Saltar al contenido principal
Page 1091 of 3046
1 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 3.046

OMEP, CLADE Y EDUCO defienden el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en audiencia ante el Comité de los Derechos del Niño

Europa/Suiza/PrensaOMEP

Representantes de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) – Vicepresidencia Regional para América Latina – y la Fundación Educación y Cooperación EDUCO participaron este 18 de septiembre en audiencia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en Ginebra, Suiza. En esta ocasión, defendieron la plena realización de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), así como la promoción de un enfoque coordinado, integral y multisectorial para la AEPI.

 

Los planteamientos son resultado del estudio “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, iniciativa conjunta de las organizaciones. La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.

Se señala la necesidad de profundizar en la relevancia y prioridad de la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI, concebida para niñas/os de 0 a 8 años de edad) en los marcos jurídicos, políticos, presupuestarios e institucionales, de manera que los mismos tengan un mayor arraigo en el interés superior del niño y otorguen una mayor protección a sus derechos. “Defendemos un enfoque integral de la atención y educación en la primera infancia desde el nacimiento hasta los 8 años, haciendo hincapié en su valor inherente por encima de la preparación para las próximas etapas educativas”, afirmó Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina de la OMEP.

Dicho estudio demuestra el insuficiente desarrollo de las políticas estatales para la etapa que va del nacimiento a los 3 años de vida – lo que resulta en que para muchas familias, niños y niñas la educación y el cuidado en la primera infancia es todavía, en la práctica, un privilegio y no un derecho, ampliando aún más las brechas sociales en una región ya desigual como América Latina y el Caribe.

Asimismo, se identifica y denuncia la cobertura insuficiente en la AEPI, lo que afecta especialmente a los sectores sociales económicamente más rezagados, así como una infraestructura inadecuada para esta etapa educativa en términos de seguridad y accesibilidad para todas las personas. También se señala que la gratuidad de la AEPI todavía no se garantiza para todas y todos en la región, y que falta avanzar en la formación y valorización de las y los maestras/os de esta etapa educativa.

Una preocupación expuesta ante el Comité ha sido la tendencia creciente de centrar atención en los éxitos de carácter académico, conllevando además al sometimiento de niñas y niños cada vez más pequeñas/os a pruebas estandarizadas, en detrimento de sus derechos al juego, la creatividad, la cooperación, la autoconfianza y la autonomía. “Esa tendencia contradice los principios de la CDN y de sus Observaciones Generales, en particular el principio de la evolución de las facultades del niño”, señaló Mikel Egibar, de EDUCO.

Frente a este contexto, las organizaciones recomiendan: que los principios de la CDN integren de manera más exhaustiva y coherente los marcos legales, políticos y presupuestarios relacionados a la educación y al cuidado en la primera infancia; que el derecho humano a la educación de niñas y niños del nacimiento a 3 años sea plenamente garantizado; que se desarrollen formas de evaluación y modelos educativos para la AEPI que respeten las características específicas de esta etapa de vida, así como los conceptos y propósitos de la educación previstos en la CDN; y el fortalecimiento de sistemas de educación y cuidado en la primera infancia públicos y universales, como forma de superar las desigualdades y discriminaciones.

CLADE, OMEP y EDUCO hicieron un llamado al Comité para que apoye a los Estados miembros en la realización del derecho a la educación en la primera infancia, en diálogo con otros actores relevantes, desarrollando para ello orientaciones hacia la articulación de sus Comentarios Generales a las políticas de AEPI; y solicitando informaciones fiables y sólidas a los Estados de América Latina y el Caribe, sobre en qué medida están garantizando este derecho.

“Reafirmamos ante el Comité nuestro compromiso con la realización y el avance del derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en nuestra región, y nuestra disposición de seguir colaborando y dialogando en ese sentido”, afirmó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, en el cierre de la audiencia.

Consulte aquí: Resumen Ejecutivo Español

Consulte aquí: Resumen Ejecutivo Inglés

El Comité de los Derechos del Niño: Es un órgano de expertas/os independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU por sus Estados Partes. El Comité también supervisa la aplicación de los protocolos facultativos de la Convención, relativos a la participación de niñas/os en los conflictos armados y a la venta de niñas/os, la prostitución infantil y la utilización de niñas/os en la pornografía. Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre en qué medida están realizando estos derechos. Inicialmente, los Estados deben presentar un informe dos años después de su adhesión a la Convención, y luego informes cada cinco años. El Comité examina los informes y expresa sus preocupaciones y recomendaciones a los Estados Partes en forma de “observaciones finales”.

 

Comparte este contenido:

Primer encuentro de educación abierta pedirá la elaboración de un plan nacional en la materia

 

El último día de agenda del seminario por los diez años del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje (ProEVA) de la Universidad de la República (Udelar) marcó la realización del primer Encuentro Nacional de Educación Abierta. De ese ámbito salió una propuesta de declaración, que desde el lunes será sometida a consulta pública, tras su publicación en el sitio web del ProEVA. En el texto se recuerda una definición de Recursos Educativos Abiertos (REA) de un foro de la UNESCO de 2002, que los define como “materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier soporte, digital o de otro tipo, que sean de dominio público o que hayan sido publicados con una licencia abierta que permita el acceso gratuito a esos materiales, así como su uso, adaptación y redistribución por otros sin ninguna restricción o con restricciones limitadas”.

Además, se menciona que en el segundo Congreso Mundial de REA de la UNESCO, en 2017, se estableció un plan de acción con cinco líneas. En primer lugar, el plan señala la necesidad de “desarrollar la capacidad de los usuarios para encontrar, reutilizar, crear y compartir REA, además de “contextualizarlos” y enfrentar problemas lingüísticos y culturales que puedan surgir de su uso. El documento también señala que se debe “garantizar el acceso inclusivo y equitativo a los REA de calidad y “desarrollar modelos de sostenibilidad” y “entornos de políticas de apoyo”.

En el texto que se elaboró en el encuentro se considera que la educación pública uruguaya invierte en la generación de cursos en línea y diversas publicaciones académicas. No obstante, se afirma que “esta inversión se traduce en la producción de numerosos recursos educativos que a pesar de ser materiales que se crean para el bien público y con el dinero de todos, generalmente no pueden ser utilizados de forma eficaz por quienes los pagaron”, situación que debería cambiar, según señalan.

En particular, se plantea que si bien en primaria y secundaria se intentó mejorar el acceso a estos materiales a través de la compra de derechos de lectura de libros digitales, sus “restricciones en el uso” hacen que esta modalidad no permita “la correcta apropiación de los materiales por parte de estudiantes y docentes”, ya que no pueden leerlos en cualquier dispositivo o imprimirlos. Además, la propuesta de declaración señala que esa solución no contempla la posibilidad de contextualización, adaptación y reuso de los materiales. Por lo tanto, evalúan que “los usuarios continúan accediendo a los materiales través de otros medios, no siempre legales”.

En el caso de la educación superior, “donde los costos de los libros de texto son asumidos directamente por los estudiantes, los altos precios obligan a los estudiantes a omitir los materiales necesarios, alterar su curso de estudios o incluso abandonarlos”, se afirma. En base a un relevamiento hecho en 2012, se sostiene que una parte importante de los estudiantes de la Udelar no puede acceder a textos obligatorios y baja obras de la web sin los permisos correspondientes, mientras que la mayoría fotocopia partes de libros.

Para adelante

En el encuentro se entendió que si bien en Uruguay existen diferentes colectivos que impulsan la educación abierta y la elaboración y publicación de REA, como el Núcleo de REA y Accesibles de la Udelar, el Repositorio de REA de Plan Ceibal, la Red de REA del Departamento de Plan Ceibal, el Consejo de Formación en Educación y el Portal Uruguay Educa, se trata de “iniciativas desarticuladas y de bajo alcance”. En la propuesta de declaración se afirma que dicho impacto seguirá siendo residual hasta que “no se tome el tema como una política pública, se analice efectivamente cuál es la situación actual del gasto público en materiales de estudio y se defina una estrategia global”.

Además de nombrar algunas políticas de REA y educación abierta en otros países del mundo, se reclama que el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) adopte políticas concretas al respecto. Para ello, se propone la creación de un grupo de trabajo de educación abierta con investigadores, autoridades y representantes de todos los niveles de la educación uruguaya; la elaboración de un diagnóstico en el que se releve y sistematice el actual gasto público en materiales de estudio, se analicen la normativa y las políticas de publicación existentes, además de sistematizar los llamados o programas de entrega de materiales educativos y la realización de un mapeo de repositorios actuales y en construcción; también se reclama por la modificación de la ley de derechos de autor “en favor de la educación”, de forma de lograr “reglas razonables y cumplibles”, al mismo tiempo que se otorgue seguridad jurídica y se permita la reutilización de materiales ya disponibles en la web.

En suma, se propone la elaboración de una guía de REA y publicaciones abiertas para instituciones de la educación pública que incluya “recomendaciones de políticas de publicación, llamados o licitaciones para creación de contenidos y una guía para la aceptación de donaciones de acervo patrimonial”. Finalmente, se plantea que se podría comenzar por actividades piloto, como la creación de un programa nacional de libros de texto abiertos o la implementación de un programa de alfabetización en derechos de autor y educación abierta. Dicho programa estaría dirigido a autoridades, docentes y bibliotecas de todo el SNEP y se basaría en la metodología del proyecto Copyright Literacy de la London City University. “No se trata de enseñar cómo evitar el plagio y la piratería, sino de educar en buenas prácticas de uso del material con todos los derechos reservados, así como creación de reuso, adaptación y aprovechamiento del potencial de los REA”, especifica la propuesta de declaración.

Luego de la consulta pública del texto, se publicará la declaración final del encuentro.

Fuente: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/primer-encuentro-de-educacion-abierta-pedira-la-elaboracion-de-un-plan-nacional-en-la-materia/

Comparte este contenido:

Le llegó la hora a las universidades públicas regionales

Por: Julián de Zubiría

Ante la suspensión del programa Ser Pilo Paga, el país tiene una oportunidad de oro: invertir esos recursos en las universidades públicas regionales para garantizar el derecho a la educación de más estudiantes, crear nuevos polos de desarrollo y construir la paz.

Los medios de comunicación han hecho creer a muchas personas que las universidades públicas, supuestamente, son de calidad baja y alto costo para el Estado. Lo dicen y lo repiten; y todos sabemos que las mentiras y las medias verdades que se reiteran tienden a creerse como verdades y a hacer parte de las narrativas culturales. Sin embargo, esa afirmación sobre nuestras universidades encuentra poco sustento en la realidad.

El imaginario que han creado los medios es que las universidades públicas permanecen cerradas por huelgas, que los semestres se alargan y se cancelan, que son centros de adoctrinamiento terrorista, que los jóvenes aprenden poco y que le cuestan mucho dinero al Estado. De cara a este supuesto, hay que hacer conciencia de que existe un claro interés en un sector económico y político del país por apoderarse de los recursos de la universidad pública. Ser Pilo Paga fue un buen ejemplo de esta estrategia. Lo mismo ya pasó en el país con la salud, las pensiones, el transporte y diversos sectores económicos. En las pensiones, por ejemplo, antes de captar ingenuos que se trasladaran del sector público al privado, inundaron los medios de mentiras y difamaciones contra el seguro social. Dijeron que se iba a acabar, que era inviable y que terminaría quebrado. El objetivo era uno solo: atemorizar a la población para presionar su traslado a los fondos privados. La estrategia ha sido casi siempre la misma: el miedo como arma oculta. Hoy vemos miles de profesionales que comenzaron a recibir pensiones de miseria, equivalentes a salarios mínimos, mientras los grandes grupos financieros acrecientan su capital.

Algo similar están intentando hacer con la educación pública. Ya iniciaron la estrategia. En la mayor parte de los medios de comunicación debilitan, estigmatizan y desprestigian a la universidad pública. El objetivo es uno solo: controlar sus recursos y apoderarse del mercado.  La estrategia es la misma: el miedo.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que resulta difícil comparar la calidad de universidades que trabajan con jóvenes de estratos, contextos socioculturales y regiones diferentes. En sentido estricto, no son comparables porque trabajan con individuos con capitales sociales y culturales demasiado diversos. También resulta poco pertinente comparar universidades con niveles de especialización y énfasis diferentes (técnica, pregrado, maestría o doctorado). Sencillamente, no es posible. Si no se tiene en cuenta lo señalado, la comparación y los rankings resultan totalmente arbitrarios, como actualmente está sucediendo en nuestro medio.

Lo segundo que hay que considerar es que dos instituciones se podrían comparar por múltiples criterios y que hay que tener en cuenta cuál resulta más pertinente para el fin buscado.

En contra de lo que suele creer la mayoría de la población, en la Universidad Nacional no se ha suspendido un solo semestre desde hace 19 años, pero los medios siguen dando la idea de que allí no hay continuidad académica. Es más, no hubo ningún cierre de más de un día durante los cinco años que duró el proceso de paz, pero los medios no registran estas noticias. ¿Por qué será?

Para hacernos creer que las privadas son de mayor calidad que las públicas, los medios masivos de comunicación recurren a los resultados de las pruebas SABER PRO, en las cuales es más alta la presencia de las universidades privadas de élite en los lugares destacados.  Pero resulta que de todos los indicadores con los que cuenta la sociedad, éste sería el menos pertinente para evaluar la calidad de una institución de educación superior por una razón muy sencilla: no tiene en cuenta el nivel en el que ingresaron los estudiantes. Sería similar a que, en una competencia de 100 metros, eligiéramos a los ganadores permitiendo que algunos de los corredores salieran 80 metros adelante y otros 50, en tanto que a la mayoría se le exigiera partir desde la raya. Eso lo saben los medios de comunicación, los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los directivos de las instituciones. Sin embargo, lo ocultan para favorecer a las privadas de élite que seleccionan sus estudiantes en el quintil más alto según los resultados de las pruebas SABER 11.

Para corregir el problema de las pruebas SABER PRO, que no tienen en cuenta el nivel de las competencias con las que ingresan los estudiantes, se han creado las pruebas de valor agregado. Las creó el propio MEN. El problema es que las mantiene bajo llave, cuando deberían ser de acceso público. Éstas establecen la diferencia entre el valor alcanzado al ingresar a la universidad y el que obtiene al salir. Es sensiblemente mejor que tener sólo en cuenta el valor alcanzado en SABER PRO, ya que nos permite ver cuáles son las que más logran impactar a sus estudiantes en lectura crítica, y razonamiento cuantitativo. Como son las mismas competencias en SABER once y SABER Pro, podemos ver qué tanto agrega la universidad en cada una de las competencias.

Si tuviéramos en cuenta las pruebas creadas por el propio MEN, de las cinco universidades que más valor agregan en lectura crítica, tres de ellas son públicas y dos privadas. Es de destacar que algunas de las universidades más famosas del país son desplazadas a lugares muy bajos de la tabla, en tanto que otras, relativamente poco conocidas, ascienden muchos puestos. Lo anterior sucede porque la mayoría de las privadas muy famosas reciben estudiantes con un puntaje muy alto en SABER 11 y terminan agregando muy poco valor, en tanto algunas universidades oficiales reciben estudiantes con bajos puntajes SABER 11 y bajo capital cultural, los cuales logran mejorar de manera significativa durante su tránsito por la universidad. La excepción la constituyen dos universidades oficiales: la de Antioquia y la Nacional, las cuales, aunque reciben estudiantes con puntajes relativamente altos en SABER 11, adicionalmente, agregan mucho valor.  Este es el listado creado por el propio MEN:

Si usáramos como criterio el construido por Sapiens Research Group, el de las universidades que más apropian socialmente el conocimiento, para el año 2018, ocho de las diez mejores universidades serían públicas y la lista la encabezarían la Nacional y la de Antioquia. Si utilizáramos el criterio de procesos de innovación e investigación que construye el SCimago, el más respetado por los investigadores y el cual combina indicadores de publicaciones, investigadores y patentes; para el año 2018, nuevamente tres de las cinco universidades son públicas y la lista la siguen encabezando la Universidad Nacional y la de Antioquia. Un solo dato ilustrativo: la Nacional cuenta con 585 grupos de investigación reconocidos por Colciencias y, en el año anterior, alcanzó 1.451 artículos publicados en revistas indexadas.

Sin embargo, el criterio más importante sigue siendo el valor agregado, ya que ese es el sentido más importante de una universidad: garantizar que el trabajo que se realice en sus aulas impacte de manera profunda y estructural en las maneras de pensar, sentir y actuar de los estudiantes. En estas pruebas, para el caso de lectura crítica –como hecho muy significativo– las universidades que alcanzan mayor impacto son las universidades públicas.

Las anteriores reflexiones son esenciales si se tiene en cuenta que el gobierno de Iván Duque acaba de suspender el programa Ser Pilo Paga, mediante el cual se venían transfiriendo de manera masiva los recursos públicos hacia unas muy pocas universidades privadas. Ojalá el nuevo gobierno escuche el clamor de profesores y estudiantes de las universidades públicas. La mayoría de ellas se encuentra en asamblea permanente, exigiendo el derecho a la educación. La desfinanciación de las universidades públicas está tocando fondo, mientras, equivocadamente, veníamos invirtiendo cerca de un billón de pesos anuales en tan solo el 2% de los egresados de la educación media. Ningún padre de familia que tenga cien hijos, alimenta bien a los dos mayores, en tanto les da agüepanela con pan a todos los demás. El Estado colombiano lo ha estado haciendo.

En Colombia, el 90% de los jóvenes que pertenecen al estrato uno no continúan sus estudios en la educación superior. Cada año, 300.000 jóvenes que culminan su educación media frustran sus sueños y se ven condenados a continuar en la pobreza y la marginalidad. El gobierno de Juan Manuel Santos brindó apoyo tan sólo a 10.000 de ellos cada año. A este paso nos demoraríamos más de un siglo para poder garantizar el derecho a estudiar de la gran mayoría de la población.

La invitación al nuevo gobierno es a que, con los mismos recursos de Ser Pilo Paga, se decida a apoyar cada año a 40.000 jóvenes en las universidades públicas regionales. Si seleccionamos unas seis de ellas y las fortalecemos con recursos económicos, con excelentes estudiantes de las regiones aledañas; si les quitamos estas universidades a los caciques políticos, si las cualificamos a nivel administrativo y si impulsamos profundos procesos de renovación pedagógica –contando con el apoyo de las extraordinarias universidades públicas nacionales–, lograremos consolidar el derecho a la educación de cada vez más jóvenes pobres en el país.

La enorme ventaja es que el país cuenta con excelentes universidades oficiales que están agregando mucho valor y que, si las impulsamos, nos ayudarán a fortalecer el derecho a la educación, a crear nuevos polos regionales de desarrollo y a construir la paz. Sin duda, “sí se puede” y tenemos ahora una oportunidad de oro para hacerlo: la supresión del programa Ser Pilo Paga. Esos recursos le pertenecen a la educación y allí deben seguir, sólo que ahora tendrán impactos sociales y educativos significativamente mayores al invertirlos en las universidades públicas regionales.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/la-importancia-de-invertir-en-las-universidades-publicas-para-el-desarrollo-y-la-paz-de-colombia/582956

Comparte este contenido:

La escuela francesa se atasca como motor de ascensor social

Europa/Francia/13 Septiembre 2018/Fuente: El país

Las aulas evidencian las fracturas pese al modelo de laicidad

¿Dónde empieza la tensión identitaria, y dónde la de una clase? Que nunca nada es tan simple como parece, Laaldja Mahamdi, directora de una escuela pública en el distrito XIX de París, lo comprobó el día que la madre de un alumno se dirigió a ella para justificar por qué su hijo y su hija habían dejado de comer en la cantina. La madre justificó la decisión por motivos religiosos. Alegó que, siendo musulmanes, debían alimentarse con carne halal, procedente de animales sacrificados según los ritos prescritos por el Corán. Parecía otro caso evidente de lo que en Francia se llama comunitarismo: el rechazo, por parte de miembros de una minoría religiosa, a aceptar las normas de la República y la tendencia a encerrarse en guetos, territorios que escapan a los valores comunes.

La directora Mahamdi entendió que se trataba de un pretexto. “Hay mucho pudor y dignidad”, dice en una entrevista telefónica. “Hay personas, como esta madre, que no se atreven a decir: ‘No tengo dinero para pagar la cantina’. Y usó el argumento que le parecía que justificaba su elección y que no le cuestionaríamos”. Y precisa: “Existen los caso de familias que no meten a sus hijos en la cantina porque no es halal, pero no son la mayoría de padres”.

 La escuela, en Francia, es el espejo donde la sociedad y la clase política proyectan sus obsesiones, los miedos más profundos y las esperanzas. Cada tiempo tiene las suyas. En la Francia de Emmanuel Macron, que en 2017 llegó a a la presidencia con un programa reformista y con acentos liberales, la educación pública es el campo donde se libra la batalla de la desigualdad de oportunidades: el motor atascado del ascensor social. Pero también donde se hace visible otra factura, la de la identidad.

 En los meses anteriores, el Gobierno Macron también ha puesto en marcha medidas para clarificar y asegurar el respeto de los principios de laicidad. En este inicio de curso, la medida estrella ha sido la reducción a la mitad del número de alumnos de primaria en 4.700 clases de zonas con dificultades, que se suman a las 2.200 reducidas ya el año pasado. “ La educación no alcanza a compensar desigualdades que existen. Debería compensarlas y no lo hace bien ahora”, admitía hace unos meses el ministro de la Educación Nacional, Jean-Michel Blanquer, en una entrevista con EL PAÍS. Y añadió: “Y a veces, las amplía”.

En Francia, Jules Ferry, fundador de la escuela laica en 1882, tiene estatus de padre de la patria. La ley de 1905 sobre la separación entre el Estado y las confesiones garantizó la libertad de conciencia y el respeto a los cultos y, a la vez, la neutralidad del Estado. La historia de la escuela es en parte la historia de la interpretación de esta ley, hasta 2004, cuando Francia prohibió a los alumnos hacer ostentación de signos religiosos: velos islámicos, cruces cristianas o kipás judías.

Concebida como una fábrica de buenos ciudadanos, un “santuario abierto” —como dice Blanquer— y el templo donde se transmiten los preceptos laicos y republicanos, la escuela vive bajo tensión. Porque también es el espacio donde todos estos principios —la libertad, la igualdad, la fraternidad y sobre todo la laicidad— está cuestionados.

La discusión hoy versa sobre la proporción del desafío a la laicidad. El libro colectivo Los territorios perdidos de la República, publicado en 2002, representó el paroxismo de la visión apocalíptica. El libro recogía los testimonios de profesores en escuelas de barrios y ciudades de clase trabajadora en París y sus alrededores. Contaba, por ejemplo, cómo al abordar en clase la historia de la shoa, el exterminio de millones de judíos europeos por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, alumnos de origen magrebí y cultura musulmana cuestionaban al profesor.

 “Ya no pasa un día sin que se asista a un incidente antisemita en un establecimiento escolar por lo menos”, escribía en el prólogo el editor del libro, Emmanuel Brenner, pseudónimo del historiador Georges Bensoussan. La conclusión era que muchas escuelas eran hoy territorios perdidos, lugares donde los valores, y a veces las leyes republicanas, estaban en peligro o incluso habían dejado de estar en vigor.

La sombra de los atentados

Los atentados de 2015, perpetrados por franceses, entre otras nacionalidades, aparecieron como una confirmación del tenebroso diagnóstico.“Fue el momento en que todo el mundo miró a la escuela. Había una especie de acusación latente. Y la pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿hemos trabajado lo suficiente en la educación cívica? ¿hemos reflexionado lo suficiente sobre los problemas de la laicidad?”, dice el historiador de la educación Benoît Falaize.

 El problema de libros como Los territorios perdidos de la República era leerlos como una descripción de un mal generalizado que supusiese una enmienda a la totalidad de la educación nacional, y no como una antología de testimonios. Los testimonios y el problema que describía eran reales. Lo que está en discusión es si eran representativos. Un libro recién publicado, Los territorios vivos de la República, editado por Falaize y en el que participa Mahamdi, plantea una visión menos tremendista. “No queríamos hacer un libro diciendo que todo es maravilloso en los barrios periféricos y en los barrios populares”, dice Falaize. “Queríamos reequilibrar el discurso sobre la escuela y los jóvenes”.

 La discusión de fondo es si el problema de la escuela francesa es la identidad o la falta de oportunidades de los alumnos procedentes de familias y barrios desfavorecidos. Un informe de la Fundación Jean Jaurès, próxima al Partido Socialista, no invita al optimismo. Los autores, el experto en demoscopia Jérôme Fourquet y el profesor de Historia y Geografía en una escuela —y coautor de Los territorios perdidos de la República— Iannis Roder, ven en la escuela un reflejo de lo que llaman “la secesión de las élites”.

 En ningún país de la OCDE hay una relación tan directa entre el nivel socioeconómico de los padres y los resultados escolares de los hijos. La fractura es territorial y, aunque la palabra es tabú en la Francia laica, también étnica: los hijos de extranjeros van a las mismas escuelas, en los mismos barrios, y sacan peores resultados. La “guetización”, según los autores, se ha convertido en “una amenaza para el pacto republicano.

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2018/09/07/actualidad/1536320608_263173.html

Comparte este contenido:

Maduro anuncia creación de escuela de posgrado para docentes

América del sur/Venezuela/20 Septiembre 2018/Fuente: Prensa Latina

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy la próxima creación de la Universidad Nacional Experimental Samuel Robinson, dedicada a estudios de posgrado para docentes en el país suramericano.
A propósito del inicio del nuevo curso escolar este lunes, el jefe de Estado informó que más de siete millones de estudiantes comenzaron el período lectivo, de los cuales seis millones 442 mil pertenecen a la educación pública.

En ese sentido, el titular resaltó que el Ejecutivo garantiza una educación de calidad en el sector público y notificó la realización de jornadas de vacunación en todos los planteles del país de manera gratuita.

‘Los espacios educativos fueron liberados de la privatización, el neoliberalismo y del destrozo al que ha sido sometido el sistema educativo por el capitalismo neoliberal en América Latina y el Caribe’, destacó.

Durante su alocución, el mandatario reiteró el éxito de la entrega de utensilios escolares a precios preferenciales, así como computadoras portátiles Canaimas y Canaimitas.

La semilla de la nación está en las escuelas y los liceos, aquí está el Gobierno Bolivariano apoyando con útiles escolares a muy buen precio para que todos vayan a estudiar, agregó

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=211248&SEO=maduro-anuncia-creacion-de-escuela-de-posgrado-para-docentes
Comparte este contenido:

Más de 7 millones de estudiantes inician clases en Venezuela

América del Sur/Venezuela/18.09.18/Fuente: www.telesurtv.net.

El 75 por ciento de la matrícula estudiantil corresponde a la educación pública en Venezuela, en el marco del año escolar 2018-2019.

El presidente de VenezuelaNicolás Maduro, informó este lunes que más de siete millones de estudiantes iniciaron sus actividades en educación inicial, primaria, media y especial.

Desde el Palacio de Miraflores en Caracas (capital), sede del Ejecutivo, indicó que la matrícula escolar es de 7 millones 644 mil 869 estudiantes, de los cuales unos 6 millones 442 mil 296 corresponden a la educación pública.

“Ha arrancado de manera feliz el año escolar 2018-2019 en la República Bolivariana de Venezuela. Felicidades a los maestros, familias, niños, niñas. Hoy arrancamos el año escolar en educación inicial, primaria y especial”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado destacó que el 75 por ciento de la educación en Venezuela es pública y que aprobó recursos para la publicación de 37 millones de libros que contribuirán a la enseñanza de los estudiantes, así como la distribución de más de cuatro millones de morrales, kits escolares y calzado.

«La semilla de la Venezuela Potencia está en las escuelas, en los liceos, aquí está el Gobierno Bolivariano apoyando con útiles escolares a muy buen precio para que todos vayan a estudiar», recalcó el presidente.

Asimismo, manifestó que en su visita a China para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, será relanzado el programa Canaima y Canaimita, que consiste en la entrega de computadoras a los niños y jóvenes para reforzar sus estudios.

Fuente de la noticia: https://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-educacion-recursos-estudiantes–20180917-0048.html

Comparte este contenido:

Argentina: Nuevo escrache a Gabriel Sánchez Zinny, ahora en INET

América del Sur/Argentina/18.09.18/Fuente:

El Director General de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, fue escrachado en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet). El Ministro de Educación nacional, Aljenadro Finocchiaro repudió lo ocurrido. La muerte de la Tragedia de Moreno, eje de manifestación.

El Director General de Educación bonaerense fue escrachado cuando se encontraba en Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet). Trabajadores del Ministerio de Educación, cartera de la cual depende el mencionado instituto, repudiaron su presencia con cánticos y carteles.

«Escrachado por ser el responsable político de las muertes de Sandra y Rubén, y encubridor de la tortura de Corina (De Bonis)», señalaron desde el gremio ATE al que responden los autores de la manifestación.

Ver imagen en TwitterVer imagen en TwitterVer imagen en Twitter

 

Fuente de la noticia: https://www.lanoticia1.com/noticia/nuevo-escrache-gabriel-sanchez-zinny-ahora-en-inet-109282.html

Comparte este contenido:
Page 1091 of 3046
1 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 3.046
OtrasVocesenEducacion.org