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Colombia: ¿por qué una respuesta militar a la protesta social?

Por: Tomàs Gisbert/ María Jesús Pinto

A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión.

El pueblo colombiano está viviendo un momento muy difícil. Una represión desmesurada y salvaje está siendo la respuesta del gobierno de Iván Duque a una movilización social sin precedentes que partiendo de la oposición a una reforma tributaria que castigaba a las clases más desfavorecidas, ha cuestionado la gestión de la pandemia por el gobierno y sus políticas neoliberales que no han dejado de enriquecer a las elites en detrimento de las clases populares, a lo que se ha sumado el descontento por el incumplimiento generalizado de los acuerdos de paz de 2016.

Para muchos ha podido ser una sorpresa ver en directo la barbarie de la represión, los asesinatos cometidos por la policía y el ejército, las miles de detenciones arbitrarias, los centenares de persones heridas, las violaciones a mujeres nuevamente como arma de guerra, la actuación de paramilitares protegidos por la policía o el elevado número de personas desaparecidas de las que la policía no da ninguna cuenta poniendo toda clase obstáculos a los intentos de averiguar su paradero. Podía pensarse que con los acuerdos de paz de 2016 Colombia entraría en una nueva etapa más democrática. Pero la actual represión desenfrenada ha puesto de manifiesto la pervivencia de varias de las lacras que tiñen su historia.

La pervivencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. El trato que el gobierno, a través de la policía y el ejército, ha dado a la población movilizada muestra que no se está viendo a una ciudadanía que ejerce su legítimo derecho a la protesta y a luchar por un país mejor, sino que se ve en ella al enemigo interno al que hay que doblegar, y si es necesario abatir, para tenerlo bajo control. Esta visión entronca de lleno con la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, nacida en Estados Unidos en plena guerra fría, que consideraba al pueblo y su lucha como el enemigo interior.

Estados Unidos educó a miles de militares latinoamericanos en cursos impartidos en la Escuela de las Américas, primero ubicada en Panamá y desde 2001 en Fort Benning (Georgia), donde sigue operando bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.

Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad

107.573 militares colombianos han sido entrenados en Estados Unidos en los últimos 20 años. La Doctrina de Seguridad Nacional inspiró los golpes de estado y las sangrientas dictaduras que barrieron el cono sur en los años 70. Colombia no ha sido ajena a esta doctrina, ha sido la base ideológica de la lucha contra las insurgencias y las movilizaciones populares, de las miles de masacres impunes. Y hoy vuelve a aparecer con su cara más cruda: en la intervención de las fuerzas armadas contra la protesta social, en el fuego real contra manifestantes, en los 50 asesinatos y las más de 470 desapariciones forzadas, todas ellas tácticas de terror para frenar la protesta social.

Esta actuación de las fuerzas militares y policiales se siente amparada por la impunidad. Impunidad histórica pero también impunidad actual. La impunidad de los crímenes del paramilitarismo y de sus inductores intelectuales, la impunidad generalizada de los militares que asesinaron a más de 6.400 personas haciéndolas pasar por guerrilleros para cobrar recompensas, los llamados “falsos positivos”. La de los más de 1.200 asesinatos de líderes y lideresas sociales desde la firma de los “acuerdos de paz” de noviembre de 2016. La de los 270 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma de dichos acuerdos. La calificación, como hacen las autoridades gubernamentales y los principales medios de comunicación colombianos, de las manifestaciones de “amenaza terrorista” y a la gente que está en el paro nacional como “vándalos” o “guerrilleros”, que se una con crudeza al racismo y el odio a indígenas, afrodescendientes y pobres, es una muestra de la profundidad con que está incrustada esa doctrina en el aparato del poder.

La pervivencia de militarización. Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad. Sólo comenzar las negociaciones el entonces presidente Santos ya anunció que las fuerzas armadas no se iban a reformar, señalando una línea roja que las negociaciones no podían atravesar. Así, a pesar del desarme de las FARC-EP, la principal guerrilla, no ha habido una reducción del ejército ni de la policía. Colombia hoy cuenta con el segundo ejército en número de efectivos de toda América Latina, sólo superado por Brasil.

Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos.

Ejército y Policía pasaron de los 250.000 efectivos con que contaban en 1998, a 482.000 en 2015, para mantenerse en los 480.000 de hoy. De ellos son 295.000 miembros en activo de las fuerzas armadas a los que hay sumar una policía nacional que sigue militarizada, con 185.000 policías que también son militares tanto por su formación, por armamento o su dependencia directa del Ministerio de Defensa. Esta militarización está en la base del tratamiento de guerra que ahora, pero no sólo ahora, se da a la protesta social. Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos. Es una unidad de choque especializada en la represión de manifestaciones y paros, creada en 1999 y que cuenta con más de 3.500 efectivos, su accionar no responde a un patrón de seguridad ciudadana sino de seguridad nacional y orden público.

El gasto militar colombiano absorbe el 16% del total del presupuesto general de la nación. Colombia es el segundo país de América, sólo por detrás de EE UU, que destina más porcentaje del PIB (Producto Interior Bruto) a gasto militar, el 3,4% en 2020, y el tercero, tras Brasil, en cantidad total. Para 2021 el gasto militar está presupuestado en 10.400 millones de dólares, lo que supone 28,5 millones diarios. Y ello, a pesar de la actual pandemia y la insuficiencia de medios con que está dotada la salud. Y estas son las cifras oficiales, cifras que se quedan cortas pues el Presupuesto no contabiliza las otras fuentes de ingreso para el gasto militar como son: la ayuda militar norteamericana, 244,4 millones de dólares en 2020, más de 2.500 millones en los últimos 10 años; los beneficios del poderoso Grupo Empresarial y Social de la Defensa, que agrupa desde industrias militares, a universidades y diferentes empresas hoteleras y de transporte aéreo, con el denominador común de que todas son propiedad del ministerio de defensa; los pagos realizados por empresas en su mayoría mineras, de hidrocarburos o hidroeléctricas, a través de convenios de seguridad con las Fuerzas Armadas, 1.229 convenios conocidos firmados entre 1995 y 2015, que suponen una privatización de las funciones de la fuerza militar pública, que reviste una especial gravedad cuando actúa en contextos de conflictividad social, medioambiental o laboral. Tampoco contemplan estas cifras los 2.960 millones de dólares de la deuda derivada del gasto militar que el Estado colombiano pagará en 2021.

España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años

En tercer lugar, la represión ha mostrado la falacia del respeto a los derechos humanos en Colombia. Es difícil encontrar otro país en el mundo en el que existan tantas instituciones oficiales para la defensa de los derechos humanos, otro país en el que se hayan impartido tantos cursos sobre derechos humanos. Cabe preguntarse de qué han servido, y quizás la respuesta estribe en que su utilidad ha sido la de aprender a cómo aparentar su cumplimiento y cómo vulnerarlos sin alarmar a la comunidad internacional.

Y por último, cabe destacar el ensordecedor silencio del Gobierno de España. A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión. Quizás en ello ha influido la existencia de 571 empresas españolas establecidas en Colombia, según fuentes del ICEX (Exportación e inversiones de España), o también a que Colombia es un buen cliente de armamento español. España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años. Es exigible al Gobierno español que aplique la cláusula democrática y paralice el acuerdo comercial con Colombia. Que cese en la venta de armamentos y municiones a Colombia, paralizando así mismo los acuerdos en materia de defensa y militar.

Algunos de los asesinados y muchos de los heridos en esta bárbara represión lo han sido con armas de fabricación española. Maldito negocio el de la guerra y malditos los que la generan.

Fuente:  elsaltodiario

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Argentina: Apostar a las redes solidarias y exigir una real inclusión laboral travesti-trans

Por: Redacción La tinta

La “Cantina Trans Travesti La tía” necesita del acompañamiento y solidaridad de toda la comunidad cordobesa. Desde que comenzó la pandemia, 60 personas que dependían de esa fuente laboral no cuentan con ese ingreso. En un contexto agravado por la falta de concreción de una política clara de inclusión laboral para la comunidad trans, travesti y no binarie. 

Entre los caminitos verdes de la Ciudad Universitaria que bordean los edificios coloreados de murales y consignas, denuncias, reivindicaciones y deseos, de pronto aparece la Casa Verde. Allí, desde 2018, funcionaba la Cantina de inclusión laboral trans travesti “La tía” que constituyó un sistema de economía popular y cooperativo, como un horizonte de posibilidad real y concreto. Ofrecía un menú para todos los gustos, con la bandera LGBTTTIQ+ que flameaba entre los cafecitos y los budines o tartas veganas.

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(Imagen: Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC)

La Cantina como espacio de derechos fue una conquista de estudiantes acompañades por parte de la comunidad universitaria. Fue y es un recordatorio del presente de desigualdades que viven las personas trans y travestis. Desde el año pasado, no abre sus puertas debido a la crisis sanitaria y hoy, en medio de la profundización de la crisis económica, necesitan de nuestro apoyo. Más de 60 personas dependían de esa fuente laboral y, de un momento a otro, quedaron a la deriva.

Desde el Área Trans, Travesti y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), coordinada por Ivanna Aguilera y en conjunto con la Decana de la Facultad, Flavia Dezzutto, lanzaron esta semana una colecta solidaria que básicamente busca resolver cuestiones alimentarias y colaborar con productos de higiene personal y para la casa, así como ropa de abrigo y calzado.

Desde La tinta, conversamos con Ivanna Aguilera, ella es la primera mujer trans que ocupa un cargo dentro de la UNC; insistente luchadora por ampliación de derechos para la comunidad trans travesti, es parte de esta iniciativa solidaria. “Necesitamos que nos acompañen para cubrir la alimentación y el cuidado personal, porque, una vez más, queda claro que somos un sector de la sociedad que vivimos detrás de los derechos del resto, apelamos a la solidaridad de las personas, de las organizaciones”, expresa con contundencia y esperanza en la trama colectiva.

En un ejercicio de historización, nos cuenta que la Cantina surgió producto de un trabajo territorial con el Centro de Estudiantes “Estudiantes al Frente” de la Facultad de Filosofía en el marco del Proyecto de Inclusión Laboral Trans-Travesti, “queríamos acompañar la vida de las personas trans travesti en el ámbito universitario. Logramos un espacio físico y se convirtió en la primera cantina de inclusión laboral trans travesti a nivel universitario en la Argentina”.

Cuando inauguraron la Cantina, al ser el primer año y la primera experiencia, Ivanna relata que ella estaba todos los días allí: “Abría y cerraba, y estaba pendiente de acompañar y, de alguna manera, capacitar a les pibes. En el 2019, ya quedó en manos de les pibes, porque ese era el proyecto, que pudieran hacerse cargo de todo: atención al público, a proveedores y toda la administración en general. Y en 2019, la re-inauguraron y, al nombre Cantina de Inclusión Laboral Trans Travesti, le agregaron “La tía”, porque a mí me dicen ‘La tía Ivanna’”.

La propuesta contaba con 6 compañeres que estaban en atención al público y 32 personas vinculadas con el servicio de proveeduría de alimentos. Fue un proyecto que marcó un logro muy importante, implicó visibilidad y una apuesta política como fuente real de trabajo. “La población trans no tenemos acceso a los ámbitos educativos y menos aún al universitario. No tenemos acceso al trabajo formal y seguimos dependiendo del ejercicio de la prostitución como único medio de supervivencia. Esta realidad dificulta acceder al estudio y tener iguales oportunidades que el resto: te cansás, estás mal alimentada y la educación es costosa. La Cantina, espacio que gestamos colectivamente, generaba para un grupo de compañeres un dinero fijo que les permitía transitar -relativamente cómoda- su carrera universitaria”, expresa Ivanna.

flyer-campaña-colecta-solidaria-trans-travestiPara coordinar la donación de productos o dinero, se pueden comunicar a los teléfonos (0351) 7276671 o 3516532317 (Ivanna Aguilera), o por correo electrónico a area.trans@ffyh.unc.edu.ar

¿Y la inclusión laboral travesti – trans? 

Si bien la campaña de donaciones acompañará y permitirá paliar la dura situación que viven les compañeres, Ivanna remarca: “El problema es profundo y de raíz. Seguimos sin una verdadera política de inclusión trans. No tenemos, hasta el día de hoy, registros para acceder a algún cupo. No tenemos las reglas claras y, por ese motivo, seguimos sin tener acceso al trabajo formal. Necesitamos seguir con este tipo de políticas de contención entre nosotres para poder seguir adelante”, señala Aguilera.

El último relevamiento que oficializó el Registro Civil sobre personas trans y travestis en la provincia de Córdoba indicó que aproximadamente 4.600 personas habían registrado un cambio de identidad. Pero falta una política censal que permita saber con mayor detalle las situaciones y realidades que se están atravesando.

“Nosotres celebramos el cupo trans que por decreto presidencial tenemos a nivel nacional, pero sabemos que eso no va a solucionar la problemática de toda la población trans y travesti. Necesitamos políticas verdaderas de inclusión: poder presentarnos a trabajar en cualquier lado y que nuestra condición trans travesti no sea un condicionante; que se incentive al sector privado para que puedan absorber nuestra demanda laboral. Las políticas tienen que ser concretas, no parches o programas sociales, o capacitaciones para ver si a lo mejor y tal vez puedas tener un trabajo. Son años de lucha para que las políticas sean de inclusión laboral y cupo laboral con horizontes concretos y reglas claras”.

“Necesitamos trabajar para poder construir nuestras vidas”, afirma Ivanna una vez más, como tantas veces en que ha plantado su voz por este derecho básico. “No está clara la implementación del cupo trans, no sabemos si está vigente o dónde hay que inscribirse. No conocemos el listado donde les compañeres puedan inscribirse para acceder a un puesto laboral en alguna repartición del Estado en cualquier provincia. No queremos designaciones a dedo por tener puesta una camiseta política. Queremos tener todes y todas las mismas oportunidades, que haya un registro, que sea visible y que se puedan anotar”, concluye Ivanna.

¿Dónde está Tehuel?

Fuente:  La tinta / Imagen de portada: Facultad de Filosofía y Humanidades.

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Colombia, Chile y Perú encienden las alarmas de las elites neoliberales de América Latina

Por: Jorge Elbaum

Dos décadas atrás, las compulsas electorales en el subcontinente enfrentaban a partidos o coaliciones de derecha neoliberal contra vetustas organizaciones adscriptas a la socialdemocracia de cuño europeo, pasteurizadas y dóciles frente a las políticas impulsadas por el Consenso de Washington promovidas por el Departamento de Estado.

En el primer decenio de este siglo XXI, se configuraron en América Latina inéditos procesos soberanistas que impulsaron proyectos de integración regional.

Dichas iniciativas motivaron la hostilidad y el literal acoso de sus figuras más representativas por parte de una alianza compuesta por CEOs de empresas trasnacionales, fundaciones tecnocráticas y propaladoras mediáticas disfrazadas de neutrales, todas ellas coordinadas por diferentes agencias gubernamentales del Departamento de Estado.

La segunda ola anti-neoliberal se diferencia de su primera etapa, suscitada a principios de siglo, por el protagonismo de sectores independientes, movimientos sociales, colectivos feministas y pueblos originarios conjugados con la irrupción de una nueva cohorte etaria que articula la cultura y la política en formatos creativos de expresividad callejera.

Todas esas fuerzas sociales coinciden en repudiar las políticas de ajuste y cuestionar de alguna manera a los partidos tradicionales, al tiempo que exigen formas más horizontales de representación política. Las últimas puebladas contra Lenin Moreno en Ecuador, las que arrancaron la elección de constituyentes a Sebastián Piñera y las opuestas al programa de ajuste de Iván Duque –en plena pandemia– se emparentan con la resistencia de las comunidades campesinas ocurridas durante el gobierno golpista de Jeanine Áñez en Bolivia, donde las mujeres tuvieron un rol central.

Los movimientos populares han dado lugar a procesos electorales en los que indefectiblemente ha sido protagonista algún candidato de izquierda, progresista o portador de credenciales nacionalistas revolucionarias. Los modelos de concertación al estilo chileno, en los que la socialdemocracia se aliaba a partidos de centroderecha para administrar –de forma edulcorada– los programas neoliberales, evidencian su agotamiento. Esos signos de pérdida de legitimidad de la partidocracia histórica se observan también en Perú y en Colombia de forma particular. En el primer caso, bajo la evidencia de una fragmentación cariocinética del sistema político –evidenciada en la dimisión de dos Presidentes en los últimos tres años­, Martín Vizcarra y Pedro Kuczynski–; en el segundo caso, por la irrupción de un movimiento horizontal que logró imponerle límites a Iván Duque.

Los tres países que han evidenciado claras muestra de resistencia al programa neoliberal se habían mantenido al margen de la primera ola soberanista liderada por Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales y Lula, surgida durante la primera década del siglo. A pesar de las interesadas interpretaciones de los analistas de la derecha continental, los tres casos se suman –y no relevan ni sustituyen– a los procesos de autonomía que se manifiestan en la actualidad en México, la Argentina y Bolivia. Incluso en el caso de Ecuador, donde ganó en segunda vuelta el candidato de la derecha neoliberal, la primera minoría de la Asamblea Nacional es ocupada por el correísmo, hoy bajo el paraguas partidario de la Unión por la Esperanza (UNES).

En Colombia se cumplieron tres semanas de movilizaciones con una huelga general promovida por los sindicatos, los estudiantes y las organizaciones sociales. El pliego de condiciones que fue entregado al gobierno incluye el inmediato fin de la violencia, la transformación de los organismos de seguridad, la aplicación de una renta básica para las familias pobres y la extensión de los programas de empleo y educación para los y las jóvenes. Hasta el último viernes, los manifestantes lograron derribar el paquete fiscal que contenía un aumento de impuestos a los alimentos básicos y la reforma del sistema de salud que profundizaba una mayor privatización en plena pandemia.

Mientras continúan los emplazamientos de barricadas en diferentes puntos del país, el gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras. Por su parte, en una clara señal de solidaridad con el régimen, el futuro subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, anunció la colaboración de Washington con el mandatario colombiano sin hacer referencia a la represión que se cobró –luego de un mes de protestas pacíficas– más de 2000 víctimas.

Según el Observatorio de Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), hasta el último jueves se contabilizan 49 personas asesinadas por parte de los grupos paramilitares, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Además los medios de comunicación coinciden en el número de 124 heridos, 13 personas con daños oculares, 6 hechos de agresión sexual, 726 detenciones arbitrarias, 45 defensores de derechos humanos detenidos o limitados para realizar sus funciones, y 1089 casos de violencia institucional de los organismos de seguridad.

La represión gubernamental se suma a la violencia sistémica que se observa en las regiones rurales, invisibilizada por los medios locales e internacionales que han naturalizado el genocidio por goteo de líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios contra las bandas de narcotraficantes apañadas por el Estado. Desde 2016, han sido asesinadxs aproximadamente 900 líderes y lideresas sociales, y se han denunciado 6.042 víctimas fatales, en hechos descriptos como “falsos positivos”, es decir campesinos a los que se masacra y luego se disfraza de guerrilleros para justificar sus muertes. La revuelta colombiana repite algunas características de lo sucedido en Chile en 2019.

En Puerto Resistencia, Cali, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Popayán se conformaron grupos de defensa popular que se describieron como integrantes de la Primera Línea, en abierta identificación con sus antecesores trasandinos. Colombia tiene planificadas las elecciones para mayo de 2022. Todos los analistas, incluso los más cercanos al actual gobierno, pronostican un triunfo del candidato de izquierda, Gustavo Petro, en la primera vuelta.

Alamedas grandes

Las elecciones de constituyentes chilenos, llevadas a cabo el fin de semana del 15 y 16 de mayo, su sumaron a las votaciones para nominar a 346 alcaldes, concejales municipales y, por primera vez, gobernadores de las 16 regiones. Los resultados de los comicios sorprendieron a la derecha continental y generaron escozor en la Embajada de Estados Unidos en Santiago: además de la revuelta colombiana, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, de lxs Fernández en la Argentina y del MAS en Bolivia, Perú se debate entre un candidato progresista y la hija de un recluso condenado a 25 años de prisión bajo acusaciones de crímenes de lesa humanidad, a quien ella misma (Keiko Fujimori) anunció, tiempo atrás, que indultará en el caso de ser electa.

Las movilizaciones de 2019 en Chile le arrancaron al gobierno de Sebastián Piñera una elección constituyente que terminó influyendo de forma decisiva en las votaciones electivas locales. Las manifestaciones producidas entre octubre de 2019 y marzo de 2020 arrojaron un saldo fatídico de 34 personas asesinadas por parte de las fuerzas de seguridad. A eso se le sumaron 500 víctimas con daño ocular y miles de personas detenidas. Los comicios se llevaron a cabo en un contexto de pandemia aún no superada, situación que explica el 43% de participación en un sufragio no obligatorio.

El proceso constituyente busca terminar con la Carta Magna neoliberal impuesta hace 41 años durante la dictadura pinochetista, situación que fue advertida con inquietud por la derecha. Cuando estos últimos sectores no lograron impedir su convocatoria, impulsaron la limitación del tercio, consistente en garantizarse el veto a cualquier modificación profunda una vez que alcanzaran el 33% de los votos. Fracasaron también en ese intento, alcanzando poco menos que un cuarto de los votos válidos.

El sufragio constituyente prefijó, por primera vez en América Latina, la paridad de género obligatoria, que resultó en la elección de 78 varones y 77 mujeres. La participación de activistas feministas fue decisiva, y su performance fue mejor, en términos comparativos, que la de los varones. Los grandes ganadores fueron los independientes –mayoritariamente de izquierda– que obtuvieron 48 escaños. La derecha unificada alcanzó los 37, la lista del Partido Comunista y aliados obtuvo 28 lugares, la socialdemocracia 25 (de los cuales 15 son del Partido Socialista y sólo 2 de la Democracia Cristiana) y 17 correspondieron a los pueblos originarios.

La Convención que reunirá a los 155 delegados deberá debatir una nueva Carta Magna durante 9 o 12 meses, y su resultado volverá a ser aprobado o desechado por un referéndum. Los 17 representantes de los pueblos originarios incluyen a referentes de 9 identidades: aymaras, quechuas, atacameños, collas, diaguitas, mapuches, kawashqares, yámanas y rapa nui, habitantes de la Isla de Pascua.

En las elecciones locales, se destacó el sorpresivo triunfo de la economista, feminista y militante comunista de 30 años, Irací Hassler –en la comuna de Santiago centro– quien venció al referente de la derecha Felipe Alessandri, que había proferido insultos misóginos y declaraciones macartistas durante la campaña. También renovó su alcaldía el activista del PC Daniel Jadue, en el municipio de Recoleta, alcanzando el 65% de los votos. Este triunfo lo posiciona como uno de los candidatos a la presidencia. Otros candidatos victoriosos de la izquierda fueron Jorge Sharp en Valparaíso, Carla Amtmann en Valdivia y la integrante del Frente Amplio Macarena Ripamonti en Viña del Mar, después de vencer al candidato de la derecha más rancia, que controló dicha localidad durante 17 años.

En el gran Santiago resta una segunda vuelta, que será el 13 de junio, para dilucidar quién será gobernador. Esa plaza la disputan un referente de la Democracia Cristina, Claudio Orrego, y Karina Oliva, del Frente Amplio, apoyada por toda la izquierda. El calendario electoral continúa el 18 de julio con las primarias presidenciales y parlamentarias, y el 21 de noviembre con la elección para elegir al primer mandatario y a los congresistas.

Déjame que te cuente, limeña

El próximo 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial que enfrentará al docente de izquierda Pedro Castillo y a la hija del ex Presidente condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, Keiko Fujimori. Se prevé que el 28 de julio asuma el nuevo gobierno y tomen posesión los 135 congresales electos durante los comicios del 11 de abril.

La candidata de las fuerzas de derecha niega las esterilizaciones masivas a mujeres campesinas impulsadas por su padre –uno de los delitos por los que fue condenado– y propone como jefe de seguridad de su próximo gobierno al militar retirado y ex ministro Óscar Valdez, a quien se responsabiliza por la represión en Cajamarca en 2012, que dejó un saldo de cinco personas asesinadas en el marco de las disputas ambientalistas con las empresas mineras.

La derecha peruana, liderada intelectualmente por el escritor Mario Vargas Llosa, considera que un triunfo del maestro rural haría de Perú un país inviable. La trayectoria de Castillo se remonta a 2017, cuando lideró una huelga de docentes durante 75 días, exigiendo mejores condiciones laborales. Entre los integrantes del equipo técnico del candidato de izquierda figura el ex fiscal supremo Avelino Guillén, quien fuera el responsable de la acusación realizada contra el padre de Keiko, que motivó su posterior condena.

La candidata de Fuerza Popular tiene un currículum original. El 10 de octubre 2018 fue detenida por haber recibido un millón y medio de dólares de aportes de la empresa Odebrecht para su campaña electoral de 2011. Tres meses después fue liberada bajo fianza. El 28 de enero de 2020, el juez Víctor Zuñiga Urday volvió a dictar su prisión preventiva y el jueves 30 de abril de ese año logró acceder al beneficio de la libertad bajo fianza. El 11 de marzo de 2021 el fiscal especializado en crimen organizado, José Domingo Pérez Gómez, le solicitó al tribunal que la actual candidata fuera condenada a 30 años y 10 meses de cárcel por lavado de activos, obstrucción a la justicia y falso testimonio. La instrucción por dichos delitos se suma a otros procesos en curso como la recepción de aportes para su actual campaña proveniente del narcotraficante Eudocio Martínez Torres.

Es la primera vez en la historia del Perú que una imputada por delitos de esa envergadura –con fuerte apoyo del mundo empresario y de la embajada de Estados Unidos– compite por ocupar la Casa de Pizarro, nombre del palacio presidencial. Los medios concentrados del Perú no parecen turbados por dichos antecedentes. La izquierda, aunque ética, siempre es más peligrosa que la derecha corrupta.

Existen dos razones sustanciales por las que Castillo se ha convertido en el enemigo declarado del establishment: su propuesta de reactivar las reformas agrarias planteadas medio siglo atrás por el general Juan Francisco Velazco Alvarado, y su decisión de poner fin a los acuerdos que han permitido, desde 1983, el establecimiento de tres bases del Comando Sur en Perú (NAMRU 6), ubicadas en el Hospital Naval de Lima, en la Clínica Naval de Iquitos y en la zona portuaria.

Desde hace un lustro, los grupos concentrados y las fuerzas armadas se resisten a darle tratamiento al Acuerdo de Escazú que habilitaría –por parte del Congreso– las fiscalizaciones de las actividades que realiza la NAMRU 6 en la zona del Amazonas peruano.

Los tres procesos se dan en el contexto de la peor crisis económica transitada en América Latina durante el último siglo, mientas la pandemia incrementa diariamente la pérdida de vidas sin que los países centrales se decidan a liberar las patentes o agilizar la producción y/o la provisión de los principios activos de las vacunas. La región enfrenta la emergencia sanitaria después de que el neoliberalismo desmanteló los pilares del Estado de Bienestar, privatizó la salud, arrasó con los derechos sociales y produjo niveles de desigualdad inéditos.

Los modelos culturales que legitimaron la austeridad, la devastación de las capacidades estatales y la financiarización de las economías habilitaron la obscena acumulación de riquezas en porcentajes ínfimos de la sociedad y la correspondiente marginación de las mayorías. Las consecuencias de estas políticas son hoy palmarias: niveles crecientes de precarización acompañados por discursos xenófobos, misóginos y racistas.

A principios del siglo XXI, los analistas proyectaban un siglo pavimentado de neoliberalismo, fin de la historia y prevalencia del mercado por sobre la política. Por aquella época, también, el panameño Rubén Blades cantaba su tema profético: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”.

*Jorge Elbaum. Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).

Fuente: tercerainformacion.es

Fuente Original: elcohetealaluna.com

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Argentina: Talleres populares de ciclomecánica: autogestión, educación popular y economía solidaria

Redacción: La Tinta

Cada 29 de mayo se celebra en Argentina el “Día del Bicicletere”, en conmemoración al reconocido ciclista local Remigio Saavedra, quien ganó centenares de carreras y que, con 70 años, realizó un viaje en bicicleta desde Mendoza a Buenos Aires.

Aprovechando la efeméride, ciclistas de Córdoba tenían previsto realizar una bici-movilización este sábado para reivindicar los derechos de les ciclistas, destacar el trabajo de les bicicleteres y reconocer la trayectoria de 9 años de los Talleres Populares de Ciclomecánica en nuestra ciudad. Sin embargo, tras las medidas sanitarias anunciadas, la actividad se postergará

A propósito de estos últimos, convidamos un texto escrito por Santiago Bonacossa, del Proyecto Reparate, que nos permite adentrarnos a las experiencias de educación popular, economía solidaria, reciclaje y protección al medio ambiente que se viven en los Talleres Populares de Ciclomecánica de Córdoba.

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(Imagen: Fernando Bordón para La tinta)

Hacia un reconocimiento de los talleres populares de ciclomecánica cordobeses | Por Santiago Bonacossa

Hace casi una década que en diferentes barrios de Córdoba comenzaron a surgir espacios de organización bicicletista. Estamos hablando de los Talleres Populares de Ciclomecánica, espacios autogestionados para sostener actividades que permitan integrar la educación popular y la convivencia barrial, la recuperación y el reciclaje de materiales y la innovación social.

Estos espacios permitieron a lo largo de los años que miles de cordobeses desarrollen capacidades para la auto-reparación de sus rodados y lograron, además, captar el interés de personas comprometidas con su sociedad que aportaron al sostenimiento de la actividad y se formaron como talleristas populares. Hoy, estas experiencias solidarias han sido legitimadas socialmente y han construido un legado educativo basado en el intercambio horizontal de saberes. Es por ello que merecen ser reconocidos con miras a una profesionalización.


Los Talleres Populares de Ciclomecánica representan una historia que merece ser enunciada, compartida, cuidada y también replicada. Esto no debe limitarse al saber y la vivencia de quienes han sido parte, tiene que trascender la experiencia de los protagonistas para ponerlo en valor al conjunto de la sociedad y las instituciones públicas y privadas que, de una u otra forma, se vinculan con la temática.


En este escrito, intentaré desarrollar mi visión sobre las dinámicas que subyacen a estos espacios y lo que considero son las claves para la construcción de sociedades sostenibles.

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La construcción de Masa Crítica

Un primer factor a analizar tiene que ver con un concepto ampliamente difundido en el movimiento bicicletista, el de la ‘masa crítica’. Esta idea contempla que un determinado fenómeno puede sostenerse y cobrar dinámicas mayores a lo largo del tiempo sólo si cuenta con un determinado número de personas que participan de él. Entonces, podemos destacar que, en la ciudad de Córdoba, la experiencia de los Talleres Populares de Ciclomecánica han logrado alcanzar este número (o masa crítica) de participantes, abriendo la posibilidad de sostenerse y asumir dinámicas mayores.

Esta práctica de la libertad que de manera amistosa y solidaria nos damos les unes a les otres se apoya en dimensiones Educativas, Ecológicas y Económicas para lograr estos fines y hacer accesible el uso de la bicicleta a más personas.

Desde la dimensión Educativa, les talleristas realizamos un acompañamiento atento, poniendo en común el uso de herramientas y conocimientos, de un proceso educativo que facilita a les asistentes la auto-reparación de sus rodados. Esto posibilita una relación horizontal en el proceso de aprendizaje que logra involucrar al asistente de forma activa: tomando las herramientas en su mano y explorando las diversas aproximaciones a un problema mecánico. Luego, desde esta concepción activa del proceso, se genera una circulación de conocimientos entre les asistentes que permite la apropiación de estos. Esto, que por un lado posibilita la formación en Educación Popular para les talleristas, por el otro, vemos que puede lograr un involucramiento activo de les asistentes en la autogestión del espacio, siendo la semilla para la rotación de talleristas y la sostenibilidad de esta actividad.

En cuanto a la Ecología, cabe notar que la bicicleta, comprendida como un ‘hardware libre’, es una máquina que puede sobrevivir a su usuario original y tener dos o más usuarios en su vida útil si es mantenida adecuadamente. Esto reduce drásticamente la necesidad de extraer materiales y emplear energía, ambos cada vez más escasos, para la producción de nuevas bicicletas.

A cuenta de lo anterior, cabe mencionar entonces cómo la actividad influye en la economía local. Ya que les talleristas actuamos como gestores/organizadores de donaciones de bicicletas descartadas del mercado o abandonadas. Un poco de mecánica y algunos repuestos después (que también pueden ser materiales recuperados), estas bicicletas pueden salir a rodar con muy bajo costo en recursos. Esto posibilita que una persona que no accede a una en el mercado, pueda hacerlo por este medio, participando de lo que conocemos como Economía Popular. También participamos de lo que se denomina Economía Circular, ya que si se pusiera a funcionar cada bicicleta en desuso de nuestra ciudad, podríamos afirmar que se puede hacer accesible la bicicleta para cada familia de la misma con un impacto ambiental prácticamente nulo. Por todo esto, el trabajo de un tallerista comprende el ser mediador entre una bicicleta ‘abandonada’ y su potencial usuario.

Un tercer aspecto económico relevante tiene que ver con facilitar la formación en el oficio de la bicicletería de manera prácticamente gratuita. Lo que hoy permite que en Córdoba exista un nutrido cuerpo de bicicleteres que ofrece el servicio de reparación para quienes aún no han aprendido a auto-repararse y que han creado una mayor abundancia de productos y servicios vinculados al uso de la bici en la ciudad.

En resumen, considero que lo expuesto hasta ahora puede traducirse en que la ciclomecánica popular cordobesa brinda mayores posibilidades para sostener un número importante de bicicletas ‘activas’. Facilitando cotidianamente el acceso a la Movilidad Urbana Sostenible para muchxs de nuestros conciudadanos y la construcción de la Masa Crítica bicicletista.

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(Imagen: Fernando Bordón para La tinta)
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La apuesta cultural y política

‘Hoy no podemos pretender que el empleo de la bicicleta haya respondido a los desafíos de la nueva organización urbana. La revolución ciclista aún no se ha producido. Pero los demás ejemplos que podemos observar y estudiar en el mundo muestran que la idea de una ciudad donde reine la circulación en bicicleta no es una completa fantasía. La esperanza de que, por una vez, la imaginación de lo que vendrá pueda cautivar la historia presente, movilizar a la sociedad, desplazar las líneas de vida y subvertir los temores y rencores de los menos imaginativos’.

Extracto de ‘Elogio de la Bicicleta’ de Marc Augé (2008)

En la misma línea de lo que plantea este reconocido antropólogo francés, podríamos decir que un segundo factor a analizar de la ciclomecánica popular tiene que ver con el impacto socio-cultural y político. A mi parecer, no cabe duda de que los talleres configuran procesos de innovación social a escala local que favorecen los intercambios, la convivencia vecinal y presentan un escenario apto para el fortalecimiento de vínculos sociales amables y amistosos.

Esto es significativo en el sentido en que genera condiciones para un entramado comunitario más cohesivo. Los talleres populares son entonces dinamizadores del tejido social que enriquecen y posibilitan formas de vida democrática. La conjugación entre esta práctica democrática, la apropiación del espacio público que se da en los mismos y la mencionada apropiación del conocimiento por parte de les asistentes (aprendizaje que puede trasladarse fácilmente a otros ámbitos de la vida) reúne las condiciones para la politización de las personas, entendiendo a esta como el resultado final de toda práctica de Educación Popular.

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Considero esto central, ya que hemos encontrado herramientas para realizarlo en una etapa que se podría caracterizar como Capitalismo Tardío: momento en el cual el neoliberalismo es ‘moneda corriente’, donde todo –o casi todo- es convertido en mercancía y los intercambios se dan en el marco del costo-beneficio. Donde proliferan estilos de vida hiper-individualistas y el consumismo desenfrenado encarece cada vez más la sostenibilidad de los ecosistemas. Sin ánimo de ampliar demasiado en esto, está a la vista que los resultados de este modelo han sido la desigualdad social, política y económica, la injusticia, la contaminación y depredación de bienes naturales, entre otros males de nuestro tiempo.


Es ante esta realidad que nuestra actividad está aportando algo tan importante como es la posibilidad de imaginar y crear otras formas de vincularnos humanamente en relación con la urbanidad y su contexto ambiental más amplio. Esto se posibilita gracias a la calidez, el cuidado y la seguridad del espacio aportados por les talleristas populares. Desplazando así a las lógicas mercantilizadas que encontramos habitualmente en la vida cotidiana.


Finalmente, la apuesta cultural y política que se propone tiene la intensión de identificar el trabajo cultural que podría atribuirse a los talleres de ciclomecánica: nuestro ejercicio de la solidaridad. Con esto confiamos estar anunciando un escenario diferente al que hoy en día muches asumen casi como una realidad inevitable para nuestra sociedad: la insostenibilidad del sistema económico o el colapso ecosistémico.

Nuestra propuesta de profesionalizar la actividad pretende poner en juego la posibilidad de poder llevar a otros barrios de la ciudad este ejercicio de la esperanza. Por ello es que desde el Proyecto REPARATE tenemos como consigna el reconocimiento del trabajo de les talleristas populares de ciclomecánica a los fines de que estos comiencen a percibir un salario. Invitamos entonces a les compañeres a que se identifiquen y apropien de esta trayectoria para reconocerse parte de una historia que puede subvertir las formas deshumanizadas y anti-políticas de vida a las que nos han querido recluir.

Por último, quiero agradecer a todas las personas que sin esperar más que una sonrisa a cambio, mantienen viva la actividad en Córdoba desde el 2012 en los diferentes talleres. Salud y Bicicletas.

Fuente: La tinta

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Entrevista a Alba Carosio: El patriarcado es tan astuto como el capitalismo

Por: Raúl Cazal

Alba Carosio es militante feminista desde los años sesenta. Practicó un feminismo comprometido con las luchas populares y con las mujeres más pobres y excluidas. Sin embargo, está consciente de que su alcance era limitado, hasta que llegó Hugo Chávez a la Presidencia de la República:

Las luchas de las mujeres por sus derechos preexistían a la llegada de Chávez, aunque no hay que negar que él le dio un impulso y apoyó esas luchas. Hay compañeras que afirman que lo hizo porque fue educado por mujeres a las que quería mucho y valoraba el esfuerzo que hacen las mujeres por la subsistencia en la sociedad, sobre todo las mujeres jóvenes. No hay que restarle importancia a este aspecto porque implica la dimensión de la humanidad. Comprendió la justicia de las luchas, porque una sociedad para que se pueda transformar tiene que superar esa relación primigenia que se establece, porque todas y todos tenemos madres, familia.

Si hay explotación y derechos cercenados de las mujeres en ese núcleo primigenio en el cual nos educamos y crecemos, entonces hay una idea de que el mundo es injusto y que eso no se puede cambiar, que se traslada a la adultez y a la vida social. Él lo entendió y es una idea que viene desde la Revolución Francesa, pasando por los anarquistas, las primaveras de los pueblos del siglo XIX y las revoluciones en nuestra región, que entiende que es necesaria la emancipación de la mujer para que la sociedad sea verdaderamente igualitaria, para que todas y todos seamos completamente iguales en derechos, pero que también se respete la diversidad.

Es doctora en Ciencias Sociales, profesora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela e investigadora en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg). Actualmente es coordinadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano CLACSO “Feminismos, resistencias y emancipación” y es directora de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer.

Sostiene que con la Revolución Bolivariana se llegó a lugares muy recónditos con la iniciativa de los Puntos de Encuentros que impulsó el Instituto Nacional de la Mujer y la Red de Usuarias de BanMujer (Banco de Desarrollo de la Mujer), antes de la creación del Ministerio del Poder Popular de la Mujer y la Igualdad de Género. Estas iniciativas recogieron información sobre la exclusión y la violencia contra las mujeres; los derechos y la igualdad de género para la transformación de la sociedad.

—¿Ha descendido la violencia contra la mujer en estas dos últimas décadas?

—No, a pesar del impulso y el apoyo a las luchas de las mujeres. Lo que se diferencia es que ahora es visible. Las historias antes no se veían, ni siquiera se contaban. Esto no sólo sucede en Venezuela, sino en América Latina y en diferentes partes del mundo. La incorporación de las mujeres a la vida social en general, tanto en lo económico como en lo político, también trae resistencia a que las mujeres tengan participación en estos espacios, es un factor que incide en la violencia.

La administración de justicia ha tenido un concepto muy patriarcal, que se debe transformar poco a poco. No se da de un día para otro. Y en este último año, tiene que ver con el confinamiento por la pandemia de Covid-19. Las Naciones Unidas ha informado que la violencia ha aumentado y en algunas partes se ha duplicado la violencia contra las mujeres. En Venezuela, que se registraba un centenar de casos graves y que algunos terminaban en muertes, se ha triplicado al año. Esto sin contar los casos que se han generado por la migración que ponen a la mujer en situación de vulnerabilidad.

—¿El confinamiento es una causa de la violencia?

No es una causa, pero sí una condición agravante. Es como la pobreza. No es igual el caso de una mujer que es víctima de violencia con su pareja y tiene facilidad de salir a la casa de un familiar, a buscar alternativas en la calle y otra cosa es estar más tiempo en la casa. No sólo con su pareja, sino con todos los miembros de la familia, en espacio reducido y con la angustia que produce la situación de la pandemia. La causa es el machismo, y la situación que ha provocado la pandemia, lo agrava.

Se dice que la violencia de género existe en todas las clases sociales, pero es muchísimo más grave en los sectores con menos recursos. Por ello se han creado en el mundo Casas de Acogidas en donde las mujeres se pueden refugiar cuando los niveles de violencia son muy altos y no tienen otro lugar a donde ir.

—¿En qué podría contribuir la legislación en materia comunal para transformar las condiciones de la vida de la mujer venezolana?

—No he leído los proyectos que están discutiendo en estos momentos, pero en principio hay que ser realistas con la legislación comunal. Los seres humanos, tanto hombres como mujeres no somos ángeles ni demonios. Tenemos momentos de mucha solidaridad y de amor al prójimo, pero también hay momentos de violencia, agresión, etc. Eso hay que verlo de frente, porque a veces puede considerarse que se crea una comuna y todos se comportan socialmente maravillosamente bien. La solidaridad, la generosidad tiene sus fases. A veces esta desaparece.

En el caso específico de Venezuela, hay muchas redes comunitarias que básicamente son las mujeres quienes la llevan adelante. Por ejemplo, el 80 por ciento de los Clap y los consejos comunales, en su mayoría, son organizados por mujeres. Hay que pensar su participación en las comunas, no sólo para que ellas hagan el trabajo sino para generar sistemas que apoyen la vida de la familia.

A nivel comunal debería haber sistemas de cuidados porque una sociedad socialista debe cuidar a sus miembros, empezando por aquellos que son más vulnerables o quienes más lo necesitan, como los que tienen alguna discapacidad o los ancianos, cuya atención generalmente queda a cargo de las mujeres de la familia y terminan agotadas de tanto trabajar.

Lo mismo sucede con el cuidado infantil, porque para tener iniciativas productivas es necesario tener mucha energía y tiempo disponible. Para la crianza y cuidado de los niños es necesario los niveles de socialización como las casas de cuidado diario, los Simoncitos y contar con el apoyo a las tantas tareas que tiene la mujer en la familia. Aleksándra Kolontái lo planteó muy bien en la revolución rusa, desarrolló un programa de alimentos que llamaban los “prepreparados” que aliviaban a las mujeres de la carga doméstica fuerte y que permitía liberar las energías para la producción.

—“Hace falta todo un pueblo para criar a un niño”, como reza el dicho popular.

—Tiene que haber corresponsabilidad entre los géneros, entre adultos, niños y jóvenes, entre las familias en la comunidad y con el Estado que es quien debe fortalecer los servicios como el agua, la electricidad, etc., que permiten desarrollar el trabajo. En pocas palabras, debe existir corresponsabilidad individual, familiar, comunal y estatal.

—Existe una sobreexplotación hacia la mujer al tener que ser trabajadora, esposa, madre, líder de la comunidad. ¿Se ha entendido esa corresponsabilidad en Venezuela para crear una sociedad de iguales?

—Faltan muchos caminos por transitar. Existieron iniciativas importantes como las Casa de Alimentación que paliaban situaciones de necesidad alimentaria y para que las mujeres se liberaran de esa carga doméstica y pudieran realizar otro tipo de actividad productiva. La situación económica, el bloqueo, tantas circunstancias, hicieron que estas mermaran. La mujer popular actualmente está sumamente exigida porque tiene tres jornadas de trabajo: la que realiza en el hogar; en el trabajo remunerado, que por la pandemia tienen que asistir a los lugares laborales con dificultades mayores; y luego, en la comunidad. Las complicaciones mayores las tienen hijos pequeños y adultos mayores a su cargo. Si ellas tuvieran el apoyo ayudarían al desarrollo económico del país.

—¿Podemos considerar violencia contra la mujer tanta carga?

—Es una violencia laboral.

—Es una sobreocupación.

—Claro. Primero que nada, encontramos la división del trabajo en donde deciden que unos trabajos son de mujeres y otros son de hombres, que es una división artificial. Todos podemos hacer las tareas indispensables para la reproducción social. Las mujeres generalmente están al doble de su capacidad física y emocional.

Uno de los hallazgos que podríamos decir de un estudio reciente es que desde el punto de vista emocional muchas se sienten cercadas por la cantidad enorme de actividades que realizan que no cesan nunca. Que cuando terminan una actividad, comienzan con otra inmediatamente. Que se agudiza en hogares que tienen precariedades económicas para conseguir alimentos, de vivienda, servicios, que es un tipo de violencia económica y laboral contra la mujer.

—La mujer pobre especialmente.

—Mujeres pobres que tienen que atender en las cajas de los supermercados, en puestos de comidas, en los aseos de los establecimientos, en los centros de salud… mujeres que están expuestas a contagiarse y están físicamente agotadas.

—La “e” excluye a la mujer

—Las redes digitales han impactado en los nuevos códigos del lenguaje. Pretendiendo ser inclusivo con la diversidad sexual, intentan desplazar al género femenino después que con la Constitución Bolivariana se logró igualar los géneros al ser nombrados: las y los, presidentas y presidentes, etc. Carosio, sin titubear, considera que “se vuelve a excluir a la mujer”.

—Vuelven a desaparecer las mujeres en el lenguaje.

—El castellano proviene del siglo X. El libro fundador de la lengua española es el Cid Campeador, mientras que El Quijote de la Mancha es de 1605. Tenemos muchos siglos escuchando hablar exclusivamente en masculino y obviando que existan mujeres.

El lenguaje inclusivo de género es de 1999 con la Constitución, es decir, de hace apenas 20 años. Y dos décadas no pueden ir contra siglos, el machismo y el patriarcado es tan astuto… es como el capitalismo, le da una gran vuelta que hasta lo pone atractivo e “incluyen” la diversidad sexual. Ahora, en vez de decir “todas y todos”, dicen “todes”, que no es ni hombre ni mujer sino nada. Las feministas, por lo menos la línea a la que pertenezco, queremos seguir siendo mujeres y compartir con los hombres y queremos tener nuestras diferencias porque sexualmente somos diferentes. Es una belleza la diversidad de la vida, de la relación incluso romántica.

—¿Cuál es la estrategia?

—El patriarcado tiene más siglos dominando que el propio capital, y su estrategia es que te hace parecer lindo, bello y bueno, cosas que al final te hacen daño. Los video clips que transmiten por YouTube ahora son tan agresivos contra las mujeres y las personas pobres que plantean un submundo del barrio, mezclando lo delictivo con lo agresivo, utilización de armas como símbolo sexual, imponiendo la dominación, romantizando la desvalorización. Por supuesto, con un solo cantante masculino con cuatro o cinco mujeres aparentemente relacionadas sexualmente con él, complaciendo de alguna manera la valoración del dinero conseguido con violencia y a través del dinero se consigue a las mujeres. Eso te lo presentan empaquetado como algo muy bueno y deseable.

—En el capitalismo el sexo y la violencia son sus armas de venta.

—La venta de la sexualidad a través de la fotografía y las diferentes formas de la pornografía son negocios. Primero, son las armas; segundo, las drogas; y tercero, la sexualidad. Incluso hay algunas redes sociales que se presentan como alternativas económicas para mujeres. Es toda una industria del capitalismo y a algunas muchachas te lo hacen parecer deseable porque en eso consiste el axioma publicitario, en “transformar una necesidad en deseo”.

—¿Cuál es tu mayor preocupación del futuro de las niñas y las mujeres?

—En este momento, tanto para Venezuela como América Latina, es la transformación de la sexualidad en una que sea placentera pero afectiva. En el año 2017, que es la última cifra que tengo, nacieron en Venezuela 5.200 niños y niñas de otras niñas menores de 14 años. Toda esa reproducción humana es violenta, porque no podríamos decir que una niña está en condiciones de ser madre. Las feministas tenemos una consigna: “Niñas, no madres”. Si ser madre para cualquier mujer es una enorme responsabilidad, imagínate para una criatura.

América Latina en general y Venezuela en particular, tiene esa problemática muy aguda, por no hablar de las de 15 a 19 años, que es muchísimo más alta, nacen alrededor de 120 mil niños y niñas. En edades en donde hay graves dificultades para ser madres, tanto económicas como emocional y física, están muy relacionados con la pobreza, falta de expectativas, dificultades educativas y la violencia. Es importante trabajar la desigualdad para que eso no ocurra, con cambios culturales que promueva la igualdad real, la que viene desde el corazón. No porque lo impusieron o manipularon por un slogan.

—¿A qué se debe que en Venezuela no existen prácticamente manifestaciones públicas por la legalización del aborto, mientras que en otros países son multitudinarias?

—Se debe al nivel de maduración y análisis social que todavía no hemos llegado. Todavía existe bastante desconocimiento sobre la biología. Es decir, todavía sigue existiendo la idea de que cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, inmediatamente después del acto sexual, ya se tiene un ser humano, cosa que no es así.

El embarazo pasa por diferentes etapas al que se le desconoce, por ejemplo, que en las primeras 16 semanas no tenemos ningún ser humano. Se han planteado diferentes versiones a lo que sería interrumpir ese embarazo en donde han trabajado los grupos pro vida que ensombrecen todo lo que sería el conocimiento biológico de ese proceso. Pero lo que tenemos que entender las mujeres, es que nuestro cuerpo, es nuestro, de nadie más.

—¿Por qué la mujer cuando es víctima termina siendo enjuiciada?

—Todavía tenemos un Código Penal que es de 1936, en el que se han reformado algunos aspectos, pero el de la mujer, no, y ya vamos para un siglo. Es como si en todo este tiempo no hubiera cambiado nada, que las mujeres no tienen derecho a su propio cuerpo en el ejercicio de la sexualidad y si se portan mal, tienen como castigo el embarazo. Si no aceptan el castigo divino e interrumpen el embarazo pueden ir presas. La sexualidad sigue siendo un tabú y al mismo tiempo es comercializada como pornografía. Tenemos mucho que reflexionar sobre lo que implica la dignidad humana en el ejercicio de la sexualidad.

—¿Con estas reflexiones consideras que va a impulsar las movilizaciones?

—Estamos trabajando para que estas reflexiones lleguen a los lugares más recónditos. Pero también las influencias de los prejuicios religiosos que se impusieron en las comunidades más empobrecidas hacen la tarea en contra.

—¿En los movimientos feministas se reflexionan sobre el género y la clase?

—Nora Castañeda nos decía que debíamos analizar desde el enfoque de género, clase y etnia. En la teoría y la práctica feminista tenemos un enfoque interseccional que cruza las opresiones. Es decir, hablamos de la opresión de género junto con la de clase, etnia, territorio, edad, porque nosotras sabemos que no es lo mismo el tipo de opresión que sufre una mujer de clase media o alta y blanca, a lo que sufre una mujer indígena, que vive en un asentamiento precario y en condiciones de pobreza.

El género, es decir, la condición de la mujer, favorece la pobreza por un fenómeno que se llama la feminización de la pobreza. En el último censo en Venezuela arrojó como resultado que el 40 % de los hogares era matrifocales en donde las responsables de la manutención del grupo familiar era mujeres solas. Pero si vamos a los sectores más populares, encontramos que esa proporción es aún mayor, se estima que hasta un 60 % son mantenidos por mujeres. Allí se encuentra la relación indisoluble entre la opresión de género y de clase. Si eliminamos la opresión del género, seguramente vamos a contribuir con la equidad de clase, y viceversa.

Fuente e imagen:  https://portalalba.org/el-patriarcado-es-tan-astuto-como-el-capitalismo/

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Perú: Minedu organiza el IV Congreso de Educación Inicial

Por: Andina.pe

Empezó hoy, y forma parte de las celebraciones por los 90 años del primer jardín de infancia en el Perú

En el marco de las celebraciones por los 90 años del primer jardín de infancia en el Perú, fundado por las hermanas Emilia y Victoria Barcia Boniffatti, el Ministerio de Educación (Minedu) organiza el IV Congreso de Educación Inicial, a fin reflexionar sobre la importancia del desarrollo integral de los niños y niñas durante los primeros años de vida.

La educación inicial comprende los dos primeros ciclos de la Educación Básica regular, y provee a los niños entornos y relaciones de calidad que contribuyen a desarrollar su potencial de manera pertinente y equitativa, para lograr aprendizajes que le servirán toda su vida.
Los especialistas consideran que los niños y niñas que experimentaron un mejor desarrollo de lenguaje, cognitivo, motor y socioemocional, mediante servicios de cuidado y educación durante la primera infancia, obtienen mejores resultados en su trayectoria académica y mejores condiciones de vida en la edad adulta.

La primera infancia 

La directora de Educación Inicial del Minedu, Úrsula Luna Victoria, refiere que “todo lo que somos, de una u otra forma, se determina durante la primera infancia, por lo que renovamos nuestro compromiso para brindarles a los bebes y niños, en el contexto actual, un acceso adecuado a un servicio educativo de calidad, como es su derecho”.
En el cuarto congreso denominado “90 años de Aprendizaje: seguimos construyendo la educación inicial que queremos”, habrá ponencias sobre la historia del primer jardín público, el reconocimiento y expansión de prácticas comunitarias para la infancia y la equidad, el fortalecimiento de la institucionalidad de la educación inicial, y sobre los retos y desafíos para la inclusión y el retorno a la presencialidad.
Puede leer:

¿Por qué es importante la educación inicial?
El IV Congreso de Educación Inicial empezó esta mañana y está programado hasta el 29 de mayo. Contará con la presencia de Erika Dunkelberg, fundadora de EYD Asociación Educación y Desarrollo; Andrea Portugal, ex directora del programa nacional Cuna Más; Armida Lizárraga, directora ejecutiva de Luminario, Maribel Cormack y Emma Aguirre, coordinadora del Grupo impulsor de la Educación Inicial, entre otros especialistas en primera infancia.

Más en Andina:

https://andina.pe/agencia/noticia-minedu-organiza-iv-congreso-educacion-inicial-846611.aspx
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De la muerte de la política a la política de la muerte

Por: Emir Sader
Los orígenes de la catástrofe humanitaria que vive Brasil se pueden rastrear en nuestra historia. Podríamos buscarlos en la marca más profunda de nuestro tipo de sociedad: las desigualdades sociales, de las que somos campeones en América Latina, a su vez el continente más desigual del mundo.

Podrían buscarse más recientemente, cuando el Partido de los Trabajadores (PT) emergió en la política brasileña y, más específicamente, cuando las candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva comenzaron a acechar a las élites brasileñas. O, cuando el PT realizó los mejores gobiernos de la historia de Brasil, atacando, por primera vez de manera frontal y prioritaria, las desigualdades sociales en nuestro país.

O, incluso más recientemente, en la reacción de la derecha al éxito de estos gobiernos. Sin poder condenar al PT y a sus gobiernos, aclamados por la mayoría de los brasileños por sucesivas victorias electorales, tendría que atacar furtivamente al PT, tratando de vincularlo a la corrupción y atacar la política, la misma que, a través de la democracia, había permitido que Brasil tuviera los mejores gobiernos de su historia.

Precisamente los vinculados a la peor política –medios de comunicación, grandes empresarios, partidos tradicionales, líderes autoritarios como Jair Bolsonaro, entre otros– se enfocaron en descalificar la política. Un tema que siempre atrae a los más despolitizados, entre ellos, a los jóvenes de clase media, recién llegados a la política, incluso al condenar el aumento de los boletos de autobús.

¿Qué manera más fácil que decir que todos los políticos y todos los partidos son iguales? Quienes protagonizaron esta pantomima fueron los mejores ejemplos de la peor política y los más corruptos. Baste decir que el paso de Bolsonaro de un político despreciable, a líder de esta ola, se hizo a través del mejor ejemplo del peor político y la familia más corrupta.

Esta supuesta sentencia de muerte de la política terminó, por este sinuoso mecanismo, desembocando en un gobierno que practica la política de muerte. La política no sólo no murió, también se desdobló en el peor tipo de política: la que niega la democracia, la que atenta contra los derechos de todos, la que predica la violencia como forma de enfrentar los conflictos, la que hace la apología de la dictadura militar y la tortura, que pide la desaparición de los enemigos.

Se instaló un gobierno que, de diferentes maneras, es un gobierno de política de muerte. Muerte por la absoluta despreocupación por proteger la vida de las personas frente a la pandemia, con su negatividad en relación con el propio virus. Que, por el contrario, se burla de las formas de aislamiento, el uso de máscaras, la restricción del movimiento de personas.

A quien no le importa ni tiene ningún tipo de solidaridad con las víctimas de la violencia policial, a la que alienta, descalificando a las víctimas ensalzando la heroicidad de los verdugos. Predicar el uso de la policía y, si pudiera, de las propias fuerzas armadas, de todos los órganos que basan su acción en la violencia y la falta de respeto a los derechos de las personas.

Un gobierno que personifica la muerte, la lucha contra la vida, fue el resultado de la lucha contra la política, por la muerte de la política. De tal manera que la lucha por la vida es la lucha contra el gobierno de Bolsonaro. Y la lucha contra el gobierno de Bolsonaro es la lucha por la vida.

La democracia requiere el rescate de la política, como actividad de defensa de los intereses públicos, desde la convivencia de diferentes posiciones y puntos de vista. El final de la política es la dictadura, es la victoria del pensamiento único, es la ausencia total de la diversidad, del debate, de la convivencia de todos. La lucha contra la política resultó en la catástrofe que vivimos hoy en Brasil.

https://www.jornada.com.mx/2021/05/26/opinion/020a2pol

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