?, ¿qué beneficios aportaría contar con una política educativa transexenal que asegurase el cumplimiento del derecho a la educación con calidad y equidad?, ¿qué directrices de política educativa sugerirían para reducir la brecha tecnológica? Finalmente, si el dinero destinado para la refinería de Tres Bocas y el proyecto del Tren Maya se utilizara en la educación, ¿qué cambios consideran que se habrían implementado?

Referencias

Bello Domínguez, J. (2007). ¿Modernización educativa para los pueblos indios? Historia de una muerte anunciada. IX Congreso Investigación Educativa http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at09/PRE1178157566.pdf

DOF (29 de enero de 1990). Diario Oficial de la Federación del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4700152&fecha=01/06/1994

DOF (1996). Programa de Desarrollo Educativo, 1995-2000. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4871357&fecha=19/02/1996

DOF (2002). Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=718015&fecha=12/11/2002

DOF (9 de febrero del 2012). Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233070&fecha=09/02/2012

DOF (2013). Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013

DOF (2019). Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551602&fecha=28/02/2019

DOF (2021). Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630525&fecha=21/09/2021

Martínez Rizo, F. (2001, septiembre). La educación en los noventa. Revista Mexicana de Investigación Educativa. 6(13), 395-400. http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v06/n013/pdf/rmiev06n13scB01n01es.pdf

Moreno Moreno, P. (2004, julio). La política educativa de Vicente Fox (2001-2006). Tiempo de Educar, 5(10), 9-35. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31101002 002

Schmelkes, S. (2021). Pandemia y educación. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, LI(Esp.), 7-12. https://rlee.ibero.mx/index.php/rlee/issue/view/178/RLEE%20LI.Especial

* Mariana Cíntora Castañeda, Valeria Escobedo de la Torre, Lizbeth Gaytán Medina, Melissa Gibson Castañeda, Irma Luisa González del Castillo, Mónica Iglesias Zorrilla, Muriel Klip Novodzelsky, Naomi Aldenit López Santelices, Daniela Martínez Hernández, Claudia Jessica Martínez Tovar, Luis Alberto Reyes Martínez, Martina Rioseco De Vaal y Mariana Salgado Pérez, a cargo de la Dra. Mercedes Ruiz, con la colaboración de Erick Aguirre Godínez.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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La Igualdad de resultados en educación primaria requiere una mediación pedagógica con equidad

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: Iván Rodríguez Carmiol/Hazel Vega Acuña

 

Red Temática de Investigación en Educación Rural

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Las tasas netas de cobertura educativa en primaria alcanzan un máximo muy frecuentemente cercano al 100 por ciento de la población en edad para cursar únicamente a nivel de primer grado. Esto mismo ocurre en todas nuestras sociedades latinoamericanas, cuando observamos los datos agregados a nivel nacional. Pero las condiciones en las que estos estudiantes asisten y se enfrentan al sistema educativo reflejan la vertiginosa desigualdad prevaleciente en la región, entre las más desiguales del planeta.

La universalización de la educación primaria es una meta pendiente, incluso en los países latinoamericanos, y aun para los que han alcanzado mejores resultados en cuanto a acceso, inclusión y éxito educativo.

Es evidente que las capacidades que proporciona no ya la escuela primaria (I y II ciclos), sino la Educación General Básica (hasta III ciclo inclusive), hoy día se tornan insuficientes para la integración de la población en la sociedad de una forma productiva y en trabajos que garanticen un mínimo de bienestar y seguridad.

Garantizar igualdad de acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional a todos los miembros de la sociedad constituye una de las dimensiones centrales del desarrollo humano. Sin embargo, Latinoamérica tiene por reto intervenir temprana y oportunamente desde la educación inicial y en adelante, procurando equiparar asimetrías, acortar rezagos y rellenar brechas para que todos tengan condiciones de acceso, permanencia y éxito a una educación de calidad socialmente inclusiva.

La educación inclusiva ha estado enfocada con mucha intensidad, y con razón, en resolver barreras de acceso físico e inclusive cognitivo a niños con discapacidades temporales y/o permanentes. Sin embargo, podríamos discutir que ésta no es la única población que ve restringida su participación plena y efectiva en el sistema educativo y, por ende, en la sociedad.

Las barreras sociales al acceso, permanencia y éxito educativo persisten, en gran medida, pendientes de determinación, abordaje y solución.

A partir del máximo que se alcanza en el primer grado de primaria, referido en párrafos anteriores, las cohortes de educandos sufren progresivamente un desgranamiento que, en países como Costa Rica, llega a alcanzar hasta un veinte por ciento de la población a nivel de sexto grado, y crea con ello un caldo de cultivo para la reproducción de la desigualdad, que casi explica por sí sola la persistencia de problemas como la pobreza, y constituye el germen de la informalidad económica y de la exclusión social del modelo de desarrollo vigente.

Estos estudiantes excluidos comparten entre sí una serie de características, entre las que predominan un promedio menor y relativamente bajo de escolaridad entre los padres y adultos en el hogar (que usualmente se operacionaliza bajo el término “clima educativo en el hogar”), así como la escasez de medios materiales de existencia (o sea, se trata de familias mayormente afectadas por la pobreza, el desempleo, la inserción laboral precaria, una mayor proporción de hogares monoparentales, un mayor radio de personas dependientes económicamente -adultos mayores, niños/as y adolescentes que aún no tienen edad para trabajar-, etcétera).

Lo anterior ilustra cómo, en la práctica, determinadas características socioeducativas de los estudiantes se convierten en barreras para el acceso, la permanencia, el logro y el éxito educativo, y terminan siendo factores explicativos de peso en la exclusión del derecho a la educación de amplios estratos de población.

Nivelar “la cancha” implica, necesariamente, una acción afirmativa o discriminación positiva en el acompañamiento y mediación pedagógica por parte del docente, tanto durante la jornada escolar, como en los refuerzos extraescolares.

La pandemia ha venido a multiplicar la situación inicial de desigualdad en el acceso a la educación. En el contexto pandémico, el acceso a una educación de calidad está mediado por la disponibilidad de tecnología, que haga posible el desarrollo no presencial de los procesos de enseñanza y aprendizaje, o al menos su continuidad, y esto ha sido, en Latinoamérica, el privilegio de segmentos socialmente más favorecidos, a la vez que constituye una barrera insalvable para todos los demás.

La brecha urbano-rural, especialmente en contextos de alta dispersión geográfica de población, se ve igualmente multiplicada en medio de la pandemia. La disponibilidad de equipo de información y comunicación que sirva de vehículo para un vínculo remoto interactivo (teléfonos celulares, tabletas) y de medios de comunicación (conectividad fiable, sostenida) es un factor especialmente limitante en este contexto.

Las medidas de salud pública impuestas para mitigar y controlar las tasas de contagio han obligado a la suspensión de lecciones por largos periodos.

La posterior implementación de sistemas de educación a distancia basados en guías para el trabajo autónomo y asincrónico ha hecho doblemente notoria la importancia del clima educativo en el hogar, además de la posibilidad material de dedicar tiempo y condiciones aptas para el estudio, en la permanencia y el logro del aprendizaje.

En resumen, nunca como hoy la urgencia de procurar equiparar las condiciones y garantizar el acceso, la permanencia y el éxito para todos los niños y las niñas, independientemente de sus recursos familiares, económicos y culturales, ha sido un imperativo de mayor centralidad. El objetivo de proporcionar una educación de calidad para todos cobra una pertinencia inédita en y durante la pandemia, así como de cara al periodo de reconstrucción postpandemia. La necesidad de equiparar condiciones y no dejar a ningún niño o niña atrás, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su numeral 4, e incluso la misma meta de erradicación del trabajo infantil (metas 8, 7) con horizonte de cumplimiento en 2025, depende de que seamos capaces de organizarnos para implementar un abordaje efectivo al problema de la exclusión educativa en primaria, debida a factores sociales y culturales mencionados en esta reflexión.

En cuanto a cómo debemos brindar acompañamiento para obtener resultados igualitarios y de calidad en primaria, independientemente de condiciones personales, culturales y sociales, es necesario pensar en estrategias de discriminación positiva o acción afirmativa hacia los niños desde la mediación pedagógica. Los apoyos externos -tales como las becas estudiantiles y esquemas de transferencia condicionada de efectivo-, así como los servicios complementarios -tales como comedor escolar- son absolutamente necesarios, pero claramente insuficientes.

En específico, cómo y a través de cuáles estrategias podemos replantear y dosificar la mediación pedagógica para obtener resultados de calidad educativa con igualdad es una pregunta abierta que debemos reflexionar, discutir y responder de forma colectiva en el futuro inmediato. Lo único que tenemos claro, es que es impostergable.

 

Bibliografía:

Trejos Solórzano, J. D. 2012. El índice de oportunidades educativas: un indicador resumen de la equidad en la educación. San José, Costa Rica: http://hdl.handle.net/20.500.12337/850

Trejos Solórzano, J. D. 2010. Indicadores sobre equidad en la educación para Costa Rica. San José, Costa Rica: http://hdl.handle.net/20.500.12337/776

 

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

 

 

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