Con esta concepción, el gobierno de Raúl Alfonsín, que asumió el 10 de diciembre de 1983, rápidamente emprendió una profunda revisión de los contenidos escolares prescritos por la dictadura. También trabajó fuertemente en la modificación de las reglamentaciones autoritarias que regulaban el funcionamiento de las instituciones educativas. Si bien el cambio en los diseños curriculares se puede implementar con relativa rapidez, la llegada de los nuevos contenidos a las aulas es un proceso de mediano plazo porque está mediatizada, entre otros factores, por la edición de nuevos libros y la capacitación docente en los valores y saberes a transmitir. Respecto del funcionamiento democrático de las instituciones educativas, se trata de un proceso aún más extendido en el tiempo. No se trata únicamente de cambiar las reglamentaciones. Es necesario un cambio muy profundo en la cultura escolar, que estaba muy marcada por la impronta autoritaria de la dictadura. Como todos sabemos, el cambio de las actitudes de las personas es un proceso mucho más complejo que la modificación de los documentos. Exige políticas de Estado que trasciendan los períodos constitucionales y se legitimen en la vida cotidiana.

Es así que durante los años que sucedieron a estas primeras iniciativas, la democratización de contenidos y prácticas escolares fue avanzando con distintas intensidades de acuerdo a los diferentes contextos políticos que ocurrieron en el país. La preocupación por el papel de la educación respecto a la formación de ciudadanos con profunda vocación democrática y conciencia sobre el respeto integral a los derechos humanos volvió a cobrar fuerza a partir de las políticas llevadas adelante desde 2003. No fue una decisión particular de las autoridades educativas. Fue parte de una política más general llevada adelante por el gobierno que colocó la necesidad de recuperar los valores de Memoria, Verdad y Justicia como ejes de la voluntad del Estado de que esos crímenes no se repitieran. Y de una comunidad convencida de que el recuerdo de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado y el fin de la impunidad a quienes violaron los derechos humanos más elementales debían ser la base para construir una sociedad donde el Nunca Más se convirtiera en una realidad.

Programas. El cumplimiento de los 20 años de la recuperación de la democracia en el 2003 permitió comenzar a desarrollar un conjunto de programas educativos que produjeron materiales y capacitación docente para llegar a las escuelas de todos los niveles. La conformación de una comisión políticamente plural y de características multidisciplinarias garantizó que tanto contenidos como programas representaran el conjunto de problemáticas y perspectivas presentes en la temática de los derechos humanos. La concepción que se privilegió excedía la idea que la temática de los derechos humanos se circunscriba a las violaciones que ocurrieron durante el gobierno militar. Uno de los ejes centrales de los programas fue el trabajo de educar en la diversidad. Ello significó poner énfasis en que la escuela al mismo tiempo que debe igualar las condiciones socioeconómicas y educativas de los alumnos debe trabajar para promover y respetar la diversidad cultural. Se trabajó con el concepto de dejar de lado el histórico precepto de «crisol de razas» a partir de lo cual la educación debía transformar a quienes provenían de hogares con historias y culturas muy diferentes en «argentinos» uniformemente diseñados a partir de la cultura dominante. En la Argentina democrática hay que promover una escuela que dedique tanto esfuerzo en generar igualdad de oportunidades como preservar la diversidad cultural. En palabras de Emilia Ferreiro, «… Si el otro es diferente, tengo mucho para aprender de él…».

La creación del Canal Encuentro y posteriormente del Canal Paka Paka permitió contar con dos poderosas herramientas comunicacionales para que la educación escolar estuviera acompañada de múltiples mensajes multimediales. Un paso importante para institucionalizar el trabajo en memoria y derechos humanos fue la aprobación de la nueva ley nacional de educación. En el debate que precedió a su aprobación, en el cual participaron más de 4 millones de docentes, padres y alumnos, se acordó por unanimidad que los contenidos vinculados a la democracia y los derechos humanos debían estar obligatoriamente presentes en forma transversal en el conjunto de los niveles del sistema educativo. Ello quedó plasmado en el artículo 92 de la ley, que establece que los contenidos curriculares de todas las jurisdicciones deben incluir el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado. Los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley Nº 26.061; la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus derechos; además de los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos; completan los objetivos de la ley para generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.

Como todos sabemos, que se haya incorporado en el texto de la ley es importante, pero no alcanza. Es necesario que estos contenidos y valores entren en las aulas y en la vida cotidiana de las escuelas de la mano de los aprendizajes que transmiten nuestros docentes a través de sus saberes y comportamiento cotidianos. Los chicos y jóvenes no aprenden sólo a partir de lo que enseñamos con los textos y las clases teóricas. Ellos aprenden principalmente por lo que transmitimos a través de nuestras conductas. No solo por lo que decimos sino por lo que hacemos. Por ello una escuela profundamente democrática y respetuosa de los derechos humanos y la no discriminación es aquella donde estos valores se viven cotidianamente.

Como señalamos anteriormente, esta construcción social requiere de políticas de Estado de mediano y largo plazo. No son patrimonio de un gobierno. Es mucho lo que se ha avanzado desde diciembre de 1983, pero es mucho más lo que aún resta por hacer. A 40 años del Golpe cívico militar, de la dictadura más trágica de nuestra historia, la escuela sigue siendo la principal herramienta para formar a los ciudadanos con los valores necesarios para que este tipo de atrocidad no vuelva a ocurrir y para construir una sociedad cada vez más integradora y justa.

publicado primeramente por: http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2016/03/19/noticia_0090.html