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Argentina: Escuelas generativas, un modelo innovador con igualdad de oportunidades y alcance nacional

Redacción: Agencias Luis

En la actualidad se forman unos 1.500 alumnos en las 14 escuelas generativas distribuidas en diferentes puntos de la provincia. Los títulos que otorgan tienen validez nacional.

El modelo educativo innovador, impulsado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá y reconocido por diferentes organismos internacionales, continúa en constante crecimiento con el objetivo primordial de ampliar las oportunidades educativas. Estas escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia se enmarcan en las Estructuras Curriculares vigentes aprobadas mediante Decreto N° 7163-ME-2016.

Las escuelas generativas otorgan títulos en el marco de la normativa nacional vigente. El Subprograma Fiscalización y Registro de Títulos del Ministerio de Educación es el ente responsable de la legalización, fiscalización y registro de los certificados analíticos (títulos), emitidos por los establecimientos educativos de toda la provincia. Cabe mencionar que se está capacitando y asesorando a los nuevos directores de las escuelas generativas y responsables de la confección de los mismos, en el uso del Sistema Federal de Títulos y Certificados con Resguardo Documental, de acuerdo a lo dispuesto por las normativas nacionales (Resolución CFE N° 59-2008 y sus modificatorias).

“Si un alumno ingresa a una escuela generativa, se tiene en cuenta el grado/año de cursado y la situación académica para incorporarlo al agrupamiento correspondiente. Porque más allá de que sean agrupamientos, tienen la traducción al sistema gradual para poder acreditar y promocionar a los alumnos. En ese sentido, la escuela generativa siempre tiene la libertad de innovar en los agrupamientos, pero para la acreditación sigue el mismo sistema de cualquier otra escuela”, manifestaron desde el Ministerio de Educación Provincial.

Asimismo, sostuvieron que se cumple el ciclo lectivo aprobado por Decreto Calendario, como el resto de las escuelas.

Fuente: http://agenciasanluis.com/notas/2018/07/13/escuelas-generativas-un-modelo-innovador-con-igualdad-de-oportunidades-y-alcance-nacional/

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Venezuela: La sed de los niños wayuu

Redacción: Carolina Mila/Semana Sostenibilidad

La Corte Constitucional acaba de fallar respecto a la crisis en La Guajira. La sentencia es esperanzadora para miles de niños, principales afectados por la escasez de agua y alimentos. Seis investigadores de Dejusticia visitaron la región para hacer un diagnóstico de la situación.

No es fácil ser niño en La Guajira. Muchos tienen que caminar casi tres horas desde sus rancherías hasta la escuela con apenas un vaso de chicha en el estómago y sin nada de tomar para el camino. Después de comer solo la merienda que hace parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE), vuelven a casa bajo el sol inclemente del desierto a mediodía, sin cruzarse con ningún reservorio de agua en el trayecto. La cifra más alta de mortalidad infantil por desnutrición en el país es la de este departamento: mientras el índice nacional es de dos niños por cada 100.000, el de La Guajira es de 20.

La escasez de alimentos y de agua no es un tema nuevo en la región. No solo se registra en documentos coloniales desde el siglo XVIII, sino que está presente en la mitología wayuu en la figura de Jamu, un ser atravesado por flechas que persigue a los indígenas con sus dardos de hambre. En este departamento el hambre está relacionada con la dejación estatal, la falta de articulación entre el gobierno nacional y el local, la corrupción, la geografía desértica y la falta de agua.

Según el antropólogo wayuu Weildler Guerra –exgerente del Banco de la República en Riohacha y gobernador encargado en 2017–, el hambre en La Guajira es sobre todo un fenómeno estacional ligado a las temporadas secas. Aunque se espera que llueva de septiembre a diciembre, ha habido sequías que se extienden hasta por dos años. Los wayuu siembran ahuyama, sandía y frijol, pero sin agua no hay cultivos, no hay frutos ni chivos, principal fuente de proteína para esta población.

En 2015, la crisis alimentaria se intensificó por una fuerte sequía, a la que se sumó el desabastecimiento de alimentos que llegaban de Venezuela a través de la frontera, por la situación del vecino país. A finales de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los niños de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, ordenando al gobierno colombiano hacer frente al tema de la seguridad alimentaria. Un año después las cosas no habían mejorado, lo que hizo que múltiples entidades del Estado fueran objeto de una tutela interpuesta por Elson Rafael Rodríguez, debido a la muerte por desnutrición y sed de 266 menores entre 2015 y 2016.

Foto: Luis Ángel

LAS ESCUELAS DEL DESIERTO

En la Alta Guajira está la cabecera municipal de Uribia y numerosas rancherías en las que se agrupan decenas de familias. Estas comunidades no cuentan con agua potable, ni siquiera los poblados más grandes como Nazareth, Puerto Estrella y Tawaira.

Durante siglos, los recursos más usados por los wayuu para lidiar con la escasez del agua han sido los jagüeyes (laa, en wayunakii), repositorios con forma de laguna natural en los que se acumula agua lluvia, y los pozos, cavados a profundidad para extraer el recurso hídrico bajo tierra.Desde niños los wayuu se acostumbran a caminar hasta tres horas hacia el jagüey o el pozo.

Según Verdad Abierta, cerca de 30.000, entre los 66.000 menores de 5 años de La Guajira, se encuentran en estado de desnutrición y el 90% de ellos son indígenas. Para 2017, el gobierno había tomado medidas de emergencia, y la cifra de muertes con diagnóstico de desnutrición y enfermedades asociadas cayó en un 44% frente al 2016, según datos del Instituto Nacional de Salud.

Foto: Luis Ángel

Los más de 200 niños que estudian internos en la Escuela Internado del corregimiento de Nazareth son los que mejor protegidos se encuentran ante estas circunstancias. Reciben tres comidas diarias y tienen acceso ilimitado a agua limpia, gracias a que la escuela tiene un pozo. La otra cara son los 840 niños externos que también asisten a esta escuela: tienen que caminar largas horas desde su casa y solo cuentan con el complemento del desayuno que incluye el PAE. Luego están los que simplemente no pueden ir al colegio porque viven muy lejos. “Esos son los que más preocupan”, afirma Fabio Estupiñán, párroco de la Alta Guajira y director de la Escuela Internado.

Las instituciones educativas rurales de la zona son pequeñas y precarias. La escuela pública de Buenos Aires, en Puerto Estrella, no cuenta con un pozo propio, los salones son rudimentarios y hay dos baños llenos de polvo sin una gota de agua. A esta institución asisten 125 niños. “Aquí ya nos acostumbramos a andar con sed”, dice la maestra Heidy Palmar. Cada mes, la Alcaldía lleva un carrotanque con agua de un jagüey cercano. Para que alcance, los niños solo pueden tomar un balde por curso: diez litros por cada 25 estudiantes, máximo dos vasos de agua diarios por niño. Por suerte, hay dos jagüeyes cercanos al colegio, llenos tras las lluvias de noviembre y diciembre. Sin embargo, la potabilidad de esa agua es dudosa, en especial por lo animales que entran allí. Cerca del 97,7% de las comunidades rurales toman agua de fuentes contaminadas.

 

SOLUCIONES A MEDIAS

En su primer gobierno, Santos se comprometió a construir nueve pozos para los nueve corregimientos de la extrema Alta Guajira, pero hasta el momento no se han hecho realidad. El 23 de octubre de 2015 el gobierno inauguró en Siapana, Uribia, un pozo que iba a producir 3,4 millones de litros de agua potable y a beneficiar a 4.000 habitantes de la región, en su mayoría wayuu.

Apenas cuatro meses después de la inauguración del pozo, que costó alrededor de 1.750 millones de pesos, ya no se sacaba agua. Así lo denunciaron entonces los habitantes en una nota de RCN: “Pozo de Siapana fue utilizado solo el día que se inauguró”. Y así lo siguen diciendo hoy en día: “Santos inauguró un pozo seco, nos engañaron a todos”, dice Victoria González, autoridad wayuu en Uribia.

Foto: Luis Ángel

En sentido estricto, la responsabilidad de mantener el pozo corresponde a la Alcaldía. Aunque el gobierno debería asegurar que la articulación con los entes territoriales funcione, la Ley 142 de servicios públicos establece que la tarea de proveer agua potable a la comunidad es del gobierno local, no del nacional. “Una vez entregado, el Estado no puede entrar a operar”, explicó un funcionario de la UNGRD, involucrado en la gestión del proyecto y quien pidió no revelar su nombre. Según él, también hubo saboteos a la obra. “A veces picaban la tubería y una vez se robaron un controlador de la bomba. Lo repusimos hace poco. Pero de nuevo la planta dejó de funcionar y ya no se sabe muy bien por qué”.

Por su cercanía al mar, las plantas desalinizadoras serían otra opción para la falta de agua en esta región. Existen varias de ellas en Nazareth, Castilletes, Flor de la Guajira y Puerto Estrella, pero tal como sucedió con el pozo su funcionamiento no ha sido constante.

LA SENTENCIA

La Corte Constitucional acaba de emitir su sentencia, en la que declara un estado de cosas inconstitucional en el departamento. Esto significa un reconocimiento de la vulneración masiva y generalizada de los derechos constitucionales a la salud, el agua potable, la alimentación y la participación étnica, que afecta a un número significativo de personas en La Guajira, “en especial niñas y niños wayuu”, por una prolongada “omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones”. Por primera vez se declara un estado inconstitucional de cosas con  relación a los derechos de los niños en Colombia, y específicamente a los derechos de los niños indígenas, los que más desnutrición sufren en el país.

Esta sentencia fija unos objetivos mínimos que las entidades locales y nacionales deben buscar articuladamente para salir de la crisis actual, entre los que se incluye el aumento de la accesibilidad y calidad del agua, y una mejora en la condición y cobertura de los programas de atención alimentaria. Sin embargo, la Corte tiene claro que “sin agua potable disponible, accesible y de calidad, ningún esfuerzo de alimentación o de atención en salud podrá solucionar la muerte de niños y niñas en La Guajira”.

En palabras de Diana Guarnizo, investigadora de Dejusticia –organización que intervino a favor de la tutela interpuesta en 2016– “la sentencia de la Corte Constitucional es un hito para La Guajira no solo porque prioriza la creación coordinada de políticas estructurales que alivien la falta de acceso al agua, sino porque establece objetivos e indicadores claros para avanzar”.

Fuente: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/la-sed-de-los-ninos-wayuu/41125

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Uruguay: Desde 2015, la educación pública ha perdido menos porcentaje de matrícula que la privada

Redacción: La Diaria

8 de cada 10 niños uruguayos está anotado en escuelas y jardines públicos.

No es nuevo que la cantidad de niños que concurren a la escuela pública en Uruguay está bajando, según las cifras de los últimos años que maneja el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). Según se expuso en la última presentación del Monitor Educativodel CEIP, a partir de datos de 2017, ello se debe a varios factores. En concreto, se menciona que esa tendencia no tiene que ver con que se esté registrando una menor cobertura, sino con la caída en el número de nacimientos, con “un tránsito más rápido de los alumnos por los distintos grados escolares derivado de la reducción de la repetición” y con “un traspaso de matrícula hacia el sector privado”. En concreto, en el informe se menciona que la participación del sector público en relación a la privada cayó de 87,7% en 2003 a 82,5% en 2017 en la educación común.

Si bien la matrícula de la educación primaria privada creció hasta 2014, a partir de 2015 comenzó a registrarse una caída, que en porcentaje es un poco más pronunciada que la de la escuela pública. Según datos del CEIP a los que accedió la diaria, en ese año la matrícula de los colegios privados en primaria –sin contar la educación especial e incluyendo a la inicial– fue de 86.609, cifra que fue cayendo hasta 83.535 en 2018. Por su parte, a nivel de la educación primaria pública, en 2015 se registró una matrícula de 333.011 niños –teniendo en cuenta a la educación inicial y sin contar a la especial–, que bajó a 332.671 este año. Dichas cifras muestran que mientras la cantidad de niños anotados en escuelas privadas cayó 3,5% entre 2015 y 2018, en el caso de la educación pública esa cifra se redujo 0,1%. La mayor diferencia entre sectores se dio en 2017 en relación a 2016, cuando la matrícula del público cayó 0,4% y la del privado lo hizo 2,6%.

Otro punto importante del análisis lo marca específicamente la educación inicial, que en los últimos años se ha extendido en la población uruguaya, en la línea de las metas que se propuso el gobierno en la materia. Dicho incremento de matrícula fue absorbido principalmente por la escuela y los jardines públicos, que vieron cómo aumentó su matrícula 8,4% en relación a 2015, cifra que está marcada fuertemente por el aumento de la escolarización de niños de 3 años, que se duplicó en los últimos ocho años. En el caso de la educación inicial en centros privados, la matrícula se mantuvo estable y apenas cayó 0,3% desde 2015.

En el caso de la educación primaria común, la matrícula de la escuela pública cayó 3% este año en relación a 2015, mientras que en el caso de los colegios privados se registró una caída de 3,6% en ese mismo lapso de tiempo. Consultado por la diaria, el consejero del CEIP en representación de los trabajadores, Pablo Caggiani, consideró que en el caso de la educación pública, la caída se debe principalmente a la cantidad de nacidos en los años anteriores y a las mejoras en los índices de repetición, que hace que los niños permanezcan menos años en la escuela. En cambio, para el caso de la educación privada consideró que esta última causa no impacta de la misma forma, ya que en ese sector siempre hubo una tasa de repetición más baja en comparación con las escuelas públicas. Además, el consejero señaló que está aumentando la cantidad de niños anotados en escuelas públicas en los quintiles más altos de la población, en relación al ingreso de las familias.

Fuente: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/7/desde-2015-la-educacion-publica-ha-perdido-menos-porcentaje-de-matricula-que-la-privada/

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Senado paraguayo rechaza incluir asignatura de educación sexual en la secundaria

Redacción: Spanish.xinhuanet.com

 La Cámara de Senadores de Paraguay rechazó este jueves la propuesta de crear una asignatura de educación sexual en los colegios de secundaria planteada por algunos legisladores debido a las cuantiosas denuncias de abuso sexual de menores.

La propuesta está recogida en el artículo 9 de los 12 que conforman un proyecto legislativo que «adopta normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los menores abusados sexualmente» y que fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 4 de abril.

El artículo derogado establece que las instituciones educativas de nivel medio y superior deben contar con programas de educación sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva.

Los senadores decidieron también suprimir el artículo 8, que establece que los docentes a cargo de esos programas deberán ser profesionales idóneos y capacitados que posibiliten la detección y manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus estudiantes.

La iniciativa volverá ahora a la Cámara de Diputados, donde será discutida de nuevo.

El proyecto legislativo dispone que el Estado deberá promover la adopción de un sistema de regulación eficaz, destinado a motivar a los proveedores de los servicios de comunicación y educación estrategias para sensibilizar, orientar y concienciar acerca de la existencia del abuso sexual de niños y sus consecuencias.

Asimismo, estipula que en caso de presentarse una denuncia de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, el sistema general de salud tanto público como privado, así como los hospitales y centros de salud de carácter público, están en la obligación de prestar atención médica de urgencia e integral.

La Secretaría de la Niñez y la Adolescencia ha insistido en la necesidad de prevenir estos casos mediante una educación sexual impartida en el hogar, en los círculos más cercanos o en las instituciones educativas.

De acuerdo con los datos de esta institución, Paraguay registró 1.267 casos de abuso sexual infantil en 2017, de los cuales 472 fueron adolescentes mujeres de entre 14 y 17 años y 392 niñas de entre 9 y 13 años.

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2018-07/13/c_137321764.htm

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Argentina: Ordenan retomar diálogo entre Gobierno y docentes bonaerenses

Redacción: Telesur

Un Tribunal de Trabajo le dio cinco días de plazo a las autoridades del Ejecutivo para retomar las conversaciones con el gremio. De no cumplir se aplicarían sanciones.

El Tribunal de Trabajo 1º de La Plata, ante el amparo que presentó el Frente de Unidad de Docentes (FUBD), dispuso una medida cautelar que le ordena al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que retome en el transcurso de cinco días la Paritaria Provincial Docente.

El comunicado de la FUDB señala: “En el día de hoy, en el marco de un amparo sindical presentado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, el Tribunal de Trabajo Nº1 de La Plata resolvió intimar al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a que convoque a Paritaria Provincial Docente, procediendo a la reapertura de la negociación sobre el ajuste salarial de los Trabajadores de la Educación en el plazo de los próximos cinco (5) días, bajo apercibimiento de disponerse la aplicación de sanciones económicas al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires».

Ver imagen en Twitter

Los maestros, auxiliares y gremios del Frente celebraron el fallo e instaron a las autoridades del Ejecutivo que conduce María Eugenia Vidal a cumplir con la orden judicial, ya que la última reunión que tuvieron fue el 20 de abril y desde ahí más nunca fueron convocados. «Ya van 83 días desde la última reunión”, sostuvieron desde la Federación de Educadores bonaerenses.

Entre tanto, Roberto Baradel, titular del Suteba, aseveró que “la Justicia nos está dando la razón frente a la negligencia y la desidia de la gobernadora que nos mantiene los sueldos del año pasado”.

En referencia a la lucha por el aumento salarial Baradel agregó que «el adelanto que otorgó Vidal a cuenta del acuerdo paritario significó una suma no remunerativa del seis por ciento en promedio, lejos del diez por ciento prometido por la gobernadora como pago a cuenta».

Por otra parte, el gremio docente espera decidir si la duración del paro se extiende hasta el reinicio de las clases luego de las vacaciones de invierno, ya que el Gobierno no toma la iniciativa de sentarse a dialogar con los maestros afectados por los bajos salarios.

La secretaria adjunta del Suteba, María Laura Torre, anticipó que “si se reanuda la paritaria pediremos un aumento cercano al 30% con cláusula gatillo”, reseñó un medio local.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/ordenan-retomar-dialogo-gobierno-docentes-bonaerenses-20180713-0020.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_campaign=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_content=8

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La respuesta subversiva del movimiento popular a los asesinatos de lideres y lideresas sociales

Autor: Carlos Meneses Reyes

La tragedia colombiana al reproducirse el genocidio de la Unión Patriótica (UP), ahora en cabeza del asesinato de los lideres sociales, hombres y mujeres de arraigo popular, nos coloca en la advertencia del poeta Ilhan Berk, “como si la muerte fuera un asunto cotidiano”.

Pareciera que el número de víctimas que atiborra estadísticas, tanto oficiales, de investigadores, ONG, medios de comunicación, se convirtiera en un propósito; valiendo destacar que las escalofriantes cifras reseñadas de asesinatos de tal a tal fecha, o de los últimos meses o en lo corrido del año etc., reflejara insolidaridad e indolencia, como si el tiempo de vida fuera un fugaz relámpago y viento para miles de dedicados y abnegados activistas de derechos humanos, defensores del derecho de la naturaleza y de los animales, dirigentes naturales nacidos de las propias entrañas del pueblo, a quienes en cualquier parte del mundo elevarían en los estrados de héroes y en Colombia representan un guarismo más de la larga lista de un martirologio de quienes optaron por la noble causa de la defensa de la vida, del ecosistema, de la reivindicación de la tierra despojada, de los derechos humanos de la dignidad y soberanía de la nación.

Se suceden las denuncias y las expresiones de artículos en periódicos y publicaciones similares. Existe verdadera conmoción social, tanto a nivel nacional como internacional, destacando las manifestaciones de rechazo y de advertencias al estadio gubernamental colombiano por parte de organismos como Las Naciones Unidas, para que cese la matanza, se identifique a los responsables intelectuales y se condene a los culpables. Mas no existe una respuesta contundente, ni de fondo.

Al paso de cada día siguen segándose vidas en forma sistemática, continúa, selectiva; denotándose que el verbo asesinar, como acción de matar a una persona bajo circunstancias agravantes, cobarde y con alevosía, no obtiene respuesta eficaz de un Estado fallido, signado en una constante de terrorismo de Estado, adonde confluye de manera inevitable la dantesca permanencia de un conflicto armado interno en ascendencia, que pudo tener un respiro de civilizada concertación, con la entrega de las armas por parte de la antigua insurgencia de las FARC pero que el bloque de poder oligárquico y proimperio torció a un lado con la práctica de la deslealtad, vulnerando los principios del cumplimiento de lo acordado y atravesando, cual talanquera, la oportunidad de una salida política civilizada al conflicto económico, político, militar, ecológico, de más de medio siglo de angustias padecidas por la población.

La permanencia del paramilitarismo

Falso que exista una especie de neo paramilitarismo en Colombia. El fenómeno paramilitar como instrumento de creación contrainsurgente, continúa siendo el mismo desde que fue creado por el bloque de poder oligárquico y que se mantiene con la hegemonía de derecha instaurada desde el “triunfo” electoral presidencial de la derecha que ungió al señor Iván Duque y que abre el periodo de continuismo presidencial neoliberal y militarista bajo el distintivo de Uribe III.

En referencia histórica mediata, el paramilitarismo, que constituyó “la sexta división” del ejército colombiano , además de cumplir la “lavada de cara” de las fuerzas armadas estatales y depositar el trabajo sucio en esa horrenda división de trabajo contrainsurgente, ante el rechazo mundial de unas fuerzas armadas incursas en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, cumplió un fase de desinstitucionalización y acude ante un estadio de “posconflicto”, que no se dio, a una permanencia en el escenario del persistente conflicto armado interno.

La inteligencia militar y la dictadura mediática los denominó como bandas criminales “bacrim” en un juego de multiplicaciones de expresiones armadas persistentes; que han funcionado como la aceitada maquinaria para la permanencia de formas delincuenciales del narcotráfico, rearmamento de ejércitos privados locales regionales con intereses en la permanencia del estatus quo de propiedad sobre tierras usurpadas debido a una reforma agraria sangrienta de moche de cabezas y motosierra; aplicada en interés del latifundismo, la ganadería extensiva terrateniente, la agroindustria extractiva y el poder político-económico local que representa el monopolio del narcotráfico, la minería ilegal y el usufructo de esos extremos por parte de un comportamiento non sancta de las Fuerzas Armadas estatales en el escenario de ese conflicto. Todo ello aparejado de forma con causal con el fortalecimiento hegemónico de la derecha, políticamente hablando, y gráficamente entronizado en el poder local y regional de los directorios políticos, en consonancia con el utilitarismo de un poder electoral corrupto, que ha logrado el domino de un modelo neoliberal, de privatización a ultranza, en el reinado del capitalismo salvaje de estos tiempos.

Resulta de presentación indisoluble que en la medida en que persista el conflicto armado interno, por la existencia y permanencia de enfrentamientos de fuerzas rebeldes irregulares contra el Estado, en Colombia, el paramilitarismo subsiste. Y subsiste puesto que es el paramento, cual adorno o atavío en el accionar sobre encubierto de las fuerzas armadas estatales. En ello está el meollo del asunto y saber popular de adonde llega el agua al molino.

La judicialización de las victimas

La marca con hierro candente cual tinta indeleble, que reposa sobre el Estado colombiano, de ser un narco-estado funcional, por una economía subterránea de persistencia parasitaria financiera; parece que no ofendiera el honor de una república ni la dignidad personal de sus gobernantes. La respuesta ante los asesinatos selectivos y consecuenciales de líderes sociales, enfoca a denigrar de los líderes sacrificados, enunciando como causa de esos crímenes, ora que obedecen a líos de faldas, ora a rencillas personales, ora a comportamiento antisocial en el entorno de los negocios turbios de la economía ilegal. La injusta denominación y por ende anticipada injusta condena alentada por los medios de intoxicación masiva presentan el antecedente que en los casos más emblemáticos de denuncias de asesinatos de líderes sociales, ya los organismos de inteligencia del Estado los estaban investigando. Los asesinatos de líderes más destacados, que acaparan la atención por el impacto social causado, ahora resultan que en despliegue publicitario la Fiscalía General, en concordancia con el Ministerio de Defensa, los coloca en el intervalo de la duda de tener relación con organizaciones delincuenciales imperantes en sus regiones. Tamaña felonía, por desvió de la función estatal, es inconcebible. Con el san Benito de la Fiscalía, en su ya manoseada práctica, de guardarse la información “para más adelante” procede a la condena por presunción de los lideres asesinados. Esto indigna y por ende configura una respuesta de masas contundente, en el panorama nacional, que, dadas las circunstancias del momento, redundará en una campaña de movilización, de denuncia, de desenmascaramiento y de imposición popular, al logro que las medidas de fondo para erradicación y cese del fenómeno paramilitar vigente en Colombia, de una vez por todas.

Significado de una respuesta subversiva ante la ola de asesinatos

En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta pública es judicializada y calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Con esa denominación justifican la existencia de un ejército que combate internamente a su mismo pueblo y que ha degenerado en un ejército de invasión, dada la aplicación de una doctrina militar y el adocenado y ya reiterativo comportamiento de unidades militares de potencia extranjera, capturados “en caliente” por el accionar beligerante insurgente; traído a colación ante el fracaso del fin del conflicto.

Acudo a los estudios de dos sociólogos sobre el tema: Miguel de Unamuno, con su obra “La Rebelión de Las Masas” y el francés Gustav Le bon con sus aportes de fenomenología política; transcribiendo apartes de anterior ensayo de mi autoría sobre la caracterización de lo subversivo en el escenario de la protesta de masas.

En su turno impositivo, el militarismo desplaza al Ministerio del Interior, concibiendo una normativa tendiente a reglamentar las manifestaciones de protesta social en Colombia; en las cuales los manifestantes participantes no podrán llevar gorras, sombreros, ni cachuchas, ni gafas negras que oculten el rostro, ni botellas de agua; tampoco sombrillas, ni celulares que permitan la comunicación…; ni pasamontañas; ni el bastón de mando popular-palo artesanal bellamente adornado por los campesinos catatumberos y las guardias indígenas- prohibiendo quizás también el que en acto de espontaneidad se quiten la camisa y se la enrollen en la cabeza, para cubrírsela de lo que sea; acto subversivo al que le aplicarán la mínima de la tarjeta amarilla de la garrotera sobre viniente; a ello agregado el que las mantas o pasacalles no podrán ser sostenidas con varas, potencialmente objetos contundentes contra las fuerzas policivas. Medidas todas innocuas, cual extraño mundo de Subuso, solo dignas de tenerse en cuanta ante el estatuto legal de la imposición de la judicialización de la protesta social en Colombia; cuando precisamente en ese momento un grupo de ciudadanos y ciudadanas están haciendo un uso excepcionalmente soberano de las mismas; por ser ellas los actores en el escenario natural de las protestas.

Las múltiples formas de violencia que aquejan al pueblo colombiano se expresan por actores en la protesta callejera. Sabiéndolo de antemano, que no pueden judicializar como violento a todo aquel o aquella, que por múltiples y justificadas razones, ocultan su rostro: un ejercicio directo al derecho alhabeas data, es decir, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen; en momentos en que en Colombia el terrorismo de estado selectivo, continúa suministrando la información a fuerzas paramilitares y paraestatales; cuando el dedo acusador contra la impunidad les hace variar de un comportamiento de ilegalidad y contrainsurgencia a uno de supuesta legalidad. Son las medidas militaristas de guerra con que pretenden limitar el auge de la protesta política en Colombia.

Que pese al maquillaje de las encuestas la institucionalidad policial en Colombia es sinónimo de temor, criminalidad y violación a los derechos humanos. Que una policía militar como la colombiana aplica prácticas militares. Ejemplo el Escuadrón de la Muerte ESMAD.

Sí corresponde enunciar que la virulenta reacción de los manifestantes contra los efectivos policiales desnuda consecuencialmente los niveles de rechazo, indignación ante la perplejidad por tan fatal acumulado histórico de impunidad que con o sin estatuto militar especial ha imperado en Colombia.

Lo subversivo. En Colombia están estigmatizadas ciertas expresiones del acontecer político. Como con marca de hierro incandescente, la dictadura mediática sataniza a lo rebelde, lo insurgente, la beligerancia, lo subversivo, las formas de lucha política y de masas.

Lo subversivo como pensar

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que, ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista) en su interior y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista. Es decir, el individuo se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Logra la reivindicación de individuo como ser social. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. Asume un reto de ciudadanía. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

Lo subversivo como práctica

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva. Ese accionar social es accionar de la ciudadanía, que no concibe estar de espalda a la realidad. En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Corresponde al empoderamiento de ciudadanía. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo. Pero ese accionar dialéctico, no queda allí. El acto subversivo creador de dinámica social colectiva puede ser violento, pacifico, dialógico. Depende del análisis concreto, de la situación concreta (…).

La valiente exsenadora Piedad Córdoba-en su momento- ante el conflicto estudiantil llamó a la juventud universitaria colombiana, a la subversión. A su vez, el Papa Francisco I, lanza también desde Brasil ese llamado subversivo.

Ante el ejercicio de una oposición radical se conocerán los diagnósticos más avanzados de la rebelión sociopolítica. La acción de las masas en contraposición a las normas e igualmente respuesta al comportamiento por el estado de cosas inconstitucionales.

Comencemos por ubicarnos en el doblez hombre-masa. En el papel del individuo que ingresa al torrente de la masa. Opera en él una mutación de interacción, que hace no sea el mismo. El dicho popular “a donde va Vicente, a donde va la gente…”, es gráfico de ese momento. Independiente de la motivación interna que lleva al protestante, al manifestante, al inconformista, a los indignados; una vez en la coparticipación masiva se generan variantes en su cualificación individual. Opera una variante en la personalidad del hombre medio o promedio. Esto funciona a toda forma activa y pudiéremos afirmar, inconsciente.

La ley de masas enunciada por Le bon, informa el fenómeno de las masas como de una colectividad amorfa. Es forma colectiva de comportamiento. No es forma de comportamiento de los individuos, cuando se comportan en instantes o momentos colectivos. Motiva un alma colectiva; por donde el individuo y su propia identidad, se confunden. En esos momentos afloran los acuerdos atávicos, a lo pasado originario, a los prejuicios. Gobiernan los impulsos, los instintos. ¡Resaltan los imaginarios! Por ello la violencia que se genera es acción directa de las masas. Por lo mismo se predica que las masas participantes, sin importar el número de quienes las engrosan, califican como minorías esencialmente cualificadas. Importa precisar cuándo se pasa de lo espontáneo a lo organizativo de masas. Diferenciar de la aglomeración y el bullicio, a la protesta dirigida, conducida, organizada. Claro que ello es posible e implica el juego de la responsabilidad política de los dirigentes. Diferente a la responsabilidad punitiva. Algo diferente es controlar y evitar que la acción desvié en saqueo o en la responsabilidad individual por el saqueo, en que degeneró la acción.

De manera que cuando se difunde la noticia que el canta-autor Caetano Veloso a sus 71 años, desfiló con los indignados brasileros con la cara encubierta, nos manda a los indignados e indignadas colombianas a seguir su ejemplo.

No va a permitir el movimiento popular y de masas la entronización de otro genocidio estilo UP. ¡A la Calle! o ¡A la carga! que es también mandato gaitanista de la Colombia Humana.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=244008

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