Piñera ilegítimo: brutalidad represiva, insatisfacción popular y trampa constituyente

Encuestas lapidarias, diagnósticos fatales: qué sostiene al deslegitimado Gobierno de Sebastián Piñera.

Las encuestas son lapidarias con el presidente Sebastián Piñera. El último relevamiento realizado por la consultora Cadem, cercana al Gobierno, fue publicado este lunes: Piñera cuenta con la aprobación del tan solo el 10% de los chilenos. Esa es la encuesta favorable. Hace apenas unos días, la consultora CEP, más cercana a la oposición parlamentaria, hablaba de un 6% de aprobación. La desaprobación excede la figura presidencial. Según Cadem, el equipo ministerial tiene un 78% de rechazo.

El diario local El Mercurio del viernes pasado daba cuenta en primera plana del crecimiento del disgusto en la población desde que comenzó el estallido social, a partir del informe de CEP.

En el artículo, la socióloga María Paz Trebilcock afirmaba que «Tiene que ver con la constatación de la desigualdad». Un hecho interesante que registran algunos relevamientos y puede tener que ver con esa “constastación de la desigualdad” es el cambio en las prioridades de las preocupaciones de la población. A pesar de la enorme campaña de criminalización de los manifestantes que impulsa el Gobierno con la anuencia de los distintos sectores del régimen político, la cuestión de la seguridad ha bajado varios peldaños en la escala de preocupaciones de la población, tomando la delantera el desprestigiado sistema privado de jubilaciones y pensiones: las AFP. Sobre esta cuestión, la encuesta Cadem muestra que el 93% de la población estaría de acuerdo con hacer una «reforma al sistema previsional».

En el mismo artículo de El Mercurio, la doctora en sociología Carolina Stefoni atribuía el descontento a que la ciudadanía no ha percibido una respuesta clara de parte del Gobierno. En un tono más dramático, la académica afirmaba que «Se empieza a acumular una sensación que es riesgosa. Ya es una crisis profunda, pero si esa rabia se transforma después en otra cosa, puede ser mucho más severo y complicado”.

Si bien es verdad que Piñera no ha hecho concesiones significativas a las demandas de la población, sí ha dado una respuesta, y muy dura: la brutal represión a los manifestantes y una serie de iniciativas legislativas que profundizan la criminalización de la protesta. Esa respuesta, fuerte y clara, es un componente muy importante de la bronca contra Piñera, que el miércoles pasado se ganó el título de #ElPeorPresidenteDeLaHistoria, marcando tendencia en Twitter.

En una dura declaración publicada este sábado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) calificó de “Ilegítimo y carente de autoridad” al mandatario chileno y señala las graves violaciones a los Derechos Humanos, la falta de medidas estructurales que den respuesta a las demandas de las calles, la promoción de reformas que agravan la precarización del sistema público de salud y profundizan el odiado sistema privado de jubilaciones y pensiones, así como el empeño puesto en avanzar en la criminalización de la protesta.

Los argumentos de la Comisión son contundentes: “las cifras de víctimas dan cuenta de una grave, masiva y sistemática violación a los derechos humanos provocada por la acción de agentes del Estado, tal como consignaron los informes de organismos internacionales, como el del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y el emitido por Aministía Internacional”.

A renglón seguido sintetiza algunos datos, tal vez conocidos pero no por ello menos impactantes: “Según el último informe de Instituto de Derechos Humanos (INDH) que refleja gran parte de los casos ocurridos en el país, se han producido 3.649 personas heridas, de las cuales 269 corresponden a niños, niñas y adolescentes, 405 chilenos y chilenas sufrieron heridas oculares, y 2.063 fueron heridos por disparos; se han producido casi 10.000 detenidos y sólo el INDH, ha presentado 5 querellas por homicidio, 17 por homicidio frustrado, 770 querellas por torturas y 158 por violencia sexual”.

Todos estos datos demuestran dos cosas. Por un lado, que el reclamo de que se vaya Piñera, escrito en cada pared-editorial de las calles de Santiago y coreado cada viernes por los miles de manifestantes que desafían la tregua estival de las organizaciones obreras y estudiantiles -y por el que fue demandado el joven dirigente del PTR Dauno Tótoro- sigue vigente. Y por otro lado, que si Piñera sigue firmando decretos, impulsando leyes antipopulares y al frente del amañado acuerdo constituyente, es porque cuenta con el conjunto del régimen político haciéndole el aguante.

El conjunto de los partidos tradicionales, subordinados al proceso constituyente que tendrá un nuevo acto en abril con el plebiscito, acaban de aprobar las leyes exigidas por Piñera para criminalizar la protesta social, y se aprestan a vulnerar el derecho del pueblo a reunirse.

Todos estos datos demuestran dos cosas. Por un lado, que el reclamo de que se vaya Piñera, escrito en cada pared-editorial de las calles de Santiago y coreado cada viernes por los miles de manifestantes que desafían la tregua estival de las organizaciones obreras y estudiantiles -y por el que fue demandado el joven dirigente del PTR Dauno Tótoro- sigue vigente. Y por otro lado, que si Piñera sigue firmando decretos, impulsando leyes antipopulares y al frente del amañado acuerdo constituyente, es porque cuenta con el conjunto del régimen político haciéndole el aguante.

El conjunto de los partidos tradicionales, subordinados al proceso constituyente que tendrá un nuevo acto en abril con el plebiscito, acaban de aprobar las leyes exigidas por Piñera para criminalizar la protesta social, y se aprestan a vulnerar el derecho del pueblo a reunirse.

La estrategia palaciega con la que la izquierda con representación parlamentaria -el Frente Amplio y el Partido Comunista- han buscado surfear la rebelión popular, se reduce hoy al impulso de comandos por el «sí» a la Constituyente en el plebiscito, sin cuestionar la trampa que entraña y para la cual fue minuciosamente diseñada.

El “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución”, impulsado por Piñera y suscrito la centroizquierda y por sectores del Frente Amplio, le otorgó a la derecha el poder de veto a cualquier medida que pretenda cambiar los pilares del régimen pinochetista y que son el centro de las demandas sociales.

Pero sobre todo, fue una trampa negociada en tiempo récord luego de que el 12 de noviembre pasado, les trabajadores protagonizaran la huelga general más importante desde el fin de la dictadura. Una huelga que puso sobre la mesa la enorme fuerza de la clase obrera y que dejó a Piñera pedaleando en el aire.

Al lado de la rúbrica del acuerdo en el Palacio, el freno a la profundización de la huelga general para derrotar a Piñera e imponer una Constituyente Libre y Soberana en las calles fue un componente esencial para que el odiado Piñera se encuentre hoy en el sillón presidencial.

A pesar del ayornamiento de las principales organizaciones obreras, estudiantiles y sociales al ciclo lectivo y al calendario estacional, la lucha por las demandas populares promete seguir en las calles y tomar nuevo envión en marzo. Trabajadores, estudiantes y pobladores tienen planteado pegar un salto en su organización para desplegar sus fuerzas en toda su magnitud e imponer una Asamblea Constituyente verdaderamente democrática que envíe al basurero de la historia las instituciones políticas, económicas y sociales impuestas por la dictadura de Pinochet.

Fuente de la Información: https://www.laizquierdadiario.com/Pinera-ilegitimo-brutalidad-represiva-insatisfaccion-popular-y-trampa-constituyente