El ministro de Educación, Martín Benavides, señaló que es necesario instaurar estándares de calidad en todos los colegios públicos y privados del país.
Un modelo de condiciones básicas de calidad es lo que busca instaurar el nuevo ministro de Educación, Martín Benavides, para garantizar el derecho del escolar a recibir conocimientos de calidad. En otras palabras, una ‘Sunedu’ para los colegios.
“Lo que tenemos que hacer, así como lo hicimos en el sector universitario, es construir un modelo de autorización de educación nacional [público y privado]”, dijo en Agenda Política.
Además de mostrarse a favor del Currículo Nacional, agregó que no es posible que la ciudadanía siga creyendo que las autoridades no hacen nada cuando un centro educativo brinda malos servicios. A ello, cabe precisar que el Perú se posiciona entre los últimos puestos de la prueba PISA.
“El decreto de urgencia que ha sido emitido va en esa línea. La idea es desarrollar un proceso de utilización en los colegios privados. Tenemos que empezar a hacer lo mismo con los colegios públicos, siempre pensando en el interés de que el estudiante cumpla su derecho de recibir educación de calidad”, señaló.
Además, agregó que “de lo que se trata acá es de lanzar el mensaje que el Estado quiere considerar de manera muy explícita el hecho de que tenemos que cuidar todo servicio vinculado a la educación y que no podemos seguir pensando que frente a una escuela publico o privada que brinda mal servicio, nadie va a tomar acciones”.
Referente al Currículo Nacional (que incluye el polémico enfoque de género), el ministro expresó que “estoy plenamente de acurdo porque tiene que ser un currículo que tiene que formar ciudadanos con una mirada integral, lo que sí creo es que tenemos que hacer muchos mas esfuerzos de que ese currículo llegue al estudiante”.
América del sur/Brasil/05 Marzo 2020/https://www.criptonoticias.com/
Al menos 14 universidades ya habrían manifestado su interés en la iniciativa.
Desde 2018, Brasil busca combatir la creciente falsificación de diplomas universitarios.
Brasil busca combatir la falsificación de diplomas universitarios utilizando una blockchain. Para ello, el propio Ministerio de Educación del país suramericano promueve entre las universidades privadas la creación de una plataforma blockchain que permita la emisión de certificados digitales, según reseñan medios locales.
El ministro Abraham Weintraub propuso este mecanismo, con la intención de luchar contra el fraude, además de buscar la autorregulación del sector universitario privado, según publicaron medios brasileños citando a Valor Económico, la división especializada en economía del diario O Globo.
De acuerdo a la misma fuente, los recursos para el desarrollo de la plataforma serían desembolsados por las propias instituciones privadas. De hecho, la idea con esta plataforma es que la responsabilidad en la emisión de los certificados recaiga completamente sobre las casas de estudio.
Por lo menos 14 universidades ya habrían mostrado interés en participar en esa plataforma. La idea es que las instituciones conformen una instancia independiente, con su propio registro legal, para regir la plataforma blockchain.
Falsificación, un problema en aumento
La proliferación de falsificaciones de certificados educativos se ha convertido un problema que captó la atención de las autoridades de Brasil, al menos desde hace un par de años. En 2018, el MEC anunció la obligatoriedad de emitir diplomas en formato digital, abarcando a instituciones públicas y privadas.
La intención no era solo atacar el problema de la falsificación. También buscaban, según declaró el propio ministerio, agilizar el proceso de tramitación de los certificados. En su momento, se estableció un plazo de 2 años para el tránsito hacia el formato digital.
Ya la Universidad Federal de Paraíba (UFPB) había decidido adoptar una blockchain para registrar sus diplomas. Desde el mismo 2018, un profesor de esa casa de estudios desarrolló la propuesta, denominada llamada Proyecto de Registro de Documentos de Universidades. Finalmente, la institución adoptó el mecanismo a comienzos de 2019.
En la región latinoamericana hay iniciativas que usan blockchains en la certificación académica. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, sin embargo, son pocos los estudiantes que tramitan la certificación de su título en una blockchain. Apenas un 29,1% de los estudiantes finaliza el trámite, expuso la casa de estudios a finales de febrero.
También universidades en España han adoptado el uso de blockchains en sus procesos, mientras que en la propia Brasil la UFC llegó a invertir USD 20.000 para el desarrollo de proyectos con blockchains.
Al menos 10 docentes de la institución son señalados por usar frases con contenido sexual y enviar fotografías íntimas a varias estudiantes. ¿Qué deberían hacer las instituciones educativas en estos casos?
“En esta Normal hay mucha indiferencia, acoso y abuso que mata la inocencia. Tocar a las niñas es un delito grave, se llama abuso si usted no lo sabe”. Con frases como esta, los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga realizaron un plantón para expresar su rechazo a los supuestos casos de acoso sexual por parte de al menos 10 docentes contra varias adolescentes de la institución.
Los hechos, según la comunidad educativa, van desde comentarios morbosos e insinuaciones, hasta el envío de imágenes con contenido sexual a las estudiantes. Rafael Picón Sarmiento, expersonero de Bucaramanga, solicitó revisar la situación y suspender de manera provisional a los profesores, contra quienes hay al menos cuatro denuncias formales antes la Fiscalía.
Paola*, quien cursa el programa de formación en la sede c de la institución educativa, dijo a Semana Educación que algunos de los casos se han presentado en su salón de clase, y aunque “se han hecho las denuncias, no se ha podido solucionar definitivamente porque no hay pruebas suficientes”. Por eso, el llamado que la joven hace a sus compañeras es a “que hablen y denuncien”.
La Secretaría de Educación de la capital de Santander expresó que ha dado “estricto cumplimiento al debido proceso a todos los casos que han sido conocidos y reportados», dándoles traslado a la oficina de control interno y disciplinario para los investigue. Y el Ministerio de Educación Nacional aseguró que «ha brindado apoyo y acompañamiento a la Secretaría de Educación» en la defensa y protección de los derechos de los niños y jóvenes. De igual forma, la cartera reiteró que es importante adelantar en el ámbito educativo las siguientes acciones:
– Trabajo articulado entre la Fiscalía y la Secretaría de Educación para compartir las pruebas, de forma que las decisiones en los procesos penales y disciplinarios se produzcan con la celeridad, que, sin duda, ameritan estos casos.
– Inicio del proceso disciplinario, el cual debe adelantarse con celeridad y adoptando, de ser el caso, la medida de suspensión temporal.
– Simultáneamente se debe trabajar articuladamente con el defensor de familia, para el restablecimiento de derechos y la práctica de pruebas.
– Realizar movimientos del personal docente para desarrollar sus actividades curriculares sin contacto directo con los estudiantes, mientras se adelanta la investigación respetando el debido proceso.
“Todos los colegios deben prepararse para casos de acoso y abuso sexual”
¿Cuáles son las claves para proteger a los colegios? ¿cómo deberían actuar frente a los presuntos casos? Kattie Rigg, jefe de Bienestar y Protección Estudiantil del Consejo de Colegios Internacionales (CIS), considera que los planteles educativos deben tomar acciones inmediatas para proteger a los menores que presuntamente han sido víctimas, lo cual incluye intervenciones médicas y psicológicas, así como soporte al menor y a sus padres.
“El colegio debe reportar la denuncia ante entidades como la Policía o las agencias o servicios de protección al menor que existan”, indica. A propósito de casos como los de la Normal Superior de Bucaramanga, la experta resalta: “si la acusación es en contra de un profesor, el colegio normalmente lo suspende mientras se lleva a cabo la investigación. El colegio debe tener cuidado en informar al presunto culpable en el momento adecuado y de la manera adecuada de manera que no perjudique la investigación”.
Así mismo, Rigg hace énfasis en la necesidad de que las instituciones cuenten con protocolos para la atención de casos de acoso y abuso sexual, tanto si el abuso se origina en la casa o si es efectuado por un adulto del colegio o por otro estudiante.
“Estas políticas deben establecer los pasos que el colegio está teniendo en cuenta para prevenir, identificar y responder al daño y al abuso. Además, los estudiantes deben ser incentivados a hablar con cualquier adulto del colegio en el que confíen. Las políticas deben también tener claros los procedimientos de reporte externo y un código de conducta para el personal del colegio, para que sepan cuál comportamiento es aceptable y cuál no lo es”, añade.
Finalmente, la jefe de Bienestar y Protección Estudiantil del Consejo de Colegios Internacionales, quien participó en un taller sobre abuso infantil realizado en el Colegio Los Nogales de Bogotá, recuerda que las familias deben enfocarse en “construir confianza con sus hijos y en tener conversaciones abiertas y honestas, permitiéndoles a sus hijos que acudan a ellos cuando estén preocupados”. Entre tanto, los colegios deben “capacitar a los profesores en cómo identificar y reportar el comportamiento de un colega, el cual pueda indicar que se está cometiendo un abuso”.
Fuente e imagen tomadas de: https://www.semana.com/educacion/articulo/escuela-normal-superior-bucaramanga-denuncias-acoso-y-abuso-sexual-a-estudiantes/654695
Sara Fernández es la secretaria de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), organización que fue amenazada la semana pasada por medio de un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La profesora fue herida en un pulmón.
A las dos de la mañana de este miércoles cuatro de marzo, en uno de los bloques del conocido conjunto residencial Carlos E Restrepo, se levantó un rumor de algarabía que despertó a algunos vecinos. En el segundo piso de uno de los bloques se encontraron a un hombre que se tiraba de un balcón y en el suelo, herida con una puñalada, a Sara Fernández, secretaria de Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), quien gritaba: “Ya lo había dicho, yo estaba amenazada por las Autodefensas”.
Según un comunicado de Asoprudea, “el agresor ingresa de manera premeditada al lugar de residencia de la profesora Sara y le propina una herida con arma blanca que atraviesa un pulmón”. Los vigilantes lograron atrapar al presunto delincuente, quien alegó que era un menor de edad y apenas tenía trece años, ahora se encuentra en manos de las autoridades competentes. Ya en Medellín es toda una estrategia que los grupos armados se hagan de menores para cometer sus actos delictivos y evadir a la justicia. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que Medicina Legal pudo establecer que el hombre no era menor de edad.
El lunes dos de marzo, aparecieron en la Universidad de Antioquia decenas de panfletos firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el que decían que reafirmaban sus “banderas de lucha de liberación… de cualquier vestigio de guerrilleros, comunistas y milicianos”. En el documento aseguraban que habían hecho labores de inteligencia y seguimiento en las universidades de Medellín. Así, anunciaban amenazas contra varias organizaciones de la U de A y algunos líderes bien conocidos.
En su momento, la rectoría del Alma Mater rechazó las intimidaciones por medio de un comunicado: “El miedo y la zozobra no se pueden constituir ahora en elementos adicionales de la urgencia que hoy, como institución, tenemos para que la universidad reactive su cotidianidad en las aulas y mantenga en alto su voz crítica frente a los debates que hoy se exponen en la ciudad y el país. De manera amplia, también hacemos un llamado a la sociedad para que con su voz solidaria defienda, proteja y rodee a la comunidad universitaria, pues en el pasado acontecimientos de este tipo han generado pérdidas dolorosas que, como un país que le apuesta a la paz y la reconciliación, no podemos permitir que se repitan”.
Ahora, con el atentado en contra de Sara Fernández, hay temor en las organizaciones que recibieron amenazas, pues como en las épocas más oscuras de los años ochenta —cuando el monstruo de las Autodefensas nacía en el país y asesinaba a líderes sociales, políticos de izquierda, defensores de derechos humanos y profesores, como hoy sucede— la violencia se abre paso en la Universidad de Antioquia.
Fuente e imagen tomadas de: https://www.semana.com/educacion/articulo/profesora-de-la-universidad-de-antioquia-fue-apunalada-en-su-casa-a-las-2-de-la-manana/654764
América/Argentina/04/03/2020/Autor y fuente: www.pagina12.com.ar
La presidenta del PRO, sin embargo, confesó que le pareció que el primer mandatario fue menos agresivo de lo que esperaba.
La exministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que el tono del discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa «fue menos agresivo» de lo que esperaba, aunque «tuvo algunas miradas agresivas e irónicas».
La exministra sostuvo que «el tono del discurso fue menos agresivo de lo que uno se esperaba», aunque remarcó que en «muchas partes tuvo miradas agresivas y hasta irónicas».
En ese sentido, indicó: «Ese juego de palabras entre gobierno de científicos y gobierno de CEOs es un intento de estigmatización».
Además, remarcó que el Presidente dio algunas cifras falsas: «Hemos rebatido varias de las cifras que ha dado, como la de la inversión en ferrocarriles y trenes, que ha sido la mayor de la historia».
En tanto, se refirió a los anuncios del primer mandatario en materia de Seguridad y, frente a las críticas del oficialismo, expresó: «Qué diga cómo van a hacer las cosas. No sólo criticar por criticar».
En ese sentido, aseguró que le parece positivo que se ponga en funcionamiento una secretaría para combatir el narcotráfico.
«Me parece bien que se cree una secretaria contra el narcotráfico. No es nada distinto a lo que nosotros veníamos haciendo y con bastante más éxito, porque estos meses Rosario ha estado fuera de control», concluyó.
Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/250548-patricia-bullrich-opino-que-el-discurso-de-alberto-fernandez
América/Brasil/04/03/2020/Autor : Luna Gámez/fuente: actualidad.rt.com
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quiere legalizar las actividades extractivas en áreas indígenas, lo que tendría consecuencias nefastas para los modos de vida de sus habitantes y la protección del medio ambiente.
Diversas comunidades indígenas en Brasil se ven obligadas a organizar sus propias redadas y mecanismos de defensa contra los invasores que pretenden extraer ilegalmente recursos naturales de sus tierras. El actual gobierno de Jair Bolsonaro, que viene ignorando estas amenazas contra los pueblos originarios y contra la destrucción del medioambiente, ha presentado un proyecto de ley para legalizar ciertas actividades económicas en las áreas indígenas oficialmente demarcadas y protegidas.
«Espero que este sueño (…) se concretice porque el indio es un ser humano exactamente igual a nosotros«, declaró Bolsonaro el día 5 de febrero tras firmar el proyecto de ley para legalizar las actividades extractivas en áreas indígenas. La medida prevé que tanto los habitantes de estas comunidades como agentes externos puedan desarrollar actividades de extracción de petróleo, gas, minerales o explotación del potencial hidráulico.
En caso de aprobarse esta medida, 177 tierras indígenas se verían directamente afectadas, además de seis grupos ancestrales que viven todavía aislados, según advierte la organización internacional Survival. Los Yanomami serían uno de los grupos más afectados por la legalización de la minería en tierras indígenas, ya que existen 678 solicitudes de extracción de minerales en esta tierra al norte de Brasil y fronteriza con la Guayana. Al margen de la aprobación de estas demandas, numerosas actividades de extracción minera ilegal tienen lugar constantemente en áreas indígenas y otras reservas ambientales. Las poblaciones invadidas sufren tanto la invasión de los extractores como las consecuencias de la contaminación producida por esta actividad.
«Este agua sucia está trayendo muertes y enfermedades a nuestro pueblo. Nuestros peces están llenos de mercurio», declaró Alessandra Korap Munduruku, una de las más activas líderes en defensa de su pueblo en diciembre, en Brasilia, donde fue a denunciar la contaminación del río Tapajós como resultado de la minería.
Autogestión frente a las invasiones para extraer recursos en tierras indígenas
Las invasiones -en muchas ocasiones respaldadas por grupos armados- tienen como objetivo emprender actividades ilícitas de minería, plantaciones o extracción de madera en estas reservas. Además, en algunos casos, los terratenientes ocupan pedazos de terreno para disputar la propiedad del lugar con los pueblos indígenas aunque haya un reconocimiento oficial del Estado concluido o en proceso a favor de las comunidades ancestrales.
La demarcación geopolítica de una Tierra Indígena (T.I.) tiene como finalidad reconocer el vínculo ancestral de estos pueblos con un cierto territorio así como asegurar sus modos de vida de interdependencia y protección del medio ambiente. Cuando este proceso de reconocimiento se culmina, la tierra delimitada pasa a pertenecerles colectivamente. Tienen derecho al usufructo sustentable de los recursos que allí se encuentran, excepto las riquezas del subsuelo que no pueden ser extraídas así como tampoco pueden desarrollar actividades de monocultivos intensiva. A pesar de que tanto la Constitución brasileña como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recoge el derecho de las poblaciones ancestrales de acceso a la tierra, el Gobierno brasileño ha hecho oídos sordos en muchos casos históricos de invasión de propiedades.
Frente a esta situación, hoy acentuada por el presidente Bolsonaro, que incentiva la explotación de recursos naturales principalmente de la Amazonia y desprestigia las formas de vida tradicionales de las poblaciones indígenas, estas comunidades organizan sus propias redadas de vigilancia para impedir la extracción ilegal de recursos en sus tierras.
«Cuando el gobierno dice que no va a demarcar más tierras indígenas lo que está haciendo es declarar nuestra muerte», explica Alessandra Korap, miembro de la etnia Munduruku. Ella argumenta que un territorio oficialmente demarcado y gestionado por una forma de vida ancestral está más salvaguardado que las áreas de selva vacías y vulnerables a la expoliación. «La selva se mantiene gracias a las poblaciones que hemos vivido siempre dentro de ella para defenderla. Cuando el presidente dice que va a legalizar la minería o la agropecuaria en las áreas reservadas estimula que lleguen más invasores que se sienten respaldados por el Gobierno«, añade esta líder indígena, y enfatiza: «Bolsonaro se inventa leyes para matarnos a los indígenas y para darles beneficios a los terratenientes».
Indígenas denuncian la tala ilegal durante una patrulla en Novo Progresso, estado de Pará, Brasil, 13 de septiembre de 2019.Amanda Perobelli / Reuters
Actualmente, una gran parte de las actividades de minería ilegal de la Amazonia están concentradas en los límites entre el estado de Mato Grosso y Pará, más específicamente entorno al río Tapajós, de acuerdo con las informaciones del Instituto Chico Mendes de Conservación para la Biodiversidad (ICMBio). Una parte de estos emprendimientos clandestinos están en territorio de la etnia Munduruku -con una población que ronda las 14.000 personas distribuidas en 130 aldeas- motivo por el que este pueblo ha puesto en marcha sus propias expediciones de vigilancia y de expulsión de invasores a pesar del peligro implícito en estos enfrentamientos.
«Nunca hemos recibido ninguna ayuda institucional para protegernos», relata Korap, que explica que la organización de sus grupos de vigilancia autogestionada es de extrema confidencialidad por motivos de seguridad de las propias comunidades indígenas. «En julio de 2019 encontramos unos extractores de madera en nuestra tierra, tras las negociaciones se retiraron, se llevaron las máquinas y nosotros creamos nuevas aldeas para proteger esa parte», detalla. Esta etnia indígena, que organiza redadas de vigilancia con cierta asiduidad, también ha desarrollado otros proyectos autónomos como el Mapa de la Vida Munduruku, donde ubicaron sus lugares sagrados amenazados por la construcción de varias hidroeléctricas en el río Tapajós. Este trabajo fue posteriormente difundido por Greenpeace.
Korap explica que su pueblo siempre estuvo alerta y movilizado para denunciar las violaciones de sus derechos, aunque hasta ahora no recibieron respuestas. «Por eso ahora vamos con nuestras propias manos y cuerpos a defender la tierra, no podemos esperar ni al gobierno ni a ninguna institución porque ya esperamos demasiado», afirma esta líder. «Estamos denunciando desde hace más de 20 años los madereros y mineros pariwat (blancos invasores) y siempre tenemos que acabar actuando solos. Pero no nos vamos a rendir», relata el comunicado de este pueblo ancestral, titulado ‘El desgobierno de Brasil no habla por el pueblo Munduruku’, que circula desde finales de septiembre en un intento desesperado de pedir ayuda ante la amenaza institucional.
Las patrullas indígenas autogestionadas también se enfrentan a madereras y a incendios criminales
La extracción ilegal de madera continúa siendo otro de los principales motivos de invasiones contra las que los grupos indígenas deben enfrentarse, en muchos casos con el precio de la muerte, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), que mapea la deforestación ilegal y los incendios en áreas protegidas, como las tierras indígenas. En un reciente enfrentamiento donde madereros ilegales respondieron a tiros frente a la llegada del grupo de vigilancia autogestionado de la etnia Guajajara -conocido como ‘Guardianes de la Naturaleza’-, falleció un joven de esta comunidad, Paulinho Guajajara.
Este episodio es una amenaza recurrente para la gran mayoría de pueblos ancestrales de Brasil, que cada vez están más decididos a defender sus tierras y los ecosistemas que los rodean. «Las invasiones no paran. El año pasado crearon un nuevo asentamiento ilegal en nuestra tierra, dicen que la tierra es de ellos y el gobierno local (del municipio de Brasnorte) les apoya», explica Marta Tipuici, indígena de la etnia Manoki, que también cuentan con sus propias patrullas de vigilancia.
La Tierra Indígena Manoki, también conocidos como indígenas Irantxe y localizados en el estado de Mato Groso, fue oficialmente demarcada en 2008 y tiene una extensión de 206.000 hectáreas donde viven 250 personas. No obstante, y según explica Tipuici, los Manoki sufren las invasiones desde la dictadura militar (1964-1985) debido a una antigua disputa de linderos. Este área, situada en una región amenazada por la deforestación para la instalación de actividades agrícolas intensivas de soja y ganado, entre otras, sufrió además las crueles consecuencias de los incendios de 2019.
Cartel advierte de que está prohibido pescar y cazar en una tierra de los manoki, en Mato Grosso, Brasil, 28 de agosto de 2019.Amanda Perobelli / Reuters
Entre enero y septiembre de este año, el INPE registró 186 focos de incendio solo en la Tierra Manoki. «Los incendios los provocan los invasores», relata Tipuici, que especifica que una gran parte de selva virgen que rodea sus aldeas desapareció bajo las llamas. «Los productores que ocupan nuestra tierra están ahora más valientes que nunca porque confían en lo que promete el actual Gobierno».
Los Manoki, al igual que los Munduruku y los Guajajara, también cuentan con un sistema propio de vigilancia contra invasiones. Cuando encuentran alguna actividad ílicita o campamentos clandestinos en sus tierras, contactan con los órganos gubernamentales de fiscalización ambiental, entre los que destaca el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), con la esperanza de que los funcionarios de la institución consigan expulsarlos. «A finales de agosto conseguimos pillar por sorpresa a algunas personas quemando en nuestra tierra, hicimos fotos con un dron que tenemos para denunciarlos, el fuego acabó siendo enorme y todavía no se ha castigado a los culpables», declara Tipuici, reconociendo que no siempre reciben respuesta de las instituciones a las que reportan las intervenciones criminales.
A pesar de las dificultades, los Manoki realizaron en 2019 seis grandes expediciones de vigilancia que duraron varios días por su extenso territorio. En tres de ellas se encontraron con invasores y debieron negociar por sí solos, sin ningún amparo de las autoridades. «Está claro que tanto el Gobierno municipal como el nacional no quieren que cuidemos de nuestra tierra», exclama Tipuici, que afirma que existen altos riesgos de que los grupos de terratenientes continúen provocando incendios clandestinos para deforestar y ocupar parte de sus tierras con actividades extractivas o de producción agropecuaria.
Fuente e imagen: https://actualidad.rt.com/actualidad/344674-indigenas-brasil-patrullan-tierras-explotacion-bolsonaro
El 5 de marzo, Fe y Alegría cumple 65 años sirviendo con dedicación y pasión a Venezuela. Desde su nacimiento en 1955, optó por la educación por considerarla el medio más idóneo para combatir la miseria y hacer de las personas sujetos dignos, productivos, solidarios. La carencia de este bien lleva a las sociedades al fracaso.
Desde sus inicios, Fe y Alegría comprendió que, para que la educación fuera un medio de superación y dignificación, debía ser de calidad. “La educación de los pobres no puede ser una pobre o superficial educación”; “buscamos la mejor educación para los que están en condición peor”, fueron consignas que han iluminado siempre los esfuerzos y búsquedas de Fe y Alegría. Sin educación o con una pobre educación sólo lograremos un pobre país.
Por ello, en estos tiempos en que Venezuela está siendo golpeada por una profunda crisis, Fe y Alegría reafirma su compromiso de seguir trabajando por una educación de calidad. Como lo ha demostrado a lo largo de toda su historia y en los 22 países donde está presente, Fe y Alegría no se amilana ante los problemas sino que se crece ante ellos. Las carencias y dificultades avivan su compromiso y su creatividad. Por ello, hoy trabaja con renovado ahínco para responder adecuadamente a la situación de emergencia educativa que estamos viviendo. En consecuencia, se esfuerza por convertir sus centros y programas en lugares de vida, de defensa de la vida y de convivencia solidaria. Ello le exige el esfuerzo permanente por mitigar los efectos más inhumanos de la crisis como son el hambre y la escasez de medicinas, articulándose con los organismos e instituciones que tienen una rica experiencia en enfrentar problemas semejantes. Son tiempos de alianzas y de estrechar lazos con las familias y comunidades para enfrentar juntos los graves problemas que vivimos. Hoy, Fe y Alegría entiende que debe ser una prioridad educativa, como parte esencial de su propuesta, garantizar a los alumnos un plato de comida y los recursos imprescindibles para garantizar su aprendizaje.
Tras sufrir también las consecuencias de la marcha de numerosos docentes que han abandonado las aulas e incluso el país en busca de mejores oportunidades de vida, Fe y Alegría sigue insistiendo por todos los medios a su alcance, en su vital importancia, pues no hay educación sin educadores, y no será posible la educación de calidad sin educadores de calidad. Por ello, muy consciente de las graves dificultades que viven los educadores y educadoras y del valor que hace falta hoy para seguir educando con entusiasmo y sin rendirse, no sólo trabaja y levanta su voz para que sean remunerados como se merecen, sino que privilegia por todos los medios a su alcance su formación humana, pedagógica y espiritual, que fortalezca su resiliencia y su capacidad de resistencia. Junto a ello, se esfuerza también por brindarles apoyo para que puedan enfrentar alguna de sus carencias fundamentales como el hambre y la falta de transporte. Para suplir las ausencias y abandonos, viene incorporando a jubilados, desempleados o personas formadas de las propias comunidades y así evitar los problemas de movilización, a los que brinda la adecuada formación y el acompañamiento humano y pedagógico necesarios.
Una vez más, Fe y Alegría le ofrece hoy a Venezuela con humildad y generosidad ese corazón que durante sus 65 años ha latido incansablemente amor hecho servicio, especialmente a las poblaciones más excluidas y carentes.
Fuente del artículo: https://versionfinal.com.ve/opinion/antonio-perez-esclarin-fe-y-alegria-ofrece-a-venezuela-su-corazon/
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 102
Total Users : 35493130
Views Today : 110
Total views : 3611930