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Regreso a clases: Propuestas

Por: Pedro Flores

 

A mi papá por sus 90 años

¿Será que la burocracia universitaria, creada por nosotros mismos, es mucho más fuerte que un virus proveniente de la naturaleza? ¿Llegará primero la vacuna contra el Covid-19 antes que el cambio educativo verdadero?

No me atrevería a decir que la pandemia ha sido una “oportunidad” para cambiar, pues en México han muerto más de 45 mil personas y miles de doctoras, enfermeros y compatriotas están padeciendo. Es mas bien una tragedia que nos ha puesto a prueba. Las universidades públicas somos autónomas. Organizar el regreso a clases virtuales, mostrará si somos capaces de actuar libremente para renovar la manera en que hemos operado. ¿Estaremos dispuestos a reescribir nuestras reglas, códigos y conductas ante la emergencia? Éste será un ciclo escolar donde el compromiso por formar integralmente al universitario no debe menguar, al contrario. Pero, ¿qué hacer?

En primer lugar, estar conscientes de que las tres funciones principales de la universidad (docencia, investigación, vinculación) no podrán realizarse como si nada hubiera pasado. Será difícil –incluso prohibido– trasladarse a ciertos lugares para recabar datos, hacer etnografía o realizar alguna práctica como establecía el plan de estudios. La vinculación, por otra parte, es contraria al connamiento y se complica con la “sana distancia”.

Por tanto, quizás es un buen momento para que parte del tiempo en investigación y vinculación se concentre, solo por este semestre, en el ejercicio docente. Esto debe, por supuesto, ser reconocido por las instancias de evaluación dentro y fuera de las universidades. Segundo, dado que la exposición presencial no es recomendable, la estructura de la clase podría cambiar. Al ya no haber salones, sino espacio virtual, televisivo o radiofónico, sugeriría organizar “clases magistrales” con algún académico o académica destacada sobre un tema en específico y alcanzar a más jóvenes de los que normalmente ocupan un salón. Luego de grabar la sesión y asegurarse de que llegue a los jóvenes de áreas más alejadas y empobrecidas, se pueden organizar grupos de discusión reducidos sobre ese tema.

La participación del estudiante y del académico en esta “nueva normalidad” será central. Es momento de variar los objetivos de aprendizaje. Estamos ante el reto de que los jóvenes desarrollen la capacidad de auto aprendizaje y mantengan el interés por aprender. Para ello, habrá que ofrecer clases estimulantes en términos intelectuales, independientemente del tiempo que pasemos frente a la computadora, celular o tablet. Que regrese la confianza y la buena educación.

Fuente:  http://www.educacionfutura.org/regreso-a-clases-propuestas/

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México: El pin parental, la nueva avanzada de la agenda nacional de la derecha

América/México/05/08/2020/Autor: Marcos Nucamendi/Fuente: piedepagina

 

Puebla se suma a la lista de otros 10 estados en el país que buscan regular los contenidos educativos por parte de padres, madres o tutores; posibilidad que atentaría con el interés superior del niño, según especialistas, al tener una mirada adultocentrista

 

PUEBLA, PUEBLA.- El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez López, anunció que su partido presentará una iniciativa para introducir en la legislación local el llamado pin parental.

A su juicio, tanto la Ley General de Educación de 2019, como su armonización en la entidad, establecen nuevos criterios en cuanto a la educación sexual inicial refiere, toda vez que se intenta “ideologizar o adoctrinar a las nuevas generaciones de acuerdo con el pensamiento del actual régimen”; a ese pensamiento, el diputado y los grupos  conservadores que apoyan esta iniciativa, le llaman “ideología de género”.

De ahí que Jiménez López plantee la necesidad de un candado jurídico para que los padres y las madres de familia puedan vetar o consentir los contenidos escolares que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, de la misma forma que se bloquean los canales de una televisión familiar para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o sexualmente explícitos.

Aunque todavía no se tiene una fecha exacta para la presentación del proyecto de dictamen ante el pleno, Puebla se coloca a la par de estados como Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Baja California y Chiapas, en donde ya se discutieron o se están discutiendo iniciativas similares, apoyadas indistintamente por el Partido Encuentro Social (PES), el PRI y el PAN.

Para Jessica Pérez Téllez, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, la iniciativa que pretende facultar a padres y madres de familia para que censuren la educación sexual en las escuelas poblanas, mejor conocida como pin parental, tan sólo refleja un profundo desconocimiento sobre los temas de género, así como la lógica adultocentrista de quienes ven a los menores de edad como una propiedad y no como sujetos de derechos.

“La sexualidad no es algo que se pueda apagar en una persona y es lo que mucha gente piensa, que podemos decidir no tenerla (o quitársela a los menores de edad); ‘no les hables de sexualidad para que no se las despiertes’. La sexualidad está ahí, y nada de lo que se haga (desde la ley) va a eliminar la sexualidad de una persona”.

La propuesta impulsada por el PAN, sostiene por su parte María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, se contrapone además al principio de progresividad de los derechos humanos, pues no sólo pasa por alto reformas constitucionales y tratados internacionales en la materia, sino que obvia las reformas recientes a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que explícitamente facultan a la Secretaría de Educación Pública para que incorpore contenidos con perspectiva de género en los programas educativos.

Ni discrecional ni absoluta, responsabilidad de padres y madres

Mientras que el pleno del Congreso de Nuevo León desechó la propuesta el 29 de mayo, el Legislativo de Aguascalientes aprobó por unanimidad, ocho días antes, una serie de reformas a la Ley de Educación; el pin parental, a decir del presidente de la mesa directiva del Congreso, Heder Guzmán Espejel, se coló entre las modificaciones. “Nos metieron un golazo”, dijo días después, una vez que la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

En un comunicado conjunto con fecha 16 de junio, diversas agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Unicef, la Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, externaron su preocupación por el caso Aguascalientes.

Con base en la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño –que también deben ser observadas por las legislaturas estatales–, las agencias internacionales concluyeron que si bien las madres, los padres y los tutores tienen una responsabilidad fundamental en la crianza y el desarrollo de los menores de edad bajo su protección, esta “no es discrecional ni absoluta”.

La responsabilidad de los padres, sostienen, está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer “plena y prioritariamente” sus derechos. En ese sentido, una educación que tenga por objetivo la protección de estos derechos, incluyendo el de recibir una educación integral en materia de salud sexual y reproductiva, no puede estar supeditada “al consentimiento o la autorización de terceros”, ni a “las consideraciones éticas o morales de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia”.

Estado, único rector de contenidos educativos

El 5 de julio, las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se pronunciaron al respecto.

Esto en vista de que cada vez son más los congresos locales que abren la discusión en torno a lo que el Gobierno Federal considera “una injerencia de padres y madres” en los contenidos educativos, asunto sobre el que tiene rectoría exclusiva y constitucional el Estado Mexicano; entonces eran cinco entidades, ahora son once, con Puebla.

Advirtieron que cualquier reforma que se apruebe en la dirección contraria de los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, el marco internacional a favor de lo que se conoce como el Interés Superior de la Niñez, así como el artículo tercero sobre la rectoría del Estado, podrá ser considerada por la autoridad competente –la SCJN– como inconstitucional. Un documento de análisis jurídico vigente quedó de ser enviado a todos los congresos locales a fin de evitar la presentación de este tipo de iniciativas.

Jason Goh | Pixabay.

Grupos conservadores, detrás del pin parental

El Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza Nacional de Padres de Familia, son algunas de las organizaciones que abiertamente promueven la introducción del pin parental en México, y que han seguido de cerca las discusiones en las legislaturas locales.

A esta plataforma se han sumado integrantes del Senado, como Manuel Añorve (PRI), Lily Téllez (PAN) y Víctor Fuentes (PAN). Este último presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a finales de febrero, a la que denominó “Con mis hijos no te metas” y que va en el mismo sentido que las iniciativas estatales; a la fecha, sigue sin ser discutida por la comisión respectiva.

Los senadores participaron incluso en un foro virtual auspiciado por las organizaciones antes mencionadas, el 13 de julio, donde además de defender la propuesta del pin parental, se pronunciaron en contra de las supuestas presiones ejercidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que los congresos locales den marcha atrás a las discusiones sobre el pin parental.

“La secretaria de Gobernación no tiene por qué derribar la puerta de las casas, entrar, y quitarle a los papás la forma en la que quieren educar a sus hijos”, dijo Lily Téllez, en tanto que Víctor Fuentes, senador por Nuevo León, acusó a Sánchez Cordero de inclinar la votación en aquel estado, en contra de la iniciativa.

Nuevo León, cabe recordar, fue el primer estado de la República en poner a discusión el pin parental, el 22 de enero de este año, de la mano del diputado Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, quien fue expulsado de Morena en junio de 2019 tras publicar un comentario transfóbico en Twitter.

Sin embargo, la propuesta de que sean los padres y las madres de familia quienes autoricen los contenidos educativos que involucren, por ejemplo, cuestiones de identidad de género, feminismo, aborto y diversidad, no surgió en México.

El intento de trasladar al campo educativo el concepto bloqueo (pin), que suele activarse en las televisiones y otros dispositivos electrónicos para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o explícitamente sexuales, viene de España, del partido de ultraderecha Vox.

En marcha, agenda nacional antiderechos

El pin parental, es preciso señalar, es tan sólo un punto que se inscribe en una agenda nacional conservadora mucho más amplia, a veces referida como agenda antiderechos. En ella se conjuntan dos líneas de acción para el terreno legislativo: por un lado la intención de bloquear proyectos que busquen ampliar el catálogo de derechos obtenidos y, por otro, la promoción de iniciativas que empaten con ciertos valores familiares tradicionales.

Estas líneas de acción se identifican, por ejemplo, en el análisis que realiza el Frente Nacional por la Familia a través de su observatorio legislativo “Observaxion”, en donde se califican positiva o negativamente, distintas propuestas a nivel estatal y federal.

Iniciativas en materia de despenalización del aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental o lesbomaternal, muerte asistida, uso de anticonceptivos, baños públicos neutros, uso lúdico de la marihuana, lenguaje inclusivo y prohibición de las terapias de conversión, tienen una calificación negativa, identificada con el color rojo y con lo que llaman “ideología de género”.

En tanto que aquéllas en materia de protección de la vida desde el momento de la concepción, representación legal para no nacidos (fetos en gestación), licencias de maternidad o parternidad, creación de institutos municipales de familia y desde algunos meses, censura de contenidos educativos (pin parental), están coloreadas de verde.

Información confiable, necesaria para decidir y prevenir abusos

Cuando la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla acompaña casos de violencia sexual, embarazos no deseados o embarazos adolescentes, explica para LADO B su coordinadora, Jessica Pérez Téllez, es común advertir una educación sexual deficiente en casa y hasta un sesgo moral o religioso intencional.

“Podemos creer que si yo no le digo nada [a mi hijo o hija] no va a saber [sobre sexualidad] y no le voy a levantar inquietudes, cuando la realidad es que recibimos información sobre sexualidad todo el tiempo y por todos los medios […] Lo que le toca a la escuela y a las instituciones es filtrar esa información para que la que reciban sea real y confiable”.

Pensar en una educación sexual integral desde la educación inicial, sostiene Jessica, es ir más allá del acto sexual. No se trata de hablar de métodos anticonceptivos o enfermedades transmisibles por esta vía, sino adentrarse en temas de género e identidad, y de que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer su propio cuerpo y los límites inherentes al mismo.

La aprobación de una iniciativa como el pin parental, advierte, sólo tendría consecuencias negativas: desde embarazos adolescentes y proyectos de vida truncados, hasta un aumento en los casos de abuso sexual infantil y abortos clandestinos. “[Los promotores de estas iniciativas] dicen que buscamos ideologizar […] [pero lo único] que buscamos es que las niñas y los niños puedan decidir, que tengan conocimiento sobre su cuerpo”.

María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), concuerda con Pérez Téllez, pues considera que los argumentos que están detrás de este tipo de iniciativas no sólo exponen un desconocimiento profundo de lo que realmente es la perspectiva de género –que tiene que ver con el análisis de las desigualdades históricas y estructurales–, sino un desinterés por los problemas que aquejan directamente al país y al estado de Puebla, como los feminicidios, las muertes maternas o la violencia sexual. “Se requiere una educación con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género desde temprana edad para prevenir estas situaciones”.

*Con información de Natasha Konzevik y Enrique López

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

Fuente: https://piedepagina.mx/el-pin-parental-la-nueva-avanzada-de-la-agenda-nacional-de-la-derecha/?s=pin+parental&submit=Buscar

Imagen: Flirck y Jason Goh | Pixabay

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El resurgimiento americano que no logró Trump

Por: Claudio Katz 

 

Trump concluye su presidencia con tres crisis simultáneas que jaquean su ambición de otro mandato. La pandemia, la depresión económica y la rebelión de los afroamericanos han trastocado el escenario electoral.

El magnate ejerció una presidencia disruptiva que transgredió todas las normas. Demolió la sobriedad, exaltó la grosería, extremó la fanfarronería e instaló un inédito desorden en los asuntos públicos. Su alocada confianza y su comportamiento patotero desconcertaron a los analistas.

Se generalizó la imagen de un insano sin brújula, que insulta dignatarios, humilla jefes de estado y viola todos los compromisos. Pero esa constatación no alcanza para entender el contexto actual. Se necesita una evaluación serena de los propósitos y resultados de su gestión en el terreno económico y geopolítico, tanto a escala global como regional.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Trump buscó utilizar el poderío geopolítico-militar de Estados Unidos para recuperar el liderazgo económico de su país. Con esa finalidad encaró durísimas negociaciones para extender al plano comercial, los privilegios monetarios que mantiene el dólar. Intentó revertir el enorme déficit de intercambios con 100 naciones, reclamó ventajas para las exportaciones y penalidades para las importaciones. Presentó esa demanda, como una insólita reparación al trato internacional injusto que afronta el coloso del Norte.

Con ese disparatado argumento motorizó una virulenta agenda mercantilista y tensó la cuerda de todas las tratativas. Propició acuerdos bilaterales sustitutivos del multilateralismo y cuestionó ciertas normas del libre-comercio. Pero impulsó ajustes en los convenios vigentes y no un retorno al viejo proteccionismo.

Trump eligió esa estrategia para remontar el declive industrial estadounidense. Intentó aprovechar las ventajas que la primera potencia conserva en las finanzas y exigió mayor preponderancia para los bancos, los bonos del Tesoro, Wall Street y la FED.

También buscó preservar la supremacía tecnológica, mediante crecientes exigencias de cobro por los derechos de propiedad intelectual. Reclamó nuevas retribuciones por las patentes, para acrecentar las ganancias capturadas con la comercialización de esos servicios (Roberts, 2018).

Con ese control de la financiarización y del capitalismo digital, Trump esperaba forjar un nuevo equilibrio entre los sectores globalistas y americanistas de la clase dominante. Apuntaló los negocios de las empresas con cadenas de valor en otros países e incentivó también la recuperación de las compañías locales, afectadas por la competencia mundial.

El primero grupo reúne a los gigantes del comercio, las finanzas, la tecnología y la comunicación (Microsoft, Google, Facebook, Amazon, City-Group, Wall Mart). El segundo sector aglutina a los proveedores del Pentágono, las petroleras, los sojeros y las empresas centradas en el mercado interno (Lockheed, General Dynamics, Exxon, Chevron, General Electric, Bank of America) (Dierckxsens; Formento; Piqueras, 2018).

El proyecto neoliberal es compartido por ambas fracciones, pero los globalistas habitualmente sintonizan con la cúpula del Partido Demócrata y los americanistas con el establishment republicano. Clinton apuntaló al primer sector y Bush Jr. al segundo. Obama retomó el favoritismo por los mundialistas y Trump pasó de la marginalidad americanista a la defensa de todo ese segmento (Merino, 2018).

Cuando alcanzó la presidencia cumplió sus compromisos con el sector siderúrgico, el complejo industrial-militar y las corporaciones industriales, pero abrió también su gabinete a Wall Street y los globalistas. Las disputas entre ambos grupos se dirimieron en bataholas y cambios de ministros.

Para recuperar la primacía estadounidense Trump combinó protección local con negocios mundiales. Promovió la guerra comercial y las barreras arancelarias, sin obstruir el libre flujo de capitales que enriquece a los financistas. Preservó especialmente las redes digitales globalizadas que necesitan las firmas de la alta tecnología. Restringió el mercado americano para los rivales foráneos, pero sostuvo la primacía del dólar en una economía internacionalizada.

Trump apostó a forzar la sumisión de los países competidores. Trató de revertir las negativas consecuencias de la globalización, que Estados Unidos encabezó con resultados desfavorables. La primera potencia no pudo remontar su pérdida de posiciones y quedó expuesta al arrollador avance del desafiante chino.

La contención del rival asiático fue la prioridad del magnate. China bordea el pedestal de la economía mundial, al cabo de varias décadas de asombrosas tasas de crecimiento e inversión. Trump puso fin a la amistosa relación con un socio transformado en competidor, que ahora batalla por la hegemonía mundial.

El freno de China es el principal objetivo de todo el establishment de Washington. Trump tomó la delantera con una brutal pulseada en el terreno comercial. Exigió a Xi Jinping la reducción del déficit comercial y obtuvo ciertas concesiones, pero utilizó cada tregua para relanzar las hostilidades. Presionó al máximo y cantó victoria ante cualquier resultado. Disfrazó siempre sus agresiones con pretextos de seguridad nacional y acusaciones de piratería. Buscó sobretodo frenar el avance tecnológico de China en la transmisión de datos (5G) y la inteligencia artificial (Agenda 2025).

Trump trató de repetir con el gigante oriental el sometimiento que Reagan logró con Japón en los años 80. Ese país fue obligado a restringir exportaciones, revalorizar el yen y financiar el Tesoro estadounidense. Esa subordinación condujo a un estancamiento de la economía nipona, que persiste al cabo de varios experimentos fallidos de reactivación keynesiana (Roberts, 2016: (173-184).

El magnate también buscó afianzar las ventajas de Estados Unidos sobre Europa. Aprovechó la existencia de un aparato estatal unificado, frente a competidores transatlánticos que no logran extender su unificación monetaria al plano fiscal o bancario. Esa carencia de poder estatal explica la reacción débil y tardía de Europa frente a la crisis del 2008. Washington definió expeditivamente, los socorros que tramitó Bruselas en forma tortuosa. Esa pesadez potenció las tensiones generadas por los excedentes comerciales y las acreencias financieras, que acumula el Norte a expensas del Sur del Viejo Continente (Lapavitsas, 2016: 374-383). Trump incentivó esas fragilidades para impedir cualquier desafío europeo.

Bajo la apariencia de una gran improvisación, el ocupante de la Casa Blanca concibió un ambicioso plan de recuperación de la economía estadounidense. ¿Qué logró en cuatro años?

 

MAGROS RESULTADOS

La estrategia de Trump dependía de la disciplina de sus aliados (Australia, Arabia Saudita, Israel), la subordinación de sus socios (Europa, Japón) y la complacencia de un adversario (Rusia) para forzar la capitulación de otro (China). Pero el magnate no consiguió esos alineamientos y el consiguiente relanzamiento de la supremacía norteamericana falló desde el principio.

La confrontación con China fue su principal fracaso. Las amenazas no amedrentaron al dragón asiático. La acotada reducción del déficit comercial que obtuvo con la guerra de aranceles, no revirtió las desventuras de la economía estadounidense. El tablero previo se mantuvo. China aceptó mayores compras y menores exportaciones, pero no permitió la apertura financiera y el frenó de sus inversiones tecnológicas.

La ofensiva de Trump debió lidiar con las propias consecuencias de sus bravuconadas arancelarias. Traspasado cierto techo, las tarifas aduaneras impactan sobre los precios y la productividad estadounidense, que depende de la importación de insumos baratos. Además, las represalias afectan seriamente a las empresas yanquis radicadas en Oriente. China es el principal mercado para el agro y para varias ramas manufactureras. Los puestos de trabajo que podrían restaurarse con protección aduanera son amenazados por esa pérdida de adquirientes en Oriente.

La batalla comercial tiene efectos tan contradictorios, como la revaluación del yuan que exige Trump. Esa valorización potencia una divisa que aspira a disputar el señoreaje internacional del billete norteamericano. Además, China no acepta acomodar su política monetaria a los reclamos de un deudor, que ha colocado el grueso de sus títulos en los bancos asiáticos (Hernández Pedraza, 2018).

El presidente millonario logró el visto bueno formal de sus aliados, pero no el acompañamiento requerido para la batalla comercial contra China. Ningún socio resignó los negocios lucrativos con el gran cliente asiático. Israel vende armas y tecnologías a Beijing, Arabia Saudita coloca excedentes petroleros y tanto Canadá como Australia mantienen intensos intercambios con el gigante oriental (Poch, 2018).

Las dificultades para arrastrar a Europa a la confrontación con China fueron semejantes. Pero el deterioro de la relación transatlántica fue detonado por disputas más directas con el Viejo Continente. El trato agresivo del magnate hacia Europa llegó a incluir, por ejemplo, ofertas coloniales de comprar Groenlandia con su población incluida.

Algunas demandas estadounidenses fueron satisfechas. Francia enmendó su proyecto de ‘tasa Google’, Alemania redujo exportaciones para mantener su tajada en el mercado automotor y varios integrantes de la Unión Europea aceptaron adquirir más soja o gas americano. Adoptaron la misma tónica conciliadora de Japón, que accedió a una mayor apertura de su mercado interno. Pero ningún miembro de la coalición occidental renunció a los contratos con China o a su participación en la Ruta de la Seda.

Los conflictos escalaron con la demanda estadounidense de ruptura comercial con Irán. Las grandes multinacionales de Francia y Alemania (Total, Renault, Volkswagen, Siemens, Daimler) vetaron la pérdida de mercado persa que exigía Washington.

El choque en curso por el gasoducto Nord Stream 2 que enlazará a Rusia con Alemania es mucho más serio. En defensa de los proveedores norteamericanos de gas licuado, Trump conspira con sus vasallos (Ucrania, Polonia) para impedir la inauguración de una obra casi concluida. El reciente ultimátum de sanciones legales a las empresas europeas, coloca a Alemania en la disyuntiva de capitular o confrontar con Washington. ´

Frente a tantas tensiones Trump buscó asegurar la alianza con Inglaterra apuntalando un Brexit definitivo. Pero ni siquiera obtuvo la lealtad de los británicos, que juegan su propia partida en el mundo. Las frustraciones del mandatario yanqui aumentaron con la fallida alianza que propiciaba con Rusia para doblegar a China. Sus coqueteos con Moscú fueron internamente torpedeados por el establishment diplomático de Washington. Ese boicot facilitó el acuerdo defensivo que finalmente concertó Putin con Xi Jinping.

Esta sucesión de fracasos quebrantó el proyecto de restaurar la «grandeza americana» a costa del resto del mundo. Trump sólo logró inducir un alivio de la coyuntura, preservando todos los desequilibrios de la economía. La pérdida de competitividad industrial persistió, con mayor deterioro del medio ambiente por la renovada explotación del carbón y el shale-oil. La desregulación financiera acentuó los riesgos de nuevas burbujas y la retracción de ingresos por los beneficios impositivos concedidos a los grandes capitalistas agravó el déficit fiscal (Fernández Tabio, 2018).

Trump se estrelló con los mismos obstáculos que afectaron a sus antecesores. Su verborragia y pedantería no tuvieron efectos mágicos sobre la economía. Esa carencia de resultados salió a flote en la crisis que precipitó la pandemia. El desempleo, la caída del PBI y los anticipos de quiebras vuelven a situar a Estados Unidos en el centro de la tormenta. Las bravuconadas ya no disimulan la impotencia que ha caracterizado a su gestión.

OBSTÁCULOS EN AMÉRICA LATINA

Trump recordó, que para recuperar primacía en el mundo, Estados Unidos necesita exhibir poder en su propio hemisferio. Por eso asfixió a los países latinoamericanos con paquetes recargados de mercantilismo (Guillén, 2018).

Priorizó el incremento del superávit comercial. Con excepción de México, la balanza del intercambio con la región es ampliamente favorable a Estados Unidos. Para aumentar ese excedente exigió crecientes compras y estableció nuevas restricciones a las importaciones.

Presionó a la Argentina con la elevación del arancel al biodiesel y difundió una lista de doce naciones infractoras de las normas de propiedad intelectual. A Brasil no sólo le impuso limitaciones al ingreso del acero y el aluminio. Demandó también la presencia norteamericana en el negocio aeronáutico y en las licitaciones de obra pública manejadas por empresas locales.

El magnate puso la lupa en la contención del intercambio comercial de China con América Latina. Ese flujo se multiplicó por 22 veces entre el 2000 y el 2013 y alcanzó en 2017 más de 250.000 millones de dólares. Cada año se tramita la incorporación de algún nuevo país a los convenios de libre-comercio, que ya firmaron Ecuador, Perú y Chile. Beijing ofrece las inversiones y los créditos que retacea su competidor del Norte.

Trump intentó repetir con China la política de presión utilizada para disuadir la presencia europea. El Viejo Continente negocia tratados con varios países (México, Chile) o bloques (MERCOSUR), pero sin disputar primacía con Washington. España afrontó ese techo en la última década. Las tajadas que el capitalismo ibérico obtuvo en las finanzas, las telecomunicaciones y la energía a través de las privatizaciones encontraron un serio límite. Pero ese antecedente no cuenta frente a China, que confronta con Estados Unidos a otra escala regional y mundial.

El descarnado negociante que maneja la Casa Blanca buscó motorizar en la región los tratados bilaterales que sucedieron al fracaso del ALCA. Ese proyecto continental de libre comercio quedó sepultado en la cumbre de Mar del Plata (2005). El camino estadounidense -para acaparar recursos naturales y colocar excedentes- fue desde entonces sustituido por los convenios bilaterales. El gigante yanqui comenzó a negociar acuerdos muy favorables con interlocutores débiles y dispersos.

Obama incentivó esos tratados, pero aspiraba a retomar el sendero multilateral mediante otra versión del ALCA (TPP). Trump frenó ese rumbo por presión directa del sector americanista, que exigió barreras específicas en la industria (acero) y el agro (azúcar). Pero ese curso no obstruyó los negocios del segmento globalista. El equilibrio entre ambos grupos se verifica en el nuevo tratado T-MEC con México y Canadá, que sustituyó al TLCAN.

El histriónico mandatario suscribió esa renovación luego de una intensa campaña de insultos, contra «el peor acuerdo comercial de la historia». La nueva versión fue redactada para satisfacer las heterogéneas necesidades de las compañías yanquis.

Los americanistas de la industria automotriz lograron incrementar la porción de fabricación en suelo estadounidense (Merino; Bilmes, 2020). Sus pares del agro consolidaron la demolición del cultivo local de granos y oleaginosas. México ya importa el 45% de sus alimentos y consume volúmenes siderales de las sobras que acumulan las cadenas gringas (Hernández Navarro, 2020).

Pero también los globalistas de los servicios (Big Data) consiguieron su parte, con las restricciones a las transferencias internacionales de datos. A su vez las empresas farmacéuticas impusieron protecciones adicionales a las patentes y licencias.

Todas las firmas estadounidenses lucrarán, además, con las barreras introducidas a las empresas alemanas y japonesas y con el renovado sometimiento de México. Ese país continúa padeciendo bajas tasas de crecimiento, desempleo, desarraigo rural, contaminación del medio ambiente y explotación de la fuerza de trabajo.

El nuevo convenio también eliminó el arbitraje independiente, para dirimir los conflictos provocados por las empresas yanquis. Qué López Obrador haya evitado la apertura del sector energético y la desregulación de PEMEX no compensa esos perjuicios y sus elogios a Trump han sido patéticos.

El T-MEC retrató en forma acabada los objetivos de Trump. Cambió el nombre del acuerdo, para acentuar su condición de tratado amoldado al dominador del Norte. El convenio buscará reducir el déficit comercial estadounidense a costa de las compañías asiáticas y europeas, que exportan desde México a Estados Unidos. La suscripción del acuerdo fue una excepción en el cúmulo de fracasos del lenguaraz presidente. Pero la reversión del desbalance de intercambios es tan improbable, como la restauración del tercio de empleos manufactureros perdidos en el Medio Oeste.

El T-MEC no compensa la continuada presencia regional de China, que continúa ignorando todas las demandas de desalojo, con crecientes exportaciones a Brasil, México, Chile, Perú y Argentina. Trump intentará un freno adicional a través de la letra chica del convenio. Introdujo una cláusula para obstruir cualquier acuerdo comercial inconsulto de México con China. Anticipó esa presión forzando a Brasil a suspender los proyectos bioceánicos con financiación oriental. Impuso, además, el mismo congelamiento en los emprendimientos nucleares de Argentina.

Pero no logró extender ese sometimiento al abandono de los grandes negocios con China. Ni siquiera Bolsonaro pudo aceptar las prohibiciones contra al adquiriente del 40% de las exportaciones agro-industriales del país. Los mandatarios neoliberales soportan humillaciones, pero necesitan preservar las lucrativas actividades que Estados Unidos quiere confiscar.

Washington sólo exige sumisión frente a las atractivas ofertas de Beijing. Durante la pandemia China, envió los respiradores y medicinas que el tradicional socorrista del Norte acaparó para su propia población. Además, el viejo conflicto de exportaciones latinoamericanas competitivas con el Norte (soja, trigo, petróleo) vuelve a cobrar relevancia, frente a un comprador chino que pondera complementariedades con la economía regional. Por donde se lo mire, también en América Latina falló el proyecto de recuperación hegemónica estadounidense.

VACILACIONES DEL IMPERIO

La supremacía militar es el principal instrumento que dispone Estados Unidos para intentar la reconquista del liderazgo económico. Con su monumental circuito de bases desplegadas por todo el planeta, el Pentágono es el gendarme del capitalismo.

Pero la utilización de esa maquinaria siempre ha dependido de la cambiante capacidad geopolítica detentada por Washington. La belicosidad que prevaleció desde Truman a Kennedy fue sucedida por el replanteo de Nixon, el repliegue de Carter y la contraofensiva de Reagan. El intervalo de Clinton fue seguido por el unilateralismo de Bush y las indecisiones de Obama. Trump emergió en un momento de revisión y procesamiento de derrotas.

Sus inclinaciones belicistas saltan a la vista. Relanzó la guerra de las galaxias con un presupuesto récord, retomó las pruebas de misiles y rompió el tratado de desarme nuclear (Armanian, 2019). Garantizó además ganancias récord a los fabricantes de armas, mantuvo los bombardeos en Siria e Irak y ensayó una mega-bomba de alcance inédito en Afganistán (Medea; Davis, 2020).

Trump reavivó la obsesión por la seguridad y desplegó una brutal retórica belicista. Pero optó por proclamas distanciadas del universalismo protector. No utilizó la mascarada misionera de la intervención humanitaria y evitó calzarse el disfraz de custodio del mundo libre.

Retomó la tradición aislacionista, que presenta la agresión imperial como un favor concedido a los gobiernos desamparados. Subrayó especialmente que esa ayuda debe ser mendigada y remunerada. Destacó que los auxilios prestados por Estados Unidos al resto del mundo tienen un costo, que Occidente debe solventar. Con ese mensaje exigió la financiación europea de la OTAN (Anderson, 2016).

El acoso de China fue la prioridad militar del magnate. Complementó las presiones comerciales con un gran despliegue de la flota del Pacífico y exigió la desmilitarización de los arrecifes del Mar del Sur, para quebrantar el escudo defensivo de su rival. Su menú de provocaciones incluyó la detención de directivos de Huawei, el cierre de consulados chinos, la promoción del separatismo del Tibet, la recreación de complots derechistas en Hong Kong y el auspicio del independentismo de Taiwán.

Obama anticipó ese giro. Desplazó tropas desde Medio Oriente hacia el continente asiático y buscó integrar a la India al bloque anti-chino conformado con Corea del Sur, Japón y Australia. Trump redobló esa política de asedio que propicia el Partido Demócrata, con el visto bueno de Biden (Smith Ashley, 2018).

Pero China disputa el podio de la economía mundial afianzando su poderío militar. Dejó atrás su vieja condición de país periférico y se ubica en las antípodas del protectorado que Estados Unidos mantiene en Japón. La estrecha asociación que a su vez mantiene con la economía norteamericana, transforma a la potencia asiática en un adversario muy distinto al precedente soviético. No es un blanco sencillo para los estrategas de Washington, que deben reconciliar las demandas agresivas del aparato militar con las inclinaciones negociadoras de las corporaciones económicas yanquis (Petras, 2005). Trump no resolvió esa tensión y su estrategia frente a China desembocó finalmente en un coctel de vacilaciones.

LIMITACIONES BÉLICAS

El magnate carga con la pesada herencia de los fracasos militares legados por Bush. La ocupación de Irak fue un fiasco y Afganistán se transformó en un atolladero. Esas derrotas enterraron los ensueños de unilateralismo y «nuevo siglo americano». Las secuelas de esa adversidad explican el cauto manejo bélico de Trump. Las invasiones de los marines fueron reemplazadas por la boconería y las pomposas amenazas vía twitter.

En Siria el millonario retiró tropas, abandonó a los aliados kurdos, avaló el protagonismo de Turquía y aceptó la preeminencia de Rusia. En Afganistán mantuvo los bombardeos reduciendo efectivos y en Corea del Norte archivó el ultimátum. Enfrentó un antagonista con armas nucleares que no puede ser barrido con los mercenarios utilizados en Libia.

Las provocaciones contra Irán han sido más inciertas. Trump jugó con fuego en el asesinato de la principal figura de las fuerzas armadas y en los extraños atentados del estrecho de Ormuz. Pero no aceptó la escalada que propiciaron sus socios israelíes y saudíes. Sostuvo la anexión de Cisjordania y las masacres de los yemenitas, pero no comprometió al Pentágono con otra intervención.

Trump sólo alentó guerras locales de bajo costo para testear la reacción de sus enemigos (Petras, 2018). Ya no cuenta con las alianzas globales que tuvo Bush. Varios aliados flaquean en el exterior (Inglaterra, Francia), otros enfrentan resistencias internas a la militarización (Alemania, Japón) y algunos son más proclives a la negociación que a la confrontación (Corea del Sur) (Rousset, 2018).

La reticencia a ensanchar los conflictos detonó varios pugilatos palaciegos, como el despido de Bolton o la renuncia de Mattis, que potenciaron la desorientación del alto mando. El magnate priorizó una recuperación económica, que exige la continuidad de la preponderancia bélica sin ningún resultado adverso y en ningún momento logró plasmar esa ecuación.

La fallida alianza con Putin dinamitó sus planes. Buscó ese acuerdo con las propuestas de reingreso ruso al G 7 y con el buen trato hacia una potencia, acostumbrada a negociar en las cúspides. Intentó congelar las hostilidades en Ucrania y los misiles en Polonia, pero chocó con el Congreso, los Demócratas y la prensa, que respondieron con un potencial impechment a su condescendencia con Moscú.

Trump alentó la habitual alianza con Rusia contra China que suele propiciar el Departamento de Estado, cuando falla la opción inversa. En los últimos años Kissinger favorecía el entendimiento con Moscú para neutralizar a Beijing, en contraposición Brzezinski que motorizaba el acoso a Rusia, para mantener buenos negocios con China. El establishment siempre ha oscilando entre ambas variantes (Gandásegui, 2018). Pero en esta ocasión, las indefiniciones estadounidenses fortalecieron el dique defensivo forjado por Putin con Xi Jinping.

El magnate tampoco pudo someter a Europa. La irresuelta exigencia de mayor sostén financiero de la OTAN provocó una seria erosión de la alianza transatlántica. Alemania consolidó su comando de la Unión Europea, con mayores ambiciones de negocios propios y creciente autonomía del padrinazgo norteamericano. Ese distanciamiento se afianzó con el divorcio iniciado por Inglaterra para distanciarse del Viejo Continente.

Pero la independencia germana obliga a reconsiderar la gestación de un ejército europeo desligado de Washington. Alemania objeta esa iniciativa, puesto que su carencia de estructuras bélicas colocaría al país en un lugar subordinado. La fractura entre poder militar (Francia) y económico (Alemania) y los divergentes intereses entre los 26 miembros de la Unión Europea impiden forjar un dispositivo militar unificado (Serfati, 2018).

El capitalismo europeo no ha podido emanciparse de la tutela bélica estadounidense y por eso acompañó las incursiones de Irak y Ucrania. Pero ha encontrado un significativo espacio para resistir el reclamo monetario de Trump.

El mandatario yanqui no consiguió las victorias geopolíticas que hace varias décadas obtuvo su admirado Reagan. Tampoco logró la división del campo enemigo que efectivizó Nixon. Sólo se asemeja a este último personaje, en la enemistad con los medios de comunicación y en los disgustos con la burocracia de Washington. El escandaloso morador de la Casa Blanca evitó un Watergate, pero no la ausencia de resultados de su gestión. Falló en restablecer el poder de fuego imperial que necesita Estados Unidos para recuperar un liderazgo económico.

DESVENTURAS EN EL HEMISFERIO

Trump reforzó el control imperial sobre América Latina. Mantuvo el equipamiento del Comando Sur de Miami, con fuerzas equivalentes al Golfo Pérsico o al Mediterráneo y afianzó la jefatura de la IV Flota sobre una vasta red de uniformados y agentes del Pentágono. Las bases de Colombia fueron surtidas del aprovisionamiento requerido para acciones de gran alcance y la supervisión del Amazonas se afianzó con los gendarmes de la zona.

El belicoso mandatario redobló la presión para liquidar la autonomía militar y el equipamiento diversificado de Brasil. Integró a los generales de ese país al diseño continental de Washington y acentuó la conexión de las fuerzas de seguridad argentinas con la DEA, la CIA y el FBI.

La penetración yanqui en las estructuras militares de Latinoamérica se consumó con el manoseado pretexto de enfrentar el narcotráfico. La sangría de México ya ha demostrado que esa excusa sólo encubre la periódica mudanza de plantaciones y guaridas de los carteles. La continuada demanda de narcóticos por parte de consumidores del Norte incrementa los millonarios ingresos de los intermediarios estadounidenses. Las narco-burguesías locales se enriquecen con el negocio que comparten con los financistas gringos del narcotráfico.

Trump consolidó un proceso de militarización que ha potenciado la atroz degradación social de Centroamérica. Las guerras mafiosas se desenvuelven con armamento «made in USA» y la complicidad de estructuras estatales infiltradas por las embajadas estadounidenses.

Pero la gran prioridad del bocón de la Casa Blanca estuvo localizada en Venezuela. Propició todos los complots imaginables para recuperar el control de la principal reserva petrolera del hemisferio. Instaló asesores en las fronteras, financió la auto-proclamación de Guaidó, ensayó la farsa de la ayuda humanitaria, tanteó una guerra eléctrica y auspició incontables asonadas en los cuarteles. Sólo los intentos de invasión a Cuba han superado ese cronograma de incursiones.

El agresor del Norte desparramó también provocaciones para intimidar a las potencias rivales. Retomó la Doctrina Monroe contra la presencia de buques rusos en el Caribe, instalaciones informáticas chinas en Sudamérica o simples visitas de funcionarios iraníes a los países hostilizados. Desplegó ejercicios militares para subrayar su disgusto con esas misiones.

Estados Unidos carece en América Latina de apéndices asociados para ejercer el control militar del continente. No cuenta con un socio estructural e histórico que cumpla el rol de Israel en Medio Oriente o Australia en Oceanía. Por esa razón debe mantener su presencia directa en el hemisferio.

Esa intervención repite la norma de los últimos cien años. Washington siempre recuerda a las clases dominantes locales quién ejercer la jefatura efectiva en la región. Utiliza un variado menú de cooptaciones, chantajes y amenazas para sostener su primacía, saboteando la conformación de un bloque geopolítico latinoamericano unificado y autónomo.

Trump reiteró ese manual del imperialismo con gran nostalgia por las cañoneras de Thodore Roosevelt. Añora las incursiones de Reagan para recapturar Centroamérica y la impudicia de Bush para despachar tropas.

Por eso ha intentado exhibir un perfil de brutalidad decisoria contrapuesto al tinte conciliatorio de Obama. Sustituyó la apertura hacia Cuba por el endurecimiento del embargo y reemplazó la distensión inaugurada con la CELAC y UNASUR por la virulencia de la OEA y el Grupo de Lima. En lugar de ponderar la «alianza entre iguales» que realzan los diplomáticos del continente, enrostró a Latinoamérica la superioridad de Estados Unidos.

Con estas diferencias de trato Trump mantuvo la política de estado hacia la región, que han compartido todos los mandatarios republicanos y demócratas. El magnate arremetió contra Cuba, frente a un antecesor que no levantó el embargo. Conspiró abiertamente contra Venezuela, ante un precursor que dejó correr el fracasado golpe del 2002. Apuntaló una asonada en Bolivia, que coronó operativos similares aprobados por Obama en Honduras y Paraguay.

Con estilos y retóricas muy diferentes, la Casa Blanca siempre apuntala a sus agentes serviles. Trump ha mantenido esa estrategia de larga data, centrada en desplazar competidores externos, anular la autonomía de la burguesía regional y sofocar las rebeliones populares (Morgenfeld, 2017: 359-362).

Pero también en este campo emergió un divorcio entre los dichos y los hechos. Las amenazas del magnate chocaron con la imposibilidad de repetir la intervención a Granada (1983) y Panamá (1989) o la última ocupación de Haití (2010), recubierta de rescate humanitario.

Su principal fracaso se verificó en Venezuela. En el dramático escenario económico-social que afronta ese país, no pudo derrocar al diabolizado chavismo. El secuestro de la petrolera CITGO o la captura de lingotes de oro (junto a Inglaterra), no diluyeron su impotencia frente al gobierno bolivariano. La agenda imperial afrontó significativos obstáculos en América Latina.

SOSTÉN DERECHISTA, CAOS DE GESTIÓN

Trump sintoniza con una oleada marrón en el mundo, que condujo a varios personajes indigeribles a la presidencia. Encarna un tipo de liderazgo que ha canalizado parte del descontento social, con la ruinosa situación generada por el neoliberalismo. Frente al techo que encontraron las protestas populares y la ausencia de respuesta de los progresistas, la derecha capturó ese malestar. En Estados Unidos ese round fue ganado por el TEA Party y no por Occupy Wall Street.

El desbocado mandatario aunó la base conservadora tradicional de los republicanos en la «América profunda», con las vertientes reaccionarias más extremas. Retomó el viejo mensaje religioso, homofóbico y racista, con una nueva carga de resentimientos hacia la burocracia de Washington, los impuestos federales y los intelectuales globalizados.

El magnate prometió restaurar la gloria en un país decepcionado con la gestión previa. Obama defraudó a los afroamericanos agobiados por los asesinatos policiales y a los latinos, golpeados por un récord de expulsión de indocumentados. También desmoralizó a los verdaderos demócratas, frustrados por la continuidad del espionaje interno y a los asalariados, enojados con la destrucción del tejido industrial.

Trump aprovechó un vacío político para hostilizar a los inmigrantes. Exaltó la identidad anglosajona y atacó el multiculturalismo cosmopolita imperante en las dos costas. Desde el sillón presidencial profundizó su burda alabanza a la pureza americana y con una catarata de exabruptos comandó el proyecto derechista más audaz del mundo desarrollado.

A diferencia de sus pares europeos logró superar la marginalidad política atrapando una de las grandes formaciones partidarias. No debió lidiar con la ausencia de identidad nacional homogénea o con el temor a corroer la moneda común que impera en el Viejo Continente. Tampoco tuvo que transitar por el tortuoso camino del irresuelto Brexit (Anderson, 2017). Pero esas ventajas no bastaron para consolidar su mandato.

Gestionó durante cuatro años una incontable secuencia de escándalos, peleas y despidos. Las memorias que difunden sus despechados funcionarios retratan una administración caótica y sujeta a los caprichos de un imprevisible timonel. Trump se desdijo hasta el cansancio, clausuró y reabrió dependencias, cerró y reinicio el Congreso y estuvo al borde de un desplazamiento por acusaciones de corrupción. Siempre mostró los dientes y subió la apuesta en las feroces internas. Pero el barullo de su administración confirmó su incapacidad para cohesionar un proyecto de reconstrucción imperial.

Trump es un reaccionario que auspicia la represión, coquetea con el suprematismo blanco e induce provocaciones paraestatales de las milicias. Pero no forjó un régimen fascista. Ese término es erróneamente utilizado como sinónimo de autoritarismo o insania presidencial (Bhaskar, 2019). Con esa etiqueta se omite la enorme distancia que lo separa del fascismo clásico de entreguerras.

Actualmente no impera un marco de guerras interimperialistas, levantamientos revolucionarios o amenazas comunistas. Las clases dominantes no auspician la reconquista bélica de territorios, el terror para demoler sindicatos o el confinamiento de las minorías. El léxico brutal no define a un fascista (Riley, 2019).

El bonapartismo es un concepto más apto para caracterizar al personaje que el mote vacío de populismo. Trump intentó combinar el liderazgo carismático con el manejo unipersonal de un sistema plutocrático. Gobernó en sistemática tensión con la burocracia estable, la cúpula del Partido Demócrata y la elite de la comunicación. Pero no logró construir una jefatura efectiva del estado. Su débil bonapartismo desembocó en simple incoherencia y ausencia de resultados (Cinatti, 2018).

El BOOMERANG DE LOS LATINOS

Trump desplegó una furibunda agresión contra los latinos. Para movilizar a su base derechista reavivó el imaginario conservador, que atribuye el fin del sueño americano a la afluencia de trabajadores foráneos.

Esa mirada identifica el declive del capitalismo yanqui con los flujos inmigratorios, cuando esa corriente genera un contrapeso a esa regresión. Los jóvenes extranjeros compensan el envejecimiento de la fuerza laboral y nutren de cerebros a los sectores más dinámicos. La simplificación chauvinista ignora estos datos, para potenciar la desesperación de los estadounidenses afectados por la precarización y el desempleo.

El perverso mandatario incentivó el resentimiento de los blancos empobrecidos contra los latinos, con un viejo libreto de odio de las clases medias hacia los desamparados. Retomó la antigua receta del racismo sureño contra los afroamericanos. Con esa estrategia construyó una base política autónoma para sostener sus insultos contra los latinos «invasores», «delincuentes» y «violadores».

Trump comenzó su espantosa prédica con una convocatoria a construir el muro fronterizo que debía frenar el aluvión de drogas. Sólo omitió que el grueso los narcóticos ingresa por otra vía. Autorizó redadas para cazar indocumentados en las grandes ciudades, soslayando las plantaciones, que no podrían levantar sus cosechas sin el auxilio de los migrantes (Majfud, 2019).

El brutal mandatario llegó al extremo de promover la separación de las familias en los campos enjaulados de la frontera. Durante la pandemia suspendió los visados argumentando que los extranjeros introducen el virus. Pero olvidó que una represalia equivalente cerraría el acceso de todos los estadounidenses al resto del mundo.

Muchas diatribas del presidente no traspasaron el universo del verbo. La construcción del muro avanzó lentamente y México no cargó con su financiación. La deportación de dreamers quedó bloqueada por las apelaciones judiciales y la indignación social frenó la separación de padres e hijos indocumentados. Tampoco la publicitada militarización de la frontera redujo las caravanas de centroamericanos, que necesitan expatriarse para sobrevivir.

Trump combinó la agresividad interna contra los latinos con el apoyo a la restauración conservadora en toda la región. Buscó recrear la vieja subordinación de los gobiernos serviles al amo imperial. Forjó un enlace especial con tres dinosaurios (Duque, Bolsonaro y Macri) que comparten su miopía derechista y su ceguera neoliberal.

El magnate intentó extender a Sudamérica la red de convergencias, que enhebró con personajes tan abominables como Bin Salman o Netanyahu. Esa coincidencia con déspotas y criminales sintonizó con su activo sostén de los golpistas (Añez), los represores (Piñera) y los usurpadores (Lenin Moreno).

Pero el renovado sometimiento de sus vasallos no resucitó la vieja dominación yanqui. Ni siquiera los colonizados presidentes de la región pudieron sostener el idilio con un mandatario que desprecia a todos los nacidos en Latinoamérica. Las burlas y desplantes del plutócrata erosionaron el entreguismo nativo, en un marco de coincidentes encuestas que resaltan el abrumador repudio a Trump en toda la zona.

Ese rechazo no reconoce fronteras y ha sido potenciado por el fracasado intento de reconstruir el Ministerio de Colonias de la OEA. Todo el empeño que pusieron los trogloditas del Departamento de Estado (Abrams, Rubio, Pompeo) para sustituir los mecanismos autónomos de UNASUR y CELAC por el servilismo del Grupo de Lima tuvieron magros resultados. No lograron forjar coberturas suficientes para la conspiración contra Venezuela, el embargo contra Cuba o el golpismo en Bolivia.

Al desconcertar a sus títeres del Sur Trump cavó su propia fosa. Los mensajes de egoísmo nacional sepultaron el disfraz auxiliador del imperio y quebrantaron el sostén geopolítico de su proyecto.

REBELIONES EN LA PROPIA CASA

El viraje represivo actual en varios países de América Latina es enfáticamente aprobado por Trump. Comparte el despliegue de la violencia estatal contra el descontento popular y aporta especialistas para ese atropello. Ya reactivó los organismos y fundaciones yanquis dedicados a espiar y desorganizar los movimientos de resistencia. Las embajadas han recobrado protagonismo en ese trabajo conspirativo.

La tradicional rebeldía de América Latina prende todas las alarmas de Washington. Las sublevaciones que irrumpieron en las últimas dos décadas inquietan a un mandante imperial, preocupado por los rebrotes del ciclo político progresista que disputa con la restauración conservadora.

La vitalidad de la lucha social en la región se verificó el año pasado, en una secuencia de batallas que apuntaló victorias y contuvo los retrocesos. Las revueltas desenmascararon en Chile el modelo neoliberal y doblegaron en Ecuador el ajuste del FMI, pero no evitaron el golpe en Bolivia y la persistencia de los atropellos en Brasil. Las protestas sacudieron también a Colombia, Haití y Honduras y la derecha perdió su manejo del gobierno en México y Argentina, pero el ajuste neoliberal se mantuvo en el grueso del continente. La pandemia sólo introdujo un paréntesis en estas convulsiones.

Pero lo que nadie previó fue el estallido de enormes protestas en el propio corazón del imperio. La rebelión de los afroamericanos ha convulsionado a las grandes ciudades estadounidenses, con manifestaciones multirraciales contra la impunidad policial. La enorme popularidad de esas movilizaciones neutralizó la reacción represiva de Trump (Catalinotto, 2020).

Esa sublevación converge con el rebrote de las huelgas y el gran protagonismo de una nueva generación que renueva la épica de los años 60 (Carbone, 2020). Los estandartes de las marchas («no puedo respirar», «las vidas los negros valen») reavivan la insubordinación y obligan a revisar el legado de la esclavitud. Las iniciativas para arrodillarse cuando se entona el himno nacional o para derribar los monumentos insultantes ilustran ese viraje (Sharon Smith, 2020).

La lucha de los afroamericanos es la primera acción callejera de envergadura e impacto internacional luego de la pandemia. Esa reacción tiene un gran impacto sobre América Latina y reconecta las resistencias populares de ambas regiones, al cabo de un prolongado divorcio.

La enorme población latina de Estados Unidos podría articular ambos procesos. Los inmigrantes, residentes, descendientes e indocumentados conforman una comunidad vilipendiada por Trump y denigrada por los gobernantes derechistas que forzaron su expatriación.

El repudio al presidente más anti-latino de historia americana crea puentes entre el antiimperialismo latinoamericano y el progresismo estadounidense. En el Norte se batalla por un sistema de salud y educación universitaria gratuitos y en el Sur por la redistribución del ingreso y la contención de la hemorragia que provoca la deuda externa. El enorme impacto de Sanders y de los candidatos radicales que lo acompañan ha establecido un nuevo cimiento de convergencia con la izquierda latinoamericana.

¿FRACASO PARCIAL O DEFINITIVO?

Para lograr la reelección Trump no sólo debe disimular el incumplimiento de sus promesas. Necesita también esconder su irresponsabilidad criminal en el manejo de la pandemia. Con negacionismo e improvisación multiplicó el número de muertes, el récord de contagiados y el caos sanitario. Su figura será recordada por la indiferencia ante las fosas comunes. Ahora decidió forzar el retorno al trabajo y la apertura de los colegios, para crear el clima de normalidad requerido para sostener su candidatura (Davis, 2020). No repara el costo humano de esa aventura.

Trump sube la apuesta de provocaciones frente a un adversario demócrata, que ha optado por el silencio para disputar el voto conservador. Busca activar su base de adictos contra ese inmovilismo de Biden. Las encuestas lo desfavorecen, pero construyó su carrera en esa adversidad y ensayará un clima de virulencia electoral para posicionarse en la recta final (Morgenfeld, 2020).

El sistema electoral no exige mayoría de votos, sino simple superioridad de delegados y un sufragio con los inconvenientes de la pandemia y el voto por correo favorece todo tipo de tropelías.

Pero el imprevisible resultado de esos comicios no modificará el fracaso de su gestión. Sólo determinará el relanzamiento o naufragio de su proyecto. Trump no logró en cuatro años la recomposición de la economía estadounidense. El resto del mundo no sostuvo esa recuperación y el rival chino continuó ascendiendo. Desplegó exhibiciones de belicismo que no compensaron su impotencia en los escenarios de conflicto. Esas limitaciones acotaron el intervencionismo en América Latina y erosionaron su capacidad interna de mando. Ahora confronta con protestas radicales que lo desafían en la calle.

Este balance de la gestión de Trump es insoslayable para evaluar lo que podría suceder si gana o pierde en noviembre. Su programa no encarna el capricho de un lunático. Expresa una de las estrategias en juego del poder capitalista, que las clases dominantes mantendrán o corregirán después de la elección.

 

RESUMEN

Los desenfrenos de Trump encubrieron sus fracasos. No logró recuperar la economía estadounidense, ni frenar el desafío chino. Tampoco consiguió la neutralidad rusa o el sometimiento de sus socios occidentales. Ni siquiera la renovación del tratado bilateral que impuso a México inició la recaptura de América Latina.

Confrontó con un adversario muy distinto a la Unión Soviética, evitó poner a prueba el poder imperial y disfrazó sus vacilaciones con bravuconadas. Eludió invasiones y no pudo derrocar al chavismo.

El caos de su gestión socavó sus pretensiones autoritarias y las agresiones contra los latinos afectaron la sumisión de la derecha regional. Terminó afrontando una revuelta de los afroamericanos que converge con las luchas populares del hemisferio. Su impotencia salió a flote en la pandemia y la clase dominante definirá si relanza o sustituye su proyecto.

 

REFERENCIAS

 

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-Catalinotto, John. Asistimos a la mayor lucha de masas desde la guerra civil, 16-6 2020, https://www.resumenlatinoamericano.org

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-Guillén, Arturo. El gobierno de Trump frente a la crisis global y el estancamiento económico Cuadernos de Economía Crítica Año 4, Nº 8, 2018

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Fuente: https://katz.lahaine.org/seccion/economia-internacional/

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Reinicio de ciclo

Por: David Calderón*

Sabemos que los ánimos tienden a los extremos cuando hablamos de la reapertura de las escuelas. Si alguien propone que no se tarde, se le tacha de temerario e insensible, de despreciar los riesgos para los maestros, de ser inconscientes y ciegos ante los rebotes y rebrotes que han ocurrido en Francia o Israel. Si alguien propone que los tiempos se extiendan y mandemos lo presencial para mucho más adelante, le llueve la crítica por falta de empatía con la situación de las familias, con los niños languideciendo en el estrés, en riesgo de maltrato, abuso, de propiciar el rezago y el abandono, de ser inconscientes ante los regresos exitosos de Uruguay, Japón o Canadá.

Dos cosas que hoy, en el fin de julio, sabemos de cierto para México son: a) no habrá una reapertura de aulas simultánea en todo el país el 10 de agosto, e incluso ya salió volando esa fecha de referencia. En espera de un anuncio formal de la SEP, el asunto es que el debate interno está candente y ya tuvo como baja colateral la continuidad del Consejo Técnico, que tras dos días dejó a decenas de miles de docentes molestos, ‘vestidos y alborotados’, y b) el ciclo escolar 2020-2021, y de hecho todos los que sigan, serán mixtos, o no serán. Es decir, la dimensión presencial y la dimensión a distancia estarán ambas presentes, desde este septiembre pero también en los años por venir, como se va pensando aquí como en todo el mundo.

¿Cuáles serían las recomendaciones sencillas, recapitulando las miles de páginas de literatura especializada y puestas en diálogo con el sentido común y las aspiraciones de los propios niñas y niños, titulares del derecho a aprender, para prepararnos? Ya sabemos muchos aspectos de cómo no es posible regresar. ¿Y si nos preguntamos cómo sí es posible regresar?

Uno. Fortalecer con buena alimentación, activación y cuidados físicos en casa para que las y los estudiantes lleguen en plena salud y condición; vitaminarse, vigorizarse está en manos de la mayoría de las familias.

Dos. Prever no sólo una gran limpieza profunda de inicio de ciclo, sino asegurase que hay recursos y personal para sanitizar toda la escuela cada tarde, para que las hijas e hijos de este país entren a una escuela limpia a diario. Ahí, los servicios municipales pueden ser clave; esto es política educativa en el ‘punto cero’. Se cae de obvia, pero hay que asegurar esta medida como elemental condición de salud pública y de derecho de los niños.

Tres. Garantizar que todos los estudiantes que acudan a la escuela lleguen sin los síntomas; concientizar a las familias que no sólo es elemental solidaridad, sino el mejor cuidado de su hija o hijo buscar de inmediato la atención adecuada ante calentura, dolor de cabeza, etcétera, lo mismo que la responsabilidad de canalizar según el protocolo de salud, más que de ‘impedir la entrada’, en el filtro a la entrada a la escuela.

Cuatro. Niñas y niños con síntomas tienen que podérseles hacer la prueba de Covid en su entorno cercano, y si salen positivos aislarlos a ellos y a todos los que estuvieron conviviendo muy cerca, para atenderles y crear las medidas de su recuperación.

Cinco. Todos en el contexto escolar debemos usar mascarillas a diario. Es falso que los niños se ‘ahogan’, o que nunca van a aprender a usarlos correctamente, sin tocarlos o bajándolos al cuello. Ninguna de las rutinas que hacen la vida cotidiana, que deben aprender y apropiarse, es sustancialmente distinta al uso continuado del cubrebocas.

Seis. Todas las escuelas deben tener agua potable y jabón suficiente, para que todos se laven las manos al llegar, y al volver del recreo y al salir a sus casas. Mínimo tres veces al día lavarse todos, adultos y niños las manos, en tandas y cada vez que vayan al baño también. La distancia adecuada, en los salones de clase, implica que se usen pasillos y patios, y que se señalen con punto de pintura que cuesta casi nada marcar.

Siete. Tienen que tener, además, todas las escuelas de México un dispensador de alcohol en gel, para asear las manos por cualquier motivo, uno por salón. Es caro, para los bajísimos estándares de inversión que están normalizados cuando se trata de derechos de los niños, pero es esencial contar con el aditamento.

Con que pudieran hacer realidad, todas y cada una de las escuelas del país, estos siete puntos correctamente ejecutados, el grueso de la prevención estaría resuelto. No es ciencia de cohetes, es honestidad, es que de verdad nos importe, es que no pongamos pretexto. ¿Los fondos? Están en Fonden, en el FAIS, en U080, en multitud de partidas. Que nadie se engañe con que, para esto, no hay dinero.

Esquemas excesivamente complicados de escalonamiento producen confusión, invitan sutilmente al abandono. Es claridad, es ir a lo esencial.

*El autor es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero .

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/david-calderon/reinicio-de-ciclo

 

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La Ley General de Educación: ¿masificación o precariedad formativa?

Por: José Carlos García Ramírez

 

Consideración general

Hace casi un año, fue publicada la Ley General de Educación (LGE)  en el Diario Oficial de la Federación el 30/09/2019. Es un documento fortalecedor del Estado, en cuanto que eje rector de la política educativa nacional en sus tres niveles de impartición. Es una Ley General donde se centraliza (federaliza) las funciones de la planeación, implementación, operación, gestión, supervisión, corrección y prevención: casi todo en manos de la Secretaría de Educación Pública. La crisis pandémica ocasionada por Covid-19, por el momento ha mandado a la morgue, dicho documento. Pues ante la incertidumbre de la llamada “nueva normalización”, la crisis sociosanitaria en el país ha girado la ruleta de los contenidos del documento en términos generales. Las interrogantes son: ¿cómo iniciar las clases sin contagiarse del virus?, ¿cómo garantizar la información –y no digo la asertividad de los aprendizajes o proceso formativo– escolar hacia todos los rincones del país y sin que ningún educando quede fuera por razones de no contar con recursos económicos e infraestructura básica digital?, ¿la pandemia puso sobre el filo de la navaja los tres pilares estratégicos (gratuidad, obligatoriedad y financiamiento) de la LGE en materia de educación pública?

Las anteriores preguntas tienen que ser condiciones de posibilidad de debates críticos y de propuestas simétricas entre los interlocutores válidos del sistema educativo  nacional (organizaciones magisteriales, comunidades académicas, sociedad civil y actores políticos institucionales). La Secretaría de Educación Pública, no la tiene fácil. Sería un momento de oportunidad escuchar y atender las propuestas alternativas que puedan surgir desde las bases sociales y actores sociales.

Para los fines de este breve análisis sólo quisiera ahondar en la problemática que encierra la gratuidad, obligatoriedad y financiamiento en la política educativa del gobierno en turno.

La LGE es una reconfiguración para transparentar los recursos financieros federales, optimizarlos y contrarrestar los círculos viciosos que paralizan el correcto desempeño de las políticas educativas. Pero también, es un texto desafiante el cual apuesta a la universalidad educativa donde la gratuidad y la obligatoriedad son los criterios normativos a seguir.

La estructura general de la LGE se compone de 11 titulares (Del derecho a la educación, De la nueva escuela mexicana, Del Sistema Educativo Nacional, De la revalorización de las maestras y los maestros, De los Planteles Educativos, De la mejora continua de la educación, Del Federalismo educativo, Del financiamiento a la educación, De la corresponsabilidad social en el proceso educativo, De la validez de estudios y certificación de conocimientos, De la educación impartida por particulares), 36 Capítulos, 181 Artículos y 17 Transitorios. El documento fue validado por el Poder Ejecutivo, Cámara de Diputados y Secretaría de Gobernación.

Lo que el viento se llevó

Dicha Ley pretende ser un documento de vanguardia que se esfuerza por romper con las pasadas prácticas institucionales. Pretende eliminar los engranajes de la burocracia tecnócrata incubada en el sistema de educación nacional y suprime decretos contraídos obsoletos o de dudosa reputación.  Por ejemplo, se derogan la Ley General de Educación (1993) y la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (2008), junto con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,   así como todos los reglamentos, acuerdos, convenios e iniciativas contraídas en los sexenios pasados contrapuestos al nuevo decreto oficial.

En los últimos 20 años, cada forma de gobierno en nuestro país, ha percibido el fenómeno educativo de manera homogénea: las diversas reformas educativas del pasado sostenían que la educación es sólo un medio para adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y valores que podían hacer del educando alguien capacitado para el trabajo operativo, de dirección o de facilitador. Se creyó que el lenguaje empresarial, las técnicas de planeación, los resultados con base en indicadores y el cumplimiento de reglamentos rígidos, eran la clave para obtener una educación de “calidad”. Se creía que la escuela es una empresa.

Si se compara la actual reforma educativa con los programas anteriores, particularmente lo referido a la educación superior, aparecen antinomias irreconciliables: antes, los servicios educativos públicos tenían que ser restringidos (cobertura limitada para ahorrar presupuesto), los planes y programas académicos, así como los perfiles deseables de los egresados, tenían que estar direccionados hacia las necesidades de las empresas privadas (nacionales y transnacionales). En la LGE se retoma el imperativo categórico de “educación nacional” y en donde los servicios ofertados deben apostar al desarrollo del interés público, de la industria nacional, del bienestar local y regional, así como a la gratuidad y obligatoriedad. Lo que se busca ya no es la calidad sino la excelencia en las escuelas, universidades y tecnológicos públicos.

Universalidad educativa: sueño o desafío

Gratuidad, obligatoriedad y financiamiento son centro de análisis en torno a la LGE. Artículo Tercero y Fracción Décima Constitucional, señalan temas de la gratuidad, obligatoriedad y responsabilidades del Estado. Artículo Transitorio Décimo Quinto, refiere a la distribución de los recursos económicos para las entidades federativas y municipios, así como de los fondos necesarios para garantizar gratuidad y obligatoriedad  de los servicios en las instituciones de educación superior (IES) públicas.

La LGE se ocupa  de la gratuidad, la obligatoriedad y el financiamiento con el objetivo de garantizar el concepto de universalidad educativa. Nadie pondría en duda la idea de que todo mexicano y mexicana, sin importar edad, lugar de origen, clase social, capacidades distintas y procedencia étnica, tengan un lugar asegurado en alguna institución educativa, principalmente en las IES.

En resumen, la Ley General de Educación pretende reestructurar los siguientes órdenes: de lo político-educativo, porque los principios de igualdad, inclusión y excelencia, son los pilares para construir una sociedad basada en derechos a la educación; de lo social, porque no sólo basta enunciar derechos, sino de instrumentarlos a partir de la apropiación social de los conocimientos, innovaciones científicas y desarrollos tecnológicos, útiles para el desarrollo y recreación de las personas; de lo económico, porque la gratuidad y la obligatoriedad son esquemas públicos de acceso y mejora de oportunidades que a futuro sirven para desarrollo profesional y laboral, así como también ayudan a disminuir los gastos familiares destinados para la educación de los hijos; de lo financiero-administrativo, porque se compromete a inyectar mayores recursos económicos (independientemente del presupuesto ordinario) para infraestructuras físicas, académico-laborales, servicios generales, así como también trasparentar los recursos, reducir procesos administrativos superficiales y promover una cultura administrativa pública basada en la eficacia, eficiencia, equidad y en la honradez.

Cumbres borrascosas: las finanzas

Los problemas comienzan cuando se habla de dinero y de su distribución. Aunque se mencionan fondos derivados por la renta de petróleo, la austeridad republicana y la eliminación de intermediaros “institucionales” (burocracia educativa), para reactivar y asegurar los servicios de gratuidad y obligatoriedad de las IES, a corto plazo, se vislumbra cierta asertividad.  Pero en el rubro sobre financiamiento, se nota cierta oblicuidad borrascosa, pues se requería mucho dinero para lograr las metas del 2024.

Quizás por efecto de la transición de gobiernos, en el 2018 y 2019 el incremento al subsidio ordinario a las IES públicas federales fue de cero por ciento y a las estatales de 0.1 por ciento. Los fondos extraordinarios de apoyo a la calidad, ampliación de la oferta y apoyo a problemas estructurales, cayeron de 15.8 mmp en 2009 a 1.7 mmp en 2019.

Haciendo una comparativa entre sexenios de costo por alumnos en las IES pública, se encuentra lo siguiente: 53.2 mil pesos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari; 61.7 mil en el de Ernesto Zedillo; 67.2 en el de Vicente Fox; 69.5 mil en el de Felipe Calderón; 59.3 en el de Peña Nieto y de 49.3 mil pesos en el primer año de López Obrador.

Para alcanzar una cobertura del 50 por ciento al finalizar el sexenio en turno, se requiere un crecimiento de 2. 35 por ciento anual. Actualmente se asignan 114, 728  millones de pesos para educación superior lo que equivale a un 38 por ciento (de los 300 mil 140 millones de pesos asignados al sistema educativo nacional). Para alcanzar la meta sexenal en el 2024 (50 por ciento de atención a la demanda), se requerirá de 2 mil 628 millones anuales. En el 2019 tan sólo se ha alcanzado el 36 por ciento, equivalente a 2.95 millones de alumnos. Al finalizar el sexenio se necesitará de 15 mil 768 millones de pesos para lograr la meta deseada y así haber incorporado a la educación pública superior a 600 mil estudiantes por año, aproximadamente. Ahora bien, si se agrega el rubro de innovación, investigación, ciencia y tecnología, lo programado, en términos financieros, sería una carga más al presupuesto y al plan sexenal de gobierno en turno. ¿Alcanzarían los recursos económicos para tales fines?

¿Masificación educativa y precariedad formativa?

La masificación educativa, especialmente en el nivel superior, no es un tema nuevo. A menos desde mitad del siglo pasado en Europa, se exploró la dinámica (Higher Education Massive Growth) de abrir de manera completa el ingreso a cualquier institución escolar pública.

En América Latina, la tendencia hacia la masificación, provino después de un proceso de democratización que vivió la región a principios de la década de 1980. Los gobiernos democráticos y populares que habían superado las dictaduras y oligarquías nacionales, se oponían a la emergencia del neoliberalismo educativo (privatización de la educación) promovido por los titanes de aquellos años (Margaret Thatcher, Ex Primera Ministra del Reino Unido y Ronald Reagan, Ex Presidente de los Estados Unidos). Los endebles gobiernos democráticos apostaron por políticas de bienestar universales para los ciudadanos en general. Los sistemas educativos, a través de la gratuidad, lograron universalizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los jóvenes a las universidades y politécnicas.

La expansión de la cobertura de la educación terciaria o superior continuó desde 1980 hasta casi el 2010. La experiencia lograda fue superar la educación elitista, luego masificarla (llegar al mayor número de personas posibles) y ahora, para estos años y los próximos, consolidarla a través de la universalización.

La mayoría de las personas, en su sano juicio, no se opondría a la gratuidad de los servicios educativos. Probablemente, existan voces contrarias que digan que la educación pública es una inversión estúpida que los gobiernos no deban atender. Esas voces dirían que el populacho no requiere educación, sino más bien trabajos, oficios.

Sin embargo, plantear la idea de masificación educativa en cuanto que recurso ideológico, pragmático-electoral o ingenuo, que no esté articulada de manera orgánica a un proyecto de nación factible, deseable y justo –en términos ético-constitucionales– y de desarrollo ciudadano, sería una falacia muy costosa (social, económica y políticamente).

El problema de la masificación consiste en no poner atención al proceso formativo ni tampoco los contenidos de la enseñanza. Utilizando una analogía, sería como una fábrica de pan malhecho, donde se hace mucho bolillo sucio, duro y sin ningún nutriente. Los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido reducidos a formalismos, procedimientos, estrategias y objetivos meramente burocráticos (bancarios, como diría P. Freire), técnicos que vacían los contenidos cualitativos de dicho proceso. La LGE, corre ese riesgo, masifica pero no genera procesos formativos críticos, innovadores, responsables.

En los últimos años y haciendo un breve diagnóstico sobre los resultados de la masificación, en cuanto a las cualidades formativas de la enseñanza a nivel superior, ésta ha sido precaria en cuanto a los desarrollos de las capacidades y apropiación de los conocimientos de los egresados, a la limitada aplicación o transferencia de saberes en los terrenos de lo social, industrial, tecnológico. Así como también escasa conexión de las profesiones con los circuitos de la producción.

Otro hallazgo empírico ha sido el aumento de apoyos económicos o en especie (becas, computadoras, libros) para conservar la matrícula pero, paradójicamente los índices de deserción se incrementan. A mayor tendencia de la masificación educativa, las organizaciones estudiantiles críticas, propositivas, con alto sentido de responsabilidad social, han mermado. En cambio, han aparecido grupúsculos de alumnos que sólo saben gestionar sus intereses particulares.

Otra de las complejas derivaciones de la masificación de la matrícula y también de la expansión de los egresos ha sido la caída relativa del salario de los docentes y de los profesionales, lo que tiene variadas y complejas determinaciones. Por un lado, el egreso de los profesionales universitarios no guarda correlación con los niveles del mercado laboral (con sueldos y salarios decorosos o justos). En ese sentido, las escuelas del neoliberalismo fueron un fiasco, pues aunque también apoyaban la idea de una masificación gradual, el objetivo fue aspirar a desmantelar la educación pública.

Quizás la rebelión de las élites tecnócratas del país contra la educación pública y popular, estén logrando su victoria realizada por el Covid-19: pues la educación pública puede caer una vez más en un bache que seguramente aprovecharan los empresarios o el sector educativo privado para sacar ventajas particulares ante la situación compleja por la que atraviesa el país.

La LGE no tiene que prometer estrategias de universalidad o gratuidad educativa y en los hechos actúe como un programa vulgar de inspiración neoliberal. El prometer no empobrece, pero cuando no se cumple, el pueblo se decepciona. Decía Joseph Addison: “El hombre debe considerar siempre lo que tiene antes de lo que quiere; la infelicidad viene cuando la realidad no llega”, o bien, cuando la turbulencia pandémica eche abajo las buenas intenciones y coagule el fluir de las acciones institucionales.

Fuente: El autor escribe para OVE.

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OPINIÓN | 70 meses: “como si hubiera sido ayer”

Por: Tlachinollan

 

A don Facundo Hernández,

aguerrido luchador del CECOP.

Con su acero en la mano peleo con ahínco contra la presa La Parota,

y tomó los pozos de Salsipuedes para desafiar

del gobierno municipal de Acapulco.

A Rufino Gómez, ex coordinador de la CRAC- PC de Zitlatepec,

defensor comunitario del pueblo Na’Savi,

que exigió la presentación con vida de Arnulfo Cerón

y acompañó a las familias de los 3 principales

desaparecidos de Tierra Blanca, Cochoapa el Grande.

Para don Clemente Rodríguez, papá de Cristian, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, la noticia que recibió en su domicilio, por parte del subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas y Omar Gómez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, fue un duro golpe en su corazón. Con la sencillez y la franqueza que le caracterizan, escuchó junto con su esposa, doña Luz María Telumbre, la información que le proporcionaron con mucho detalle y cuidado las autoridades federales y la experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Les explicaron sobre el hallazgo de restos óseos que encontraron en la Barranca de la Carnicería, municipio de Cocula. Les comentaron que trasladaron estas piezas al laboratorio de la universidad de Innsbruck, que después de un riguroso análisis, encontró coincidencia genética en uno de los restos que corresponde a su hijo Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Para la familia, estos datos científicos son sumamente dolorosos y muy difíciles de asimilar. A pesar de la evidencia empírica, el sentimiento amoroso que profesan por Cristian se impone por encima de la razón. Toda su energía centrada en la búsqueda con vida, impide vislumbrar la posibilidad de un desenlace fatal.

Don Clemente Rodríguez Moreno, es hijo de don Alfonso Rodríguez Cortés y Cristina Moreno Hernández, originarios de Tepozcuahutla, municipio de Chilapa. La situación de pobreza que enfrentaron los llevo a vivir en Tixtla, desde hace 50 años. Su papá se dedicó a cargar y descargar verduras en el mercando municipal. En ese trajín de la vida nació Clemente, que con muchos sacrificios logró estudiar hasta el bachillerato. No tuvo dinero para continuar una carrera. Al igual que su papá, Clemente descarga maíz y alimentos para ganado en una forrajería. Desde niño apoyo a su papá en este arduo trabajo.

A los 26 años conoció a Luz María Telumbre, una joven oriunda de La Estacada del municipio de Tixtla, tuvieron cuatro hijos, el único varón es Cristian. Cuando ocurrió la desaparición de su hijo, Clemente trabajaba en la purificadora Agua Valle. Desde el 27 de septiembre del 2014, Clemente y doña Luz María se fueron a la escuela a esperar la llegada de Cristian. A lo largo de estos años, aprendieron a luchar a levantar la voz y a protestar en las calles para exigir la presentación de sus 43 hijos. Don Clemente es un padre aguerrido que está dispuesto a dar la batalla con tal de encontrar a su hijo.

Como algo premonitorio de la reciente noticia que recibió, don Clemente nos narró en septiembre del 2019: “Cinco años de lucha es como si hubiera sido ayer. Yo me siento así, a pesar de que ya son cinco años (…) Con el anterior gobierno de Peña Nieto, no podíamos acercarnos. ¿Cuándo íbamos a llegar a la verdad? Nos entorpeció las investigaciones, nos engañó. Yo creo que, si no hubiera llegado la Comisión Interamericana, el GIEI y los peritos argentinos, probablemente hubiéramos dado por muertos a nuestros hijos. Cuando nos presentaron su verdad histórica. Fue un golpe muy duro. Llegaban las noches en que uno no podía dormir, la incertidumbre nos mataba. Nos han martirizado, por no saber dónde está Cristian y dónde están sus compañeros.

Antes del 2014, todo era maravilla, porque teníamos la familia completa, convivíamos, jugábamos. Celebrábamos los cumpleaños. Apenas el 9 de agosto fue su cumpleaños. La verdad, a mí me pegó muy duro. Me martirizo yo solo, porque (…) ¿cómo se puede decir? Me automaltrato. ‘Uta madre’, si yo le hubiera echado más ganas, esto no hubiera pasado. Quizás lo hubiéramos metido en otra escuela. Pero la pinche pobreza que nos está atacando, como padres no podemos hacer más, por no tener dinero. La única opción fue Ayotzinapa, la verdad.

Creo que, en poco tiempo, nos pueden dar una sorpresa de Cristian. Nos puede llegar: ‘Aquí estoy papá’, yo lo siento así. Precisamente con mi esposa, estaba platicando que, si en este momento me dijeran que Cristian está en cualquier punto del mundo, agarro mis cosas y me largo. Yo no sé, lo iría a traer a cualquier punto del mundo. Mi esposa me apoya. Ella vende tortillas hechas a mano.  Me apoya mucho para los gastos. Con muchos sacrificios, la vamos pasando. Por eso, no puedo dejar la lucha, no puedo, porque me falta mi hijo”.

Doña Luz María Telumbre también espera la llegada de Cristian y de los 43: “Yo trabajo cada tercer día haciendo tortillas. Cuando no tengo compromiso salgo a darle de comer a un conejito que tenemos.  Me pongo a bordar, siento que así la tristeza no es tan pesada. Ha sido duro todo este tiempo sin Cristian. No ha sido fácil. A veces siento que ya no puedo, pero no sé de dónde me salen las fuerzas y las ganas de encontrar a los muchachos.  Yo siento que mi hijo es uno, pero igual que las otras mamás, igual que yo, sienten el mismo dolor, la misma tristeza y la misma angustia de no saber dónde están sus hijos.

Así que espero a 43 hijos y yo sé, que no soy la única que digo esto, porque estamos pasando por la misma situación. Yo necesito a mi hijo, lo quiero de vuelta, me hace mucha falta. Los que tienen hijos desparecidos me entienden, saben que no es fácil vivir con esta angustia toda la vida, porque cuando lo desaparecieron, nunca pensé que tardaría tanto tiempo en buscarlo. Yo le daba 15 días, pensé que llegaría por el cerro. Incluso yo me ponía a platicar con mis hijas, yo sé que, si mi hijo viniera caminando por el cerro, que se hubiera escapado, aunque sea raspado, a los 15 días iba a llegar. Yo sé que mi hijo era de las personas que ya presentía lo que iba a pasar. Él tomaba agua de la llave, comía guayabas, comía cualquier cosa, a lo mejor ya presentía lo que les iba a pasar.

Cada cosa que hay en la casa, me recuerda a mi hijo. Cada rinconcito, cada espacio, me trae a la memoria su figura. Si ese ropero pudiera hablar, solo hablaría de Cristian. Ahí está su ropa, sus sombreros, también una maleta llena de ropa. Todos lo esperamos. Todo el tiempo está en mi mente. Yo te digo que cada familia que tiene un hijo desaparecido así lo siente.  Todo el tiempo está con nosotros y está presente en todas las cosas que nosotros hacemos”.

A 70 meses de esta búsqueda incansable de las 43 madres y padres de familia, la noticia que les transmitieron estando presente el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, fue muy dura: “A mi si me pegó muy fuerte. Fue una parte de mi vida, aunque no es mi hijo, sin embargo, los siento y lo quiero como tal”, expresó un papá al terminar el mitin realizado en el antimonumento. “Es muy difícil, asimilar una noticia de esta magnitud y la verdad, me causa un miedo tremendo, estoy con la presión baja, resiento que mi salud no es la misma”.

“Como padres y madres de los 43 nos ha salido muy caro y muy doloroso tener que destruir todas las mentiras del gobierno de Peña Nieto. Esta lucha nos ha llevado a construir una nueva ruta con el gobierno federal. También ha sido un caminar difícil, porque el avance es lento. Ahora con la noticia de Cristian, estamos enfrentando con mucho dolor y miedo, las nuevas investigaciones y búsquedas que se están realizando. Qué bueno que estamos avanzando, sin embargo, estamos preocupados porque no vemos que haya detenciones de los personajes que nos hicieron tanto daño. Nuestro temor, es que cada mes o cada tres meses nos entreguen restos de nuestros hijos y es algo que nuestra mente y nuestro corazón, no lo concibe, más bien lo rechazan. Demandamos con urgencia la detención de los funcionarios que armaron la verdad histórica y que se empeñaron en pisotear la memoria y la dignidad de nuestros hijos. Queremos acciones firmes y contundentes para que hablen los perpetradores y digan donde están nuestros hijos”.

Una madre de familia, que dejó su parcela para ir a la ciudad, alzó la voz, con el garbo que le caracteriza: “Estamos aquí en el antimonumento, porque el poder judicial no está jalando parejo, como lo pedimos nosotras el día 9 de marzo. No están trabajando bien como la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Porque los jueces dejaron en libertad a los que están detenidos, como el “Mochomo” que pagó 2 millones y lo dejaron en libertad. Eso es lo que a nosotras no nos parece, porque lo que queremos es justicia. ¿Como es posible que lo dejen en libertad sabiendo que es el culpable de la desaparición forzada de nuestros hijos? Por eso, nuestra exigencia es que se encarcele a estos jueces corruptos.

Le pedimos al gobierno que agilice las investigaciones. Esa es nuestra exigencia, porque ya se van a cumplir 6 años de la desaparición forzada de nuestros hijos y no sabemos el paradero de ellos. Eso le pedimos al presidente de la república, que encarcele a los responsables de la verdad histórica y a los jueces corruptos.  A 70 meses nuestra paciencia se agota”.

Fuente e imagen:  http://www.tlachinollan.org/opinion-70-meses-como-si-hubiera-sido-ayer/

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Entrevista a Mike Davis: «El monstruo ya está aquí»

Por: Josefina Martínez

El reconocido historiador Mike Davis acaba de publicar El Monstruo ya está aquí, un libro sobre la pandemia, los sistemas sanitarios y las desigualdades provocadas por el capitalismo. El trabajo retoma los pronósticos realizados por el mismo autor en su libro El monstruo llama a nuestra puerta, publicado hace poco más de una década. En esta entrevista, Davis afirma que viviremos una época de pandemias múltiples y plantea que el sistema actual difícilmente pueda atajarlas de modo correcto.

Se ha hablado mucho sobre el origen de los coronavirus. ¿Cómo se relaciona con la agricultura industrial y el papel de las multinacionales? ¿Son estas las nuevas plagas del capitalismo?

Sabemos que el virus pandémico, el SARS-CoV-2, se originó en los murciélagos, al igual que los SARS iniciales de 1992-1993. Una cuarta parte de todos los mamíferos son murciélagos –unas 1.500 especies– y albergan una increíble variedad de virus, incluyendo cientos de coronavirus, que tienen el potencial de dar el salto a los seres humanos, ya sea directamente o a través de un animal salvaje que actúa como intermediario. La cadena de transmisión del virus actual no se conoce y, de hecho, puede que nunca se conozca, pero la constante expansión de cultivos y granjas en zonas silvestres de China es probablemente un factor clave, junto con la tradición cultural de consumir murciélagos y animales exóticos.

En el caso de nuevas gripes –que siguen representando un riesgo inminente–, el crecimiento exponencial de la producción industrial de cerdos y pollos en el suroeste de Asia y en otros lugares ha amplificado enormemente esta amenaza pandémica. Los cerdos, que pueden ser huéspedes de una doble infección de cepas de gripe aviar y humana, son reactores biológicos claves, ya que los segmentos del genoma de dos virus pueden a veces recombinarse para crear híbridos monstruosos. Las industrias avícolas, por su parte, actúan como aceleradores virales para la propagación de estas nuevas cepas.

A escala mundial, la deforestación es el mazazo que rompe los muros entre la naturaleza salvaje y sus enormes reservas de virus, por un lado, y las ciudades humanas superpobladas por el otro. Un ejemplo citado en mi libro es el caso de la región costera del África occidental, la zona de más rápida urbanización del planeta. Tradicionalmente, las aldeas y ciudades dependían del pescado como la principal fuente de proteínas. Pero a partir de la década de 1980 las flotillas industriales de Europa y Japón extrajeron aproximadamente la mitad del pescado del Golfo de Guinea. Los pescadores locales perdieron sus medios de vida y los precios del pescado se dispararon en los mercados urbanos.

Simultáneamente, las multinacionales madereras estaban abriéndose paso con motosierras a través de los bosques tropicales del Congo, Gabón y Camerún. Con el objeto de mantener bajos los costos de la mano de obra, contrataron a cazadores para matar animales salvajes, incluyendo primates, para alimentar a las cuadrillas. Esta «carne silvestre» pronto encontró una enorme demanda en las ciudades ávidas de proteínas, especialmente entre las poblaciones de los barrios pobres que vivían en condiciones sanitarias terribles. Esta cadena causal –la expoliación de los recursos pesqueros sostenibles, la tala de bosques que rompió las barreras naturales entre las poblaciones humanas y los virus salvajes, el aumento de la caza de animales silvestres a gran escala para abastecer de carne los mercados urbanos y el crecimiento exponencial de los barrios pobres– fue la fórmula maestra para la aparición tanto del virus de inmunodeficiencia humanaVIH como del ébola.

Hace quince años escribió El monstruo llama a nuestra puerta: la amenaza global de la gripe aviar. Desde aquel momento, numerosos estudios advirtieron de la posibilidad de una pandemia. ¿Por qué hemos llegado a este punto casi sin ninguna prevención y sin el desarrollo de la investigación científica adecuada para combatir este tipo de virus?

En realidad, en los últimos 25 años ha habido una enorme cantidad de investigaciones y modos de preparación para una pandemia. En cierto sentido todo fue vaticinado, pero algunos países se negaron a prestar atención a las advertencias o, como Estados Unidos bajo Donald Trump, desmantelaron deliberadamente estructuras cruciales para la alerta temprana y el control. Además, Reino Unido, Estados Unidos y algunos países europeos habían recortado drásticamente el gasto en salud pública, ya sea por razones ideológicas o por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En Estados Unidos, por ejemplo, nos enfrentamos al brote a finales de enero con 60.000 trabajadores sanitarios menos que los que habían estado en las nóminas de los gobiernos locales y del Estado en 2007.

Mientras tanto, la gran industria farmacéutica ha continuado obstaculizando el desarrollo de antivirales que se necesitan con urgencia, antibióticos de nueva generación y vacunas genéricas. El otoño pasado, el propio Consejo de Asesores Económicos de Trump le advirtió que no se podía contar con las grandes empresas farmacéuticas en una crisis pandémica, ya que en general habían abandonado el desarrollo de medicamentos para enfermedades infecciosas, a menos que el gobierno federal interviniera con miles de millones de dólares de subsidios.

Por otra parte, las empresas de biotecnología más pequeñas que estaban siendo precursoras de nuevos medicamentos y vacunas se vieron privadas del capital necesario para llevar sus descubrimientos a las etapas finales de prueba y producción. Después de la aparición del SARS en 2003, por ejemplo, un consorcio de laboratorios de Texas había desarrollado una posible vacuna contra el coronavirus que nadie estuvo dispuesto a financiar. Si se hubiera desarrollado, dada la coincidencia de 80% entre los genomas del SARS-1 y el SARS-2, podría haber sido una base excelente para la producción acelerada de una vacuna contra el covid-19.

Lo más importante es que la mayoría de los países de Asia oriental, tanto los autocráticos como los democráticos, han logrado contener la pandemia hasta ahora gracias a planes de respuesta bien preparados (un legado de las anteriores crisis del SARS y de la gripe aviar), una amplia aceptación del liderazgo científico, la inmediata aceleración de la producción de mascarillas y respiradores y, un factor clave que en su mayor parte ha sido ignorado, la capacidad de movilizar a grandes ejércitos de trabajadores y voluntarios para responder a nivel de base. A pesar de su condición de nación en vías de desarrollo y de la escasez de médicos, el éxito de Vietnam ha sido notable y probablemente sea el resultado de la combinación de laboratorios de categoría mundial (los Institutos Pasteur en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh) con una red nacional de trabajadores sanitarios públicos a escala de aldea y de barrio.

El talón de Aquiles de la planificación previa en muchos países ricos ha sido apoyarse exclusivamente en los profesionales de la salud, cuando una educación pública universal acerca de las amenazas de enfermedades y la organización de una reserva de voluntarios capacitados son casi igualmente importantes para combatir las tormentas virales. Como la tragedia nos está obligando a comprender, no vivimos en una pandemia sino en una era de pandemias.

El discurso de los gobiernos es que de esta pandemia «salimos todos juntos», pero la realidad es que el virus sí entiende de racismo y capitalismo. ¿Cómo afecta esta crisis a los trabajadores precarios, latinos y afroamericanos?

Los distintos países, por supuesto, difieren ampliamente en cuanto al acceso a una atención médica asequible, los indicadores de la desigualdad de ingresos y los legados estructurales de la discriminación racial y étnica. Entre las naciones de altos ingresos, Estados Unidos es la que tiene la peor puntuación en las tres categorías. Pero incluso en países con atención médica universal y niveles de desigualdad mucho más bajos hay poblaciones vulnerables que han quedado desprotegidas y a menudo invisibles en la crisis actual.

Las residencias de ancianos se han convertido en morgues a ambos lados del Atlántico, y son el origen de 40% a 50% de las muertes de covid-19 en muchos países. En Estados Unidos, donde el número de víctimas de este tipo supera ya las 50.000, se estima que la mitad son afroestadounidenses. Aquí es donde las vidas de los negros parecen importar menos.

Si los expertos en salud pública sabían que estas instalaciones se convertirían rápidamente en focos de infección, ¿por qué los gobiernos nacionales y locales no crearon inmediatamente grupos de trabajo especiales para intervenir? ¿Y por qué las ONG y los partidos políticos progresistas no hicieron de esto una demanda contundente? Las mismas preguntas, por supuesto, deberíamos hacernos sobre las cárceles, las prisiones y los campos de refugiados. La actitud pasiva de las autoridades solo puede ser caracterizada como una negligencia criminal.

La crisis también permitió visibilizar la importancia de los «trabajadores esenciales» para el funcionamiento de la sociedad. Y son los más expuestos al contagio.

Los que ahora reconocemos como «trabajadores y trabajadoras esenciales» ante la pandemia incluyen desde investigadores científicos hasta conserjes y personal de cuidado a domicilio. Además de todas las categorías de personal médico, millones de personas que trabajan en la agricultura y en la industria frigorífica, en la venta y distribución de alimentos, en servicios públicos como el transporte, la vigilancia y la sanidad, y en la industria logística (almacenamiento y reparto). Estos son precisamente los sectores que tienen los mayores porcentajes de trabajadores pertenecientes a minorías con salarios bajos, inmigrantes recientes y empleados eventuales.

En Estados Unidos, casi la mitad de estos trabajadores son negros, latinos o asiáticos y, salvo que pertenezcan a un sindicato, es poco probable que tengan un seguro médico adecuado (o que tengan alguno). Muchos han pasado largos periodos sin recibir tratamiento por enfermedades que se habrían atendido de forma rutinaria de haber tenido seguro médico y, por lo tanto, sufren de dolencias crónicas como el asma y la diabetes. Sus trabajos están entre los más peligrosos, tienden a trabajar jornadas más largas y, en el caso de quienes tienen bajos ingresos, viven en las peores condiciones de vivienda. Durante seis meses se han enfrentado al mayor grado de exposición ante la amenaza del coronavirus, generalmente sin equipos de protección o sin el derecho a reclamar contra las precarias condiciones laborales.

Estos trabajadores han sido completamente traicionados por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) –un organismo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos–, que se ha negado a poner en marcha normas obligatorias para proteger a los trabajadores o atender las miles de quejas que se han presentado de forma oficial. Por eso, la industria frigorífica en el Medio Oeste, donde la mayoría de los trabajadores pertenecen a minorías o son inmigrantes recientes, ha sido tan devastada por el covid-19. Y por eso los trabajadores estadounidenses han hecho huelga o han organizado protestas furiosas en más de 500 ocasiones desde abril.

En este contexto, ¿qué papel están jugando empresas como Amazon?

El blanco frecuente de protestas ha sido Amazon, el máximo especulador con la pandemia, y que ha violado notoriamente los derechos de los trabajadores. El patrimonio personal de Jeff Bezos aumentó en unos astronómicos 33.000 millones de dólares entre marzo y abril, en tanto que la empresa se convirtió en una vía fundamental para la entrega de alimentos y suministros básicos para las familias confinadas en sus hogares. Al mismo tiempo, se ha apresurado a ocupar de forma permanente los espacios vacíos dejados por el cierre de tantos miles de pequeños negocios minoristas (una estimación común en la prensa internacional especializada es que una cuarta parte de las pequeñas tiendas afectadas en Europa y Estados Unidos nunca volverán a abrir).

Los demócratas, con excepción de Elizabeth Warren, no han abordado los problemas que plantea el creciente poder monopólico de Amazon. Durante las dos guerras mundiales del siglo pasado, se impusieron con éxito impuestos a los «beneficios extraordinarios» de las principales empresas en la industria armamentística, pero los dirigentes demócratas se han negado a considerar una regulación similar para Amazon o para las grandes empresas farmacéuticas. Hacia fin de año, la economía estadounidense se parecerá aún más a la sociedad capitalista pura y dura descrita por Fritz Lang en su famosa película Metrópolis.

En su libro Planeta de las ciudades miseria, analiza ese fenómeno de las gigantescas metrópolis donde la superpoblación y el hacinamiento son la normalidad. ¿Puede haber derecho a la salud en estas condiciones de la geografía urbana capitalista?

Desde principios del siglo XX ha habido un debate esencial y recurrente sobre cómo controlar las epidemias a escala mundial. La posición estadounidense, respaldada por los enormes recursos de la Fundación Rockefeller, se centró en librar guerras contra enfermedades específicas con recursos masivos enfocados en el desarrollo y la distribución de vacunas. Estas cruzadas por las vacunas han dado lugar a grandes éxitos (viruela y poliomielitis) e igualmente a grandes fracasos (paludismo y sida). El enfoque basado en intervenciones técnicas específicas para cada enfermedad ha salvado vidas, pero deja en su sitio las condiciones sociales que promueven las enfermedades.

La otra vertiente en el debate ha dado prioridad a la inversión en infraestructuras de atención primaria de salud en las regiones y países más pobres. Se inspira en las ideas de la «medicina social» propuestas por el gran patólogo alemán Rudolf Virchow en la década de 1880 y ampliamente adoptadas en el siglo XX por partidos de la izquierda, así como por un amplio espectro de reformadores que deseaban reorientar la medicina hacia la prevención de enfermedades junto con reformas sociales radicales.

Durante gran parte de la posguerra, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estuvo dominada por Estados Unidos y el paradigma Rockefeller, pero los defensores de la medicina social obtuvieron una importante victoria en 1978 cuando la OMS emitió la «Declaración de Alma-Ata», en la que se afirmaba que el acceso a servicios sanitarios de calidad era un derecho humano universal. Se adoptó un plan de campaña que subrayaba la importancia de la participación de la comunidad y de un enfoque desde abajo para lograr «salud para todos en el año 2000». Pero la contrarrevolución neoliberal que siguió a la elección de Margaret Thatcher y Ronald Reagan convirtió esta declaración en letra muerta.

El covid-19 está revelando hasta qué punto hay dos humanidades inmunológicamente diferenciadas. En las naciones ricas, alrededor de un cuarto de la población cae en la categoría de alto riesgo debido a la edad y a los problemas de salud crónicos, a menudo relacionados con la raza y la pobreza. En cambio, en los países con ingresos bajos y en muchos países con ingresos medios, entre la mitad y tres cuartas partes de la población se encuentra en situación de riesgo. El cofactor más importante es la disminución de la inmunidad debido a la malnutrición, las infecciones gastrointestinales generalizadas y las enfermedades descontroladas y no tratadas como la malaria y la tuberculosis.

1.500 millones de personas viven actualmente en asentamientos precarios en África, el sur de Asia y América Latina, que son las perfectas incubadoras de la enfermedad. Sabemos que allí la pandemia está fuera de control, pero en gran medida permanece invisible en las actuales estadísticas fragmentarias. Y si Europa muestra cierta disposición a compartir eventuales stocks de vacunas con los países pobres, el gobierno de Trump demostró recientemente, con la compra de todas las existencias mundiales del medicamento Remdesivir, que no tiene intención de compartir nada. America First significa África en último lugar.

En las últimas campañas, la corriente progresista del Partido Demócrata ha ignorado en gran medida estas cuestiones de la salud y la pobreza a escala mundial. También ha defraudado las expectativas de sus simpatizantes. Hace pocas semanas se anunció que las negociaciones entre los sectores de Joe Biden y Bernie Sanders han dado lugar a una plataforma demócrata que está muy por debajo de «seguro médico universal», la demanda central de la campaña de Sanders, a pesar de que la pandemia y el colapso económico han demostrado un millón de veces su urgente necesidad.

Fuente e imagen: https://nuso.org./articulo/el-monstruo-ya-esta-aqui/

 

 

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