América del Sur

En mi columna anterior llamé la atención sobre la importancia de pensar la situación de la violencia sexual contra las mujeres indígenas y afro en nuestro país a la luz del lente de lo interseccional. Sugerí que si seguimos pensando que la violencia sexual siempre es la misma, la expropiación de la subjetividad de las mujeres, no vamos a avanzar mucho en comprender por qué se despliega de manera distinta entre distintos actores en distintos lugares ni vamos a poder reflexionar sobre las mejores maneras de prevenirla y repararla.

No es solamente darnos cuenta que la violencia sexual contra mujeres indígenas y afro tiene características de crueldad y sevicia, de desprecio, que generalmente no están presentes en la violencia sexual contra otras mujeres. Es darnos cuenta que los cuerpos de distintas mujeres están marcados por distintos significados y, por tanto, que “tomarlos” quiere decir cosas diferentes.

Me ha costado mucho trabajo empezar a entender el punto de vista de las mujeres indígenas y afro. Cuando intenté trabajar con algunos grupos indígenas en la pregunta por las mujeres y mandé como mensajera a una de las estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, la respuesta que recibí es que “ellos no quieren pasar otra vez por esa línea de preguntas. Les basta decir que su mundo está estructurado por dos polos complementarios y que en esa complementariedad hay igualdad”.

Por mucho tiempo no encontré lecturas relacionadas con el feminismo indígena que no replicaran esta frase de cajón. En la torre de marfil que es la Universidad de los Andes, he tenido pocas oportunidades de aprender de mujeres afro. Encontré algunas en mis estudios en el exterior. En mis cursos de los últimos años, y haciendo homenaje al reclamo de que las voces de mujeres diversas entren en los salones de clase, he asignado lecturas que me sugieren mis estudiantes y hemos visto juntos vídeos en los que se expone el proyecto del feminismo negro.

En un trabajo que hicimos para el Ministerio de Justicia en 2016, mostrábamos ya que la violencia sexual contra mujeres indígenas y afro es distintiva; no solamente porque la ejercen con más frecuencia las fuerzas “regulares”, sino porque cuando la realizan grupos armados irregulares es parte de un conjunto de agresiones que generalmente termina en la muerte. Sugerimos, como lo han dicho muchos en este debate, trabajar en la reforma de las fuerzas militares.

También sugerimos un trabajo con las jurisdicciones indígenas para fortalecer su capacidad de investigación y sanción de los daños que sufren las mujeres de la comunidad. Pensamos en ese momento, en línea con lo que han sugerido otras autoras en América Latina, que por difícil que sea la lucha interna por los derechos, la discriminación en la rama judicial es de tal magnitud que es difícil hablar de justicia: no hay traductores oficiales, no hay abogados con entrenamiento específico, se reproducen los estereotipos raciales y culturales, se prolonga indefinidamente la solución del asunto. No pudimos participar en los proyectos que siguieron a este, pero parecería que en cuatro años poco ha pasado en estos dos frentes.

El trabajo de la brasileña Rita Segato y las dominicanas Ochy Curiel y Yuderkys Espinosa, introduce la palabra colonialismo para pensar lo específico de la relación entre el “Estado”, representado como fuerzas militares, y las comunidades indígenas y afro que habitan territorios propios. En los casos que han aparecido recientemente en la prensa, ha sido difícil encontrar un enfoque que nos explique, en línea con lo que sugieren estas autoras, cómo y por qué están los militares viviendo tan cerca de los territorios indígenas. Si los territorios indígenas son los remansos de paz que nos han dibujado cuando los declaran reservas naturales, con los indígenas cuidando sabiamente a la madre tierra, ¿por qué necesitan la vigilancia de militares en las calidades y cantidades que finalmente propician estos ataques a las comunidades? Sería difícil creer que no hay intereses económicos de gran envergadura que subyacen a la movilización de esas tropas. No estoy en contra de esta estrategia en abstracto, pero es difícil no sospechar cuando se supone que el conflicto ya terminó (para unos en 2005 y para otros en 2016). ¿Será que ahora el Estado va a proteger a quienes infringen normas?

Por otra parte, ¿por qué sale todo el mundo a decir que lo que pasa es que a las comunidades indígenas no les importa la violencia sexual y que por eso a los militares hay que condenarlos con las penas más altas posibles de prisión ante la justicia ordinaria? En particular, la Corte Suprema de Justicia (según lo reporta El Espectador) ha anunciado que estos casos no pueden “salir” de la justicia ordinaria, así se cumpla el criterio de que el delito haya ocurrido en el territorio indígena, porque en la justicia indígena las víctimas carecen del acompañamiento psicológico y las garantías procesales que les ofrecen los jueces ordinarios. Por ser sujetos de especial protección, solamente pueden ser “cuidados” por los jueces “blancos”.

Raro que el proceso profundamente espiritual que han propiciado las comunidades como forma de sanación para sus víctimas, ahora resulte menos bueno que un tratamiento psicológico sometido a las lógicas del financiamiento estatal de la salud: tres citas de 15 minutos para que se cure del todo. Tampoco hay que descartar que en muchos casos las autoridades indígenas carezcan de los recursos para proteger a sus propios miembros y que castigar a personas ajenas a su cultura puede terminar en sanciones como el encarcelamiento.

El balance que habría que hacer es por cómo construimos un mundo en el que empecemos restituir el equilibrio destruido, para las mujeres y para las comunidades. Definitivamente creer que las comunidades ancestrales carecen de sistemas normativos suficientemente fuertes como para proteger a sus miembros agrega el desprecio cultural a la explotación económica que parece estar cada vez más presente en la relación entre el “Estado” y estos pueblos.