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“Se acabó la guerra, ojalá que nunca vuelva”

Por:  Enrique Santiago

La firma de los acuerdos sobre “Cese bilateral  y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” suscritos el jueves 23 de junio en La Habana, suponen el fin de la guerra que desde hace más de 52 años ha enfrentado en Colombia a la guerrilla campesina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC–EP) y al Estado colombiano.

Tras tres intentos de paz fallidos, en 1984, 1992 y 1998, el actual proceso de conversaciones de paz iniciado en Oslo y en La Habana en noviembre de 2012 se acerca a su fin y al inicio del llamado “post conflicto”, sin duda más difícil aún que las conversaciones de paz, fase que consiste en la reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes guerrilleros y en la implementación de los distintos acuerdos parciales alcanzados para acabar con las causas estructurales de esta cruenta y prolongada guerra que ha provocado más de 250.000 muertos, medio millón de exiliados  y 7 millones de desplazados internos.

A pesar del discurso abonado por los enemigos de la paz, el actual proceso de conversaciones  ha avanzado rápidamente, habiendo sido el segundo proceso de paz más corto en el tiempo de los habidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de paz de El Salvador duró 10 años, 11 años el de Guatemala, más de 10 años el de Irlanda del Norte, 14 años el de Angola, y así podríamos seguir con los procesos de Sudáfrica, Burundi, Tayikistán, Sierra Leona… Todos ellos duraron en torno a los 10 años.  Únicamente el proceso de paz de Nepal ha durado algo menos que el actual proceso de paz en Colombia, 4 años exactos. Sin duda no es lo más importante la duración de un proceso de paz sino que este llegue a buen término, pero desgraciadamente la Mesa de Conversaciones de La Habana ha trabajado desde hace más de dos años con la espada de Damocles del tiempo pendiendo sobre sus cabezas, falaz argumento esgrimido por los distintos sectores económicos y políticos que pierden su razón de ser, o sus beneficios, con la llegada de la paz, argumento que el Gobierno de Colombia –siempre pendiente de las encuestas de opinión política– ha utilizado en más de una ocasión para presionar a su contraparte en la mesa de conversaciones.  Pero hoy estamos de enhorabuena, porque la firma del Acuerdo Final de paz es algo ya cercano –quizás un mes, dos como mucho– y sobre todo es irreversible.

Esto no significa que los problemas en Colombia, las desigualdades entre el campo y la ciudad, entre los más ricos y los más pobres, entre las mujeres y los hombres, entre los criollos y los indígenas o los afro descendientes –es el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo, según el coeficiente de Gini–, desigualdades que ocasionaron este último  conflicto armado y los muchos que lo precedieron, vayan a desaparecer por la firma del Acuerdo de Paz. En Colombia el 53% de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas y el 58% de los depósitos bancarios en manos de 2.681 clientes.

El post conflicto será una intensa batalla contra esas desigualdades y del éxito de la implementación de los acuerdos parciales alcanzados, dependerá que Colombia entre irreversiblemente en la senda de la paz, la consolidación democrática  y el progreso o que este acuerdo pase a la historia como uno más de las decenas de acuerdos de paz fallidos para poner fin a conflictos internos que, de forma sucesiva, ha habido en Colombia desde su independencia del dominio español el 7 de agosto de 1819. La principal responsabilidad  recaerá en los poderes públicos y las instituciones colombianas, quienes con el apoyo de la comunidad internacional –un apoyo ojalá que irrestricto– deberá garantizar la implementación de los acuerdos, eludiendo la maldición que ha asolado a la inmensa mayoría de los procesos de paz habidos en el mundo en los últimos sesenta años, en los cuales el cumplimiento de las medidas de desarrollo social y económicos plasmados en los acuerdos finales ha sido más que deficiente, como acreditan la mayoría de las evaluaciones de cada uno de esos procesos de paz realizadas a fecha de hoy.

Desde noviembre de 2012 en La Habana se han alcanzado acuerdos sobre “Reforma Rural Integral” –el abandono por el Estado del campo y de los pequeños campesinos  y la negación del derecho de propiedad de la tierra a estos, es el origen del actual conflicto armado–; “Participación Política” –en Colombia los partidos tradicionales, el llamado “establecimiento”, ha acostumbrado a exterminar físicamente a cualquier alternativa política organizada que amenazara la continuidad de la alternancia entre liberales y conservadores–; “Sustitución de cultivos de uso ilícito” –los cultivos ilícitos han sido en la practica el único medio que para sobrevivir han tenido los pequeños campesinos y las comunidades rurales, los únicos productos que podían comercializar–; “Descontaminación de Restos Explosivos de Guerra, Municiones sin explotar y minas antipersonas” –Colombia es uno de los países del mundo más contaminado por estos explosivos, obviamente en las zonas rurales–;  “Victimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición” –el único acuerdo sobre justicia transicional alcanzado en un mesa de conversaciones que respeta estrictamente los contenidos del derecho internacional en vigor y que supone el sometimiento de ambas partes a una justicia especial para la paz–; “Búsqueda de personas desaparecidas” –según datos oficiales, en Colombia existen más de 50.000 desaparecidos por motivos relacionados con el conflicto interno, solamente desde los años 80 hasta hoy–; y ahora los acuerdos sobre  “Cese bilateral  y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” .

Este último acuerdo sobre desmantelamiento del paramilitarismo es de una especial importancia. El fenómeno de los ejércitos privados en Colombia, habitualmente creados y al servicio de los terratenientes y ganaderos, los denominados “paramilitares”, hace tiempo que escapó del control del Estado, a pesar de haber sido utilizados en especial por la Fuerza Publica en su combate contra las distintas insurgencias guerrilleras. Según los datos de la “Unidad de victimas” del Ministerio de Interior de Colombia, entre 1980 y 2012 se produjeron 1.166 masacres ejecutadas por grupos paramilitares, 1 cada 10 días. En muchos casos las masacres duraban días, hasta semanas, y se producían en la cercanía de bases militares. En ninguna de esa masacres la Fuerza Pública llego a intervenir, ya fuera para impedirlas o para detenerlas, nunca hubo enfrentamientos entre Ejército y paramilitares.  Hoy día, las denominadas “bandas criminales” u “organizaciones sucesoras del paramilitarismo” controlan en monopolio las rutas de exportación de cocaína a Europa y a los Estados Unidos, así como innumerables fenómenos de delincuencia organizada común. Tras el proceso de paz de Casa Verde, iniciado en 1984 entre las FARC EP y el Gobierno de Belisario Betancur, grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado asesinaron a más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, la fuerza política de izquierdas nacida en el seno de dicho proceso de paz. Ese riesgo, muy cierto hoy día, es el que el Gobierno colombiano, con el apoyo de toda la comunidad internacional, debe conjurar, dando un combate frontal hasta el desmantelamiento total de los ejércitos privados, objetivo alcanzable con la estricta implementación del acuerdo alcanzado en la Mesa de Conversaciones sobre “Garantías de Seguridad”, garantías no solamente para los guerrilleros que van a dejar las armas, sino necesariamente extensivas a las comunidades campesinas, fuerzas políticas, grupos étnicos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, y tantos otros y otras ciudadanos colombianos en permanente amenaza o riesgo a su integridad por trabajar por un país más justo y equitativo.

La Unión Europea ha venido acompañando este proceso en los últimos años, de forma activa en los últimos meses. El Enviado Especial de la UE para el proceso de paz, el ex ministro irlandés Sr. Eamon Gilmore, ha acudido a La Habana en varias ocasiones, reuniéndose con ambas partes y ofreciendo ayuda económica para la construcción de la paz, si bien se trata de una ayuda aún insuficiente: el apoyo financiero de la UE será distribuido en tres etapas,  la primera pondrá a disposición recursos inmediatos para atender 24 requerimientos que ya fueron acordados con el ministro para el post conflicto, Rafael Pardo. La segunda etapa girará en torno al denominado Fondo Fiduciario de la Unión Europea, que actualmente alcanza la muy limitada cifra de 90 millones de euros, y su uso principal será apoyo al desarrollo rural. La última fase será la financiación de proyectos de infraestructura para el post conflicto, a través del desembolso de créditos hasta por 400 millones de euros que saldrán de la Banca de Inversión Europea. Créditos reembolsables, es decir, no se trata estrictamente de cooperación. Habremos de estar atentos a las condiciones de reembolso que se impondrán a dichos créditos para que realmente ayuden y no lleguen a dificultar la construcción de la paz.

Alemania ha sido el país de la UE que más activo se ha mostrado en el apoyo al proceso de paz en Colombia, con la designación hace más de un año del Diputado Tom Koenigs como Comisionado del Ministro de Relaciones Exteriores para el proceso de paz, mientras que el Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo, entidad pública alemana, ha comprometido a fecha de hoy 75 millones de euros para el post conflicto  y la construcción  de paz.

El enviado especial Koenigs se ha mostrado especialmente comprometido con la paz, ayudando a la buena marcha del proceso con pronunciamientos sobre los problemas concretos que enfrenta el post conflicto: “Los sucesores del paramilitarismo contradicen claramente a todos los protagonistas (guerrilla, gobierno, sociedad civil, víctimas, etc.) y contenidos (reforma agraria, reparación a víctimas, devolución de tierras, fin del narcotráfico, justicia, no repetición, etc.) de los acuerdos de paz, y son una grave amenaza para su realización” o “Resulta sorprendente que las víctimas de todas las partes y sus asociaciones correspondientes, con unas pocas excepciones, apoyan el acuerdo (de Justicia Transicional y Victimas) y están dispuestas a adjudicar una mayor importancia a los elementos de verdad, reparación y no repetición que a la severidad de las penas judiciales, mientras que los políticos de la derecha quieren ver restablecida la dignidad de las víctimas únicamente por penas de prisión” (2º Informe al Bundestag de T. Koenigs, 30 abril 2016).

En comparación, la diplomacia española, dependiente de su trabajo en América Latina para mantener su peso específico en el panorama diplomático internacional, ha estado ausente de este proceso de conversaciones, especialmente si se compara con su activa participación en los tres anteriores procesos de paz, fallidos, habidos entre las FARC EP y el Gobierno de Colombia. Este desentendimiento probablemente tiene que ver con el papel muy activo que la diplomacia española –tanto en los gobiernos de Aznar, de Rodríguez Zapatero como en el de Mariano Rajoy– desempeñó en el apoyo a la llamada “doctrina de la seguridad democrática” en Colombia, implementada por el Presidente Álvaro Uribe entre los años 2002 y 2010, y que lejos de acabar militarmente con la guerrilla –como se proponía– provocó pavorosas situaciones de violaciones a los derechos humanos, como los llamados “falsos positivos” –más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes colombianos desempleados o marginales a los que el Ejército hacía pasar por guerrilleros abatidos en combate con el fin de mostrar resultados–  o las denominadas “chuzadas del DAS”,  espionaje a defensores de derechos humanos, jueces, políticos opositores y periodistas, que acabó con la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –servicio de inteligencia dependiente directamente de la Presidencia de la República–  y el procesamiento de la mitad de su plantilla, tras ser calificado por los tribunales colombianos como una “organización criminal”.

El proceso de paz está llegando a buen término gracias al acompañamiento internacional, especialmente de los países de la América Latina que han visto en la paz de Colombia la paz de todo el continente. Junto al activo papel desempeñado como país garante por Noruega –sin duda la diplomacia con mayor especialización y eficacia en procesos de paz de cuantas existen hoy día–, Cuba  ha sido el otro país garante, que además de poner a disposición su territorio y las debidas condiciones de seguridad para que avanzara el proceso, ha sabido garantizar el apoyo político de la región al proceso, a la vez que –conjuntamente con Noruega– ha desplegado un imprescindible pragmatismo diplomático que ha permitido sortear los muchos desencuentros que entre las partes ha habido durante las conversaciones. El papel de países acompañantes desempeñado por Venezuela y Chile han ayudado a destrabar problemas y a sumar más apoyos a la causa de la paz. Finalmente, a partir de enero de 2015 la Administración estadounidense del Presidente Obama, con la designación del diplomático Sr. Bernard Aronson como enviado especial para el proceso de paz, también ha desempeñado un papel constructivo en las conversaciones, quizás no todo lo comprometido que pudiera haber sido a la vista de la influencia internacional de los EEUU, pero sin duda un apoyo a la paz en Colombia que nunca antes de forma tan explícita comprometió una administración estadounidense. La reunión celebrada el pasado mes de marzo entre el Secretario de Estado Sr. Kerry y la comandancia de las FARC EP en La Habana, supuso un evidente reconocimiento político a esta organización guerrillera, a pesar de que, inexplicablemente, aún sigue incluida en las arbitrarias listas de organizaciones “terroristas” de la Unión Europea, del Reino Unido y de los propios Estados Unidos.

Aún quedan acuerdos imprescindibles de alcanzar para la firma del Acuerdo Final de Paz. Los más importantes, los relacionados con la reincorporación de los antiguos combatientes a la vida civil, las zonas donde se producirá dicha reincorporación, la imprescindible y urgente  amnistía –prevista expresamente en las Convenciones de Ginebra a la finalización de un conflicto armado interno–, las necesarias Garantías de No repetición –revisión de la doctrina de seguridad y militar de Colombia y su adaptación a una sociedad en paz donde la población civil nunca más sea considerada un enemigo– y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cuestiones de índole menor. Pero la firma este jueves en La Habana de los tres acuerdos que de facto ponen fin a la guerra, es la mejor garantía para alcanzar los acuerdos parciales restantes, de forma irreversible, en unas pocas semanas.

A partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, será la comunidad internacional la que deba coger el relevo de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Sin un acompañamiento firme e imparcial de la comunidad internacional, en especial de los países de América Latina y el Caribe y de las Naciones Unidas, será muy difícil verificar el cumplimiento de los acuerdos y acabar con las causas del conflicto. Es imprescindible garantizar un periodo de post acuerdo eficaz, donde la implementación de lo firmado sea una realidad y no se defrauden las expectativas de los colombianos y colombianas, en especial de aquellos que han vivido en primera persona la guerra, generación tras generación, en las zonas rurales del país. Una Colombia en paz abrirá la puerta a la solución de varios problemas mundiales, entre ellos el los cultivos susceptibles de unos ilícito y el narcotráfico o el desplazamiento de población. Colombia es un país dotado de inmensas potencialidades, sin duda la más importante reside en las personas que habitan en él, gente trabajadora y cordial, culta y emprendedora, con una envidiable formación académica y científica. El compromiso  de la comunidad internacional con esta paz que viene, tan difícil y generosamente construida entre todas, se verá cumplido cuando portar un pasaporte colombiano sea definitivamente motivo de orgullo y dignidad, nunca más un estigma.

Fuente: http://elordenmundial.com/tribuna/se-acabo-la-guerra-ojala-nunca-vuelva-enrique-santiago/

Fuente de la imagen: http://static.emol.cl/emol50/Fotos/2015/10/06/file_20151006160553.jpg

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La Directora General de la UNESCO se reúne con el Presidente de la República del Paraguay

25 Junio 2016/Fuente:UNESCO

El 23 de junio de 2016, durante su primera visita oficial al Paraguay, la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, se reunió con el Presidente de la República, Excmo. Horacio Cartes Jara.

La Directora General subrayó el papel importante de Paraguay en la Organización al ser por primera vez miembro del Consejo Ejecutivo, felicitó al Gobierno por el compromiso con la ejecución de la Agenda del desarrollo 2030 y manifestó el pleno apoyo de la UNESCO al Paraguay en sus esfuerzos por consolidar los avances y propiciar nuevos progresos.

El presidente Horacio Cartes puso de relieve la calidad de la educación, la reforma de la educación superior, la formación de docentes y la introducción de nuevas tecnologías de comunicación en la educación. Los jóvenes menores de 30 años representan el 70 por ciento de la sociedad paraguaya.

En su encuentro bilateral con el ministro de las Relaciones Exteriores, Sr. Eladio Loizaga, Irina Bokova habló de precisar planes de cooperación con el Paraguay en todos los ámbitos de competencia de la Organización y en particular en educación a lo largo de toda la vida, en patrimonio cultural material e inmaterial , en acceso a la información pública, en protección de periodistas y en cooperación científica.  El ministro afirmó que “estamos ganando el tiempo que hemos perdido; hay una continuidad y un compromiso muy fuerte”.

El mismo día, la Directora General dio una conferencia sobre “La respuesta de la UNESCO a los desafíos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” en el Congreso Nacional del Paraguay. “Gracias al apoyo de los Estados Miembros —y doy las gracias por ello al Paraguay—, el mandato de la UNESCO, las competencias de la UNESCO, la experiencia de la UNESCO forman parte integrante de la nueva agenda mundial”, afirmó en su alocución ante los miembros del Congreso, funcionarios del gobierno, el cuerpo diplomático y representantes de los organismos de la ONU.

Acompañada por la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Sra. Alicia Pucheta de Correa, la Directora General también conversó con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia acerca de los progresos realizados por el país en materia de libertad de expresión y seguridad de periodistas. La Directora felicitó a la Corte Suprema por su decisión de crear un mecanismo de defensa de la libertad de expresión que involucra a los tres poders del Estado y se considera un un ejemplo para la región latinoamericana. A continuación, la visita del Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos -inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo en 2009- impactó mucho a la Directora General.

Asimismo, la Directora General participó junto al Ministro de Educación y Cultura del Paraguay, Sr. Enrique Riera Escudero, en una sesión extraordinaria con la Comisión Nacional paraguaya de cooperación con la UNESCO en la que conversaron sobre los avances de la cooperación bilateral. La Directora General elogió el compromiso del país para asegurar la educación intercultural de las comunidades indígenas respetando su multilingüismo. “Esto es indispensable para la calidad del aprendizaje, es esencial para la cohesión nacional, es fundamental para aprovechar todos los talentos del país”, afirmó. En esa oportunidad la Directora General tomó parte en el lanzamiento del tercer volumen del programa Docentes Aprendiendo en Red (DAR), dedicado a formas de vivir y de expresarse de las poetisas y escritoras del Paraguay.

Fuente: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/la_directora_general_de_la_unesco_se_reune_con_el_president/#.V23NPFThDMw

Fuente de la imagen: http://www.cinu.mx/noticias/24062016/irina%20paraguay.jpg

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Ecuador fortalece la educación tecnológica con la construcción de institutos

Ecuador-Guayaquil/25 junio 2016/Fuente: Andes

El presidente Rafael Correa inauguró este martes el primero de 34 institutos tecnológicos estandarizados con moderno equipamiento e infraestructura en el marco de un programa que busca potenciar la educación técnica para atacar uno de los principales problemas para el desarrollo que es mejorar la productividad.

“Históricamente la educación técnica estuvo relegada y subestimada. El mayor problema de la economía ecuatoriana es su baja productividad (…) y para superar esa baja productividad es clave la educación técnica; sin embargo muy poco se había hecho al respecto”, reconoció el mandatario durante el acto de inauguración del Instituto Tecnológico 17 de Julio, ubicado en la Ciudad del Conocimiento Yachay, en la ciudad de Urcuquí, en la provincia de Imbabura, sierra norte.

Este centro de formación tecnológica es el primero de 34 que se construirán en el país, según indicó René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), quien adelantó que están próximos a entregarse otros cinco locales de este tipo en cinco ciudades andinas.

El mandatario recordó que en Ecuador antes había más de 400 institutos entre públicos y privados que se hacían llamar técnicos y tecnológicos, muchos de los cuales fueron cerrados porque no cumplían con los estándares mínimos de calidad académica.

“Antes cualquier cosa era universidad o institutos tecnológicos. Eran verdaderos engaños sociales”, que proliferaron en la década de 1990 cuando estaba en auge la mercantilización de la educación, apuntó el jefe de Estado.

En ese proceso de reordenamiento quedaron unos 200 establecimientos de esta índole en el país que se someterán a procesos de mejora. En ese marco señaló que se emprendió un plan para aprovechar la infraestructura del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), que ha permitido fusionar 14 de esas instalaciones con los institutos tecnológicos.

Correa destacó que en el programa de mejoras de estos centros de capacitación se manejan procesos de educación dual, es decir que tendrá participación de empresas públicas y privadas en la formación de los estudiantes. En ese marco, actualmente hay firmados convenios con 96 empresas, lo que permite que los alumnos tengan un periodo de prácticas en las empresas del 50% de su tiempo de formación.

El Instituto 17 de Julio, construido con una inversión de 10,6 millones de dólares, tiene capacidad para albergar a 1.900 estudiantes. Actualmente hay 600 alumnos, la mayoría provenientes de hogares pobres de distintos lugares del país.

“Esto es parte de la revolución del conocimiento e innovación. Esto es superar la economía extractivista con educación para que nuestra economía se base en el único recurso infinito: el conocimiento”, expresó el presidente, quien ponderó a la Universidad Yachay Tech, que forma parte de la Ciudad del Conocimiento del mismo nombre y que en solo dos años de creación ya ocupa los primeros lugares en investigación científica.

En ese contexto valoró la inversión realizada en educación en Ecuador que supera al promedio de América Latina y que ha recibido reconocimientos de organismos internacionales como la Unesco. “Eso es lo que la oposición llama el satanizado gasto público”, mencionó.

Ramírez, por su parte, repasó los principales hitos de la denominada revolución educativa pasando por reformas a la Constitución, creación de leyes, gratuidad, programas de becas, democratización en el acceso, que han permitido crear -lo que llamó- un ecosistema de innovación.

“El único mecanismo de transformación social es la educación”, sentenció el titular de la Senescyt.

Fuente: http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-fortalece-educacion-tecnologica-construccion-institutos.html

Fuente de la imagen: http://www.andes.info.ec/sites/default/files/styles/large/public/field/image/instituto.jpg?itok=tdNhSl_S

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BNP planteará la creación del Instituto Tecnológico para bibliotecarios

Perú/25 junio 2016/Fuente: Gestión 

“Tenemos listos los estatutos para este nuevo instituto y lo estamos presentando al Ministerio de Educación para acogernos a la ley actual”, manifestó el director de la BNP, Ramón Mujica.

La Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas faculta a la Biblioteca Nacional para crear y fundar un Instituto Superior Tecnológico Público para bibliotecarios y se procederá con esa propuesta, informó el director nacional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), Ramón Mujica.

“Hoy mismo tenemos listo los estatutos para el nuevo instituto y lo estamos presentado al Ministerio de Educación para acogernos a la ley actual, si se tiene que hacer algunas modificaciones las haremos pero no queremos perder tiempo en esto”, comentó.

Adelantó que en este nuevo instituto no sólo se va a dictar cursos de restauración y catalogación de libros sino que también se enseñará de gestión cultural a los estudiantes.

“Los cursos que se dictarán no solo serán presenciales sino cursos virtuales. Si alguno de ustedes quiere ser formado en este instituto les daremos becas para que todos puedan participar”, dijo durante el Taller Nacional de protección del patrimonio bibliográfico ante los riesgos ocasionados por el fenómeno El Niño.

Dicho evento se realizó los días 16 y 17 de junio, en el auditorio Mario Vargas Llosa de la BNP, en su sede San Borja.

Los participantes fueron los directores y encargados de las bibliotecas públicas de todo el Perú y realizaron una visita guiada a los laboratorios de conservación, digitalización, bóvedas y repositorios de la BNP.

Los participantes también se reunieron en mesas regionales de coordinación para formular las conclusiones y recomendaciones finales sobre el taller.

Los grupos de trabajo se desarrollaron de la siguiente manera: bibliotecas conventuales, bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas, bibliotecas privadas, bibliotecas de museos, bibliotecas municipales y bibliotecas de centros culturales.

Algunas de estas recomendaciones fueron la capacitación virtual y presencial a los trabajadores de las diferentes bibliotecas por parte de la BNP, elaborar proyectos de mejoramiento de bibliotecas con el objetivo de saber cuál es su realidad situacional y ponerlas en valor, certificación del personal de bibliotecas a nivel nacional, fortalecer el contacto de la BNP con las bibliotecas patrimoniales y también con entidades privadas, entre otras.

Fuente: http://gestion.pe/empleo-management/bnp-planteara-creacion-nuevo-instituto-tecnologico-bibliotecarios-2164124

Fuente de la imagen: http://cde.elcomercio.pe/66/ima/0/0/2/9/9/299444.jpg

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«No queremos que los animales paguen el costo de la educación ambiental»

Argentina/25 Junio 2016/Fuente: La Nación

A partir del día de hoy, algo importante cambió en la Ciudad de Buenos Aires: Horacio Rodríguez Larreta anunció la rescisión del contrato de concesión del Jardín Zoológico , y el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, tomó control de sus instalaciones y operaciones. De esta forma, comenzó un proceso histórico de transformación paulatina del predio en un Ecoparque Interactivo. Este proceso será llevado adelante junto a los trabajadores contratados por la empresa concesionaria que se retira, y de los que el Estado se hará cargo, lo que les asegurará su continuidad laboral.

Los motivos de esta histórica decisión son múltiples. Desde una visión de lo que entendemos que debe ser una ciudad moderna y responsable con la biodiversidad, hasta la percepción sobre una nueva sensibilidad social (que compartimos), que a pesar de que entiende que existen buenas intenciones, cuestiona la capacidad que tienen los zoológicos emplazados en el centro de las ciudades para cumplir con la función que se les demanda: cuidar, respetar y preservar a los animales, brindándoles un contexto adecuado.

Nuestra definición es clara: queremos un parque enfocado en promover la educación ambiental, pero no queremos que los animales paguen el costo de esa educación con su presencia sostenida en un predio en el medio de la Ciudad. Por eso, emprendemos este camino que, además, deseamos que sirva como un ejemplo para que otros zoológicos también puedan animarse a transitar una senda de cambio similar. Con ese fin, compartiremos con todas las instituciones que así lo requieran la experiencia que acumulemos en este recorrido.

Lo que comunicamos no es un cierre. Al contrario. Es la apertura de una nueva etapa. Y lo es porque entendemos que existe mucho valor y conocimiento en los profesionales que se han formado en los zoológicos tradicionales durante muchos años y que, además, trabajan con mucho cariño y pasión. Especialmente a ellos, les decimos que esto se trata de una reconversión profunda, un cambio de paradigma en el que se canalizarán todas las energías en desarrollar un instrumento que pueda conectar a la ciudadanía con la fauna, pero sin exponer a esta última a situaciones poco naturales e innecesarias.

Consideramos que, en este proceso, el bienestar de los animales es un principio innegociable; por eso, el primer paso del plan será promover el traslado de la mayor cantidad posible – en cada caso, analizando que sea a un destino que cumpla con la premisa básica de mejorarle la condición actual a cada habitante del antiguo zoológico. Es importante señalar que los animales que han vivido muchos años en cautiverio no pueden ser reinsertados en sus hábitats naturales, ya que esto implicaría un riesgo para sus vidas y para la de las comunidades de especies silvestres con las que tendrían relación. Por otro lado, existe otra serie de animales -en especial, los de mayor edad-, cuya derivación, directamente, no es posible, pues representaría un riesgo grave para su salud. En esos casos, se quedarán en las instalaciones del nuevo Ecoparque Interactivo y se les mejorarán las condiciones actuales para incrementarles la calidad de vida, mientras se produce la transición al modelo buscado.

La pregunta que surge, naturalmente, es: ¿Cuál es el modelo al que apunta la Ciudad a futuro? Nos imaginamos un espacio que se convierta en un paseo destinado a la educación ambiental, a través de experiencias recreativas e inmersivas basadas en la tecnología y enfocado en la familia; que se integre a los vecinos Jardín Botánico y Parque 3 de Febrero, para que se genere un auténtico Corredor de Biodiversidad en el que estén representadas la flora y la fauna; en el que no haya animales habitándolo de manera permanente; en el que se trabaje en la recuperación y liberación de animales silvestres heridos o recuperados del tráfico ilegal y se continúe con los proyectos de conservación e investigación de fauna autóctona; que sea un punto de encuentro en el que emprendedores y ONGs puedan realizar proyectos vinculados a la conservación del medioambiente; y en el que se ponga en valor el riquísimo patrimonio arquitectónico que la Ciudad posee en esas 18 hectáreas.

Nuestra expectativa es que el nuevo Ecoparque Interactivo se convierta en un ícono de la Ciudad. Con ese objetivo, durante las próximas semanas convocaremos a un concurso abierto de ideas para que arquitectos, urbanistas y paisajistas de todo el mundo presenten sus ideas. De manera paralela, generaremos instancias de participación ciudadana para que los vecinos puedan aportar sus opiniones sobre la visión que estamos presentando.

Hace varios años, la Ciudad de Buenos Aires comenzó a transitar un camino de innovación en los procesos de relación con su entorno. Y lo hizo de manera transversal: ecobicis, bicisendas, campañas de reciclado, separación de residuos, Metrobus, obras que priorizan a los peatones, encuentros con mascoteros, atención veterinaria gratuita, entre muchas otras acciones. En ese proceso global, que tiene sus etapas, es que se enmarca esta decisión. Que, además, se encuentra en sintonía con una tendencia que se da simultáneamente en todo el planeta, a partir de la cual está redefiniéndose el vínculo que las sociedades establecen con el medioambiente y, en particular, con los animales. En el fondo, este proyecto se trata de eso. No solo de reconvertir un espacio verde valioso para la Ciudad, sino de dar un mensaje inequívoco: tenemos la responsabilidad de crear nuevos lazos conscientes de amor y respeto hacia los animales porque en ese vínculo tan puro también se expresa el valor de nuestra propia humanidad. Y eso, desde el Estado, debemos cuidarlo.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1911804-no-queremos-que-los-animales-paguen-el-costo-de-la-educacion-ambiental

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Seminario: El Acuerdo de París Cambio Climático y Desafío para la Sostenibilidad

Venezuela/24 junio 2016/Autora: Haydee Pena. hpena@unet.edu.ve. 

 

Mostrando Afiche definitivo evento Cambio Climático.jpg34027569-8d39-46e2-b939-daf7b40d4b25La Universidad Nacional Experimental Táchira, (UNET) junto a la Embajada de Francia en Venezuela invitan a participar en el marco de la temporada de conferencias sobre el Acuerdo de París en el Seminario denominado: 

Cambio Climático y Desafío para el Desarrollo Sostenible. 

Dicho evento es organizado con la asistencia del Instituto Internacional de Desarrollo y Cooperación (IIDEC) y con el apoyo de  de la Fundación Más Verde Más Humano.

Encuentro que servirá para intercambiar opiniones sobre la problemática y soluciones al cambio climático y al mismo tiempo, se presentará un análisis detallado de los compromisos e incidencia para Venezuela del Acuerdo de París, suscrito por los 195  Estados que conforman el planeta.

Además, se propiciará un espacio de encuentro e intercambio entre representantes de los sectores  interesados: gobierno local, academia, sector privado, sociedad civil para compartir resultados y perspectivas del Acuerdo de París (Diciembre 2015) y experiencias locales e internacionales que sirvan para dar los primeros pasos en la conformación de un equipo que pueda orientar acciones para enfrentar el Cambio Climático en estado Táchira.

Dicho evento se realizará en el Teatro Principal de la UNET en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, el día jueves 30 de Junio del presente año y esperamos contar con su  valiosa participación para lo cual solo debe hacer su registro enviando un correo con sus datos a la dirección: accionesclimaticas@unet.edu.ve.

Organizan

José Duque. Instituto Internacional de Desarrollo y Cooperación IIDEC.  Prof. UCV. 

Haydee Peña. Coord, Asuntos  Ambientales UNET

Solymar Fernández. Jefe Dpto Ing Ambiental UNET

Thania Rosales. Tributos Internos SENIAT Región los Andes

Miguel Sánchez, Más verde más Humano


Apoyo Técnico

Juan Hernández. C.E. Teleinformática CETI. UNET.

Marlon Chacón. Coordinación de estudios a distancia UNET.


Contacto: 

04147592620/04147534066 

accionesclimaticas@unet.edu.ve

Visita: www.unet.edu.ve/accionesclimaticas

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La crisis del capitalismo y el agotamiento del modelo rentista venezolano

Mario Sanoja Obediente-Iraida Vargas-Arenas.

Profesores Titulares Jubilados de la UCV.

Profesores Escuela Venezolana de Planificación.

 

Los ideólogos de la derecha, tanto la internacional como la venezolana, proclaman a los cuatro vientos el colapso de modelo socialista bolivariano  y la necesidad de reimplantar en Venezuela un paquete de ajustes  económicos neoliberales que serviría para desmontar todas las políticas sociales de la Revolución Bolivariana, y privatizar a favor de las transnacionales todos los medios de producción que son propiedad del pueblo venezolano.

 

Para desmontar aquella falacia es necesario exponer las prácticas comerciales monopólicas y oligopólicas perversas  que han permitido a la burguesía venezolana adueñarse de Venezuela durante aproximadamente 266 años. Es necesario igualmente delinear -así sea de manera muy general- el proceso económico que arranca en Venezuela desde mediados del siglo XVIII con la imposición del antiguo sistema mercantil  comercial colonial de reformas económicas liberales dictadas por Carlos III,  aplicadas tanto por  la Compañía Guipuzcuana en la región centro occidental de Venezuela como  por la Compañía de Barcelona en la región centro oriental del país.

 

Aquellas reformas impuestas por Carlos III, abrieron la vía hacia  la consolidación en Venezuela de la sociedad de clases y establecieron una nueva geometría del poder colonial cuyo centro se localizaba en la Provincia de Caracas. Gracias a aquellas reformas liberales el capital usurario  y comercial venezolano comenzó -desde mediados del siglo XVIII- a controlar  las actividades productivas y de intercambio en los centros urbanos y villas, el comercio de exportación e importación, la riqueza social de la tierra e incluso las instituciones eclesiásticas.

Las cosechas obtenidas por los dueños de  plantaciones eran pagadas  por los compradores europeos -al menos en parte- con mercancías que eran luego  revendidas  localmente por especuladores comerciales que pertenecían a la misma clase social de los agroexportadores mantuanos, conducta que no   difiere de las prácticas  de la actual burguesía parasitaria venezolana.

El modelo económico decimonónico propulsado por el  bloque oligárquico   republicano a partir de 1830, conservó en la práctica el mismo modelo económico de la burguesía mantuana colonial en el cual, como ya hemos dicho repetidas veces,  predominaba el capital comercial-usurero sobre el casi inexistente capital industrial. La base del proceso productivo, como ya sabemos, era la producción agropecuaria, donde destacaba la explotación del café, el cacao, el tabaco, el algodón, cueros y semillas de dividive (Caesalpinia coriaria) utilizadas entonces en Estados Unidos y Alemania para la curtiembre.de aquellos.

El 73% de la renta del Estado venezolano de la época descansaba sobre los derechos de  importación, aproximadamente un 9% por los derechos de exportación y un 1% por la renta interna derivada de los impuestos a la producción y el consumo de la sal, los licores y el tabaco.

 

Gracias a sus vinculaciones con el comercio exterior, el sector de intermediación -integrado por comerciantes que adquirían sus mercancías a través de  los principales  puertos-  aquellos convirtieron el comercio exterior, los préstamos usurarios, el control del circulante y los mecanismos del crédito en su principal fuente de acumulación de capitales. De esta manera  los comerciantes se transformaron rápidamente en el grupo económico dominante en el plano político y en la raíz de la burguesía comercial venezolana.

 

La estructura social y económica que prevalecía desde el siglo XVIII no sufrió cambios significativos hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando la explotación petrolera desplazó al sector agropecuario como factor dominante para la creación de la renta nacional. Mientras una parte importante de dicha renta que se invertía en la compra y distribución de bienes cuyo consumo beneficiaba preferentemente los gustos suntuarios de la burguesía, un mínimo segmento de  ella se dedicaba a la inversión pública. Como consecuencia, la clase de los ricos se acostumbró a considerar a Venezuela como su propiedad personal,  a los venezolanos de clase media como su servidumbre, mientras que consideraba  a los y las pobres como sus esclavos. Esta condición de desprecio, de desigualdad social, se prolongó por dos siglos, hasta inicios del proceso de la Revolución Bolivariana en 1998, cuando todavía un 80% de la población venezolana se hallaba en situación de pobreza, excluida por la oligarquía liberal burguesa del disfrute de la felicidad social.

 

A partir de las primeras décadas del siglo XX, el auge de la explotación del petróleo exacerbó los componentes culturales más negativos del modelo socioeconómico rentista liberal burgués en la sociedad venezolana, dando origen a lo que conocemos como la Cultura del Petróleo. Los estilos de vida  de dicha cultura fomentaron y siguen fomentando en las y los venezolanos –  -vía las campañas mediáticas y las industrias culturales-  sentimientos de dependencia, autodesprecio y  marginalidad, la disociación de las mentes y la transculturación que genera lealtades hacia el “American way of life”.

 

La cultura del petróleo crea tanto normas de ética social como una filosofía de vida cuyo objeto es adaptar la sociedad venezolana a una condición de productora y exportadora de materias primas, al consumismo exacerbado de todo tipo de mercancías, del confort que estas supuestamente producen, reforzado e institucionalizado  por técnicas publicitarias que  disocian a los venezolanos de su propia realidad, convirtiéndolos en sujetos dominados por las transnacionales o los monopolios venezolanos como es el caso hoy día con Empresas  Polar.

 

Otra consecuencia de la cultura petrolera es la creación de un proceso de acumulación de capitales y un crecimiento del salario real que contradice las leyes del capitalismo normal. En Venezuela la extraordinaria acumulación de capitales lograda por la burguesía en el último medio siglo vía la apropiación de la renta petrolera, fue acompañada, hasta 2015, por un aumento en la capacidad de compra de la población en general. Pero el crecimiento de la acumulación de capitales y del nivel real del salario superó sistemáticamente el de la productividad gracias al  rentismo petrolero.

 

Aquella situación afectó el equilibrio  macroeconómico puesto que fortaleció una perversa dependencia de la importación de alimentos, de medicamentos, de autopartes, etc., precarizando el abastecimiento de los productos indispensables para garantizar la estabilidad de la vida cotidiana,  la soberanía y  la seguridad de la nación.

 

La crisis que estamos viviendo en la actualaidad, ocasionada por la caída mundial de los precios del petroleo,  nos permite definir  el colapso del modelo capitalista liberal burgués que nos fue impuesto hace más de dos siglos por la oligarquía liberal burguesa venezolana. La vía socialista adoptada por la Revolución Bolivariana, por el contrario, incidió profundamente en los procesos de inclusión de la población venezolana, saldando buena parte de la terrible deuda social que dejaron 200 años de vivir bajo el capitalismo liberal burgués, mejorando hasta niveles no conocidos anteriormente los índices de salud, educación, vivienda, tecnología y conciencia social. Esta estructura institucional creada por la Revolución,  es la que ha permitido a la sociedad venezolana paliar hasta ahora el impacto de la crisis petrolera, los efectos perversos de la guerra económica, el desabastecimiento selectivo y la inflación inducida por el imperio y la burguesía venezolana.

 

La vía socialista señalada por el Comandante Chávez, si bien ha logrado transformar las condiciones materiales y subjetivas de vida de nuestra población, debido a la baja productividad que persiste en la economía venezolana no ha logrado todavía independizarnos de los factores capitalistas de dominación económica, representados tanto por las transnacionales como por los monopolios y oligopolios venezolanos que dominan la importación de bienes y el ensamblaje de productos alimenticios, medicinas, autopartes, tecnología, conocimientos científicos y la producción de saberes.

 

La actual guerra económica que nos imponen tanto el imperio como la burguesía venezolana, ha tenido un fuerte impacto sobre la cultura y sobre los diversos estilos de vida de la población  venezolana debido, precisamente, a nuestra debilidad productiva. Sin embargo los aportes creativos que han dado siguen dando  las diversas misiones sociales al progreso social de las venezolanos y las venezolanas,   a las bases de misiones que apoyan al  sistema de  comunas y consejos populares y de los numerosos  movimientos sociales  organizados que los acompañan y consolidan el poder popular, de los movimientos de agricultura urbana, de la movilización masiva de la población venezolana en defensa de los logros obtenidos por la Revolución Bolivariana, al desarrollo de un sistema educativo inclusivo y democrático, de un fuerte movimiento cívico militar, todos juntos han frenado las posibilidades de éxito de  las brutales arremetidas del imperio contra Venezuela y constituyen al mismo tiempo el fundamento de una nueva sociedad venezolana.

 

El fortalecimiento socioproductivo de la sociedad venezolana fundamentado principalmente en el viejo anhelo de la sustitución de importaciones, requiere de una política socioeconómica orgánica, como la  expuesta en la Agenda Económica Bolivariana y los 15 motores productivos que ha propuesto a la Nación  el Presidente Nicolás Maduro. Dicha política abre  un proceso que requiere el concurso de todos los factores y actores de la vida económica nacional para poder   lograr la meta  propuesta:  lograr el desarrollo integral de nuestro país bajo el signo de la democracia participativa y el poder popular.

 

La política socioproductiva propuesta y puesta en ejecución por el Presidente Maduro, privilegiando el capital productivo sobre el comercial, combate la perversa tendencia histórica que se inició desde el siglo XVIII, la cual permitió que la burguesía parasitaria, en sus diferentes encarnaciones a lo largo de tres siglos y medio, se apoderase tanto de los recursos de Venezuela como de la vida de las y los venezolanos.

 

La forma de capitalismo rentista venezolano es un caso digno de estudio, ya que se asemeja más a un  capitalismo de Estado donde éste sería el patrón que paga el salario en dólares  a los empresarios que son sus empleados, para que estos se enriquezcan y acumulen un capital que luego ni invierten ni arriesgan en el desarrollo de sus empresa en el país, desviando las ganancias no hacia la economía real  venezolana sino hacia la especulativa… en los mercados offshore.  Nunca utilizan sus capitales, los cuales están colocados en bancos extranjeros; cuando como en la coyuntura actual, el Estado no tiene suficientes divisas para pagar el salario en dólares a los “empresarios”, estos hablan de la “deuda” que aquel ha contraído con ellos y amenazan con guerra económica  y boicot a la producción y las cadenas de distribución como un vulgar chantaje al gobierno bolivariano.

 

Esta forma vernácula de capitalismo mafioso funcionó durante los siglos que duró su apropiación del Estado venezolano hasta el final del la IV República en 1998. Los políticos y los comerciantes o “canastilleros” como los llamaba el historiador venezolano  Laureano Vallenilla Lanz, se desempeñaban alternativamente como Presidentes de la República, presidentes o gobernadores de estados, ministros, doctores y generales, etc., y se repartían la piñata del erario público. Esta situación llegó a su momento más desastrado durante las décadas de gobierno adeco-copeyano (1958-1998) cuando lograron ponerle la mano directamente a la industria petrolera,  a la renta que ella produce y a los mecanismos de control financiero que regulan su administración.

 

El inicio de la Revolución Bolivariana en 1992 y la elección posterior de nuestro comandante Hugo Chávez Frías a la Presidencia de la República en 1998 comenzó a erosionar los mecanismos de control político y económico que tenían el imperio y la burguesía sobre el Estado la producción petrolera y la renta petrolera, así como sobre  la sociedad venezolana.

 

Para tratar de retomar su control sobre nuestra sociedad, la burguesia parasitaria enezolana y el Imperio Usamericano en complicidad los gobiernos oligárquícos de España y Colombia, entre otros, organizó planifico y ejecutó  el fallido golpe de Estado de 2002 contra el gobierno del Presidente Chavez,  el sabotaje de la industria petrolera de 2002-2003 y, posteriormente, intervinieron en toda la campaña de terrorismo delictivo (guarimbas), asesinatos indiscriminados y selectivos de ciudadanos y ciudadanas, destrucción de la propiedad pública, la organización de hordas de bachaqueros y paramilitares binacionales, la organización de campañas mediáticas contrarevolucionarias a nivel internacional y nacional, hasta culminar con intentos injerencistas como el luctuoso decreto de Obama y la impúdica alianza de organismos internacionales como la OEA y su secretario Mister Almagro, el gobierno español del Partido Popular Rajoy, la oligarquía colombiana (Uribe Vélez) y la derecha venezolana que controla la Asamblea Nacional, para derrocar al gobierno revolucionario constitucional del presidente Nicolas Maduro utilizando fraudulentamente la Cartas de las Americas…

 

Es muy difícil que la burguesía empresarial parasitaria y la derecha política venezolana acepten dialogar con el gobierno bolivariano, no obstante los buenos oficios de UNASUR y del sector mayoritario de países honorables que nos apoya en la OEA. Para la derecha venezolana, dialogar significa imponer al contrario sus condiciones sin discusión. Para dialogar  con ellos se debe  aceptar que la Revolución Bolivariana existe, que Nicolás Maduro,  nuestro presidente electo democráticamente, en realidad  no existe, que en Venezuela hay una crisis humanitaria y hay que intervenirla militarmente para resolverla. Dialogar aceptando que el otro existe significa, en suma, para ellos. perder cara ante la opinión mundial que tan cuidadosamente han manipulado para crear una imagen distorsionada de Venezuela y de la Revolución Bolivariana. Es por eso que la campaña contra Venezuela constituye un argumento de peso en la  presente campaña electoral de España, para tratar de ocultar la terrible crisis humanitaria que vive actualmente dicho país.

 

Para muchos venezolanas y venezolanos que desesperan ante las penurias que nos impone la guerra económica desatada contra nosotros por el imperio y la burguesía  parasitaria venezolana, les decimos que dicha crisis es sintomática del final del viejo capitalismo burgués. Así como nos causa tanto sufrimiento, esta coyuntura también afecta el futuro inmediato del 1% de ricos que controlan la economía mundial y por supuesto la economía venezolana, cuyos negocios  podrían verse amenazados por una posible contracción destructiva de la demanda.

 

El derrocamiento del Presidente Maduro planeado -según Ramos Allup- para ser efectivo el 6 de Julio de 2016, coincidiría aproximadamente con el supuesto inicio de las importaciones para las fiestas navideñas, etapa de mayores ventas y beneficios económicos para “empresarios-comerciantes”. Imaginemos una navidad secuestrada por el “grinch” de la guerra económica, sin  jugosas ventas de juguetes, ropas, calzado, electrodomésticos, sin venta masiva de ingredientes para las hallacas, de licores, de arbolitos y ornamentos de navidad, etc. En otras circunstancias los venezolanos y venezolanas habrían dilapidado alegremente sus aguinaldos y utilidades en un consumismo desenfrenado, pero la guerra económica nos obliga a considerar que existen otras deudas y obligaciones perentorias que no se resuelven solo con el consumismo exacerbado de bienes.

La guerra económica que promueve la derecha también está modificando la conducta cultural de la sociedad venezolana. Un cambio negativo está ocurriendo en las clases populares con la irrupción  en el escenario sociocultural venezolano de la guerrilla bachaquera binacional, propiciando un proceso barrial de acumulación de capitales especulativos que determina la existencia de una sociedad barrial desigual,  violenta, vinculada y protegida por  las mafias delictivas que perturbará la vida cotidiana tanto de las comunidades como  el funcionamiento de las cadenas tradicionales de distribución de bienes.

 

¿Podríamos imaginar cómo y hasta cuando prolongarán los “empresarios-comerciantes” esta  esteril guerra económica? Luego de esta crisis, ya no podrán los burgueses y la clase media seguir viviendo como vivían bajo la IV República cuando, como dicen muchos venezolanos mental y culturalmente disociados, “eramos felices y no lo sabíamos”. Ningún político de derecha les había explicado la existencia de los ciclos de crisis del capitalismo, que vivían en una burbuja rentista que tenía fecha de expiración, la cual  sobrevino con la caída  mundial de los precios  del petróleo.

 

La crisis de la sociedad capitalista  tiene diferentes factores causales en países vecinos como México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, y en otros países como Francia, España, Bélgica, Reino Unido, Grecia, Italia. En Estados Unidos, la creciente descomposición social pone en peligro la macroeconomía, lo que se refleja en las mediocres ofertas, que a través de Hilaria Clinton y Donaldo Trump,  ofrece la clase oligárquica al pueblo norteamericano que ve cada vez más lejos sus posibilidades reales de liberación nacional.

 

Todo parece indicar que en Venezuela, como en otros países, está gestándose una sociedad post-rentista. Aunque el tiempo histórico de la Revolución Bolivariana, que ha sido una guía para los movimientos  de liberación en todo el mundo, se desarrolla con distintas velocidades y estilos, la meta que perseguimos, la sociedad socialista, se mantiene como la única alternativa posible, ya que las políticas de ajustes neoliberales solo provocan miseria, desempleo, violencia y desigualdad social y pérdida de la libertad y la democracia.

 

La derecha venezolana se ha revelado, en esta coyuntura, incapaz para comprender la realidad venezolana e inepta para gobernar eventualmente el país. La aplastante derrota internacional que le infligió en la OEA  la diplomacia bolivariana y la solidaridad de la mayoría de los países latinoamericanos y el presunto juicio político a su liderazgo de la Asamblea nacional por traición a la patria, la descalifican a la derecha incluso como actores de un posible diálogo sobre la normalización de nuestra situación sociopolítica. Ante esta coyuntura, solo nos queda como futuro posible,  la vía comunal  socialista hacia la construcción de una nueva sociedad venezolana, donde podamos continuar viviendo bajo una democracía revolucionaria justa, participativa y protagónica.

 

FIN

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