América del sur/Brasil/28 Febrero 2019/Fuente: Prensa Latina
Un total de 536 mujeres fueron agredidas por hora en este país durante 2018, según el estudio Visible e Invisible: la victimización de mujeres en Brasil, realizado por el Foro de Seguridad Pública, divulgado hoy.
Los datos muestran que la mayoría de los casos de violencia contra la mujer son practicados por un conocido. Casi un 24 por ciento de esas víctimas relatan que fueron agredidas por un asociado, 21 por el vecino y 15 por excompañero.
La directora del Foro Brasileño de Seguridad Pública, Samira Bueno, alertó sobre el crecimiento de la violencia en el ámbito privado.
Tres por ciento de las entrevistadas cuentan que sufrieron algún tipo de violencia en un bar o establecimiento nocturno, un ocho en el trabajo o Internet, un 29 fueron víctimas en la calle y un 42 agredidas en casa.
De los 16 millones de brasileñas que sufrieron algún tipo de violencia, casi un 43 por ciento son jóvenes entre 16 y 24 años.
Las mujeres con educación media o superior reportan más casos de acoso y agresiones que aquellas que solo cursaron la enseñanza básica.
Para Samira Bueno, del Foro Brasileño de Seguridad Pública, el dato muestra que la información es el camino para la denuncia.
Al menos 52 por ciento de las víctimas de la violencia no hicieron nada después de sufrir una agresión. Solo un 10 por ciento buscó una comisaría especializada y un ocho una común.
Por otra parte, el 59 por ciento de la población afirma haber visto a una mujer siendo agredida física o verbalmente el pasado año.
Todos los domingos de febrero, Malba cinepresenta MOCHA. Nuestra lucha, Su vida, Mi derecho, una creación colectiva del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, dirigida por Francisco Quiñones Cuartas y Rayan Hindi, que cuenta la historia de la primera escuela del mundo crítica de las desigualdades de género, que está orientada, aunque no de forma excluyente, a personas trans, travestis y transexuales.
Realizado por los propios estudiantes, quienes contaron sus historias y escribieron el guión, el documental, que también podrá verse a partir del 28 de febrero en el cine Gaumont, ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival Asterisco 2018, y en el Rio Festival de Gênero & Sexualidade no Cinema, de Río de Janeiro, y fue seleccionado para competir en el 34° Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se realizará del 8 al 15 de marzo, por el Premio Maguey que premia lo mejor del cine LGTBQ del mundo.
Para conocer algunos detalles más de esta obra, una historia de inclusión y aprendizaje, dentro y fuera del aula, Palabras dialogó con de Francisco Quiñones Cuartas, director del film y del bachillerato Mocha Celis.
¿Cómo surge el proyecto de realizar este documental?
Además de director del bachillereto, yo soy documentalista, productor y director de radio y televisión, y uno de mis primeros contactos con este tema fue hace más de diez años cuando trabajaba en otro proyecto también documental para contar la historia de la cooperativa Nadia Echazú, a partir del que conocí a Lohana Berkins.
En ese momento, teníamos la idea de hacer ese docu, y fuimos a contárselo a Lohana, que desde el inicio nos planteó: “Todo bien, mucho cine, mucho cine, pero siempre muestran la misma imagen”. Ella estaba convencida que los medios de comunicación siempre muestran de una sola forma a las personas travestis y trans, que nunca les dan la oportunidad de construir otros relatos, y que, por lo tanto, en el imaginario social siempre hay una misma construcción.
Obviamente, en aquel momento intenté convencerla que en nuestro caso no era así, y Lohana simplemente dijo: “Dale, dibujá una travesti, entonces”, y yo quedé tieso. Finalmente, llegamos a un acuerdo: nosotros nos encargaríamos de lo técnico, y los miembros de la cooperativa de todo lo demás. Así nació Furia Travesti, el documental, pero también en el proceso me empecé a cruzar con muchos de los compañeros y compañeras, militantes y activistas con quienes empezamos a gestar el proyecto del bachiller Mocha Celis.
En el proceso de trabajo para Furia, Lohana me había mandado a leer La gesta del nombre propio, y Cumbia copeteo y lágrimas, dos libros que te enfrentaban con datos crudísimos, como que el promedio de vida de las personas travestis y trans era de 35 años, además de cuestiones relativas a la salud, la educación, etc, por eso, en paralelo a la realización, comenzamos a pensar la idea de tener una escuela, aunque siempre creyendo que algo así ya debía existir.
Llamamos a Lohana para contarle el proyecto y nos dijo que le parecía excelente, que no existía nada igual, que esta era nuestra oportunidad, que debíamos hacerlo ya. También nos dijo cómo se debía llamar, donde podía estar ubicada, con quién debíamos hablar…motorizó todo, así era Lohana.
Y así llegamos a construir el Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, la primera escuela del mundo crítica de las desigualdades de género, que está orientado, aunque no de forma excluyente, a personas trans, travestis y transexuales, que finalmente pudimos inaugurar el 11 del 11 de 2011, y donde hoy estudian más de 120 personas, muchas trans pero también mamás solteras, afrodescendientes, mujeres mayores de 50 años.
¿Y desde aquel Furia que es semilla del bachiller cómo surge la posibilidad de hacer esta nueva producción?
Hacia finales de 2014, cuando se recibió el primer grupo, empezamos a darnos cuenta que lidiábamos con un problema porque muchos se acercaban a la escuela intentando contar la historia del Mocha Celis, como lo había hecho yo diez años antes con la de la cooperativa, con buenas intenciones, pero generando una sensación de zoologización en quienes estaban estudiando: con gente que entraba todo el tiempo, a veces sin avisar, sacaban fotos, etc.
Entonces, nuevamente, recordando las palabras de Lohana surgió la necesidad y la posibilidad de construir un relato propio, que sirva para replicar la experiencia, para que otras personas quieran terminar los estudios identificándose con quienes cuentan esta historia, y que les brinde además a las estudiantes la posibilidad de revertir esos imaginarios instituidos, con relatos en primera persona, que los reconozcan como sujetos productores de sentido y conocimiento. Definitivamente, cerraba por todos lados.
Empezamos a armar el proyecto, hicimos un crowfunding para conseguir el dinero para financiarlo, y en el Bachi Mocha los estudiantes adquirieron herramientas audiovisuales, y comenzaron a trabajar para hacer una película que reflejara quiénes son y qué les ha pasado, con la intención de promover la idea de que otra educación es posible y que a través de esta, ellos tienen nuevos horizontes.
Así, llegamos a generar este contenido de calidad, que puede presentarse en espacios masivos de difusión como los cines, los festivales o el Malba, que muchas veces están vedados para los cuerpos que construyeron este trabajo.
¿Y cómo estructuraron la historia?
El documental corre sobre tres líneas, la historia de Mocha, una travestique migró de Tucumán y que fue asesinada por la policía en los años 90 en la zona de Flores, mayormente ficcionalizada, la de la producción del docu, que tiene muchos materiales de detrás de cámara, y la de la institución, con entrevistas, en un formato documental más clásico.
Un planteo que creo resulta en una acción de visibilidad muy grande que parte del corazón del propio espacio, sin golpes bajos, sin reproducir la tristeza, sin caer en la pedagogía de la crueldad, construida desde la pedagogía travesti del amor, recordando aquello que escribió Lohana en su carta de despedida: “el amor que nos negaron es el motor de nuestro movimiento”.
¿Y además de las excelentes críticas y la recorrida por festivales qué ha generado hasta aquí el material?
Están pasando muchas cosas afortunadamente, porque aunque hace siete años que estamos trabajando todavía hay mucha gente que no nos conoce, y que a partir de ver el docu, o leer comentarios sobre el material se empezó a comunicar, y muchas chicas que no sabían que existía el Mocha se han empezado a anotar en la escuela.
Luego, particularmente me encanta cuando veo que muchas personas al ver el documental plantean cosas como: “nunca había pensado que el tema de la vivienda era tan importante”, “no había reparado que tener un hogar te organiza la vida y lo duro que es vivir teniendo que mudarte todo el tiempo”, muchas cosas que uno no ve, porque las da por sentadas, y que aquí se exponen desde un lugar que genera empatía.
También es interesante como el documental muestra como es la agencia del tiempo en las personas trans, porque si sumamos la cantidad de veces que han sido detenidas solo por el hecho de ser, en general todas suman más de cinco años, es una carrera universitaria promedio; o como da cuenta de situaciones como la de Claudia, que aparece en el documental, que superó el promedio de 35 años de vida, es una sobreviviente, y tiene planteos sobre cómo tener una vejez digna, que desnudan una realidad que mucha gente no conoce.
Y todo generando empatía, por eso siempre decimos que una de las acepciones del término trans es “más allá de”, algo que para nosotros es central, porque, en definitiva, más allá de nuestras cuestiones de identidad, o expresión de género, o de nuestra sexualidad, todos y todas tenemos derechos que deben ser garantizados.
¿Junto a lo anterior se han acercado personas interesadas en replicar la experiencia y cómo continúa el proyecto de la escuela?
Afortunadamente eso ya está sucediendo, ya hay 22 preuniversitarios en Brasil, uno en Chile, una escuela hermana en Tucumán, un plan fines dentro de la Universidad de Avellaneda, y luego de la película se han acercado muchas personas con ganas de replicarla, preguntándonos cómo lo hicimos.
Nosotros, en tanto, continuamos funcionando dentro de la mutual Sentimiento, tenemos títulos oficiales, y parte del grupo de docentes reconocido, pero también tenemos una parte que no lo está, que trabaja ad honorem porque no tenemos financiamiento integral del Estado, y todo el tiempo tenemos que hacer eventos y otras acciones para poder sostener la escuela.
Además, así como se hizo el documental todos los años producimos otros contenidos que nos permiten sensibilizar y generar sentido de manera colectiva, materiales como La revolución de las mariposas, un libro que actualiza La gesta del nombre propio, la obra que nos dio Lohana cuando comenzó la escuela, pero donde las propias estudiantes son las que hacen las entrevistas, procesan los datos, etc. generando una herramienta que es consultada incluso por las agencias estatales, porque compila y analiza los datos existentes, frente a la ausencia de datos oficiales. Si sin financiamiento integral podemos hacer todo esto, es inimaginable lo que se podría lograr si el Estado estuviera presente en el Bachi Mocha, como tiene que hacerlo en todas las instituciones educativas.
Chico Mendes, reconocido luchador del norte de Brasil, fue asesinado en 1988 por sicarios en el marco de su lucha por los derechos de los trabajadores del caucho, las riberas y los pueblos originarios.
“El don de despertar en el pasado las centellas de la esperanza es privilegio exclusivo del historiador convencido de que tampoco los muertos estarán seguros si el enemigo vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer” (Walter Benjamin, Tesis sobre el concepto de historia, 1940)
Ricardo Salles, el ministro de Medioambiente de Bolsonaro, se dijo ignorante y consideró irrelevante la figura de Chico Mendes en una entrevista televisiva. El repudio en las redes puso a Chico Mendes en el trending topic a nivel global. ¿Por qué tanto odio y desprecio hacia el mundialmente reconocido luchador asesinado? El plan del gobierno de Bolsonaro contempla un avance en la quita de derechos por los que Mendes luchó.
El triunfo electoral de Bolsonaro y todo un pool de reaccionarios en octubre pasado con la enorme ayuda del poder judicial y apoyo militar implica no solo la preparación para salvajes ataques a los derechos laborales, como la reforma previsional, o las privatizaciones, o quitas a los derechos de las mujeres, de los educadores, de los niños, de la diversidad sexual. Significa además un intento de reescribir la historia.
El vicepresidente Hamilton Mourão y el presidente de la Corte Suprema, José Toffoli hablan de “movimiento del 64” y ya no de golpe. En ese marco, el ataque a Chico Mendes se inscribe en el intento de abrir aun más el campo al agronegocio y quitarle derechos a los trabajadores rurales, pueblos ribereños, negros y pueblos originarios.
Chico Mendes, fundador del PT y la CUT en el estado de Acre, región norte de Brasil, fue asesinado por pistoleros al mando de quienes se oponían a la expropiación de una hacienda para transformarla en “reserva extractivista”, de propiedad de la Unión bajo gestión de los trabajadores del caucho, ribereños y pueblos originarios. Chico Mendes defendía la expropiación de tierras para uso colectivo de esas comunidades y así chocaba con la expansión del agronegocio y su saña por pasto, tierra para la soja y derramamiento de sangre de lo que se interpusiera en su camino.
Ni bien comenzó la lucha por los derechos de los pueblos, de los trabajadores del caucho y de los bosques, Chico Mendes estuvo marcado para morir. No solo él, sino decenas de otros sindicalistas y activistas en la región. Con desdén, los medios brasileños miraban el drama en las entrañas de la Amazonia. Pocos días antes de su asesinato, el medio Jornal do Brasil se rehusó a publicar una entrevista al activista, en la que dejaba en claro quién lo amenazaba, con la que podría haber ganado tiempo de vida. Se puede leer la entrevista completa acá. Eran tiempos de poner paños fríos en las heridas, aun sangrantes, de la Constituyente.
Pocos días después del asesinato, la entrevista fue publicada. La atención a su denuncia cabía a los trabajadores y brigadas de defensa organizadas por la CUT, a los ambientalistas y parte de los medios internacionales, que por presiones de la lucha de clases en sus propios países, tenían que abrir algunas puertas a Mendes y su grito.
Hay quienes ven en ese programa defendido hace 20 años atrás por Chico Mendes un antecedente del ecosocialismo, como escribió recientemente el famoso intelectual Michel Lowy. Más allá de las polémicas sobre este concepto y los límites estratégicos de la lucha de Mendes -quien depositaba esperanzas en la Constituyente de 1988, planteaba un programa de desapropiación y una táctica de resistencia pacífica a los tractores de deforestación- su activismo entraba en ruta de colisión con el latifundio, con el agronegocio, y esa colisión le costó un tiro de escopeta en el pecho el 22 de diciembre de 1988.
El regreso del odio a Chico Mendes muestra que la llaga que estaba abierta en el ’88 no se cerró, y nos obliga a pensar en los objetivos que están detrás del odio de los terratenientes, de los capitalistas y del gobierno de Bolsonaro.
El regreso del espectro odioso de 1988
Bajo la égida del ministro detractor de Chico Mendes hay un instituto que lleva su nombre. Mendes fue asesinado el mismo año en que se terminó la Constituyente. Ese año también fueron asesinados en manos del Ejército tres trabajadores siderúrgicos en la ciudad de Volta Redonda, Rio de Janeiro.
El odio de Salles generó un amplio repudio en las redes sociales, e incluso el general Mourão se delimitó del ministro. Esta delimitación se relaciona también con las diputas en las distintas alas del pool de poder Bolsonaro. Pero las declaraciones de Salles no fueron las palabras de un idiota, llenas de sonido y furia y sin significado. Son parte constitutiva del programa de gobierno de Bolsonaro y que van mucho más allá del ala “ideológica” con la que se relaciona.
Bolsonaro no ahorró críticas a la legislación ambiental hasta que ocurrió el desastre de Brumadinho. Mourão y Heleno quieren pasar a llevar los derechos de los pueblos originarios para hacer obras en la Amazonia como la “gran línea norte” y la expansión de la ruta BR-363. La ministra de Agricultura, Tereza Cristina, quiere liberar el uso de cualquier tipo de agrotóxico. El ministro de Justicia, Sérgio Moro, redacta leyes represivas con la trillada excusa de lucha contra el narcotráfico pero que le permitirán a Bolsonaro cumplir su promesa de enjaular a militantes del MST y MTST como “terroristas”.
Pasados algo más de 20 años desde aquella Constituyente y de los asesinatos en el campo y en la industria siderúrgica, vuelven a emerger temas centrales, la historia de Brasil, las violentas discusiones de la época, entre ellas la cuestión del latifundio y el agronegocio.
Surgida como brazo político para hacer lobby en la Constituyente, y como brazo armado para esparcir sicarios por el campo, y de notorio involucramiento en el asesinato de Chico Mendes y de muchos ambientalistas y sindicalistas en el campo, la Unión Demócrata Ruralista (UDR) ubicó a su poderoso presidente, Nabhan Garcia, en un cargo crucial del gobierno de Bolsonaro: jefe de “asuntos fundiarios” del Ministerio de Agricultura.
Esto muestra que el odio de Salles a Chico Mendes no es un punto fuera de la curva sino la consecuencia directa del programa de todo el pool bolsonarista e ilustra cómo pretenden pasar revista a las heridas todavía abiertas del ’88 para pisotear a los muertos y arrancar así más tierras, derechos y sangre a los vivos.
Algunas reflexiones para salvar a los muertos de las garras de los enemigos
En Xapuri, la localidad del estado de Acre donde Mendes fue asesinado, estaba en pleno y abierto funcionamiento el brazo armado de sicarios del latifundio. Chico Mendes pagó con su vida el enfrentamiento a esos poderes y querer la expropiación de las tierras amazónicas para destinarlas a “reservas extractivistas”.
Chico Mendes dejó un breve y bonito escrito póstumo en defensa de la revolución socialista mundial dirigida a los jóvenes del futuro:
Atención, joven del futuro, el 6 de septiembre del año 2120, aniversario del primer centenario de la revolución socialista mundial que unificó a todos los pueblos del planeta en un solo ideal y en un solo pensamiento de unidad socialista, y que puso fin a todos los enemigos de la nueva sociedad. Acá quedan solo el recuerdo de un triste pasado de dolor, sufrimiento y muerte. Disculpen. Estaba soñando cuando escribí estos acontecimientos que no voy a ver. Pero tengo el placer de haber soñado”.
Si bien declamaba el socialismo internacional, no era ese el programa que defendía Chico Mendes. En la entrevista a Jornal do Brasil decía:
“La reforma vino a través de la Reserva Extractivista. Vamos a utilizar la selva en forma racional, sin destruirla. Los trabajadores del caucho, los pueblos originarios, los ribereños hace más de 100 años ocupan los bosques. Nunca la amenazaron. Los que la amenazan son los proyectos agropecuarios, los grandes madereros y las hidroeléctricas con sus inundaciones criminales. En las reservas extractivistas, vamos a comercializar e industrial los productos que los bosques generosamente nos conceden. Tenemos en los bosques el abacaba, el patoá, el açaí, el buriti, la pupunha, el babaçu, el tucumã, la copaíba, la miel de abejas, que ni los científicos conocen. Todo esto puede ser exportado, comercializado. La universidad tiene que venir a acompañar la Reserva Extractivista. Estamos abiertos a ella. La Reserva Extractivista es la única salida para que la Amazonia no desaparezca. Más aun: esta reserva no tendrá propietarios. Va a ser un bien común de la comunidad. Tenemos el usufructo, no la propiedad”.
Proponía el usufructo, la gestión de la tierra por los pueblos locales, señalando –al menos para la región amazónica- un sentido de una reforma agraria que no pasa por la propiedad privada de la tierra, si no que convive al mismo tiempo con el capitalismo que la rodea. Esta elaboración programática es un aporte para pensar otros modelos de gestión de los recursos naturales y su control por los trabajadores y pueblos locales, más aun en tiempos de crímenes capitalistas de la magnitud que se vio en Brumadinho.
La defensa de una gestión de los recursos por la población local y los trabajadores (del caucho) se choca también con el programa adoptado por el PT, que no solo no combatió sino que apoyó la expansión agrícola capitalista, el avance de la minería predatoria, mantuvo privatizada la minera Vale, adoptó el uso desenfrenado de inundaciones para hidroeléctricas, todo esto para garantizar más recursos para entregar en bandeja al imperialismo, con royalties de semillas transgénicas o a través del criminal pago de la deuda pública.
La integración del PT al régimen nacido en el ’88 incluyó su aplauso e incentivo a la soja, al ganado, al frigorífico JBS, a la exministra y vocera del agronegocio Kátia Abreu, en directo detrimento y choque con los derechos de los pueblos originarios, ribereños y trabajadores rurales. Suena totalmente fuera de lugar, para decir lo mínimo, su defensa del legado de Chico Mendes, aun limitada a la cuestión ambiental.
Fuente de la reseña: https://www.laizquierdadiario.com/Chico-Mendes-quien-fue-el-luchador-despreciado-por-el-ministro-de-medioambiente-de-Bolsonaro
América del Sur/ Argentina/ 26.02.2019/ Fuente: mst.org.ar.
Los últimos informes son lapidarios. El salario docente cayó fuerte en 2017 y en 2018. Vamos por la mayor unidad y un plan de lucha para derrotarlos.
Lo venimos alertando. Pero en vez de recomponer esa pérdida salarial, Macri y su ministro Finocchiaro, trabajan contra reloj para que no haya conflicto y se inicien las clases el 6 de marzo. Para eso cuenta con gobernantes como Vidal o Larreta. Y gobernadoras K como Alicia en Santa Cruz o Bertone en Tierra del Fuego o Schiaretti en Córdoba que ajustan igual o peor.
La totalidad de gobernadores aplicó una fuerte baja salarial el año pasado que les permitió cerrar el año con superávit. Un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) calcula una caída promedio del 11%. Y afirma que “en relación al promedio de poder adquisitivo de 2017, los salarios docentes tuvieron una caída de 21% en promedio”. Para el CEPA, en promedio, la caída del poder adquisitivo del conjunto en las provincias alcanza a $ 28.263 menos anuales.
El estudio dice además que el 80% de la docencia cayó bajo la línea de pobreza. El porcentaje parece elevado, pero lo cierto es que la mayor parte de docentes serían hoy pobres con salario. Para tener un parámetro, en provincia de Bs. As. con casi el 40% de la docencia, el inicial de una maestra está por debajo de la pobreza: con 16.500 pesos el inicial, $20.501 con 10 años de antigüedad y $22.000 quien tiene la máxima antigüedad. Mientras la línea de pobreza está en 25.700 pesos.
Otro estudio que difunde La Nación, indica que el salario docente argentino es de los más bajos del mundo. El promedio de salario anual en países de la Organización para la Cooperación y el Dessarrollo Económicos (OCDE) para docentes con 10 años de antigüedad es de 39.854 dólares, mientras en Argentina es de 19.629 dólares1. Es decir, menos de la mitad que en el mundo. Argentina está en el anteúltimo puesto sobre 37 países de la OCDE. La batalla salarial será clave para frenar o que se consolide la caída del salario real del 2018. Así quieren cumplir con reducir el déficit fiscal.
Además, la docencia bonaerense está en el puesto 14 de 24 provincias. Esa miseria salarial es responsabilidad del PJ, Scioli y Cristina, más la UCR y Cambiemos, pero también de la dirigencia Celeste y el Frente Docente que dejó correr ese ajuste que nos convierte en pobres con salario y empobrece la educación estatal. La otra cara está en la miseria presupuestaria, los recortes y sub-ejecución de partidas, mientras sigue el aumento en los subsidios a la enseñanza privada. Es hora de pararles la mano. Sin esperar a octubre…
Proponemos las siguientes mociones de lucha
6M: Exigir a la Celeste en cada gremio, en CTERA y la CTA que preparen un No Inicio de clases nacional, con paro de 72 hs o 96 hs y una Marcha Blanca Nacional. Tomar el ejemplo de la docencia universitaria en las CONADU que llama a paro nacional de 72 hs el 6, 7 y 8 de marzo.
7M: Realizar asambleas para votar la inmediata continuidad del paro, de forma sostenida, en Plenarios de Delegades y Congresos con mandato. No van los paritos de 24 o 48 hs que dilapidan la voluntad de lucha de las bases.
8M: Que CTERA, la CGT y las CTA llamen a paro general. Con movilización y plan de lucha nacional.
La Multicolor debe impulsar estas medidas para nacionalizar el conflicto desde SUTEBA junto a Santa Cruz, Capital, Mendoza y seccionales de Santa Fe, Neuquén o Río Negro, además de gremios combativos de la Federación Nacional Docente como Chaco, Tierra del Fuego y Misiones. Además de los estatales.
Solidaridad con las huelgas docentes en Denver, Chicago, Virginia y Oakland en EE.UU., en Túnez, el contundente paro docente el 14F en Colombia o la docencia de Ecuador que se sumó al paro nacional del 13F.
Presupuesto, salario docente y Congreso Pedagógico
Partida extraordinaria y aumento ya del Presupuesto Educativo Nacional al 10% del PBI.
Salario inicial de la maestra no inferior a 40 mil pesos, en una nueva matriz salarial que pase todas las sumas en negro o gris al básico para mejorar la escala y la jubilación docente. Que el gobierno de Macri aumente a 6.050 pesos el Incentivo, congelado en míseros 1.210 pesos desde julio de 2016. Y su pase al básico junto al “material didáctico”, con fondos de Nación. Recomponer el Fondo de Compensación salarial que Macri recorta y debe aportar a varias provincias que no llegan al mínimo.
Establecer por ley que Macri, Vidal y gobernadores del PJ, ministros o diputados ganen como una docente, que cobren como una directora con 10 años de antigüedad.
Que sea ley la obligatoriedad de los políticos a educar a sus hijos en la escuela estatal y atenderse en el hospital público.
Convocar a un Congreso Pedagógico donde docentes, estudiantes, familias y la comunidad educativa definamos los cambios que exige la educación estatal. No los gobiernos, empresas, iglesias y organismos como el G20, OCDE, Banco Mundial y FMI. En Buenos Aires, donde Vidal quiere enfrentar a la comunidad con la docencia, exigimos un Congreso Pedagógico provincial, como prevé la Ley 13.688 de Educación al fijar como competencia de la Dirección de Educación el “programar congresos y seminarios pedagógicos” (Art. 69, inc. 22 y 24. Además del Art. 103 inc. 4).
Para hacerlo realidad, hay plata: No pagar la deuda externa a bonistas y el FMI, la deuda es con la educación. Eliminar los subsidios a la Iglesia y educación privada para destinarlo a salario y la escuela estatal. Eliminar el impuesto al salario y poner un impuesto a las corporaciones, pooles de siembra, banqueros y megaminería (hay ejemplos de esto en los impuestos de los Art. 182, 183 y 187 en la Ley bonaerense). Además de la rebaja de dietas y sueldazos de todos los funcionarios políticos.
Así podremos alcanzar una urgente solución en paritarias, satisfactoria a la escuela estatal y sus trabajadores.
Francisco Torres, Coordinador Alternativa Docente
Denunciamos a Vidal por hacer campaña con plata del Estado
El día 20, en la Cámara de Diputados bonaerense, con Vilma Ripoll, Cele Fierro, precandidata a presidenta del MST y directivos docentes, presentamos una denuncia y pedido de interpelación contra Vidal y su Director de Educación, por hacer campaña con plata del Estado.
Al convocar las Mesas Educativas Distritales, violan veinte artículos de la Constitución y la ley de Educación. Pese a ser convocadas desde el gobierno, responden a su organización partidaria, con fines proselitistas y en contra de la docencia, sus derechos y organización.
Montan una estructura paralela que utiliza el Estado al servicio de su partido, violando también la ley electoral. Se trata de organismos alternativos a la Dirección de Educación, los Consejos Escolares y las UEGD (Unidad Educativa de Gestión Distrital). Un Estado paralelo inconstitucional.
Vidal miente porque esas Mesas son de Cambiemos y sus objetivos se superponen con las funciones de su gobierno. Un organismo paralelo no puede garantizar las clases. En Ensenada, la gobernadora mostró el uso político de estas Mesas y la simbiosis entre partido y Estado. Hablan de “transparencia”, pero al organizarlas con recursos, logos y estructura oficial, se debe investigar con qué plata se paga.
Hay una gravísima apropiación y usufructo del Estado con fines proselitistas. Vidal incurre así en delitos en el desempeño de sus funciones y falta de cumplimiento a los deberes de su cargo. Por eso fuimos a denunciar ante la Cámara de Diputados el delito o falta, a efecto de que se promueva la acusación.
1. La Nación (04/02/2019). OCDE y Centro de Estudios de la Educación de la Argentina de la Universidad de Belgrano. Los salarios docentes en el mundo y en Argentina
Fuente de la noticia: https://mst.org.ar/2019/02/20/docentes-de-pobreza-preparar-no-inicio-nacional-continuidad/
El nuevo gobierno del país vecino impulsa un programa económico neoliberal que marca retrocesos en los planes de desarrollo y afecta la integración regional, advierte Bruckmann, ex asesora de la Unasur, en diálogo con Cash.
Una cosa queda clara después del reciente encuentro entre los mandatarios Jair Bolsonaro y Mauricio Macri: “Modernizar y abrir al mundo el Mercosur”. Atrás quedó el desplante del ministro de Hacienda brasileño, Paulo Guedes, quien minimizó la importancia del bloque comercial. Este aclamado aperturismo armoniza con el realineamiento geopolítico del país vecino con Estados Unidos, con las derechas europeas y con los sectores conservadores de América latina, auguró Mónica Bruckmann, investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro y ex asesora de la Unasur. En diálogo con Cash, la experta peruana en economía global y desarrollo sustentable delineó los ejes del nuevo gobierno brasileño en materia de política exterior y alertó sobre los efectos de reprimarización de la economía y de pérdida estratégica en el espacio global si se aplica el programa Bolsonaro.
¿Cómo evalúa las iniciativas en política exterior del gobierno de Bolsonaro?
–Asistimos al abandono de la política exterior inaugurada por el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, donde Brasil dinamizó los procesos y proyectos de integración regional. Este cambio se inició con el gobierno de Temer, cuyo canciller José Serra declaró que la Unasur ya no tenía mayor importancia y que Brasil debía recuperar sus relaciones estratégicas con Estados Unidos. Según el ministro de Hacienda, Paulo Guedes, el Mercosur tampoco es “prioridad” para Brasil. Bolsonaro asumirá los compromisos internacionales y promoverá un realineamiento geopolítico con Estados Unidos, pero también con la derecha mundial: Israel, Italia y Hungría, que estuvo presente en la toma de mando del 1° de enero. La fundación Indigo, perteneciente al Partido Social Liberal (PSL), mantuvo una reunión en Foz de Iguazú con el objetivo de articular a los sectores más conservadores de América latina y formar un bloque de oposición al Foro de San Pablo. Mientras que en Europa se está organizando una reunión coordinada por el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, donde el gobierno de Bolsonaro pretende tener un papel importante.
¿Cómo cree que seguirá la alianza de los BRICS después de este giro?
–A la desaceleración de la participación de Brasil en los BRICS que vivimos en los últimos tres años se suma ahora una abierta oposición. Lo cierto es que con la salida de Brasil de los BRICS la región entera pierde mucho peso en este espacio de coordinación global.
¿Por qué incluye a la región?
–El dinamismo de la economía mundial se está desplazando desde Europa y Estados Unidos hacia Oriente. Desde 2014, el Fondo Monetario reconoce que China encabeza el ranking de las diez mayores economías del mundo. Precisamente los BRICS están conduciendo este proceso de grandes transformaciones, no solo de tipo económico sino también de capacidades locales de producción científica y tecnológica y de disputa por las tecnologías de punta en sectores estratégicos. En este momento, China es el país que más invierte en energías renovables a nivel mundial y está avanzando en la producción de nuevos materiales importantísimos para un cambio de matriz energética.
¿Cuál es el interés de Estados Unidos en la economía brasileña?
–El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva descubrió reservas importantísimas en el zócalo marino, conocidas como Pre-sal. Esas reservas han colocado a Brasil como la 15° reserva a nivel mundial. Ahora, si las reservas estimadas se comprueban Brasil podría convertirse en la 3° reserva mundial de petróleo, después de Venezuela y Arabia Saudita. Cuando se descubrió el Pre-sal, se estableció la obligatoriedad de que la Petrobras participara de cualquier tipo de actividad que incluyera al Pre-sal y se estableció una participación mínima de 30 por ciento de sus ganancias. A inicios del gobierno de Temer se aprobó una medida provisoria que puso fin a estos dos aspectos. Una tercera cuestión apunta a la ley de contenido tecnológico local, que permitía a Brasil producir gran parte de la tecnología necesaria para la extracción del petróleo del Pre-sal. Durante la gestión Temer se terminó con esta norma, de manera que en poco más de dos años Brasil pasó de ser autosuficiente en derivados de petróleo a importarlos. Es decir, exporta petróleo a Estados Unidos e importa de Estados Unidos los derivados de petróleo, que representan más del 50 por ciento de su consumo. Si el programa de Bolsonaro se pone en práctica asistiremos a la profundización de una reprimarización de la economía brasileña.
¿Qué medidas concretas confirmarían la tendencia a la reprimarización de la economía?
–Se están destruyendo las capacidades de producción tecnológica local, los laboratorios, la inversión en investigación y desarrollo. Temer aprobó una ley que congela por veinte años el gasto público en educación y en salud. El proyecto Bolsonaro puede llevar a Brasil a la época en que era exportador de materias primas sin valor agregado. Para ser exportador de bananas no se necesita tener universidades ni invertir en ciencia y tecnología.
¿Qué diferencias encuentra entre la estrategia regional que trazó Brasil en su alianza con los BRICS y un posible realineamiento con Estados Unidos?
–Con los BRICS Brasil participaba de igual a igual con las otras potencias emergentes en la definición de la nueva dinámica de la economía mundial y en una redefinición financiera. Un instrumento importante era el Banco de los BRICS, apoyado en el Banco de Desarrollo Asiático, que inicia operaciones con 100 mil millones de dólares de capital directo y un monto similar para inversiones en proyectos específicos. Mientras que el Banco Asiático de Desarrollo inicia con 200 mil millones de dólares de capital permanente. La participación de Brasil en este foro era fundamental dado que China propuso la nueva ruta de la seda. Ese puente terrestre redefine geopolíticamente el continente euroasiático, ya que une los puertos del Pacífico, en el Lejano Oriente ruso y chino, y los puertos marítimos en Europa, y ahora se incluye la ruta marítima hacia Africa. Comprende seis ejes estratégicos de producción que elevarán el consumo del 60 por ciento de la población del mundo. La participación de Brasil es muy importante porque cuando esta estrategia se encuentre en pleno desarrollo habrá demanda de recursos naturales estratégicos.
¿Qué significaría esa iniciativa para América latina?
–Sería una oportunidad histórica de cambiar el paradigma actual y condicionar sus exportaciones a la agregación de cadenas de valor local, eso era lo que se discutió en la Unasur a partir de 2012.
¿En qué consistía la estrategia de la Unasur en ese escenario?
–En mayo de 2012 tuvimos la primera reunión de recursos naturales y desarrollo integral de la Unasur en Caracas. A partir de esa reunión se realizaron encuentros sectoriales y se impulsaron diferentes instrumentos, por ejemplo la creación de un servicio geológico sudamericano. Era fundamental disponer de data geo-científica de recursos naturales como instrumento de soberanía regional para la producción de conocimiento y la planificación de políticas públicas a nivel nacional y regional. Esto inmediatamente fue visto como una gran amenaza para el interés de las grandes transnacionales del sector minero, que son las instituciones que detentan esa información. Otra iniciativa era la Asociación de Países Exportadores de Minerales cuyo objetivo era mejorar los términos de intercambio y ser formadores del precio internacional de minerales y recursos naturales en los cuales la región tuviese una reserva importante.
¿Por qué no llegaron a concretarse estos proyectos?
–Esto se impulsó en un momento en que la visión integracionista no era única entre los doce países de la Unasur aunque sí era hegemónica. Aun con integrantes como Colombia, Chile y Perú, miembros de la Alianza del Pacífico con la cual Estados Unidos buscaba contrarrestar el peso de la Unasur, la visión integracionista era hegemónica y se avanzó mucho pero lamentablemente no hubo tiempo para concretar los proyectos que se elaboraron a lo largo de estos tres años. Y luego vino esta inflexión política que se inicia con la elección del presidente Mauricio Macri en Argentina, un péndulo que va nuevamente hacia la derecha y está destruyendo estos espacios de integración regional muy rápidamente. Mientras las regiones del mundo están fortaleciendo sus procesos de integración, América del Sur se está desintegrando en un sentido opuesto a los cambios que el sistema mundial exige.
¿Cree que será posible revertir el escenario internacional que usted describe?
–Sí, creo que hay piedras en el zapato de este proyecto ultraconservador a nivel global. En primer lugar, Estados Unidos es una economía en decadencia con una de las mayores deudas públicas del mundo, equivalente al 110 por ciento de su Producto Interno Bruto. En este momento, Estados Unidos no puede abrir un frente de guerra más en el mundo sin sus aliados y socios, que también están en crisis. Mi visión es que los sectores de derecha en América latina que se están realineando con Estados Unidos lo hacen desde una perspectiva más ideológica que atendiendo a las condiciones reales que ofrece Estados Unidos para sustentar una alianza a largo plazo. En segundo lugar, los gobiernos de derecha que tercamente intentan implantar una política ortodoxamente neoliberal están generando una respuesta popular muy grande. El caso de Argentina es importante. Brasil no creo que sea diferente pese a lo inédito del fenómeno Bolsonaro. Creo que habrá un desgaste político y una reacción social importantes. Este período de crisis nos da la posibilidad y la capacidad de hacer un balance crítico serio y honesto pero, al mismo tiempo, de prepararnos para un nuevo ascenso de las fuerzas progresistas y de recuperación de políticas que beneficien a los espectros más amplios de la población.
Fuente de la entrevista: https://www.alainet.org/es/articulo/198253
Según estudio elaborado por CLADE y OMEP América Latina, con el apoyo de EDUCO, es fundamental crear y cumplir legislaciones y políticas públicas con presupuesto adecuado, para garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano
En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, febrero es el mes en que se inician las clases, época en que millones de niñas, niños y personas jóvenes y adultas dedican parte de su día al aprendizaje. Muchas niñas y niños en la primera infancia no solamente inician las clases, sino que también empiezan su trayectoria escolar: es un momento en que están conociendo sus docentes, colegas y toda una nueva manera de socialización, diálogo y construcción conjunta de conocimientos y vivencias en las escuelas y centros educativos que ofrecen la educación en la primera infancia.
Pero, ¿hasta qué punto se garantiza en la región el derecho a la educación y al cuidado de las niñas y niños pequeñas/os con calidad?
Esta pregunta es clave en el actual momento, pues en septiembre de 2019 llegaremos a 4 años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en noviembre la Convención de los Derechos del Niño de la ONU cumple 30 años de existencia. Estos acuerdos internacionales establecen que el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia deben ser garantizados por los Estados, como un derecho humano y un elemento clave para que podamos alcanzar un desarrollo sostenible, con justicia e igualdad.
¿Qué es la primera infancia y qué población se encuentra en esta etapa en América Latina y el Caribe?
Los primeros años de vida constituyen un período fundamental en la existencia humana, ya que allí se forman las bases de nuestra estructura física, psíquica, cognitiva y social como personas. El concepto de primera infancia que se toma en cuenta en leyes, políticas y prácticas educativas, así como los años de edad que son abarcados en esta etapa educativa, ha presentado variaciones según los países y organismos públicos a cargo de garantizar este derecho.
Sin embargo, la Observación General nº 7 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU define por primera infancia la etapa que se inicia en el nacimiento y primer año de vida, pasando por el período preescolar hasta la transición al período escolar. En consecuencia, el Comité establece como primera infancia el período comprendido desde el nacimiento hasta los 8 años de edad.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 2018, existen 93,1 millones de niños y niñas entre el nacimiento y los 8 años de edad en América Latina y el Caribe, o 15,3% de la población total de la región.
Con miras a presionar por la garantía de la educación y del cuidado en la primera infancia como un derecho humano y con calidad, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó en octubre del año pasado, al lado de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) – Vicepresidencia Regional para América Latina – y con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación EDUCO, el estudio El Derecho a la Educación y al Cuidado en la Primera Infancia: Perspectivas desde América Latina y el Caribe.
“Partimos de la premisa de que el primer paso para alcanzar la realización del derecho a la educación para todos los niños y niñas entre el nacimiento y los 8 años es su pleno reconocimiento en las legislaciones y su concreción a través de políticas públicas, institucionalizadas y con recursos suficientes para garantizar todas las especificidades de esta etapa, así como la existencia de mecanismos legales y judiciales que permitan la protección de los intereses, derechos y la reparación en casos de vulneración”, dice la publicación.
En ese sentido, el estudio busca profundizar en un mayor conocimiento del panorama de las leyes y políticas de educación en la primera infancia en América Latina y el Caribe, así como de su financiamiento y procesos de justiciabilidad, identificando avances y también desafíos relevantes para su realización como derecho humano.
“Queremos entender, asimismo, cómo los principios y propósitos de la educación plasmados en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU (CDN) y sus Observaciones Generales, están presentes en dichas legislaciones y políticas públicas educativas. Esperamos, con esta mayor comprensión, poder contribuir a consolidar el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho y de la educación en la primera infancia como un derecho humano fundamental”, afirman las organizaciones que impulsaron el estudio.
Calidad de la Educación en la Primera Infancia
Para las organizaciones que realizaron la publicación, el derecho a la educación y al cuidado no solo implica acceder a instituciones y programas, sino que requiere que estos tengan calidad y respeten las especificidades de la primera infancia, desarrollándose desde un enfoque coordinado, integral y multisectorial de esta etapa de vida, según plantea la Convención de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU.
“Una educación de buena calidad será aquella que permita la construcción de conciencias, conocimientos y acciones que protejan y desarrollen la dignidad de la vida y los derechos humanos de todas las personas. Lo contrario: una educación que no realice los derechos humanos es una educación de baja calidad”, describen los artículos 28 y 29 de la CDN.
Asimismo, la meta 4.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), referido a la educación, establece a los Estados miembros de Naciones Unidas la obligación de: “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”.
En 2019, la CDN completa 30 años y se suman 4 años desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, el estudio de CLADE, OMEP y EDUCO revela que aún persisten amplias desigualdades en el acceso a la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI) de calidad entre distintos sectores sociales y países, siendo que las mayores diferencias se correlacionan con los ingresos económicos de las familias.
“Las grandes desigualdades en la calidad de los establecimientos y programas están definidas tanto por la poca y discordante inversión en la AEPI, como por la parcialidad en sus propósitos y la propuesta educativa que fluctúa desde los centrados en cubrir sólo la supervivencia de los más pequeños, hasta los enfocados en propuestas integrales y holísticas. La oferta de baja calidad suele correlacionarse con las experiencias dirigidas a los niños y niñas que viven en contextos de pobreza, por lo que se redobla la injusticia de no acceder a sus derechos ni en el hogar, ni en las instituciones”, dice la publicación.
La investigación también demuestra que persiste una gran dispersión, fragmentación y, algunas veces, contradicción entre los marcos legislativos y las políticas de educación y atención en la primera infancia en los distintos países, rompiendo la perspectiva de la interrelación e interdependencia de derechos establecida en la CDN.
“Defendemos un enfoque integral de la AEPI desde el nacimiento hasta los 8 años, enfatizando su valor inherente más allá de la preparación para las próximas etapas de la educación. En ese sentido, se considera que es necesario alejarse de las tendencias actuales de las evaluaciones estandarizadas centradas en resultados académicos, asegurando a las niñas y niños el derecho a jugar, a la cultura, a la creatividad y al júbilo”, afirman CLADE, OMEP y EDUCO.
¿Cómo garantizar educación y cuidado de calidad para niños y niñas pequeños/as?
Según la publicación, es necesario que los Estados definan criterios y fundamentos, desde una perspectiva integral y de derechos, en diversos ámbitos:
Gobernabilidad e institucionalidad: es decir, coordinación, articulación, definición de estrategias y orientaciones de contenidos de las políticas;
Regulación y orientación del funcionamiento de instituciones públicas y privadas;
Financiamiento suficiente y pertinente;
Enfoque y programa educativo;
Participación de educadoras y educadores, familias, comunidades, niños y niñas;
Condiciones adecuadas de los establecimientos y su equipamiento;
Formatos institucionales y programáticos flexibles;
Políticas complementarias más allá de la educación (alimentación, salud, etc.).
Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/primera-infancia-todas-las-ninas-y-ninos-tienen-derecho-a-la-educacion-y-al-cuidado-desde-su-nacimiento/
En entrevista a la CLADE, representantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación hacen un balance de sus luchas en el 2018 y presentan cuáles serán sus principales desafíos, acciones y focos de incidencia en el 2019
Caracterizado por grandes movilizaciones de docentes y estudiantes a favor de un presupuesto adecuado para la universidad pública y gratuita en Colombia, el año de 2018 culminó con una buena noticia para la comunidad educativa del país: las protestas resultaron en un acuerdo con el gobierno nacional, en el cual se establece el compromiso de aumentar en $4.5 billones de pesos colombianos los recursos para la educación superior, en los próximos cuatro años.
Para saber más sobre el contexto colombiano y conocer las luchas prioritarias de los movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación en el país, conversamos con María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), red de la sociedad civil que es miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Colombia.
Según María y Cecilia, en el 2019, seguirán siendo focos de movilización e incidencia política: la financiación plena de la educación pública y gratuita, la realización del derecho humano a la educación y la paz.
Lea la entrevista completa:
¿Qué balance ustedes hacen de la lucha por el derecho a la educación en el 2018 en Colombia?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez – A lo largo del año pasado, el contexto de lucha por el derecho a la educación se caracterizó por las miles de movilizaciones a lo largo y ancho del país, convocadas desde las organizaciones estudiantiles de educación superior y de docentes, los procesos de incidencia en el Congreso de la República y la apertura de espacios de formación en torno al derecho a la educación y su financiación.
Este proceso culminó con la firma de un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones estudiantiles universitarias y de docentes, en el que el gobierno se compromete a entregar cerca de $4.5 billones de pesos adicionales para la Educación Superior Pública a lo largo del próximo cuatrienio.
Estos recursos aumentarán la base presupuestal, ligados con el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), durante los próximos años. Así, a partir de 2019, se hará un aumento del IPC + 3,5 %; para el 2020, IPC + 4 %; para el 2021, IPC + 4,5 %, y para 2022, IPC + 4,65 %.
¿Cuál es la fuente de los nuevos recursos que se prometen para la educación universitaria y cuáles son las expectativas para el 2019 ante este acuerdo con el gobierno?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez – Este aumento a la base presupuestal vendrá de recursos del sistema de regalías, inversión desde el presupuesto nacional y recursos de las cooperativas, provenientes de la renta sobre los excedentes del sector cooperativo destinados a educación superior pública, cuyo monto podrá superar los 300.000 millones de pesos.
A las cifras anteriores también se sumarán 1,5 billones de pesos en recursos procedentes del recaudo de las regalías, que serán destinados a mejorar la infraestructura, planes de bienestar, capacidad investigativa y a fortalecer las Instituciones de Educación Superior públicas.
El presupuesto de la educación superior pública se establece en 41,4 billones de pesos colombianos. De estos, 37,2 serán para funcionamiento y 4,2 para inversión.
Sin embargo, la firma del acuerdo no significó el levantamiento del paro nacional, ya que las y los estudiantes acordaron que el compromiso del gobierno será socializado con las 26 universidades en cese de actividades, quienes están decidiendo de forma autónoma cuando retomar clases.
¿Qué retos se presentan para la realización del derecho a la educación en Colombia este año?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez – El último pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), realizado el 14 de febrero, presenta varios de los desafíos de la educación pública colombiana, entre ellos: el gobierno debe definir una propuesta y mecanismo claros para aumentar y garantizar los recursos necesarios para materializar el derecho a la educación pública y gratuita, desde el preescolar de tres grados hasta la educación media, en establecimientos educativos públicos, gratuitos, administrados y financiados por el Estado, incluyendo la formación técnica, escuelas normales, jornadas nocturnas, educación rural, educación de personas jóvenes y adultas, educación especial y etnoeducación; la dignificación de la profesión docente, con salarios y jornadas justas, formación adecuada y permanente, contratación de nuevas maestras y maestros, y condiciones dignas de trabajo, con acceso a la salud y seguridad; y la garantía de los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto pedagógico, social, territorial y comunitario de la Escuela como Territorio de Paz y para la erradicación de todo tipo de violencias, atención al posconflicto y construcción de la paz con justicia social.
Las trabajadoras y trabajadores de educación también claman por la garantía y el respeto de su vida e integridad física, así como de su derecho de asociación, libertad sindical y protesta. Esta es una demanda importante, ya que en promedio, cada año, son asesinadas y asesinados 28 docentes afiliadas/os a Fecode, y cada 12 días asesinan a una profesora o profesor en Colombia.
La violencia, represión y criminalización contra la protesta docente, así como la amenaza de censura al magisterio y riesgos para la libertad pedagógica son retos graves a los que nos enfrentamos hoy día. Recientemente, un proyecto de ley presentado por el congresista Edward Rodríguez del partido Centro Democrático, mismo partido del presidente Iván Duque, propone sancionar a docentes que hablen sobre política en las clases, caso su disciplina no se encuadre en las Ciencias Sociales. Si se aprueba, esta ley violaría el derecho a la libertad de expresión y enseñanza de las y los docentes y contribuiría para formar estudiantes sin sentido crítico o capacidad para comprender su entorno social.
¿Ante el contexto mencionado, cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios de la Coalición Colombiana este año?
María Elena Urbanoy Cecilia Gómez – Continuamos con los dos ejes de trabajo decididos por la CCDE en sus últimas asambleas: la financiación plena del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida; y el derecho a la educación y a la paz en Colombia.
Asimismo, durante el 2019, mantendremos las tres estrategias de lucha planteadas durante el año anterior: participación en las movilizaciones convocadas por las organizaciones estudiantiles y de docentes; apoyo a los procesos de incidencia política con el Congreso de la República para el logro pleno de la financiación del derecho a la educación; y el fortalecimiento de los procesos de formación en torno al derecho a la educación desde el nivel preescolar y a lo largo de toda la vida, en línea con los compromisos asumidos por el Estado Colombiano al suscribir la Agenda de Educación 2030.
Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/colombia-en-2019-siguen-las-luchas-por-financiamiento-educativo-el-derecho-a-la-educacion-y-la-paz/
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