América del Sur/Ecuador/19-05-2022/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Como una medida de presión para la Corte Constitucional (CC), este lunes también tuvo lugar una manifestación en lo que los maestros reclamaron el alza salarial.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) y maestros ecuatorianos continuaron este lunes en huelga de hambre, la cual comenzó hace 14 días en reclamo de mejoras salariales y por hacer cumplir las reformas planteadas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI).
El gremio docente ecuatoriano ha reclamado que la Corte pueda analizar los argumentos presentados en audiencia pública, pues el Gobierno no ha respondido con argumentos la negativa de proceder a la equiparación salarial.
La huelga de los docentes busca un pronunciamiento favorable a la aplicación de las reformas a la LOEI, aprobadas por la mayoría del pleno de la Asamblea Nacional a finales del mes de marzo de 2022, y que fuera vetada por el presidente Guillermo Lasso.
La UNE había iniciado la huelga junto a 14 profesores, estudiantes, madres y padres de familias en Quito, mientras que en la ciudad de Guayaquil 16 huelguistas se reunieron en la Plaza de San Francisco; cifra que ha aumentado.
Como una medida de presión para la Corte Constitucional (CC) este lunes también tuvo lugar una manifestación en lo que los maestros reclamaron el alza salarial y realizaron una acción consistente en extraerse sangre para hacer notar sus demandas. “Que los jueces sin presión y apegados a la ley ejerzan justicia para este magisterio oprimido. Hacemos esa ofrenda exigiendo justicia”, pronunció Julio Yujato.
Por su parte, Isabel Vargas Torres, quien se unió este lunes a la huelga de hambre, precisó que “se ha demostrado hasta la saciedad que sí hay dinero, existen recursos no solamente para educación” y esto no puede ser una justificación.
De igual manera, la UNE insistió en que la discriminación contra este sector se produce “cuando los sueldos de la cúpula de la Policía y las FF.AA. se elevan en montos superiores a cinco mil dólares, como se realizó mediante la Resolución MDT2022-002; ahí sí existió voluntad política y jamás se argumentó su inconstitucionalidad o que afectaría al gasto fiscal”.
Otro de los argumentos sostenidos por la organización gremial resalta que el derecho a la equiparación salarial se ha postergado durante 12 años. Sobre este argumento, el dirigente Jorge Escala indicó que “esta protesta tiene simpatía de la gente que busca trabajo pero está en la desocupación; simboliza la inconformidad de la gente que va a los hospitales y no tienen medicina o no son atendidos, está respaldada por quienes no tienen agua potable en algunos sectores”.
Otro de los incidentes denunciados por la UNE fue la represión de las fuerzas policiales contra los estudiantes de la Universidad de Guayaquil; por exigir clases presenciales tras una manifestación pacífica, por la falta de presupuesto para la comunidad educativa, el despido de docentes, la falta de cupos y la falta de prácticas.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/docentes-ecuatorianos-extienden-huelga-hambre-derechos—20220516-0034.html
CARACAS – La voraz búsqueda de oro en el sur de Venezuela, practicada por miles de mineros ilegales amparados por diversos grupos armados, representa la mayor amenaza actual para la vida de sus indígenas, su hábitat y sus culturas, coinciden en señalar sus organizaciones y defensores de los derechos humanos.
En ese territorio que forma parte de la Amazonia “la minería, la violencia, la destrucción del hábitat, la muerte por enfermedades y la migración forzosa conforman un contexto que ya los indígenas califican como genocidio silencioso”, observó a IPS el investigador Aimé Tillet, con largos años de trabajo en el área.
Al otro extremo del país, en el noroeste fronterizo con Colombia, en el drama indígena destaca la delimitación pendiente de sus territorios, que les ha llevado a enfrentamientos y muertes en sus intentos por recuperar tierras ancestrales, mientras mueren de mengua y a menudo se ven reducidos a la indigencia.
Hay rasgos comunes en esa vida en regiones fronterizas que son hábitats indígenas, como el abandono por parte del Estado central, al incumplir sus deberes en salud, educación, seguridad, provisión de alimentos, combustible y transporte, insumos, comunicaciones y consultas debidas a los pueblos originarios.
El gobierno aúpa la actividad minera y decretó en 2016 como “Arco Minero del Orinoco”, en la margen derecha del río, un área de 111 844 kilómetros cuadrados, más grande que Bulgaria, Cuba o Portugal. En paralelo estableció una empresa de la Fuerza Armada, Camimpeg, para liderar la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales convencionales y raros, de los que el país es especialmente rico.
La opacidad es un lunar en el manejo de las empresas militares por parte de las autoridades, según organizaciones no gubernamentales como Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa
La prensa local ha mostrado unidades militares y policiales en la región involucradas en incidentes en torno a la actividad minera que han causado protestas de indígenas y defensores de los derechos humanos, y que van desde muertes de indígenas en altercados hasta masacres en las que “grupos desconocidos” han asesinado a decenas de personas.
La minería más artesanal y también ilegal, en centenares de espacios deforestados y junto a ríos contaminados con mercurio para la reducción del oro, es a menudo controlada por bandas delictivas que se autodenominan “sindicatos” y trafican con el metal, los insumos y también con las personas que van a trabajar en esas minas, muchas veces en forma forzosa.
Desde hace algunos años a los peligros se han sumado las guerrillas colombianas, en particular el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que participa de la minería y otras actividades ilegales en el sureño estado de Amazonas, así como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pacificadas en 2016, según destacan organizaciones de derechos humanos.
En la Sierra de Perijá, hábitat de tres pueblos originarios y que marca parte de la frontera norte entre Colombia y Venezuela, el ELN penetra en las comunidades indígenas, instala campamentos, cobra “vacunas (impuestos)” a ganaderos, supervisa el contrabando de ganado y recluta jóvenes para sus columnas.
Mapa de las áreas que son hábitat de los principales pueblos indígenas de Venezuela, según el estatal Instituto Geográfico Simón Bolívar. Los grupos más numerosos están en el extremo noroeste, sur y oriente del país. Imagen: IGVSB
Disparos en la selva
El 20 de marzo cuatro indígenas yanomami murieron abaleados en un sector de la Sierra de Parima, que en el extremo sur marca la frontera con Brasil, por disparos de efectivos de la Aviación venezolana, tras un altercado por la señal de internet y un aparato direccionador que compartían los militares e integrantes de una comunidad ancestral.
Los yanomami, que viven en esas selvas del sur venezolano y norte brasileño desde hace miles de años -son considerados testimonio viviente del hombre primitivo, entraron en contacto con el resto del mundo hace pocas décadas- han encontrado en la telefonía móvil un recurso de comunicación en sus muy dispersas comunidades.
Lo sucedido en Parima “no se puede tomar como una reacción aislada, sino como el resultado de un cúmulo de tensiones y abusos, de no tener un trato diferenciado en función de los derechos a una discriminación positiva”, declaró entonces Wataniba, una organización de apoyo a los pueblos indígenas de la Amazonia venezolana.
“Todas esas tensiones que se viven a diario en las fronteras son consecuencia del extractivismo, aunado a los abusos de poder por parte de efectivos militares, la transculturización y la falta de acciones concretas por parte de Estado para atender las necesidades primordiales de los pueblos indígenas”, agregó la organización.
Minería en la Amazonia venezolana. En centenares de explotaciones informales e ilegales para buscar oro se deforesta el terreno, se dañan los suelos, se contaminan la aguas con mercurio y se explota a los indígenas y otros trabajadores bajo formas de esclavitud moderna. Foto: RAISG
Garimpeiros indetenibles
En 1989, un decreto ley del entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1922-2010 y quien gobernó el país entre 1974 y 1979 y 1989 y 1993) prohibió por 50 años toda actividad minera en el estado de Amazonas, visible como el saliente sur en el mapa de Venezuela, selvático y de suelos frágiles, de 178 000 kilómetros cuadrados y 200 000 habitantes, más de la mitad de ellos integrantes de 20 pueblos indígenas.
Durante décadas, sin embargo, miles de garimpeiros (nombre brasileño para los buscadores informales de oro, de donde provenían originalmente), han incursionado en Amazonas, y en los últimos años a mayor escala, con empleo de pistas de aterrizaje, abundantes motobombas, e imponiendo relaciones a veces de intercambio y sobre todo de explotación con comunidades e individuos indígenas.
El 28 de julio de 2021, las organizaciones indígenas Kuyujani y Kuduno, así como el tribunal de justicia Tuduma Saka, de las etnias sanemá (rama yanomami) y sus vecinos ye’kuana (caribes), denunciaron la presencia de garimpeiros en cuatro comunidades en documentos entregados a la gubernamental Defensoría del Pueblo.
Más de 400 garimpeiros armados, según la denuncia, trabajaban con 30 máquinas extrayendo minerales preciosos en la zona del Alto Orinoco, forzando a hombres y niños a trabajar en la minería, y esclavizando y obligando a las mujeres a prostituirse.
La denuncia agregó que la destrucción de bosques alcanzó a los conucos (huertos) de las comunidades indígenas, que así quedaron dependientes de los suministros de los garimpeiros para su alimentación.
Tillet hizo notar que la incursión de guerrillas y mineros ilegales en el sur crea además focos de conflictos interétnicos, porque algunos indígenas y comunidades desesperadas por sobrevivir aceptan a los irregulares, y otras (como los uwottija o piaroas del Orinoco medio) se oponen contundentemente a esas incursiones.
Otra imagen de los daños de la minería sin control en una zona del sur de Venezuela. Foto: SOS Orinoco/RAISG
Esclavitud moderna
En las “currutelas”, minas de socavón, se busca emplear a varones jóvenes y niños para extraer arenas ricas en oro, y a mujeres para labores como cocinar, barrer, lavar y poner cierto orden en los campamentos, así como para explotarlas sexualmente.
Esa situación, generalizada en los cientos de minas del Amazonas y del suroriental estado de Bolívar, de unos 238 000 kilómetros cuadrados, se agrava en el caso de los indígenas, dijo a IPS el abogado Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que conduce varios estudios en la zona.
“Bajo el control de los grupos armados se generan dinámicas de violencia, con enfrentamientos y muertes, y situaciones de esclavitud moderna, con omisión que se traduce en aquiescencia por parte del Estado venezolano”, abundó Trujillo.
En particular, las mujeres indígenas, captadas para trabajar en los campamentos, “quedan sometidas a una dinámica de violencia, su trabajo no es voluntario, a veces no se les paga, y son sometidas con riesgo para su salud y vida”, subrayó.
La minería venezolana abona así cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según las cuales más de 40 millones de personas son víctimas de esclavitud moderna, 152 millones del trabajo infantil y 25 millones realizan labores forzosas.
El cerro Autana, visto de las márgenes del río Cuao, afluente del Orinoco medio. El pueblo uwottija lo considera sagrado y rechaza la presencia en el área de grupos guerrilleros provenientes de Colombia, asociados a la minería ilegal. Foto: Humberto Márquez / IPS
Adiós hábitat, cultura y vida
En Venezuela, según el censo de 2011, de sus 28 millones de habitantes al menos 720 000 son indígenas, pertenecientes a unos 40 pueblos originarios, y cerca de medio millón viven en áreas rurales indígenas, sobre todo en las regiones fronterizas.
Aunque la etnia mayoritaria (60 %) es la wayúu, un pueblo de lengua arawak que habita la colombo-venezolana península de la Guajira (norte), la mayoría de los pueblos está en el sur del país, algunos con miles de integrantes y otros con muy pocos centenares y con sus idiomas y saberes en riesgo de extinción.
La organización ambientalista Provita sostiene que al sur del Orinoco se han deforestado en los últimos 20 años 380 000 hectáreas, y las dedicadas a la actividad minera aumentaron en el lapso 2000-2020 de 18 500 a 55 000 hectáreas.
Zonas muy afectadas han sido riberas y cabeceras de ríos, muchas en áreas teóricamente protegidas como parques nacionales, y Tillet subraya que, además del daño ambiental, se trata de zonas de recursos limitados para la subsistencia, por los que ahora compiten las comunidades indígenas y los mineros.
Los indígenas “al depender de la minería para obtener algún ingreso, se ven forzados a abandonar su actividad tradicional de siembra, pesca y caza, se deteriora su alimentación, y avanzan la desnutrición y las enfermedades, como el paludismo, y aparece la vía de decir adiós a sus tierras, desplazarse y migrar”, expuso Tillet.
El investigador sostiene que los servicios de salud responsabilidad del Estado prácticamente han desaparecido, y más con la pandemia de covid-19, y la educación se ha desplomado con la migración de maestros, dándose el caso de que “niños que deberían estar en la escuela ahora laboran explotados en las minas”.
En el documento que presentaron ante la Defensoría del Pueblo, las organizaciones yanomami y ye’kuana dijeron ser víctimas de asesinatos selectivos, contaminación de las aguas con mercurio, contagio de enfermedades y, en resumidas cuentas, de “un genocidio cultural silencioso”.
Niños de una comunidad uwottija (piaroa) en la zona del Orinoco medio, donde organizaciones de ese pueblo originario rechazan la presencia de grupos guerrilleros provenientes de la vecina Colombia, asociados a la minería ilegal. Foto: Humberto Márquez / IPS
El territorio, derecho huidizo
La vigente Constitución, de 1999, reconoció el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus culturas y poseer sus territorios ancestrales, y previó una demarcación expedita de esas áreas, de lo cual se cumplió solo una pequeña parte en el país.
En el caso del estado Amazonas, cuyo territorio es casi en su totalidad hábitat de pueblos originarios, esa demarcación se ha ignorado, impidiendo a los pueblos indígenas reclamar derechos, exigir consultas y consentimiento para la explotación del territorio y, eventualmente, obtener beneficios derivados de su posesión.
Para Tillet “la demarcación se mantiene como deuda, para la que no hay voluntad política, pero la avalancha minera ha relativizado su importancia, pues si las áreas protegidas como parques nacionales o monumentos naturales son violadas por la minería, puede pensarse que se haría lo mismo con territorios indígenas”.
Ejemplos son el sudoriental Parque Nacional Canaima, de 30 000 kilómetros cuadrados, rico en tepuyes –montañas de paredes verticales y techos planos – y grandes saltos de agua, y el Yapacana, en medio del estado Amazonas, de 3200 kilómetros cuadrados, donde la minería se practica mientras las autoridades miran hacia otro lado.
En cambio, en el noroeste se mantiene, con episodios de violencia, la lucha por la tierra del pueblo yukpa, en el centro de la Sierra de Perijá y que, como sus vecinos barí de origen chibcha y los wayúu, son un pueblo binacional, aunque con más individuos del lado venezolano que del colombiano.
El nudo del conflicto es que a lo largo del siglo XX los indígenas fueron arrinconados en las tierras más inhóspitas de la montaña, mientras que las llanuras, sobre la margen occidental del lago de Maracaibo, fueron ocupadas por fincas ganaderas.
Algunas comunidades han aceptado lotes de tierras –las menos ricas- otorgadas por el gobierno, pero un núcleo yukpa duro, que dirigió hasta su asesinato en 2013 el cacique Sabino Romero, reclama tierras donde hay haciendas ganaderas, mientras resiste incursiones de contrabandistas y guerrilleros en plena montaña.
Sabino Romero, cacique yukpa, de la Sierra de Perijá, fronteriza con Colombia, asesinado en 2013 en el marco de las luchas de su pueblo por recuperar tierras que quedaron en manos de ganaderos a lo largo del siglo XX. Foto: Sociedad Homo et Natura
“Otros miembros de la familia y seguidores de Sabino han sido asesinados al paso de los años y soportan agresiones y el asedio de sicarios y empleados de fincas ganaderas, cuando no de la Guarda Nacional (policía militarizada) o el ELN”, dijo a IPS Lusbi Portillo, conductor de la ambientalista Sociedad Homo et Natura.
Ana María Fernández, activista yukpa de la zona, ha dicho que “no solo luchamos contra terratenientes, grandes hacendados, cuerpos policiales y Guardia Nacional, y el Estado que no permite la demarcación de nuestras tierras. Nos atacan por igual la guerrilla colombiana y sicarios contratados por ganaderos”.
En contrapartida, algunos yukpa en ocasiones toman ganado como modo de cobrar los daños que se les infligen, pero otros, menos combatientes y no habituados a vivir en las ciudades “improvisan alcabalas en lo que fueron sus tierras para cobrar derecho de paso y tener algo de dinero para comer y sobrevivir”, dijo Portillo.
El activista sostiene que una alternativa es que el Estado cumpla compromisos de indemnizar a ganaderos cuyas haciendas deban ser devueltas a los indígenas, así como sus deberes de proporcionar vías de transporte para la producción agrícola de las comunidades y atención en salud ante el auge de enfermedades.
Ana María Fernández, activista de comunidades yukpa que reclaman la demarcación de sus territorios ancestrales en la occidental Sierra de Perijá, y de los cuales las mejores tierras fueron ocupadas por haciendas ganaderas a lo largo del siglo XX. Foto: OEPV
Hora de migrar
La crisis de la segunda década de este siglo en Venezuela ha forzado a miles de indígenas a migrar, en el torrente de seis millones de venezolanos que han abandonado el país desde 2014, en su inmensa mayoría dirigiéndose a los países vecinos de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y España.
El grupo más numeroso es el de los warao, pueblo poblador del nororiental delta del Orinoco, en cuyo frente sur también hay actividad minera y maderera, y que han ido mayoritariamente a Brasil, aunque también a Guyana y Trinidad y Tobago.
Los warao “son menos de 50 000, y la migración de al menos 6000, más de 10 % de ellos, es una merma que dice mucho de la situación de derechos humanos de esta población. En el norte brasileño hay unos 5000, y Brasil ya los considera como otro pueblo indígena, además muy viajero, en su territorio”, comentó Tillet.
Pablo Tapo, del pueblo baré y coordinador del Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos, levantó un informe según el cual más de 4500 indígenas de nueve etnias en su región cruzaron la frontera con destino a Colombia en tres años.
Tanto en ciudades como en las zonas rurales “las comunidades se quedan solas porque no hay atención ni servicios, en los hospitales ambulatorios no hay médicos, ni medicinas ni insumos, y no hay seguridad alimentaria”, dijo Tapo.
En el sudoccidental y llanero estado de Apure, la confrontación armada que involucró hace meses a guerrilleros colombianos con militares de Venezuela forzó la huida a Colombia de grupos indígenas que poblaban el lado venezolano del río Meta.
En el extremo sudoriental, junto a Brasil, el pueblo pemón se ha resentido del desplome del turismo por la inseguridad asociada a la minería y la pandemia, incentivo para migrar, y en el noroeste para pueblos como los wayúu aprovechar los cruces de frontera es una vieja práctica sin novedad.
Miembros del Bloque Unitario del Sector Educativo de Carabobo, protestaron este martes pacíficamente frente a la zona educativa, para exigir que cesen las violaciones a sus derechos laborales.
Este bloque lo conforman siete sindicatos que agrupan educadores, trabajadores administrativos y obreros, que en forma conjunta piden respeto a su condición.
Los manifestantes denunciaron que desde la zona educativa se les aplica cambios en la modalidad de pagos, los excluyen de la nómina del Ministerio de Educación, y se les suspenden los salarios, sin cumplir con el debido proceso y sin expediente administrativo.
Luego de la protesta, se instaló una mesa técnica donde serán revisados los distintos casos que se están presentando.
Angélica Flores, dirigente del Sindicato Unico de Magisterio, indicó que en la mesa, que se reunirá la próxima semana, se tratará todo lo relativo a tres mil casos de educadores, que están en condición de riesgo laboral.
Igualmente se analizará la situación de unos 1.500 trabajadores con planillas 1408, esperando juntas médicas, por presentar malas condiciones de salud, a los cuales les suspendieron los sueldo
Durante la conmemoración el ministro Ávila declaró que la Subsecretaria de Educación ya ha recibido 247 denuncias por discriminación hacia estudiantes por su orientación sexual.
En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, y en general en contra a la violencia hacia todo el espectro de la comunidad LGBTIQ+, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, junto a la presidenta de Fundaciones de Presidencia, Irina Karamanos presentaron las principales iniciativas que impulsará el Gobierno para avanzar hacia una educación libre de discriminación.
Las autoridades de La Moneda fueron parte de un acto en conjunto con la Escuela Nanihue de la comuna de San Ramón, en donde también asistió el alcalde Gustavo Toro Quintana, la Seremi de Educación y concejales de la Región Metropolitana, al igual que activistas de la comunidad LGBTIQ+.
El ministro de Educación anunció que durante el segundo semestre de este año, el gobierno se comprometía a presentar el Proyecto de Ley de Educación Sexual Integral. “Un marco normativo que promoverá la formación y el respeto en todos los niveles de la enseñanza como parte fundamental de una educación igualitaria”, afirmó el jefe de la cartera.
El profesor detalló que la ley promoverá el desarrollo emocional de los y las estudiantes, reconocerá la diversidad sexual, cuestionará los estereotipos de género e impulsará la formación sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas.
Además, agregó que “generar marcos normativos de quienes han sido históricamente excluidos es clave para nosotros, pero esto no lo hacemos desde lo legislativo, creemos en el trabajo con las comunidades”.
En ese sentido, la autoridad manifestó que unirían fuerzas con los y las trabajadores de la educación para hacerles parte de los programas de formación que tendrán foco en la creación de ambientes seguros y la prevención de la violencia sexista y homofóbica.
Asimismo, Ávila reconoció que esa instancia representaba el compromiso del Estado de establecer sus políticas públicas desde aquella dimensión, para que todas las comunidades se transformen en espacios como la de la Escuela Nanihue, la cual lleva años impulsando un proyecto de educación inclusiva.
“Hacia dónde tenemos que avanzar es que las escuelas sean espacios de acogida, de cariño, de comprensión, contención y sobre todo de formación en donde todas y todos podamos valorar la diversidad”, declaró la autoridad del Mineduc.
En el acto de conmemoración la Primera Dama, Irina Karamanos, se mostró contenta por ser parte de la instancia y expresó que el compromiso del Gobierno es unirse al trabajo de las comunidades educativas para lograr que “sea posible la diferencia”.
Karamanos también destacó que su objetivo de ese día era conversar acerca de los derechos de todas las personas y que ojalá no sea necesario siempre tener “que ponerse una bandera y luchar por existir para ser personas, para tener una cotidianidad”.
La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) planifica plantones para el 19 de mayo para exigir mayor presupuesto para la educación y respaldar a la Unión Nacional de Educadores (UNE). Así lo confirmó este 17 de mayo del 2022, Mauricio Chiluisa, presidente del gremio universitario.
El gremio universitario demanda al Gobierno que entregue más presupuestopara “la educación inicial, media y superior”. El dirigente adelantó que están “próximos a organizar jornadas de movilización en defensa de la educación pública”.
Los detalles se darán a conocer en los próximos días. Por lo pronto, desde las 09:00 del jueves 19 de mayo se llevarán a cabo plantones en varias universidades del país. Por ejemplo, en Quito, Cuenca, Latacunga. El lunes inició la medida en la Universidad de Guayaquil y continuará el jueves.
Incidentes con Policía
Hay dos jóvenes heridos tras los incidentes entre los alumnos de Medicina de la Universidad de Guayaquil y efectivos de la Policía Nacional, aseguró el presidente de la FEUE.
Los estudiantes reclamaban falta de personal docente, así como mayor presupuesto para la educación y clases presenciales.
“Un estudiante recibió golpes por parte de la Policía y otra recibió gas lacrimógeno directamente en su rostro”, dijo. Esta es otra de las razones que motiva un nuevo plantón en Guayaquil.
El movimiento sindical, gremial y pedagógico, docente, estudiantil y de funcionarios de la educa- ción universitaria, académicos(as), investigadores(as) e intelectuales expresamos nuestra preocupa- ción por la agenda, contenido, proceso y ruta de la III Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) a realizarse del 18 al 20 de mayo de 2022 en Barcelona, España. Nuestra posición se fun- damenta en las siguientes razones:
1. La UNESCO conformó un comité organizador de la III CMES que excluyó a las organizaciones naturales del mundo académico, gremial y sindical de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios(as), a la par que hacía alianzas con sectores empresariales, corporaciones, capi- tal trasnacional educativo, bancas de desarrollo y filantropía vinculada al gran capital;
2. La agenda fue elaborada sin un proceso de consulta amplio y participativo. Se excluyeron te- mas de especial importancia como el mundo del trabajo docente en el siglo XXI, así como los procesos de privatización, mercantilización y desterritorialización que asedian a las universida- des en la sindemia del COVID-19. Los 10 puntos de la agenda de la III CMES abren peligrosa- mente las puertas a la lógica del mercado en la educación superior.
Una agenda para la III CMES construida desde la externalidad de la educación superior es una amenaza contra el pensamiento crítico y la autonomía universitaria a escala planetaria.
Se anuncia que la III CMES no tendrá una declaración final, por lo que su realización sin líneas claras de orientación estratégica puede servir para legitimar políticas neoliberales a profundi- zarse en la próxima década. Esperamos que esto se corrija en la propia III CMES
3. A horas de la realización de la III CMES no se han dado a conocer los documentos que respal- dan cada uno de los puntos de la agenda, soslayando el necesario debate de ideas previo a la cita de Barcelona. Nos preguntamos ¿Cuál es el motivo de tanto secretismo? ¿Conferencia Mundial sin documentos de trabajo?
De hecho, en la forma de plantear los temas de la agenda de la III CMES se evidencia una orientación de educación para satisfacer las demandas del mercado, algo que esperamos se conjure en el marco de las sesiones de la III Conferencia Mundial de Educación Superior.
En cualquier caso, consideramos que Barcelona 2022 no es un punto de llegada sino de parti- da para la construcción de resistencias educativas solidarias, emancipadoras y de defensa de la universidad pública. Seguiremos trabajando en el fortalecimiento del tejido social que lucha en favor del derecho humano a una educación pública universitaria gratuita, científica, popular y emancipadora.
¡¡¡ Si la UNESCO se entrega a los brazos del capital trasnacional que quiere convertir a la educación en una mercancía, les universitarios(as) juntaremos nuestras conciencias para defender el futuro de la educación pública universitaria!!!
Enrique Elorza, Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Universidad Nacio- nal de San Luis, Argentina
Florencio Díaz Pinzón, ASOPROF, Panamá
Hayah García, UPT “Clodosbaldo Russián, Venezuela
Luis Enrique Aguilar, Unicamp
Omar Hurtado Rayugsen, Instituto Pedagógico de Caracas / UPEL- Venezuela Emilio Beltrán Díaz, CNTE-México
Greti Richard, MS
Saúl Elizarraras Baena, La izquierda socialista
Flavio De Jesús Castillo Silva, Instituto Multieducativo Latino
Isaac Ángeles Contreras, CNTE , México
Federico Schuster, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Andrés Giura, Amsafe Rosario, Argentina
Alex Fergusson, Universidad Central de Venezuela
Larissa González, Red por los Derechos de la Educación
Edurne Alonso Fierro, BENUFF
Ezequiel Darío Alfieri, EIPHISTORICA-Argentina
María Mojica, ASOPROF- Educador Popular, Panamá
Eligio Moha Félix, Colectivo ECCE, México
Belén Tovar, UBV, Venezuela
Raquel Delgadillo Macías, MexEspArg, México
José Gregorio Oviedo Araujo, Universidad Nacional Experimental del Trans- porte , Venezuela
Javier Biardeau, UCV, Venezuela
José Armando Durán, Proyecto Radio Talento “”tu voz escolar”
Nancy Espasandin, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la Repúbli- ca Oriental del Uruguay
Luis Miguel Alvarado Dorry, CIIOVE
Fernando Santana, CEIPH, Argentina
Fanny Bruzual, Docente, Venezuela
Fernando Lázaro, CEIPH – UNLU, Argentina
Michel Mujica, UCV y MPPRE, Venezuela
Martha Rocío Alfonso Bernal, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – FECODE, Colombia
Gerardo Luis Martín Conde, Teoría y Praxis Sociológica AC
Jacinto Dávila, Universidad de Los Andes, Venezuela
Javier Córdova Iturregui, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios
Ángel Rodríguez Rivera, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios José de Jesús Valdovinos C, CINPECER CLACSO
Rosa Cañadell Pascual, SIEC, España
Fernando Bossi, Fundación Emancipación
Vladimir Laura Chambi, Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia
Jorge Gantiva Silva, SPU-TOLIMA. COLOMBIA
Faustino Pineda De La Cruz, Secretaria de Educación Superior SEP, México Marcos Vinicio Sandino Montes, UNAN-León
Jurjo Torres-Santomé, Universidade da Coruña, España
Mercedes Martínez Padilla, Federación de Maestros de Puerto Rico
Selene Kareli Zepeda Pioquinto, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia Lourdes Velásquez de Urbáez, Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación
Melquiades Alonso, Universidad Nacional de Asunción
Tarek Aboaasi, CIM y UPTP JJ Montilla
Miguel Rivera, Federación de Maestros de Puerto Rico
Carmen Fonseca Cuenca, Presidenta ASPU UPN
Laura Aragone, UNR. Argentina
Marcelo Pucheta, Argentina
Faustino Celestino Martínez, CNTE NUEVO León-Maestros de Nuevo León Jesús Delgado Mendoza, Sindicato de la Uptm
Gustavo Teres, AMSAFE .Asociación del Magisterio de Rosario. República Argentina
Juan Aguilar Díaz, AEVE Panamá
Daniela Barruel, Movimiento por la Unidad Docente
Jorge Enrique Briones Vega, Movimiento por la Unidad Docente
Rosa Zunilda Miranda, SIPROTRASO PY – Acción Sindicalista Clasista
César Rodas, Tapea, Red por el derecho a la Educación
Pedro Urbina González, Falcón. Venezuela
Ana Bordón, SITRAFACSO, Paraguay
Luisa Ocariz, SITRAFACSO, Paraguay
Nancy Merlo, Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Ro- binson, Venezuela
Rodulfo Humberto Pérez Hernández, Centro de Estudios Simón Bolívar, Ve- nezuela
Mirtha Maldonado Acción Sindical Clasista
Leopoldo Múnera Ruiz, Universidad Nacional de Colombia
Ariel Soto Callisaya, Magisterio
María del Carmen López Vásquez, Centro de Estudios MAEEC ; México
Silvia Beatriz Paulín Méndez, MAEEC MEXICO.
Miguel Erasmo Zaldivar Carrillo, Centro de Estudios MAEEC-CLACSO, México Claudia Monreal Mijares, Colectivo Kaichuk Mat Dha, México
Mireya Zarate Velasco, MAEEC, México
Sylvia Hernández Fernández, Sección 22, Universidad del Pueblo
Luis Gustavo, ¡No a la privatización!
Ricardo Torres, Kaichuk Mat Dha, México
Guadalupe Ramos Ortiz, MAEEC, México
Elizabeth Lorenzana Albino, Jubilados
Rubén Darío Merlin Vásquez, MAEEC Oaxaca, México
José Luis González, Movimiento Pedagógico Dignidad Magisterial Venezuela Emilio Becasis, Secretaría de Nivel Superior Amsafe Rosario; Argentina Teresa Margarita Rivas Soto, Kaichuk mat dha, México
Guadalupe Camargo, AEVE, Panamá
Lorena Gordillo, FADIUNC/ Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza-Argentina Maricela López Ayora, Independiente
Adriana Natividad Salazar, Sección XXII, México
Cristina Nafissi, FADIUNC, Argentina
Myriam Barahona Torres, Federación Nacional de Asociaciones de Funciona- rios de la Universidad de Chile- FENAFUCH
Cira Novara, Savia. Paraguay
Celeste Houdin, Sindicato de Profesionales de Trabajo Social del Paraguay- SIPROTRASO PY
Delia Concepción Caceres, Sitrafacso, Paraguay
Evangelista Pereira, Sitrafacso, Paraguay
José Arnulfo Bayona, ANEP Bogotá, Colombia
Nelly Mosquera Z, Equipos Docentes de Colombia -regional Bogotá
Edilma Tigreros Bernal, ¡Hay que defender la educación pública!
Luis Carlos Hurtado Rojas, CCPASS
Sara Alonso, CIEH
Sara Catalina Viveros Granja, Fundeas, Colombia
Dorys Ardila, Gestapaz
Andrea Riascos, Batucada empoderada
María Limpia Díaz, SITRAFACSO , Paraguay
Guillermo Horacio Rodríguez Tobón, TERCERAA CIVILISTA – EKO-URBANISTICA Luis Carlos Salinas Traslaviña, Universidad del Tolima, Colombia
José Luis Medrano Torres, Taller de Construcción del Socialismo (TACOSO) María Isabel Moreno Martínez, Corporación José Marta”, Colombia
Flor María Barreiro, Gamvica
Ana C Castillo, Kuagro Ri Changaina
Osmar Sostoa, Sociedad de Escritores del Paraguay
Gonzalo Gámez, Monpeco
Sebastián Guerrero Lacoste, Escuela Pública Comunitaria – Chile
Liz Rocío Martínez Brizuela, Feupy
Trino Barrantes Araya, Lápiz Sin Permiso y afiliado al SINDEU, Costa Rica Esteban Beltrán Ulate, Partido Frente Amplio Costa Rica
Beatriz Aguero, Profesional independiente
Rafael Eduardo López Alfaro, UNED PRO, Costa Rica
Andrea Cuenca Botey, UNED, Costa Rica
Lupe Vásquez Martínez, Fundación Mundo Vital
Grace Venegas Bonilla, UNED, Costa Rica
María Gines Quiñonez Meneses, Corporación Colombia Visión Sur
William Hernández, Profesor Universitario UNEXCA, Venezuela
Cynthia Crespo, SINPAE
Eduardo Castillo A, UNED Costa Rica
Luis Alberto Muñoz Montero, Pensionado
Olga Rocío Uribe Parra, FECODE, Colombia
Rodrigo Antonio Campos Cordero, UNED (Costa Rica)
Jorge Orozco León, MAEEC, México
Luisa Paz Jiménez, Universidad Estatal a Distancia- UNED- Costa Rica
Aura Eraso, Corporación Nuevo Arco Iris _ Capítulo Nariño
María Luisa Niño Corredor, Asociación Distrital de Educadores, Colombia Viviana Ayde Vargas Rivera, Secretaría de educación del distrito
Dina Cabañas, Docente independiente
Deyanira Duque Ortiz, Asociación de servidores Públicos del ministerio de ciencia, tecnología e innovación
Darío Balvidares, Investigador en Política Educativa – Ciudad de Buenos Aires – Argentina
Lenny Patricia Calvache Castro, CORPORACION COLOMBIA VISION SUR Gilberto Mora Arcos, Universidad de Nariño. Docente Jubilado
Andrea Zilbersztain, Ceiph, Argentina
Luis Ardila, Independiente
Marlene Vázquez Salazar, Uned Costa Rica
Amanda Rincón Suárez, Codema – Cooperativa del Magisterio, Colombia Claudio Julián, Filósofo Universidad Nacional de Colombia”
…….Continúan más firmas (en depósito)
Luis Bonilla-Molina, Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación
Osvaldo Coggiola, ANDES, Brasil
Encarni Salguero Rodríguez, Federación de Enseñanza CGT, Estado español. Francisca Staiti, Secretaria General, CONADU-Histórica, Argentina
Claudia Baigorria, Secretaria de Formación, CONADU – Histórica, Argentina José Cambra, ASOPROF, Universidad de Panamá.
Luis Bueno Rodríguez, CNSUESIC, México
Luz Palomino, Profesora universitaria, Venezuela
Sócrates Silverio Galicia Fuentes, CNSUESIC, México (agrupa más de 50 sin- dicatos de docentes universitarios, profesionales de la cultura e investigado- res científicos)
Rose Mary Hernández, UNERG, Venezuela
Pedro Hernández, CNTE, Sección 9 Democrática, México
Fernando Abrego, ASOPROF, Panamá
Oscar Vallejos, Secretario Adjunto, CONADU-Histórica, Argentina
Luis Sánchez. AEVE, Panamá
Iolanda Segura, USTEC, Cataluña, España
Alfredo Velásquez, SUTEP. Perú
Marco Raúl Mejía, Movilización Social por la Educación, Colombia
David Lobao, SINASEFE, Brasil
Miguel Ángel Hernández Velázquez, Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación
Media Superior de la Ciudad de México (SITRAIEMS-CDMX), México
Vicent Mauri, Intersindical valenciana, España
Myriam Barahona, FENAFUCH, Chile
Eduardo González, Colegio de Profesores y Profesoras, Chile.
Peter McLaren, Universidad de Chapman, EEUU Laura Isabel Vargas, UNE, Ecuador
Gustavo López, ASPU.UPN, Colombia
Foro Venezolano por el Derecho a la Educación Sociedad Venezolana de Educación Comparada Carlos Bracho. OIREPOD, Venezuela
Rosemary Gómez Ularte, SINDEU, Costa Rica
César José Valdovinos Reyes, CINPECER Rius CLACSO México
Hugo Aboites, México
María del Carmen López, MAEEC, México
Eduardo Sánchez, FETRASUV, Venezuela
Sara López, SITRAFACSO, Paraguay
Laura García Tuñón, ENDYEP (Encuentro entre Docentes y Educadores Po- pulares) Argentina
Maruja Romero Yépez, Universidad Nacional Abierta, Venezuela
Carlos Munévar, Colectivo La Roja Colombia,
Bernardo Mancano Fernándes, Universidade Estadual Paulista – UNESP Jorge Antonio Patty Guzmán, Asociación de Sociedades Científicas de Estu- diantes de la Universidad Técnica de Oruro – Estado Plurinacional de Bolivia Henry Barco Melo, La Gotera
Angélica García, Docente, México
Fermín Carreño M, SIPAUAEMEX , México
Zuleika Matamoros, Marea Socialista, Venezuela
Jesús Campos, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela Débora Gribov Novogrebelsky, Universidad de la República Uruguay
Pedro Luis González Requena, Unellez, Venezuela
Fernando David García Culebro , Zona escolar 008, México
Eva Gómez, Docente Universitaria, México
Consejo Ejecutivo en reunión con la Comisión Académica del Senado
El lunes 09 de mayo, se llevo adelante una reunión entre el Consejo Ejecutivo del CONES, conformado el Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira, Presidente; el Dr. Clarito Rojas, Vicepresidente y la Dra. Susana Eduarda Lugo, Secretaria; y la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes de la Honorable Cámara de Senadores, conformada por los Senadores: Blanca Ovelar de Duarte, Hermelinda Alvarenga de Ortega, Esperanza Martínez de Portillo, Ramón Retamozo, Enrique Riera y Carlos Zena.
En el encuentro fueron presentados y estudiados importantes aspectos referentes a las tareas y el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior, así como también fueron presentadas en detalle las actividades que la Institución lleva adelante.
Como apoyo institucional, acompañaron la reunión el Abg. José Cáceres, Asesor Jurídico Externo y el Abg. Marcelo Paredes, Asesor Jurídico Interno; así como también el Director de la Comisión, el Lic. Richard Vega y las Asesoras Técnicas de la misma.
El CONES continua trabajando de manera articulada con las otras instancias del Estado para garantizar una educación superior de calidad.
Fuente de la Información: http://www.cones.gov.py/consejo-ejecutivo-en-reunion-con-la-comision-academica-del-senado/
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
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