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Unesco alerta del atraso educativo en Brasil, Argentina, Uruguay y México

Iberoamérica/26 de Septiembre de 2016/ICN

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Estudio revela desigualdad entre razas en el sistema educativo de Estados Unidos

Estados Unidos/26 de Septiembre de 2016/Dos Mundos

De acuerdo con un estudio publicado esta primavera, existe una considerable desigualdad entre las razas en el sistema educativo de Estados Unidos.
Titulado ““Civil Rights Data Collection,” (Recolección de datos de los derechos civiles), el estudio encuestó a 50 millones de estudiantes en más de 90,000 escuelas de todo el país. Uno de sus resultados fue que los estudiantes latinos y afroamericanos tienen un ausentismo crónico. Ellos faltan por lo menos a 15 días de clases, lo que algunas veces los lleva a que abandonen los estudios en la preparatoria.
Otro resultado fue que los estudiantes minoritarios tienen más probabilidades de ser suspendidos que los estudiantes blancos. El Departamento de Educación supuestamente está tomando medidas para atender el problema con la implementación de la Ley Todo Estudiante Logra el Éxito.
Además, el estudio encontró que las clases para estudiantes dotados y de ciencias tienen restricciones  para los estudiantes latinos y africano americanos. Según se dice, las escuelas con poblaciones estudiantiles con grandes minorías típicamente no ofrecen suficientes clases de ciencias para ellos.
Además, el estudio encontró que los estudiantes minoritarios típicamente asisten a escuelas donde no hay suficientes consejeros.
Melissa Lackey, maestra de Missouri, piensa que tales condiciones necesitan cambiar. Es importante un énfasis en la enseñanza del lenguaje para cambiar la situación, opinó Lackey.
“Como maestra de ESOL (Inglés para Hablantes de Otros Idiomas), yo sé que el lenguaje es poder. Así que si a los estudiantes no les han enseñado académicamente estrategias para escuchar, hablar, leer y escribir, por supuesto que tendrán una diferencia educativa”.

Fuente: http://dosmundos.com/webpress/2016/09/16/estudio-revela-desigualdad-entre-razas-en-el-sistema-educativo-de-estados-unidos/

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México: La educación rural, historias de desafíos y abandono

México/ 26 de Septiembre de 2016/Debate

La brecha entre las escuelas de la zona urbana y de las zonas altas del municipio de Mazatlán es muy amplia, pero aun así los jóvenes se preparan.

Hay alumnos que tienen que caminar de 15 a 20 minutos todos los días entre caminos y carreteras para llegar a la secundaria o la preparatoria en la zona rural del municipio de Mazatlán.

Camilo Sánchez tiene 13 años, es originario de San Francisquito y se mueve a La Tuna a cursar la secundaria y camina 20 minutos.

El menor sueña con ser un profesional, aunque aun no tiene claro si ser maestro o médico, pero sí muy definido que lo ejercerá en su comunidad.

Mientras que Maribel Araceli Sevilla vive en la Guasimilla pero su escuela se ubica en la Palma Sola y el camino es largo.

Si en su casa no hay dinero para el camión, que les cobra 20 pesos, el trayecto es a pie o de raite.

La zona urbana también tiene necesidades.

La secundaria de la Palma Sola es la que cuenta con más alumnado, ya que atiende a 40 jóvenes de los poblados de La Puerta de Canoas, Guasimilla, San Pablo y Añiles, explicó la profesora María Yanet Villa.

El plantel educativo se ubica en la parte alta del pueblo y casi se cae a pedazos, pero entre Conafe y los padres de familia sostienen la educación ahí.

El edificio tiene más de 30 años y requiere mantenimiento. Los padres se organizan para juntar para la pintura y dar alojamiento y comida a la maestra que atiende los tres grados.

CIFRAS

En la zona urbana de  Mazatlán hay 91 secundarias, entre generales, estatales, técnicas y telesecundarias.

De esta cifra, 64 son públicas y 27 privadas.

Mientras que en zonas altas  del área rural se ubican ocho secundarias comunitarias del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) que trabajan con un maestro.

Estas comunidades  son La Puerta de San Marcos, La Tuna, La Sábila, Palma Sola, Juantillos, Los Copales, El Placer y las Tinajas, que atienden aproximadamente a 300 estudiantes.

LA BRECHA ES AMPLIA

El supervisor de escuelas secundarias generales, Arturo Cundapí Ramos, resaltó que la brecha entre las escuelas de la zona urbana y rural sigue siendo amplia.

Hay necesidades en infraestructura, equipo, mobiliario y maestros, pero hay jóvenes que tienen hambre de saber.

Aun con estas limitaciones, los mentores están obligados a enseñar y lo están haciendo, pero falta más impulso.

Martín Adrián Reyes, director del CBTA 133 de Escamillas que atiende a 200 alumnos de las comunidades de los poblados de los alrededores, resaltó que son pocos los alumnos que cursan este nivel y no van a la universidad porque no hay dinero en casa.
Refirió que es muy triste esta situación, porque son jóvenes de 10 que se van al campo.

E incluso, algunos quedan sin terminar la preparatoria y desertan para ponerse a trabajar o las jovencitas se embarazan a temprana edad.

El vicerrector de la UAS, Miguel Ángel Díaz Quinteros, resaltó que debido a la demanda, la extensión de preparatoria de Villa Unión ya es unidad independiente.

Para las zonas altas se tienen los programas de educación a distancia que están impulsando.

MÁS APOYO
El jefe de los Servicios Regionales de la Sepyc, René Félix, dijo que en zonas altas y con poca población no se pueden abrir escuelas.

Pero a través de Conafe se atiende la demanda, aunque aceptó que falta más apoyo a estos planteles.

Fuente: http://www.debate.com.mx/mazatlan/La-educacion-rural-historias-de-desafios-y-abandono–20160920-0112.html

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Debtors’ Prison for Kids — Poor Children Incarcerated When Families Can’t Pay Juvenile Court Fees

Por: Nika Knight

First-of-its-kind report finds children are being imprisoned nationwide when families can’t pay fines levied by juvenile justice system.

Many states are incarcerating poor children whose families can’t afford to pay juvenile court fees and fines, a report published Wednesday finds, which amounts to punishing children for their families’ poverty—and that may be unconstitutional.

Although the growing practice of incarcerating adults who are unable to pay municipal and court fees and fines has been documented for several years, as Common Dreams has noted, the latest report from the Juvenile Law Center is the first in-depth examination of the practice within the juvenile justice system.

The report, “Debtor’s Prison for Kids? The High Cost of Fines and Fees in the Juvenile Justice System” (pdf), documents the results of a survey of 183 people involved in the juvenile justice system—including lawyers, family members, and adults who had been incarcerated as children in the juvenile justice system—in 41 states.

The authors discovered that in most states there is a pile-up of fees and fines imposed on children and their families once a child enters the juvenile justice system, and that “[m]any statutes establish that youth can be incarcerated or otherwise face a loss of liberty when they fail to pay.”

There are myriad ways in which juvenile court systems levy fines on children’s families, the report authors found, and then imprison those children when their families are too poor to pay the mounting costs:

  • Many states impose a monthly fee on families whose children are sentenced to probation. When a family can’t pay the monthly fee, that counts as a probation violation, and the child is in most cases incarcerated in a juvenile detention facility.
  • If children are sentenced to a “diversion program,” or a community-based program meant to keep them out of detention and help them reintegrate into their communities, the families must pay the costs of such a program. When poor children are unable to pay, they are simply incarcerated instead.
  • Families in most states must pay for their children’s court-ordered evaluations and tests (such as mental health evaluations, STD tests, and drug and alcohol assessments). Failure to obtain certain evaluations may result in a failure to be granted bond by the court, which means the child would remain in juvenile detention. Or if the tests are performed and the family subsequently can’t pay for them, that counts as a probation violation and the child is re-sentenced, which can mean being incarcerated.
  • Some sentences involve a simple fine, such as truancy, and failure to pay results in the child’s imprisonment. “Even when fines are not mandated by statute, they may be treated as mandatory in practice,” the report authers note, describing one impoverished child’s experience with a $500 truancy fine in Arkansas:

One individual who had been in the juvenile justice system there reported that he spent three months in a locked facility at age 13 because he couldn’t afford the truancy fine. He appeared in court without a lawyer or a parent and was never asked about his capacity to pay or given the option of paying a reduced amount. He assumed he had to either pay the full fine or spend time in jail. He explained, “my mind was set to where I was just like forget it, I might as well just go ahead and do the time because I ain’t got no money and I know the [financial] situation my mom is in. I ain’t got no money so I might as well just go and sit it out.”

  • “Almost all states charge parents for the care and support of youth involved with the juvenile justice system,” the report adds. Those include fees for room and board, clothing, and mental and physical healthcare, among many other charges, and “[i]nability to pay […] can result in youth being deprived of treatment, held in violation of probation, or even facing extended periods of incarceration.” (Juvenile prisons also charge their own, often higher, prices for children’s prescription medications, the report says, which frequently results in high charges that poor families cannot afford to pay and interrupts necessary healthcare for their children.)
  • In all 50 states, a statute exists which deems that if a child and their family can’t afford restitution charges—that is, payment to the victim(s) of the child’s crime, which is a popular sentence in juvenile court—the child is incarcerated.

In addition, juvenile detention facilities are often unsafe and inhumane, as CommonDreams has reported.

And the fines imposed by juvenile court are “highly burdensome,” according to the Juvenile Law Center report. The average cost of juvenile system involvement is $2,000 per case in Alameda County, California, for example, and “[f]or young people incarcerated for extended periods of time, the costs can be significantly higher.”

The debt divides families already struggling with the ramifications of poverty, the report notes.

“The debt in effect creates a rift between parents and their children,” one survey respondent said, recalling that “I… spoke to a family where a grandmother had taken custody of her grandson but when facing these insurmountable fees, she was told (by a county employee) that the only way she could avoid paying was to hand over custody. Given her limited income, she has seriously considered giving up custody of her grandson, which would make him a ward of the state…”

In some cases, parents can even face imprisonment themselves if they fail to pay their children’s juvenile court system fees. “In a number of states, parents, like youth, may be found in contempt, either civil or criminal, for failure to pay,” the report says.

“Parents may also face increased financial liability through collection fees and interest accruing on payments, as well as civil judgments for failure to pay,” the report authors add. “When parents face incarceration or mounting debt for failure to pay, they have even fewer resources to devote to educating, helping, and supporting their children.”

The authors of the report also observe that incarcerating children for their families’ inability to pay fees may be unconstitutional:

[I]t is worth noting that the United States Supreme Court has made clear that an individual may not be incarcerated for nonpayment if the court does not first conduct an indigence determination and establish that the failure to pay was willful. The Supreme Court has also held that courts must consider “alternative measures of punishment other than imprisonment” for indigent defendants. Nonetheless, some states require neither willfulness nor capacity to pay in statute, and only a few explicitly limit or prohibit incarceration for failure to pay. Additionally, the Supreme Court has held that “courts must provide meaningful notice and, in appropriate cases, counsel, when enforcing fines and fees.” This right is even more important for children, who lack both the developmental capacity and the legal knowledge to represent themselves.

“Moreover,” the report continues, “while further research is needed, existing studies suggest that court costs, fees, and fines have limited, if any, fiscal benefit to states and counties, given the difficulty in collecting from families in poverty and the high administrative costs in trying to do so.”

The Juvenile Law Center details the varying policies on juvenile court system fees state-by-state on a new website, and also highlights the few counties and states who are attempting to rectify the problem.

“Ultimately, state and local policymakers should establish more sustainable and effective models for funding court systems rather than imposing costs on youth and families who simply can’t afford to pay,” the Juvenile Law Center says.

First published in CommonDreamsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Fuente: https://voxpopulisphere.com/2016/09/05/nika-knight-debtors-prison-for-kids-poor-children-incarcerated-when-families-cant-pay-juvenile-court-fees/comment-page-1/

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Estados Unidos: Piden anular leyes que ayudan a los niños inmigrantes a estudiar

Estados Unidos/ 26 de Septiembre de 2016/Tribuna Hispana

Resultado de imagen para Piden anular leyes que ayudan a los niños inmigrantes a estudiarLas propuestas anti-inmigrantes impulsadas por Donald Trump, no sólo están teniendo eco en la deportación y la construcción de un muro fronterizo, sino también en la eliminación de leyes actuales que protegen algunos derechos de los niños inmigrantes, como es la educación pública gratuita.

La llegada de menores no acompañados y familias inmigrantes en los últimos dos años, desde Centroamérica en particular, ha causado un crecimiento explosivo de los programas que sirven a los estudiantes con n limitado conocimiento del inglés en las escuelas públicas, lo que está costando casi $60 mil millones al año, de acuerdo al nuevo estudio, “El elefante en la sala de clase, el impacto de la inmigración de masas sobre la Educación”, publicado por la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés).

Así, teniendo como argumento el costo monetario, FAIR propone que se eliminen dos leyes, protegidas por el Tribunal Supremo, que protegen los derechos de los niños indocumentados a recibir una educación y protección en Estados Unidos.

Carga a los contribuyentes
“No sólo son los contribuyentes locales quienes están pagando por estos enormes costos”, dijo Dan Stein, el presidente de FAIR, en referencia a que una gran parte de los presupuestos escolares son pagados por los dueños de casas. Esto también “afecta a la calidad de la educación que sus propios hijos reciben”, agregó.

De acuerdo al estudio, casi uno de cada diez estudiantes –unos 4.9 millones– están inscritos en las escuelas públicas donde hay estudiante con una Limitada Eficiencia del Inglés (LEP). Y entre los niños de kinder, el 17.4 % son estudiantes LEP.

Y aproximadamente 3.6 millones, o casi el 74 por ciento de estos estudiantes, son inmigrantes o hijos de inmigrantes, ambos indocumentados. Y los estimados de FAIR es que casi el 99 por ciento de los costos LEP son pagados por los contribuyentes locales.

Congresistas en distritos legislativos donde viven un gran número de estos niños, como es el caso de Long Island, en Nueva York, han presentado proyectos de ley para que el gobierno federal provea fondos a las escuelas donde estudian los niños inmigrantes, pero los intentos han fracasado.

Cada uno cuesta $12,128
Entre las principales conclusiones del informe está que el costo de educar a estos niños inmigrantes es de $43.9 mil millones, o $12,128 por cada uno de estos estudiantes.

Asimismo, señala el informe, trece estados gastaron más de $1 mil millones en programas LEP en el 2016, incluyendo a California, Texas, Colorado, Illinois, Washington, Virginia, Georgia, Massachusetts, Michigan, Florida, Nueva Jersey, Nueva York y Maryland.

En casi uno de cada 10 estados asisten más de 100,000 estudiantes con un LEP, y en 22 estados se educan a 50,000 o más de ellos. Y en las zonas urbanas, como la Ciudad de Nueva York, el 14 por ciento de los estudiantes son LEP.

“Por desgracia, mientras que los presupuestos escolares en todo el país se han reducido, las escuelas están encontrando dificultades para acomodar el flujo cada vez mayor de inmigrantes legales e ilegales y el creciente número de refugiados, todas las personas necesitadas de asistencia LEP “, dijo Stein.

“Es difícil ver un escenario en el que la calidad de la educación para todos los estudiantes no disminuya, a medida que los escasos recursos son desviados cada vez más para servir a los estudiantes” inmigrantes, agregó.

Desprotegiendo la educación

Dado que FAIR es una organización que, desde hace años, propone reducir drásticamente la inmigración, en su mismo reporte ofrece recomendaciones detalladas para frenar el aumento de las demandas relacionadas con la inmigración en las escuelas.

Entre las medidas, además de pedir que se asegure la frontera, se incluyen que eliminarían los derechos que tienen los niños inmigrantes indocumentados a recibir educación gratuita en una escuela pública.

Por ejemplo, piden revocar la decisión Plyler v. Doe, un caso en el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó una ley estatal que negaba fondos para la educación de los niños inmigrantes no autorizados y, simultáneamente, anuló el intento de un distrito escolar municipal para cobrar una cuota anual de $ 1,000 de matrícula por cada estudiante indocumentado, para compensar para la financiación estatal perdida.

Eliminando la protección
También piden modificar la Ley William Wilberforce de Reautorización de Protección a las Víctimas de Tráfico, que protege a los inmigrantes indocumentados que son víctimas del tráfico humano de personas.

Así mismo, FAIR pide que se retire los incentivos para la reunificación de las familias en los EE.UU,  ilegalmente, que se ponga fin a las políticas de las “ciudades santuario” y limitar la inmigración global a solo 300,000 personas al año.

Fuente: http://www.tribunahispanausa.com/inmigracion/piden-anular-leyes-que-ayudan-a-los-ninos-inmigrantes-a-estudiar/

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Promueven proyecto intercultural entre Francia y BCS

Francia/26 de Septiembre de 2016/ 20 Minutos

Autoridades estatales contemplan llevar a cabo un proyecto que involucra al Ministerio de Cultura de Francia, que pretende ofrecer estrategias de fomento a la cultura de manera piloto en 10 escuelas…

Autoridades estatales contemplan llevar a cabo un proyecto que involucra al Ministerio de Cultura de Francia, que pretende ofrecer estrategias de fomento a la cultura de manera piloto en 10 escuelas primarias de la entidad. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, Héctor Jiménez Márquez, señaló que este proyecto también involucra al Instituto Sudcaliforniano de Cultura, por lo que este martes y para ese propósito, se llevó a cabo un encuentro-taller. En este encuentro-taller participaron funcionarios y especialistas en el ramo de la cultura, quienes interactuaron con Paul Tolila, Inspector General de Asuntos Culturales en el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia.

Jiménez Márquez apuntó que se dará prioridad a escuelas urbano marginadas o de zonas rurales para trabajar en esta propuesta que busca dar pautas que respondan a las necesidades presentes en contextos educativos donde prevalece la diversidad cultural. Durante el encuentro en la Sala Educadores Sudcalifornianos del Centro de la SEP estatal, el especialista francés Paul Tolila señaló que la educación debe siempre tener una alianza con la cultura. Para este modelo de gestión cultural a emprender en la entidad hay condiciones base para que los profesores empiecen a trabajar y la primera responsabilidad es trabajar en equipo.

Posteriormente, indicó, se desarrollarán temas culturales con base a los diversos espacios y situaciones de cada centro educativo. El también catedrático asociado de universidades en Francia y Egipto afirmó a los participantes que en la escuela primeramente hay que trabajar el acercamiento a las artes con los alumnos. Posteriormente la práctica real, luego encuentro y finalmente el dialogó. El proyecto escolar debe incluir dos tipos de programas: en el primero la escuela sale a visitar sitios históricos, arquitectura, monumentos teatro, entre otros; en el segundo, llevar a la escuela a los artistas para que trabajen con niños y maestros.

Fuente: http://www.20minutos.com.mx/noticia/137764/0/promueven-proyecto-intercultural-entre-francia-y-bcs/#xtor=AD-1&xts=513356

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México: Reanuda magisterio protestas en Michoacán

América del Norte/México/Septiembre de 2016/Fuente: Am General

Maestros disidentes retomaron ayer las protestas contra la reforma educativa en Michoacán, con una marcha lenta que colapsó vialidades y concluyó en el centro de esta capital.

La columna humana fue encabezada por docentes que portaban carteles con las fotos y nombres de ocho estudiantes normalistas, presos desde el pasado 15 de agosto por cometer actos vandálicos.

Los manifestantes exigieron la derogación de la reforma educativa, que cesen los procesos de despido contra maestros faltistas y que se libere a los normalistas.

La movilización causó por horas el cierre de diferentes vialidades en la zona sur de la ciudad, por donde pasaron los maestros disidentes.

Entre los manifestantes iban también normalistas en apoyo a sus compañeros presos, quienes enfrentan cargos de robo calificado como grave.

Se trata de ocho jóvenes que fueron detenidos cuando pretendían bloquear la Autopista México-Guadalajara, a la que llegaron a bordo de dos autobuses previamente tomados a la fuerza, además de despojar de una patrulla a policías estatales.

La marcha partió del Periférico Sur, a la altura de la Casa de Gobierno, donde despacha el Gobernador perredista Silvano Aureoles.

Un día antes, Aureoles había calificado a esa ala magisterial como un problema “del tamaño del mundo” para su administración.

El mandatario estatal acusó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de resistirse, incluso, a la rehabilitación de escuelas alegando que tiene alcances privatizadores.

Fuente: https://www.am.com.mx/2016/09/23/mexico/reanuda-magisterio-protestas-en-michoacan-314975

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