América del Sur

Uruguay /04 de Diciembre de 2017/La Diaria

Si bien la educación en condiciones de privación de libertad es un derecho, en Uruguay sólo dos de cada diez reclusos asistieron algún día de octubre de 2016 a una actividad educativa, según el Informe Anual de 2016 del Comisionado Parlamentario Penitenciario. Eso, sumado al alto porcentaje de analfabetismo en cárceles –un relevamiento del Comisionado Parlamentario detectó que en módulos del Comcar con 500 internos, había 150 que no sabían leer ni escribir– y el nivel de violencia –evidente en asesinatos y suicidios entre rejas–, le preocupa al comisionado Juan Miguel Petit. Por eso, ayer de tarde organizó en el Parlamento una charla con Francisco Scarfó, maestro argentino con 25 años de experiencia en enseñanza en cárceles, que es, además, licenciado en educación, magíster en derechos humanos e integrante del Grupo de Estudio sobre Educación en Cárceles. Asistieron autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, del Ministerio de Educación y Cultura, secretarias de diputados e integrantes del colectivo Nada Crece a la Sombra, que trajo a Scarfó a Uruguay para participar en el seminario “Sobre la cárcel” (que se desarrollará hoy y mañana en el Centro de Formación Penitenciaria).

Al inicio de la reunión, Petit transmitió el interés por conocer la experiencia argentina y por contar con recomendaciones para que la educación en cárceles tenga un programa especializado, una evaluación y un control de calidad y formación docente. “La educación tiene que ponerse en un lugar de gravitación en la vida de las personas, y más en las personas privadas de libertad”, planteó Scarfó, y remarcó que “si hay algo que reduce la violencia es el lograr acuerdos, y esos acuerdos se logran cuando tenemos hábitos y destrezas sociales, y las destrezas sociales se aprenden con la educación”.

Luego, en diálogo con la diaria, especificó que en Argentina hay escuelas con más de 50 años en unidades penales grandes, que hay “escuelas secundarias” desde 1980 y que la universidad también está presente. Esa es una diferencia con Uruguay, donde las aulas en las cárceles se abrieron recién en la última década. Otra diferencia, señaló, es que en Uruguay hasta hace un par de años las cárceles eran gestionadas por la Policía, y que eso imparte otra dinámica, porque los policías no eligen trabajar en sistemas penitenciarios. Aun así, la educación en las cárceles argentinas también tiene grandes carencias que nos asemejan. Scarfó planteó, por ejemplo, las contradicciones que implica dar contenidos de salud e higiene mientras se ve pasar una rata, o que el preso sea juzgado –o defendido– por alguien que nunca lo ve. “¿Cómo puedo construir el valor de la justicia en alguien que no tiene justicia en la práctica?”, preguntó. Otro factor común es que los criterios de seguridad terminan primando muchas veces sobre los criterios educativos, y eso, sumado al hacinamiento, provoca, por ejemplo, demoras al momento de llevar a los internos a las aulas. También mencionó que cuando un preso que estudia es trasladado en medio de los cursos –ocurre sobre todo con los estudiantes organizados, como castigo por haberse nucleado–, muchas veces no se hace el debido traspaso del legajo educativo. Conspira, también, el mandato judicial de estudiar y trabajar, puesto que no están dadas las condiciones para hacer las dos tareas, algo que también ocurre en Uruguay. Comentó que no hay jornadas de cuatro horas que permitan llevar a cabo las dos actividades, y que “el trabajo da más ventajas”, da prestigio dentro de la lógica carcelaria, además de acceso a pequeños beneficios, como puede ser llevarse dos panes a la celda, graficó. Dijo que, en Argentina, primaria no tiene cupos, pero sí los tiene la educación media, y eso hace que muchos presos, para cumplir con la condición de estudiar, se inscriban en primaria y luego el sistema no pueda reconocerles los estudios; también ocurre que el estudiante llega a veces con muy buenas calificaciones que, en verdad, no se corresponden en absoluto con lo que sabe, porque fueron “infladas” por un sistema que necesita justificarse.

Scarfó insistió en que es clave la formación docente. Explicó a la diaria que “la persona que va a trabajar como docente en la cárcel tiene que tener la decisión de querer trabajar en ese contexto y con la hostilidad de ese contexto”. Por otra parte, dijo que los docentes tienen que plantearse “cómo podría ser una intervención ahí” y cómo pueden intervenir mejor. Señaló que es clave que los sistemas educativos “elijan bien quién va a trabajar allí, pensar qué tipo de docente queremos ahí, qué tipo de currículum queremos ahí y qué queremos que haga la escuela ahí. ¿Garantiza el derecho? ¿Cómo lo garantiza? ¿Con qué dimensión, con qué potencia, con qué intencionalidad? ¿Para qué ponemos la escuela? ¿Para que los presos lean y escriban, y ya está?”, preguntó. Por otra parte, aclaró que el rol de los docentes no es el de ser asistentes sociales, y que es necesario que se les exija a todos los funcionarios que cumplan con su trabajo, para que no recaigan sobre los docentes tareas que no les competen.

La escuela en la que trabaja Scarfó es de adultos y está ubicada en la Unidad Penal Nº 10 Melchor Romero, de La Plata. Sobre la institucionalidad, Scarfó dijo que siempre es mejor tener una escuela que un programa, porque será más difícil que se cierre una escuela. “La escuela, o liceo, es más fuerte que un programa, porque un programa depende siempre de recursos, de intencionalidades políticas, de voluntades políticas; son siempre para cubrir una demanda o una oportunidad del momento”, dijo. “Es interesante que esté la escuela, pero con mecanismos que le permitan cierta oxigenación, una variación de la conducción, algún movimiento de horizontalidad, cambio de funciones, porque si no, termina muy saturada”, agregó. Los “vicios del sistema educativo” parecen sumarse a los vicios carcelarios y, por eso, además de oxigenación y de capacitación, pidió “cuidar al cuidador” y tomar acciones como cambiar parte de la plantilla cada dos o tres años, cambiar de función, hacer proyectos, además de una buena selección de los docentes.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/11/experto-argentino-en-educacion-en-carceles-pide-situar-la-educacion-en-un-lugar-central-porque-ademas-de-ser-un-derecho-reduce-la-violencia/#!