Prensa Alternativa Docente/ Argentina/
Educación: un único derecho que el gobierno debe garantizar
Ante la retención de servicios de los auxiliares de escuelas bonaerenses, el ministro de Educación, Finocchiaro, por “instrucciones precisas de la gobernadora para cesar esta situación”, sacó una resolución, no cumplimentada con el debido formato administrativo para “dar subsidios a las cooperadoras para contratar cuadrillas y personas de limpieza alternativos”, es decir, a una empresa de limpieza y servicio de comida en las escuelas públicas.
Luego, el juez platense Gorostegui, del Juzgado Civil y Comercial N° 16, apoyó el reclamo de un minoritario grupo de madres con una postura contraria al legítimo reclamo de las y los trabajadores. Hizo lugar al amparo, en un claro ataque al derecho de huelga, pero tampoco firmó la orden que dio a las madres…
Si bien el fallo no lo habilita, la Dirección de Escuelas (DGCyE) lo usa para avanzar en un posible negociado e intentar quebrar la huelga al querer contratar una oscura empresa para que haga las tareas que los auxiliares retienen. Son las mismas que sufrieron la brutal represión policial del gobierno de Vidal cuando manifestaban en la DGCyE. Además de sufrir otros aprietes para que cesen en su reclamo de un salario digno.
¿Volver a la racionalidad…? O resolver el reclamo estatal
Para justificar su postura privatista y neoliberal, Finocchiaro responsabiliza a los auxiliares y gremios de la situación cuando pide que “vuelva a la racionalidad y se deje de lado esta medida que es absolutamente ilegítima…». La racionalidad debe ponerla el gobierno y cumplir el fallo del juez Arias que ordena abrir la paritaria.
Racional es responder al legítimo pedido de los auxiliares de un aumento del 40% y un inicial de $ 10.000. Como señala uno de los gremios, ese aumento se resuelve con apenas el 3% de los $ 15.000 millones que Vidal aprobó en subsidios a la enseñanza privada. Los que Vidal, Cambiemos y la “oposición” aumentaron 250% este año, respecto al 2015.
No hay “colisión” ni “preeminencia” de derechos
La educación es un derecho social que el gobierno provincial y nacional, deben garantizar. No es la primera vez que gobernantes y políticos del sistema hacen campaña contra las huelgas. Repiten que se tiene “de rehén a los chicos”, que el reclamo puede “ser entendible», pero que se haga… con “los chicos en las aulas”. Es decir, sin paro.
Pero si hay medidas en educación, salud, los ministerios o dependencias judiciales es responsabilidad de Vidal y el PRO que quieren imponer un escandaloso aumento del 15% ante una inflación muy superior. Ese mismo gobierno que descarga tarifazos sobre el pueblo, mientras paga U$S 12 mil millones a los buitres por una deuda ilegítima.
Los auxiliares y docentes, así como los alumnos y padres somos rehenes de los gobernantes que se unen en el ajuste. Y no responden al reclamo salarial para usar la presión social ante la falta de clases para que no luchemos. Poco les importa la escuela pública a quienes recurren mandan sus hijos a la privada como hace Macri, a un exclusivo instituto francés donde paga más de $ 17 mil de cuota mensual por ambas. Rechazamos la hipocresía del gobierno que dice preocuparse por la educación, pero gobierna hundiendo el salario y ahonda la crisis de la escuela pública para favorecer la creciente privatización educativa.
Educación: el derecho no “colisiona”, se garantiza
A partir del fallo exprés, el gobierno quiere imponer la falsa tesis de que habría “preeminencia” de un derecho sobre otro. Según Finocchiaro, «el derecho a la educación está por encima de muchos otros derechos…». Es decir, sobre el derecho a reclamar un salario digno para educar, limpiar la escuela o brindar alimento y cuidado, estaría el derecho del niño a educarse. Quieren instalar que habría dos “derechos en pugna” y serían los auxiliares -como antes éramos los docentes- quienes deben garantizar la educación, cercenando sus derechos.
Pero el derecho a la educación no “colisiona”, sino que se lo garantiza. Y es el Estado el que debe hacerlo, no el trabajador a partir de su sacrificio al aceptar el salario que se le impone. Son los gobiernos los que deben hacer efectiva esa garantía. No hay ninguna “colisión” ni preeminencia porque la educación es un único derecho. Sin auxiliares y docentes con un salario digno, no hay escuela ni educación.
Quieren culpabilizar a un sector afectado en esta lucha –hoy los auxiliares- y enfrentarlo con la comunidad para deslindar la responsabilidad del gobierno de Vidal y concretar un oscuro negociado. Todos los sectores gremiales, sociales, políticos, estudiantiles debemos rechazar este engendro que pretende volvernos a los ’90 y coordinar las acciones necesarias para impedir que esta privatización y negocio anti-huelgas avance, dando respuesta al reclamo de auxiliares y al del resto de los trabajadores públicos de la provincia.
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