América del Sur

Por: Ana Torres Menárguez.

El Consejo Escolar demanda una financiación suficiente, dotación de ordenadores, banda ancha e incentivos a los profesores en su informe sobre la nueva ley

La fórmula de las escuelas rurales funciona: pocos niños y aulas con edades mezcladas. Castilla y León es un buen ejemplo. En el último informe PISA -prueba internacional que evalúa a los chavales de 15 años-, obtuvo los mejores resultados de España. En esa comunidad reinan las escuelas rurales: el 68% de los centros públicos de infantil y primaria están en localidades con menos de 10.000 habitantes. La falta de recursos de esas escuelas y sus problemas para subsistir son una de las principales reivindicaciones del informe elaborado por el Consejo Escolar del Estado sobre el anteproyecto de la nueva ley educativa presentado por el Gobierno.

«El compromiso de una financiación suficiente y estable de la escuela rural», es una de las peticiones que el Consejo Escolar -órgano consultivo del Gobierno integrado por profesores, alumnos, familias, representantes de las escuelas concertadas y privadas y miembros de la propia Administración- incluye en el informe de 33 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, que el próximo 8 de enero votará y trasladará al Ministerio de Educación.

La propuesta, que destaca la problemática del mundo rural y señala que el 85% del territorio español lo es, contiene varios apartados como uno que recomienda la dotación de recursos TIC (ordenadores y pizarras digitales, entre otros) y banda ancha ultra rápida. Solo el 48% de los núcleos de menos de 5.000 habitantes dispone de banda ancha básica en la actualidad, según datos del Ministerio de Economía. Además, piden que a la hora decidir si se mantiene o se cierra alguno de estos centros, se tengan en cuenta otros elementos «más allá del número de alumnos».

Otra de las peticiones se refiere al profesorado. Piden que se incentive la permanencia de maestros y profesores en las escuelas rurales mediante complementos en el sueldo o la liberación de horario lectivo para actividades de formación permanente, entre otras. Otro de los puntos sugiere que se incluya un temario específico sobre el funcionamiento de estas escuelas en el grado de Magisterio.

La metodología de las escuelas rurales recuerda, en algunos aspectos, a la que se sigue en centros privados como Montessori o Waldorf en las grandes ciudades, con pocos niños en cada clase (entre 5 y 15, frente a los 25 o 28 de una ciudad), y mezcla de estudiantes independientemente de su edad. Más actividades al aire libre o mayor participación de las familias son otros de los distintivos.

También se pide potenciar la Formación Profesional para asegurar el empleo juvenil en las zonas rurales y crear observatorios de la escuela rural en las autonomías.

Becas y bilingüismo

En su anteproyecto de ley, Educación contempla como novedad que las becas serán inembargables en todos los casos. El Consejo Escolar sugiere que, además, se elimine el adelanto de dinero por parte de las familias.

Otro punto polémico se refiere a la contratación de expertos en idiomas en centros públicos bilingües. Celaá incluyó en su borrador un apartado en el que se prohibía la contratación de esos expertos por «procedimientos distintos al ordinario». El anteproyecto quiere impedir que se contrate sin oposición, como ahora, a extranjeros, en su mayoría recién graduados, que vienen nueve meses a España a ejercer como auxiliares de conversación en las aulas de los colegios públicos bilingües.

El Consejo Escolar reclama, sin embargo, que la nueva ley incluya que los centros «podrán, excepcionalmente, mientras haya insuficiencia de docentes con competencias lingüísticas, incorporar expertos bilingües con los requisitos que determine la Administración».

El Consejo pide que Historia del Mundo Contemporáneo se incorpore como materia obligatoria en todas las modalidades del Bachillerato.

Mayor financiación pública

Respecto a la financiación del sistema público de Educación, el Consejo Escolar reclama pasar del 4% del PIB al 5,5% (la media de los países europeos es del 5%). Para ello, piden la «incorporación de la correspondiente Ley de Financiación del Sistema Educativo, en la que se recogerá el compromiso de financiación de al menos el 5,5% del PIB». Hasta la fecha, el Ministerio no ha enviado a la comunidad educativa la memoria económica del anteproyecto de ley. Isabel Celaá ha asegurado en repetidas ocasiones que el anteproyecto se llevará al Parlamento a principios de año, después de escuchar las peticiones de las diferentes organizaciones.

Dirección de los centros

«La dirección de los centros públicos es una asignatura pendiente del sistema educativo (…). No hay un modelo definido ni consensuado y no se observa voluntad de cambio ni mejora», señalan en el informe, en el que hacen mención al documento de la OCDE de 2009 Mejorar el liderazgo escolar, donde se considera crucial la «profesionalización» de esa figura. España necesita «direcciones estables en los centros educativos, que les permitan trabajar en proyectos consistentes en el tiempo», continúa el escrito. Para ello, instan al Gobierno a incluir en el anteproyecto de ley educativa «una especial consideración» hacia la labor de los directores de centro mediante una formación especializada, una evaluación y un posterior reconocimiento. Además, consideran que cada candidato a director deberá presentar un proyecto con su estrategia a cuatro años que deberá tener un peso del 50% en su valoración final.

Fuente del artículo: https://elpais.com/sociedad/2018/12/14/actualidad/1544805097_842938.html