Por: Jorge Grünberg.
La opinión sobre nuestro sistema educativo depende de nuestra visión del país. Si aspiramos a transformarnos en un país próspero y generador de oportunidades para sus ciudadanos en la sociedad del conocimiento, debemos transformarnos en un país productor de bienes y servicios con alto contenido de conocimiento y tecnología. Nuestras empresas y universidades deberán competir en base a emprendimiento e innovación y nuestros ciudadanos estar preparados para aprender y reaprender constantemente. Nuestro sistema educativo actual no tiene la capacidad de formar a nuestros ciudadanos para alcanzar estas metas.
Esta disfuncionalidad existe desde hace décadas, pero sus consecuencias se han agravado a causa de los cambios tecnológicos de los últimos años y se agravarán mucho más y más rápido en el futuro. A diferencia de otros países, Uruguay no ha buscado ocultar sus carencias. Nuestro país se somete voluntariamente a evaluaciones externas internacionales como las pruebas PISA o las acreditaciones universitarias del Mercosur, y en los últimos años fue creado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con la misión específica de evaluar en forma independiente el funcionamiento de nuestro sistema educativo preuniversitario.
Pero la crítica y la autocrítica no alcanzan. Para lograr cambios sostenibles se deben hacer reformas. Desde el retorno a la democracia los sucesivos gobiernos han realizado esfuerzos para lograr mejoras educativas. Uno de los esfuerzos más importantes fue el aumento sustancial de fondos públicos destinados a la educación pública. También se introdujeron cambios legales ampliando la educación obligatoria desde el nivel preescolar hasta la secundaria superior. Uno de los cambios políticamente más discutidos fue la reforma del gobierno de la educación pública que introdujo un régimen electoral interno para elegir algunas de las autoridades. El cambio más ambicioso fue la incorporación de tecnología, conectando todas las escuelas y liceos del país y entregando computadoras a los docentes y alumnos de instituciones públicas.
Estas iniciativas y proyectos muestran la voluntad de los sucesivos gobiernos de realizar inversiones y cambios en gran escala para mejorar la educación. Sin embargo, estos costosos esfuerzos han conseguido resultados limitados o efímeros. Logramos aumentar la cantidad de alumnos, pero la cantidad de graduados continúa estancada y la calidad del aprendizaje en descenso. Más de 30 años después del retorno de la democracia la gran mayoría de los jóvenes de escasos recursos no terminan bachillerato ni acceden a la universidad, y el rendimiento de nuestros alumnos en las pruebas internacionales es cada vez peor en relación a países con los que debemos compararnos.
Nuestros déficits educativos no se resolvieron ni se resolverán aumentando el presupuesto, cambiando el método de elección de los directivos o agregando computadoras. Estos son cambios necesarios pero no suficientes para modernizar nuestro sistema educativo. Estos enormes esfuerzos económicos y políticos no han traído aparejadas mejoras educativas porque la mejora de la educación uruguaya no es un problema. La mejora de la educación uruguaya es un dilema. Un dilema que debe ser enfrentado desde una perspectiva ética y moral y no económica ni tecnológica.
La reforma educativa es un dilema porque refleja un conflicto entre dos derechos. Por un lado el derecho de las instituciones y corporaciones a mantener sus hábitos, beneficios y privilegios históricos. Por otro lado el derecho de las nuevas generaciones a acceder a un sistema educativo que se adapte a sus necesidades y les brinde la oportunidad de acceder a un aprendizaje de calidad que les permita desarrollarse como personas en la sociedad del conocimiento. Es posible y deseable conciliar ambos derechos, pero debe reconocerse que ambos existen y que en determinadas circunstancias un derecho puede primar sobre otro por razones éticas, morales o de interés social. En el pasado reciente la opción ha sido no optar. Pero cuando no se opta entre dos derechos prevalecen la inercia y el poder.
Resolver nuestro dilema educativo requiere el esfuerzo de enfrentar costos en el presente para obtener mejoras en el futuro. Requiere escuchar el reclamo de los que no tienen voz, que son los más jóvenes. Requiere otorgarle un valor inviolable al derecho de aprender. Las escuelas deben ser santuarios para sus alumnos, especialmente para aquellos que tienen menos estabilidad en sus propias casas y menos contención de sus propias familias. Requiere la autoconfianza necesaria para creer que podemos efectivamente ser un país exportador de tecnología e innovación como lo han hecho otros países que eran más pequeños y pobres que el nuestro. Superar nuestro dilema educativo requiere la convicción de que el derecho a una educación de calidad es uno de los más esenciales derechos en la democracia. Requiere la capacidad de valorar nuestro pasado educativo sin transformarlo en una jaula que nos impida imaginar un futuro distinto y mejor adaptado a una sociedad muy distinta de un nuevo siglo.
Siempre es difícil arbitrar un conflicto entre derechos. Pero ese es el dilema de nuestra sociedad y el desafío que debe finalmente enfrentar nuestro liderazgo.
Fuente: https://www.elpais.com.uy/opinion/columnistas/jorge-grunberg/educacion-problema.html
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