Author: Julián De Zubiría Samper

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La educación seguirá en el centro del debate en 2019

Julián De Zubiría Samper

Por: Julián de Zubiría 

El profesor Julián De Zubiría analiza los temas educativos que seguramente sean debatidos en 2019. Invita a la nación a pasar de la discusión sobre las finanzas al debate sobre el tipo de educación que les deberíamos dar a niños y jóvenes y a la reflexión sobre la revolución pedagógica pendiente en Colombia.

Durante todo el 2018 la educación estuvo a la orden del día. Gracias a las diez movilizaciones de estudiantes y al histórico acuerdo celebrado con el gobierno, el tema estuvo presente en las redes, los editoriales, las columnas y las entrevistas de los principales diarios, revistas y noticieros. En el 2018 el personaje del año en Colombia fue el movimiento estudiantil que organizó gigantescas y pacíficas movilizaciones. Se ganaron el corazón de los colombianos ya que su causa fue justa y porque la supieron defender con argumentos. En el 2019 la educación volverá a ocupar un lugar de privilegio en el debate público. De eso se encargarán los estudiantes, FECODE y el propio gobierno nacional.

Siguiendo el ejemplo de los estudiantes chilenos, los colombianos definiremos en un referendo si la educación superior debe ser considerada como un derecho fundamental y ser atendida por el Estado de manera gratuita y universal. Esta es una idea muy ambiciosa y por ello demandaría un enorme esfuerzo fiscal en caso de ser aceptada. En 2017, Chile estableció el derecho a la educación superior. En consecuencia, decretó gratuidad y universalidad. Sin embargo, en el país austral ya había sido derecho hasta 1981, cuando el general Pinochet decidió entregarle el sistema educativo por completo al sector privado.

Hay poca discusión sobre la conveniencia de considerar la educación como un derecho fundamental, pero mucha sobre la viabilidad, ya que es una decisión en extremo costosa; en particular, si se tiene en cuenta que el 50% de los ingresos de las universidades oficiales colombianas proviene actualmente de la venta de servicios y del cobro de matrículas. Hoy, en el país, el 52% de los jóvenes recibe educación superior. Podemos y debemos pensar en elevar gradualmente esta cifra, particularmente en los sectores de menores ingresos. Para el estrato 1, en Colombia, tan solo el 10% de los jóvenes llega a educación superior.  Allí hay que focalizar los esfuerzos, entre otras, porque termina siendo altamente regresivo en un contexto de recursos escasos otorgarles gratuidad a los estratos 4, 5 y 6 que accedan a la educación pública. De todas maneras, no hay que olvidar que en Colombia una cosa es lo que establece la ley y otra lo que sucede en la realidad. En educación inicial, por ejemplo, la Ley General de 1994 estableció tres años de educación para todos los niños. Hoy, 25 años después, sigue siendo letra muerta, ya que tan solo el 80% alcanza un año de educación inicial. Seguimos en deuda con los menores del país para garantizarles la educación establecida en la ley, la cual es esencial para su desarrollo futuro. Gobernar es elegir y ésta sigue siendo la prioridad. No sólo legal, sino, principalmente, ética y política.

Lo segundo que agitará el año educativo es que hay algunos sectores de estudiantes que consideran que se hubiera podido alcanzar más en la negociación con el gobierno. En general, están equivocados. El acuerdo logrado es histórico. Si se suman todos los rubros, se alcanzaron 5,85 billones adicionales para la educación. Entre estos, se destacan los recursos para Colciencias que para 2017 tan solo habían llegado a representar un 50% de lo invertido en 2012. Así mismo, más de 1,3 billones van a la base presupuestal. En consecuencia, habrá un punto de inflexión en la historia de las finanzas de la educación superior y se revertirá la caída en sus recursos que venían teniendo las universidades oficiales durante los últimos 25 años.

El movimiento estudiantil tendrá que estar muy pendiente de que el gobierno cumpla con la palabra empeñada y tramite en el congreso los nuevos recursos para la educación superior, continúe la mesa técnica sobre la reestructuración del ICETEX y los docentes ocasionales, y dé todo el respaldo legal al acuerdo alcanzado. Es esencial que se presente una ley de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, para que lo acordado no dependa de la voluntad del gobernante de turno. Hay condiciones políticas para ello, ya que un sector amplio de parlamentarios respaldó las causas que se argumentaron en las movilizaciones estudiantiles. Todos seremos vigías y garantes de que se cumpla lo acordado. No sólo los estudiantes, ya que ellos no son los beneficiados; lo es el país y el desarrollo nacional.

El gobierno también agitará el tema porque presentará el Plan de Desarrollo y aspira llegar a un Acuerdo sobre educación y el desarrollo nacional con las diversas fuerzas sociales. Tarea casi imposible en un país tan polarizado si no se cuenta con enorme liderazgo y establece compromisos serios ante la población. Aun así, mostró temprano sus cartas y lanzó el programa Generación E de manera apresurada y con menos revisión de la necesaria. Mejora frente a las lesivas condiciones que le impusieron las universidades privadas al gobierno anterior. El gobierno de Santos pagó el 100% de las matrículas en las universidades privadas más costosas en el programa Ser Pilo Paga. De esta manera, 4 billones de pesos, que deberían haber fortalecido la educación oficial, terminaron beneficiando tan solo a 39.000 estudiantes y a las diez universidades privadas más costosas e importantes del país.

Generación E tiene otros aspectos positivos como la búsqueda de la gratuidad. A pesar de ello, hay que garantizar que en el Plan de Desarrollo mejoremos significativamente este programa, de manera que todos los seleccionados vayan a las universidades públicas, que la gratuidad se concentre en los estratos 1 y 2, que comience en las universidades públicas regionales y que dejemos de apoyar individuos para orientar los recursos financieros e institucionales a las universidades comprometidas con la calidad en las regiones.

De otro lado, FECODE tiene convocado un paro nacional para marzo. Se trata de exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno anterior en materia de salud, nivelación salarial, primas extralegales y cobertura en educación inicial. Para ello se requiere elevar los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales han venido cayendo en el país. En eso tienen la razón ya que, contrario a lo que escuchamos tantas veces por intermedio de delegados del anterior gobierno, Colombia no ha aumentado su inversión en educación. El dato es muy sencillo y claro: en 2018 invertimos el 4,2 del PIB, cifra idéntica a la que invertíamos veinte años atrás.

Así mismo, el paro busca bloquear cualquier intento de evaluación por competencias que esté pensando el nuevo gobierno. En eso, el interés gremial de FECODE riñe con los esfuerzos que como nación tenemos que hacer para mejorar la calidad de la educación.

Como puede verse, el gobierno, FECODE y el movimiento estudiantil hablan de educación, pero no de pedagogía; se refieren al derecho a educarse, pero no al derecho a recibir una educación de calidad. Ninguno de ellos está abordando propiamente los temas pedagógicos. Ninguno se refiere a los gravísimos problemas que presenta el país a nivel curricular, institucional o al modelo pedagógico centrado en la fragmentación y la descontextualización. Ninguno habla de los gravísimos problemas que presenta la formación de docentes en Colombia. Ninguno está pensando en una estructura por ciclos que supere la fragmentación por grados que hoy mantenemos vigente en la educación básica.

A nivel curricular, tenemos en Colombia una “colcha de retazos”.  Conviven lineamientos, que van por un lado, estándares, que van por otro, y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), por uno adicional. Este último es uno de los mayores retrocesos en la conceptualización pedagógica en Colombia en las últimas décadas. Sinceramente, deberíamos abandonarlos, porque retrocedimos en lugar de avanzar. Lo anterior explica por qué todavía hoy en el país domina un currículo fragmentado, descontextualizado y muy impertinente. Lo que se enseña no es lo que necesitan saber los niños o jóvenes, ni lo que requieren las regiones, ni lo que corresponde a las competencias del siglo XXI. Currículos y modelos tradicionales para mediar y evaluar siguen siendo ampliamente dominantes en los colegios y universidades del país.

En este contexto, mi invitación es a pasar del debate educativo al pedagógico. Debería ser más claro que los problemas del currículo, la evaluación, el modelo pedagógico y la formación de docentes en colegios y universidades no se resuelven con plata, sino con medidas tomadas a partir de reflexiones e investigaciones que cuenten con amplia participación de docentes, pedagogos e investigadores.

Acompañé a los jóvenes en todas sus movilizaciones. Comparto con ellos y con los maestros la necesidad de luchar por ampliar los recursos para la educación, pero ahora que hemos logrado un acuerdo y que lo estamos ratificando en las regiones, mi invitación a los jóvenes, al gobierno y a FECODE es a que pensemos en serio en la revolución pedagógica que les debemos a las nuevas generaciones de colombianos. Una tarea que nos debería involucrar y comprometer a todos, pero de la que casi ninguno habla.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/la-educacion-seguira-en-el-centro-del-debate-en-2019-por-julian-de-zubiria-samper-/598710

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¿Cómo resolver el problema de las universidades públicas?

Julián De Zubiría Samper

Por: Julián De Zubiría Samper.

El país vivió un día histórico el pasado 10 de octubre. Multitudinarias movilizaciones lideradas por el movimiento estudiantil salieron en defensa de la educación pública y exigiendo que los recursos de la guerra se desplacen a la educación. El pedagogo Julián De Zubiría analiza los posibles escenarios para superar la crisis.

El diez de octubre de 2018 será recordado como un punto de inflexión en la lucha por el derecho a la educación en Colombia. Las agencias internacionales estiman que más de medio millón de personas salieron a la calle en diferentes ciudades a defender las universidades públicas, hoy amenazadas por el abandono, la estigmatización y la desidia de los últimos gobiernos. No cabían los estudiantes en la Plaza “Che” de la Universidad Nacional y, como muy pocas veces, tampoco la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, alcanzó a albergar a los miles y miles de manifestantes. En hechos sin precedentes, las marchas estuvieron encabezadas por los rectores de las universidades oficiales, fueron acompañadas por miles de estudiantes de las universidades privadas y, durante el día, grandes grupos de jóvenes limpiaron las consignas que habían pintado previamente pequeños grupitos de estudiantes encapuchados. Sin duda, será un día histórico para la educación colombiana y si bien la gran mayoría de marchantes eran estudiantes, también lo hicieron profesores y ciudadanos que saben que la universidad pública tiene la llave maestra para disminuir la inequidad, fortalecer la movilidad social en el país y generar riqueza social.

Como muchos otros, agradezco a la vida el haber podido estudiar en la Universidad Nacional de Colombia. Recibí clase de los mejores docentes de la época, lo que me ayudó a desarrollar la pasión por la lectura, el pensamiento crítico, el compromiso social y una perspectiva más diversa y compleja del mundo. Pero son pocos los que tienen ese derecho, porque debido a la asfixia presupuestal en la que la han mantenido, de 75.000 aspirantes para el año 2019, sólo 5.000 fueron admitidos, aunque 14.000 habían aprobado el examen. Algo muy similar sucede en las otras 31 universidades públicas en las diversas regiones del país.

La humanidad no conoce una mejor manera para salir de la pobreza que la educación. Miles de vidas han sido transformadas por completo gracias a la muy alta calidad que ofrecen la mayoría de las universidades públicas colombianas. Más de la mitad de ellas cuentan con acreditación. Hoy, más de 650.000 jóvenes estudian en sus aulas. El 81% pertenece a los estratos 1, 2 y 3, en un bello ejemplo de integración y diversidad social. Sin educación pública, los estratos más bajos estarían condenados a vivir en las mismas condiciones de pobreza en la que vivieron sus padres. No hay duda: las universidades oficiales han sido el más importante mecanismo de movilidad social en la historia del país.

Rápidamente, el gobierno salió a ofrecer a los manifestantes una adición de 500 mil millones para las 32 universidades públicas para el 2019. Ignacio Mantilla, ex rector de la Universidad Nacional, calificó la medida como un “conejazo”, ya que dichos recursos no serán necesariamente para las universidades públicas y tan solo 55 mil de ellos serán manejados por ellas. El SUE consideró que los recursos ofrecidos tan solo equivalen al 2,8% de la deuda acumulada con las universidades; los representantes de los profes concluyeron que la decisión era una “mentira” y los estudiantes decidieron iniciar un paro indefinido al considerar que la propuesta del gobierno desconocía la magnitud y la raíz del problema. Estos últimos tampoco aceptaron la invitación a dialogar que les cursó el MEN y la condicionaron a la presencia de rectores y profesores. De la marcha salió enormemente fortalecida la alianza tripartita en defensa de la universidad oficial. Posición que también es respaldada por un muy amplio sector de la nación que ve con buenos ojos que se fortalezcan las universidades públicas.

Lo que está en juego en Colombia es cuál es la prioridad que vamos a asumir como nación. Hay un sector que considera que la prioridad debe seguir siendo la guerra. Ellos ya han alcanzado una adición presupuestal de 3,5 billones en el 2019 en defensa y armamento, de manera que supuestamente podamos enfrentar el conflicto armado que ellos mismos están impulsando contra Venezuela. En Colombia, un sector se ha beneficiado política y económicamente de la guerra y quiere seguir nutriéndose, pero ahora en una guerra contra el hermano pueblo venezolano, hoy sumido en una dramática crisis política, social, humana y económica. No quieren reconocer que la guerra es la expresión más primitiva del ser humano y la expresión más clara de que somos incapaces de dialogar y de resolver pacíficamente los problemas que genera la convivencia. Pero no se detienen porque saben que no son sus hijos los que morirán en ella.

Por otro lado, estamos los que creemos que la única opción que tenemos como nación es la de fortalecer la inversión en ciencia y en educación. Los miles y miles de personas que se expresaron en las calles, han dado una respuesta contundente: Se agotó la paciencia para ver que los recursos de la guerra se desplacen hacia la educación. La solicitud es clara y directa: por lo menos 1 billón de dichos recursos deberá destinarse para 2019 a las universidades oficiales. En términos coloquiales, compartimos la tesis de Tola y Maruja cuando dicen que esperan que los recursos de la guerra “se destinen a la educación pública, pero para bombardear la ignorancia”.

Sin embargo, el problema es más complejo. Estamos ante una crisis estructural que se fue gestando en las finanzas de las universidades públicas desde 1992 y no la vamos a resolver con giros adicionales. Así sean mayores. La pregunta esencial es cómo vamos a afrontar el derecho a la educación de las nuevas generaciones. Para ello, es indispensable un cambio orgánico a la ley que define las transferencias del Estado hacia las universidades oficiales. Sin modificar la Ley 30 de 1992, no es posible salir de la crisis financiera estructural de las universidades oficiales.

La nación tiene que recurrir a nuevas fuentes de financiamiento de la educación provenientes de regalías, nuevos tributos y gravámenes, recursos que antes se destinaban a la guerra y de diversas y creativas estrategias de financiamiento. En la práctica, hay que hacer una inversión masiva para cualificar la dotación de las universidades oficiales y ponerlas tecnológicamente a la altura de la calidad que ofrecen; algo muy similar a lo que hizo Ecuador en la década anterior y a lo que unos años atrás hicimos nosotros para enfrentar la guerra interna. En Colombia se buscaron nuevos recursos para avanzar en la lucha contra las guerrillas y, para lograrlo, se crearon impuestos excepcionales. En educación tendremos que hacer algo similar. Pero para ello es indispensable un acuerdo que exprese un amplio respaldo político: Un Acuerdo Nacional por la Educación. Éste debe involucrar a las más diversas fuerzas sociales, políticas y económicas de la nación.

Como hemos señalado y recomendado académicos y científicos en otro momento, la nación necesita un Consejo Nacional en educación y otro en ciencia para garantizar la política pública de Estado de la cual hemos carecido. Esa es una condición sine qua non para que las soluciones no sean espejismos con claros intereses políticos, sino que se recurra a medidas estructurales, de largo plazo, pensando en los intereses de las nuevas generaciones y no de las próximas elecciones.

Las universidades públicas no pueden seguir mendigando o regateando sus recursos, ni deben tener que recurrir a mecanismos coyunturales para evitar que sus edificios se caigan. Como nación tendremos que asumir una financiación suficiente, acompañada de reformas administrativas y pedagógicas en su interior. No tiene ningún sentido que una universidad como la Nacional tenga más administrativos que docentes (3.000 frente a 2.993, respectivamente). Se requiere mirar con mucho más cuidado el decreto 1279 y los impactos que ha causado en la calidad de la educación, para determinar qué ajustes hay que hacer en el sistema de pago de los docentes.

La grave crisis financiera debe verse como una oportunidad para resolver de manera general los diversos problemas de las universidades públicas. Será la oportunidad para sanear estructuralmente sus finanzas, para reestructurar su administración y para repensar sus lineamientos pedagógicos. Al respecto de esto último, hay que señalar que son diversas las estrategias que se están estudiando en algunas universidades oficiales para repensar sus sistemas de evaluación, currículos y los modelos pedagógicos que las orientan.

Hay que intentar convertir la adversidad en una oportunidad para impulsar el desarrollo. Es claro que, si fortalecemos las universidades públicas con recursos, buena administración e innovación pedagógica, estaremos consolidando el tejido social, formaremos mejores ciudadanos, e impulsaremos el crecimiento económico, la creatividad, la ciencia, la investigación nacional, la equidad y la democracia. De esa manera, ayudaremos a resolver los problemas del país, a disminuir la iniquidad y a favorecer la movilidad social.

Como puede verse, lo que está en juego no es solamente el estudio de los jóvenes, sino el tipo de sociedad que estamos construyendo y el desarrollo nacional que alcanzaremos. Es por eso que miles y miles de personas salieron a la calle el 10 de octubre de 2018. Es condición de la democracia escuchar la voz del pueblo. Ojalá el gobierno le cumpla a la democracia en Colombia.

Fuente del artículo: https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-analiza-como-resolver-la-crisis-de-las-universidades-publicas/587042

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La carta que Julián de Zubiría le envía a los estudiantes de Colombia

Julián De Zubiría Samper

Por: Julián de Zubiría

El pedagogo envía un mensaje al movimiento estudiantil: lo invita a concentrarse en el debate y la incidencia de la política pública en educación, más que en la exigencia de recursos para este o el próximo año. La idea es encontrar fórmulas que faciliten la culminación del paro estudiantil.

Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, es una de las personas que más se ha pronunciado sobre el déficit de las universidades públicas del país. El pedagogo ha analizado diversas salidas para saldar las cuentas de las Instituciones de Educación Superior y ha reconocido las falencias y los esfuerzos por parte de los estudiantes y el Gobieno Nacional.

Hace varios días De Zubiría le había escrito una carta al presidente de la república, Iván Duque con la intención de invitarlo a que se reuniera con los estudiantes. En esta ocasión y a dos días de la marcha del 28 de noviembre por parte del movimiento universitario (que se presagia altamente masiva porque, de nuevo, saldrán a las calles los sectores obreros del país) publica otra carta, esta vez dirigida a los estudiantes que por más de 40 días y tras varias largas reuniones con la ministra de Educación continúan con su lucha por la defensa de la educación superior. Este es el texto:

Queridos Jennifer, Alejandro, Alex, Andrés y tantos otros dirigentes del actual movimiento estudiantil colombiano:

El país debe estar muy orgulloso de ustedes: han liderado un movimiento creativo, reflexivo, argumentativo y pacífico en defensa de la educación oficial, profundamente debilitada en las últimas dos décadas en Colombia. En un hecho muy especial, han conseguido sentar al gobierno a dialogar sobre el presupuesto para la educación superior en los próximos años. También han logrado controlar y rechazar la mayoría de las acciones violentas realizadas por grupos aislados de diverso y dudoso origen. Pero, posiblemente, lo más importante es que han puesto a toda la nación a hablar casi a diario de los problemas y las falencias de la educación. Su voz resuena en las emisoras, en la prensa, en las redes y en la televisión. Los noticieros inician todos los días comentando las marchas y los avances en la negociación con el gobierno. En las calles, en las reuniones, en las redes sociales y en los medios, la población ha expresado masivamente apoyo a su causa. En un hecho sin precedentes, su lucha y su protesta ha sido ampliamente respaldada por profesores y rectores. Estos últimos, pudiendo aplazar el semestre, han optado por darle todo el tiempo necesario a las conversaciones, con la ilusión de que nos estemos acercando al día en el que se pueda levantar el paro.

Algunos de los más importantes académicos y artistas nacionales e internacionales han expresado su apoyo a la lucha por ustedes liderada. Para las personas de mi generación fue emocionante escuchar a Roger Waters defender su causa, al tiempo que entonaba “Another brick in the wall”. Cuarenta años atrás, el genial grupo inglés del que formaba parte nos formulaba la profunda tesis de que la escuela que habíamos conocido había sido creada a imagen de las fábricas y que solo servía para producir “salchichas”. Hoy vemos que su compromiso se mantiene y se profundiza. Entre muchos otros, también ha sido esencial el apoyo de Boaventura de Sousa, Shakira y Residente.

Muchos sabemos del enorme sacrificio que ustedes han tenido que pagar, en especial, en un país en el que tanta gente buena ha sido asesinada por intentar defender causas justas. Duele en el alma saber que la mayoría de ustedes están amenazados y que, por ello, tengan que desplazarse utilizando complejos mecanismos de seguridad, algo especialmente triste si sabemos que la mayoría de ustedes apenas bordea los 22 años.

No hay duda: la causa de ustedes es justa y de allí el masivo apoyo que ha generado en la población. Todos sabemos lo que vale una educación pública de calidad. Lo saben los padres que no tendrían que hipotecar sus vidas para que sus hijos reciban la educación de la que ellos carecieron; lo saben ustedes que son conscientes del impacto en la movilidad social de recibir una educación pública de calidad. Todos reconocemos que ustedes están por terminar sus estudios universitarios, lo que le asigna mayor trascendencia a su lucha. En el fondo, los beneficiarios de ella, hoy, son niños.

Concuerdo plenamente con ustedes en que los últimos gobiernos organizaron una política pública para debilitar la educación oficial y fortalecer la financiación a la demanda. La ambición política llevó a la exministra Gina Parody a crear el programa Ser Pilo Paga, lo que, en la práctica implicó una transferencia cercana a los 3,2 billones de pesos hacia las universidades privadas, mientras las universidades oficiales se caían a pedazos. Lo hacía para apoyar tan solo a 40.000 muchachos e intentando catapultar sus aspiraciones políticas de mediano plazo. Es solo uno de tantos ejemplos que conocemos.

Por ello, quiero hacer tres propuestas públicas, intentando ayudar a desempantanar un conflicto que amenaza con la pérdida del semestre a una población cercana a los 700.000 estudiantes. Prolongar la negociación puede ser riesgoso para todos, ya que, con la llegada de las fiestas de diciembre y la pérdida del semestre, el movimiento podría perder fuerza.

Lo primero que quiero enfatizar es que es más importante el debate sobre la política pública que sobre el monto de los recursos transferidos a las universidades. Al fin de cuentas, lo segundo depende de lo primero. De allí que les propongo aceptar el programa Generación E, tal como quiere el gobierno, pero con una condición innegociable: Todos los beneficiarios deben ir a las universidades públicas. Eso es lo que corresponde en un Estado de derecho con escasez de recursos, como Colombia. La ministra de educación ha estimado en 5,8 billones de pesos el programa. Es una cifra considerable. Sin embargo, es muy reducido el recurso previsto para la gratuidad de 320.000 estudiantes (1,4 billones), lo que representa un monto inferior a $440.000 por semestre, por alumno. Por el contrario, sigue siendo muy alto el recurso destinado al programa de excelencia, el cual nuevamente terminará en las universidades privadas y atendiendo tan solo a 16.000 estudiantes. Si estos recursos están destinados por completo a las universidades oficiales, hay que apoyar Generación E. Si se transfieren desde el Estado nuevos recursos y si mejoramos su administración, la educación pública puede ampliar la población atendida y seguir consolidando la calidad. Si es cierto lo que dice el gobierno en el sentido de que no hay más recursos, la solución es relativamente sencilla: todos estos deben destinarse a apoyar la educación pública en un verdadero programa de fortalecimiento de las universidades oficiales del país.

Lo segundo que quiero destacar es que lo acordado con los rectores es insuficiente, pero va en la dirección correcta. Todos deberíamos concordar en eso. Por algo, los rectores firmaron la propuesta en el primer almuerzo con el presidente. El SUE estima que los costos de funcionamiento de las universidades oficiales han subido 4,75 por ciento por encima de la inflación en promedio anual durante la última década. Exíjanle al presidente Duque que en este porcentaje se modifiquen los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Sería convertir en ley lo acordado con los rectores, adicionándole 0,75 por ciento. Esta es una decisión que exige un acuerdo amplio de las fuerzas en el Congreso. Hay muy buen ambiente para lograrlo. Solo faltaría el liderazgo del presidente para garantizarlo. Es una propuesta realista para fortalecer la educación pública superior en Colombia. La enorme ventaja es que trazaría la política a largo plazo para la educación pública colombiana, algo de lo que hemos carecido por completo en el país en las décadas anteriores.

Lo tercero es lo más complejo de explicar en un párrafo, pero se trata de un punto crucial para el futuro de la educación en Colombia. Lo explicaré con un estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. El Observatorio estima que faltan 80,7 billones para garantizar el derecho a la educación en Colombia. Pero de ellos, solo el 26 por ciento corresponde a la educación superior, en tanto el 74 por ciento corresponde a la educación básica; y eso sin contar el sector más atrasado de todos en recursos y calidad: la educación inicial oficial. Un solo dato para argumentarlo: invertimos cuatro veces menos por estudiante menor de 5 años que el que se invierte en Chile. Dicho de otra manera: las mayores carencias de recursos oficiales no se encuentran en la educación superior, sino en la educación inicial y básica. Allí la situación es especialmente crítica. En síntesis, hay que garantizar una ampliación de los recursos para todo el sistema educativo y no solo para la educación superior. Eso lo deben tener claro el movimiento estudiantil colombiano y la nación entera.

Sé que los tres elementos que propongo no corresponden al pliego completo que están discutiendo con el gobierno, pero representan un esfuerzo muy importante para salir adelante. Quedan por fuera temas muy complejos, como el de la reestructuración del ICETEX o el crecimiento desbordado de los profesores ocasionales en las universidades oficiales. Éstos son temas complejos que demandan de una mesa técnica para trabajar junto con el Ministerio de Hacienda y los diversos actores en la solución de estas problemáticas en el mediano plazo.

Sin embargo, mi recomendación al movimiento estudiantil colombiano es la de concentrarse en debatir e incidir en la política pública, en lugar de buscar los recursos para este o el siguiente año en las universidades colombianas. Si eso se consigue, si sale fortalecida la política pública, si lo acordado hace parte integral del Plan de Desarrollo y de la política pública, y si llega al Congreso con carácter prioritario el cambio en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, creo que la nación entera quedaría profundamente agradecida con ustedes, por lo logrado para la educación oficial, la democracia y la equidad.

Jennifer, Alejandro, Alex, Andrés y tantos otros dirigentes del actual movimiento estudiantil colombiano: Me despido de ustedes esperando que la marcha convocada para el 28 de noviembre sea tan masiva y pacífica como las anteriores; pero, muy especialmente, deseando de corazón que ojalá sea la última y lleve al gobierno a darle un giro a la política pública de debilitamiento de la educación oficial a la que nos acostumbraron los tres últimos mandatarios en el país. Y los lleve a ustedes a concertar con el gobierno un acuerdo muy benéfico para las nuevas generaciones de colombianos y para el desarrollo sostenido del país.

Con profundo aprecio y admiración,

Julián De Zubiría

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-le-envia-carta-al-movimiento-estudiantil-en-colombia/592372

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Carta al presidente de la república sobre el paro de los estudiantes universitarios

Julián De Zubiría Samper

Por: Julián de Zubiría

El pedagogo Julián de Zubiría le envía una carta pública a Duque en la que lo invita a reunirse con los líderes del paro estudiantil. A los estudiantes los convida a reconocer lo logrado y a disminuir sus pretensiones. El país necesita grandeza del gobierno y de los estudiantes.

Estimado presidente Iván Duque:

Tenga usted muy buenos días.

Estamos ad portas de un hecho de enorme gravedad para la vida de los jóvenes colombianos: 650.000 estudiantes están próximos a perder el semestre que actualmente adelantan en las 32 universidades públicas del país. Sería una lamentable frustración para ellos, para sus familias, para el desarrollo nacional y para cerca de 30.000 jóvenes que ya fueron seleccionados para ingresar en el año 2019, quienes también tendrían que aplazar sus sueños, porque sus cupos serían ocupados por los estudiantes favorecidos con el ingreso en este segundo semestre de 2018. La rectora de la Universidad Nacional anunció que hoy vencería el plazo para cancelar el semestre y, en la votación electrónica adelantada, ganaron quieres decidieron que el paro debería continuar. Algo así no lo habíamos vivido en Colombia en las últimas dos décadas.

Lo único que piden los estudiantes universitarios es que usted se reúna con ellos, que los escuche, que conozca de primera mano por qué llevan un mes largo marchando en las calles en defensa de la educación, la equidad y la democracia. No luchan por ellos, sino por las próximas generacionesy por ello están a la espera de que se cree una mesa que dé respuesta a cada una de sus peticiones.

A este país le ha faltado escuchar a los jóvenes, por ello nos hemos connaturalizado con la injusticia, la violencia, la muerte y la intolerancia. Por hablar tan poco con ellos, a los colombianos se nos endureció el corazón. Viviríamos en un mejor país, si escucháramos con más atención los sueños, las investigaciones y las reflexiones de la juventud.  Deberíamos estar de fiesta para celebrar que los jóvenes protesten y participen en el debate político, social y cultural. Es un síntoma de que la democracia se está ampliando. También necesitamos su esperanza y su optimismo para que contagien los corazones de los habitantes y comencemos a enfrentar la cultura del atajo que heredamos de las mafias y la guerra. La democracia y el desarrollo necesitan de la juventud.

En su nueva entrevista para la revista SEMANA, usted afirma que la prioridad de su gobierno será la equidad. ¿Podemos acaso hablar de ella cuando, si no hacemos nada especial, el 90  por ciento de los jóvenes de estrato 1 nunca conocerá una institución de educación superior,llámese SENA, Tecnológico o Universidad? Eso quiere decir que ellos necesariamente vivirán en las mismas condiciones de miseria en la que vivieron sus padres. La educación es el único mecanismo, a mediano plazo, que logra de manera sostenida la movilidad social de las personas, de las familias y de las sociedades. Usted y el país lo saben. Los jóvenes lo que están haciendo es recordárnoslo.

En campaña, usted nos dijo que era el candidato de los jóvenes. ¿Acaso puede ser cierto que uno de los presidentes más jóvenes en la historia de Colombia no se digne escuchar a estudiantes que protestan de manera pacífica, reflexiva y organizada?

Durante los 100 primeros días de gobierno usted ha hablado de diversos pactos por Colombia. Uno de ellos, posiblemente el más importante, el pacto por la educación ¿Quién va creer en un pacto por la educación que deja por fuera a los estudiantes que desde hace más de un mes llenan las calles de música, alegría, argumentos y dignidad?

En Colombia es muy común que los presidentes se reúnen frecuentemente con cantantes, deportistas, empresarios y rectores de universidades privadas, pero es histórico que lo hagan con rectores de universidades oficiales. Esa foto de un presidente con los rectores del Sistema de Universidades Estatales (SUE) nunca la habíamos visto en Colombia. De allí la trascendencia del acuerdo que usted firmó con ellos. Eso lo tiene que entender el país. Usted empezó con pie derecho cuando recibió a los rectores de las universidades oficiales en el Palacio de Nariño.

 

Llevábamos 25 años disminuyendo cada año los recursos para las universidades oficiales; la historia reconocerá lo que usted hizo. Todos quienes hemos estudiado el tema educativo sabemos que se hizo un esfuerzo importante y que podríamos iniciar un cambio en la política que se venía trazando desde el año 1992. Sin duda, llegaron algunos recursos nuevos y frescos para funcionamiento, aunque son relativamente pequeños los que se van a transferir para solventar la aguda crisis de la infraestructura de las universidades oficiales. Los jóvenes y los académicos estaremos muy pendientes de que no continúe la transferencia de recursos hacia las universidades privadas, mientras las públicas se caen a pedazos.

Pero usted estuvo mal asesorado y cometió un error que nos condujo al callejón aparentemente sin salida que estamos viviendo: no invitó a los estudiantes que estaban en paro a almorzar a Palacio. No los tuvo en cuenta. No los escuchó. La indiferencia también es una forma de violencia y genera rencor. Es más, ellos fueron claramente maltratados en una primera reunión con el viceministro en la que se dedicó a tomarles del pelo por espacio de nueve horas. Luego la ministra lo intentó, pero tampoco pudo concertar. ¿Entonces debemos condenar a 650.000 jóvenes a la pérdida del semestre por un error de asesoramiento? ¿Dónde quedan sus discursos sobre la unidad y la conciliación?

Con el paso del tiempo han comenzado a tomar fuerza las posiciones más violentas, entre los estudiantes y en el interior del gobierno. No es bueno para el país que eso suceda y mucho menos que usted las deje crecer. En la última marcha ya se hicieron sentir pequeños grupos de encapuchados desadaptados que amenazaron a los líderes estudiantiles y que lanzaron bombas incendiarias contra medios de comunicación. La inmensa mayoría de los estudiantes condena explícitamente estos actos. Sin duda, los estudiantes deben cerrar filas y expulsar de sus marchas a quienes lleven capuchas, porque las causas justas se defienden de frente, con la cara descubierta, con argumentos y a plena luz del día.  Pero los violentos ganarán la partida si su respuesta sigue siendo la indiferencia. Lo mismo sucede con quienes en el interior del gobierno piden mano fuerte, descargas eléctricas y cárcel para los promotores. Si sigue postergado el diálogo, es inevitable que estas voces tomen fuerza en el gobierno, el congreso y la movilización estudiantil.

En los dos sondeos de opinión que se han realizado en esta época, el 96 por ciento está a favor de la lucha de los estudiantes. Es comprensible: la población defiende el derecho a la educación, aunque es implacable para rechazar los actos de violencia. Eso lo sabemos todos y por ello hay sectores extremistas interesados en que no se inicien los diálogos, en difamar del movimiento estudiantil y en hacerlo presentar como terrorista. ¿Usted de qué lado de la historia está?

Estos jóvenes han dado muestras de enorme reflexión, paz y argumentación. Han programado cinco marchas y la gran mayoría de ellas ha tenido un comportamiento ejemplar. Ha habido brigadas para limpiar los letreros que algunos desadaptados pintan delante; ha habido cordones de estudiantes para proteger a la Policía; ha habido intercambio de abrazos y flores con la fuerza pública, porque la casi totalidad tiene claro que el problema no es la policía, sino una política pública que se ha ensañado contra la educación oficial en las últimas dos décadas.

Con los rectores dio usted un paso importante, pero quedaron puntos esenciales por tratar con quienes han organizado los paros y las marchas. Muchos jóvenes no tienen las condiciones para pagar las deudas con el Icetex. Todo indica que es más del 50 por ciento de quienes contrajeron deudas años atrás. El Estado no puede actuar como banquero usurero y obligar al pago a quien no tiene trabajo. Es un tema complejo y lento de resolver, pero en eso tienen toda la razón. También la tienen cuando solicitan un apoyo para la inversión en ciencia que se ha ido apagando en el país. En 2018, Colciencias recibió la mitad de los recursos con que contaba en 2012. Llegamos al fondo de la tabla entre los países que más recursos invierten en ciencia en América Latina. Es justa su lucha ya que, sin aumentar la inversión, no saldremos del subdesarrollo. Así mismo, hay que hacer un programa a mediano plazo que garantice el estudio de los sectores más pobres de la población. Como país, podríamos apostarle a ir garantizando muy gradualmente el derecho que, en una democracia, le asiste a la población de recibir educación de calidad. Un buen gobernante no respondería con gases lacrimógenos y detenciones a una población ávida de movilidad social y deseos de progreso. Como hacen los buenos padres: les daría educación de calidad y les pediría esfuerzo y dedicación.

Los jóvenes tienen que mermar en sus peticiones, tienen que entender que ya se tomaron algunas medidas para fortalecer la educación pública y que el esfuerzo que se haga no solo debe orientarse a la educación superior. Tenemos falencias críticas en la educación inicial. Estamos en pañales para crear un sistema que garantice que los niños de los hogares más pobres reciban educación inicial de calidad. También tenemos serias dificultades para garantizar que no se retire el 40 por ciento de los jóvenes sin culminar sus estudios de educación media.

Unos años atrás el país hizo un esfuerzo importante para garantizar que superáramos la violencia. Se crearon impuestos y se invirtieron importantes recursos para dotar de armamento, inteligencia y miembros a las Fuerzas Militares. La estrategia funcionó y la balanza comenzó a inclinarse a favor de las Fuerzas Militares y en contra del movimiento guerrillero. Hoy ha llegado el momento de una estrategia similar para darle el impulso que requiere la educación, en recursos, en innovación y en ideas. Usted puede pasar a la historia como el presidente que tomó esa decisión.

Esta semana, un periodista me preguntaba si la crisis en el sector de la educación podía interpretarse como una “papa caliente” que usted recibió. Le dije que no debería serlo. Por el contrario, que todo buen padre sabía que lo mejor que le puede dejar a sus hijos es buena educación y que si tuviéramos buenos gobernantes sabrían que deberían dejarles muy buena educación a sus ciudadanos. En consecuencia, creo que usted tiene una oportunidad de oro para impulsar el crecimiento y el desarrollo sostenido. Lo que hoy hagamos en ciencia y educación determinará qué pasará con el país unas décadas después. Lo que sí es bien claro es que un país que no escucha a su juventud, no puede llamarse una democracia.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-le-escribe-una-carta-al-presidente-ivan-duque-sobre-el-paro-estudiantil-2018/590543

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La crisis financiera de las universidades públicas

Julián De Zubiría Samper

Por Julián De Zubiría Samper.

El pedagogo Julián De Zubiría explica en esta columna las razones de la grave crisis financiera que vienen sufriendo las universidades públicas y la cual ha llevado a rectores, docentes y estudiantes a convocar movilizaciones para exigir adiciones para la vigencia del presupuesto que está por definirse para el año de 2019.

El país se prepara para recibir una de las marchas más grandes en las últimas décadas. El 10 de octubre, estudiantes, profesores y ciudadanos, saldrán a la calle en todos los rincones del territorio en defensa de la universidad pública y para exigir recursos que garanticen que puedan seguir ofreciendo educación de tan alta calidad, como hasta el momento han podido hacer. Simultáneamente, en el Congreso se realizará un foro por la dignidad de la educación superior. La idea es incidir en la decisión del gobierno sobre el presupuesto general de la nación para el año 2019. Sin duda, son marchas justas en defensa de la educación y la democracia.

La única opción para alcanzar la movilidad social que tienen los hijos de familias que vivieron en la pobreza es convertirse en estudiantes de alguna de las universidades públicas con que cuenta el país.

La propuesta del gobierno es adicionar 3,5 billones a las armas y la guerra. La propuesta de docentes y estudiantes es que, de esos recursos, se reasigne 1 billón para las universidades públicas, que se incrementen los recursos para el SENA, que se transfieran fondos del ICETEX hacia la educación oficial y que los 800.000 mil millones que cuesta anualmente el programa Ser Pilo Paga se inviertan por completo en las universidades públicas regionales.Veremos de qué manera elige defenderse el país: si con armas o con educación. Si la decisión se toma pensando en las próximas generaciones y el desarrollo nacional, no hay duda: mejoraremos significativamente los recursos para la educación.

En Colombia, sólo el 40% de los jóvenes de estrato uno culmina la educación media y tan solo el 10% de ellos logra ingresar a la educación superior. La sociedad es especialmente injusta con ellos porque los condena a seguir viviendo en la marginalidad y la miseria. La única opción para alcanzar la movilidad social que tienen los hijos de familias que vivieron en la pobreza es convertirse en estudiantes de alguna de las universidades públicas con que cuenta el país. Lo demás es jugar irresponsablemente con las ilusiones de las más pobres o apostarle a la lotería, en la que los que ganan, según la teoría de la probabilidad, son menos que los que reciben el impacto de un rayo en vida. Colombia sigue siendo un país con muy alta iniquidad y muy baja movilidad social. La educación oficial tiene la llave maestra para superar estas dos tragedias que cargamos de tiempo atrás.

Diversas investigaciones que he hecho y otras consultadas de laUniversidad de los Andes concluyen lo mismo: cerca del 90% de los jóvenes vinculados a la educación pública aspiran a continuar sus estudios superiores en una universidad oficial, pero ésta le cierra a la mayoría sus puertas con candado. Sus sueños se truncan y desde muy jóvenes terminan vinculados al mundo laboral, frenando así cualquier posibilidad de movilidad social.

De los 540.000 jóvenes que cada año se gradúan de la educación media en Colombia, el 90% pertenece al estrato 1, 2 o 3. Relativamente pocos de ellos logran ser admitidos en una universidad oficial. En la Universidad Nacional, de 75.000 que se presentan, tan solo logran ingresar 5.000. En la de Antioquia ingresan 5.000 de los 50.000 que lo intentan, en la delAtlántico son admitidos 3.000, pero se presentan 30.000.

Desde hace algunos años, las universidades públicas, están en cuidados intensivos a nivel financiero. La explicación es sencilla: En 1993 recibían, por cada estudiante, un monto de 10,8 millones de pesos por parte del Estado. Hoy, 25 años después, las transferencias han pasado a 4,8 millones de pesos por estudiante. Una caída sensible que se origina en que el incremento en el número de estudiantes no estuvo acompañado por uno similar en los recursos girados. Es así que, en 1993, las universidades oficiales contaban con 159.000 estudiantes, en tanto hoy acogen a 611.000. La situación es todavía más grave si se tiene en cuenta que los estudiantes de maestrías y doctorados vienen creciendo exponencialmente; y que el costo de tener un estudiante en maestría es más de tres veces superior al que se requiere en el pregrado.

La Ley 30 de 1992 determinó que las transferencias a las universidades serían ajustadas anualmente según el IPC. El problema grave es que los costos crecieron muchísimo más al cuadruplicarse los alumnos que recibieron, al aumentar los estudiantes en maestrías y al elevarse los niveles de formación, publicación y titulación de los docentes. El déficit se fue agravando año a año. Quienes asistimos a las universidades oficiales del país sabemos que pueden carecer de condiciones mínimas de infraestructura. Literalmente algunos de sus edificios se están cayendo.

¿Cómo pudieron subsistir con este creciente déficit financiero? Hay varios factores para explicar la continuidad de las universidades a pesar de la crisis de sus finanzas; pero, sin duda, el más importante ha sido el recurrir a la venta de sus propios servicios e investigaciones al sector público y privado. Es una estrategia comprensible, pero riesgosa en el mediano plazo, ya que desvía a la universidad de sus fines esenciales. En 1993, la Universidad Nacional recibía de la nación el 75% de todos sus ingresos, en tanto hoy en día recibe el 50%, y el otro 50% lo consigue mediante contratos que celebra con el Estado y con el sector privado. Un monto muy similar se alcanza para el resto de las universidades públicas regionales, con el agravante de que en ellas el traslado de los costos hacia los estudiantes ha sido cada vez mayor.

Que las universidades participen en la generación de sus finanzas tiene un elemento positivo: contribuye a la necesaria articulación entre la universidad y la sociedad. Sin embargo, llegamos a un límite que sería muy riesgoso de superar, ya que esta ruta ha obligado a directivos a desplazarse de sus funciones esenciales: la generación de conocimiento y la formación de las nuevas generaciones.

Otro mecanismo particularmente grave al que han tenido que recurrir las universidades públicas es aumentar el número de docentes temporales y de cátedra. Hoy por hoy, el 43% de todos los docentes en las universidades están vinculados como catedráticos y el 21% como ocasionales, cuando diez años atrás el promedio era del 36% y del 20%, respectivamente. Esto amenaza seriamente la calidad de la educación superior pública a mediano plazo. Con docentes catedráticos y ocasionales que no participan en espacios de reunión y planeación, la reflexión pedagógica tiende a desapacer. Con humor negro son apodados como los profes “rateros”: un rato aquí y otro allá.

Las universidades están en mora de revisar, entre otros, sus modelos pedagógicos, su responsabilidad en la formación de mejores ciudadanos, sus sistemas de evaluación y su estructura curricular. No es sólo una cuestión de inyectarles más recursos. Tienen que repensarse en términos institucionales, administrativos y pedagógicos. Aun así, esas serán tareas casi imposibles de realizar sin contar con docentes de tiempo completo y de planta.

La situación de las universidades públicas se complica si se tiene en cuenta la gigantesca campaña mediática de desprestigio que han sufrido. Se dice que son instituciones de baja calidad, que allí estudian “tirapiedras”, desadaptados y guerrilleros; que los docentes “lavan el cerebro” de los estudiantes, que son excesivamente costosas y miles de mentiras y falacias. Es así, que, aunque en las dos últimas décadas la Universidad Nacional no ha suspendido un solo semestre, es común la malintencionada afirmación de que en las universidades oficiales las carreras duran mucho tiempo más debido a los supuestos cierres prolongados que sufren. Es más, la Nacional no tuvo ningún cierre de más de un día durante todo el tiempo que duró el proceso de paz. Todos sabemos que fue un tiempo extenso. Pero eso tampoco lo saben los colombianos.

El país no sabe que son públicas ocho de las diez mejores universidades en valor agregado y en apropiación social de conocimiento, y que también lo son tres de las cinco universidades que más están consolidando los procesos de investigación a nivel nacional.

Pero lo más importante de todo, lo que nunca podremos perder de vista, es que la única opción para que los pobres de América Latina salgan de la pobreza es fortalecer la educación pública. Sin ésta, ellos estarán condenados a vivir eternamente en la miseria. Por ello, como muchos otros, también anuncio que respaldaré a los docentes y a los jóvenes del país en las marchas que se realizarán el 10 de octubre.Marcharé, porque tengo claro que un país que no defiende su educación pública no merece llamarse una democracia.

Fuente del artículo: https://www.semana.com/educacion/articulo/razones-para-que-el-10-de-octubre-marchen-por-defender-la-universidad-publica/586172

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Un buen acuerdo en el que faltaron los estudiantes

Julián De Zubiría Samper

Por: Julián de Zubiría

El gobierno acaba de firmar con los rectores un importante acuerdo en defensa de la educación superior. El país debe sentirse muy satisfecho, porque defender la educación pública es fortalecer la movilidad social y la democracia. Sin embargo, dejaron por fuera a los principales protagonistas: los estudiantes.

El gobierno y los rectores de las 32 universidades oficiales del país firmaron el 26 de octubre, un importante acuerdo. Esto constituye un hito trascendental en la historia de la educación y marcará un cambio importante en el rumbo de la política educativa que se venía implementando durante las dos administraciones anteriores. Los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manual Santos habían dado un golpe mortal a las finanzas de las universidades públicas, ya que las transferencias por estudiante bajaron de 10,8 en 1993 a 4,8 millones en 2017.

La crisis financiera de la educación superior reveló uno de sus síntomas más dramáticos cuando algunos techos de la principal universidad del país se agrietaron. La Facultad de Cine, vista desde el exterior, sigue pareciendo un nido de hacinamiento e, irónicamente, una parte de la Facultad de Arquitectura se vino abajo. Si esto estaba sucediendo en la universidad más importante del país, la situación de las universidades regionales era sencillamente insostenible.

El acuerdo permitirá una importante inyección de recursos adicionales previstos para los próximos años, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera:

Primero. A partir del año 2019, las transferencias del Estado a las universidades oficiales se incrementarán en unos puntos adicionales al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para el 2019, el incremento adicional es de 3% y entre el 2020 y 2022 será del 4% anual. Sobre esta cifra ya existía un relativo consenso en la comunidad, pero fue imposible concertarla con los gobiernos de Uribe y Santos, porque ellos habían optado por privilegiar al SENA y a la educación superior privada. Esto implicará un incremento de 1,1 billones durante los próximos cuatro años.

Segundo. Se destinarán 1,2 billones de pesos para atender la grave crisis de infraestructura en la educación superior oficial, con un monto de 300.000 millones por año. Esta es una cifra relativamente baja si se tiene en cuenta el faltante estimado por el SUE (15,2 billones) y que este monto tendrá que dividirse entre las 32 universidades y los institutos técnicos y tecnológicos a cargo del Estado. Aun así, a esta suma, se le agregará el billón de recursos proveniente de regalías, dinero que –debe aclararse– depende de recursos de actividades extractivas, cuyos precios son altamente dependientes del vaivén de la oferta y la demanda a nivel mundial.

Tercero. Se ha creado una Comisión Accidental de la Educación Superior en la Cámara que busca generar un espacio de discusión y construcción de propuestas legislativas. Así mismo, un bloque de parlamentarios está acompañando la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y estudiando las solicitudes en materia tributaria presentadas por los profesores. Esta ley había definido que las transferencias a las universidades se incrementarían anualmente en el IPC. De allí, que hay que garantizar que lo logrado se convierta en ley y política pública, para no depender de la voluntad del gobernante de turno.

La cara lamentable de este acuerdo es que los principales protagonistas de las movilizaciones no han recibido el reconocimiento que les debemos. Por el contrario, en el Congreso fueron callados después de una intervención de un minuto. En redes fueron difamados, cuando el propio senador Álvaro Uribe publicó una foto engañosa para desprestigiar a la principal líder del movimiento. En respuesta a la difamación de la que fueron víctimas, las redes se llenaron de videos que mostraban a los estudiantes expulsando de las marchas a los infiltrados que, cubiertos con capuchas, querían generar el caos. También a policías y estudiantes intercambiando flores; a estudiantes limpiando ventanales previamente dibujados por encapuchados o a grupos de estudiantes protegiendo a la policía para que los infiltrados no les hicieran daño en la Plaza de Bolívar.

El país debe sentirse orgulloso: tenemos un movimiento estudiantil pacífico, organizado y reflexivo. Le dieron una lección a la clase política, ya que fueron más convincentes que ellos cuando participaron en los debates. No por casualidad, después de las intervenciones del profesor Atehortúa y de la líder estudiantil Jennifer Pedraza en el Programa Pregunta Yamid, el 96% de los votantes consideró justa su lucha por el derecho a la educación. Se ganaron el corazón de los colombianos con sus argumentos, su canto, sus gigantescas marchas, su poesía y la creatividad de sus pancartas y de sus argumentos.

Por eso se equivocó el gobierno al invitarlos a una mesa con el Viceministro de educación superior, quien los tomó del pelo durante seis horas, hasta que, ya cansados de hacer diversas propuestas, se levantaron. Se volvió a equivocar al no invitar a los principales protagonistas a Palacio. Se equivocaron los congresistas que denigraron de ellos en redes. Pero también se equivocaron los rectores: estaban obligados a exigir que los líderes estudiantiles los acompañaran en la mesa. Tres almuerzos más era muy poco para una lucha tan bella como la que libraron en la calle durante todos los días de un mes largo, pero altamente productivo para el desarrollo nacional.

Los parlamentarios de la bancada del Centro Democrático contribuyeron a agravar el problema, ya que, sin estudiar el tema, quisieron encontrar soluciones mágicas. Samuel Hoyos, representante a la cámara por el Centro Democrático, propuso retornar al ánimo de lucro, propuesta que ya se estudió y descartó en el gobierno anterior después de las gigantescas movilizaciones de los años 2011 y 2012. Creer que el ánimo de lucro resuelve el problema de los jóvenes de estrato 1 y 2 que no ingresan a los estudios superiores evidencia muy poca comprensión del fenómeno, pues si se distribuyen las utilidades ni aumentará el cumplimiento del derecho, ni tendremos universidades de mayor calidad. Por su parte, la senadora Paloma Valencia ha pedido un impuesto exclusivo para egresados de universidades públicas. Esta propuesta hay que evaluarla en un marco mucho más amplio de análisis sobre posibles y muy diversas fuentes en las que habría que conseguir los nuevos recursos que demanda el necesario aumento de la inversión en educación en Colombia. Porque, así como hay que aplaudir los nuevos recursos que les llegan a las universidades, hay que entender que el problema financiero de la educación inicial y de la básica y media es significativamente más grave. Sirva un solo dato de comparación. Según la OCDE, en Colombia destinamos, en promedio, U$1.250 dólares por estudiante en la educación inicial, mientras en Chile se destinan U$5.100 y en Luxemburgo U$22.500. Como los menores de 5 años no marchan, los mayores tendremos que marchar por ellos.

También se equivocó el gobierno al desconocer el papel y las reivindicaciones de los docentes. Algunos de ellos llegaron a poner su vida en riesgo en un prolongado y peligroso ayuno, el cual solo fue atendido por la Viceministra de educación básica. Su intervención permitió que el ex rector de la Universidad Pedagógica levantara la huelga de hambre en la que llevaba más de ocho días. Las peticiones tributarias de los docentes requieren ser evaluadas y resueltas de manera conjunta con el gobierno. El levantamiento del paro, no implica que se acaban las discusiones. Es obligatoria una Mesa técnica que garantice que las propuestas de profesores y estudiantes sean evaluadas con todo el cuidado y la responsabilidad necesarias.

Sin duda, muchas cosas salieron a relucir en este proceso. El enorme poder de lobby que tienen los rectores de las principales universidades privadas del país. Dos de ellos obligaron al gobierno a retractarse cuando quiso eliminar el programa Ser Pilo Paga. El gobierno tuvo que armar una propuesta para la educación superior en un tiempo record y optó por mantener la política de Juan Manuel Santos, pero cambiándole el nombre para que no fuera tan evidente que la fuente principal de sus ideas tiene origen en el gobierno que combatieron con ira, pasión y odio. La llamó Generación E. Es una propuesta muy incipiente, poco clara y muy poco estructural, la cual deja de lado las variables esenciales y que, por ello, tendrá muy poco impacto para atender una crisis muy general del sistema.

Hay muchos aspectos que se pueden discutir y criticar en este y en diversos campos del gobierno. Sin embargo, hay que reconocer que la decisión acordada con los rectores fortalece la equidad y la movilidad social. Por eso, hay que apoyarla.

Aun así, estaríamos muy equivocados si creyéramos que los problemas de la educación se resuelven exclusivamente girando más dinero. Hay múltiples cambios pendientes a nivel pedagógico e institucional, los cuales deberían analizarse y concertarse en un marco general de fortalecimiento de la educación pública, básica y superior. Los problemas financieros y pedagógicos son particularmente graves en la educación básica e inicial.

La mayor lección que todos debemos sacar de este proceso es que la improvisación no puede seguir definiendo la política pública en educación del país. Por ello, ojalá aprovechemos esta ocasión para fortalecer la política pública de largo aliento, el diálogo y los consensos. En este sentido, el mecanismo más importante para resolver el problema de la educación en Colombia es la conformación de la Comisión Nacional de Educación. Una comisión que estudie los problemas incluyendo un mayor y más diverso número de aristas, de tiempo y de personas. Que involucre los aspectos financieros, pedagógicos e institucionales, y que piense en el sistema educativo como un todo y no en soluciones coyunturales. Mientras no la creemos, como ya lo están haciendo otros países de América Latina, seguiremos a la deriva, sin formular una verdadera política pública en educación, creyendo que pequeños programas la definen y ofreciendo a las nuevas generaciones educación de baja y regular calidad, incumpliéndole en sus derechos y brindando pañitos de agua tibia a los estructurales problemas de la educación en Colombia.

En consecuencia, invito a los estudiantes a que realicen asambleas en las universidades del país el próximo 31 de octubre, a que analicen a profundidad el acuerdo al que llegaron sus rectores y a exigir una Mesa técnica que estudie otras propuestas y las de los docentes. Levantar el paro no implica que se acaben las discusiones, los análisis y los retos. Por el contrario, hemos dado un paso adelante, pero falta mucho por transformar, tanto en la educación básica como en la superior. Sin embargo, todo el país tiene muy claro que este es uno de los movimientos estudiantiles más exitosos de la historia de Colombia, ya que nada de lo que se logró se hubiera obtenido, si los estudiantes no hubieran llenado las calles de propuestas, alegría y esperanza. Por eso, les digo a los estudiantes lo que les decía Violeta Parra, en la canción que inmortalizó Mercedes Sosa:

¡Que vivan los estudiantes,
jardín de las alegrías!
Son aves que no se asustan
de animal ni policía,
y no le asustan las balas
ni el ladrar de la jauría.
Caramba y zamba la cosa,
¡que viva la astronomía!

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/acuerdo-entre-rectores-y-gobierno-columna-de-julian-de-zubiria/588825

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¿Cómo mejorar la calidad de la educación en Colombia?

Julián De Zubiría Samper

Por: Julián de Zubiría

Múltiples experiencias en instituciones, ciudades y países evidencian que sí es posible mejorar la calidad de la educación. La condición para ello es que se tomen las medidas correctas y se intervengan las variables fundamentales. En Colombia todavía no lo hemos logrado, pero tenemos la oportunidad para hacerlo.

En Colombia la educación es de muy baja calidad. Eso lo sabemos quienes hemos estudiado e investigado con rigor el sistema educativo y, por ello, para nosotros es fácil detectar todos los esfuerzos que hace el Ministerio de Educación Nacional (MEN) por maquillar la situación. Pese a ello, la realidad es inocultable: En la escuela actual los jóvenes no aprehenden a pensar, comunicarse, ni convivir. Eso lo saben por experiencia propia los docentes universitarios.

Según las diversas pruebas nacionales e internacionales en las que ha participado el país (y son muchas y muy buenas), menos de un 4% de los jóvenes egresados del colegio tienen un buen nivel en argumentación, deducción e interpretación. Es más, si comparamos los resultados del año 2000 con los alcanzados en 2017, podemos concluir que el país no tuvo prácticamente ningún avance significativo en la calidad. La explicación es muy sencilla: No hemos trabajado sobre las variables claves de la calidad: la formación docente, el currículo, el liderazgo pedagógico y el clima institucional.

El país ha desarrollado programas puntuales y algunos de ellos han impactado algún sector. Entre ellos, los dos más importantes han sido el Programa Todos a Aprender –PTA– y el Índice Sintético de la Calidad Educativa –ISCE– (que incluye el llamado Día de la Excelencia Educativa). Estas experiencias deben evaluarse, ajustarse y potenciarse. Con modificaciones, podrían lograr mayores impactos; pero mientras no abordemos de manera estructural y sistemática las variables claves de la calidad, seguiremos muy lejos de alcanzar la educación que necesitamos para impactar el desarrollo sostenido y seguiremos viendo cómo se evapora la meta de convertirnos en el país más educado de América Latina para el año 2025.

A nivel curricular el país va como el cangrejo. La ministra Gina Parody asesorada por una universidad privada, diseñó los Derechos Básicos de Aprendizaje. Como dice el dicho, “esa platica se perdió”, porque fue un trabajo en el que el país retrocedió décadas en lo que ya había avanzado a nivel conceptual. La universidad carecía de experiencia en pedagogía y educación y por ello el diseño curricular propuesto desconoce los conceptos centrales de la pedagogía y se limitó a transcribir los contenidos previstos desde la ciencia. Cuando asesoré curricularmente a Bogotá, recomendé no tener en cuenta esta fallida experiencia curricular y esa sigue siendo mi recomendación para el país.

La primera condición para superar un problema es reconocerlo y, desafortunadamente, el MEN no ha reconocido el gravísimo problema de la calidad de la educación en el país. Ojalá ahora escuche voces tan autorizadas como la de Rodolfo Llinás, quien en edición número cinco de la Cumbre de Líderes por la Educación convocada por Semana, volvió a insistir en que hemos seguido manteniendo una educación muy impertinente que no logra enseñar a pensar a los jóvenes.

Desde mi perspectiva hay cuatro acciones obligatorias si queremos avanzar en la calidad de la educación básica. Faltan otras, pero creo que éstas son las esenciales.

Primero: realizar una profunda reestructuración curricular. La idea que he propuesto durante las últimas dos décadas es muy sencilla y está orientada en la misma dirección de la reforma curricular chilena de 1998 y de la prevista en Finlandia para el año 2020: la educación básica debe dedicarse a consolidar en los estudiantes las competencias básicas que se requieren para pensar, comunicarse y convivir. Todo lo demás es accesorio durante este ciclo del desarrollo.

Lo anterior significa que todas las asignaturas y en todos los grados deben consolidar la lectura, la escritura, la escucha, el pensamiento y el conocimiento y la comprensión de sí mismo y de los otros. Subrayo “todas las asignaturas” y “en todos los grados”, ya que éstas son las competencias más importantes a desarrollar en la educación básica. Por ello son competencias transversales. Lo anterior implica que, en sociales, en matemáticas, en artes, en lenguaje, en ciencias y en matemáticas, la tarea central de la educación básica debería consistir por excelencia en enseñar a pensar, comunicarse y convivir. Es así de sencillo y de claro. Sólo así garantizaremos un lineamiento curricular más pertinente, más contextualizado y menos rutinario que el actual. Sólo así garantizaremos el trabajo en equipo necesario para consolidar la calidad.

La segunda medida necesaria tiene que ver con la formación de maestros. Es preocupantemente bajo el nivel actual de formación de nuestros docentes. Según las pruebas SABER PRO, son los profesionales que alcanzan niveles más bajos en lectura crítica y escritura. Mientras no cambiemos esta situación, será imposible mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. Para cualificar su formación se requiere trabajar en la transformación del modelo pedagógico hasta el momento dominante en estos centros universitarios, trabajo que deberá adelantarse de manera conjunta con los docentes de las facultades de educación. También es imperioso articular el trabajo de la universidad y el colegio, repensar el currículo de formación y establecer nexos con maestros e instituciones innovadoras.

Así mismo, es indispensable que se impulsen desde el MEN, en todos los municipios del país, mecanismos de selección de los mejores docentes, de manera que ellos salgan del aula y conformen equipos de calidad para acompañar a los colegios en los procesos de innovación. Se requiere garantizar reuniones semanales de docentes por área y por ciclo en todos los colegios del país y de impulsar procesos de formación in situ, tal como actualmente mantiene PTA. Los resultados de las investigaciones son contundentes: No hay que llevar a los docentes a las maestrías; por el contrario, hay que llevar a las universidades a los colegios del país para que acompañen los procesos de innovación en curso en cada uno de ellos. Lo reitero: la clave para alcanzar la calidad está en fortalecer las reuniones de docentes y la formación in situ.

La tercera medida tiene que ver con transformar a los rectores, actuales líderes administrativos, en líderes pedagógicos. Hoy por hoy, los rectores son expertos en procesos legales y en resolver asuntos administrativos, pero se ausentan cuando se inician las reuniones pedagógicas de docentes y no participan en las reflexiones sobre currículo, modelo pedagógico o promoción de estudiantes. Es más, buena parte del tiempo están encerrados en sus oficinas, si es que están en la institución educativa. Paradójicamente se han distanciado de la reflexión pedagógica, generando muy negativos impactos en la calidad. El país debe pensar seriamente en dotar a los colegios de asistentes administrativos, con la condición de empoderar a los rectores como verdaderos líderes pedagógicos. Una medida que podría contribuir en este sentido sería exigir que todo rector tuviera por lo menos dos horas de clase a la semana. Eso les permitiría establecer nuevas y fructíferas interacciones con estudiantes, profes y padres. Al fin y al cabo, un colegio es una comunidad y requiere de un líder pedagógico que la consolide. El rector es el llamado a asumir esta tarea. De lo contrario, tendremos la paradójica situación de barcos en los que los capitanes permanecen en tierra y le tienen miedo al agua. Los estudios de la UNESCO sobre calidad de la educación encuentran que el liderazgo pedagógico del rector es la segunda variable más asociada a la calidad en las instituciones educativas del continente.

La Ley General de Educación de 1994, tiene algunas de las claves de la calidad: consolidar la comunidad, la autonomía y el Proyecto Educativo Institucional. Hay que volver a ella.

La cuarta medida recomendada para impactar la calidad tiene que ver con el clima de aula y el clima institucional. Según la UNESCO, en los tres estudios que ha realizado en los países del continente, el clima del aula es la variable más asociada a la calidad de la educación. Esta variable influye más que todas las demás variables sumadas. De allí que hay que prestarle especial cuidado.

En Colombia el MEN acertó al incorporar esta variable para evaluar el ISCE, pero todo indica que la evaluación presenta problemas, ya que los niveles de discriminación son muy bajos. Es algo que hay que ajustar en las pruebas actuales y la experticia del ICFES es una garantía de que se puede resolver este problema.

La recomendación para Colombia sería crear una tercera línea en el Programa Todos a Aprender, adicional a la de competencias comunicativas y pensamiento: la de formación ciudadana y competencias socioemocionales. Tenemos que garantizar que la escuela se comprometa con una formación más tolerante, más respetuosa de la diferencia y que sea un espacio para cultivar la empatía y la comprensión de los otros. Ello no será posible sin un cambio curricular (primera recomendación) y sin un cambio en los sistemas de formación (recomendación segunda).

Lo que nos muestran múltiples ejemplos en el país y en el mundo es que sí es posible mejorar la calidad de la educación, incluso en tiempos relativamente breves, siempre y cuando se tomen las medidas correctas, se involucre a toda la comunidad y se fortalezca el liderazgo.

Necesitamos involucrar a todo el país en el proceso de transformación de la educación. De una u otra manera, todos somos responsables de la baja calidad educativa y todos padecemos sus consecuencias. FECODE tiene que entender que no tiene sentido que su única reivindicación sea la laboral y que deteriora la calidad al oponerse a una evaluación integral y pertinente. La tarea de la calidad no le pertenece ni al MEN, ni a FECODE, ni siquiera a los maestros. Nos pertenece a todos los colombianos que sabemos que, si no mejoramos la calidad de la educación, veremos debilitada la democracia, el tejido social, la productividad y la creatividad. Lo necesitamos para garantizar el desarrollo sostenido y, por ello, entre todos lo vamos a lograr.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-samper-propone-cuatro-formas-de-mejorar-la-calidad-en-la-educacion-de-colombia/584383

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