Author: Julián De Zubiría Samper

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¿Es conveniente flexibilizar el porte de armas en Colombia?

Julián De Zubiría Samper

Por: Julián De Zubiría. 

  • Durante el año en curso, Colombia volverá a decidir si ampliar o limitar el porte de armas en manos de los ciudadanos. En esta columna señalo algunos argumentos de por qué se puede prever que, si se aumenta la flexibilización en el país, muy seguramente se elevaría el número de homicidios.

Mucho menos revuelo causó el asesinato de un niño en Medellín, cuyo padre, al parecer, había robado una bicicleta días atrás. Ante el cadáver de su hijo pusieron un letrero tan cruel como inhumano: “Siga robando HP”.

Los dos casos anteriores vuelven a poner sobre la mesa un debate esencial en toda democracia: ¿Se debe flexibilizar el porte de armas o, por el contrario, fortalecer el total monopolio del Estado sobre ellas?

Un porte más libre de armas ha sido ampliamente defendido por algunos parlamentarios del Centro Democrático y del Partido Conservador; muy especialmente, por Christian Garcés, Alfredo Rangel y Juan Carlos Wills. A nivel internacional esta tesis ha contado con el total respaldo de Donald Trump, quien llegó a proponer la absurda idea de armar a los profesores para detener las frecuentes masacres en las instituciones educativas. En Brasil, Jair Bolsonaro, desde su campaña había propuesto liberalizar el porte de armas, bajo la tesis de que era lícito “matar ladrones” y que, quien lo hiciera, sería indultado.

Como puede verse, el debate sobre la flexibilización en el porte de armas, claramente marca fronteras ideológicas, éticas y políticas. Al fin y al cabo, lo que está en juego es la defensa de la vida, los derechos humanos y los principios democráticos.   La idea de los defensores de la flexibilización es muy sencilla: proponen liberar el porte de armas para que los “ciudadanos de bien”, se defiendan de los maleantes.

El término “ciudadano de bien” debería estar proscrito de la reflexión y el debate, por excluyente, clasista y segregador. Pero muy especialmente, por ser completamente falso, dado que atribuye un mejor comportamiento ético y ciudadano a quien posee mayores recursos económicos, lo cual, a todas luces es una asociación que no necesariamente se cumple. Sin embargo, la idea central del proyecto que deberá discutirse durante el año en curso, propone facilitar el porte de armas para que los ciudadanos ejerzan su defensa.

En Colombia 690.000 colombianos tienen armas amparadas. De ellos, 400.000 pueden portarlas. Así mismo, se estima que hay 3 millones de armas ilegales que circulan por las diversas regiones.

Tres argumentos principales se pueden exponer en contra de la flexibilización del porte de armas, entendiendo que, en casos muy excepcionales, es comprensible que puedan portarlas los ciudadanos cuyas vidas corran gran peligro, pero eso ya está contemplado y reglamentado en detalle por la ley. Nos interesa plantear si las excepciones deben seguir ampliándose indefinidamente, como proponen algunos políticos, y cuál sería el costo social y humano de hacerlo.

En primer lugar, al flexibilizar el porte de armas el Estado está trasladando la potestad de ejercer justicia a una muy pequeña parte de la población. En la práctica queda legalizada la pena de muerte, ya que un ciudadano que se sienta amenazado, sin ningún juicio, ni defensa, ni proceso en curso, puede disponer de la vida de quien considera que lo está amenazando. Más grave: la decisión sobre la vida o la muerte de otra persona la debe tomar en pocos segundos. Todavía más delicado: quien posee un arma tiene mayor poder de intimidación y mayor capacidad para ejercer violencia. Todos sabemos lo intimidante que puede volverse una persona que desenfunda su arma. Por tanto, seguramente la flexibilización se convertiría en Colombia en un factor que, en lugar de reducir, eleve el número de homicidios. En mayor medida, si tenemos en cuenta que somos un país acostumbrado a la muerte, muy intolerante, poco empático e insensibilizado tras décadas de violencias, mafias y conflicto armado.

¿Se imaginan cuántas de las mujeres maltratadas en Colombia, habrían terminado muertas si sus esposos tuvieran autorización para portar armas? ¿Se imaginan cuántos muertos se producirían en las calles de las ciudades del país, si en las riñas callejeras, algunos de los involucrados hubieran tenido derecho a usarlas? ¿Se imaginan cuántos hinchas deportivos habrían muerto si los hinchas de los equipos contrarios tuvieran permiso para portar armas? ¿Se imaginan cuántos reclamantes de tierras habrían sido asesinados, si los usurpadores de sus tierras tuvieran derecho a portar armas?

Preguntas todas ellas muy pertinentes en un país en el que la mitad de los homicidios son generados por alguien que conocía previamente a sus víctimas; los victimarios eran, muy posiblemente, sus esposos, sus compañeros o sus vecinos y murieron en una actividad deportiva o social acompañada, por lo general, de licor. Es tan triste que el Día de la Madre sea la fecha con mayor número de homicidios en el país. Aun así, ¿prefieren que más personas salgan armadas a la calle todos los días?

El segundo argumento es científico. Dado que esta es una medida que ya se ha adoptado en diversas regiones del mundo, es relativamente fácil saber cuál ha sido su impacto. El caso más claro de todos es Estados Unidos, país en el que de tiempo atrás en diversos estados ha sido permitido el porte, hasta tal punto, que se consiguen armas y municiones en cualquier supermercado, como muy claramente lo ilustró Michael Moore en el documental Bowling for Columbine (Premio Óscar al mejor documental largo en 2002).

Estados Unidos es un buen contraejemplo a la propuesta del porte legal de armas. Según un estudio reciente, entre 1966 y 2012 en este país se presentaron 90 tiroteos masivos. Los 90 tiroteos son cerca de un tercio de los 292 ataques que se registraron en el mundo para el mismo periodo. Sin embargo, aunque esta nación tiene el 5% de la población mundial, allí se presentaron el 31% de los tiroteos masivos. Una variable central para explicar esto, tiene que ver con su política de liberación de armas. Así mismo, en el Estado de la Florida, tras promulgarse la ley de libre porte de armas en 2005, el homicidio aumentó casi un 30 por ciento durante los años siguientes.

Investigaciones adelantadas en el mismo país, encuentran que no sólo se eleva el número de asesinatos por homicidios con un porte más flexible. También se evidencia que aumenta el riesgo de suicidios. La explicación es sencilla: es más fácil quitarse la vida si hay armas al alcance de individuos con tendencias suicidas.

Aunque el tiempo todavía es breve para conclusiones generales, en Brasil la situación al parecer ha sido similar. Bolsonaro recién posesionado, cumplió su promesa de campaña y flexibilizó el porte de armas. El Atlas de la Violencia registró el 2019 en Brasil como el año de mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Los partidarios de la legalización harían bien en estudiar el dramático caso venezolano. Cuando Chávez llegó al poder en 1999 la cifra oficial era de 19 homicidios por cada 100.000 personas. Hoy en día, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), estima que se multiplicó por cuatro al llegar a 79 muertos. ¿Qué pasó? Que el gobierno repartió armamento preparando a la población para una supuesta invasión norteamericana. Amnistía Internacional estima que, en un país de 29 millones de habitantes, existen 6 millones de armas distribuidas entre la población. Caracas se convirtió en la tercera ciudad más insegura del planeta y otras dos (Guayana y Ciudad Bolívar), están entre las diez más inseguras. Como puede verse, la experiencia internacional permite pensar que una mayor flexibilización, eleva la inseguridad y no la reduce, como suponen sus defensores.

El tercer argumento se puede inferir de diversos estudios y experiencias colombianas. Un estudio realizado en 2017 por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) encontró que, incluso personas entrenadas en su uso, como los vigilantes, presentaban en Colombia y contrario a lo que presuponen sus defensores, mayor riesgo de ser asesinadas si estaban armadas.

Otro estudio de la FIP, realizado en 2019, ratifica que el uso de armas de fuego en homicidios ha disminuido en los últimos siete años en el país, cuando se restringió el uso libre de armas.  En 2010, el 81% de los homicidios se producían con armas de fuego y en 2018 el 72%. Sigue siendo muy alto, pero la tendencia es favorable.

Una experiencia significativa en esta misma dirección, se encuentra con la búsqueda del monopolio de las armas en Bogotá durante la alcaldía de Antanas Mockus. Sus medidas a favor del desarme permitieron reducir significativamente las tasas de homicidios de 72 (1994) a 51 por cada 100.000 habitantes (1997).

De todas maneras, la experiencia más importante de todas se ha vivido con el desarme de las FARC alcanzado gracias al proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El mayor triunfo del acuerdo radica en la reducción sostenida de los indicadores de violencia. Es así como, entre 2012 y 2017, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes se redujo de 34 a 24 casos en el país. Lo verdaderamente grave es que esta tendencia ha comenzado a revertirse con la llegada al poder de Iván Duque y muy especialmente desde finales del año 2019. La Misión de Observación Electoral (MOE), concluye que enero de 2020 es el mes más violento contra los líderes sociales en los últimos cinco años.

El presidente Duque afirma que defiende el desarme. Lo mismo ha dicho su Consejero para la seguridad. Ojalá se consoliden estas posiciones en la nación, ya que en una democracia le corresponde al Estado garantizar el monopolio total en el uso de las armas y de la fuerza, para que solo tengan como propósito proteger la vida, que es el más importante de todos los derechos.

En la práctica, permitir el porte de armas equivale a establecer la pena de muerte sin juicio previo. Un meme que circuló en redes lo expresaba de manera clara: “Si matar para robar es malo, pero matar al que roba es bueno, entonces lo que importa no es la vida, sino la propiedad”. ¿Eso es lo que más importa hoy en Colombia?

(*) Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación

Fuente del artículo: https://www.semana.com/opinion/articulo/es-conveniente-flexibilizar-el-porte-de-armas-en-colombia-julian-de-zubiria/652415

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Los diez desafíos de la educación en Colombia para la próxima década

Julián De Zubiría Samper

Por: Julián De Zubiría Samper

  • El propósito de esta columna es invitar a reflexionar sobre los diez desafíos establecidos en el Plan Decenal de Educación que deberían incorporarse en los Planes de Desarrollo Nacional, regional y municipal, si en verdad queremos construir la política de Estado en educación de la cual hemos carecido.

En este contexto, no tiene sentido iniciar las “conversaciones” en educación que ha planteado el actual gobierno, sin partir de los acuerdos y planes previos. Solo así podremos construir la política de Estado en educación, de la cual hemos carecido. Analicemos cada uno de los Desafíos.

Para profundizar: https://www.semana.com/opinion/articulo/un-pais-en-busca-de-esperanza-que-todavia-no-ha-aprendido-dialogar-julian-de-zubiria/642445

Primero. Se establece un compromiso gradual y de largo plazo por parte del Estado para hacer efectivo el derecho a la educación en todos los niveles. Se trata de una política seria y responsable para garantizar acceso y permanencia, de manera que se asegure el cumplimiento pleno del derecho. Es particularmente grave el incumplimiento de este derecho en educación inicial y superior para los sectores más vulnerables de la población, al tiempo que tan solo el 10% del estrato 1 accede a educación superior y que, en el campo es inexistente la educación inicial oficial y, en las ciudades, su acceso es muy limitado, se destinan pocos recursos y la calidad sigue siendo muy baja. En las pruebas PISA de 2018, solo uno de cada tres jóvenes colombianos dijo haber recibido educación inicial y la entidad estima que recibirla eleva en 56 puntos los resultados alcanzados a los 15 años en lectura y matemáticas.

El Sistema General de Participaciones (SGP) determina los recursos que transfiere la Nación, a las entidades territoriales para atender los servicios de educación preescolar, básica y media. En el corto plazo será indispensable una revisión del SGP, dado que en la última década se han debilitado los recursos que el gobierno central transfiere para la educación de los colombianos.

Segundo. El “sistema” actual está por completo desarticulado: la educación inicial y la tecnológica parecen “ruedas sueltas”, al tiempo que entre la básica y la superior se carece de los necesarios puentes comunicantes. El PNDE le apunta a la construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación. Para lograrlo, tendríamos que articular todos los subsistemas y consolidar las comunidades educativas en el nivel local, regional y nacional.

Tercero: El currículo actual en Colombia es impertinente y está por completo fragmentado. Matemáticas es un buen ejemplo de ello, ya que el área está orientada a garantizar el dominio de algoritmos rutinarios y mecánicos. La casi totalidad de exámenes que hoy se aplican se podrían resolver con la ayuda de Google, lo que implica que no exigen procesos de pensamiento o interpretación de la información.

Habría que decidir que, en lugar de enseñar 15 asignaturas desarticuladas, trabajáramos en todas en torno a las mismas competencias esenciales: pensar, convivir y comunicarnos. Algo análogo a lo que hizo Chile en su reforma curricular de 1998 o lo que tiene establecido Finlandia desde el año 2020.  Debe ser un lineamiento general que respete la autonomía y que sea pertinente para el joven, la época y el contexto. El último lineamiento curricular en Colombia hizo exactamente lo contrario. Se llamaron los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y nos retrocedieron en educación unos 50 años al abandonar el concepto de competencias y al volver a prescribir de manera específica y fragmentada lo que había que trabajar. Ojalá ninguna institución educativa tenga en cuenta los DBA en su trabajo curricular.

Para profundizar: https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-que-es-necesario-ensenar-hoy-en-el-colegio/527540

Cuarto. Las Facultades de educación no están haciendo bien la tarea, porque no desarrollan en sus egresados las competencias que ellos van a desarrollar en sus estudiantes. Es triste reconocerlo, pero los egresados de estas facultades siguen siendo los profesionales con más bajos niveles de lectura crítica y razonamiento numérico. Mientras eso continúe, será imposible alcanzar altos niveles de lectura y pensamiento matemático en los estudiantes. El problema es todavía más grave si se tiene en cuenta que sabemos por múltiples investigaciones, que las maestrías y los doctorados no elevan la calidad de los docentes de la educación básica. Por paradójico que parezca, no son mejores maestros los magíster y doctores. La explicación es sencilla: con un sistema tan desarticulado como el que hemos creado, las universidades no tienen claro qué es lo que hay que hacer en los colegios y cómo hacerlo.

En consecuencia, necesitamos una profunda reestructuración en los procesos de formación de los docentes, de manera que se garantice que los docentes universitarios acompañen los procesos innovadores en los colegios, fortalezcan la articulación entre los dos niveles y nos ayuden a que la formación que reciben esté centrada en consolidar en ellos las competencias que requieren para evaluar y para favorecer el desarrollo integral de sus estudiantes.

Quinto. En la práctica educativa se cumple el dicho: “Cada maestrito con su librito”. Eso pasa porque el modelo pedagógico sigue siendo rutinario, mecánico y memorístico. Equivocadamente la escuela ha creído que su finalidad esencial es la de transmitir múltiples informaciones específicas, impertinentes y desarticuladas.  El Desafío que tenemos en frente es impulsar la transformación pedagógica, de manera que aseguremos que los jóvenes en la escuela aprendan a pensar, leer, escribir y convivir. Esto no se podrá lograr sin un cambio curricular (Desafío 3) y sin un cambio en la formación docente (Desafío 4). Tampoco sin un profundo cambio en el modelo pedagógico vigente. Necesitamos impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento y que se centre en el desarrollo integral y no en la transmisión de informaciones.

Debe llamarse la atención sobre los intentos que han sucedido en el Congreso para limitar la libertad de cátedra, pues van exactamente en sentido contrario a la finalidad esencial de la educación. Necesitamos –como decía García Márquez–: “Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire en un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos”.

Para profundizar: https://www.semana.com/educacion/articulo/debemos-limitar-la-libertad-de-catedra-por-julian-de-zubiria-samper/602133

Sexto. Las tecnologías llegaron al mundo para quedarse. Necesitamos aprender a utilizarlas inteligentemente y no prohibirlas como equivocadamente están intentando hacer en los colegios algunos congresistas, que más parecen expresar las voces del siglo XIX que las del XXI. En consecuencia, la nación tiene que impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, de manera que se fortalezca el desarrollo para la vida.

Séptimo. En La Habana y en Cartagena se firmaron unos acuerdos esenciales, pero la educación sigue siendo el único camino para alcanzar la paz. La intolerancia, la ira y el odio, han sido el alimento de todas las guerras. Se necesita un área de Comprensiones humanas que consolide la empatía, la comprensión de sí mismo, de los otros y del contexto, para fortalecer la tolerancia. Este trabajo tiene que ser llevado a cabo por todos los docentes y en todas las asignaturas. Precisamente por eso, mejorar la convivencia debe ser una competencia transversal en todas las escuelas.

Octavo. El fin último de la educación es ampliar la movilidad y disminuir las brechas sociales. Por el completo abandono en el que ha permanecido la educación rural, en Colombia, ha pasado exactamente lo contrario. Es así que, durante los dos periodos de Álvaro Uribe, se duplicó la brecha que existía en los resultados de las pruebas SABER entre los colegios privados y los oficiales rurales y si bien logró cerrarse durante el primer periodo de Juan Manuel Santos, volvió a aumentarse para el segundo. En la práctica esto significa que hemos creado un sistema educativo que aumenta las inequidades, en lugar de disminuirlas.

Mantenemos una deuda histórica acumulada de abandono de la educación rural, lo que nos obliga a la implementación de programas dirigidos a universalizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo a nivel rural y garantizar la educación de calidad, de la cual han carecido niños y jóvenes en el campo. Para ello tendremos que cualificar la formación, la pertinencia, llevar a cabo ajustes curriculares, generalizar textos y generar beneficios especiales a los docentes, entre otros. Dicho apoyo también será condición necesaria para fortalecer la paz.

Noveno. Contrario a lo que han insistido los últimos gobiernos, la inversión en educación en Colombia es similar a la que teníamos veinte años atrás. Lo que efectivamente ha sucedido, es que, gracias a las gigantescas movilizaciones estudiantiles, los recursos para las universidades oficiales, que se debilitaron significativamente entre 1992 y el año 2017, recuperaron una buena parte del terreno perdido. Por eso el PNDE establece que, la importancia otorgada por el Estado a la educación se debe medir por la participación de la inversión en educación en el PIB y en el gasto general del Gobierno. Para 2018 dicha inversión fue del 4.5% del PIB, la misma que habíamos alcanzado en 1997. Si queremos cumplir con los desafíos anteriores e impulsar el desarrollo nacional, tenemos que comprometernos como sociedad en aumentarla.

Décimo. El PNDE hace propio el principio del investigador español Bernardo Herradón: “Los países no investigan porque son ricos, sino que son ricos porque investigan”. Como lo prueban cientos de testimonios en los últimos dos siglos, la investigación es condición para impulsar el desarrollo nacional. De allí que una condición para que alcancemos el desarrollo será la de fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles del sistema. La segunda Misión de Sabios es un buen precedente, siempre y cuando no pase lo que ya sucedió con la primera: los gobiernos siguen sin tener en cuenta sus recomendaciones formuladas dos décadas atrás.

Para profundizar: https://www.semana.com/educacion/articulo/presupuesto-para-investigacion-cientifica-en-colombia/517070

En últimas, de lo que se trata es de formular una política de Estado en educación de largo aliento, que garantice un Acuerdo Nacional, una revisión del Sistema General de Participaciones y una profunda reforma pedagógica al currículo, al sistema de formación y al modelo pedagógico. Que ayude a construir la paz y el desarrollo nacional. Si garantizamos que el PNDE se incorpore a los planes de desarrollo nacionales, regionales y municipales, si creamos una Comisión Nacional de Educación y si todos trabajamos en esa dirección, lo podremos lograr.  Ese es uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad para la década 2020-2029.

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¿Cuál es el secreto de los grandes maestros?

Julián De Zubiría Samper

Colombia / 23 de junio de 2019 / Autor: Julián de Zubiría Zamper / Fuente: Semana

Cada año la Fundación Compartir elige un Gran Maestro y tres ilustres. Partiendo del estudio que realizó como jurado del concurso, el pedagogo Julián De Zubiría reflexiona sobre las características comunes a ellos y propone convertir a los elegidos durante las dos décadas anteriores en maestros de docentes.

Por veinte años consecutivos la Fundación Compartir ha elegido al mejor maestro del país. Es una oportunidad para rendir homenaje a docentes que, haciéndole el quite a dificultades generadas por el contexto familiar en el que viven sus estudiantes, a la violencia que azota estas regiones y a las condiciones de infraestructura y dotación de las instituciones educativas, con enorme esfuerzo logran transformar las vidas de sus muchachos. Al hacerlo impulsan procesos de movilidad social en estos territorios.

Lo primero que hay que llamar la atención es que son pocos los maestros que transforman para siempre la vida de los jóvenes bajo su orientación. Cuando se le otorgó a Albert Camus el Premio Nobel de Literatura, evocó al profesor que le enseñó a leer. Cuando lo he preguntado en seminarios, me han respondido que entre tres y siete docentes han impactado sus vidas, lo cual es muy poco respecto del alto número de docentes que hoy en día intervienen en la vida de un joven. Pero también es cierto que todos los recordamos con inmenso cariño. A partir de las reflexiones que hice luego de haber estudiado las propuestas de quienes aspiraban al título de Gran Maestro en Colombia, quisiera destacar algunas de sus características principales. Hay que tener en cuenta que, en 2019, 1.074 profes aspiraron al premio.

En primer lugar, todos son líderes sociales. Los maestros que más se destacan en el país, movilizan a las comunidades en las que viven, visitan y dialogan con frecuencia con los padres de sus estudiantes e investigan a profundidad sus contextos. Todos ellos asumen como si fueran propios algunos de los problemas ambientales, tecnológicos o sociales en sus regiones e involucran a sus estudiantes en la investigación de dichas problemáticas. Lo claro es que, trabajan con la comunidad, la investigan, e intentan implementar algunas soluciones. Hacen exactamente lo contrario a lo que pretendía el senador Edward Rodríguez del Centro Democrático al intentar prohibir la libertad de cátedra. Ellos son ejemplo vivo de la más amplia libertad para investigar, reflexionar, pensar, hablar y cuestionar. Es más, asumen la libertad y la autonomía como la bandera en sus procesos formativos. El ejemplo más claro de ello es Carlos Enrique Arias, ganador del Premio a Mejor Maestro, quien logró que 94% de los egresados de su Institución Educativa en Montelíbano, ingresaran a la educación superior, cuando antes solo lo hacía el 20%. De esta manera, la educación estimula la movilidad social y permite a los jóvenes superar el círculo vicioso de la miseria. Tarea que debe valorarse aún más, si se tiene en cuenta que han estudiado en medio de las balas de todos los actores que han participado en el cruento conflicto armado vivido en Córdoba desde hace varias décadas.

Lo más triste es que dado el indiscutible liderazgo social alcanzado por los docentes, han sido blanco de estigmatización, persecución y amenazas por parte de los grupos políticos que tienen el control regional sobre la población, la tierra y la riqueza. Con frecuencia, fueron declarados objetivo militar por los paramilitares. Es así, como un muy reciente informe de la Fundación Compartirsobre la educación rural incluye un dato escalofriante: 1.579 maestros han sido asesinados durante el conflicto armado. Muchos de ellos, sin duda, fueron excepcionales docentes que dieron su vida por la educación. El liderazgo social de los maestros, los ha convertido en un objetivo político, cuando no militar, de sus contradictores.

La pasión es la segunda característica que encuentro en los docentes excepcionales. Todos gozan enseñando y agregan horas de acompañamiento a las que les exige su contrato. Su compromiso es ilimitado con los niños, los jóvenes y el entorno. Preparan minuciosamente sus clases y sus salidas de campo. Los grandes docentes sienten –como solía decir Freire-, que están cambiando a las personas que cambiarán el mundo. Hay mucho de mística en su tarea diaria. Se sienten misioneros de un cambio social. La esperanza, el entusiasmo y el sueño de vivir en un mundo mejor, los anima en su labor cotidiana.

La pasión –como el llanto-, se contagia, y por ello, los estudiantes se nutren de ella. Beben del compromiso de estos maestros y terminan dedicando varias horas a la lectura y la investigación. Bajo el liderazgo de un líder transformador, los estudiantes trabajan motivados y en equipo, ya que las tareas que les señalan, les resultan altamente pertinentes para sus vidas y para el contexto en el que viven.

La tercera característica, siempre la he encontrado presente en los estudios nacionales e internacionales sobre el tema. Los buenos maestros no se limitan a enseñar; sino que generan preguntas, impulsan debates y promueven la reflexión. Los maestros excepcionales enseñan a pensar y a leer de manera crítica. Eso halló Bain estudiando a los docentes excepcionales en las universidades en Estados Unidos. Eso mismo concluyó Sandra García, profesora de la Universidad de los Andes, estudiando las características comunes de los ganadores en los veinte años del concurso. Y una vez más, lo he vuelto a encontrar al estudiar los proyectos de los mejores docentes en Colombia que aspiraban a ganar el Premio Compartir en 2019. Son docentes que enfrentan a los estudiantes a problemas contextuales, los cuales hay que comprender, interpretar y resolver. Al hacerlo, les enseñan a pensar, leer y convivir. Son docentes que han transformado el modelo pedagógico tradicional por otro más reflexivo, dialogante y contextualizado, el cual, impacta de manera estructural el desarrollo de sus estudiantes.

Para poder hacerlo, los mismos docentes se vuelven más reflexivos, más autónomos y más críticos de sí mismos y del contexto. Al fin y al cabo, “nadie da lo que no tiene”. Ellos tienen de sobra la independencia y la autonomía que buscan fortalecer en sus estudiantes. Han reflexionado previamente sobre sus prácticas, una y otra vez las han evaluado e investigado. Bain concluye que los muy buenos docentes identifican los obstáculos a los que se enfrentarán sus estudiantes. En términos más técnicos, diríamos que los docentes excepcionales, tienen muy buenos niveles de metacognición sobre sus prácticas educativas. Por oposición, los docentes tradicionales, no se detienen a pensar para qué enseñan lo que enseñan, ni qué hicieron mal en dicho proceso. Dada la falta de reflexión, con el paso de los años, estos últimos se vuelven, cada vez, peores docentes, ya que, no aprehenden de su experiencia.

La cuarta y última característica que encontré en los docentes excepcionales es que retan a sus estudiantes, les exigen, les ponen problemas complejos para resolver. Al mismo tiempo, siempre les ponen andamios para que puedan resolverlos. Con estos docentes, los estudiantes trabajan mucho más: leen, piensan y se esfuerzan, ya que sienten que vale la pena hacerlo.

Ningún Ministerio de Educación logrará mejorar la calidad, si no cuenta con maestros apasionados, que hayan abandonado los modelos tradicionales y que enseñen a pensar y leer de manera crítica. Ninguno. El problema grave es que la gran mayoría de docentes de Colombia no son como ellos. Tienen excelente actitud y han llegado a la docencia por vocación, pero no tuvieron la formación adecuada para desarrollar las competencias que pretenden lograr en sus estudiantes. Les falta formación, autonomía, trabajo en equipo, lectura y pensamiento crítico. Es especialmente triste para mí decirlo, pero los docentes que están saliendo de las facultades de educación, presentan los niveles más bajos en lectura crítica y razonamiento numérico, entre todos los egresados de la educación superior. Es una triste realidad que tendremos que enfrentar de manera creativa y autocrítica, si en verdad queremos brindarles a las próximas generaciones la educación que necesitan ellos y la nación, para avanzar en el desarrollo humano.

Solo cuando el país se decida a transformar las Normales y las Facultades de educación, podremos pensar en mejorar la calidad de la educación. Esta meta no fue incluida en el Plan de Desarrollo del actual gobierno. Por tanto, es poco lo que podemos esperar al respecto durante los próximos tres años. La Fundación Compartir ya propuso priorizar la formación. Esa una propuesta muy pertinente, pero permanece engavetada. Aun así, se quedó corta en algo esencial: el país necesita fortalecer la formación in situ, necesita garantizar que haya reuniones de docentes semanales que cuenten con equipos de calidad de las secretarías para que las apoyen. De lo contrario, nunca cambiaremos el currículo fragmentado que hoy domina la educación, nunca superaremos un modelo pedagógico centrado en la trasmisión de informaciones y nunca consolidaremos en los docentes las competencias que ellos tendrán que desarrollar en sus estudiantes.

Maestras como Adriana González están llevando a pensar a jóvenes que la ciencia si debe ser cosa de mujeres. Maestras como Esmeralda Ortiz están recuperando la historia ancestral de la población afrodescendiente en Jumbo. Maestros como Adilson Barahona está generando preguntas científicas y tecnológicas altamente permitentes a jóvenes de la población de Sandoná en Nariño. Todos ellos deberían ser un referente para la formación de futuros docentes en Colombia. Debería el MEN retirarlos de sus aulas y convertirlos en maestros de docentes. Al fin y al cabo, nada mejor que ser formado por un maestro excepcional. Si lo hacemos, multiplicaremos por todo el país, la pasión, el compromiso, la lectura y el pensamiento crítico, que a ellos les sobra.

Fuente del Artículo:

https://www.semana.com/opinion/articulo/cual-es-el-secreto-de-los-grandes-maestros-columna-de-julian-de-zubiria-samper/620031

Fuente de la Imagen:

https://uniandes.edu.co/es/noticias/premios-y-reconocimientos/profesor-cordobes-ganador-de-premio-compartir-2019

ove/mahv

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¿A quién benefician los encapuchados en las protestas?

Julián De Zubiría Samper

Por: Julián De Zuburía.

Los encapuchados no representan a los estudiantes universitarios. Sin embargo, rectores, profesores y alumnos no han respondido con suficientes mecanismos para aislarlos. El pedagogo Julián De Zubiría propone algunas estrategias para la defensa de las universidades oficiales.

Las protestas son justas y necesarias en una democracia si son masivas, argumentadas y pacíficas. En este sentido, hay que reconocer que los estudiantes nos dieron, entre octubre y diciembre del año anterior, una gran lección al garantizar que se cumpliera a cabalidad con esas condiciones en las gigantescas manifestaciones que convocaron en defensa de la educación oficial.

Los estudiantes crearon mecanismos excepcionales de protección de la fuerza pública y expulsaron a los encapuchados de sus marchas. Lograron, de esta manera, establecer un estilo de protesta más creativo, simbólico y masivo. Por eso, por primera vez, la población respaldó masivamente sus luchas.

Los diversos sondeos de opinión señalaron que entre un 92 y un 94 por ciento de los colombianos estábamos de acuerdo, ya que consideramos justas sus causas y muy bien argumentados sus motivos. Bastaba ver un debate televisivo para darnos cuenta de que estábamos ante la presencia de un movimiento estudiantil más maduro, reflexivo y propositivo que el que habíamos encontrando en las décadas anteriores.

La consecuencia inmediata de esas protestas estudiantiles las conoce la nación: por primera vez en la historia, se sentaron a dialogar y a resolver los problemas educativos el equipo del Ministerio de Educación (MEN), los profesores y los líderes de estudiantes. Al final, el gobierno cedió a las presiones y se comprometió a transferir 5,9 billones adicionales para la educación superior y la ciencia, algo que marcará un hito en la defensa de la educación oficial del país. Las próximas generaciones tendrán que agradecerles por su lucha.

Sin embargo, fueron diferentes las imágenes que nos mostraron los medios masivos de comunicación del paro nacional realizado el pasado 25 de abril. Allí vimos grupúsculos aislados de estudiantes lanzando piedras a un pequeño grupo de policías arrinconados en la Plaza de Bolívar y otros pintando las paredes y la puerta de la catedral. En total no eran más de 50 jóvenes, pero ellos sembraron el caos e impidieron que los oradores se expresaran ante unas 10.000 personas que se aglutinaban para protestar contra el Plan de Desarrollo.

Los encapuchados no representan a los estudiantes, ni defienden los intereses de las universidades públicas. Nunca han generado ningún impacto positivo para la educación; por el contrario, sus refriegas con la fuerza pública han conducido al cierre de las universidades oficiales, a la pérdida de servicios complementarios y a la detención de algunos de los estudiantes que observan un grotesco espectáculo en el que un pequeñísimo grupo de estudiantes lanza piedras y “papas bomba” a la fuerza pública, mientras que otros observan el enfrentamiento como si se tratara de un juego rutinario.

Un país que ha convivido con las masacres, las desapariciones y los desplazados, es probable que, por tradición, se haya acostumbrado a las pedreas en sus universidades oficiales. No obstante, no hay que olvidar que en ellas se tendrían que lanzar ideas, hipótesis, investigaciones y propuestas, ¡y no explosivos! Absolutamente todas tendrían que ser territorios de paz, de diálogo y de rechazo a la violencia, venga de donde venga. El pensamiento crítico y la formación de mejores ciudadanos, dos de las prioridades actuales de formación en las universidades, son la antítesis de las pedreas entre estudiantes y fuerza pública.

Lo que hay que entender es que los encapuchados tienen una agenda propia y que defienden intereses anarquistas. Su objetivo es generar caos, desorden y refriega con la fuerza pública y lo logran muy fácilmente al actuar de manera aislada y violenta. La pregunta es sencilla y directa: ¿A quién benefician con sus actos vandálicos los pequeños grupos de encapuchados que de tiempo atrás hemos visto en las universidades oficiales y que en esta ocasión hacían presencia en una marcha de docentes, estudiantes y trabajadores, que consideran que el Plan de Desarrollo trae muchos elementos excesivamente favorables al capital, pero muy perjudiciales para la pensión, los impuestos y el bienestar social de los trabajadores?

Y la respuesta, tan sencilla como directa: Las consecuencias de su vandalismo son contrarias a la causa que dicen proteger ya que, con sus actos, deslegitiman la protesta social y hacen que la población termine rechazando las marchas y las protestas, por el caos que generan.

En el caso del 25 de abril, a los pocos minutos de iniciada la pedrea, la marcha se había dispersado totalmente, no fue posible escuchar a los convocantes y en los medios de comunicación estaba totalmente anulado el motivo de la protesta. Sólo se hablaba de los encapuchados violentos que cometieron actos vandálicos en la Plaza de Bolívar. Al mismo tiempo, el presidente de FENALCO pedía exigir pólizas a los manifestantes, mientras muy pocas voces salían a defender la necesidad que existe en las democracias de recurrir a diversos mecanismos de protesta pacífica y masiva.

En múltiples ocasiones se han divulgado fotos y vídeos que permiten pensar que podría haber oscuros móviles de personas interesadas en deslegitimar la protesta apoyando actos vandálicos y de infiltrados interesados en generar anarquía y desorden en las marchas. Ojalá estas múltiples denuncias fueran investigadas por la Fiscalía.

Coloquialmente se afirma que “los extremos se tocan”. Este popular y sabio dicho explica por qué terminan actuando casi igual los grupos de extrema izquierda y extrema derecha. Los actos anárquicos de ambos terminan dándole la razón a quienes piden que se debilite la educación oficial y que los recursos sean transferidos al sector privado, bajo el supuesto de que allí se utilizarán mejor.

Necesitamos aislar, entre todos, a los violentos y fanáticos, y defender una protesta masiva, reflexiva y pacífica, como corresponde en las democracias.

La fuerza pública debería poder ingresar a los campos, siempre y cuando el Consejo Superior de las universidades así lo permita. De lo contrario, violaría la autonomía universitaria y podría escalar el conflicto, como lo ha reconocido el propio Consejo de Estado al condenar a la Policía al pago de gigantescas indemnizaciones después de que el ingreso intempestivo a las universidades oficiales ha conducido a asesinatos en el Alma Mater.

A pesar de ello, hay que invitar a los rectores a que utilicen este mecanismo cuando las circunstancias excepcionales lo ameriten. De lo contrario, los perjudicados son los hijos y las hijas de los sectores de menores ingresos que requieren de las universidades oficiales para continuar con sus estudios y aumentar, gracias a ello, sus posibilidades de movilidad en la sociedad.

Aun así, una solución más sencilla y directa es la instalación de cámaras en las afueras de los lugares en los que suelen presentarse los enfrentamientos con la fuerza pública. Con buenas y diversas cámaras, hoy es relativamente fácil identificar a los protagonistas de los enfrentamientos, así tapen sus caras con capuchas.

En conclusión, lo que tienen que entender los estudiantes es que quienes se encapuchan y lanzan piedras, contribuyen a la estigmatización y a la mala imagen de las universidades públicas. Con sus actos anarquistas, ellos terminan defendiendo a quienes quieren cerrarlas.

Es por lo tanto imprescindible que los promotores de las pedreas sean rechazados por los estudiantes y profesores. Para lograrlo, propongo debates y una votación general en todas las universidades oficiales sobre la vigencia y pertinencia de lanzar piedras a la fuerza pública en pleno siglo XXI, después de lo que hemos avanzado en la consolidación de la paz, luchando precisamente contra quienes han querido hacerla trizas.

Se trataría de analizar qué les han dejado a las universidades oficiales las pedreas que de manera recurrente se han sucedido en sus espacios aledaños. Hay que evaluar la experiencia y debatir su pertinencia. Al fin y al cabo, en los espacios universitarios se debería rechazar todo tipo de violencia en la sociedad, iniciando por la que se presenta en sus propios campus.

A la Fiscalía hay que exigirle investigación sobre la posible participación de personas infiltradas en los campos universitarios para deslegitimar a las protestas; a los rectores hay que pedirles que convoquen los Consejos Superiores en circunstancias excepcionales para autorizar el ingreso de la fuerza pública a las instalaciones; a la policía hay que convocarla a llenar de cámaras los espacios aledaños a las universidades.

A todos los docentes y estudiantes universitarios hay que invitarlos a rechazar la presencia de encapuchados en las marchas estudiantiles y de garantizar la protección de la fuerza pública en las movilizaciones. La paz la construiremos entre todos y las universidades tienen que ir en la punta para ejemplificar lo que significa para la vida, la democracia, la educación y el diálogo, la culminación exitosa del proceso de paz con la guerrilla más antigua del mundo.

Fuente del artículo: https://www.semana.com/educacion/articulo/a-quien-benefician-los-encapuchados-en-las-protestas/612666

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¡Gracias, Antanas!

Julián De Zubiría Samper

Por: Julián de Zubiría

El pedagogo Julián De Zubiría rinde homenaje a Antanas por haber impulsado un cambio cultural al articular pedagogía, moral y política. Asegura que el país estará pendiente de la decisión del Consejo de Estado sobre su curul, pero muy especialmente, de seguir recibiendo las enseñanzas del profesor Mockus.

Antanas Mockus ha sido el padre de la cultura ciudadana y el gestor de un cambio cultural en el país. Puso a soñar a toda una Nación en que era posible articular la pedagogía, la moral y la política. También ha sido defensor incansable del principio sagrado de la vida y de la necesidad de fortalecer la regulación social.

Como pedagogo, hizo parte del Grupo Federicci, el cual dio una dura batalla contra la tecnología educativa que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) quería imponer en los años ochenta. Al ganarla, se convirtió en un referente obligado del naciente Movimiento Pedagógico Nacional.

Como filósofo y matemático, se convirtió en rector de la Universidad Nacional, entidad en la cual intentó llevar a cabo una profunda reforma financiera y pedagógica. A nivel financiero, elevó considerablemente el pago de los estratos más altos de la población que se vinculaban a la universidad.

A nivel académico, buscó disminuir el enciclopedismo, aumentar la flexibilidad y la contextualización en la universidad, para ponerla al frente de las nuevas tendencias pedagógicas; hizo todo lo posible para que los estudiantes dominaran las gramáticas básicas de la academia y para que la actividad recayera en mayor medida en su trabajo autónomo. Aun así, la reforma quedó a mitad de camino y en este terreno todavía estamos pendientes de culminar su tarea; en especial, hay que reconocer que las universidades siguen en deuda con la sociedad en la formación de mejores ciudadanos.

Para los años noventa ya era muy reconocido en el medio intelectual y quiso aprovechar su liderazgo académico para lanzarse a la política, con el fin de enseñar a los colombianos a convivir pacíficamente y a respetar la vida y las leyes. El cambio cultural que ha promovido a lo largo de su vida sigue siendo muy incipiente en el país. Por ello, no hay duda: su tarea política todavía está inconclusa.

El Consejo de Estado acaba de anular su curul en el Senado. Lo paradójico es que, previamente, otra sala del mismo Consejo, y con exactamente la misma información, lo había ratificado en el cargo. No me corresponde a mí analizar el proceso jurídico en el que está inmerso, sino destacar su invaluable papel como formador de mejores ciudadanos. En consecuencia, a ello dedicaré estas notas.

La tesis central de Antanas es que en Colombia existe un divorcio entre ley, la moral y la cultura, y que, debido a ello, hay aprobación cultural y/o moral de acciones ilegales y hay reprobación moral o cultural de algunas de las obligaciones legales de los ciudadanos.

El divorcio entre los tres sistemas de regulación se expresa en acciones ilegales pero avaladas y aprobadas moral y culturalmente (por ejemplo, la evasión de impuestos), y hay acciones ilegales, reconocidas como moralmente inaceptables, pero culturalmente aceptadas (como, por ejemplo, el paramilitarismo y el narcotráfico). Colombia ha sido un buen ejemplo de ambas prácticas.

En el país ha sido ampliamente aceptada y justificada la evasión de impuestos, bajo la idea de que no tiene sentido pagar tributos, ya que éstos, según la subcultura dominante, “serán robados” y terminarán en manos de “políticos corruptos”.

Colombia también es muy buen ejemplo de la tolerancia con la ilegalidad, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que cerca del 41% de la población llegó a considerar como un “mal menor” el paramilitarismo, pese a las masacres, las desapariciones, el uso criminal de la motosierra y la expropiación de cerca de 9 millones de hectáreas. Tierras que fueron despojadas a pequeños campesinos, en lo que se podría llamar una reforma agraria, pero hecha al revés y que tristemente nos ha convertido en uno de los tres países del mundo con mayor concentración de la tierra en pocas manos.

Como puede verse, nuestra cultura ha estado profunda y estructuralmente marcada por la convivencia con el narcotráfico, la ilegalidad y el conflicto armado. Ante los ojos de todos, y muy especialmente del Estado, las mafias de narcotraficantes se apropiaron de tierras, empresas, clubes deportivos, miembros de la justicia e incluso, de algunos sectores de los partidos políticos, a quienes llegaron con enorme frecuencia a financiar sus campañas.

La sociedad y sectores del Estado, convivieron por décadas en contubernio con el narcotráfico. Es así como el propio Estado creó la Cuenta Especial de Cambios para beneficiarse de los recursos provenientes de las transacciones de dólares y pesos en el Banco de la República. La población fue mucho más brillante cuando la denominó la “Ventanilla siniestra”; es decir, una cuenta inventada por el propio Estado para beneficiarse del lavado de dinero de las mafias.

Muy sabiamente, Antanas concluyó que se había generalizado una “cultura del atajo” o del éxito fácil, profundamente admirada y valorada por los ciudadanos.

La pregunta, en este contexto, es cómo reestablecer la unión entre la ley, la moral y la cultura. ¿Cómo superar las actitudes condescendientes de la población ante la ilegalidad? ¿Cómo disminuir la convivencia consentida con el paramilitarismo y el narcotráfico? Estas fueron las preguntas que tuvieron que ser abordadas por Antanas cuando llegó en dos ocasiones a la alcaldía de Bogotá.

La reflexión de Mockus lo condujo a buscar mayor respeto por la ley y a fortalecer los sistemas de regulación social. La armonización que buscó Mockus implicaba, necesariamente, generalizar el rechazo moral y cultural a las acciones ilegales, a los sobornos, al contrabando, a las pirámides económicas y la evasión, entre otros.

Cultura Ciudadana fue un conjunto de programas y proyectos que expresaron la prioridad del gobierno en Bogotá de mejorar la convivencia ciudadana por la vía de un cambio comportamental consciente. Se trató de proteger la vida en todos los contextos; de allí el uso del cinturón de seguridad en el carro, de las cebras y puentes peatonales o el conjunto de medidas para disminuir el uso de armas o la prohibición de la pólvora en manos inexpertas.

Estas medidas siempre estaban acompañadas de mecanismos de control de social y de actos simbólicos. La macro idea que subyace a estos programas es que “la vida es sagrada” y que, por ello, hay que hacer todos los esfuerzos posibles desde el Estado por defenderla. Este principio, fue acompañado por otro derivado: “los recursos públicos son sagrados”. En consecuencia, también hay que hacer todo lo posible por cuidarlos.

Sin duda, hay impactos muy importantes de las medidas adoptadas por Mockus en las dos alcaldías, lo que permitió, desde la primera, reducir significativamente las tasas de homicidios de 72 (1994) a 51 por 100.000 habitantes (1997), y de 25 a 20 por 100.000 la tasa de muertes violentas en accidentes de tránsito.

La exitosa experiencia de Bogotá quiso llevarse al país en lo que se conoce como el movimiento de la “Ola verde”. Miles de jóvenes y artistas se volcaron a las calles y a las urnas en defensa de una nueva manera de hacer política: más transparente, más participativa y más ciudadana. En 2010, estuvieron relativamente cerca de llegar al poder. Sin embargo, el “país político”, como lo llamaba Jorge Eliécer Gaitán, no lo permitió.

Con la asesoría de J. J. Rendón, personaje especializado en propaganda negra y en difundir falsos rumores en campañas electorales, el uribismo se burló de Mockus al denominarlo “profesor”, en un país en el que los docentes están profundamente estigmatizados y desprestigiados, precisamente por la clase política; y se volvió a burlar al preguntarle si era o no creyente.

Como buen filósofo, tuvo que reflexionar su respuesta. El “país político” se unió en su contra y lo venció. Una vez más, la clase política volvió a manipular a una población que lee muy poco, que entiende todavía menos y que es muy temerosa. En eso momento, el “país político” asustó al “país nacional” con la idea de que podía llegar a la presidencia un profesor ateo y quien, para completar, era un “caballo discapacitado”, como lo llamó el propio Álvaro Uribe, cuando se hicieron públicos los primeros síntomas del Parkinson que comenzaba a padecer. Por “enésima vez” la clase política, altamente ligada a la corrupción y la ilegalidad, logró retener el poder.

En un país en el que el largo conflicto armado destruyó la confianza que tenemos hacia los otros, nos sigue haciendo falta Antanas Mockus para seguir impulsando las competencias ciudadanas en la población.En un país en el que un sector muy influyente de la clase política se especializó en debilitar las instituciones, incendiar de odio, promover la ira y la sed de venganza, sigue haciendo mucha falta un político que enfatice la educación y el cambio cultural, como lo ha hecho Antanas a lo largo de la historia.

La Nación necesita que pasemos la página de la violencia para poder enfrentar los grandes problemas que tenemos como sociedad. Somos uno de los países más inequitativos del mundo.

Somos un país enfermo de intolerancia y sed de venganza. Para enfrentar estos retos se requiere de políticos que contribuyan a la convivencia pacífica, que respeten y valoren la pluralidad y las diferencias. Hasta este momento, Antanas Mockus es, como político, de lejos, el que mejor lo ha hecho. Precisamente por eso no es casual que los abogados que demandaron su elección provengan de un partido cuya totalidad de representantes en el Congreso fueran destituidos por nexos comprobados con el paramilitarismo: Convergencia Ciudadana. Ahora quieren ganar en los estrados los votos que no obtuvieron en las urnas.

No estoy seguro si se ratificará la primera o la segunda decisión del Consejo de Estado. En cualquier caso, tengo muy claro que la Nación está en inmensa deuda con Antanas. De él aprendimos que la vida es sagrada, que los cambios culturales son los más profundos, que la pedagogía y los actos simbólicos son las armas más importantes para cambiar las sociedades, y que la ética debe estar presente en todo proyecto político.

Por todo ello y por mucho más, quiero expresarle al profesor Mockus las gracias infinitas por el aporte que ha hecho al cambio cultural en Colombia y espero que podamos seguir aprendiendo de sus enseñanzas. Como docente y como ciudadano, tengo que reconocer que muchas veces Antanas me ha inspirado y espero que lo siga haciendo; y que también lo haga con miles y miles de docentes, de artistas e intelectuales y con millones de ciudadanos que conforman las próximas generaciones de colombianos.

Imagen tomada de: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTov6O3AcKLGi1IVT5CdTL08GjePQQWHBXDEanzUIktrD5jjrfaMA

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-le-rinde-un-homenaje-a-antanas-mockus/609538

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La calidad de la educación, gran ausente en el Plan de Desarrollo

Julián De Zubiría Samper

Por: Julian de Zubiría Samper

El pedagogo Julián De Zubiría analiza la propuesta educativa del Plan de Desarrollo del gobierno de Iván Duque. Su conclusión es que, salvo en educación inicial, el plan carece de diagnósticos, ideas y estrategias para enfrentar el grave problema de la baja calidad de la educación.

El Plan de Desarrollo expresa, libre de todo adorno, la política pública. Allí vemos los diagnósticos, las prioridades y las metas propuestas por el gobierno para los próximos cuatro años. Allí conocemos los recursos que serán invertidos en cada uno de los sectores. El Plan es ley de la república y lo que no esté escrito, prácticamente no existirá durante el cuatrienio.  De allí su enorme importancia para comprender para dónde va el gobierno, a qué le asigna importancia y qué le preocupa poco.

Lo primero que hay que decir es que, en educación, este plan dejó por completo de lado el Plan Decenal 2017-2026, que había sido formulado tan solo un año antes. Después de consultar a más de un millón de colombianos y de que por espacio de un año trabajó una Comisión Académica en la que estaban presentes algunos de los más destacados educadores y pedagogos; luego de un intenso trabajo por parte de diversas instituciones gubernamentales organizadas en la Comisión Gestora, se lanzó públicamente el Plan Decenal.

El plan definió los diez desafíos que tendrá que afrontar la nación en los próximos diez años en el derecho a la educación y en las estrategias que nos deberían llevar a mejorar la precaria calidad educativa de la que disponemos hasta el momento. Este gobierno acaba de botar a la caneca todo ese trabajo y desaprovechó la oportunidad para construir política de Estado en educación. La implicación es que tendremos que volver a iniciar estudios, reflexiones y diagnósticos ¡En materia de calidad de la educación, volvemos a empezar de cero!

El Plan de Desarrollo en educación es muy pobre en diagnósticos y corto en metas, ideas y propuestas. Lo que mejor sale librado es la educación inicial. Sin duda, elabora una pertinente estrategia para atender de manera integral a los menores de seis años. En esto acierta, ya que es evidente que sin mejorar el derecho y la calidad de la educación inicial es poco lo que podremos hacer por la equidad.

Tal como vamos actualmente, ya en primer grado existe una acentuada inequidad entre el desarrollo alcanzado por niños pertenecientes a familias de estratos altos y bajos. Pese a que la Ley General de Educación estableció en 1994, tres años de atención obligatoria a los menores, hoy tan solo el 55% de los niños y niñas del país están matriculados en transición. El Estado, una y otra vez, ha violado lo establecido en la Ley. En consecuencia, hay que aplaudir el énfasis en la cobertura integral de la educación inicial. Aun así, la meta del Plan es llegar al 68% para transición, la cual sigue siendo relativamente baja.

También es cierto que, gracias a las gigantescas movilizaciones de los estudiantes universitarios, los recursos para la educación superior crecerán en este y los próximos tres años y que esta situación logrará revertir parcialmente la aguda tendencia hacia la desfinanciación de la educación superior que vivimos durante las dos últimas décadas. Algo que también hay que reconocer.

Sin embargo, es poco lo que podemos resaltar del Plan en materia pedagógica, ya que, es muy pobre su análisis sobre los factores asociados a la calidad educativa. Más grave todavía, no ameritan una sola palabra en el extenso documento los temas del currículo, del modelo pedagógico, de la necesaria reestructuración por ciclos del desarrollo, de la cohesión de la comunidad educativa o del inaplazable relanzamiento de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI).  Paradójicamente es un Plan de Desarrollo educativo, pero con muy pocas ideas pedagógicas, pensado para seguir haciendo “más de lo mismo” y de la misma manera.

En el tema de docentes es muy poco lo que avanza el Plan. También aquí deja de lado el estudio más completo que al respecto se ha presentado en Colombia y el cual es conocido como el Informe Compartir Tras la excelencia docente (2014). Por tanto, también se abandonan sus interesantes recomendaciones de política pública. En el Plan no se retoman sus diversas propuestas sobre los criterios y estímulos necesarios a tener en cuenta para cualificar la selección de mejores docentes, ni su original propuesta sobre los sistemas tutoriales de acompañamiento o la concerniente a la necesaria transformación del sistema que hoy en día estamos utilizando para evaluar a nuestros docentes: un sistema basado en videos que nadie ve, ni entiende, ni sabe cómo evaluar, ni para qué sirven. Absurdamente hoy en día los seguimos usando. Ni una palabra se dice sobre todo ello.

Aún más preocupante, casi nada se dice sobre los grandes ajustes que hay que hacerle al actual sistema de formación de docentes, aunque todos sabemos que, entre los profesionales que se gradúan de las universidades, los futuros docentes siguen obteniendo los peores balances en las pruebas SABER PRO en lectura crítica y razonamiento numérico. Como dicen coloquialmente, la “platica” del Informe Compartir se perdió, porque ni el gobierno de Juan Manuel Santos ni el de Iván Duque asumieron de manera responsable sus interesantes recomendaciones en política pública. Incluso, varios de los aspectos señalados en el Plan, son abiertamente contradictorios con los formulado en el Informe.

El tema del currículo es todavía más grave, ya que ni si quiera aparece mencionado en el Plan de Desarrollo. Éste es uno de los factores más importantes para explicar la bajísima calidad educativa del país y aunque en el Plan se mencionan reiteradamente los altos niveles de deserción en todos los niveles del sistema, en ningún momento se interpreta el problema. Sin esto, es imposible resolverlo.

El Plan menciona que de cada cien estudiantes que se matriculan en el primer grado, tan solo 44 logran graduarse del colegio, pero no aborda la pregunta central: ¿por qué sucede esto? ¿por qué el sistema no logra retenerlos? Una de las variables esenciales a tener en cuenta y que se señala en múltiples investigaciones, es la de la impertinencia de los temas abordados en la escuela. Con frecuencia los jóvenes interpelan: ¿para qué ir a la escuela si en ella no les enseñan lo que necesitan en la vida y si lo que necesitan en la vida no se los enseñan en la escuela?

Sigue el país abordando un currículo impertinente y descontextualizado, que enfatiza en aspectos fragmentarios, informativos disciplinares, pero el nuevo plan de Desarrollo no dice una sola palabra sobre estos temas. Ese es el costo de dejar de lado la historia y los diagnósticos previos. Al respecto el tercer desafío que estableció el Plan Decenal 2016-2027, fue definido de manera muy clara y precisa: “Establecer para el país lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles”.

Generales para superar el paradigma de la transmisión de la información; flexibles para respetar la autonomía que exige la Ley General y la necesaria contextualización que demanda un buen trabajo educativo; y pertinentes para superar el modelo pedagógico tradicional que sigue siendo ampliamente dominante en el país. Me temo que avanzaremos muy poco en la reflexión e implementación de un currículo que enfatice las competencias esenciales para pensar, comunicarse y convivir. Seguiremos viendo cómo se torna cada vez más difícil enfrentar el problema de la calidad de la educación, porque no tenemos un gobierno interesado en ello, que aprehenda de la historia y que tome las medidas que se requieren para enfrentar el viejo problema de la calidad de la educación.

En campaña fue evidente que el candidato Duque tenía el programa menos elaborado en educación porque carecía de diagnósticos, de interpretación, de análisis y de propuestas para afrontar el tema de la calidad de la educación. Era claro que este tema le interesaba poco. Hoy hay que ratificarlo: al gobierno Duque le interesa poco la educación y por ello ha presentado un Plan de desarrollo que desconoce la historia, los diagnósticos previos y las múltiples propuestas que han hecho investigadores, pedagogos y gobiernos anteriores.

Una última palabra: en todo el documento no aparece una sola vez mencionada la palabra paz. La pregunta que tenemos que hacernos es si es posible una buena educación que no ayude a consolidar la paz en el país.

La nación no lo sabe, pero en Colombia hemos construido un sistema educativo que agrava las inequidades sociales; un sistema que, con el paso del tiempo, ha aumentado las desventajas que tienen los sectores más pobres y olvidados del país; un sistema en el que muy pocos estudiantes pertenecientes a colegios de estratos altos, alcanzan cada vez resultados más altos y más distantes de los que alcanza la mayoría de la población.

El problema grave es que, si no mejoramos la calidad de la educación y si no formamos a los niños y los jóvenes para la reconciliación y la paz, será totalmente imposible disminuir las acentuadas inequidades que tenemos los colombianos. Me temo que seguiremos teniendo una educación pública de muy baja calidad. Esto es inevitable cuando el gobierno no aborda las variables clave asociadas a la calidad: el currículo y la formación de docentes. Tampoco dice una palabra sobre las innovaciones pedagógicas o la necesaria reestructuración por ciclos del desarrollo, para fortalecer el trabajo en equipo y disminuir la fragmentación, propias de la escuela tradicional. Ojalá en los planes municipales y departamentales sí se aborden estos cruciales temas que fueron dejados de lado en el Plan de Desarrollo Nacional.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/la-calidad-de-la-educacion-gran-ausente-en-el-plan-de-desarrollo-por-julian-de-zubiria-samper/607078

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¿Se debe privatizar la educación pública?

Julián De Zubiría Samper

Por Julián De Zubiría Samper*

El expresidente Álvaro Uribe ha propuesto privatizar la educación básica. Su argumento es que la calidad de la educación pública es muy mala y le preocupa un posible adoctrinamiento de los estudiantes a manos de sus profesores. Estos son mis argumentos de por qué concluyo que está equivocado y sostengo que el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes es el mejor antídoto contra los dogmas.

El expresidente Uribe tiene toda la razón cuando dice que las verdades únicas, los dogmas y el adoctrinamiento no son buenos en la formación de niños y jóvenes, pero se equivoca al interpretar el problema y, por tanto, al proponer soluciones. Se equivoca al suponer que existen diferencias significativas en la calidad de la educación pública y privada.

En Colombia, los niños y los jóvenes en ambos tipos de instituciones no aprehenden a pensar, leer, escribir, convivir o argumentar. Eso lo sabemos porque poseemos –a cargo del Icfes– el mejor sistema de seguimiento de la educación de América Latina y porque hemos participado en las más importantes pruebas internacionales de evaluación de la educación, como son Pisa, Timms, Pirls, además de que los diagnósticos de la Unesco nos evidencian resultados muy similares. Todas las pruebas, sin excepción, tanto las internas como las externas, nos ratifican lo mismo: la calidad de la educación en Colombia, tanto en los colegios públicos como privados, es extremadamente baja. Si eso es tan claro, ¿por qué entonces el expresidente concluye que es alta la calidad en la educación privada?

El senador comete un error de pensamiento al sobre generalizar a partir de un caso particular. En realidad, un pequeño grupo de colegios, la gran mayoría privados y con nivel socioeconómico y sociocultural muy alto, viene realizando un buen trabajo en la última década. Este grupo está estimado en 600 colegios, lo que representa un 4% del total de las instituciones educativas del país. En estos colegios ha habido procesos positivos de liderazgo pedagógico, de construcción de PEI y comunidad educativa; en ellos hay buenos procesos de selección, formación y evaluación docente. Allí se respeta ampliamente la libertad de cátedra y, gracias a ella, se han realizado significativas modificaciones curriculares. En ellos la autonomía es más alta que en los colegios oficiales, a los cuales la política pública tiene asfixiados con requerimientos burocráticos impertinentes que les exigen las diversas dependencias de las secretarías de educación correspondientes.

En consecuencia, la libertad de cátedra –contrariamente a lo que creen en el Centro Democrático– es fundamental para entender esos avances en la calidad. Salvo en este pequeño grupo de colegios, no se puede inferir que los logros de todos los colegios privados sean mejores; entre otras razones porque sus resultados no son comparables, ya que sus estudiantes provienen de familias con niveles socioeconómicos y culturales muy diferentes. Cuando esta variable se controla –nuevamente en contra de lo que supone el senador– los resultados son idénticos.

Uribe propone continuar la política educativa de Santos, que consistió en transferir 4 billones de pesos al sector privado en un intento por imponer un sistema de financiamiento de la educación por la demanda. Es una idea muy equivocada para la calidad de la educación y para la democracia. Las gigantescas movilizaciones de profes y estudiantes se originaron contra el programa Ser Pilo Paga, germen de dichas transferencias. Los estudiantes se indignaron cuando vieron cómo, literalmente, se caían y asfixiaban financieramente las universidades públicas, mientras las privadas no paraban de construir y crecer. Los estudiantes ganaron el debate, la nación se puso de su lado y acompañó sus luchas y el gobierno de Duque decidió apoyar la educación pública. La propuesta de Uribe sería volver a un pasado ya superado de transferencias generalizadas al sector privado.

La desconfianza del senador Uribe por la educación pública y los profesores es de vieja data. Durante su gobierno se gestó el problema más grave para la educación pública rural del que tengamos noticia. Ésta fue por completo abandonada: se dejó de entregar textos a los colegios rurales, se dejó de formar a sus docentes y directivos, se abandonó cualquier proceso de contextualización y reorganización curricular. Fruto de ello, la educación oficial rural llegó a su nivel más bajo desde que tengamos seguimiento del mismo. Eso se puede verificar para matemáticas y lenguaje y para los grados tercero y quinto de primaria. Durante su gobierno, efectivamente la brecha entre la pública rural y la privada se acentuó de manera escandalosa; es decir, la educación dejó de cumplir el papel de movilizador social, que es su función esencial en una democracia.

El gobierno de Juan Manuel Santos diseñó un programa para revertir la crisis en la que había entrado la educación rural durante Uribe, y de la cual todavía no hemos salido por completo. El programa es conocido como Todos a Aprender (PTA) y a juicio de Jaime Niño (QEPD), ex ministro de educación, ha sido el programa más importante en la educación colombiana en las últimas décadas. El PTA fortaleció la formación in situ, entregó textos y generó un sistema de formación en cascada para 4.000 instituciones y 2 millones de estudiantes, precisamente los que alcanzaban los peores resultados en pruebas de Estado. Muchos de sus docentes desconocían que existiera un MEN, lineamientos curriculares, estándares, bibliotecas, conectividad o textos. Habían sido colegios prácticamente abandonados por el Estado. PTA logró revertir la tendencia y su balance es relativamente positivo: ha fortalecido la comunidad educativa, el clima institucional y ha tenido un impacto positivo para el área de lenguaje, aunque siguen pendientes los resultados en matemáticas.

Sin ninguna duda, la calidad de la educación oficial básica es muy baja en el país. Sin embargo, el diagnóstico del senador Uribe es en extremo injusto con los docentes. El ex presidente concluye que los profes han generado odio y adoctrinamiento y que allí radica el principal problema de la calidad de la educación. En realidad, es muy triste que un ex presidente se refiera en esos términos a los maestros de su país.

El expresidente no se refiere a ninguno de los factores estructurales que explican la baja calidad: los niños de estratos bajos menores de 5 años no reciben educación inicial porque el Estado incumple su derecho constitucional; hay ausencia de política de Estado para la educación en Colombia, existen altos niveles de fragmentación y dispersión curricular y es evidente la baja calidad de la formación de los docentes. Pero lo que no dice Uribe es que ninguno de estos factores es responsabilidad de los docentes, todos recaen casi exclusivamente en el Ministerio de Educación Nacional. La pregunta es: ¿Por qué no se refiere a ellos el expresidente?

Desafortunadamente, no hemos contado en Colombia con una clase política preocupada por la educación y la ciencia, con visión a largo plazo para fortalecer el desarrollo. La obsesión, casi adictiva, de una buena parte de su clase política, ha sido por la participación y el triunfo en las elecciones. En eso, los docentes les llevamos una ventaja enorme a la mayoría de políticos colombianos. Nosotros estamos interesados en formar las próximas generaciones, en tanto el interés de una buena parte de los políticos es ganar las próximas elecciones.

Sin duda, Fecode ha actuado casi exclusivamente movido por criterios gremiales y ha participado muy poco en la reflexión pedagógica nacional; ha formulado muy pocas propuestas de carácter pedagógico y ha bloqueado procesos de evaluación docente pertinentes, que nos ayudarían a mejorar la calidad. Esa es su principal responsabilidad frente a la calidad de la educación. Pero no le podemos endilgar la responsabilidad de la formación, ni del diseño curricular, ni del incumplimiento del derecho a la educación de los menores. En eso el expresidente es muchísimo más responsable que todos los docentes que han trabajado en las últimas décadas. Y esos son los factores claves de la baja calidad de la educación en el país.

La educación no es un problema de derechas ni de izquierdas. Países de todas las tendencias ideológicas han alcanzado resultados excepcionalmente altos. Países del más amplio espectro político entendieron que la ciencia y la educación deben ser una prioridad. Todos ellos contaron con políticas de Estado en educación. Todos ellos crearon consejos nacionales para orientar los procesos educativos. Todos ellos se dedicaron a seleccionar, formar y evaluar de la mejor manera a sus docentes. Todos ellos repensaron sus lineamientos curriculares. Y ninguno de ellos se dedicó a estigmatizar a sus docentes o a perseguirlos. Por el contrario, los seleccionaron con cuidado, los empoderaron, los formaron, confiaron en ellos y, en general, fortalecieron su autonomía.

Lo que necesita el país es mejorar los sistemas de selección, formación y evaluación de docentes. Muy buenos procesos de selección de sus docentes acercarían a la docencia a los mejores egresados de la educación media. Necesitamos docentes altamente valorados y formados, para que desarrollen en sus estudiantes las competencias esenciales para pensar, comunicarse y convivir. Lograrlo implica transformar por completo los arcaicos sistemas de formación que siguen vigentes en Colombia.

El senador tiene razón en que las doctrinas y el pensamiento único no son buenos en la educación, pero la solución a estos problemas no está en la privatización ni en la coacción a la libertad de cátedra. Hay que hacer exactamente lo contrario: fortalecer la libertad de cátedra, de manera que se amplíen los debates y se fortalezca el pensamiento crítico de los estudiantes, que es el mejor antídoto contra los dogmas.

Las democracias necesitan una educación pública robusta y de calidad. Son las dictaduras las que coartan la libertad de cátedra y destruyen la educación pública.

(*) Director del Instituto Alberto Merani y Consultor en educación (@juliandezubiria).

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/se-debe-privatizar-la-educacion-publica-por-julian-de-zubiria/605140

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