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Exigimos que aparezca con vida la hija de 14 años de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, presos políticos paraguayos

EL ESTADO PARAGUAYO PERSIGUE Y SE ENSAÑA CON LOS HIJOS E HIJAS DE LOS COMBATIENTES DEL EPP.
Como ya informáramos, Laura, la hermana de Carmen Villalba, prisionera hace 17 años, viajó al Paraguay junto a su hija María Carmen y su sobrina Lilian. Ambas de 11 años, ambas argentinas.
Las niñas querían conocer a sus padres, luchadores campesinos.
Las niñas fueron emboscadas, torturadas y ejecutadas fingiendo un combate con el EPP que jamás existió.
Laura, golpeadísima por el asesinato de su hija y su sobrina, quedó atrapada en Paraguay sin poder regresar a la Argentina donde vivía, trabajaba y estudiaba.  Y junto a ella quedó también atrapada Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años. Le dicen «Licha» o «Lichita».
Empezaron a ser buscadas intensamente por el Ejército y el Gobierno Paraguayo.
La estrategia del gobierno paraguayo es clara: su inteligencia militar, con apoyo de los yanquis, israelíes y colombianos, detectó que en el verano pasado varios niños residentes en Argentina cruzaron a visitar a sus padres –sea que estén en el monte o presos–  y pretendieron obtener una superioridad en la lucha contra el EPP golpeando “donde duele”: golpeando sobre los niños.
Eso obligaba a los padres (luchadores) a tener que moverse de otra forma y en desventaja, considerando el peligro que pesaba sobre sus hijos.
Por esa razón estaban escondidas una de las hijas mellizas de la prisionera Carmen –Lichita, nacida en cautiverio– y Laura Villalba, su tía.
Hace aproximadamente 25 días, un poblador de la zona vio como un grupo de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (la FTC) se llevaron a Lichita. También se vio operar a algunos civiles.
El 23 de diciembre, mientras tanto, Laura Villalba fue capturada por la FTC.
Posteriormente Laura fue «blanqueada» y apareció con vida.
Se encuentra detenida y acusada de ser un «elemento logístico» fundamental para la «organización terrorista», siendo que hasta el año pasado ella llevaba más de diez años viviendo en Argentina con su familia. Aquí han nacido y aquí viven todos sus hijitos.
Lo cierto en que no hay noticias de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años, hija de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo condenado a perpetua.
Estamos ante un típico caso de Desaparición Forzada por parte del Estado paraguayo.
Ya vimos cómo trata el Estado paraguayo, sea el gobierno que fuere, a sus propios niños y niñas; y en especial a los hijos e hijas de los luchadores contra los latifundistas, a quienes todos los gobiernos han protegido con las FFAA.
Los familiares de los combatientes y luchadores son la mayoría de las veces civiles, como lo eran en Argentina.
Y en Paraguay, como en la Argentina de los 70, los Estados, sean civiles o militares recurren a la táctica de perseguir y ejecutar a los familiares. Como lo hicieron en septiembre con las dos niñas de 11 años.
Como lo hicieron hace varios años con Néstor, otro hijo de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, asesinado a sus 14 años.
¡Que el Gobierno y las Fuerzas Armadas paraguayas entreguen con vida a Carmen Elizabeth, de 14 años!
La Gremial de Abogados y Abogadas no dejará instancia por presentarse, nacional e internacional para que aparezca con vida la niña.
Pedimos y rogamos a los colectivos de Abogados y Organizaciones de DDHH de Argentina, Paraguay y Nuestra América que se pronuncien; que presionen al Gobierno Paraguayo.
Les pedimos encarecidamente, y con respeto, a los cientos de organizaciones oficialistas o ligadas directa o indirectamente al Gobierno Argentino que se pronuncien.
Que se dirijan al Estado Paraguayo.
Lo mismo les pedimos a las izquierdas argentinas, paraguayas y latinoamericanas.
Pedimos al Gobierno Argentino (que tanto y tan bien nos acompañó con las muertes de las niñas de 11 años asesinadas), que no calle, que no cierren los ojos, que se pronuncien.
No dejemos que pase desapercibida la desaparición de una niña de 14 años que aún puede estar con vida.
Les pedimos a los distintos medios de prensa que busquen, pidan explicaciones y difundan la situación.
Y en particular, y muy especialmente, le pedimos al Presidente argentino Dr. Fernández y al canciller argentino Ingeniero Felipe Solá que reclamen duramente al Estado Paraguayo sobre el paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, niña paraguaya residente desde hace muchos años en Argentina, alumna de secundario en Puerto Rico, localidad de nuestra provincia de Misiones.
Eso mismo les pedimos a los gobiernos antiimperialistas de Nuestra América.
Le pedimos al Jefe de la Iglesia Católica y a los Obispos de Argentina, Paraguay y el resto de Nuestra América que no dejen pasar un día sin reclamar.
Los gobiernos y la Iglesia pueden hacerlo si quieren, no tienen impedimentos políticos ni diplomáticos.
Sólo tienen que tener la voluntad política, la decisión y la integridad de hacerlo
Les pedimos con humildad, les rogamos, que no consideren las metodologías de luchas de los pueblos y sus organizaciones para dar o abstenerse de dar solidaridad.
La Gremial de Abogados y Abogadas tendrá muy en cuenta las actitudes y solidaridades. Como hoy reconocemos abiertamente lo que el Gobierno Argentino hizo por las niñas asesinadas.
El silencio será complicidad con lo que ocurra. Y la Gremial jamás olvidará las actitudes de silencio o de mirar para otro lado.
Busquemos los teléfonos, los mails y las direcciones de funcionarios paraguayos, de dirigentes, de jueces y fiscales y saturémoslos con peticiones y reclamos.
Estamos a tiempo de salvar la vida de esa niña de 14 años, hagamos lo imposible para lograrlo.
Carmen Villalba tuvo a sus mellizas en cautiverio como se aprecia en la foto donde la trasladan junto a sus bebes recién nacidas.
Evitemos que ocurra lo que tantas veces ocurrió en la Argentina y en toda Nuestra América.
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Uruguay, otro de los países de la región que sigue sin elegir una vacuna contra la COVID-19

El presidente del país asegura que no quiere “especular” y hará la pública la decisión “en el menor tiempo posible”.

Uruguay todavía mantiene la incertidumbre respecto a cuál será la vacuna que utilizará el país para combatir la pandemia de la COVID-19, en un momento en el que ya varios países de la región han hecho pública su decisión.

En contrapartida a lo que ocurre con sus vecinos, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo durante su última rueda de prensa, el 16 de diciembre, que Uruguay busca «la mejor vacuna en el menor tiempo posible» y que, de momento, no hay ninguna descartada.

«Las novedades son medianamente positivasCuando tengamos un dato específico y digamos ‘tal vacuna, tantas dosis para tanta cantidad de población’ lo anunciaremos. Lo otro sería especular«, indicó en aquella comparecencia en la Torre Ejecutiva.

Pese a los intentos de Efe por contactar, este miércoles, con científicos, expertos y miembros del Ministerio de Salud Pública (MSP), todos declinaron hablar y remitieron a las autoridades máximas -como el ministro, Daniel Salinas- para que sean ellas quienes hablen públicamente.

Esto ocurre en la misma jornada en que el semanario local Búsqueda informó de que el coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del MSP, Franco Alaggia, habría sido cesado por Lacalle Pou después de que aquel rechazara, sin consultar, la vacuna de Pfizer.

Según la publicación, el coordinador envió un correo electrónico de manera «unilateral e inconclusa» a los representantes del laboratorio para informarles de que el país suramericano no estaba interesado en su vacuna.

La comunicación de Alaggia habría sido en noviembre y, según explicó el semanario, se habría tratado de un evento «desafortunado», aunque esto no impidió que el presidente lo cesara del cargo.

Fuentes de Presidencia y del MSP consultadas por Efe expresaron que las autoridades no harían aclaración alguna sobre este episodio.

Aunque todavía no se sepa qué opción será la que el Gobierno decida utilizar, la prensa local estima que la preferida de las autoridades sería efectivamente Pfizer y sostiene que estudian las mejores opciones para la refrigeración que se necesita.

Por otra parte, Uruguay ya está suscrito a un acuerdo entre varios países en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para un ‘pool’ de compra con el fin de acceder rápidamente a unas 750.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 para inmunizar al 20 % de su población.

Una excepción en la región

Aunque Uruguay estuvo durante varios meses un paso por delante de sus vecinos debido al control de la pandemia y a los pocos casos registrados, lo cierto es que en las últimas semanas aumentó el índice de positividad y, en lo que se refiere a la vacunación, permanece por detrás.

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas partió este martes rumbo a Rusia para llevar al país la Sputnik V y, además, el Gobierno argentino anunció que en los próximos meses también adquirirá la Pfizer.

Chile, por su parte, será el primer país de Latinoamérica en aplicar la vacuna a su población -también optó por la Pfizer– mientras que Brasil cuenta con la vacuna china Sinovac.

Otros países como Colombia o Ecuador también han optado por Pfizer mientras que Venezuela iría por Sputnik V.

Sin embargo, Uruguay sigue deliberando y manejando opciones, aunque las autoridades dicen que en breve habrá un veredicto, como sostuvo el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, quien declaró este miércoles a radio Sarandí que ya está «la luz al final del túnel» con la vacuna.

Desde que el pasado 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay, el país suramericano acumula 14.001 casos positivos (4.754 activos, 59 de ellos en cuidados intensivos) y 120 fallecidos.

 Fuente: https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/uruguay-otro-de-los-paises-de-la-region-que-sigue-sin-elegir-una-vacuna-contra-la-covid-19-noticia-1311440

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Más del 60% de los venezolanos menores de 17 años que vive en Perú no va a la escuela

Un informe de Unesco reporta que solo el 1% de jóvenes migrantes tiene acceso a educación superior en el país sudamericano.

Un informe de la Unesco revela que más del 60% de venezolanos en edad escolar no está matriculado en Perú, el país con más solicitudes de refugio de venezolanos en el mundo, cuyo Gobierno impulsó una política migratoria que facilitó el ingreso en 2017 y 2018, pero que endureció el año pasado, al imponer una visa para personas de esa nacionalidad. Tomando como cifras de 2018, el estudio Derecho a la educación bajo presiónde la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de Unesco, muestra que de los venezolanos que han conseguido ingresar, el 68% manifestó como su mayor preocupación alimentación, mientras que el acceso a la educación aparece en décimo lugar.

Un 74% de los niños de la diáspora venezolana en el país andino no asiste a educación inicial, un 54% no va a primaria y un 60% no está matriculado en secundaria. Unesco señala que aunque en Lima antes de la pandemia había 339 colegios habilitados para recibir a migrantes, el Ministerio de Educación calcula que, en la capital, 37.400 venezolanos no están cubiertos por el sistema educativo.

Sin embargo, el acceso a la educación superior es mucho más complicado. Mariana termina la secundaria este mes en Lima y su madre, una migrante venezolana con empleo formal, le ha hecho notar que el dinero no alcanza para inscribirla en una academia preuniversitaria. La adolescente no sabe aún dónde buscar una opción gratis en los próximos meses para estudiar. Ella se encuentra entre el 99% de los migrantes venezolanos de 17 a 25 años que en Perú no tienen acceso a la educación superior, un problema que se ha agravado durante la pandemia.

Según la plataforma de coordinación de migrantes y refugiados de Venezuela, hasta agosto había en Perú más de un millón de venezolanos, y 394.195 peticiones de refugio de personas de esa nacionalidad. Una encuesta de OIM, Unicef y Unesco refiere que el 63% de los venezolanos consultados en un control migratorio de la frontera norte de Perú no fue admitido. Unesco indica que una parte de ellos intenta entrar de manera ilegal.

A mayo de 2020, cuando el desempleo empezó a aumentar debido al confinamiento y la pandemia del nuevo coronavirus, había 80.541 escolares venezolanos matriculados en Perú, el 88 % en colegios públicos y el 11 % en privados. El chef Rómulo Landaeta llegó a Lima con su esposa y dos hijos en 2017. “Antes de la pandemia trabajaba como mesero en un restaurante en Lima Norte, ganaba unos 340 dólares mensuales, sumando propinas; pero el establecimiento cerró. Tengo un hijo de 15 y una de cuatro años y tuve que retirar a mi hija de un colegio inicial privado”, comenta a EL PAÍS en una avenida, mientras vende tapabocas. Landaeta encontró como solución los contenidos del sistema Aprendo en casa y él mismo revisaba las tareas de su hija.

El informe de Unesco, basado en 69 documentos y las opiniones de funcionarios del ministerio de Educación de Perú, especialistas y representantes de la sociedad civil, abarca la realidad educativa desde enero de 2017 hasta febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia en el sector.

Estrategia diferenciada

Unesco destaca la necesidad de ampliar a otras regiones del país el programa Lima aprende, que identificó escuelas que podían recibir a escolares venezolanos —evitando las que tuvieran infraestructura inadecuada— e invirtió en ellas casi cinco millones de dólares.

Angélica Zevallos, una de las funcionarias que puso en marcha Lima Aprende, indica que en el primer año —2019— abrieron 10.000 vacantes para educación inicial y primaria de escolares venezolanos, y en 2020 hubo 16.000 vacantes adicionales, incluyendo secundaria.

Zeballos explica que el financiamiento, además del pago a los profesores y auxiliares, incluyó el personal de limpieza y guardianía, y los gastos de luz, agua y material educativo. El presupuesto cubrió también el costo de diez equipos interdisciplinarios e itinerantes de convivencia escolar, cada uno integrado por dos psicólogos, un trabajador social y un docente, anota la especialista. Con ellos trabajaban para lograr escuelas interculturales e inclusivas.

Desde 2013, el Ministerio de Educación peruano registra denuncias de acoso escolar en la web Sí se ve, que clasifica agresiones psicológicas, físicas o sexuales, precisa en qué distrito ocurrieron, quién fue el agresor y el “motivo”. En las estadísticas hasta noviembre pasado, cientos de casos de agresión tuvieron como causa “el lugar de origen del escolar”; en 49 de ellos, la violencia, humillación o discriminación ocurre “por ser de otro país”, y en muchas ocasiones, el agresor es el personal del colegio.

Lima Aprende capacitó a docentes y directores de las 120 escuelas con mayor población extranjera de la capital en prácticas de autocuidado, resolución de conflictos y prevención de la violencia y discriminación, comentó Zevallos. “Para ello se consideró la información recogida en la plataforma Sí se ve sobre casos reportados de violencia escolar”, agrega.

La funcionaria informó a Unesco que el trabajo de los equipos itinerantes de convivencia escolar en las escuelas fue muy valorado por los directores y docentes, pero no pudieron continuar en 2020, debido a recortes presupuestarios originados por la pandemia.

Unesco consultó al ministerio de Educación, como complemento al reporte, sobre las variaciones en la matrícula por causa de la crisis sanitaria y económica. Aunque el año escolar empieza en Perú en marzo, en mayo el sistema educativo público reabrió la matrícula para los niños que tuvieron que abandonar las escuelas privadas por razones económicas. Recibió entonces 110.000 nuevos escolares en el sistema público, de los cuales más de 4.000 eran de niños, niñas y adolescentes extranjeros, destaca Zevallos.

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Clemencia Herrera: soñar con la universidad indígena para la Amazonía

  • María Clemencia Herrera Nemerayema es la fundadora de la Escuela de Formación Política para los indígenas amazónicos, espacio en el que se preparan para proteger el territorio. Su sueño es montar la universidad intercultural en el corazón de la selva.
  • Este año, la líder indígena ganó el Premio Bartolomé de las Casas por su trabajo en la defensa de los territorios, a partir de la recuperación de las culturas locales y del uso sostenible de los recursos amazónicos.
  • Lleva más de 30 años trabajando en empoderar a las mujeres amazónicas a través de la educación. María Clemencia es la fundadora de la corporación Mujer, Tejer y Saberes, donde las indígenas desplazadas, radicadas en Bogotá, Colombia, ponen sus conocimientos en práctica para generar ingresos.

María Clemencia Herrera Nemerayema no le dieron diploma cuando terminó la primaria en el internado Santa Teresita del Niño Jesús del municipio de La Chorrera, Amazonas, al sur de Colombia. En su graduación un cura le regaló una biblia y un cristo crucificado. “Esto para que algún día se convierta”, le dijo a esa niña de apenas 15 años que se negó a olvidar su lengua materna Uitoto minika y que en cada clase hacía hasta lo imposible para recordarle a sus compañeros cómo era su cultura, qué eran las chagras —los espacios de cultivo—, cómo eran las comunidades de su territorio y cuál era el papel de las mujeres indígenas amazónicas. Cuando Herrera recuerda esa frase, le causa risa y, tal vez, un poco de curiosidad. No entiende por qué los curas y monjas que llegaron a imponer la religión y la educación occidental en ese territorio indomable, insistían tanto en satanizar la cultura indígena.

Ella no fue rebelde, solo se opuso al olvido de lo propio.

— ¿Ahí empezó su liderazgo? —le pregunto.

— Yo no sabía que eso era un inicio de liderazgo —responde—. Simplemente que para mí no existía otra cosa que los pueblos indígenas que me rodeaban.

Perfil María Clemencia Herera
Una imagen de 1989 de Clemencia (a la derecha) en el colegio de Viotá, en Cundinamarca. Foto: Cortesía María Clemencia Herrera.

Y sí, así empezó todo. En esa pequeña escuela incrustada en el corazón de la selva, María Clemencia Herrera mostró su talante, se negó al maltrato y demostró la fuerza que tienen las mujeres amazónicas.

Ahora, con 52 años, es la mente que fundó la Escuela de Formación Política de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC), iniciativa apoyada por la Cooperación Noruega que cada año capacita a decenas de jóvenes que se forman para proteger su territorio; un modelo pedagógico propio que refuerza sus raíces, les recuerda su misión de cuidar la madre tierra y les da las herramientas para enfrentarse ante el mundo. Un espacio donde se da la misma oportunidad a hombres y a mujeres, y que graduó a 245 jóvenes con potencial de liderazgo entre 2016 y 2019.

Clemencia Herrera, del pueblo Uitoto (Muina Murui), ha sido la voz de los indígenas ante el mundo y ha ganado numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo. El más reciente ocurrió el pasado 23 de julio, cuando la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Casa América le otorgaron el Premio Bartolomé de las Casas por su labor en la defensa de los territorios, a partir de la recuperación de las culturas locales y del uso sostenible de los recursos amazónicos.

Por más halagada que se sienta, Herrera no deja que nada la desvíe de su gran sueño: crear una universidad indígena intercultural para la Amazonía. “¿Cómo lo lograré?”, se pregunta. Aún no sabe, lo único que tiene claro es que lo hará realidad, como todo lo que se ha propuesto.

Perfil María Clemencia Herrera
En el congreso de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC). Foto: Cortesía María Clemencia Herrera.

Un territorio olvidado

Por más firme y segura que suene su voz, Clemencia deja entrever cierta tristeza. Hace unos meses falleció su padre Eulogio Herrera en el municipio de La Chorrera, al sur de Colombia, su territorio de origen, a la espera de los medicamentos y los aparatos médicos que podían ayudarle a combatir el COVID-19. “Mi padre murió esperando la medicina (que llegaría) en el único vuelo que aterriza en esos territorios”, acepta con un dejo de resignación.

Clemencia Herrera no se despidió de su sabedor y guía, ese hombre uitoto que fue pieza clave en la reconstrucción de La Chorrera, después de la Fiebre del Caucho; conflicto de los países amazónicos que se dio desde 1850 hasta casi mediados de 1900, en el que casi 100 000 indígenas de las etnias uitoto, bora, andoque y ocaina, fueron convertidos en esclavos y obligados a trabajar en la extracción cauchera.

“Mis bisabuelos y abuelos fueron víctimas de este conflicto”, narra Herrera, orgullosa de que su padre, líder innato, ayudara a reconstruir ese pueblo que quedó con menos de una decena de casas y en el que ahora viven más de 3800 amazónicos. “Soy la cuarta generación de los hijos de la resistencia”, afirma con satisfacción, honrada del padre que tuvo.

La líder indígena guarda silencio, está preocupada por su territorio. En el Amazonas, de acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta el 2 de noviembre han muerto 117 personas a causa del COVID-19 y ya son más de 2900 casos confirmados con el virus. En La Chorrera —que está a hora y media en avión de Leticia, capital de ese departamento, y a un mes por río— son 14 casos confirmados y dos muertes, una es la del padre de Herrera. Para ella no es una cifra más: es el retrato del abandono en el que los tiene el Estado. Es un virus que apareció para visibilizar la pobreza del territorio por el que trabaja desde que era una niña.

Perfil María Clemencia Herrera
Imagen de 1998, cuando María Clemencia formaba parte de la directiva de la ONIC. Foto: Cortesía María Clemencia Herrera.

Antes de cumplir los 20 años, Clemencia Herrera ya asesoraba a la Confederación del Alto Amazonas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); acompañó el equipo indígena que estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991; sirvió de puente de diálogo entre las comunidades y los grupos armados ilegales que llegaban a imponer su ley; y también trabajó en el ordenamiento del resguardo Predio Putumayo, territorio de casi 6 millones de hectáreas que les fue arrebatado a los pueblos amazónicos durante la época de la Fiebre del caucho y que se les devolvió en abril de 1988, cuando el entonces presidente Virgilio Barco les dijo a los indígenas: “Por fin, la tierra que es de ustedes, es de ustedes”.

Ese territorio amazónico, que tanto ha sufrido, es por el que se esfuerza Herrera. Quiere empoderar a los indígenas, así que les ha hablado de la gobernabilidad del territorio y del valor de sus orígenes.

Clemencia Herrera
Después de impulsar la escuela de formación política, Clemencia tiene como objetivo fundar la universidad intercultural. Foto: Cortesía OPIAC.

“Somos una nación indígena. En clase les enseñamos a los jóvenes que hay más de 40 artículos de la Constitución Política que tienen que ver con sus derechos y los de sus comunidades, más los que les compete como ciudadanos. Tienen una Constitución multicultural de la que se deben apropiar”, explica Mauricio Garzón, biólogo, abogado y docente de la cátedra de Pluralismo Jurídico de la Escuela de Formación Política, espacio que empezó sus clases en 2016 y en el que les brindan las herramientas para que nadie les pase por encima.

La Escuela, respaldada por la Universidad del Rosario de Bogotá, tiene cuatro líneas de formación: territorio y biodiversidad; autonomía y participación política; derecho propio y pluralismo jurídico; y comunicación audiovisual. Sea cual sea el área que escojan los futuros líderes, saben que tendrán que aplicar sus conocimientos en el territorio y proponer un proyecto de impacto. Ese es el interés de Clemencia Herrera, que se vean como sujetos políticos que formarán parte del cambio.

Perfil María Clemencia Herrera
Día de la primera reunión de la Cooperación Noruega con la OPIAC, para la creación de la Escuela de Formación Política. Foto: Cortesía María Clemencia Herrera.

“La mujer indígena más empoderada”

En la Escuela de Formación hay un módulo enfocado a explicar el papel de la mujer indígena en los pueblos amazónicos. Allí, tanto hombres como mujeres escuchan la clase mientras tejen. No hay excepción. La lideresa uitoto insiste en rescatar el rol de las mujeres y en darles el mismo lugar que tienen los hombres. Toda una hazaña que la ha llevado a lidiar con el machismo y la oposición de muchos.

“Las mujeres tienen un rol muy importante para preservar la cultura y mi interés es que todos aprendan a valorar el trabajo que las indígenas hacemos, que haya un sentido de pertenencia y un respeto”, expresa Herrera, mientras recuerda que desde sus 15 años se propuso la meta de empoderar a las mujeres.

Es la fundadora de la corporación Mujer, Tejer y Saberes (Mutesa), espacio creado en 2004 en el que las mujeres amazónicas desplazadas, radicadas en Bogotá, ponen sus conocimientos ancestrales en práctica para generar ingresos, reforzar los valores de los pueblos originarios y evitar ser discriminadas. “Clemencia es una abanderada del tema productivo, así que las puso a trabajar en sus propias iniciativas”, cuenta Claudia Duarte, trabajadora social, amiga y compañera de trabajo de la líder indígena.

La corporación tiene un restaurante de comidas típicas, un centro de artesanías y hasta un estudio de ropa en el que construyen diseños propios que rescatan la cultura amazónica. “Construí un espacio donde las mujeres artesanas aprenden a hacer su economía propia y a generar ingresos —explica Clemencia—. Es muy importante porque ellas tienen necesidades y no cuentan con recursos”.

Perfil María Clemencia Herrera
María Clemencia con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Foto: Cortesía María Clemencia Herrera.

Todas las iniciativas están acompañadas de la formación y la educación, la herramienta más grande para generar un cambio o, por lo menos, en eso insiste Clemencia Herrera. Esa idea se reforzó desde que trabajó con las mujeres amazónicas, en el marco del Auto 092 de 2008, medida de la Corte Constitucional para la protección de los derechos de las mujeres desplazadas. Recorrió sus pueblos y confirmó que una gran mayoría de las mujeres indígenas sentían que sus derechos colectivos e individuales estaban siendo vulnerados.

Fue entonces cuando se obstinó en luchar por garantizarles el acceso a la participación política y a la educación. Allí tomó forma en su mente lo que es hoy la Escuela de Formación Política, espacio que, si bien inicialmente estaba pensado solo para mujeres, en busca de la equidad decidieron que fuera para ambos géneros. Todas las iniciativas de Clemencia Herrera han creado espacios de reflexión con los hombres y, aunque no han faltado enfrentamientos, siempre tiene la fortuna de estar acompañada de abuelos y abuelas que reconocen —cuenta Claudia Duarte— que muchas mujeres son violentadas y maltratadas.

“La mujer indígena apenas está empezando un proceso de liderazgo, pues siempre se le da la participación al hombre. Es difícil, pero la profe Clemencia nos ha enseñado que sí se puede. Es la mujer indígena más empoderada que conozco”, dice Célida Valencia, nativa del pueblo Cubeo de Vaupés que culminó su carrera como administradora de empresas y el año pasado se formó en la Escuela de Formación Política. Para esta joven, de 25 años, el reto más difícil al que se enfrentan las indígenas es estudiar sin olvidar sus raíces. “Toca encontrar un equilibrio”, reitera.

Celebración de los 25 años de la casa de conocimiento de La Chorrera, Amazonas. (2019). Foto: Cortesía María Clemencia Herrera.

Célida Valencia no sabía cómo hacerlo, pero Herrera le demostró que sí se podía. La convenció de capacitarse sin abandonar su rol para preservar la cultura y la vida, y sin dejar atrás el trabajo en las chagras, ese espacio diverso en el que las comunidades cultivan y tienen un intercambio espiritual en el que agradecen a la tierra. “El conocimiento de las mujeres indígenas se transmite a través de la chagra. De ahí brota todo lo que nos alimenta —dice Clemencia Herrera—. Es el centro de vida, es la imagen de una mujer o de un pueblo indígena amazónico”.

Entre las chagras y la selva, la lideresa uitoto pasó su infancia y adolescencia. Aún recuerda cómo sembrar las semillas y se jacta de ser una buena recolectora de frutas. Sabe que las prácticas son tumbar, quemar, sembrar y cosechar; pero recalca que sus comunidades siempre han hecho esto con respeto y que toda tierra es reforestada con árboles frutales del territorio para asegurar los alimentos de las futuras generaciones y de las especies de animales con las que conviven en ese pulmón del mundo.

“Los amazónicos nunca nos vamos y dejamos abandonado un espacio de tierra”, recalca con vehemencia, tirando pullas a los que están acorralando la selva. Solo entre enero y el 15 de abril de este año, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) registró 75 031 hectáreas desforestadas en la Amazonía. Esa cifra, en tres meses, alcanzó el 76 % del total que se deforestó en esa región durante todo 2019, cuando se perdieron 98 256 hectáreas de bosque, según el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Deforestación parque Tinigua. Así se ve la Amazonía colombiana luego de que se le prende fuego a lo deforestado. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
Así se ve la Amazonía colombiana luego de que se le prende fuego a lo deforestado. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

En defensa de la vida

María Clemencia Herrera ha logrado rodearse de un séquito que la apoya en su lucha, como Marcelo Muñoz, profesor indígena, del pueblo Tatuyo de Vaupés, que enseña un módulo sobre los territorios de origen en la escuela de formación. “En clase hablamos de lo que nos impusieron, de cómo concibe las cosas el mundo occidental y cómo lo concebimos nosotros”, dice tajante, reiterando que el principal problema de los occidentales —refiriéndose a los no indígenas— es concebir el territorio como un espacio físico del que se pueden lucrar, y no como un ser vivo “que nos alimenta y nos nutre”.

Muñoz, docente desde hace 15 años, actualmente acompaña la formulación de un modelo educativo intercultural y rural para Guaviare, departamento de la Amazonía en el que la selva se reduce a una velocidad estrepitosa. “Allá tumban bosque para poner dos vacas y decir que son ganaderos. Ese concepto hay que cambiarlo. La Amazonía está amenazada porque no conciben el territorio como un ser vivo, creen que es un ser inerte”, insiste.

Y tiene razón, según el Ideam, Guaviare es el tercer departamento del país que concentra mayor deforestación, después de Caquetá y Meta. Por eso, se necesitan líderes que promuevan un cambio para su región, que no se perviertan y que estén dispuestos a encarar lo que les pongan al frente, “como Clemencia, que lucha por preservar el pensamiento ancestral —agrega Marcelo Muñoz—. Una maestra que busca la equidad y la preservación de la vida misma”.

La líder uitoto sabe todo lo que ha conseguido, pero aún se ruboriza al escuchar tantos elogios. Reconoce, con humildad, su influencia en muchos jóvenes egresados de la Escuela de Formación que hoy se visualizan como agentes de cambio. “Yo trabajo para que ellos dialoguen con los ancianos y que no se pierdan nuestras formas de vida ni nuestras tradiciones, para que aprendan a apropiarse de la cultura y se sientan orgullosos de sus raíces”, relata Clemencia.

Perfil María Clemencia Herrera
Con los estudiantes de la Escuela de Formación Política en 2017. Foto: OPIAC.

Uno de sus pupilos es Héctor Yucuna, que logró convocar a los egresados de 2018 y 2019 para pedir a la OPIAC la creación, por primera vez en 25 años, de una coordinación de jóvenes que quieren salvar la Amazonía. Lo consiguió, y es él quien la lidera. “Haremos pronto una asamblea para hablar de lo que piensan los jóvenes en materia de salud, educación, extractivismo, participación política y cambio climático. De ahí saldrá un cronograma y un plan de trabajo”, dice convencido, recalcando que no pueden permitir que se continúen extrayendo minerales y petróleo de sus territorios. Cree que esa es su misión: “esto nos lo enseñó la líder Clemencia, un ejemplo de resistencia y de liderazgo”.

Su preocupación está bien justificada. Un informe titulado Petróleo en la Amazonía: ¿Pueblos indígenas en peligro?, de la Asociación Ambiente y Sociedad, registra que en la cuenca ubicada entre Caquetá y Putumayo existen actualmente 51 contratos para estudio técnico del área, exploración y explotación de hidrocarburos, títulos que están a cargo de 16 empresas nacionales e internacionales. Esto sin contar las áreas disponibles para ser adjudicadas. En esta cuenca ubicada en la región Amazónica, dice el documento, se produce el 2.9 % del crudo total del país. Su potencial es enorme y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) calcula que la reserva ronda los 3000 millones de barriles de petróleo.

La deforestación de bosque nativo y la falta de permisos ambientales en la construcción de la tubería habría causado daños ambientales y culturales a la comunidad Siona de San José de Wisuyá en la ribera del río Putumayo, entre Ecuador y Colombia. Foto: Amazon Frontlines.
En la ribera del río Putumayo, entre Ecuador y Colombia, se busca realizar explotación de hidrocarburos. Foto: Amazon Frontlines.

“Conozco las consecuencias de estos proyectos. He visto pueblos indígenas desplazados y sin territorio por la extracción de hidrocarburos. Seguiremos peleando con el Gobierno por las consultas previas”, agrega Yucuna. Está decidido a luchar, tal como aprendió en la Escuela de Formación Política; reconoce que no es fácil, sobre todo por los grupos armados que transitan en sus territorios y que llegan a imponer su ley. “Muchos que se han opuesto a ese negocio han sido asesinados”, lamenta. Tal vez ese sea el mayor temor. La misma María Clemencia lo reconoce y sabe que en un país como Colombia es toda una proeza ser líder ambiental o social.

Un reciente informe de Global Witness, registró el año pasado 212 defensores del ambiente asesinados en el mundo. El primer lugar, con el mayor número de homicidios lo obtuvo Colombia (64), seguido de Filipinas (43), Brasil (24), México (18) y Honduras (14). En el caso de Colombia, esa cifra significa más del doble del número de asesinatos registrados por esa organización en 2018.

Clemencia Herrera-perfil
“El conocimiento de las mujeres indígenas —resalta Clemencia— se transmite a través de la chagra”. Foto: Cortesía María Clemencia Herrera.

Una universidad incrustada en la selva

Lo que más impactó a Clemencia Herrera en su paso por el internado en el que terminó la primaria, fue ver docentes que no hablaban su lengua y que obligaban a los indígenas a vivir una vida que no les pertenecía. Se rehusó a renunciar a su cultura. Esa convicción la ha mantenido, incluso después de que las religiosas la enviaran a realizar su bachillerato en el municipio de Viotá, Cundinamarca. Ni el cambio de clima, ni el cemento que reemplazó los árboles de esa selva espesa y húmeda, la hicieron olvidar del territorio en el que creció con sus cuatro hermanos. Todo lo que aprendió en el colegio lo puso en práctica con sus comunidades y se ilusionó con crear algún día una escuela que se saliera del modelo tradicional. Y lo logró.

En la Escuela de Formación Política que fundó estuvo hasta diciembre pasado, cuando en el VII congreso de la OPIAC, que se realiza cada cuatro años, decidieron cambiar a todas las directivas. “Es el golpe más duro que ha recibido, pero estoy segura que la impulsará más”, dice Claudia Duarte. Tiene razón, a Clemencia Herrea nada la frena. Hoy, con su corporación Mutesa, esta lideresa experta en Derecho de los Pueblos Indígenas de la Universidad Carlos III, de Madrid (España), acompaña a 250 mujeres amazónicas que quieren estudiar; las impulsa para validar el bachillerato y proyectarse en continuar con su formación profesional.

Ciclo de formación de 2018. Foto: Cortesía María Clemencia Herrera.

Sabe que por ahora no seguirá en la Escuela de Formación Política, así que concentrará sus energías en seguir estudiando Derecho Propio Intercultural con la Universidad Indígena del Cauca y en sumar esfuerzos para lograr montar la universidad en el corazón de la selva, un proyecto que ya está listo en el papel. Está convencida de que la educación intercultural será la mayor arma para cuidar la Amazonía y sus pueblos.

“Clemencia tiene una capacidad de incidencia muy fuerte, es una habilidad que no tienen todos los amazónicos, y con la que seguirá logrando sus metas”, dice Claudia Duarte. La lideresa uitoto no lo niega, sabe que solo necesita un par de segundos para empezar a hablar y captar la atención de todas las personas que estén a su alrededor. Con la palabra y la “berraquera” espera seguir abriendo puertas.

— La Universidad Indígena es un hijo más. Es mi vida, es mi sueño —recalca María Clemencia Herrera.

—¿Cuándo lo logrará? —pregunto.

No sabe con precisión, lo único que tiene claro es que se hará realidad. Nadie lo duda, por algo es que “persistente” y “luchadora” son las dos palabras que más se repiten en las personas que la intentan definir.

* Imagen principal: la ilustración fue elaborada por la artista visual Marlene Solorio, pueden conocer aquí su trabajo.

Fuente: https://es.mongabay.com/2020/12/clemencia-herrera-universidad-indigena-amazonia/

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Prohibido hablar de racismo y feminismo: los profesores de las escuelas militares de Brasil denuncian censura

En febrero de 2019, el entonces comandante del Colegio Militar de Porto Alegre, en el sur de Brasil, reunió a unos 200 empleados en un auditorio escolar para anunciar que, desde ese momento, algunos temas quedaban prohibidos en el aula. Entre los temas vetados, el coronel citó explícitamente las palabras homofobia y racismo.

«Trató de minimizar su injerencia y dijo que era una orden superior de la DEPA (Dirección de Educación Preparatoria y Asistencial, Departamento del Ejército). Pero, en tono amenazante dijo que cualquiera que intentara contravenir estas normas, podría sufrir las consecuencias», relata el profesor Rafael (nombre ficticio), a Agencia Pública. La mayoría de los empleados entevistados para este reportaje prefiere mantener oculta su identidad.

Lo que sorprendió a Rafael no fue la injerencia en el contenido de las clases. El profesor, que ha trabajado en el sistema de escuelas militares durante más de diez años, dice que ya había recibido instrucciones por escrito para modificar pruebas y exámenes con temas políticos «para evitar la propaganda partidista», pero si se asombró de que se hiciera una reunión para divulgar normas que, hasta ese momento, estaban implícitas. Esta extraña situación hizo que los profesores enviaran una carta de rechazo al comandante dos semanas después de dicho episodio.

«Las cosas se han vuelto más evidentes, como por ejemplo tener una reunión con todos los profesionales de la enseñanza para decir algo que siempre se ha practicado de forma disimulada. Esto me pareció una posición de ataque más explícita. En el pasado, la persecución era más individual», analiza el profesor.

El relato de Rafael se suma a una decena de entrevistas más que Agencia Pública ha hecho a los profesores del sistema de escuelas militares en las capitales Recife, Río de Janeiro, Distrito Federal y Porto Alegre. Los educadores denunciaron «censura» e «injerencia en el contenido» de las aulas en las 14 instituciones educativas administradas por el Ejército y vistas como un modelo de enseñanza por el presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Las escuelas militares forman parte del Departamento de Educación y Cultura del Ejército (DECEX), pero no preparan para una carrera militar. Son escuelas convencionales que van desde el sexto hasta el último año de educación básica (hasta los 15 años). La mayoría de los estudiantes son hijos de militares, quienes sufren los reflejos de las obligaciones profesionales de sus padres debido a las peculiaridades de sus carreras. El resto de las vacantes se abren al público a través de concursos. El primer colegio militar se fundó en Río de Janeiro en 1889. El más reciente, ubicado en São Paulo, se inauguró este año.

La prohibición de abordar el feminismo y el género, citar programas de gobiernos anteriores, debatir la existencia del racismo en Brasil o hacer analogías con debates recientes en las noticias fueron algunos de los episodios que relataron los docentes al mencionar el aumento del conservadurismo y la influencia de los discursos del movimiento Escola Sem Partido en la administración de los colegios militares, que se mantienen con el presupuesto del Ministerio de Defensa. El movimiento Escola Sem Partido defiende el final de lo que llama «adoctrinamiento ideológico» en las escuelas y censura los debates con temas como la igualdad de género en las aulas. Además, los profesionales denunciaron presión y hostigamiento hacia los docentes que cuestionaban los planes de regresar a las clases presenciales, después de seis meses de enseñanza remota por la cuarentena, en ciudades que aún tienen un alto número de casos de COVID-19.

El profesor Antonio Araujo Jr, profesor de Biología en el Colegio Militar de Brasilia desde 2015, asegura que el proyecto pedagógico de la escuela «siempre ha simpatizado con las Fuerzas Armadas», en especial en las áreas académicas como Historia o Portugués, pero señala que ha aumentado la interferencia en el contenido enseñado, incluso ha llegado a las áreas de Cálculo y Biología. «Pensé que tenía libertad por ser profesor en un área técnica. Tenía esa idea positivista de que la ciencia es neutral. Mis clases de sexo, reproducción y sexualidad no eran controladas», señala el profesor. «La postura negacionista y anticientífica se limitaba a algunas materias en las áreas de humanidades». Los docentes entrevistados cuentan que deben entregar los exámenes que se realizarán a los estudiantes con al menos un mes de anticipación para ser analizadas.

La primera vez que Antonio vio una injerencia ideológica en una prueba que no pertenecía a humanidades fue a mediados de 2016, cuando el consejo escolar envió un equipo para volver a diseñar una evaluación de Química porque un problema contenía la fórmula de la cocaína. «Dijeron que esto podría ser entendido por los padres como un incentivo para consumir drogas o incluso para producirlas», recuerda. «En ese momento nos reímos porque era como si el comandante solo hubiera entendido ‘fórmula’ como una ‘receta’ para preparar algo. Pero no nos dimos cuenta de que ya había una especie de articulación con el principio ideológico del movimiento Escola Sem Partido, que ya empezaba a tomar fuerza».

Los casos, según el profesor, ya no son puntuales. Recuerda un tema de Biología en el que contextualizó procesos hormonales en el cuerpo humano, como la estimulación del sistema nervioso que hace que el corazón lata más rápido cuando sientes atracción y el aumento de hormonas durante el embarazo. El examen, entregado al colegio para su aprobación, fue vetado. «El consejo dijo que podría dar la impresión de que estamos enseñando a los estudiantes a enamorarse. Y la escuela estaba en contra de las citas en la adolescencia».

Vitrina conservadora

Durante las elecciones de 2018, Jair Bolsonaro, aún candidato a la presidencia, prometió en su plan de gobierno crear colegios militares en todas las capitales brasileñas en dos años. La valoración del profesor Araujo es que, a partir de ese año, el colegio militar de Brasilia se convirtió en la vitrina de una enseñanza ultraconservadora. «Por lo tanto, la escuela no podría tener características progresistas. Cualquier actividad, clase, documento y examen tenía que estar libre de cualquier cosa que se pudiera confundir con progresismo».

Entre las actividades que se eliminaron en el último año encontramos que la escuela dejó de participar en las Olimpiadas Nacionales de Historia de Brasil en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), competición que premia a escuelas públicas y privadas de todo el país. Ese año, el concurso tuvo como tema un homenaje a los «excluidos de la historia». Este anuncio fue recibido con sorpresa por educadores y estudiantes, recuerda otro profesor, Reinaldo, quien enseña historia en el Colegio Militar de Río de Janeiro. El maestro dice que algunos temas están «absolutamente prohibidos» en su asignatura. «No se puede hablar del ‘golpe de 1964’ (que estableció la dictadura militar en Brasil que duró hasta 1985), sino de la ‘revolución de 1964’. No se puede hablar de tortura y cosas así». «Siempre, en las escuelas militares, hubo presión sobre el contenido y las formas de trabajar. Esta es una constante. Siempre tenemos mucho control sobre nuestro trabajo».

Marcia, compañera de Reinaldo que enseña Portugués, dice que la posibilidad de trabajar con libros de literatura de autores contemporáneos se ha vuelto aún más limitada. A partir del año pasado la escuela adoptó una lista de libros permitidos, la mayoría de ellos clásicos. «Ya hemos solicitado otros autores, pero la respuesta de la dirección es que no se justifica la inclusión de ningún otro libro en esa lista. Entonces, si aparece un nuevo libro en este momento, no podremos trabajar con él».

Según ella, los temas que aparecieron en el Examen Nacional de Bachillerato (ENEM), que evalúa el desempeño académico de los estudiantes al finalizar la educación básica y da acceso a la educación superior, como la intolerancia religiosa en 2016 y la violencia contra la mujer en 2015, no son bienvenidos. «A ENEM ya lo habían etiquetado de comunista», dice la profesora. «Me siento terrible. Es una censura que, aunque tomes todas las precauciones, resulta muy agotadora. Por supuesto, sé que tenemos una legislación que dice que los militares no deben tomar partido político. Como estamos dentro de una institución militar, siempre hemos respetado eso. Pero ellos confunden mucho la política. Por ejemplo, dependiendo de cómo vayas a hablar del hambre, el tema estará censurado. Este es un tema político, pero no tiene nada que ver con el partidismo. El hambre siempre ha existido en Brasil. Pero todo lo que puedan leer como crítica hacia el Gobierno actual será prohibido».

En junio de este año, un profesor de Geografía del Colegio Militar de Brasilia fue despedido tras haber criticado, durante una clase en una plataforma virtual, el papel de la Policía Militar en una manifestación prodemocrática que tuvo lugar en Sao Paulo en mayo. El profesor de 9º grado dijo a los alumnos que la acción policial «era muestra de un fascismo que ya no queremos en el mundo».

El consejo de DECEX ha respondido a Agencia Pública afirmando que el Sistema de Colegios Militares de Brasil (SCMB) utiliza los libros del Programa Nacional de Libros de Texto (PNLD) y otros previstos en los Estándares de Planificación y Gestión Escolar (NPGE).

Aun así, el organismo no ha respondido a preguntas sobre si existe una directriz para los docentes sobre temas que no se pueden tratar en el aula. «Si las Escuelas Militares se destacan en el escenario educativo brasileño, es por el conjunto que forman las tradiciones y valores de la institución que las sustenta, el Ejército brasileño. Entre estos valores destacan la fidelidad, el respeto, la disciplina y el orden. También destaca por la competencia efectiva de nuestros profesores en el aula, que realmente entienden el Proyecto Pedagógico SCMB», dice la nota.

Los profesores de las escuelas militares señalan la interferencia ideológica en el plan de estudios disciplinarios Agencia Pública

El plan de campaña de Bolsonaro para crear escuelas militares en todas las capitales ya era considerado por los expertos en educación como una «promesa imposible», ya que implicaba una estructura costosa y tiene un público restringido, recuerda la investigadora Catarina de Almeida Santos, profesora de la Universidad de Brasilia (UnB) y coordinadora en el Distrito Federal de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. Sin cumplir la promesa de campaña, el Gobierno federal apuesta por otra salida: la militarización de las escuelas públicas existentes. En 2019, el Ministerio de Educación (MEC) lanzó el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares, que funciona a través de adhesiones municipales. La meta del Gobierno federal es que 216 escuelas funcionen con este modelo al final de la administración de Bolsonaro.

*Los nombres se cambiaron a petición de los encuestados.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/prohibido-hablar-racismo-feminismo-profesores-escuelas-militares-brasil-denuncian-censura_1_6474172.html

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ONG advierte aumento de violencia contra migrantes venezolanas

La crisis política, social y económica de Venezuela ha provocado que 5,4 millones de personas hayan abandonado el país desde 2015.

La pandemia ha disparado la violencia contra las niñas y adolescentes venezolanas, tanto las que viven en su país como las que se han visto obligadas a migrar por la crisis, denunció este viernes una organización humanitaria con sede en Panamá.

“La violencia basada en género y violencia sexual contra las venezolanas ha aumentado tanto en Venezuela como en los países de acogida”, indicó Plan Internacional, cuya sede regional está en Panamá, en un comunicado en conmemoración del día internacional del migrante.

Según esta organización, la crisis política, social y económica de Venezuela ha provocado que 5,4 millones de personas hayan salido del país desde 2015.


De esa cantidad, un 25% son niños y adolescentes y uno de cada cuatro viaja separado de su familia o sin acompañante. La mayoría de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo se encuentran en Colombia, Ecuador y Perú.

Plan Internacional indica que son las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas “las que están en mayor riesgo de sufrir a corto y largo plazo las consecuencias de esta crisis”.

El acceso a la educación y a una vivienda segura son otras de las dificultades que atraviesan las niñas migrantes venezolanas.

Las principales amenazas a las que se enfrentan, según esta ONG, son la violencia de género y la violencia sexual, explotación laboral, discriminación y xenofobia, además de falta de acceso a puestos de trabajo y a servicios básicos y humanitarios.

La mayoría de las supervivientes venezolanas de delitos sexuales en Colombia son niñas de entre 6 y 11 años de edad, seguidas de las adolescentes de 12 a 17 años, denunció Plan.

En Ecuador y Perú, también están en riesgo de sufrir “la creciente explotación sexual y tráfico de personas”, añade el comunicado.

Además, el acceso a la educación y a una vivienda segura son otras de las dificultades que atraviesan las niñas migrantes venezolanas.

“Lamentablemente, esto no ha hecho más que acentuarse durante la pandemia”, señaló Anyi Morales, Coordinadora del Programa Regional de Respuesta a la Crisis de Venezuela de Plan Internacional.

Violencia en Bogotá

Por otro lado, la pandemia también ha dejado a decenas de mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en Bogotá. La concejala de la Alianza Verde María Clara Name reveló en la Comisión de Gobierno del Concejo de la capital cifras preocupantes que ha dejado el encierro como consecuencia de la covid- 19 y que, según ella, debe llevar al Distrito a tomar medidas urgentes.

Tres mujeres reportan ser víctimas de violencia intrafamiliar cada hora en la capital, según la dirigente, basada en estadísticas de Medicina Legal y la Secretaría de Salud que abarcan desde enero hasta octubre de 2020.

Lo alarmante es que 8 de 10 casos de violencia reportados por las mujeres se presentaron en el interior de sus viviendas, es decir, el encierro, y sus casas se convirtieron en el principal epicentro de la violencia.

Desde el 20 de marzo pasado, cuando los bogotanos permanecieron en sus hogares ante el temor del coronavirus, el número de llamadas de mujeres a la Línea Púrpura (creada exclusivamente para que las damas denuncien y soliciten asesoría), se dispararon.

Antes de marzo se recibían entre 70 y 80 llamadas durante una semana, pero después de ese mes, cuando la pandemia se intensificó, superó las 297. Y los contactos de asesoría del WhatsApp pasaron de 70 a 215.

“En el 82 % de los casos de violencia entre pareja, la víctima es una mujer”, destacó la dirigente. Las localidades con mayor número de casos de violencia registradas son Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá, Suba y Los Mártires, entre otras.

Fuente: https://www.semana.com/mundo/articulo/ong-advierte-aumento-de-violencia-contra-migrantes-venezolanas/202020/

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