Ha comenzado en los días siguientes a la histórica votación del 1° de julio el debate en torno al proyecto educativo del gobierno de López Obrador. Recuérdese que dicho gobierno se ha definido como una alternancia política en muchos aspectos incluyendo por supuesto educación.
El debate ha girado en torno a la propuesta del sexenio anterior, lo que ha sido la mal llamada reforma educativa y no un debate inaugural de los términos y las condiciones que caracterizan esta administración, sus propuestas sustantivas y las distinciones con relación a otras administraciones.
Me parece que el nuevo gobierno, el gobierno de la alternancia y de la cuarta república, debería de iniciar en educación por atender al profesorado. La profesionalización de los docentes es –desde mi punto de vista- la prioridad número uno, porque desde ahí se desprenden muchísimos temas más. ¿Cómo se podría atender dicha prioridad?
La profesionalización de los y las docentes se ha asociado con el estudio y la preparación profesional, con la trayectoria académica a partir de la experiencia acumulada por los años en el servicio, las condiciones institucionales en donde se realiza la tarea de educar y los diversos apoyos para realizarla y el conocimiento y la atención de las áreas deficitarias de los docentes después del análisis de la práctica.
Desde su surgimiento en el año de 1978 la Universidad Pedagógica Nacional UPN) tuvo la encomienza a nivel nacional de profesionalizar a los maestros y maestras en servicio, aunque tuvo varios nombres como los de nivelación estudio de licenciatura y posgrado, etc., la tarea consistía en confrontar a los docentes de cara al análisis de la práctica educativa que realizan en contexto, y a partir de ahí desplegar proyectos para la mejora de la misma, mediado por el colectivo docente y por las sesiones de trabajo junto con el asesor y asesora que le destinaba la Universidad. De esta manera la UPN pudo operar cuatro programas de licenciatura dirigidos a maestros en servicio, por las siglas la LEB – Plan 1979, a LEP y LEP, Plan 1985, la LE Plan 1994 y la LEPEMI Plan 1990 (licenciatura destinada a atender la demanda del medio indígena). También cuando menos dos programas de maestría (Maestría en Desarrollo Educativo) que opera en la Unidad Ajusco y la Maestría en Educación Básica (MEB) que opera a nivel nacional.
¿Qué tenemos hasta ahora? La profesionalización de los y las docentes no pasa rigurosamente por la incorporación de estudios muy largos (maestrías o doctorados) y porque estos distraen la atención del punto central que es la profesionalización, tampoco los cursos cortos, talleres breves, diplomados, han dado buen resultado, debido a que se generó una enorme perversión en la venta de constancias y reconocimientos y junto a ello proliferan las instituciones “patito” que supuestamente atendían a maestros.
La profesionalización inicia con colocar a los docentes en servicio bajo un compromiso de auto-dedicación, autoformación y auto-estudio; mediado por los pares docentes y con un facilitador o acompañante que sirva como mediador a partir de cuatro grandes ejes de trabajo:
Pensar y refleccionar ha práctica propia, como ejercicio profesional complejo y bajo las condiciones del presente.
La adquisición, desarrollo y uso de algunas herramientas provenientes de la metodologías cualitativa para acercarse a estudiar la práctica propia, entrenarse en el uso de levantar registros, hacer observaciones, entrevistas, grupos de discusión, no para convertirse en investigador sino para acercarse de mejor manera en el estudio de las prácticas educativas.
Estudiar con sentido las nuevas tendencias y las nuevas aportaciones en pedagogía, relacionándolo dicho proceso con las nuevas tendencias pedagógicas el conocimiento de los escolares y sobre todo nuevas alternativas didácticas para la acción docente.
El estudio para los docentes deberá entenderse en contexto y en la situación directa de las necesidades de la práctica y del entorno, del entorno y de la práctica. Para esto la evaluación del desempeño docente deberá de considerar dichas variables, buscando áreas de mejora y condiciones para desplegar proyectos de intervención para el cambio sustantivo de la práctica.
Uno de los vicios que se ha presentado más frecuentemente en el proceso de reflexionar y modificar la práctica, es que los docentes se aprendían un discurso casi siempre innovador que no correspondía a las acciones, se trata ahora de balancear un proceso complejo que integren tareas de investigación, de intervención en la perspectiva de la mejora de la práctica. Que las palabras que se digan correspondan a las acciones que se realizan.
Este me parece es el punto más importante, que deberá atender el nuevo gobierno y ahí la UPN ha acumulado una gran fortaleza a nivel nacional, la cual deberá estar al servicio de los nuevos retos y las nuevas necesidades del cambio y la mejora de las escuelas. Toda reforma educativa inicia y culmina con mirar a los docentes y los cambios verdaderos que pudieran demostrar los cambios en su desempeño docente de todos los días. Si no es así es que no es reforma sino un expediente más de simulación en educación.
La economía mundial pierde cada año hasta 30 billones de dólares por la falta de acceso de al menos 130 millones de niñas a la escuela en todo el mundo.
Según un informe publicado el miércoles por el Banco Mundial (BM), si todas las niñas del mundo recibiesen una educación completa de 12 años, los ingresos totales de las mujeres podrían aportar a la economía mundial entre 15 y 30 billones de dólares adicionales.
Los datos de la entidad global del 2016 indican que alrededor de 132 millones de niñas entre los 6 y 17 años no asisten a clases, reportó la agencia británica de noticias Reuters.
Nueve de cada diez niñas (89,3 por ciento) reciben educación primaria, pero solo tres de cada cuatro (77,1 por ciento) concluyen la enseñanza secundaria.
En los países de bajos ingresos, menos del 65 por ciento de las niñas termina la primaria y solo un tercio (34,4 por ciento) finaliza la enseñanza secundaria.
Las mujeres que terminaron la primaria ganan solo un 14-19 por ciento más que las mujeres sin instrucción.
Las muchachas que superaron la enseñanza secundaria (12 años, según el BM) pueden aspirar a un salario casi dos veces más alto que aquellas que no hayan estudiado, y las que tienen un título de la enseñanza superior hasta el triple que aquellas que no superaron la primaria.
Terminadas las campañas, el lenguaje político de los contendientes es sustituido por el lenguaje de los gobernantes. Una cosa es ofrecer que se eliminará o derogará la reforma educativa y otra es lograrlo y en qué condiciones. En el detalle está el diablo. Cualquier cosa que se intente llevará tiempo.
Si dividimos a la reforma educativa de Peña en dos grandes conjuntos, administrativo y pedagógico, el primero se ha implementado desde el 2013; el segundo, en su parte esencial, lo que se ha denominado, nuevo modelo educativo, empezará a aplicarse en agosto de 2018 con nuevos currículos y libros de texto. Es decir, casi tres meses y medio antes de que López Obrador tome posesión.
La sola voluntad del presidente no será suficiente para llevar a cabo una nueva reforma educativa. López Obrador y Esteban Moctezuma, por lo menos durante 2018-2019, irán a la escuela de Peña, y aplicarán, en el inicio, la reforma educativa de Peña inscrita en la Constitución y al menos tres leyes federales.
La parte más criticada en la educación de Peña es la relación de la evaluación docente con el trato laboral a los maestros. Esteban Moctezuma declaró el 7 de julio pasado que no se suspenderá la evaluación de maestros y esbozó un deslinde entre ésta y la relación laboral de la SEP con los maestros. Aún así, si se hace el cambio deberá hacerse, como el mismo Moctezuma lo dijo “en cuanto se tenga un nuevo marco jurídico”. Moctezuma tiene razón cuando dice que la evaluación magisterial precede a la educación de Peña, pero lo que no existía era el intento centralizador, por un lado, y unificador, por el otro, en criterios, premios y “castigos” (la ausencia de premios) con la bendición Constitucional.
Existen dos puntos criticados en la evaluación: la permanencia en el trabajo y la capacitación. Aún y cuando en la “nueva” evaluación se asegure la permanencia en el trabajo, así nada más, permanecer cuando otros avanzan es una especie de castigo. Entonces los nuevos reformadores tendrán con tejer con filigrana. Además, capacitar a los maestros no es suficiente, se requiere que el maestro quiera ser capacitado y que la capacitación sea la que el maestro necesite. No todos los maestros, sino cada maestro. Capacitaciones a destajo, para miles de maestros tienen poca o nula efectividad.
Entonces la evaluación continuará, lo que no sabemos es cómo. Quizá, y ojalá así sea, más atada al contexto escolar, menos centralizada y aún menos estandarizada. Está por verse. Lo que está menos claro es lo que sucederá con el INEE y con el Servicio Profesional Docente. La respuesta quizá sea darles menos poder de decisión, o reducir su campo de acción, u otorgarles un funcionamiento como órganos técnicos expertos, pero sin autoridad. Está por verse.
Cualquiera que sea el cambio, dos pasos deben cumplirse antes: el primero, la consulta nacional a los maestros, padres de familia, autoridades locales, expertos y sociedad civil, la cual podría llevarse meses, quizá un año; y las modificaciones a la Constitución y leyes secundarias, las cuales podrían llevarse quizá otro año. Después vendría la entrada en vigor y el aprendizaje del nuevo esquema. Entonces, la educación de AMLO empezaría a funcionar dentro de dos o quizá tres ciclos escolares. Más difícil aún será cambiar el nuevo modelo educativo. Las escuelas de todo el país arrancan en agosto con nuevos programas y libros de texto. Los niños de preescolar y de los primeros grados de primaria y secundaria tendrán al menos dos ciclos escolares con el nuevo modelo. Cuando entre en vigor la educación de AMLO, los niños de primaria andarán por tercero o cuarto de primaria, cambiarles el modelo pedagógico a la mitad no creo que sea muy buena idea, ni para ellos ni para sus maestros. Y los de secundaria, estarán por terminar su nivel, por lo cual no hace mucho sentido modificarlo para un año escolar nada más. Así que lo más probable es que el modelo pedagógico se quede por algún tiempo, más o menos como está.
En este sentido los niños de México en los próximos seis años tendrán dos maestros en el aula: Peña y AMLO. Un verdadero y curioso oxímoron.
El lenguaje de la cancelación o derogación de la reforma educativa es político, propio de campaña. Esteban Moctezuma tendrá que hacer malabarismos para tratar de explicar cómo se cancela o deroga cuando en realidad lo que sucederá es que se reforma la reforma.
Otra parte constantemente mencionada en el discurso de campaña fue el de llevar a todos los jóvenes a la escuela y a la universidad. Cierto, y a pesar del aumento de la matrícula en educación media superior de 2005 a 2015, México tiene la tasa más baja de matriculación para los grupos de edad entre 15 y 19 años (57% México, 85% la OCDE) y una de las más bajas para el grupo de edad entre 20 y 24 años (22% México, 42% OCDE)[1] entre los países de la OCDE y algunos más. También tiene una de las tasas más altas de NINI (Ni en educación ni empleados) entre los miembros de la OCDE (México 23.3%, OCDE 15.3%)[2] para el rango de edad 18-24 en 2016.
La educación de AMLO pretende llevar a todos los jóvenes a las escuelas y que las universidades acepten a todos los aspirantes a sus programas. La educación de AMLO piensa que el obstáculo es económico y que se arreglaría con una beca. Ciertamente, en muchos casos el estímulo económico ayudará, pero no en todos. Falta que los jóvenes realmente quieran estudiar, y eso no se resuelve con una beca, a menos que la beca crezca de manera exponencial, lo cual es insostenible para las finanzas públicas.
Por cuanto a que todo mundo que aspire a la universidad sea aceptado por la universidad, no es una idea nueva. Es algo común en algunos países de Europa Central y Occidental. Tomemos el caso de Bélgica. No hay filtros para los jóvenes que quieran ingresar a programas universitarios. Sin embargo, después de un año de estudios un porcentaje muy alto de ellos se da de baja voluntariamente cuando descubre que lo académico no es su vocación. No es una mala solución, pero cuesta dinero, mucho dinero. Si existen los recursos, esta es una medida que posterga por un año la realidad.
Planteado así, AMLO y Moctezuma están medio atrapados por la educación de Peña. Sin embargo, la educación de AMLO podría ser mucho más ambiciosa que la evaluación de maestros, las becas, o los currículos escolares. AMLO tiene en sus manos la enorme oportunidad de cambiar, no el modelo educativo, sino el sistema educativo. Repensar, desde la raíz, una nueva educación para México, con nuevos arreglos, nuevas instituciones, nuevas reglas: más aprendizaje y menos estandarización; más contexto y menos centralización; más educación y menos evaluación. Eso sería hacer historia en la educación.
En realidad, no ha empezado el trabajo de análisis profundo sobre la reforma y sobre la educación; y lo único que sabemos es lo que se filtra en los medios, declaraciones o entrevistas. Hasta ahora, según mi leal saber y entender, el tema de rispidez es la evaluación de los maestros. Y como bien sostiene Esteban Moctezuma hay muchas cosas de la Educación de Peña que permanecerán, suena contradictorio con la expresión “derogar” y más aún “cancelar” pero al menos así aparece en los reportajes de prensa que dicen que Esteban Moctezuma dijo: “En el sistema educativo se han venido recogiendo muchas experiencias y prácticas muy valiosas que no son exclusivas de la Reforma y no por eso van a dejar de existir (…)[3].
Quizá el camino para Esteban Moctezuma sea un manejo orientado en cuatro puntos: 1) derogar, (enhorabuena que no han utilizado la palabra “abrogar”), ciertos puntos de la Reforma educativa de Peña; 2) cancelar los aspectos punitivos de la reforma educativa en la evaluación de maestros; 3) revisar el nuevo modelo educativo (pedagógico); y el más aventurado, 4) revisar el sistema educativo a profundidad, para entender mejor, porqué, a pesar de tantas reformas y transformaciones educativas, desde la ANMEB de 1992-1993, y luego la de Zedillo, la de Fox, la de Calderón y ahora la de Peña, no salimos del fracaso monumental de la política educativa.
La reforma educativa tiene muchas cosas que modificar, unas para mejorar y otras de plano, para sustituir o eliminar. En otra ocasión y con más espacio presentaré con más detalles los temas de cambio. Pero sí, es menester, mencionar que la educación de Peña tuvo aciertos y errores. Entre los aciertos, está la idea de hacer todo el proceso de selección y promoción docente de manera más transparente. El error es que trató de hacerlo de manera estandarizada y sin considerar las diferencias contextuales, históricas y culturales entre las distintas regiones y comunidades del país. A la educación de Peña le faltó realidad.
Por el lado del nuevo modelo educativo (los currículos y libros de texto), el gran acierto es la inclusión del tema del aprendizaje como piedra angular; y al menos en la retórica muchas propuestas son reales, acertadas y similares a lo que ocurre en la arena internacional de las grandes potencias educativas. El error monumental es pensar que de un año para otro y con un cuerpo docente formado para otra época y pedagogía se puede adoptar a bote pronto la pedagogía del aprendizaje y el constructivismo social.
Dicho eso, aunque las variables educativas las determinarán legisladores y ejecutivos, el aprendizaje es dominio de la pedagogía a nivel de padres de familia y maestros, no de los administradores públicos y mucho menos de los políticos. La educación de AMLO podrá cambiar lo que quiera en el largo plazo, digamos uno o dos años; podrá influir sobre las variables educativas como gasto, currículos, escuelas dignas, bibliotecas, evaluación, capacitación, etc., pero no podrá influir la función de aprendizaje propia del cerebro de los niños y jóvenes. Por más que se evalúe o no a los maestros, se capacite o no; se gaste más o menos; se les pague más o menos a los maestros, por más que la educación de Peña o ALMO quieran cambiar el aprendizaje se enfrentan con un poder más fuerte que la fuerza de la norma, y ese es el poder de aprendizaje del cerebro el cual depende fundamentalmente de factores naturales y ambientales en los primeros años de vida, inclusive durante la gestación. Y después, dependerá más de la cultura en el hogar (la familia) y la cultura en la escuela (relación de niños y maestros) que en las buenas intenciones de las autoridades y legisladores.
Cuando este texto se publique ya sabremos quien será el presidente de México para los próximo seis años. Una nueva etapa ha de iniciar después de concluir con tres meses de campañas caracterizadas por la descalificación, y de inacabadas propuestas en materia educativa que han de configurarse paulatinamente en futuro cercano. Ni duda cabe que lo que viene no es tarea fácil ni para quien resulte triunfador en esta contienda electoral, ni para los ciudadanos de a pie. Por un lado, las promesas desmedidas y la posibilidad real de su cumplimiento; por el otro, la expectativa de la continuidad o la promesa de un cambio, aunque sea menor, pero al fin un cambio.
Varios asuntos son relevantes en la agenda educativa, sin embargo, la reciente publicación de Raúl Zepeda Gil en el blog de educación de la revista Nexos “Del mérito a la inclusión: una oportunidad para repensar la educación superior en México” https://educacion.nexos.com.mx/?p=1302, así como la posterior reflexión en Educación Futura, de mi estimado amigo y colega Pedro Flores Crespo, de la Universidad Autónoma de Querétaro, además del propio trabajo de investigación e intervención que al respecto he desarrollado; me provocaron compartir las siguientes notas al respecto.
Es verdad que la cobertura de la educación superior en México alcanza apenas el 37 por ciento de jóvenes en edad de cursar este nivel educativo, muy por debajo de otros países latinoamericanos, del norte de América y, por supuesto, europeos. También que el actual mecanismo de selección e ingreso a la educación superior basado en un examen de conocimientos, ha privilegiado el mérito académico que necesariamente se vincula a la teorías reproduccionistas que lo asocian con el problema de la desigualdad y la diferenciada posesión de capitales cultural, social y económico de los jóvenes aspirantes. De hecho, cada año son rechazados en la zona metropolitana aproximadamente 300 mil jóvenes que buscan su ingreso a la universidad que, según investigaciones recientes, provienen de los estratos sociales más desfavorecidos de la región. Más allá de las características técnicas, el examen de admisión se ha constituido en un mecanismo de regulación de un mercado material y simbólico cada vez mas competido por la acumulación de jóvenes que no encuentran una oportunidad de acceso o una alternativa equiparable al significado del mismo. Sin duda, ello conduce al llamado efecto Mateo “Dar más a quien más tiene”.
Reitero lo que he dicho en otro momento. Los jóvenes en México libran dos grandes batallas para su ingreso a la universidad. La primera, la selección basado en la aplicación de un examen de conocimientos y la segunda asociada a la disponibilidad de recursos económicos para acceder a instituciones privadas. En este caso el límite es el bolsillo y la calidad de las educación se asocia casi siempre con lo que se paga. Ambas batallas evidencian la desigualdad y la estratificación social y económica que caracteriza al país.
Para Zepeda la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de ampliar la cobertura en educación superior en el país, suena congruente y debería avanzar hacia la posibilidad de introducir “criterios más progresivos” y “abandonar definitivamente la preponderancia exclusiva del discurso del mérito para darle paso al discurso de la inclusión”. Pedro Flores, en cambio, alude a la necesidad de reflexionar sobre las condiciones previas a la implementación de examen de ingreso en el acceso a la educación superior: favores personales, ventas de lugares y otras prácticas adversas al espíritu universitario. También cuestiona la falta de información que tenemos sobre experiencias de países que podrían constituirse en un referente para pensar en otras alternativas de inclusión y acceso. Además, evidencia el caso de la UACM y su proceso de sorteo para el ingreso, así como sus escasos aportes a la justicia distributiva.
En mi opinión la solución a esta problemática no debe surgir sólo de las políticas educativas de orden nacional. Éstas han privilegiado dos grandes orientaciones para resarcir la desigualdad en el acceso, la permanencia y el egreso de la educación superior: 1) asignación de becas y 2) diversificación institucional y de nuevas modalidades educativas. No obstante, considero que es posible diseñar e implementar políticas y prácticas institucionales que promuevan una mayor inclusión para incrementar el acceso de oportunidades. El debate en torno a los efectos de los mecanismo vigentes para el acceso, la permanencia y el egreso a la educación superior, debe impulsarse desde el seno mismo de las universidades e instituciones de educación superior. Ya hay evidencia de que es posible generar alternativas que incorporen la viabilidad de un examen de conocimientos como indicador del desarrollo de ciertas habilidades y capacidades de los estudiantes, así como la posibilidad de incorporar a jóvenes que han transitado por los niveles educativos previos en condiciones francamente desfavorables. Es el caso de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) (Buendía y Rivera, 2010).
En la UACh los criterios de ingreso se aprueban anualmente por el H. Consejo Universitario. La política institucional propuesta se aprobó por primera vez el 12 de mayo de 2008 y se ha implementado año con año hasta el 2018. El punto de partida es la aplicación de un examen de conocimientos que valora la situación académica de los jóvenes, sin embargo, la selección de los estudiantes que ingresan incorpora también diversos criterios, a fin ampliar las posibilidades de acceso a los jóvenes que pertenecen a los grupos desfavorecidos. Ello significa un ingreso por cuotas que se han diseñado en función de la misión fundacional de la universidad y de su contexto y desarrollo actual. Hablamos de un modelo de cuotas (etnias indígenas, municipios pobres, telesecundaria o bachillerato, escuela agropecuaria o forestal, mejores por Estado y calificación general), que si bien se limita a un número específico de espacios que la universidad puede brindar, le ofrece una oportunidad única a muchos jóvenes que quedarían excluidos de la educación superior. Algunso testimonios son reveladores (https://www.youtube.com/watch?v=kHksNWApySA).
Mi apuesta es y seguirá siendo el reconocimiento de la diversidad y la complejidad de las instituciones de educación superior mexicanas en general, y de las universidades públicas en lo particular. Hemos sido críticos de la homogeneidad de las políticas para este sector de la educación y de sus efectos perversos o no deseados. No aspiremos al one best way en el problema de cobertura que enfrentamos, pues tenemos amplia evidencia de que eso no funciona. Abramos el debate, la discusión argumentada y la posibilidad de compartir y de implementar políticas y prácticas de orden institucional que podrían generar mejores resultados.
Oaxaca.-Las organizaciones sociales, colectivos, sindicatos, organizaciones civiles y activistas sociales lamentamos de manera profunda el asesinato de Abraham Hernández González Coordinador Regional del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI).
Los militantes de CODEDI en este año han sido víctimas de diversas agresiones, tal es el caso de los 3 compañeros asesinados en el mes de febrero y la detención arbitraria de la que fue objeto Fredy García Ramírez el 20 de junio en Pochutla por agentes del Estado.
Reconocemos la labor comunitaria y autónoma en las comunidades donde CODEDI tiene presencia, han cambiado la forma de pensamiento y roto cacicazgos que pretenden mantener a los pueblos en la ignorancia y el control social; aunado a su solidaridad con las diversas luchas y en tiempos recientes su incorporación a la lucha contra la reforma educativa en apoyo a la CNTE.
Es por ello que hoy son víctimas del creciente terrorismo de Estado en Oaxaca, condenamos las agresiones en contra de los militantes de CODEDI, exigimos justicia, esclarecimiento de los hechos y cárcel para los autores materiales e intelectuales de los compañeros.
Hacemos el llamado a todas las expresiones del movimiento social a pronunciarse ante este hecho a nivel internacional, nacional y local, realizar acvidades unitarias y cerrar filas ante la creciente represión que se vuelve sistemática contra los opositores del régimen priísta en Oaxaca.
Exigimos al gobernador Alejandro Murat el cese inmediato de las hostilidades contra acvistas sociales.
Atentamente
Firmas de Oaxaca
Sección XXII del SNTE-CNTE, Grupo internacionalista, Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, Comité de Familiares Amigas y Amigos de Damián Gallardo Martínez, OCIO CNPA MN, Frente Amplio de Lucha Popular ( dirección estatal colectiva ), Coordinadora Indígena Popular Autónoma, Servicios para una Educación Alternativa A. C. EDUCA, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, CAMPO, Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, UCIO CNPA, Corriente del Pueblo Sol Rojo, UNIR, FPR, UJRM, PCMML, UCIPEZ, CCCyP, CIPO-R.F.M, Unión Campesina Indígena de Oaxaca Emiliano Zapata, Colectivo Mujer Nueva, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca SURCO AC, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, URTARTE, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana Sección 75
Oaxaca, Subsección 7 del Hospital Civil, Colectivo Salud, Sindicato de Trabajadores UABJO, Sindicato Independiente de los Trabajadores de Salud Sección 9, Sindicato Libre del Municipio de Oaxaca, Sindicato Único de Trabajadores de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Sindicato de Trabajadores al Servicio del CECYTEO, Coordinadora de Bases IMSS, Movimiento de Aspirantes Rechazados UABJO, Movimiento Oaxaqueño por la Lucha de los Excluidos, Tianguis Cultural Libertad y Resistencia, COLMENA Oaxaca, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos Oaxaca, Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, Pobladores Oaxaca, Consejo Indígena de Uxpanapa, Unión de Lucha Anticapitalista, Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares, CECIPROC, OIDHO, IDEMO, Pobladores AC, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible, Asociación de Autoridades Mixes, Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres A.C., Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, Fuerza Social Choapense A.C.
Firmas nacionales
Resistencia Civil Indígena y Popular contra las altas tarifas de luz (Sur de Veracruz-zona sierra) Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Nuevo País, Movimiento de Liberación Nacional, Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre (Puebla), Comité Contra la Persecución y por la Libertad de los Presos Políticos (Chiapas), Coordinación de Movimientos Populares, Frente Popular Francisco Villa Independiente FPFVI, Centro de Estudios Karl Liebknecht (CEKL), Coordinadora Nacional Estudiantil, Frente Magisterial Independiente, Movimiento Comunista Mexicano, Liga de Unidad Socialista, Izquierda Democrática Popular, Liga Estudiantil Democrática (Puebla), Frente de Organizaciones del Valle de Toluca, Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente, Asamblea General de Trabajadores de la Ciudad de México, Unión General de Trabajadores de México, CENYELIZTLI para el desarrollo social y familiar A.C., Coordinadora Primero de Diciembre, UPREZ, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25, Radio Coaltl, Santa María Coapan, Radio Tlayoli Tlacotepec de Díaz, Radio Tlacuache Zoquitlán Puebla.
Individuos
Filoteo Revilla, Carlos Beas Torres, Hermanos Coca, David Cabañas Barrientos, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, Jaime Domínguez Pérez (Premio Nacional Don Sergio Méndez Arceo 2016), Silvia Urdanivia, Anabel López Sanchez, Gerardo De Gyves, Delfino Juárez.
Activistas sociales alertan sobre la elevada representación de jóvenes indígenas que hoy existe entre la población carcelaria de la provincia canadiense de Manitoba, ante lo cual reclaman mejores políticas educativas y de inclusión social.
Un nuevo informe del departamento de Estadísticas de Canadá reveló que el 81 por ciento de los menores de edad en centros de reclusión pertenecen a las conocidas como Primeras Naciones -comunidades originarias-. En el caso de las adolescentes la tasa es del 82 por ciento.
Las cifras contrastan, sin embargo, que menos del 20 por ciento de la población menor de 14 años en ciudades como Winnipeg es indígena, lo que refleja cuán fuertemente sobrerrepresentados está este segmento poblacional en el sistema penitenciario nacional.
El activista Steve Spence es un joven que alguna vez sufrió encierro y trata de impulsar la conciencia social mediante el programa Momentum. Dicha iniciativa intenta ayudar a quienes cumplieron condenas a reintegrarse en la comunidad y abordar las causas de problemas como la adicción a las drogas.
A juicio de Spence, una de las primeras condiciones para el cambio ocurrirá cuando se tome conciencia sobre las estadísticas.
Tenemos que transmitir el mensaje de que, como pueblos indígenas, estamos oprimidos. Tenemos que entender que nos encontramos retenidos como cangrejos en un balde, ilustró.
Pero al mismo tiempo, el activista se refirió a las oportunidades que existen para que los jóvenes de las Primeras Naciones alcancen su máximo potencial. Tenemos un boleto dorado que es la educación, así que tenemos que aprovechar eso, opinó.
El presidente del Tribunal Supremo de Canadá, Richard Wagner, calificó de inaceptable el desproporcionado número de personas indígenas encarceladas en todo el país.
Según Wagner, miembros de la instancia judicial visitarán Winnipeg el próximo año para reunirse con jueces de la corte de apelaciones, abogados locales y miembros de la comunidad a fin de adoptar políticas proactivas.
La ministra de Justicia de Manitoba, Heather Stefanson, aseguró que el gobierno provincial está tomando medidas a fin de reducir las tasas de encarcelamiento de los jóvenes de pueblos autóctonos.
This first roundtable in the series What Education Do We Need? comprises two parts. Part one features a lead essay by Henry A. Giroux titled “Educated Hope in Dark Times: The Challenge of the Educator/Artist as a Public Intellectual”; the second part includes four responses by thinkers from different backgrounds: Nicolas Buchoud and Lan-Phuong Phan (France and Vietnam), Yaacov Hecht (Israel), Thomas Krüger (Germany), and Helena Singer (Brazil).
Education impacts everything else and makes us who we are as individuals, communities, and society. Exclusion in education impoverishes the human mind and diminishes humanity. To quote Comenius, the father of modern education: “The school is the manufactory of humanity… the whole is not the whole if any part is lacking… whoever then does not wish to appear a half-wit or evil-minded, must wish good to all men, and not only to himself, or only to his own near ones, or only to his own nation.”
While we have deemed those tenets self-evident, various leaders and movements have recently emerged who wish good firstly to themselves, or only to their near ones, or only to their own nation. The first roundtable on Democracy and Education opens with Henry Giroux’s essay, in which he addresses this particular challenge personified by the presidency of Donald Trump.
Trump’s presence in American politics has made visible a plague of deep seated civic illiteracy, a corrupt political system, and a contempt for reason; it also points to the withering of civic attachments, the collapse of politics into the spectacle of celebrity culture, the decline of public life, the use of violence and fear to numb people into shock, and a willingness to transform politics into a pathology.
Giroux situates Trump’s presidency in a broader socio-political context of neoliberal ideology that has instrumentalized education and art by turning them into commodity. He emphasizes the necessity of reclaiming the primary mission of pedagogy as a political and moral practice, as educated hope that provides a counterweight and resistance to a growing authoritarianism.
Pedagogy is not a method but a moral and political practice, one that recognizes the relationship between knowledge and power, and at the same time realizes that central to all pedagogical practices is a struggle over agency, power, politics, and the formative cultures that make a radical democracy possible. This view of pedagogy does not mold, but inspires, and at the same time it is directive, capable of imagining a better world, the unfinished nature of agency, and the need to consistently reimagine a democracy that is never finished.
In its closing section, Giroux is challenging artists and educators to engage in a practice thataddresses the possibility of interpretation as intervention in the world. He demands to reposition “pedagogy as a central category of politics itself,” and hence defines the artist and educator as a public intellectual who understands pedagogy as central to politics. He points out that when progressive artists and activists present “what might be called a barrage of demystifying facts and an aesthetics of transgression,” they fail to address the crises of imagination and agency. In the last paragraph, Giroux outlines a series of tasks that educators and artists as public intellectuals face today:
Pressing the claim for economic and political justice means working hard to develop alternative modes of consciousness, promote the proliferation of democratic public spheres, create the conditions for modes of mass resistance, and make the development of sustainable social movements central to any viable struggle for economic, political, and social justice. No viable democracy can exist without citizens who value and are willing to work towards the common good. That is as much a pedagogical question as it is a political challenge.
Increasingly, neoliberal regimes across Europe and North America have waged a major assault on critical pedagogy, public pedagogy, and the public spheres in which they take place. For instance, public and higher education are being defunded, turned into accountability factories, and now largely serve as adjuncts of an instrumental logic that mimics the values of the market. But, of course, this is not only true for spaces in which formal schooling takes place, it is also true for those public spheres and cultural apparatuses actively engaged in producing knowledge, values, subjectivities, and identities through a range of media and sites. This applies to a range of creative spaces including art galleries, museums, diverse sites that make up screen culture, and various elements of mainstream media.[1] What the apostles of neoliberalism have learned is that artistic production and its modes of public pedagogy can change how people view the world, and that pedagogy can be dangerous because it holds the potential for not only creating critically engaged students, intellectuals, and artists but can strengthen and expand the capacity of the imagination to think otherwise in order to act otherwise, hold power accountable, and imagine the unimaginable.
Pedagogies of repression…further a modern-day pandemic of loneliness and alienation.
Reclaiming pedagogy as a form of educated and militant hope begins with the crucial recognition that education is not solely about job training and the production of ethically challenged entrepreneurial subjects and that artistic production does not only have to serve market interests, but are also about matters of civic engagement and literacy, critical thinking, and the capacity for democratic agency, action, and change. It is also inextricably connected to the related issues of power, inclusion, and social responsibility.[2] If young people, artists, and other cultural workers are to develop a deep respect for others, a keen sense of the common good, as well as an informed notion of community engagement, pedagogy must be viewed as a cultural, political, and moral force that provides the knowledge, values, and social relations to make such democratic practices possible. In this instance, pedagogy needs to be rigorous, self-reflective, and committed not to the dead zone of instrumental rationality but to the practice of freedom and liberation for the most vulnerable and oppressed, to a critical sensibility capable of advancing the parameters of knowledge, addressing crucial social issues, and connecting private troubles into public issues. Any viable notion of critical pedagogy must overcome the image of education as purely instrumental, as dead zones of the imagination, and sites of oppressive discipline and imposed conformity.
Pedagogies of repression do more than impose punishing forms of discipline on students and deaden their ability to think critically, they also further a modern-day pandemic of loneliness and alienation. Such pedagogies emphasize aggressive competition, unchecked individualism, and cancel out empathy for an exaggerated notion of self-interest. Solidarity and sharing are the enemy of these pedagogical practices, which are driven by a withdrawal from sustaining public values, trust, and goods and serve largely to cancel out a democratic future for young people. This poses a particular challenge for educators and other cultural workers who want to take up the role of engaged public intellectuals because it speaks less to the role of the intellectual as a celebrity than it does to the kind of pedagogical work in which they engage.
At stake here is the need for artists, educators, and others to create pedagogical practices that create militant dreamers, people capable of envisioning a more just and democratic world and are willing to struggle for it. In this instance, pedagogy becomes not only central to politics but also a practice dedicated to creating a sense of belonging, community, empathy, and practices that address changing the way people think and navigate conflicts emotionally—practices that awaken passion and energize forms of identification that speak to the conditions in which people find themselves. In the shark-like world of neoliberal-driven values, excessive competition, uncertainty, and deep-seated fears of the other, there is no room for empathetic conversations that focus on the common good, democratic values, or the pedagogical conditions that would further critical dialogue and the potential for students to learn how to hold power accountable.
Critical pedagogy…should be cosmopolitan and imaginative…
Domination is at its most powerful when its mechanisms of control and subjugation hide in the discourses of common sense, and its elements of power are made to appear invisible. Public intellectuals can take up the challenge of not only relating their specialties and modes of cultural production to the intricacies of everyday life but also to rethinking how politics works, and how power is central to such a task. Bruce Robbins articulates the challenge well in both his defense of the intellectual and his reference to how other theorists such as Michel Foucault provide a model for such work. He writes:
But I also thought that intellectuals should be trying, like Foucault, to relate our specialized knowledge to things in general. We could not just become activists focused on particular struggles or editors striving to help little magazines make ends meet. We also had a different kind of role to play: thinking hard, as Foucault did, about how best to understand the ways power worked in our time. Foucault, like Sartre and Sontag and Said, was an intellectual, even at some points despite himself. He helped us understand the world in newly critical and imaginative ways. He offered us new lines of reasoning while also engaging in activism and political position-taking. Why, then, is there so much discomfort with using the term “intellectual” as an honorific?[3]
But power is not just a theoretical abstraction, it shapes the spaces in which everyday life takes place and touches peoples’ lives at multiple registers, all of which represent in part a struggle over their identities, values, and views of others and the larger world. Critical pedagogy must be meaningful in order to be critical and transformative. That is, it should be cosmopolitan and imaginative—a public affirming pedagogy that demands a critical and engaged interaction with the world we live in, mediated by a responsibility for challenging structures of domination and for alleviating human suffering. This is a pedagogy that addresses the needs of multiple publics. As an ethical and political practice, a public pedagogy of wakefulness rejects modes of education removed from political or social concerns, divorced from history and matters of injury and injustice. This is a pedagogy that includes “lifting complex ideas into the public space,” recognizing human injury inside and outside of the academy and using theory as a form of criticism to change things.[4] This is a pedagogy in which artists, educators, and other cultural workers are neither afraid of controversy nor a willingness to make connections between private issues and broader elements of society’s problems that are otherwise hidden. Nor are they afraid of using their work to address the challenges of the day.
As the practice of freedom, critical pedagogy arises from the conviction that artists, educators and other cultural workers have a responsibility to unsettle power, trouble consensus, and challenge common sense. This is a view of pedagogy that should disturb, inspire, and energize a vast array of individuals and publics. Critical pedagogy comes with the responsibility to view intellectual and artistic work as public, assuming a duty to enter into the public sphere unafraid to take positions and generate controversy, functioning as moral witnesses, raising political awareness, making connections to those elements of power and politics often hidden from public view, and reminding “the audience of the moral questions that may be hidden in the clamor and din of the public debate.”[5]
…our responsibilities as cultural workers cannot be separated from the consequences of the knowledge we produce, the social relations we legitimate, and the ideologies and identities we offer…
Pedagogy is not a method but a moral and political practice, one that recognizes the relationship between knowledge and power, and at the same time realizes that central to all pedagogical practices is a struggle over agency, power, politics, and the formative cultures that make a radical democracy possible. This view of pedagogy does not mould, but inspires, and at the same time it is directive, capable of imagining a better world, the unfinished nature of agency, and the need to consistently reimagine a democracy that is never finished. In this sense, critical pedagogy is a form of educated hope committed to producing young people capable and willing to expand and deepen their sense of themselves, to think the “world” critically, “to imagine something other than their own well-being,” to serve the public good, take risks, and struggle for a substantive democracy that is now in a state of acute crisis as the dark clouds of totalitarianism are increasingly threatening to destroy democracy itself on a global scale.[6]
Pedagogy is always the outcome of struggles, especially in terms of how pedagogical practices produce particular notions of citizenship and an inclusive democracy. Pedagogy looms large in this instance not as a technique or a prioriset of methods but as a political and moral practice. As a political practice, pedagogy illuminates the relationship among power, knowledge, and ideology, while self-consciously, if not self-critically, recognizing the role it plays as a deliberate attempt to influence how and what knowledge and identities are produced within particular sets of social relations. As a moral practice, pedagogy recognizes that what cultural workers, artists, activists, media workers and others teach cannot be abstracted from what it means to invest in public life, presuppose some notion of the future, or locate oneself in a public discourse.
The moral implications of pedagogy also suggest that our responsibilities as cultural workers cannot be separated from the consequences of the knowledge we produce, the social relations we legitimate, and the ideologies and identities we offer up to students. Refusing to decouple politics from pedagogy means, in part, that teaching in classrooms or in any other public sphere should not only simply honor the experiences people bring to such sites, including the classroom, but should also connect their experiences to specific problems that emanate from the material contexts of their everyday life. Pedagogy in this sense becomes performative in that it is not merely about deconstructing texts but about situating politics itself within a broader set of relations that addresses what it might mean to create modes of individual and social agency that enables rather than shuts down democratic values, practices, and social relations. Such a project recognizes not only the political nature of pedagogy, but also situates it within a call for artists, intellectuals, and others to assume responsibility for their actions, to link their teachings to those moral principles that allow us to do something about human suffering, as Susan Sontag once suggested.[7] Part of this task necessitates that cultural workers anchor their own work, however diverse, in a radical project that seriously engages the promise of an unrealized democracy against its really existing and radically incomplete forms. Of crucial importance to such a project is rejecting the assumption that theory can understand social problems without contesting their appearance in public life. Yet, any viable cultural politics needs a socially committed notion of injustice if we are to take seriously what it means to fight for the idea of good society. I think Zygmunt Bauman is right in arguing that “If there is no room for the idea of wrong society, there is hardly much chance for the idea of good society to be born, let alone make waves.”[8]
“left intellectuals must recognize that the most important forms of domination are not only economic but also intellectual and pedagogical, and lie on the side of belief and persuasion.”
Artists and other cultural workers should consider being more forceful, if not committed, to linking their overall politics to modes of critique and collective action that address the presupposition that democratic societies are never too just or just enough, and such a recognition means that a society must constantly nurture the possibilities for self-critique, collective agency, and forms of citizenship in which people play a fundamental role in critically discussing, administrating and shaping the material relations of power and ideological forces that bear down on their everyday lives. At stake here is the task, as Jacques Derrida insists, of viewing the project of democracy as a promise, a possibility rooted in an ongoing struggle for economic, cultural, and social justice.[9] Democracy in this instance is not a sutured or formalistic regime, it is the site of struggle itself. The struggle over creating an inclusive and just democracy can take many forms, offers no political guarantees, and provides an important normative dimension to politics as an ongoing process of democratization that never ends. Such a project is based on the realization that a democracy that is open to exchange, question, and self-criticism never reaches the limits of justice.
Theorists such as Raymond Williams and Cornelius Castoriadis recognized that the crisis of democracy was not only about the crisis of culture but also the crisis of pedagogy and education. Cultural workers would do well to take account of the profound transformations taking place in the public sphere and reclaim pedagogy as a central category of politics itself. Pierre Bourdieu was right when he stated that cultural workers have too often “underestimated the symbolic and pedagogical dimensions of struggle and have not always forged appropriate weapons to fight on this front.”[10] He goes on to say in a later conversation with Gunter Grass that “left intellectuals must recognize that the most important forms of domination are not only economic but also intellectual and pedagogical, and lie on the side of belief and persuasion. Important to recognize that intellectuals bear an enormous responsibility for challenging this form of domination.”[11] These are important pedagogical interventions and imply rightly that critical pedagogy in the broadest sense is not just about understanding, however critical, but also provides the conditions, ideals, and practices necessary for assuming the responsibilities we have as citizens to expose human misery and to eliminate the conditions that produce it. Matters of responsibility, social action, and political intervention do not simply develop out of social critique but also forms of self-critique. The relationship between knowledge and power, on the one hand, and creativity and politics, on the other, should always be self-reflexive about its effects, how it relates to the larger world, whether or not it is open to new understandings, and what it might mean pedagogically to take seriously matters of individual and social responsibility. In short, this project points to the need for cultural workers to address critical pedagogy not only as a mode of educated hope and a crucial element of an insurrectional educational project, but also as a practice that addresses the possibility of interpretation as intervention in the world.
Graziela Kunsch, Escolas [Schools], 2016. Video, 3:45, 1920 x 1080, 16:9, NTSC, color, no sound. Courtesy of the artist and featured in the exhibition, Back to the Sandbox: Art and Radical Pedagogy at the Western Gallery, Western Washington University, Bellingham, WA.
Critical pedagogy can neither be reduced to a method nor is it non-directive in the manner of a spontaneous conversation with friends over coffee. As public intellectuals, authority must be reconfigured not as a way to stifle the curiosity and deaden the imagination, but as a platform that provided the conditions for students to learn the knowledge, skills, values, and social relationships that enhance their capacities to assume authority over the forces that shape their lives both in and out of schools. Power and authority are always related, but such a relationship must never operate in the service of domination or the stifling of autonomy but in the service of what I have called the practice of freedom. The notion that authority is always on the side of repression and that pedagogy should never be directive is for all practical purposes a political and theoretical flight from the educator assuming a sense of moral and political responsibility. For artists and educators to be voiceless, renounce the knowledge that gives them a sense of authority, and to assume that a wider public does not need to be exposed to modes of knowledge, histories, and values outside of their immediate experience is to forget that pedagogy is always about the struggle over knowledge, desire, identity, values, agency, and a vision of the future. Critical pedagogy for public intellectuals must always be attentive to addressing the democratic potential of engaging how experience, knowledge, and power are shaped in the classroom in different and often unequal contexts, and how teacher authority might be mobilized against dominant pedagogical practices as part of the practice of freedom, particularly those practices that erase any trace of subaltern histories, historical legacies of class struggles, and the ever persistent historical traces and current structures of racial and gender inequalities and injustices. In this sense, teacher authority must be linked both to a never-ending sense of historical memory, existing inequities, and a “hopeful version of democracy where the outcome is a more just, equitable society that works toward the end of oppression and suffering of all.”[12] As I have said elsewhere:
Authority in this perspective is not simply on the side of oppression, but is used to intervene and shape the space of teaching and learning to provide students with a range of possibilities for challenging a society’s commonsense assumptions, and for analyzing the interface between their own everyday lives and those broader social formations that bear down on them. Authority, at best, becomes both a referent for legitimating a commitment to a particular vision of pedagogy and a critical referent for a kind of autocritique.[13]
Any viable understanding of the artist and educator as a public intellectual must begin with the recognition that democracy begins to fail and civic life becomes impoverished when pedagogy is no longer viewed as central to politics. This is clearly the case as made visible in the election of Donald Trump to the presidency. Trump’s claim that he loves the uneducated appears to have paid off for him just as his victory makes clear that ignorance rather than reason, emotion rather than informed judgment, and the threat of violence rather than critical exchange appear to have more currency in the age of Trump. In part, this political tragedy signifies the failure of the American public to recognize the educative nature of how agency is constructed, to address the necessity for moral witnessing, and the need to create a formative culture that produces critically engaged and socially responsible citizens. Such a failure empties democracy of any meaning. Such actions represent more than a flight from political and social responsibility; they also represent a surrender to the dark forces of authoritarianism. Democracy should be a way of thinking about education in a variety of spheres and practices, one that thrives on connecting equity to excellence, learning to ethics, and agency to the imperatives of the public good.[14] The question regarding what role education and pedagogy should play in democracy becomes all the more urgent at a time when the dark forces of authoritarianism are on the march all over the globe. Public values, trust, solidarities, and modes of education are under siege. As such, the discourses of hate, humiliation, rabid self-interest, and greed are exercising a poisonous influence in many Western societies. This is most evident at the present moment in the discourse of the right-wing extremists vying to consolidate their authority within a Trump presidency, all of whom sanction a war on immigrants, women, young people, poor Black youth, and so it goes. Under such circumstances, democracy is on life support. Yet rather than being a rationale for cynicism, radical democracy as both a pedagogical project and unfinished ideal should create an individual and collective sense of moral and political outrage, a new understanding of politics, and the pedagogical projects needed to allow democracy to breathe once again.
If the authoritarianism of the Trump era is to be challenged, it must begin with a politics that is comprehensive in its attempts to understand the intersectionality of diverse forces of oppression and resistance.
Trump’s presence in American politics has made visible a plague of deep-seated civic illiteracy, a corrupt political system, and a contempt for reason; it also points to the withering of civic attachments, the collapse of politics into the spectacle of celebrity culture, the decline of public life, the use of violence and fear to numb people into shock, and a willingness to transform politics into a pathology. Trump’s administration will produce a great deal of violence in American society, particularly among the ranks of the most vulnerable: poor children, minorities of colour, immigrants, women, climate change advocates, Muslims, and those protesting a Trump presidency. What must be made clear is that Trump’s election and the damage he will do to American society will stay and fester for quite some time because he is only symptomatic of the darker forces that have been smoldering in American politics for the last 40 years. What cannot be exaggerated or easily dismissed is that Trump is the end result of a longstanding series of attacks on democracy and that his presence in the American political landscape has put democracy on trial. This is a challenge that artists, educators, and others must address. While mass civil demonstrations have and continue to erupt over Trump’s election, what is more crucial to understand is that something more serious needs to be addressed. We have to acknowledge that at this particular moment in American history the real issue is not simply about resisting Donald Trump’s insidious values and anti-democratic policies but whether a political system can be reclaimed in which democracy is not on trial but is deepened, strengthened and sustained. This will not happen unless new modes of representation challenge the aesthetics, culture, and discourse of neo-fascism. Yet, under a Trump presidency, it will be more difficult to sustain, construct, and nurture those public spheres that sustain critique, informed dialogue, and a work to expand the radical imagination. If democracy is to prevail in and through the threat of “dark times,” it is crucial that the avenues of critique and possibility become central to any new understanding of politics. If the authoritarianism of the Trump era is to be challenged, it must begin with a politics that is comprehensive in its attempts to understand the intersectionality of diverse forces of oppression and resistance. That is, on the one hand, it must move towards developing analyses that address the existing state of authoritarianism through a totalizing lens that brings together the diverse registers of oppression and how they are both connected and mutually reinforce each other. On the other hand, such a politics must, as Robin D.G. Kelley has noted, “move beyond stopgap alliances”[15] and work to unite single issue movements into a more comprehensive and broad-based social movement that can make a viable claim to a resistance that is as integrated as it is powerful. For too long progressive cultural workers and activists have adhered to a narrative about domination that relies mostly on remaking economic structures and presenting to the public what might be called a barrage of demystifying facts and an aesthetics of transgression. What they have ignored is that people also internalize oppression and that domination is about not only the crisis of economics, images that deaden the imagination, and the misrepresentation of reality, but also about the crisis of agency, identification, meaning, and desire.
The crisis of economics and politics in the Trump era has not been matched by a crisis of consciousness and agency. The failure to develop a crisis of consciousness is deeply rooted in a society in that suffers from a plague of atomization, loneliness, and despair. Neoliberalism has undermined any democratic understanding of freedom, limiting its meaning to the dictates of consumerism, hatred of government, and a politics in which the personal is the only emotional referent that matters. Freedom has collapsed into the dark abyss of a vapid and unchecked individualism and in doing so has cancelled out that capacious notion of freedom rooted in bonds of solidarity, compassion, social responsibility, and the bonds of social obligations. The toxic neoliberal combination of unchecked economic growth and its discourse of plundering the earth’s resources, coupled with a rabid individualism marked largely by its pathological disdain for community and public values, has weakened democratic pressures, values, and social relations and opened the door for the election of Donald Trump to the American Presidency. This collapse of democratic politics points to an absence in progressive movements and among various types of public intellectuals about how to address the importance of emotional connections among the masses, take seriously how to connect with others through pedagogical tools that demand respect, empathy, a willingness to listen to other stories, and to think seriously about how to change consciousness as an educative task. The latter is particularly important because it speaks to the necessity politically address the challenge of awakening modes of identification coupled with the use of language not merely to demystify but to persuade people that the issues that matter have something to do with their lived realities and daily lives. Pressing the claim for economic and political justice means working hard to develop alternative modes of consciousness, promote the proliferation of democratic public spheres, create the conditions for modes of mass resistance, and make the development of sustainable social movements central to any viable struggle for economic, political, and social justice. No viable democracy can exist without citizens who value and are willing to work towards the common good. That is as much a pedagogical question as it is a political challenge.
[1] Henry A. Giroux, On Critical Pedagogy (New York: Bloomsbury, 2011).
[2] On this issue, see Henry A. Giroux, Neoliberalism’s War on Higher Education(Chicago: Haymarket Press, 2014); Susan Searls Giroux, “On the Civic Function of Intellectuals Today,” in Gary Olson and Lynn Worsham, eds. Education as Civic Engagement: Toward a More Democratic Society (Boulder: Paradigm Publishers, 2012), pp. ix-xvii.
[4] Edward Said, Out of Place: A Memoir (New York: Vintage, 2000) p. 7.
[5] Edward Said, “On Defiance and Taking Positions,” Reflections On Exile and Other Essays (Cambridge: Harvard University Press, 2001), p. 504.
[6] See, especially, Christopher Newfield, Unmaking the Public University: The Forty-Year Assault on the Middle Class (Cambridge: Harvard University Press, 2008).
[7] Susan Sontag, “Courage and Resistance,” The Nation (May 5, 2003), pp. 11-14.
[8] Zygmunt Bauman, Society under Siege (Malden, MA: Blackwell: 2002), p. 170.
[9] Jacques Derrida, “Intellectual Courage: An Interview,” trans. Peter Krapp, Culture Machine, Volume 2 (2000), pp. 1-15.
[10] Pierre Bourdieu, Acts of Resistance (New York: Free Press, 1998), p. 11.
[11] Pierre Bourdieu and Gunter Grass, “The ‘Progressive’ Restoration: A Franco-German Dialogue,” New Left Review 14 (March-April, 2002), P. 2
[12] Richard Voelz, “Reconsidering the Image of Preacher-Teacher: Intersections between Henry Giroux’s Critical Pedagogy and Homiletics,” Practical Matters (Spring 2014), p. 79.
[13] Henry A. Giroux, On Critical Pedagogy (New York: Continuum, 2011) p.81.
[14] Henry A. Giroux, Dangerous Thinking in the Age of the New Authoritarianism(New York: Routledge, 2015).
[15] Robin D. G. Kelley, “After Trump,” Boston Review (November 15, 2016). Online: http://bostonreview.net/forum/after-trump/robin-d-g-kelley-trump-says-go-back-we-say-fight-back
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