Educación Pública: Un año de gobierno ¿Cambio de régimen?
Juan Carlos Miranda Arroyo
Antes del 1 de diciembre, el gobierno de la “4T” se había pronunciado por emprender una Reforma Educativa “de raíz.
Por el momento, no se ven claros los rasgos del cambio de régimen de la “4T” en materia de educación pública. En lo que sigue expondré las evidencias y las razones por las cuales considero que “el cambio” no ha llegado ni ha tenido lugar (en sus contenidos ni en sus formas) en el ámbito de la educación en México, hoy, al cumplirse un año de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
I
Antes del 1 de diciembre, el gobierno de la “4T” se había pronunciado por emprender una Reforma Educativa “de raíz” (o radical), ante el señalamiento de que la anterior (la del período 2012-2018) había sido considerada, tanto por los opositores políticos del gobierno de Enrique Peña Nieto como por los sectores disidentes del Sindicato de Maestros (específicamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE), como la “mal llamada Reforma Educativa”, que pretendió sentar a las maestras y a los maestros de México en el banquillo de los acusados. “Mientras las maestras y los maestros no fueran evaluados rigurosa y sistemáticamente, -rezaba el discurso oficial peñanietista-, la calidad de la educación de las niñas, los niños y los jóvenes, seguiría en entredicho”.
II
“A toda acción le corresponde una reacción”
En concreto, considero (y así lo he expresado durante los últimos meses), que la iniciativa de Reforma Educativa del gobierno lópezobradorista ha sido “contestataria”, pues no ha existido un proyecto alternativo de educación que sea consistente y de nítido contraste con las políticas públicas anteriores. A partir de la iniciativa ingresada al Congreso por parte del presidente López Obrador (12 de diciembre de 2018), el gobierno de la “4T” se propuso, de inmediato, eliminar lo que era política y técnicamente insostenible: la evaluación para la permanencia en el puesto, que estaba dirigida al conjunto del magisterio nacional en servicio.
En su lugar, el nuevo gobierno (2018-2024) concertó con las bases disidentes y sus dirigentes, los términos de la siguiente etapa de la Reforma Educativa. Así, el “Acuerdo Nacional por la Educación” y la llamada “Nueva Escuela Mexicana” parecen ser el resultado de una concertación con las fuerzas “institucionales (dirigencia oficial del SNTE) y las bases y representantes de la disidencia magisterial, a través de un discurso o una retórica cuyos contenidos eran más reivindicatorios de demandas opositoras (“No a la Reforma basada en una Evaluación Punitiva”) que de un verdadero planteamiento alternativo o innovador en materia de educación pública.
Si se mide a la actual Reforma Educativa de la “Cuatro-T” como una respuesta a los cambios (o más bien dicho, a la simulación de los cambios) que se dieron durante el sexenio anterior (2012-2018), entonces el resultado es que sólo se ha respondido ante esa coyuntura educativa: Eliminar el carácter eminentemente “evaluador” o “enjuiciador” de las políticas públicas educativas, sobre todo hacia las figuras educativas del sistema nacional: Docentes, Directores Escolares y Asesores Técnicos, entre otras figuras educativas importantes.
Con esa dinámica, que consistió en eliminar del texto Constitucional y de la legislación educativa a la denominada “evaluación para la permanencia” en el puesto, a través de una mal diseñada evaluación de desempeño, (como lo ha señalado el doctor Ángel Díaz Barriga en varias publicaciones), se evidenció que la fuerza de la nueva Reforma Educativa (2019) estaría en su condición y en su derecho de “hacer caer” a la anterior. Aunque no calificaría a la actual Reforma Educativa de “reaccionaria”, sí diría que es “contestataria”, “reactiva” o producto de la “concertación” con las fuerzas opositoras y con la cúpula que detenta la titularidad de la representación “oficialista” del magisterio ante las autoridades laborales. ¿Entonces cómo queda el asunto de la “Rectoría del Estado en la Educación”?
III
No encuentro cambios sustantivos ni trascendentes en el llamado “Acuerdo Nacional por la Educación”, cuando se mantienen intactos una serie de dispositivos que han dejado los gobiernos de marca “Neoliberal” en el ámbito educativo (léase, sobre todo, los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto). Esto lo digo en términos de la instalación de un discurso “pro-gerencialista” en el seno mismo de la escuela pública: La gestión de la “Calidad” como paradigma universal; la lógica de la “Mejora Continua” con pretensiones absurdas de “neutralidad ideológica”. (Lo mismo que sucedió con la noción de “Competencias”). En ambos casos, sin el cuidado de deslindar su pasado y sin ubicar claramente su legado histórico (como conceptos ideológicos, más que académicos), que nos vienen desde finales de la II Guerra Mundial, justo cuando E. Deming sostuvo que la superación de los viejos paradigmas de la producción de bienes y servicios (en Estados Unidos, en Europa y en Japón, que estaban en decadencia), deberían de provenir de la incorporación de cambios en la concepción gerencial de las organizaciones.
Así, la ideas de la “Calidad Total” y del círculo de la “Mejora Continua” eran obviadas como nociones “naturales” o “consustanciales” a la vida de la escuela pública. ¿Acaso vinieron de otro lado esos desarrollos gerencialistas? ¿Los intentos de la “nueva gerencia” empresarial por gestionar y producir bienes y servicios para reconvertir los patrones del consumo y renovar los factores de la acumulación capitalistas, en una era de reactivación de las economías de la posguerra, era un “desarrollo natural”?
El modelo de la “Calidad Total” de Deming, pese a sus actitudes críticas, se puso de moda una vez que se habían agotado los sistemas y modelos de administración centrados en la mano de obra, y que poco a poco fueron desplazados por las dinámicas “gerencialistas”; o a base de seguir las nuevas corrientes migratorias empresariales y que se orientaron hacia esquemas donde habría, progresivamente, una mayor intensidad de las tecnologías.
IV
Pero al Estado mexicano en la era de la “4T” no le interesó polemizar con ese pasado gerencialista en particular (pienso en la mayoría legislativa, en los funcionarios de alto nivel de la SEP, etc.). Todo lo contrario, se decidió caminar por el rumbo de la “Mejora Continua” en la educación; tanto así que creó, vía el Poder Legislativo y por iniciativa del Ejecutivo, una ley para la “Mejora Continua” de la Educación, así como una “Comisión Nacional para la “Mejora Continua” de la Educación (como organismo público no autónomo), en sustitución del finado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que contaba con autonomía constitucional.
Mientras tanto, y pese a que los diseñadores institucionales de la “4T” empezaron a hablar de “Excelencia” Educativa, sin un aparato conceptual que le diera sustento ni fundamento, percibo que durante el último año la educación pública estuvo plagada de improvisaciones. Para mi gusto, se abandonó lamentablemente el otro camino que quedaba y que consistía en discutir a fondo el modelo imperante de la “Calidad de la Educación” (evaluación de las políticas públicas con orientación hacia la calidad, tal como la definen los organismos internacionales), en vez de proscribir al concepto y colocar en su lugar a otro membrete, que carece de articulación y de consistencia conceptual: la llamada “Excelencia”…
En fin, lo que se desprende de este análisis resumido, abreviado, apretado de la actual coyuntura educativa, luego de un año de ejercicio en el poder público por la nueva élite gobernante de la “4T”, es que hay un intento por cambiar el “régimen”, (en eso consiste el proyecto que encabeza el presidente López Obrador); sin embargo, aún no se ha logrado ese propósito (¿falta más tiempo; todo un sexenio?), ni se cuenta con una plataforma alternativa clara en lo educativo, sino que, en todo caso, se han logrado delinear apenas unas políticas que han buscado desmontar la parte legislativa de la anterior plataforma política; pero que, en los hechos, se vive como una continuidad para el conjunto del magisterio, en lo sustantivo del trabajo cotidiano que se lleva a cabo en las escuelas y en las aulas.
No es hora en que se aprecie un cambio orgánico en materia curricular, por ejemplo. Las maestras y los maestros de la educación básica, por poner un caso, señalan que las indicaciones de las autoridades federales y estatales, es “continuar con lo dispuesto en 2017”, cuando se dio a conocer el llamado “Nuevo Modelo Educativo”, de la pasada administración federal. Entonces ¿Cuáles son los elementos del cambio curricular que requiere la escuela pública en los niveles de la educación básica con el “nuevo régimen”? ¿Cuál es el sentido y el contenido (con sus respectivos métodos) del cambio en la educación media y superior en México en esta era transformadora? ¿Cuál es el horizonte al que llevará o sobre el cual se inspirará la “4T” en materia educativa? No lo sabemos. Quizá eso está apenas en construcción.
Todo parece indicar que, en todo caso, eso apenas se va a analizar, a partir de este segundo año de gobierno federal que hoy comienza.
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Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo
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