América Latina y el Caribe están viviendo una época de gran inestabilidad y cambios políticos, donde se manifiestan los límites y problemas de las democracias tal como las conocemos en las últimas décadas. A su vez, la región vive una coyuntura de protestas masivas, revueltas populares, así como de protagonismo de diversos movimientos sociales que –desde su singularidad– se oponen a las diversas violencias del neoliberalismo y constituyen desafíos para las democracias existentes.
En algunos países, los actuales gobiernos han llegado con promesas de responder a las demandas, anhelos y propuestas de transformación de estos movimientos. Aunque esto podría interpretarse como un triunfo de las fuerzas populares y progresistas que lograron por medio de sus acciones tensionar las estructuras institucionales, no faltan las miradas que interpretan estas realidades como una estrategia de las mismas instituciones para cooptar a las organizaciones movilizadas.
Presidente Boric anuncia Comisión Asesora por menores de edad víctimas de violaciones de DD.HH.
Este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, instancia en la que el Presidente Gabriel Boric anunció la conformación de una Comisión Asesora presidencial que regirá con el objetivo de esclarecer sobre vulneraciones a menores entre 1979 y 2024.
Así lo confirmó el Mandatario en su discurso, donde detalló que la comisión trabajará con el relato de niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido vulneraciones en el Servicio Nacional de Menores (Sename), Mejor Niñez y Centros de Reinserción.
Soledad Larraín será la persona encargada de encabezar la Comisión Asesora.
«Quiero informar la conformación de la creación de la asesora presidencial para esclarecer la verdad sobre vulneración de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en el Sename, y posteriormente en Mejor Niñez y Centro de Reinserción, entre 1979 y 2024», comenzó detallando el Mandatario.
«El trabajo de esta comisión que comienza hoy tiene como misión reconstruir y esclarecer a partir del relato de las víctimas una verdad histórica que reconozca sus vivencias y proponerle al país mecanismos de reparación y prevención de nuevos abusos y vulneraciones», añadió el jefe de Estado.
En ese sentido, el Presidente Boric señaló que espera que la comisión «llegue a buen puerto para que reconozcamos y reparemos esas vulneraciones, aunque nos duela».
«La creación de esta comisión reafirma el compromiso del Estado de Chile con la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia y nos permite avanzar como país, transformando el dolor en justicia para quienes vivieron estos hechos. También para sus familiares, porque muchos de ellos no están», siguió el Mandatario.
El Presidente señaló que los resultados de la comisión serán entregadas de «aquí a un año», por lo que le «tocará a un próximo Gobierno implementarlo».
«Nos preocuparemos que, independiente de cuál sea su signo o tendencia política, tenga la conciencia de que esta es una tarea que trasciende gobiernos. Nosotros pasamos, pero las instituciones quedan», comentó.
«Para las y los chilenos la lucha por los Derechos Humanos está completamente ligada a nuestra memoria colectiva e historia reciente. La conmemoración de los 50 años del golpe criminal de Estado en 2023 fue un recordatorio y una invitación a reflexionar sobre este legado de lucha y la relevancia que tiene en el presente», reflexionó el Presidente Boric.
El día lunes 2 de diciembre en la Plaza de la Constitución, en un espacio por años ocupado por profesores/as que se reunían periódicamente para reclamar esta deuda del estado de Chile desde hace más de 40 años, esta vez volvieron a reunirse pero con la presencia del Presidente de la República Gabriel Boric Font, ministros, ex ministros de la cartera, parlamentarios y profesores/as, para escuchar atentamente los discursos, particularmente el del primer mandatario, quien firmó un proyecto de ley de reparación de la deuda histórica, que inicia ahora su trámite en el parlamento.
El proyecto, que beneficiará a 57.560 profesoras y profesores afectados vivos, –aprobado por el Colegio de Profesores en un plebiscito nacional- propone el pago de un aporte único de 4,5 millones de pesos a cada docente afectado vivo, en dos cuotas, partiendo por el grupo de mayor edad.
Asimismo, contempla la transmisibilidad en caso de que el titular fallezca durante el proceso, y su pago se dará en un plazo de 6 años, desde octubre de 2025 a enero de 2031.
El Presidente Boric, emocionado en la ceremonia al dirigirse a los docentes, señaló que:
“Hoy estoy muy emocionado porque saber lo que ustedes dicen en sus palabras es lo que le da sentido a la política.”
Agregó en parte de su discurso:
“En 2022 iniciamos un camino conjunto con el Colegio de Profesores y Profesoras para abordar y resolver con voluntad política, de manera definitiva, un proceso que sabemos ha sido doloroso para miles de profesores y profesoras.”
Profesora Patricia Garzo Norambuena, destacada luchadora por la deuda histórica
El mandatario recordó un encuentro previo con los docentes, mencionando:
“A lo largo de todo Chile, a la región en que voy, se me acerca un profesor o una profesora jubilada –Ñuble, Magallanes vi por allá– para decirme: ‘No se olvide de nosotros’. El poder hoy estarles cumpliendo a todos esos profesores es, de verdad, un tremendo orgullo.”
El Presidente destacó además la presencia de la dirigenta Patricia Garzo, a quien dedicó estas sentidas palabras:
Profesora Patricia Garzo Norambuena, destacada luchadora por la deuda histórica.
“Además, en el caso de Patricia, esta no es la única deuda que tenemos que saldar con ella. Su compañero fue ejecutado político por la dictadura y ella estuvo dos años presa y, aun así, como decían y contaban, estaban acá para recordarnos, pero sin rencor, sin resentimiento, con alegría, ella misma lo decía en sus palabras. Tener esa templanza, esa energía después de tanto despojo, de tanto dolor es, en verdad, encomiable y admirable, y de verdad, te abrazo y te admiro profundamente, Patricia.”
El proyecto de ley inicia ahora su camino por el Parlamento.
Al garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo y reconocimiento que sus colegas hombres, se fortalecerá la calidad de la educación y se avanzará hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Un año más que conmemoramos a quienes se dedican a la docencia, sea secundaria o universitaria. Un año más donde la fatiga invisible post pandemia sigue dejando huella, tanto, desde la cotidianeidad convulsionada en la sala de clases, como la falta de avances concretos en el reconocimiento a la carrera docente. Este es un escenario que se vive a lo largo de Chile e impacta violentamente a la educación pública y privada. Esta última, centrada en el reciente caso de Marcela Cubillos, con su ya conocido sueldo de 17 millones de pesos, que la Universidad San Sebastián (USS) pagaba a la exministra por labores de docencia e investigación. Pero sin quedarnos en mezquindades políticas, ni menos, desde la superficialidad de la problemática, es que es relevante dar cuenta que ese monto de pago, son casi 34 sueldos mínimos, que fácilmente podrían ser sueldos de 34 trabajadoras o trabajadores de una Pyme de menor tamaño.
Por otro lado, el caso Cubillos es algo que sin lugar a dudas deja a las Instituciones de Educación Superior en la mira, ya que según una reciente publicación de la oficina de Estudios y Estadísticas del Ministerio de Ciencia, más del 80% de las personas con doctorado en Chile trabaja en la educación superior. De esta, más de dos tercios recibe sueldos inferiores a 3 millones de pesos. Así, a diferencia de Cubillos, la mayoría del personal académico universitario está integrado por expertos con formación de postgrado, y que se encuentran en estratos bajos o medios de un sistema de castas que posee deudas históricas con las bases que sustentan la investigación y la enseñanza superior en el país.
En relación a lo anterior, fue imposible no consultar a la destacada académica e investigadora Dra. Vania Figueroa Ipinza, Directora InES Género y CT Género, Coordinadora de Vinculación de Investigación Aplicadade la Universidad Autónoma de Chile, quien muy tajante señala que: “La enorme brecha salarial entre Marcela Cubillos y las investigadoras con doctorado es una bofetada a la integridad académica. Mientras la gran mayoría de las académicas trabajan incansablemente, generando conocimiento y formando a las futuras generaciones, otras obtienen beneficios desproporcionados. Esta situación no solo es injusta, sino, que también desincentiva a las mujeres a seguir carreras académicas”.
Lo anterior, no deja más que en evidencia solo una parte del problema, la educación superior no es ajena a la discriminación interseccional de género. A pesar de que el número de mujeres que ingresan a la academia ha crecido significativamente en las últimas décadas, persisten importantes disparidades en términos de representación y oportunidades. Según estudios recientes, aunque las mujeres constituyen más de la mitad de los graduados universitarios a nivel global, su presencia en posiciones de liderazgo académico es mucho menor en comparación con los hombres. En algunas de las áreas de alta demanda, como las ingenierías, las ciencias exactas y la tecnología, las mujeres siguen estando subrepresentadas, lo que pone de relieve una profunda desigualdad de género que comienza en la etapa formativa y se prolonga a lo largo de toda la carrera académica.
Uno de los mayores obstáculos para las mujeres en el mundo académico es el techo de cristal, un fenómeno que impide su ascenso a posiciones de poder y decisión. A pesar de tener las calificaciones necesarias, muchas profesoras encuentran dificultades para acceder a cargos de gestión como rectorías, decanatos o jefaturas de departamento. Este desequilibrio tiene un impacto directo en la toma de decisiones dentro de las instituciones académicas, ya que las perspectivas y experiencias de las mujeres no están adecuadamente representadas en los espacios donde se definen las políticas y estrategias institucionales. A lo anterior, se suma la segregación horizontal, que se refiere a la concentración de mujeres en ciertas áreas del conocimiento tradicionalmente asociadas con los roles de género femeninos, como las ciencias sociales, la educación y la salud, mientras que los hombres dominan las áreas tecnológicas, científicas y de ingeniería. Esta segregación perpetúa estereotipos de género y refuerza la idea de que ciertas disciplinas son inherentemente masculinas o femeninas, lo que limita las opciones de desarrollo profesional para las mujeres y contribuye a la desigualdad salarial.
Sobre lo anterior, al consultar a la Dra. Pamela Caro Molina directora del Centro de investigación Aplicada en Familia, Trabajo y Ciudadanía, CIELO, en UST y Directora del FDI “Transversalización del enfoque de género en la Universidad Santo Tomás: modelo de gestión integral para el fortalecimiento de la institucionalidad, mecanismos y cultura de igualdad de género en sus 13 sedes”. Nos señala que: “En la actualidad siguen persistiendo brechas importantes en el sistema, de allí la importancia de avanzar en acciones específicas en las universidades. Como indica la Política Nacional de Igualdad de Género en la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Ministerio de Ciencias (2021), promover la igualdad de género en la ciencia tiene un gran valor pues aporta a la calidad de las investigaciones y permite aumentar las posibilidades de encontrar talento y creatividad.”
En ese contexto, durante el 2024 una de las Instituciones de Educación Superior que se adjudicó el InES Género, fue la Universidad Santo Tomás. Consultamos a quien lidera el proyecto la Dra. Pamela Caro Molina, y nos comenta que: “Para la Universidad Santo Tomás es muy importante la adjudicación del concurso InES Género de ANID en el año 2024, cuyo objetivo general es fortalecer las capacidades institucionales en la universidad para la transversalización de la perspectiva de género en la I+D+i+e (investigación, desarrollo, innovación y emprendimientos de base científica tecnológica) mediante la implementación de un Plan de Desarrollo para todas sus sedes que contemple mecanismos, procesos, estrategias y resultados que disminuya las brechas de género, promueva el cambio cultural hacia la igualdad sustantiva, fomente la mayor participación de las mujeres en ciencia y avance en la incorporación del enfoque de género en las investigaciones”
Para finalizar, el conmemorar la labor de quienes dedican su vida a la enseñanza y la investigación, también nos lleva a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan, especialmente desde una perspectiva de género. En la educación superior, las profesoras se encuentran con obstáculos que limitan su desarrollo profesional y su bienestar personal, desde la falta de representación en puestos de liderazgo hasta el acoso sexual y la discriminación de género. Superar estos desafíos requiere un compromiso institucional firme con la equidad de género y la creación de políticas y prácticas que promuevan la inclusión y el respeto en todos los niveles de la academia.
En definitiva, trabajar hacia una educación superior más equitativa no solo beneficiará a las profesoras, sino también a toda la comunidad académica. Al garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo y reconocimiento que sus colegas hombres, se fortalecerá la calidad de la educación y se avanzará hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Entre 2022 y 2023 un total de 2.184 niñas, niños y adolescentes fueron identificadas como víctimas de explotación sexual en Chile. Lo más grave es que dicha vulneración se da recurrentemente en quienes están bajo el cuidado del Estado.
Una nueva balacera ocurrida hace unas semanas en Bajos de Mena, zona sur poniente de Puente Alto y considerada el “gueto más grande de Chile”, dejó un saldo de tres hermanos afectados, uno fallecido de 17 años y dos de 11 y 13 años con heridas graves, aunque fuera de riesgo vital. Días después, un niño de 12 años asesina con un cuchillo a un adulto en Antofagasta y es declarado inimputable por el tribunal, regresando donde su abuela, quien es su tutora. El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la región informa a los medios que él estaba en programas ambulatorios desde hace mucho tiempo, lo que explicaría en parte su comportamiento.
Estos dos casos son apenas una muestra de lo que están viviendo niñeces y adolescencias en nuestro país, en un Chile muy distinto al de nuestra generación donde no campeaba el crimen organizado ni el narcotráfico, este último ventana atractiva para este grupo etario, que ven una salida inmediata a su situación de pobreza y así emular a los líderes de las bandas -ropa cara, joyas, autos de alta gama, etc. -, logrando una satisfacción a corto plazo, la que en este escenario de criminalidad puede ser muy efímera, ya que la muerte está a la vuelta de la esquina literalmente.
Por si esto fuera poco, el informe “Explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes: factores y caracterización en los últimos años”, del Observatorio de la Defensoría de la Niñez y elaborado con datos otorgados por el Ministerio Público, nos ratificó una realidad brutal y dolorosa, considerada una de las más graves formas de violencia sexual: entre 2022 y 2023 un total de 2.184 niñas, niños y adolescentes fueron identificadas como víctimas de explotación sexual por el Ministerio Público, incrementándose de un año a otro en un alarmante 29%. De esas más de dos mil víctimas, un 86% son niñas y adolescentes mujeres y el 64% tiene entre 14 a 17 años. Lo más grave es que dicha vulneración se da recurrentemente en niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado.
Además, la violencia ejercida a este rango etario por sus cuidadores principales ha tenido un aumento en los últimos seis años, según los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización, pasando de un 35% en 2017 a 39% en 2023. El mismo estudio, a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, muestra un mayor incremento de la violencia sicológica, manifestada en insultos, pasando de un 28% en 2017 a 35% en 2023. Es decir, el panorama es desolador denotando un abandono del Estado y donde no vemos acciones concretas que apunten a que esto vaya a solucionarse en el corto plazo, pese a que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en agosto de 1990, y la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, de 2022, establecen que el Estado debe contar con mecanismos que permitan protegerlos efectivamente de cualquier forma de violencia, entre otras obligaciones.
En julio pasado el Presidente Gabriel Boric lanzó la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2024-2032, con su respectivo Plan de Acción, que busca cambiar esta brutal realidad. Para que esto ocurra deber haber un avance sostenido y con sentido de urgencia en la implementación de la Ley de Garantías y en el plan de seguridad del Gobierno con foco en ellos y ellas. No bastan las buenas intenciones, reyertas políticas y denuncias por la prensa. Evitar balaceras en poblaciones y situaciones de violencia no depende de uno o un par de organismos públicos, tampoco basta que el Estado en su conjunto se articule, sino que toda la ciudadanía debería estar detrás, desde la señora Juanita hasta el empresario exitoso, del artista a la ingeniera, de las policías hasta los civiles. Esto no es una entelequia, en la medida que la sociedad chilena se sensibilice con el tema; dicho de otro modo, que no pierda la capacidad de asombro frente a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Prevenir que esta violencia ocurra tiene un impacto positivo indiscutible en las relaciones familiares, barriales y educativas, por lo que mi invitación es a generar conversaciones, en espacios seguros y acogedores, que permitan abordar la convivencia, el cuidado mutuo, el trato respetuoso, el valor de la inclusión y aceptación de la diversidad de personas con las que se vinculan cotidianamente, y cómo resolver pacíficamente los conflictos a través del diálogo. Busquemos estrategias y mecanismos que permitan que se reencanten con su escuela o liceo, que vuelvan a reír y a bailar, devolviéndoles lo que les quitamos como adultos y adultas responsables: la esperanza de un presente donde no los volvemos a abandonar.
Con condonación parcial y eliminación del CAE, Presidente busca cumplir compromiso de campaña
El alto costo de condonar universalmente el CAE y las dificultades de que una iniciativa así pasara por el Congreso, obligaron al Ejecutivo a estructurar una condonación parcial, pero que, de ser ley el proyecto que ingresará hoy al Parlamento, beneficiará de manera inmediata a 75 mil deudores.
Tal como lo anticipó durante la tarde del lunes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el Presidente Gabriel Boric anunció que a primera hora de este martes ingresará al Congreso el proyecto de ley que pondría fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que fijará un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, el FES (Financiamiento Público de la Educación Superior).
Si bien no es la condonación universal que se había planteado como un compromiso de campaña por el Mandatario, el Ejecutivo sí ingresará una iniciativa que cumpla en parte con las expectativas de un sector del oficialismo. Aunque de manera parcial, porque de 1 millón 200 mil deudores, solo 75 mil se verán beneficiados de manera inmediata (de ser aprobado el proyecto) con la condonación total de su deuda.
Pero el centro del anuncio fue poner fin al CAE y ofrecer una alternativa de financiamiento para la educación superior: “Es una tarea urgente y necesaria”, recalcó Boric.
En lo sustancial, el Jefe de Estado anunció que habrá condonación para todos, pero no por igual. Es decir, el proyecto de ley anunciado establece lineamientos para condonar la deuda, dependiendo de factores que define el proyecto e, incluso, planteó que el Ministerio de Educación deberá revisar caso a caso. Además, anunció que el nuevo sistema de financiamiento que deja fuera a la banca, que dará paso a uno de contribución por parte de los beneficiarios, será contingente al ingreso.
“El objetivo esencial de esta ley es ofrecer una solución a los miles de jóvenes y sus familias que están endeudados por el CAE. Y es que hoy el CAE es un problema para todo Chile: para quienes con mucho esfuerzo mes a mes lo pagan, para quienes no han podido hacerlo, para aquellos que ni siquiera pudieron terminar sus estudios y aun así están endeudados, y también lo es para las arcas fiscales”, afirmó en su alocución el Presidente.
Según detalló el Primer Mandatario, la iniciativa tiene tres objetivos: “Condonar en base a criterio de justicia y mérito parte de las deudas educativas; reorganizar la deuda, que quede en términos razonables para aquellos que aún deban; y terminar con el CAE, reemplazándolo con un nuevo instrumento de Financiamiento Público de la Educación Superior”.
Objetivos del proyecto
“Todos quienes adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación del porcentaje de su deuda”, dijo el Presidente. En este sentido, explicó que “este porcentaje se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día, y de acuerdo con el número de cuotas que haya pagado a la fecha”.
De esta forma, recalcó, se ayudará a los deudores de menos recursos, se reconocerá a quienes han pagado responsablemente y se incentivará a la regularización de aquellos que aún tienen pagos pendientes.
También anunció que se ayudará con la reorganización de la deuda. Es decir, si luego de la condonación inicial aun queda parte por cubrir, el plan ofrecerá dos alternativas. La primera implica que se pondrá fin al crédito quienes puedan pagar el 75% del saldo de la deuda. La segunda implica que se reprogramará este saldo con cuotas proporcionales a los ingresos, con un tramo exento de pago y cuotas que no puedan superar un tope a determinar de los ingresos.
Pero eso no es todo, porque para quienes ya pagaron su CAE, el mandatario también tenía considerados beneficios. “Adicionalmente, quienes ya pagaron su deuda del CAE tendrán beneficios tributarios una vez implementado este proyecto de ley. De esta manera, reconocemos explícitamente el esfuerzo de quienes con sacrificio han cumplido con sus obligaciones”, agregó.
En caso de que la iniciativa se transforme en ley, el Presidente Boric anunció que “solo como punto de partida más de 75 mil personas quedarán con su deuda totalmente saldada” y “miles quedarán protegidas por el tramo exento de pago”. Añadió que aquellas personas que tengan el ingreso mínimo o inferior no tendrán obligación de retribuir el crédito.
Financiamiento Público para la Educación Superior (FES)
“Este consiste, básicamente, en que quienes estudien con este nuevo sistema cursarán su carrera sin pagar aranceles, solo pudiendo existir un copago para aquellos que estén en el 10% de mayores ingresos”, destacó el Mandatario al anunciar el nuevo sistema que reemplazará al CAE. Se trata del Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).
“La gran mayoría de los beneficiarios del FES no deberán desembolsar recursos ni endeudarse, como ocurre hoy con el sistema de créditos universitarios, eliminando de esta manera el estrés asociado al pago o la adquisición de deudas durante esta etapa importantísima de la vida”, indicó el Jefe de Estado.
De acuerdo con el anuncio, el FES se pagará “un año después de incorporados al mundo laboral”. A partir de ahí, “la o el beneficiario comenzará a realizar una retribución que permitirá a otros estudiar en el futuro, que no podrá ser en ningún caso superior a un 8% de sus ingresos y por un período proporcional al tiempo de su estudio. En régimen, este sistema implicará un gasto fiscal significativamente inferior al que actualmente el Estado desembolsa por CAE”, dijo el Presidente.
“Los bancos no participarán de este nuevo instrumento de financiamiento. Con el FES, no habrá espacio para la especulación, el abuso, ni para lucrar, sino una retribución justa por la formación recibida. Al mismo tiempo, aumentaremos los estándares de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía sepa cómo se gastan los recursos de todos los chilenos y chilenas”, añadió.
Finalmente llamó a los parlamentarios a que en tiempos de desconfianza ciudadana con las instituciones y la política “debemos demostrar que somos capaces de hacernos cargo de los problemas concretos que más golpean a las familias chilenas, en este caso el endeudamiento. Y que somos capaces de ponernos de acuerdo en función de un bien común, mejorando la calidad de vida de nuestros compatriotas. Solo así nuestras instituciones recuperarán el respeto y aprecio de la ciudadanía”.
Reacciones al anuncio de fin al CAE
Para el diputado Juan Santana (PS), integrante de la Comisión de Educación, el anuncio del envío del proyecto al congreso “es un cambio absoluto de enfoque, porque la banca y los créditos ya no serán parte de la educación superior. La nueva regulación anunciada por el Presidente de la República no entiende al estudiante como un deudor, concepto completamente impropio en el ámbito educativo, e incorpora una retribución que estará sujeta a la situación en la que se encuentra cada persona que accede a este mecanismo”.
En la misma línea, la diputada Gael Yeomans (FA) señaló que “esta es una buena noticia para más de 1 millón y medio de familias y estudiantes que se endeudaron para poder estudiar. Y, por lo mismo, también es una buena noticia para los recursos del Estado que se despilfarraron por largo tiempo por un mal sistema que finalmente solo hacía que el Estado les pagara a los bancos los intereses, los sobreprecios, y lamentablemente los estudiantes aun así, con todo ello, se seguían endeudando”.
Por su parte, la diputada Marcia Raphael (RN), también integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que el Presidente Boric “anuncia un proyecto que solamente beneficia a 75 mil personas de un universo de más de 1 millón de deudores. Es decir, otra promesa incumplida de este Gobierno. La verdad es que este sistema FES deja muchas dudas y pocas certezas en cómo se va a financiar”, dijo.
Como cada jueves, representantes del gremio llegaron hasta La Moneda para presionar por un reconocimiento y recordar al Presidente Boric su compromiso. Para el Magisterio, el plazo para que el Gobierno ingrese el proyecto es antes de fin de año.
Como cada jueves -desde hace 17 años- las y los profesores afectados por la deuda histórica se reunieron cercano al mediodía en Plaza de la Constitución, para presionar por un reconocimiento económico. Esto, a 43 años desde que la dictadura civil-militar decidiera traspasar la administración de los establecimientos desde el Estado a las municipalidades.
Esta medida impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial en 1981, que estaba contemplado en el Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), conllevando un perjuicio que arrastran hasta la actualidad.
Patricia Garzo, dirigente de las profesoras afectadas por la deuda histórica, asiste todas las semanas a las afueras del Palacio de La Moneda. Junto a un megáfono, suele ser la voz del cántico: “Y la deuda, que la paguen ¡Ahora ya!“. Desde la organización, contemplan que la cifra alcanza más de 94 millones a cada docente.
En conversación conRadio y Diario Universidad de Chile, y frente a una intervención con cruces blancas que realizaron desde la agrupación para recordar a los docentes fallecidos, relató que han sido más de 30 mil los que se han ido sin recibir una reparación.
“Se han muerto muchos colegas y de las que estamos aquí, éramos muy numerosos pero se han ido enfermando, muriendo, han quedado postradas también, pero estamos bien optimistas”, dijo.
Intervención en Plaza de la Constitución en recuerdo de docentes fallecidos. Foto: propia.
“Todos los presidentes desde Aylwin hasta Piñera siempre prometieron pagarlo, pero cuando llegaba el término de su mandato decían ‘no alcanza la plata’, incluso Piñera dijo que no existía“, afirmó.
En esa línea, sostuvo que: “Boric ha sido el único presidente que realmente se ha interesado por nosotros. Nos ha invitados dos veces a La Moneda (…) Así que tenemos la esperanza de que esta vez sí ocurra, porque hemos esperado ya 43 años. Antes había unanimidad en el Parlamento para pagarla, pero cuando llegaba al Ejecutivo decían ‘no hay plata’, y ahora pasa todo lo contrario, y al final la pelea de ellos, las pagamos nosotros”.
Cabe destacar que fue en la última Cuenta Pública donde el Presidente Gabriel Boric reiteró su compromiso de presentar un proyecto de ley para reparar la deuda histórica con los profesores afectados, con un financiamiento gradual y excluido del Pacto Fiscal, priorizando a los mayores de 80 años.
Sin embargo, el Colegio de Profesores señaló que desde marzo no han sostenido ninguna reunión con el Gobierno que dé cuenta de avances en deuda histórica. Por tanto, se mantienen a la espera del ingreso del proyecto por parte del Ejecutivo.
El secretario del directorio del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz, apuntó a un incumplimiento por parte del Gobierno en esta materia. “Miles de profesores han esperado que el Estado se haga cargo de esto, miles lamentablemente hoy ya no están con nosotros, pero lo más terrible de esto es que estamos con un Gobierno que hace tres años manifestó el compromiso en su programa de resolver este tema. Por tanto, aquí lo que hay es un incumplimiento de parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric“, señaló.
Mientras, Mario Aguilar, presidente del Magisterio, llegó hasta la sede de Gobierno para dejar un folleto al Presidente Gabriel Boric con los rostros de los afectados de la deuda histórica de distintas regiones del país: “Esperamos que recuerde su compromiso, que no lo haya olvidado y que en septiembre ojalá a través del Ministerio de Educación nos diga exactamente en lo que consistiría esa reparación, ese es un plazo razonable para que el proyecto pueda entrar antes de fin de año al Congreso”.
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