Author: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

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La Educación rural. Una acción, ¿desde cuál discurso?

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Carlos Gil Jurado

Miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural

                                                      En el acto de pensar está encerrada toda la esperanza

                                                                                                                  Max Horkheimer

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Es interesante constatar que la globalización, a pesar de todos problemas que trae consigo, ha suscitado un creciente interés por volver a pensar el mundo rural. Como observó Rubio (1996), la exclusión del campesinado en las diversas propuestas de desarrollo implementadas en América Latina, no sólo significó la quiebra de las economías agropecuarias sino también una profunda crisis en todas las estructuras propias de esta forma de vida, lo cual condujo a la necesidad  de volver a pensar el mundo rural, en todas sus dimensiones.

La propuesta de una nueva ruralidad (IICA, 2000), constituye un buen ejemplo de este tipo de respuesta frente al campesinado y su mundo. Ello, sin embargo, no es garantía de que esta forma de vida encuentre un lugar digno y adecuado dentro del nuevo orden que implica la globalización.

En efecto, quienes se ocupan tanto de pensar las políticas “adecuadas” para el mundo rural, como aquellos que tienen a su cargo la responsabilidad de implementarlas y el desafío de que éstas conduzcan a resultados que no sólo se correspondan con las necesidades reales de esta expresión de vida, sino que también produzcan los efectos deseados, enfrentan problemas y desafíos interesantes. En particular, vale la pena resaltar lo que podría denominarse el problema del discurso y con ello se hace referencia tanto a los fundamentos conceptuales y los presupuestos que guían, como a la construcción de las propuestas y los criterios con los cuales se implementan. En particular, es de interés aquí la cuestión del discurso de los maestros y las maestras que tienen a su cargo los asuntos de la formación de las nuevas generaciones de hombres y mujeres rurales.

Para el diccionario de la Real Academia Española, la noción de discurso hace referencia a un ejercicio racional mediante la cual se infieren unas cosas de otras; asimismo, se define como una reflexión o raciocinio, ya sea oral o escrito, sobre ciertos principios o presupuestos. Es decir, el discurso se convierte en un conjunto de presupuestos, reflexivos y racionales, mediante los cuales se pretende, ya sea convencer a otros sobre su sentido y pertinencia, ya para que sirvan como una guía o manual que fundamente y justifique determinadas acciones.

Desde la perspectiva crítica (Habermas, 1992), se considera que el discurso encierra una propuesta epistemológica y social y, por lo mismo, puede conllevar a la alienación del individuo y a la manipulación social o a la generación de condiciones propicias para la emancipación tanto personal como social. He ahí su gran importancia.

El discurso, en efecto, es una construcción social y lingüística que interesa no sólo por las cuestiones propias del lenguaje, sino por cuanto los conceptos, los signos y los asuntos de connotación y denotación, entre otros componentes, muestran cada vez con mayor claridad que los mensajes o los enunciados están lejos de ser asépticos, neutrales o inocentes. Como plantea Santander (2011, p. 208), “el lenguaje no es transparente, los signos no son inocentes, que la connotación va con la denotación, que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces sólo es un indicio ligero, sutil, cínico”. Por ello mismo, para Habermas (1992) resulta crucial la acción comunicativa como elemento clave para entender la sociedad y el orden que la caracteriza, puesto que los actos de habla implican, si hay entendimiento, comprensión y compromiso, una guía para la acción, para la interacción y, por consiguiente, para la construcción o la reproducción de algo

Ahora bien, la educación de estos tiempos se ha convertido en un campo a veces fecundo, a veces confuso, en el cual confluyen conceptualizaciones y posturas teóricas, filosóficas y políticas, entre otras que, sin duda, exigen de los educadores un buen nivel de cuidado, claridad y precisión en la construcción/adopción conceptual y discursiva, a fin de que su labor tenga la cohesión, la solidez y la pertinencia que aseguren el impacto deseado. Como observa Bauman (2004), mantener una actitud crítica y constructiva de tal manera que la “fluidez” de las nuevas elaboraciones no impida la construcción de “sólidos” logros que, a su vez, puedan ser transformados, se impone como condición para enfrentar la dureza de unos tiempos, en los cuales, cómo observa Hargreaves (1996), se hace impostergable cambiar las reglas de juego tanto de la enseñanza como del trabajo docente, si se desea responder creativamente a los desafíos de la Globalización

En efecto, en un momento histórico en el cual, observa Sacristán (2005), es visible y poderosa, pero a la vez, deslumbrante y truculenta la presencia de la metáfora, se impone la necesidad de cambiar las reglas de la formación docente. Es decir, se hace necesario dotar a maestros y maestras de los elementos y las herramientas que les permitan auscultar las nuevas metáforas (nueva ruralidad, posdesarrollo, pedagogías decoloniales, epistemologías del sur), de tal forma que construyan, colectiva y participativamente, discursos pertinentes y críticos, que den al quehacer docente, no sólo unidad, sino también un claro sentido de compromiso, más allá de lo académico. Se hace importante reconocerse en y por el discurso y, como dice Hargreaves (1996, p. 13), generar un trasfondo que permita “poner en juego aquellos valores políticos y morales que consideramos deseables en unas prácticas educativas que merezcan tal denominación”.

La formación de los maestros rurales requiere de este esfuerzo formativo, dado que la formación tradicional y la práctica misma que ésta implica, observa Martínez (2008), muestra como cuestión predominante la presencia de un vacío en la formación de las subjetividades docentes, dada la ausencia de un discurso epistemológico, político y social, lo cual conduce a la instrumentalización del trabajo en el aula y al descuido en el compromiso social del docente. Ello, sin embargo, no quiere decir que los docentes rurales no sientan y asuman las precariedades de esta forma de vida, sólo que la balcanización, la rutinizacion y la desarticulación (Santos, 2001) del quehacer educativo hace difícil la construcción del discurso compartido que, asumiendo el carácter líquido de estos tiempos, permita, sin embargo, la construcción de nuevos sólidos, según la idea de Bauman (2004).

No basta, por consiguiente, que el docente rural adquiera y contextualice los elementos básicos de la cultura o que asuma determinadas metodologías para el trabajo de aula; se hace, igualmente, necesario, como observan Ruiz y Prada (2012), que este maestro y esta maestra se reconozcan en un discurso crítico orientador de una práctica educativa que implique no sólo un claro esfuerzo formativo, sino también una postura frente al mundo y la realidad, en aras de contribuir a su transformación. Es innegable que asuntos como la cobertura y la infraestructura resultan de claro interés social y gubernamental, pero los asuntos de calidad y pertinencia, que son los que hacen realmente efectivo y valioso el derecho a la educación, no se lograran si los docentes rurales no participan en procesos de formación que   se orienten a fortalecer las capacidades de pensar, comunicarse y convivir.

Durante el desarrollo de la modernidad se llamaba la atención sobre la teoría como un elemento valioso del pensamiento y del conocimiento, tanto para generar identidad en el desempeño profesional, como para tener la capacidad de iluminar la práctica (Harvey, 1983); para estos tiempos, ricos, pero igualmente confusos en metáforas, la cuestión del discurso resulta crucial en igual sentido, dado que permite no sólo generar identidad y sentido en el quehacer docente, sino también porque da al maestro claridad y criterio acerca de cuál es la naturaleza tanto de las diferentes metáforas en juego, como de su compromiso con las comunidades rurales,  que ven en él un actor social de crucial importancia (Zamora, 2005) para sus posibilidades con miras al futuro.

Referencias bibliográficas

Bauman, Z. (2004). Modernidad Liquida. México: FCE.

Habermas, J. (1992). Teoría de la Acción Comunicativa. Madrid: Taurus.

Hargreaves, A. (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Morata.

Harvey, D. (1983). Teorías, leyes y modelos en geografía. Madrid: Alianza.

IICA (2000). Nueva Ruralidad. Bogotá: Universidad Pontifica Javeriana.

Martínez, M. C. (2008). Redes Pedagógicas: la constitución del maestro como sujeto político. Bogotá: Magisterio.

Rubio, B. (1996). Campesinos y Globalización: reflexiones de fin de siglo. Revista Comercio Exterior, 48(8), 632-635.

Ruiz, A. y Prada, M. (2012). La formación de la subjetividad política. Buenos Aires: Paidós.

Gimeno, J. (2005). La educación que aún es posible. Madrid: Morata.

Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer análisis de discurso. Revista Moebio (412), 207-224.

Santos, M. Á. (2001). Enseñar o el oficio de aprender. Madrid: Morata.

Zamora, L. F. (2005). Huellas y Búsquedas. Bogotá: Fundación Universitaria Monserrate.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-educacion-rural-una-accion-desde-cual-discurso/

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Una mirada al perfeccionamiento en las escuelas primarias rurales multigrado de Cuba

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Cuba es un país que tiene 69.4% de las escuelas situadas en zonas rurales. En tal sentido, la educación rural se establece como un sector de valor para la nación, que está logrando la intención trazada por el Ministerio de Educación, de que los educandos reciban un proceso docente-educativo de calidad, que el aprendizaje mejore recibiendo el contenido de las actividades previstas desde el contexto rural.

¿Y acaso los educandos de las zonas rurales están en desventaja con respecto a los de las ciudades? Esta interrogante tiene como respuesta que no, porque los educandos del campo poseen, en su contexto, vivencias que son tan o más suculentas que las de los que habitan en las zonas urbanas, debido a que interactúan directamente con el medio ambiente, la fauna, la flora, que son recursos naturales que viabilizan un aprendizaje más efectivo de los conocimientos que ellos requieren.

En Santiago de Cuba casi 80% de las escuelas primarias se hallan instaladas en zonas apartadas del entorno urbano, por lo que las actuales transformaciones de esta enseñanza cobran gran importancia en las escuelas primarias rurales multigrado. Se pretende equiparar la situación que tienen los escolares de las zonas rurales con las posibilidades de los de las zonas urbanas.

De ahí que los maestros encargados de impartir las clases necesitan de una adecuada preparación para una mayor calidad en el proceso docente- educativo, con el propósito de fomentar directamente la formación integral y para la vida de los escolares de las zonas rurales.

Se han creado equipos de trabajo que desde 2010 están trabajando en el perfeccionamiento de las escuelas primarias rurales multigrado, que tiene su basamento en que, desde el contenido de enseñanza, se pretende que durante el aprendizaje se alcancen las normas y conductas cívicas deseadas, así como los sentimientos patrióticos que exige el proyecto educativo del nivel primario.

El perfeccionamiento de las escuelas primarias rurales multigrado se fundamenta en cómo hacer que los maestros estén preparados para afrontar la llamada “clase única”, que es un proceso inclusivo, es decir, que se incluyen escolares con un intelecto normal y otros que tienen necesidades especiales; y esa clase única lleva consigo el trabajo con todos y para todos, mediante el establecimiento de ejes temáticos, acoplando objetivos y contenidos de primero a sexto grado, para ser impartidos en una sola jornada de clase.

Para una acertada preparación de los maestros se ofrecen orientaciones metodológicas que contribuyen al logro de clase única con la calidad requerida.

De esta manera, la clase única se ajusta al trabajo que realiza el maestro dentro del aula y a la colaboración entre los escolares, que alcanzan a mejorar el aprendizaje de sus coterráneos de grados inferiores durante su relación interpersonal; de ahí que dentro de un grupo multigrado está la presencia de una integración desarrolladora y activa, que favorece y propicia el aprendizaje.

La conceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas primarias rurales multigrados es nueva, y ha producido un cambio en los modos de actuación de los maestros para el logro de la calidad de la clase y en los resultados del aprendizaje, por lo que se puede aseverar que, actualmente, las escuelas primarias rurales multigrado poseen una nueva perspectiva a partir de la preparación de los maestros, de la atención que reciben los escolares y del trabajo que se realiza conjuntamente con la comunidad y la familia.

Por otra parte, la formación continua y permanente en Cuba tiene su Resolución Ministerial a nivel nacional y es realizada por las diferentes facultades de las universidades. En este sentido, se realizan diferentes figuras de postgrados: cursos, entrenamientos, diplomados y conferencias magistrales.

Para ejemplificar, en la Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba existe un Proyecto de Investigación denominado Turquino, el cual ha realizado una superación a través del Diplomado “Didáctica de la escuela multigrado” en 2018 y 2019, a los tres municipios montañosos de la provincia, matriculando a los directivos zonales y a una representación de maestros de varias zonas rurales.

Asimismo, se les ha brindado una página web con materiales recuperados de varios países y otros retomados de intranet en Cuba por investigadores diversos, que muestran al maestro primario alternativas para su mejor desempeño profesional, así como libros actualizados que no habían sido reeditados y otros, que no están al alcance de estos maestros;  la superación individual, sin embargo, es vital y para ello se ofrecen materiales, folletos, propuestas de tesis etcétera.

El perfeccionamiento en las escuelas primarias rurales multigrado en la época contemporánea es una de las prioridades en el trabajo educacional de todas las provincias cubanas, lo cual constituye un elemento básico para que los escolares reciban un proceso de enseñanza- aprendizaje con calidad, donde el aprendizaje progrese con el contenido de las actividades a partir de su propio contexto. Siendo así, se potencia la formación y desarrollo de la personalidad de los escolares, los maestros y las familias.

Referencias

Comisión Nacional del Plan Turquino-Manatí (1994). Proyección y objetivos principales del Plan Turquino- Manatí. La Habana: Editorial MINAGRI.

El multigrado: una necesidad educacional (1995). Publicación de Ciencia y Tecnología Educacional. Las Tunas, Cuba. Disponible en: http://www.sierramaestra.cu/index.php/santiago-de-cuba/9670- escuelas-rurales-por-un-curso-escolar-con-mayor-calidad

López López, Mercedes y otros (1982). La atención a la Escuela Rural. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Rico Montero, Pilar y otros (2000). Hacia el perfeccionamiento de la escuela primaria. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/una-mirada-al-perfeccionamiento-en-las-escuelas-primarias-rurales-multigrado-de-cuba/

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Continuidades y discontinuidades de política educativa: ¿derecho a la educación inicial y superior? (3 de 3)

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia. 

Proyecto de políticas y reformas educativas

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

María Mercedes Ruiz Muñoz

Alejandra Luna Guzmán

 

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

En la última entrega de esta serie se recupera la reflexión acerca de las recientes políticas que amplían el derecho a la educación a los dos niveles educativos que dan inicio y cierre a la trayectoria educativa formal. La educación inicial y la educación superior se configuran, entre otros, como las dos políticas de equidad e inclusión educativa –en el sentido amplio del término– con las que se pretende atender a niñas, niños y jóvenes que habían sido excluidos de la educación obligatoria.

Desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el eje principal es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, priorizando a las mujeres, a los pueblos indígenas y a los grupos históricamente discriminados, lo cual continúa en el texto de la Reforma Educativa del 15 mayo de 2019.

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios— impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

  1. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas (DOF, 2019, pp. 2 y 6, las cursivas son nuestras).

Lo paradójico es que no existen las condiciones ni de infraestructura, ni en términos de leyes secundarias o complementarias al artículo 3° constitucional, que den cumplimiento al derecho a la educación. En el marco del modelo de las 4As de Tomasevski (2004), no se cuenta con las condiciones de accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad para acompañar este derecho.

En México, existen 13.1 millones de niños y niñas menores de seis años. Sólo 6 de cada 10 entre tres y cinco años asisten a un programa educativo dedicado a la primera infancia (SEP, 2019). Por otro lado, existe una cultura familiar de no enviar a los menores de cero a tres años a la escuela.

Históricamente, existen diversas opciones para la atención inicial. Entre ellas destacan los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), la educación inicial no escolarizada de Conafe, así como proyectos de la sociedad civil orientados a la atención inicial. Estas experiencias dan muestra de políticas para la atención de la primera infancia, pero han tenido obstáculos en su implementación. Por ejemplo, para acceder a un CENDI, se debe estar afiliado a la seguridad social ya sea general o del Estado (IMSS o ISSSTE). Los centros organizados por la sociedad civil han representado una opción para los padres que trabajan, y que de otra manera tienen que dejar a sus hijos solos o al cuidado de sus hermanos mayores. Entre ellos, han destacado la Red de Educadoras Populares, la de Madres Educadoras, que se han organizado de forma eficiente para suplir esta demanda. Por otro lado, en el marco de los centros subrogados también se han presentado escenarios de prácticas no favorables para la atención y cuidados de los infantes; baste mencionar lo ocurrido con la Guardería ABC.

A falta del Programa Sectorial de Educación actual, el Acuerdo Educativo Nacional ofrece las pautas para la atención integral de la primera infancia en alineación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo, además de basarse en los principios de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. Esto permite señalar que sí se cuenta con experiencias y prácticas educativas, gubernamentales y no gubernamentales, que pueden alimentar esta política de atención a la primera infancia. La política de entregar los recursos directamente a las beneficiarias, en lugar de a los centros de atención, partió de un enfoque centrado en las malas prácticas con el uso de los mismos, pero, ¿dónde está la política que recupere las buenas experiencias?

En lo que respecta a la educación superior, a la fecha, únicamente circula el borrador del anteproyecto de la Ley General de Educación Superior y se están realizando foros de consulta para su definición.

Históricamente, también se cuenta con las universidades interculturales y con alternativas como la Universidad de la Tierra, en Oaxaca, entre otras, que representan un buen ejemplo de lo que se busca con las Universidades Benito Juárez respecto a la formación más vinculada al mundo del trabajo y a los contextos socioculturales en los que se insertan. En este sentido, surge el dilema entre tradición e innovación. ¿Cuál se habrá de ponderar más? ¿Podrían coexistir en un modelo de atención a nivel superior?

La apuesta del actual gobierno son las becas en todos los niveles educativos. Desde las Becas Elisa Acuña, dirigidas especialmente a niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad, pasando por las Becas para el Bienestar Benito Juárez dirigidas a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años (desde educación inicial y básica hasta educación media superior y superior), hasta la Beca Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, para alumnos de sistema escolarizado, mayores de edad y hasta los 29 años, entre las cuales existe una gran variedad y disponibilidad. Este tema requiere de mayor profundidad, por lo que será analizado en otro texto.

A manera de cierre, se puede decir que el derecho a la educación en todos los niveles educativos en rango constitucional posibilita la agencia de la ciudadanía para ejercer su exigibilidad y justiciabilidad ante las cortes nacionales e internacionales. En México tenemos algunas experiencias de exigibilidad a nivel superior, como fue el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (conocida como Universidad Nicolaíta) “que determinaba que a partir del ciclo escolar 2014 los alumnos que cursaran educación media superior y superior deberían cubrir las cuotas de inscripción o de reinscripción correspondientes. La Primera Sala de la SCJN, en revisión del asunto, amparó a la solicitante porque el proceder de las autoridades violentaba el principio de progresividad y las previsiones contenidas en el artículo 3.◦” (Jongitud, 2017, p. 53).

En este contexto, habrá que reflexionar, ¿es posible el derecho a la educación inicial y superior? ¿Qué significaría de fondo la equidad y la inclusión en educación inicial y superior?

Referencias

DOF (2019a). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. México: Gobierno de México. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019

Jongitud, J. C. (2017). El derecho humano a la educación superior en México. Revista de la Educación Superior, 46(182), 45–56.

SEP (2019). Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. México: Gaceta de Diputados.

Fuente del artículo: http://www.educacionfutura.org/continuidades-y-discontinuidades-de-politica-educativa-derecho-a-la-educacion-inicial-y-superior-3-de-3/

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Educación y comunidad: una experiencia desde Aguascalientes

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

La garantía de la educación no se da únicamente a través de la intención de proveerla. Más del 80% de las escuelas multigrado se encuentran en comunidades con alta y muy alta marginación (INEE, 2017). La escuela, la comunidad y los gobiernos locales, como fuentes de garantía de derechos fundamentales, deberán estar involucrados en los procesos educativos de los niños y jóvenes, proveyendo recursos económicos y promoviendo un ambiente sano e inclusivo.

En un contexto como el de Aguascalientes, una entidad con territorio compacto y un crecimiento industrial concentrado en la urbe, se presentan diversas dificultades en el desarrollo y la búsqueda del bienestar de las escuelas comunitarias rurales. La intención del presente trabajo es mostrar el caso de una escuela comunitaria de este estado, cuyas condiciones sociales siguen impactando el derecho de los niños y niñas a recibir una educación que destaque los derechos humanos.

La onceava reforma al artículo tercero constitucional, publicada el pasado mes de mayo, tiene como principal característica el enfoque en derechos humanos y busca destacar la dignificación de la persona como valor fundamental de la educación (DOF, 2019a; Popoca y Arteaga, 2019). Dicha reforma se tradujo en leyes y estatutos secundarios que rigen la educación comunitaria en México, específicamente en el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), cuyos cambios más recientes fueron publicados el pasado 19 de julio. Estos cambios dejan ver el rumbo hacia la centralización en la toma de decisiones, la creación de la Dirección de Operación Territorial en el sistema Conafe, y reafirman la importancia del vínculo entre comunidad y escuela, específicamente entre padres de familia y autoridades locales, para fomentar el desarrollo integral de los alumnos (DOF, 2019b). Sin embargo, para que lo anterior se logre, los cambios legislativos en materia educativa deben traducirse en acciones específicas que amparen el derecho a la educación, considerando las problemáticas y características internas y externas de la localidad.

Hablar de escuelas comunitarias en México será distinto en cada uno de sus estados, pues los contextos sociales, económicos e incluso las condiciones geográficas impactan el desarrollo de la educación comunitaria en nuestro país. Según cifras recientes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 26.5% de niñas, niños y adolescentes (NNA) en edad de cursar la educación básica viven en 188 000 localidades rurales, de las cuales, tres cuartas partes son comunidades con menos de 100 habitantes. Estas condiciones complican la distribución de la educación de forma equitativa a lo largo del país (INEE, 2019b). Las escuelas multigrado se conforman por escuelas generales, indígenas y comunitarias (INEE, 2017). Las escuelas comunitarias están a cargo del Conafe y, como su propio nombre lo indica, tienen una conexión directa con los contextos a los que sirven, por lo que el contexto local impacta directamente en el desarrollo educativo de los alumnos.

En el caso de Aguascalientes, las escuelas comunitarias en el nivel prescolar y primaria representan 20% del total (INEE, 2019b). En cuanto a algunas de las problemáticas detectadas en el informe Proyecto Nacional de Evaluación y Mejora Educativa (Pronaeme) en Aguascalientes, las escuelas primarias comunitarias tienen un índice de deserción por encima de la media nacional. Por su parte, las secundarias comunitarias tienen una tasa de reprobación cinco puntos más alta que la del promedio nacional (INEE, 2017). A su vez, es necesario mencionar que, en Aguascalientes, viven más de 86 000 NNA en comunidades rurales y que, de las más de 1400 escuelas que proveen Educación Básica pública en el estado, 34.2% son multigrado; entre éstas, 38% son escuelas comunitarias (INEE, 2019a).

Comparando Aguascalientes con el resto de México, existen entidades que presentan problemáticas más severas en educación comunitaria. Sin embargo, el crecimiento económico de Aguascalientes hace interesante el análisis de las conexiones entre ambos sucesos, el crecimiento económico y las escuelas comunitarias marginadas.

Las estrategias de inversión en el sector industrial, entre otras medidas económicas, han favorecido al estado de Aguascalientes a nivel nacional, al grado de ser conocido como “el pequeño gigante” de México (Muñoz, 2019). Recientes informes muestran una reducción considerable en la pobreza y la pobreza extrema del estado (Coneval, 2018), además de señalar que el estado ocupa el tercer lugar nacional en el Índice de Progreso Social (Informe México ¿Cómo vamos?, 2019). Sin embargo, es necesario mirar críticamente dichos logros y preguntarnos si los procesos de crecimiento económico, principalmente a través de la industria, consideran a las localidades rurales y a sus escuelas, fomentan la cohesión social y buscan un desarrollo integral de los educandos en su comunidad (Kay, 2007).

El verano pasado tuve la oportunidad de conocer una escuela comunitaria del estado de Aguascalientes. Conocí un poco a la comunidad y a los alumnos cuyo ingenio, creatividad y empeño sobresalían. Luego de esta experiencia, me pregunte cuál sería el fin de los alumnos en un estado que concentra las oportunidades laborales y de desarrollo en la ciudad.

El Ojo de Agua[1] es una comunidad que se ubica a más de 10 km de la cabecera municipal, donde la mayoría de las viviendas no cuenta con sistemas de drenaje ni electricidad. Lo anterior, combinado con las recientes condiciones climáticas adversas, que les impidieron continuar con sus actividades agrícolas y ganaderas, ha llevado a sus habitantes a un estado de marginación severo. Ojo de Agua cuenta con servicio de educación comunitaria en primaria y preescolar. En un contexto de lejanía geográfica, social e incluso emocional, la comunidad encara retos importantes, ante la dificultad de acceso a servicios de toda índole, desde los básicos hasta los religiosos, para los cuales tienen que trasladarse a la cabecera municipal.

En cuanto a la escuela, los alumnos de nivel secundario que desean continuar estudiando tienen que caminar dos horas para tener acceso a la educación. Por su parte, en cuanto a educación preescolar y primaria, actualmente cuentan con una escuela multigrado-comunitaria.

La mayoría de los padres de familia viaja diariamente a la ciudad de Aguascalientes para trabajar en la industria de la construcción, con extensas jornadas laborales, lo que los mantiene ajenos de la vida educativa de sus hijos, y siempre expuestos a trasladarse a sus trabajos en transporte poco seguro.

Debido a estas circunstancias, la población ha presentado diversas problemáticas que comienzan con riñas familiares y se han trasladado al aula, afectando el desempeño de los alumnos y la comunicación entre autoridades educativas locales y la comunidad. Esta situación ocasionó el retraso del servicio educativo comunitario, que empezó hacia octubre, en lugar de agosto de 2019.

La situación anterior muestra el olvido en el que se encuentran algunas escuelas comunitarias, donde el esfuerzo no debería venir únicamente de Conafe, pues la población no sólo está conformada por personas que tienen derecho a recibir una educación formal, sino también por personas con dignidad, que merecen el despliegue de sus potencialidades, el respeto por su dignidad y la participación cívica real, no solamente electoral cada cuatro años. Una estrategia necesaria para involucrar a las comunidades rurales en el repunte de Aguascalientes como estado es comenzar en las escuelas de poblaciones con índices de marginación muy alto, como en el caso de Ojo de Agua.

Considerar a la comunidad como el problema educativo central, sin proveer apoyo y acompañamiento de autoridades locales, priva a los niños de una educación integral y los excluye de oportunidades generadas en el ámbito externo. Involucrarse en el desarrollo de la comunidad da soporte para el ambiente sano e inclusivo que los alumnos necesitan para aprender.

Es necesario diseñar una estrategia de crecimiento en la que se busque integrar a la población que vive en comunidades rurales, reducir la desigualdad y asegurar a dichas poblaciones la oportunidad de participar en la vida cívica, económica y social del estado. Algunos de las estrategias que podrían funcionar para la inclusión de la comunidad en el exitoso desarrollo de Aguascalientes son las siguientes:

  1. Fortalecer el liderazgo de docentes como vínculos cruciales entre las instituciones educativas y la comunidad, a través de estrategias de enseñanza que incorporen las necesidades particulares que enfrenta la población (Popoca y Arteaga, 2019).
  2. Promover pedagogías culturalmente relevantes, destacando y valorando la cultura y tradiciones de cada comunidad; con esto los estudiantes fortalecerán su identidad y estarán preparados para aprovechar las oportunidades laborales que ofrece el estado o cualquier camino profesional que elijan (INEE, 2017; Popoca y Arteaga, 2019).
  3. Involucrar a instituciones no educativas en la comunidad, fomentar campañas de salud, prevención e información que generen oportunidades para los pobladores (INEE, 2017, 2019a; Popoca y Arteaga, 2019).
  4. Conectar a la comunidad con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia(DIF) municipal y estatal, para promover el bienestar socioemocional a través de proyectos que consideren sus características, tales como asesorías familiares, talleres o pláticas en las que puedan abordarse las problemáticas de convivencia de la comunidad.

En este sentido, si el gobierno local se involucra más, podrá conocer las necesidades sociales de la comunidad y generar las estrategias necesarias para fomentar la cohesión social, lo que propiciaría el mejor aprovechamiento de los servicios educativos y, sobre todo, el desarrollo integral de los alumnos. El viejo postulado de que la escuela no hace el trabajo de la familia es inadmisible para las escuelas comunitarias y, en general, para todo nuestro sistema educativo. Los alumnos son personas integrales que difícilmente pueden separar un aprendizaje de otro por el solo hecho de cambiar de espacio.

Referencias

CONEVAL (2018). Medición de la pobreza. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/

Diario Oficial de la Federación (DOF) (2019a, 15 de mayo). Decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. México. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/.

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Popoca, C., y Arteaga, P. (2019). Política de equidad educativa para contextos rurales. Recuperado de: http://www.educacionfutura.org/

Fuente: http://www.educacionfutura.org/educacion-y-comunidad-una-experiencia-desde-aguascalientes/

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La vergüenza de no tener escuela

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

«El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.»

Edgar Pérez Ríos

Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV

Miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER)

A partir de los años veinte del siglo pasado, con la escuela rural mexicana se comenzaron a construir escuelas en las localidades rurales del país. Los recintos escolares empezaron a ser parte de la vida diaria de estas localidades y poco a poco se convirtieron en edificios tan importantes como el de la iglesia o el municipio, lo que se reflejaba en la dedicación que los campesinos ponían en la construcción de sus escuelas, en muchas ocasiones. siendo la mejor construcción de todo el poblado (Pérez, 2014, p. 107).

Este cariño hacia las escuelas sigue vigente en diversas comunidades del país, como se muestra en las fotografías y textos compilados por Reyes y Solares (2016) en la Montaña de Guerrero, y como he observado en mi experiencia como exfigura educativa del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en localidades de Oaxaca, Puebla, Querétaro y Guanajuato donde, precisamente, la escuela, junto con la iglesia, son las construcciones mejor conservadas. Incluso existe un orgullo por tener una “buena escuela”, situación que los propios niños matizan cuando comparan la suya con la del poblado vecino. Tener una telesecundaria o una secundaria comunitaria de Conafe es motivo de mucho mayor prestigio; en cambio, no tener escuela es vergonzoso, como argumentaré a continuación, mediante el caso del núcleo rural Las Palmas, localidad zapoteca perteneciente al municipio de San Jerónimo Coatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca.

Hasta la década de los noventa, la población de Las Palmas vivía en, por lo menos, una decena de rancherías dedicadas al cultivo del café. Estas rancherías, conformadas por dos o tres familias, distaban entre una y una hora y media de la comunidad de Las Palmas, lugar en donde se encontraba la escuela primaria rural más próxima. Por esta razón, según comenta la gente del lugar, muchas personas nacidas antes de 1990 no asistieron a la escuela debido a la lejanía. Sin embargo, a partir de dicha década, los padres de familia comenzaron a gestionar los servicios educativos del Conafe para que sus hijos pudieran tener acceso a la escolarización en sus lugares de origen.

Así, durante los años noventa, y aun del 2000, prácticamente todas las rancherías tenían una escuela comunitaria. Aunque no existen datos específicos de estas rancherías, en trabajo de campo he constatado que casi todas las personas nacidas a partir de la década de los noventa saben leer y escribir; además, la mayoría concluyó la primaria. No obstante, también existen casos de niños cuyas rancherías no alcanzaron el mínimo de alumnos y, por tanto, tuvieron que asistir a otra ranchería o a Las Palmas. En estos casos, los niños regularmente asistían uno o máximo dos años y desertaban. Una de las principales razones del abandono no era precisamente la distancia, sino la burla a la que eran sometidos por sus pares por tener que ir a estudiar a otra localidad. Estas burlas dificultaban la socialización, la adaptación y el aprovechamiento escolar, por lo que al final decidían dejar la escuela. Rebolledo (2014) documenta un caso similar sobre las dificultades de una niña chinanteca a la hora de enfrentarse a otro contexto, no sólo escolar, sino también lingüístico.

De hecho, en Las Palmas se habla castellano, pero los niños de ahí suelen burlarse de sus compañeros de las rancherías, quienes también hablan castellano, aunque con cierta variación lingüística. Esta variación hace que se suponga que existe una forma correcta de hablar; por tanto, los niños de las rancherías son agraviados por su forma de expresarse. Evidentemente, esta situación los pone en desventaja porque no se atreven a participar en el salón de clases, situación que muchas veces es interpretada por los profesores como incapacidad del alumno ante las actividades escolares, tal como lo reporta Rebolledo (2014) en otro contexto oaxaqueño.

El problema de no tener una escuela en la localidad de origen va más allá de la sola experiencia escolar de los niños. Se trata, muchas veces, de una experiencia comunitaria, donde el solo hecho de contar con una construcción que ostente el título “Escuela” es, en sí, un logro enorme para dicha comunidad: se vuelve un icono, un punto de encuentro, un lugar de cohesión social, como lo ha señalado Rockwell (2016). A ese lugar se le llama cariñosamente “nuestra escuela” y, aunque muchos ni siquiera han puesto un pie dentro, esperan que sus hijos sí lo hagan.

Volviendo a nuestro caso, cuando en la década de los noventa estudiaba la primaria rural en Las Palmas, cada grado escolar albergaba entre 8 y 10 alumnos, al igual que en Piedra Larga, un pueblo vecino. Si juntamos ambas localidades, estaríamos hablando de cerca de 20 niños que, año tras año, egresaban de la primaria, lo cual invita a pensar que quizá la mejor opción era reunir a todos los niños en una telesecundaria que atendiera a ambas comunidades. Esta perspectiva es la que se ha impulsado en las escuelas primarias mediante la famosa política de concentración de escuelas en los Centros Integrales de Aprendizaje Comunitario (CIAC) promovidos en la presente administración.

Sin embargo, en el caso de Las Palmas y Piedra Larga, esta política de concentración no es pertinente a la luz de las dinámicas locales, pues existe un conflicto intercomunitario entre ambas partes desde la década de los setenta, situación que afecta las distintas aristas de la vida social, entre ellas la educativa. De esta forma, Piedra Larga gestionó la fundación de su escuela telesecundaria en 1996, y la concreta ese mismo año. Pese a la cercanía de esta tele, los niños de Las Palmas continuaron asistiendo a la secundaria de San Gabriel Mixtepec, un municipio cercano y algunas veces incluso dejaron de estudiar, pero de ninguna manera se pasaron a Piedra Larga, pues los conflictos impedían esa situación. Así, la vergüenza de no tener telesecundaria espoleó a los comuneros de Las Palmas a organizarse y a gestionar también su escuela. Dos años después, en 1998, Las Palmas ya tenía su propia telesecundaria.

A simple vista esto parece ser un problema de adultos, pero en realidad existen afectaciones directas a los jóvenes. Por ejemplo, los niños de otras comunidades más pequeñas que estudian en la telesecundaria de Las Palmas o Piedra Larga suelen sufrir burlas por parte de sus compañeros, que aluden al hecho de que en su localidad no hay escuela. En otras ocasiones, a estos jóvenes se les dificulta la socialización entre pares, incluso el cambio de residencia, pese a que la mayoría de las veces se instalan en casa de algún familiar. Así, algunos desertan después de algunos meses.

Aunque en este breve texto expuse la situación particular de una comunidad, en realidad se trata de una invitación a reflexionar en torno a la pertinencia de concentrar alumnos de distintas comunidades en una sola escuela. Desde luego que, en términos económicos, se trata de una estrategia viable, sobre todo por los recursos que se puedan ahorrar en tiempos de austeridad. Sin embargo, ¿cuáles serían los resultados en términos de aprovechamiento escolar y de permanencia? ¿Bajo qué costos en la calidad de vida de los niños? Si nos detenemos a ver la cotidianidad de los alumnos que asisten a la escuela fuera de sus contextos de origen, nos encontraremos con distintos panoramas: lejanía, mala alimentación, problemas de adaptación e incluso depresión ¿Vale la pena realmente ahorrar dinero en detrimento de las infancias? ¿Acaso existe otra forma de garantizar la permanencia de los niños en sus localidades de origen?

Bibliografía

Pérez Ríos, E. (2014). A un siglo de distancia (1911-2011): semejanzas y diferencias de la educación micro-rural en México. México: UPN.

Rebolledo, V. (2014). “Los silencios de niños hablantes de chinanteco en diversas situaciones escolares”, Anthropologica, XXXIII(35), 93-115, Lima: PUCP.

Reyes M. y Solares, D. (2016). Mira mi escuela. Reflexiones sobre espacios escolares. México: Ediciones Axolotl

Rockwell, E. y Rebolledo, V. (coords.) (2016). Yoltocah: Estrategias didácticas multigrado. México: Autores.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-verguenza-de-no-tener-escuela/

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El desarrollo profesional de los docentes rurales. Entre omisiones y propuestas

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

El desarrollo profesional de los docentes que laboran en escuelas de educación  básica ha sido tema prioritario en las políticas educativas de las últimas décadas; no obstante, las estrategias y acciones derivadas de tal primacía, encaminadas a tener impacto nacional, no han sido pertinentes para atender de manera cabal a los docentes que trabajan en contextos rurales e indígenas.

Un análisis de las políticas federales desplegadas desde los años 90 hasta nuestros días, realizado recientemente por la Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER) confirma que, a pesar de la relevancia de la educación en los territorios rurales, perviven viejos problemas y algunas inconcebibles omisiones que urge resolver (RIER, 2018). Relato algunos:

El desarrollo profesional del magisterio se ha identificado, principalmente, con la formación continua de los docentes en servicio, sin considerar las condiciones laborales, el estado y organización de las escuelas y las características de los contextos culturales y lingüísticos donde se ubican. La centralidad que la formación ha tenido como vía de mejoramiento profesional, no significa –necesariamente– que los problemas relacionados con la materia de trabajo de los profesores, la enseñanza y el aprendizaje en contextos rurales, hayan sido eje de los esfuerzos gubernamentales.

De manera recurrente, los docentes en servicio han cuestionado los programas de formación continua que la SEP ha implementado, al parecer, sin ser escuchados. Los señalamientos desaprueban la “gran distancia” que estos programas suelen tener respecto de la “realidad” que se enfrenta en las escuelas, tal como sucedió con el Catálogo Nacional de Formación Continua, vigente por más de diez años, y refutan la fuerte asociación que algunos guardan con las reformas educativas en turno, como el caso de los 19 cursos que integraron la Colección de Aprendizajes Clave, ofrecidos en el sexenio 2012-2018 para operar el Modelo para la Educación Obligatoria que entonces se impulsó.

De igual forma, la logística desplegada para operar cursos y talleres ha sido constantemente cuestionada. La trasmisión en “cascada”, la vía más utilizada, desvirtúa los propósitos de la llamada “formación en la escuela” y el acceso virtual autodidacta, en boga actualmente, ignora que muchos docentes no tienen fácil acceso a energía eléctrica, conectividad y equipo de cómputo en buenas condiciones (Cano y Espino, 2019).

Las estrategias de formación continua de mayor envergadura han estado vinculadas a mecanismos de compensación salarial y evaluación del desempeño. El Programa de Carrera Magisterial, supeditó beneficios económicos a la gradual escalada por cursos con temática variada, desarticulados de los contextos de trabajo, y el Servicio Profesional Docente, vigente durante la pasada administración, asoció la formación con temas de evaluación para el ingreso, la permanencia y la promoción en los puestos de trabajo (Cano y Espino 2019, p. 115).

Con estos maridajes, la participación de los docentes en los programas de desarrollo profesional fue más que obligada por preceptos laborales y económicos. Las necesidades de formación para ejercer la profesión en zonas rurales se desdibujaron y, en el mejor de los casos,  pasaron a segundo plano.

Mención aparte merece la estrategia de profesionalización dirigida a los docentes de nuevo ingreso que laboran en zonas rurales e indígenas, particularmente en escuelas multigrado, a través de una modalidad de Tutoría que propone encuentros sistemáticos entre pares para intercambiar experiencias y analizar temas pedagógicos (SEP s/f). El diseño cuidadoso de esta estrategia y el universo que abarca (docentes noveles de primaria, preescolar y telesecundaria) la convierten en una propuesta con gran potencial formativo que valdría la pena fortalecer.

La mayoría de las propuestas de formación han estado basadas en un modelo de escuela unigrado, urbana, integrada por grupos homogéneos y regida por un currículo nacional estandarizado. Un modelo que olvida que, en nuestro país, aproximadamente 50% de las escuelas de educación básica son de organización multigrado, así como las dificultades que los maestros enfrentan para adecuar el currículo, atender la diversidad de los alumnos y trabajar en localidades con alta o muy alta marginación, en condiciones adversas.

La ausencia de programas de formación inicial y continua para trabajar en territorios rurales e indígenas, a fin de cuentas, constituye uno de los problemas más acuciantes del sistema educativo mexicano. Las acciones federales para subsanar este vacío son aún insuficientes y más bien se han dejado en manos de las instancias educativas estatales (Cano, Ibarra y Ortega 2017, p. 33).

En todo el territorio nacional, se identifican cuatro experiencias locales orientadas a la formación para el trabajo en situación multigrado. Me refiero a la Especialidad en Docencia Multigrado que se imparte en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, los diplomados Atención a Grupos Multigrado de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y Formación de Comunidades Docentes Multigrado para la Atención a la Diversidad en Educación Básica de la UPN-241 en San Luis Potosí, así como al Curso-Taller Estrategias Didácticas para Escuelas Multigrado organizado en el año 2016 por el gobierno del Estado de Tlaxcala, cuya memoria quedó en Yoltocah (Rockwell y Rebolledo 2016).

Otros aportes locales son los colectivos de docentes conformados de manera “espontánea” para compartir preocupaciones de trabajo, abordar asuntos pedagógicos y enfrentar juntos las consecuencias de la pobreza y la desigualdad en las aulas. Éstos se encuentran incluso en regiones de muy difícil acceso, como el valle del Uxpanapa en Veracruz, la sierra de Durango o el desierto de Guanajuato, donde reunirse significa vencer grandes escollos geográficos.

Los agrupamientos así constituidos representan una alternativa emergente para resolver problemas profesionales, frente al vacío de programas de atención para las necesidades más sentidas. Sabemos por investigaciones realizadas en otros contextos (Liston y Zeichner, 1997) que, en esta circunstancia, los intercambios entre docentes conllevan una impronta de mejora de las prácticas de enseñanza en situación de vulnerabilidad.

En este panorama, se aprecian algunas propuestas y recomendaciones de política pública que importa mencionar. Están las Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas (INEE 2017) y las Directrices para mejorar la educación multigrado (INEE 2019), que si bien perdieron vigencia a partir del 15 de mayo del presente (DOF 15/05/2019), constituyen sin duda un referente de mejora. Se cuenta con la Agenda Intercultural para la Educación Nacional (2019), que tiene  intención de incidir en la política educativa dirigida a contextos multiétnicos y plurilingües, mantenidos hasta ahora en posición marginal y precariedad. Se cuenta también con Propuestas de Atención para la Educación Rural (RIER 2019), con miras a detener el cierre de escuelas que actualmente se verifica en comunidades pequeñas y dispersas de nuestro país.

Estas iniciativas coinciden en puntos clave para repensar el desarrollo profesional de los maestros rurales, tales como:

Parten de una visión holística tanto del problema como de la solución. La formación continua de los docentes no puede estar desligada de una formación inicial volcada a la complejidad del trabajo en contextos rurales; ni al margen del mejoramiento de las condiciones laborales, el equipamiento de las escuelas y el enfoque intercultural de los marcos curriculares existentes, entre otros aspectos.

Fundamentan los planteamientos propositivos en el derecho inalienable de los niños, niñas y jóvenes mexicanos a una educación de calidad e inclusiva; así como en el derecho de los pueblos originarios a la preservación de su lengua materna y diferente cosmovisión.

Entienden la autonomía docente como condición indispensable para dignificar la profesión. Y reconocen el valor de las “pequeñas” acciones emprendidas por muchos maestros para renovar la escuela en zonas rurales e indígenas. Se trata de acciones cotidianas que no siempre tienen beneficio de inventario, pero de gran trascendencia para el futuro de las nuevas generaciones. En educación, como bien advirtió María Zambrano (2007) en sus manuscritos: “Hay acciones minúsculas prometidas a un incalculable porvenir”.

Referencias

Agenda Intercultural para la Educación Nacional. 2019. México.

Cano Amanda, Enrique Ibarra y Juan Carlos Ortega.  2017. “Necesidades de profesionalización de los docentes multigrado de educación primaria”. En Vulnerabilidad, innovación y prácticas docentes en escuelas multigrado, coords. Amanda Cano y Enrique Ibarra, 33-58. México: RIER-UPES- Editora Nómada.

Cano Amanda y Holda Espino. 2019. “Formación Continua”. En Propuestas de Atención para la Educación Rural, coords. Cenobio Popoca y Paola Arteaga, 113-138. México: Red Temática de Investigación de Educación Rural. Documento de trabajo.

Diario Oficial de la Federación. 2019. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019&print=true (Consultado el 20 de septiembre de 2019).

INEE. 2017. Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas. México: Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

INEE. 2019. Directrices para mejorar la educación multigrado. México: Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Liston Daniel y Kenneth Zeichner. 1997. Formación del profesorado y condiciones sociales de la escolarización. Madrid: Ediciones Morata-Fundación Paideia.

Red Temática de Investigación de Educación Rural- RIER. 2018. ”Propuestas de Atención para la Educación Rural”. Revista Pluralidad y Consenso. Número especial monográfico Los retos del nuevo gobierno en materia educativa, núm. 38, año 8, octubre- diciembre, pp.  78-84.

Rockwell Elsie y Valeria Rebolledo, coords. 2016. Yoltocah Estrategias  didácticas multigrado. México.

SEP.s/f. Tutoría en zonas rurales para docentes de nuevo ingreso. Educación básica. Guía para tutores. México. http://143.137.111.80/dgpromocion/tutoria/wp-content/uploads/2018/02/Tutoria_Zonas_Rurales.pdf (Consultado el 23 de septiembre de 2019).

Zambrano María. 2007. Filosofía y educación. Manuscritos. Málaga: Ágora.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-desarrollo-profesional-de-los-docentes-rurales-entre-omisiones-y-propuestas/

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Hacia la integración de la educación rural: el caso de México

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

México / 4 de agosto de 2019 / Autor: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia / Fuente: Educación Futura

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Graciela Messina

Investigadora independiente

Gestora de la Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER)

El sentido de este texto es presentar el esbozo de un espacio integrado de educación rural que articule los diferentes niveles y modalidades, de cara a la permanencia y a la continuidad de los niños y jóvenes en la escuela, en cuanto lugar que propicie el aprendizaje desde y para la experiencia, así como la constitución de sujetos y comunidades más conscientes de sí, más libres y más abiertas a su propia transformación. Para contextualizar la tarea, se caracteriza la situación del campo mexicano, así como la educación rural, en particular su heterogeneidad y dispersión, señalando puntos críticos y potencialidades. El principio de promoción de la igualdad en la diferencia se constituye en el horizonte de esa propuesta. La adhesión a los grupos más excluidos, en particular a los del campo, “los cabecitas negras” de nuestras ciudades, los vilipendiados de siempre, que siguen mostrando su solidaridad, me ha guiado en la escritura de este artículo.

En primer lugar, el campo mexicano y su gente, llamado también “el sector rural”, o “la ruralidad” –categorías objetivantes que omiten a los sujetos campesinos–, se muestra ante nuestros ojos como un lugar de despojo, desposesión y abandono. Estas categorías buscan nombrar y denunciar lo que sucede, a la vez que establecer una distinción con conceptualizaciones como inclusión, equidad o formación en competencias. El proceso de colonización, bajo diferentes máscaras, ha buscado durante siglos reducir la vida cotidiana y las fuerzas creativas de los campesinos, que han resistido y conservado su patrimonio cultural. Hablar de campesinos es hacerlo también de indígenas en primera o segunda generación, aunque no todos los indígenas son campesinos, sino que, como sabemos, muchos ya viven en las ciudades.

Para Butler (2017) la categoría de desposesión tiene una fuerza performativa o reveladora de la realidad equivalente a alienación, ya que no sólo da cuenta de que el sujeto no es dueño de su trabajo sino que, aún más, es responsable de su propia vulnerabilidad. En este marco, el campo resulta ser un lugar donde se busca que los campesinos pierdan su subjetividad (Berlanga, 2018) y devengan en sujetos “pobres”, con la intención de controlar la historicidad, la individualidad y los movimientos sociales (Márquez, 2008). De allí que los procesos de resistencia y creación campesina tengan que ver con “habitar el mundo de modo propio” (Berlanga, 2018, p. 3). Pero no sólo la gente ha migrado o dejado de producir sus alimentos, sino que el campo se ha transformado en “campo para el capitalismo”. Observamos que hay más carreteras para que entre la minería, se saque la fruta u otros productos; también existe más cobertura educativa, a fin de contar con mano de obra calificada para las empresas. Con algunas diferencias, la realidad es igual en toda América Latina; en referencia a Argentina, se dice: “pueblos fantasmas, miles de expulsados del campo, zonas del interior del país en que su cercana prosperidad es sólo un recuerdo, quiebre de infinidad de cooperativas, estos hechos son algunos de los resultados de la desregulación económica” (Giarracca, 2017, p. 54). Ante casos ejemplares de despojo ambiental y cultural, como el Chaco Paraguayo, existen relatos que buscan hacer una ruptura abierta con el neoliberalismo, afirmando que el pluriuniverso, entendido como aceptar el universo de los pueblos indígenas, “podría ser la única forma viable de existencia” (Blaser, 2013, p. 340).

En segundo lugar, como ya han sido caracterizados desde la Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER, 2018), los territorios rurales se han “urbanizado” y deteriorado en términos ambientales y culturales, la población campesina ha perdido su singularidad, con la desaparición creciente del pequeño productor, y el auge de los trabajos informales de los campesinos en las ciudades intermedias o en las maquilas, mientras en las áreas urbanas viven ciudadanos que son campesinos en primera, segunda o tercera generación. En este sentido, la heterogeneidad es una de las características centrales de la población rural, que ha envejecido y se ha feminizado a causa de la migración de sus varones. Finalmente, que México sea un país predominantemente “urbano”, no quita que un cuarto de su población sigue viviendo en el campo, a la vez que un número indeterminado habita en las ciudades o en los Estados Unidos, mientras su identidad está en proceso de tránsito hacia formas complejas. En suma, pensar en los campesinos y en su lugar en este país, que busca el cambio, sigue siendo una alta responsabilidad social para todos.

En tercer lugar, la educación rural se caracteriza por ser una suma de heterogeneidades dispersas, entre las que su principal limitación es ser una propuesta urbana llevada al campo, una nueva opción colonial. En efecto, coexisten niveles y modalidades sujetas a reformas educativas globales que no han logrado garantizar la continuidad, la permanencia y el aprendizaje significativo; menos aún el patrimonio cultural. Al respecto se afirma: “en México hay cada vez más educación para las zonas rurales, pero hay cada vez menos proyecto o modelo de educación rural” (Berlanga, 2017, p. 1), aludiendo a que la expansión de la cobertura no ha sido acompañada del respeto a la singularidad de los sujetos y sus contextos. El derecho a la educación y el principio de la inclusión han sido entendidos como igualación de los diferentes, como normalización o “enderezamiento”, mediante un currículo único (Berlanga, 2017). Por su parte, la concentración educativa implementada en los últimos años ha llevado a incrementar el riesgo del abandono escolar, ya que el cierre de las planteles pequeños ha generado que los niños y jóvenes rurales que asisten a las escuelas de sus comunidades, se vean privados de esa posibilidad a la mano, con las consecuencias de abandono escolar y repitencia, así como de aislamiento (Arteaga, 2017); un caso ejemplar, contado como parte de los relatos de la RIER, fue una niña que, al ser enviada a la escuela regular, se negó a hablar en la escuela durante un año, como ejercicio de resistencia; y es que la “concentración de escuelas” obedece a criterios económicos, al costo por alumno, más que a razones pedagógicas. En el mismo sentido, las posibilidades de continuidad educativa son más limitadas en el sector rural que en el urbano, especialmente a partir de la educación media superior; tampoco existen programas de formación en metodologías de multigrado para los docentes, ni formación en ruralidad o una aproximación a campos como la sistematización y la reflexión desde la experiencia; otra omisión es la formación inicial docente en esta modalidad, ya que muy pocas escuelas normales cuentan con la licenciatura en educación indígena, intercultural y bilingüe; a esta situación se suman los bajos presupuestos, la infraestructura y los materiales insuficientes y/o inadecuados para el sector rural o la dependencia del libro de texto gratuito, que llega a ser el único material en las escuelas rurales. Además, en la educación rural se reflejan tensiones estructurales de la educación en su conjunto, como la subordinación de la enseñanza a la evaluación (RIER, 2018).

En cuarto lugar, la educación rural muestra intersticios de creación y puesta en libertad de la experiencia, desde las escuelas telesecundarias vinculadas con la comunidad (TVC), hasta los bachilleratos comunitarios y otras experiencias del mismo tenor, resquicios que los docentes y directivos abren aun en los espacios más tradicionales. En estos lugares, cuando se hacen experiencias innovadoras entre diferentes, se nombren como multigrado o no, pero concebidas como parte de comunidades de vida, se posibilita el diálogo de saberes entre diferentes, así como el trabajo colaborativo y la autonomía. En consecuencia, existe en las escuelas rurales una potencia que ha sido amordazada en las escuelas urbanas, mientras se mantienen las creencias en jerarquías naturalizadas que legitiman a las segundas. Aún más, existen experiencias educativas que se hacen fuera de la escuela, como las llevadas a cabo por líderes juveniles comunitarios, que buscan el aprendizaje entre pares, la participación abierta, la educación por el arte y/o para comunicaciones alternativas y la potenciación de sus trayectorias singulares (Messina, 2015).

En este marco, cómo pensar la educación rural como un conjunto que busca la igualdad en la diferencia; no estoy segura de que el nombre de “sistema de educación rural” puede dar cuenta de lo que quiero decir. Podría ser un sistema más, que se formalice y pierda su sentido o que sea discriminatorio. Tampoco este conjunto abierto, pero suficientemente unido, debe asimilarse a la educación multigrado o a las experiencias de talleres productivos o de alternancia escuela-comunidad, aunque podría recurrirse a ellas. Estoy pensando en generar un camino, una ola venturosa y expansiva, para los niños y jóvenes campesinos desde el Estado y en conjunto con la sociedad civil, sin discriminación de ningún tipo; un lugar de largo aliento que permita que transiten por lo que hoy se conoce como niveles educativos, ordenados hasta ahora de manera jerárquica y secuencial, en espacios y tiempos fijos y predeterminados. Para ello necesitamos generar continuidad para los sujetos campesinos, mediante un régimen que permita dialogar a los niveles y modalidades educativas que atienden a la población rural; esta opción implica, antes que nada, alterar las diferencias entre aprendices y educadores, entre primaria, secundaria y educación superior, entre educación técnica y artística, entre educación regular y educación de jóvenes y adultos, entre blancos, mestizos e indios, entre español y lenguas indígenas, entre otros. Un cambio de esa magnitud requiere transformaciones colectivas tanto como individuales. Me ha tocado escuchar una y otra vez testimonios de jóvenes y adultos campesinos que dicen que quieren seguir estudiando la secundaria o el bachillerato, pero que no hay una escuela cerca y no están en condiciones de migrar para continuar estudiando. Estas voces llegan de lugares poco accesibles, donde el gobierno no ha entrado porque se inunda o está dominada por grupos de narcotraficantes. Eso necesita cambiar.

La esperanza que me invade, la alegría social que se ha empezado a sentir, aun con las restricciones materiales que siguen presentes, me hacen conjeturar, a mí y a muchos, que es posible.

Bibliografía

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Fuente del Artículo:

Hacia la integración de la educación rural: el caso de México

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Reforma educativa y educación rural en México

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