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Venezuela: Sector universitario protestó ante el Ministerio de Educación Universitaria por bono vacacional

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves más de 150 trabajadores y profesores universitarios que se coordinan en el Comando Interfederativo Universitario, integrado por la FAPUC, FETRAESUP y FENACIPRU, realizaron una activa protesta reclamando por sus derechos laborales y salariales. En esta ocasión por una demanda de cumplimiento inmediato, el ajuste del bono vacacional que se pagará en los próximos días. Manifestaciones similares se realizaron también en Valencia y Maracay.

Desde la concentración llevada a cabo en Caracas, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (SinatraUCV) planteó que, además del ajuste en el cálculo de bono vacacional, reclamaron a las autoridades los distintos pagos que tiene que concretarse como lo son los del Fideicomiso, Cajas de ahorro, previsión social y todo aquello que hoy tenga en deuda. Por ello es que solicitaron una reunión al ministro Ricardo Sánchez para llegar a acuerdos que permitan superar la grave crisis salarial que vive el sector universitario.

El representante de SinatraUCV enfatizó que lo que reciben como bono de “guerra económica” constituye actualmente el principal ingreso que reciben los trabajadores universitarios, siendo que “es periódica, recurrente y se nos paga como contraprestación por nuestro trabajo. En consecuencia, lo justo y lo legal, es que se incluya en el cálculo del bono vacacional. No hacerlo, constituye un fraude a la Ley”, recalcó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), José Gregorio Alfonso, ya había denunciado que profesores, trabajadores administrativos y obreros de la UCV, que el bono vacacional que cobrarán en los próximos días, mantiene el mismo valor nominal en bolívares que en 2022, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo cercana al 95% debido a la inflación acumulada. Cuestionó que, pese a que el Ejecutivo anuncia un crecimiento económico en el país, esto -a su juicio- «no responde a las justas demandas laborales».

El bono vacacional, equivalente a 105 días de salario integral, es una miseria con el sueldo actual de 130 a 522 bolívares, pues indican que el mismo se pagará con base al último aumento decretado por el Gobierno el cual fue de 130 bolívares en el 2022. Por tal razón es que proponen incluir el bono de guerra económica en el cálculo del vacacional para poder llegar a 400 dólares. “Hay tiempo en julio para corregir”, insistió. En 2022, el tipo de cambio favorecía; hoy, la inflación lo destruye todo. Con la protesta denuncian dicha situación y por otra parte presionar al gobierno para que cumpla.

Durante la manifestación representantes del Comando Interfederativo fueron recibidos por el viceministro de Educación, Ryan Rojas y otros funcionarios gubernamentales. Eduardo Sánchez declaró que se hizo entrega de una comunicación ante el despacho ministerial con la que solicitaron la inclusión del denominado bono contra la guerra económica en la base de cálculo del bono vacacional y el bono recreacional. Tras la reunión, anunciaron que se constituyeron varias mesas de trabajo para el conjunto de los reclamos pendientes del sector universitario, pero sobre el bono no hubo respuesta concreta.

https://www.aporrea.org/educacion/n406982.html
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Educación Emocional, la nueva asignatura en los colegios de Colombia

Aprobado el proyecto de ley, solo falta la sanción del presidente Petro para iniciar la implementación de la nueva cátedra en los colegios del país.

La Comisión Sexta del Senado de la República aprobó en su cuarto y último debate la ley que crea una nueva cátedra que será obligatoria en los colegios de Colombia. Se trata de Educación Emocional, la nueva asignatura que sería incluida en los pénsums, solo a falta de la sanción por parte del presidente Gustavo Petro.

El sustento del proyecto tuvo como guía el Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional (Pisotón) de la Universidad del Norte, referente académico en temas de educación emocional a nivel nacional e internacional.

Adicional a esto, la ley que estuvo sustentada en la tesis doctoral de la Dra. Ana Rita Russo de Vivo, «permitirá la potencialización de habilidades para la vida y competencias emocionales, así como la prevención de conductas de riesgo y problemas que afectan el bienestar emocional y el desarrollo integral de la niñez, infancia y adolescencia en Colombia».

Los impulsores del proyecto fueron los senadores Mauricio Gómez Amín, Diela Liliana Benavides Solarte, José Alfredo Gnecco, Antonio Zabaraín Guevara y Liliana Bitar Castilla.

Según ellos, la nueva cátedra ayudará a los estudiantes a tener un desempeño académico superior, una mejora en la salud física, mejores habilidades de interacción social, pensamiento crítico en la toma de decisiones, prevención de adicciones y, de forma general, una mejor calidad de vida.

«La Educación Emocional permite fortalecer y potencializar habilidades en los niños, niñas y adolescentes que contribuyen a la solución pacífica de conflictos, siendo agentes constructores y promotores de paz y reconciliación en la sociedad, que aporten al escenario de posconflicto que se está construyendo en Colombia, después de la firma del acuerdo de paz», reza el documento del proyecto.

En ese sentido, el documento advierte que serán priorizados los menores de las zonas más apartadas del país, las cuales han sido las más afectadas por el conflicto armado.

Asimismo, los senadores dejaron ver que la nueva cátedra estará estrechamente relacionada con la salud mental de los alumnos, la cual afronta retos todavía más difíciles tras la pandemia del COVID-19.

«Ha incrementado los problemas ya existentes en materia de salud mental para personas de todas las edades a través del mundo, siendo los niños, las niñas y los adolescentes catalogados como uno de los grupos más afectados por los expertos debido al cierre de las instituciones educativas y de otros espacios de esparcimiento», se lee en el documento.

Ahora, el Ministerio de Educación Nacional deberá diseñar y liderar un plan de capacitación dirigido a docentes, orientadores, trabajadores sociales y cuidadores de preescolar, primaria y secundaria.

El proceso contará con el respaldo de un Comité Científico, Académico y Técnico en Educación Emocional que deberá conformarse una vez entre en vigor la ley.

El comité estará conformado por delegados del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Fecode, el Colegio Colombiano de Psicólogos, asociaciones de padres de familia y expertos, que deberán orientar la implementación de la cátedra en los currículos escolares.

https://elcronista.co/actualidad/educacion-emocional-la-nueva-asignatura-en-los-colegios-de-colombia

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Mientras lee esta columna, nueve niñas y adolescentes darán a luz en América Latina y el Caribe

Por Susana Sottoli

Cada 20 segundos, una adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe. Anualmente, más de 1.600.000 chicas de 10 a 19 años dan a luz, cambiando para siempre el curso de sus vidas y la de sus hijos. Solo África Subsahariana registra una tasa de fecundidad adolescente más alta que la de nuestra región.

Acá la desigualdad se manifiesta de manera cruel y persistente. Por ejemplo, las adolescentes afrodescendientes tienen 50% más probabilidades de ser madres que sus pares. También hay más nacimientos entre adolescentes indígenas, de zonas rurales y comunidades con bajos ingresos. De esta manera, el embarazo en adolescentes refleja el mapa de la pobreza y la exclusión. Más aún, con adolescentes madres se perpetúa el ciclo de pobreza.

Pensemos por un momento en lo que significa para las propias adolescentes. Son millones de sueños incumplidos y vidas truncadas por el peso de una maternidad temprana, la gran mayoría no planificada ni deseada. Por el contrario, a las mujeres que postergaron la maternidad les va mucho mejor.

Los estudios que hemos llevado a cabo desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 15 países nos permitieron comparar estos dos grupos: mujeres que fueron madres entre los 10 y 19 años, y mujeres que lo hicieron a partir de los 20 años. Sus trayectorias de vida son marcadamente diferentes. Las mujeres que tienen su primer hijo en la adolescencia tienen tres veces menos probabilidades de alcanzar estudios universitarios, y sus ingresos pueden ser hasta tres veces menores que los de las mujeres que son madres a partir de los 20 años.

El embarazo en adolescentes trasciende lo individual; es el reflejo de una crisis regional de inequidad y exclusión que exige una respuesta colectiva. Tampoco es meramente una cuestión de ideologías. El evitar que niñas y adolescentes sean madres prematuramente debería atraer la adhesión, las alianzas y el esfuerzo colectivo de las sociedades, más allá de posiciones políticas. ¿Quién quiere que una adolescente deje de ir a la escuela, deje de jugar, practicar música o deportes? ¿Quién quiere que deje de abrazar la vida con todas sus oportunidades para convertirse en madre tempranamente? ¿Quién quiere que una niña muera por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el postparto? No podemos seguir siendo testigos de casos donde niñas asumen la responsabilidad de cuidar bebés.

En la investigación El precio de la desigualdad: Las consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe, combinamos análisis realizados entre 2019 y 2024 en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam. Calculamos el costo de oportunidad del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana, el cual estimamos que asciende a 15.300 millones de dólares para los 15 países estudiados. Gran parte de este costo (88%), recae sobre las propias madres jóvenes en temas como educación, ingresos, inactividad laboral y desempleo. El resto lo asume el Estado, por el gasto adicional en salud del embarazo, parto y postparto, al igual que por potenciales pérdidas fiscales.

Comprobadamente, este es un obstáculo para el desarrollo socioeconómico. La buena noticia es que hay estrategias exitosas que han logrado reducir la tasa de fecundidad adolescente. De hecho, en los últimos 15 años esta se redujo en un 32% en la región. Sin embargo, el ritmo se estancó durante la pandemia y no se ha recuperado. En estos momentos, es preciso tomar acciones para acelerar los avances y no perder oportunidades.

Para hacerlo, son necesarias políticas públicas e inversiones sostenidas y oportunas. Felizmente, no estamos empezando desde cero. Tenemos evidencia, datos y experiencias que nos indican cuál es el camino a seguir. Países como Argentina, Chile, México y Uruguay han demostrado que es posible lograr avances significativos a través de estrategias de Estado que involucran a diferentes sectores con inversiones oportunas y estratégicas. Otros países han avanzado promulgando leyes que prohíben el matrimonio infantil, adaptando los servicios de salud a las necesidades de adolescentes, y empoderándolas desde las instituciones sanitarias, educativas, religiosas o comunitarias.

Es vital invertir en programas y políticas que garanticen tanto el acceso a información basada en evidencia científica como a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad que permitan a las adolescentes tomar decisiones informadas, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos modernos. Es necesario mantenerlas en la escuela, ofrecerles un proyecto de vida alternativo a la maternidad temprana, e incentivar el apoyo de familias y comunidades para evitar la normalización de relaciones inapropiadas, así como roles y expectativas de género que se constituyen en camisas de fuerza para las niñas y adolescentes.

Más aún, reducir el embarazo en adolescentes no es solo un imperativo ético y de derechos, es una buena política social y una inversión inteligente y costoefectiva, que puede generar entre 15 y 40 dólares de retorno por cada uno invertido, dependiendo del país.

En los tres minutos que pasaron mientras leías este artículo, nueve chicas dieron a luz en América Latina y el Caribe. Si invertimos en prevenir que esto suceda, tendremos un futuro donde ellas puedan seguir desarrollándose y conquistando el mundo junto a sus familias, comunidades y países.

El País

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Ecuador | Gremios marchan en Quito contra leyes aprobadas por la Asamblea Nacional

UNE lidera marchas en Quito contra leyes aprobadas por la Asamblea Nacional

Protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa en el centro de Quito

Las marchas UNE contra leyes Asamblea Nacional 2025 marcaron la jornada de este viernes 11 de julio en Quito. La Unión Nacional de Educadores (UNE) encabezó la movilización junto a organizaciones sociales y gremiales. La protesta se dirigió desde la Casa del Maestro hasta la Corte Constitucional.

El motivo principal fue el rechazo a leyes aprobadas en la Asamblea en menos de dos meses de nuevo periodo legislativo. Los manifestantes también exigieron declarar en emergencia al sistema educativo. Esta es la primera gran protesta que enfrenta el gobierno de Daniel Noboa desde su llegada a Carondelet.

Durante la marcha, los participantes avanzaron por calles del centro-norte de Quito. En los exteriores del Consejo de la Judicatura, gritaron consignas en contra del Gobierno. Finalmente, llegaron a la Corte Constitucional, resguardada por policías y vallas metálicas.

Exigen frenar reformas que afectan la estabilidad laboral

En las marchas UNE contra leyes Asamblea Nacional 2025, también se denunciaron afectaciones a los derechos laborales. Andrés Quishpe, presidente nacional de la UNE, afirmó que acudieron a la Corte porque es el último espacio institucional que les queda. Su objetivo es defender la educación y los derechos sociales.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, dijo que las leyes de Solidaridad, Integridad Pública, Inteligencia y Áreas Protegidas son inconstitucionales. También criticó los intentos de imponer el trabajo por horas. Según explicó, esta modalidad reduce la estabilidad laboral y afecta al sector público y privado.

Durante el acto frente a la Corte, dos representantes de la UNE ingresaron al edificio. Entregaron un análisis jurídico de los artículos aprobados. Mientras tanto, los manifestantes gritaban consignas y agitaban pancartas.

Erazo anunció una nueva movilización para el martes 16 de julio. Se prevé que participen más de 40 organizaciones sociales, tanto del sector público como privado, en varias provincias del país.

Panorama Ecuador

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Universidad Central de Venezuela mantendrá pruebas de ingreso pese a la suspensión oficial

La Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, acordó mantener las pruebas de ingreso a pesar de la decisión de un organismo gubernamental de eliminar estas evaluaciones como parte de los procesos de admisión en las instituciones públicas, según un comunicado difundido este jueves.

El Consejo Universitario de la UCV, en sesión ordinaria, aprobó por mayoría continuar con la fase 2 del denominado Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral 2025 (Simadi 2025), que consiste en la aplicación de un test con preguntas de razonamiento verbal, lógico y numérico.

Este procedimiento, asegura, contribuye a «incrementar las oportunidades de acceso a la educación universitaria», con el fin de «garantizar este derecho humano y deber social, en igualdad de condiciones» y «sin más limitaciones que las derivadas de aptitudes, vocación y aspiraciones».

El comunicado, difundido por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), anuncia que los aspirantes a ingresar a la institución mediante el SIMADI «serán oportunamente informados de la continuación del proceso por los medios usuales».

Según la universidad, la prueba tiene como propósito hacer un «diagnóstico de los conocimientos adquiridos», lo que se tiene en cuenta junto con «el promedio de notas obtenidas durante su formación en los primeros cuatro años de educación media».

El pasado sábado, el Ministerio de Educación Universitaria informó que las pruebas internas o diagnósticas ya no se aplicarán ni se cobrarán en las instituciones de gestión pública.

Esta medida, aprobada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), derriba «barreras excluyentes que limitan el acceso, permitiendo que más jóvenes inicien sus estudios sin filtros sesgados o discrecionales que puedan generar nuevas desigualdades», según el Gobierno.

El rector de la UCV, Víctor Rago Albujas, rechazó «enfáticamente» esa decisión que, a su juicio, ignora «valiosas experiencias en favor de la equidad para acceder a la educación universitaria».

La UCV propuso el miércoles «abrir un diálogo constructivo» entre las autoridades ministeriales y delegados universitarios para llegar a «soluciones consensuadas».

El movimiento estudiantil de diversas universidades también rechazó la medida, con la que -denuncia- se centraliza la totalidad de las admisiones a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), un organismo que depende del Gobierno.

Según la cartera de Educación Universitaria, el SNI «garantizará el acceso a la universidad de 350.000 bachilleres este año, asegurando que el 100 % de los cupos estén disponibles para los jóvenes que culminan sus estudios» de enseñanza secundaria.

https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/educacion/universidad-central-de-venezuela-mantendra-pruebas-de-ingreso-pese-a-la-suspension-oficial/

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El Nuevo Ecuador consolida el autoritarismo: militarización y vigilancia

El proceso de transformación política que ha atravesado el Ecuador, grafica con precisión la transformación del Estado capitalista, de la forma de Estado benefactor de la línea keynesiana, a la forma de Estado fascista. Lo que hemos presenciado desde 2018 con la consulta popular del 7 veces sí, que degeneró en el intento fallido de Moreno de imponer el paquetazo en Octubre 2019, describe cómo los mismos mecanismos de la democracia liberal generan la posibilidad de modificar el derecho –el sistema legal- para destruir los mismos principios democráticos que supone garantizar. Las leyes se retuercen de tal forma en que se asegure la legalidad de la imposición de los intereses de la clase económica en el centro del poder político. En nuestro caso, es clase es la lumpen burguesía que no ha llegado a mejores proyectos de país que imponer el Narcoestado. Ahora comprenderemos colectivamente al autoritarismo que se imprime implacable sobre nuestros cuerpos y nuestra historia.

Una serie de escenarios sociales se fueron construyendo desde la ingeniería del neoliberalismo, que desembocaron en que el crimen organizado permee en dos direcciones –desde arriba y desde abajo- todas las estructuras e instituciones estatales. La impunidad y poder cuasi ilimitado que se le otorgó a los aparatos represivos del Estado durante la pandemia, conjuntamente con el cambio de paradigma de control estatal y las relaciones de producción, el paquetazo que se imprimió contra la clase trabajadora, y la potenciación de la influencia del imperialismo yanqui –con el FMI respirándonos en la nuca-  generaron fenómenos únicos en nuestro siglo, que han devenido en la cimentación de las condiciones políticas para la transformación de forma de Estado, y por lo tanto de las relaciones sociales. En Ecuador, transicionamos del Estado de bienestar, al Estado policial, y finalmente se va concretando el Narcoestado en sus faces medias.

El gobierno de Daniel Noboa ha sido el encargado de ejecutar la transición final hacia una militarización total del territorio y un estado de vigilancia perversa. La declaración de Conflicto Armado Interno el 9 de enero de 2024 dio la estocada final en el proceso de generación de consenso hacia una regresión conservadora, que ahora le permite al hacendado presidente y su clase política, imponer por fin el proyecto que la burguesía en su conjunto planificaba hace años: el Plan Ecuador, a imagen y semejanza de lo impuesto en Colombia. El Estado –en un solo día- ha legalizado la condena de muerte y terror contra el pueblo ecuatoriano, especialmente para los varones jóvenes de clases populares y racializados, y para la organización popular, específicamente contra la resistencia antiminera, en defensa del territorio y de la vida.

Este 3 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos a favor, la reforma parcial avalada por la Corte Constitucional, a la Constitución de la República en su Art. 5. La reforma plantea la eliminación de la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Esto implica la renuncian a la soberanía territorial, política y militar a potencias extranjeras que decidan establecer enclaves neocoloniales en el Ecuador en forma de bases militares. Esto significa miles de vidas perdidas a manos de fuerzas militares imperialistas dentro de territorio nacional, como sucedió con brutalidad contra el pueblo colombiano durante décadas siniestras de ejecución del Plan Colombia.

Estas tropas extranjeras tendrán la autorización e impunidad absoluta para apresar, torturar, desaparecer y ejecutar al pueblo ecuatoriano a conveniencia. Los falsos positivos van a ser el pan de cada día de nuestras vidas en adelante, si es que ahora mismo ya no lo son. Recordemos como las FF.AA. han reconocido que secuestran y torturan a jóvenes como Dave Loor y Juan Santillán –víctimas de desaparición forzada el pasado 26 de agosto- sin embargo la excusa que han dado es que al ser sospechosos de pertenecer a GDOs, todo está justificado por la ley y legitimado por una porción importante de la sociedad civl. No es cierto, pero no necesita serlo: ese sentido común ya está instaurado en la opinión pública que se ha convertido en tierra fértil para sostener sin mayor resistencia al fascismo que se impone desde el Estado. Las fuerzas represivas locales ya no serán las únicas que podrán ser juez y verdugo en territorio nacional, sino que fuerzas armadas y empresas militares yanquis e israelíes podrán decidir si “eliminar” o  no a un ser humano, por considerarlo una potencial amenaza a los intereses de la burguesía transnacional.

En esa misma línea, esta semana entró en primer debate la Ley de Solidaridad Nacional -bonito nombre- proyecto que encubre la suspensión indefinida de derechos constitucionales, eliminando el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, el derecho a la integridad física, además de legalizar allanamientos, detenciones y desapariciones, dando impunidad a fuerzas represivas para que cometan graves violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de Estado y de lesa humanidad. Una vez más el objetivo es neutralizar a la organización popular,e impedir su articulación. En la misma línea, la Asamblea Nacional, votada por las mayorías y avalada por el derecho, iniciará el debate de la Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia. Todas estas leyes y modificaciones a la norma son ejemplos de cómo el derecho es un instrumento maleable de la clase dominante para salvaguardar sus intereses, cueste lo que cueste –al pueblo, claro-.

El mismo día Noboa se jacta de introducir al software militar Palantir, principal contratista de los servicios de inteligencia yanquis y sionistas, para “modernizar la infraestructura portuaria y aduanera”. En realidad, Palantir utiliza IA para identificar objetivos militares, entre otros en Palestina, jactándose de que su software forma parte de la cadena de mando que se precisa para decidir si eliminar a un “objetivo”. En sus propias palabras, son parte de la infame “kill-chain” de una ejecución. El CEO de Palantir, Alex Karp dijo en febrero de 2025 lo siguiente: “Palantir está aquí para irrumpir, cuando es necesario para asustar a nuestros enemigos, y en ciertas ocasiones para matarlos”. Para preocuparse hasta perder el sueño. ¿Vamos colectivamente a permitir que esta se convierta en nuestra cotidianidad? ¿La persecución, el terror y la muerte?

Esta transformación acelerada de la forma de Estado capitalista -una vez más del Estado benefactor al Estado fascista-, solo puede ejecutarse en los marcos de sentido distorsionados por el genocidio palestino. El silencio, la inacción y la impunidad que reinan de manera perversa en el ambiente, demuestran una vez más que lo que sucede en Palestina, la extrema violencia que el Estado genocida de Israel imprime contra el pueblo palestino, no solo que moldea y expande los marcos de realidad, de lo que es posible en la política, sino que también funciona muy bien como laboratorio de degeneraciones, listas para ser aplicadas contra todos los pueblos del mundo. Las mismas tácticas y empresas que se imponen con sangre y fuego en Palestina, ahora anidan en el centro del mundo, en la tierra del sol recto.

El exterminio popular al que nos enfrentaremos a cada vez mayor escala, e impuesto por la clase empresarial vinculada a las economías ilícitas, se agudizará a niveles históricos. En los próximos paros y manifestaciones, la dinámica será completamente distinta: agentes de la DEA, la CIA, el FBI y obviamente BlackWaters reprimirán con total impunidad. Esta es la realidad que nos acosa ahora a todxs quienes habitamos este país, y aún más a quienes se organizan para juntxs sostener la vida y la lucha. Resistir ahora no solo es una consigna, sino nuestra condición de existencia. Además el código ahora es, o todxs o nungunx.

Fuente de la información e imagen: https://www.revistacrisis.com

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Argentina: Paritaria estatal, el gobierno hará una oferta salarial. “Por lo menos que sean dos dígitos”, pidió ATE

También se comprometió a retomar las paritarias sectoriales este viernes. Prevén terminar las negociaciones el 17 de julio.

El gobierno provincial afirmó que el 8 de julio anunciará el porcentaje de incremento que ofrecerá a los empleados estatales de Salta.

La decisión fue transmitida en la última reunión de negociaciones paritarias en la que también se adelantó que el 17 de julio se prevé la contraoferta de las entidades gremiales que representan a los trabajadores estatales.

Para ese día “quieren cerrar” las negociaciones, dijo a Salta/12 Gustavo Ascoy, referente de la comisión docente de ATE.

Ascoy dijo que el sector que representa reclama un incremento de, cuanto menos, dos dígitos para el semestre que resta.

Es que con el 9 por ciento escalonado en tres cuotas que se pagaron mes de por medio desde febrero a junio “nos fue malísimo”, afirmó al referirse al último acuerdo arribado en febrero último. Tanto ATE, como el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA) y la seccional salteña de la Unión de Docentes de Argentina (UDA), se negaron a firmar aquel acuerdo.

El ánimo entre los educadores, la gran masa de trabajadores estatales, no es de los mejores. Mientras que el secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, ya sugirió que estará difícil firmar una paritaria si es que la oferta del gobierno no tiene una mejora sustancial. Lo dijo en la asamblea realizada la semana pasada. Por su parte, SITEPSA se declaró en estado de alerta. Con esta advertencia, se indicó que si no prospera una mejora como la que vienen pidiendo podría haber medidas de fuerza tras el receso escolar que se inicia el 14 de julio.

“Lo único que vi es que a los docentes el aguinaldo se les fue así, como si nada, y hay mucho enojo”, dijo Ascoy.

En la última reunión paritaria el Ejecutivo provincial sostuvo que la situación económica actual está atravesada por la “crisis nacional que impacta fuertemente en sectores como la construcción, el comercio y otros rubros productivos, con consecuencias directas en la economía provincial”.

También aclaró que las mesas sectoriales no fueron suspendidas y que se retomarán el viernes que viene.

Preocupación por empleados municipales

Por otro lado, Ascoy afirmó que entre las preocupaciones de ATE se encuentra también la incógnita sobre lo que ocurrirá con los salarios de empleados municipales.

Sucede que los incrementos de estos trabajadores están atados a los que acuerde la provincia con las entidades gremiales que representan a sus empleados.

Ascoy ñadió que también complica el hecho de que al incrementar en un 1 por ciento el aporte que deberá hacerse a la obra social provincial, del Instituto Provincial del Seguro (IPS), para financiar su deuda, los municipios deben volcar 121 mil pesos por cada trabajador por este concepto. 

La semana pasada el ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, se reunió con los intendentes para informar sobre el aporte de nuevos recursos al Fondo Compensador Municipal para que las comunas salteñas cubran la diferencia financiera que les provocó la modificación de los aportes del IPS y se garantice la prestación a sus empleados.

La compensación será hasta diciembre en el marco del actual ejercicio presupuestario.

Camacho indicó que la posibilidad de recurrir al Fondo Compensador Municipal permitirá absorber el desfasaje y bajar el impacto en las cuentas municipales. La asistencia prevé además un reconocimiento retroactivo a marzo.

https://www.pagina12.com.ar/838514-paritaria-estatal-el-gobierno-hara-una-oferta-salarial-el-8-

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