Por: La Jornada. 16/06/2017
Existe una deuda histórica con las escuelas normales rurales de nuestro país, que después de la revolución mexicana fueron concebidas como un proyecto encaminado a generar actores clave para relación entre el gobierno y el sector campesino. Constantemente en pie de lucha debido a los condicionamientos de recursos (basta con comparar la infraestructura y equipamiento de cualquier universidad o instituto tecnológico con las escuelas normales), las y los estudiantes reclaman entre otras cosas: las malas condiciones de las escuelas, la insuficiencia de sus becas y los topes a la matrícula. Adicionalmente, cargan con el estigma social que se les ha creado por levantar la voz, denostando su capacidad y la legitimidad de sus peticiones.
Lo que ha sucedido en los días recientes contra las estudiantes de la Escuela Normal Justo Sierra Méndez en la exhacienda de Cañada Honda en nuestro estado, no es la excepción. Militantes de partidos políticos e integrantes de medios masivos de comunicación y gran cantidad de gente en las redes sociales han expresado opiniones hostiles que las descalifican, vilifican y agreden; se les amenaza con violencia sexual y destrucción; se les describe como seres que sobran en la sociedad. Se circulan infografías y datos descontextualizados sobre el presupuesto destinado a la Escuela, pareciera con el ánimo de exaltar la opinión social en contra de las normalistas, sin hacer un análisis completo de la situación compleja en el origen, función e impacto que esta escuela normal ha representado para las comunidades rurales en las que sus egresadas se han insertado.
Por otro lado, el gobierno estatal quiere imponer la medida de hacer la Escuela Normal mixta, haciendo una mala interpretación de la equidad de género y sin considerar las razones de fondo por las cuales es conveniente que este plantel permanezca como una opción educativa específica para mujeres. Esta escuela funciona como un internado en el que las estudiantes, mujeres jóvenes rurales, cuentan con pocos o nulos recursos para acceder a otras modalidades educativas fuera de su comunidad. Esta medida vertical y no consensuada, sin considerar el contexto y características de las estudiantes, no puede ser bienvenida.
Las normalistas de Cañada Honda hoy requieren de la sociedad de Aguascalientes un juicio más justo, una atención más empática, una mirada más abierta, una actitud más imparcial, de la que en los últimos días se ha manifestado en medios de comunicación, redes sociales y declaraciones gubernamentales. Bloqueos, marchas, pintas y presencia de normalistas de otras entidades son la respuesta a la falta de escucha social en general y a la falta de receptividad y habilidades de negociación del gobierno en particular. Son la reacción -quizá no la más afortunada, sobre todo la del bloqueo de las vías de comunicación‐ de un sector de las comunidades rurales, que busca defender una opción formativa y laboral que ha representado para sus familias la posibilidad de mejorar generacionalmente sus condiciones de vida.
Lamentable e históricamente también, la estrategia del gobierno ha sido cortar los suministros cuando están en paro, ya que conocen las condiciones tan limitadas de sobrevivencia con las que cuentan, además de amenazar con medidas impositivas no contextualizadas, sin resolver las condiciones de origen.
El enfoque de las normales rurales se ha fortalecido en medio de la adversidad, del clasismo y del desprestigio, formando líderes, personas autónomas, responsables y con autonomía, jóvenes que son observadoras de las necesidades del medio rural. El recuerdo presente de Ayotzinapa, debe servir para que repudiemos cualquier respuesta violenta del estado, que tiene la obligación de elevar su nivel de negociación para resguardar ante todo la integridad física y psicológica de las jóvenes, con pleno respeto a sus derechos humanos, demostrando su comprensión histórica y social de la situación de las normalistas de Cañada Honda.
Exigimos un gobierno que esté a la altura de ello, demostrando su capacidad de conciliar por vía pacífica. Lo contrario significaría un agravio a la ciudadanía de Aguascalientes y dejará en entredicho su habilidad para gobernar ante los retos que se le presentan sin la tentación del uso desproporcionado de la fuerza pública.
Todas y todos estaremos observando.
Fuente: http://www.lja.mx/2017/06/una-lucha-historica-derecho-a-la-educacion/
Fotografía: La Jornada
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