Mientras la educación sea una mercancía, los avances en escolaridad no nos harán mejores personas.
Por: Oscar Sánchez.
Pablo Gentili introdujo este concepto, que parece un oxímoron, para describir el proceso de escolarización en América Latina en los últimos cincuenta años, en el que se ha expandido notablemente el acceso de las masas recién urbanizadas (y por lo tanto, del grueso de la población) a la matrícula del ciclo básico en instituciones educativas precarias.
Es un proceso incluyente, pues sería necio negar el valor de esa presencia de los chicos en la escuela. Para entender la importancia del acceso y la permanencia que se han logrado en las ciudades de Colombia, solo hay que compararlas con el mundo rural disperso, donde la mitad de la población se queda por fuera de la secundaria y solo una cuarta parte llega a ser bachiller. Las condiciones de la población en ambos mundos son muy diferentes.
Pero en las ciudades, aun con el aumento de la cobertura, hay exclusión. No se puede llamar de otra forma a la desigualdad aberrante con la cual se ha hecho la expansión: mientras las clases medias pagan una educación con buenas condiciones, los pobres, con excepciones que confirman la regla, se quedan con el bagazo. Frente a ese hecho hay tres enfoques.
Uno que podemos llamar cínico, niega la exclusión y afirma que simplemente estamos haciendo lo que se puede. Que la desigualdad educativa es una condición temporal y que por el camino que llevamos llegaremos a la educación buena para todos, cada quien en su propia realidad. Y que cualquier esfuerzo adicional atentaría contra la sostenibilidad fiscal y la iniciativa privada. Es común escucharlo, expresado con crudeza, en boca de funcionarios a cargo de las finanzas públicas, y camuflado con eufemismos, en boca de buena parte de quienes manejan la educación.
Un segundo enfoque, que es el que venimos poniendo en práctica algunos convencidos del poder de la razón emancipadora y el empoderamiento popular, es el del desarrollo de las capacidades humanas. Este consiste en buscar gobernantes dispuestos a alimentar altas expectativas y apoyar con ingentes recursos públicos a los educadores y comunidades ejemplares en escuelas pobres, para cerrar brechas dando más al que tiene menos, sin forzar a los poderosos a una igualdad impuesta. Hemos apostado por formar a una nueva generación que entienda que la inclusión tiene que ser plena y que la buena educación, como el empleo decente, la salud preventiva y la seguridad ciudadana son derechos y no pueden ser desiguales, o dejan de serlo.
¿Seremos ingenuos quienes atribuimos a la educación en sí misma la capacidad de transformar el sistema ofreciendo a los débiles un lugar en el mundo?
Gentili, que ha sido dirigente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de Flacso y del Foro Mundial de Educación, propone un tercer enfoque que profundiza el anterior. Afirma que la inserción institucional, si bien es un avance, está muy lejos de marcar el camino del goce efectivo de los derechos y las relaciones humanas igualitarias que constituyen las bases de una sociedad democrática sustantiva. Lo que este autor llama ‘universalización sin derechos’ va más allá de la idea hoy aceptada en el mundo de que no basta con el acceso y hay que apostar a la calidad.
Gentili introduce tres reflexiones: i) existen la pobreza y la desigualdad educativas, aunque haya mayor acceso a la escuela, porque la universalización de la matrícula no cambia las estructuras sociales; ii) una educación con igualdad formal ante la ley y brutal desigualdad frente al mercado da como resultado un sistema segregado, en el que la educación no es un bien común, sino uno excluyente y, por lo tanto, no es pública, aunque se haya aumentado la oferta oficial, y iii) se ha impuesto recientemente una tendencia economicista que hace ver la educación predominantemente como un factor de producción, y se ha perdido su sentido como base de la humanización planetaria, planteado en las declaraciones de derechos humanos de hace 70 años.
En algo estamos de acuerdo con Gentili: mientras la educación sea una mercancía más, la formación integral de calidad sea un privilegio y prime el fin de educarse para ganarse la vida, antes que para construirse una vida, los avances en escolaridad no nos harán mejores personas ni nos llevarán a la justicia social.
Me queda la inquietud: ¿seremos ingenuos quienes atribuimos a la educación en sí misma la capacidad de transformar el sistema ofreciendo a los débiles un lugar en el mundo? ¿El cambio de las estructuras políticas, económicas y culturales es una condición para tener un derecho efectivo a la buena educación, o cambiando las mentes con un mayor esfuerzo político y pedagógico dentro del sistema actual podemos hacer que cambien esas estructuras?
Fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/oscar-sanchez/exclusion-incluyente-discriminacion-educativa-135392
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