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Ecuador, Leónidas Iza: “Los pueblos indígenas no podemos seguir cargando sobre nuestros hombros el desarrollo capitalista”

Ecuador enfrenta unas nuevas elecciones este 20 de agosto para elegir nuevo gobierno en un clima de inestabilidad y crispación. Ese mismo día también se ha convocado una importante consulta popular sobre la explotación petrolera del Yasuní, una de las mayores reservas de la biosfera. En medio de este escenario, se mantiene la centralidad de la CONAIE como principal movimiento social del Ecuador, que cuenta con un renovado prestigio desde el estallido social de octubre de 2019.

Una comitiva de la CONAIE, encabezada por Leónidas Iza, realizó una gira por Europa el pasado julio para hablarnos de la lucha de los pueblos indígenas y otras luchas campesinas, ecologistas, feministas, de colectivos de diversidad sexual, con quienes mantienen un nivel de coordinación desde el movimiento indígena. La campaña del Sí por el Yasuní y también la presentación del libro Estallido. La rebelión de octubre en Ecuador, escrito por Iza, junto a Andrés Tapia y Andrés Madrid, es parte de esta gira de la cual se hará réplica en América Latina. Entrevistamos a Leónidas Iza sobre su libro y la coyuntura actual ecuatoriana.

Maureen Zelaya: Entre otras cosas, estás de gira para la presentación de Estallido. La rebelión de octubre en Ecuador, un libro que profundiza en la experiencia de octubre de 2019, ¿qué nos plantea Estallido?

Leónidas Iza: Hemos definido política e ideológicamente hacer una sistematización teórica-académica para el debate sobre lo que ocurrió en octubre de 2019. Normalmente, lo que se cuenta sobre las luchas sociales se hace desde una neutralidad académica y por eso creemos que es importante contarlo desde los sujetos que construimos las luchas. Eso hace Estallido. Hemos dicho “vamos a escribir desde adentro”, desde los sujetos políticos, desde los sujetos luchadores, desde los sujetos que sostenemos la lucha. Y, a partir de lo que contamos, poner en cuestionamiento la situación económica, social, política del Ecuador y eso nos permite llevar toda la situación a un debate más amplio a nivel internacional.

Pero con ese espíritu académico y teórico no solo queremos analizar, sino cambiar esa realidad. Aspiramos a que sea un aporte para las otras luchas a nivel continental. Uno tiene que ser respetuoso con la generación de pensamiento a nivel global pero yo defiendo que el pensamiento indígena no debe quedarse solo para los pueblos indígenas, sino que debe buscar las corrientes con las que puede unificarse a nivel global, identificar la correlación de fuerzas, siempre manteniendo la autonomía política, la autonomía de pensamiento, organizativa, e incluso tener la posibilidad de anclar con una corriente a nivel global.

Hay compañeros que dicen “somos indígenas, no somos ni de izquierda ni de derecha”, y cuando llegan momentos políticos decisorios, se van con cualquiera y eso no me parece correcto. Hay que tener una mirada desde nuestro posicionamiento y saber con quién anclamos a nivel global. Yo creo en el campo de la izquierda y ese campo de la izquierda, claro que es diverso, hay un sinnúmero de corrientes, pero hay que hacer un esfuerzo para aglutinar en el campo popular a nivel global, junto con académicos críticos, con sindicatos, obreros, trabajadores, ambientalistas, ecologistas y movimiento indígena que recrea su propio pensamiento. El libro Estallido recoge la lucha desde la práctica, pero también haciendo un aporte de proyección hacia adelante.

Z.: El próximo 20 de agosto están convocadas elecciones generales en Ecuador, ¿cuál es el contexto político y social preelectoral? ¿qué sentires hay en la calle, en el movimiento social?

I.: El 20 de agosto va a marcar un cambio de un momento político, no de coyuntura, sino de momento político. No sabemos cuál va a ser la decisión del pueblo ecuatoriano, pero finalmente va a permitir tener claro las condiciones políticas. La fuerza en las calles, la fuerza de las organizaciones determinó este momento político. Si no se habría dado la lucha del 2019, del 2022, muy difícilmente se habría dado la muerte cruzada del [presidente] Lasso. Se ha llegado aquí no por voluntad propia sino por la presión en las calles de los movimientos populares en el Ecuador.

En este momento político se ha cesado a la Asamblea Nacional, pero también se ha cesado al presidente de la República y el Gobierno en este tiempo que queda está gobernando vía decreto. Todo lo que en este momento el Gobierno está definiendo, la Asamblea siguiente tiene que ejecutar esas decisiones, tiene que tirar a la basura todas decisiones que son antidemocráticas, las de una dictadura utilizando la Constitución.  Entonces este cambio político a partir de las elecciones va a depender del gobierno que venga y su legitimidad vendrá dada en la medida que acepte nuestras demandas o que se posicione en contra. Ahí el movimiento indígena y los sectores populares en general igual vamos a estar muy atentos sobre el programa de gobierno. Hay temas que son líneas rojas donde no estamos dispuestos a ceder. Para los pueblos indígenas, para los sectores populares el momento estará definido por la capacidad de unidad a nivel de todo Ecuador.

Z.: ¿Cuáles son esas líneas rojas? ¿Qué se espera del gobierno que surja este 20 agosto y ese cambio de momento político?

I.: Sobre los resultados de las elecciones, preferimos no especular. Vamos a esperar el escenario que se dé y las condiciones que se den con los resultados. Pero para nosotros hay tres cosas claras:

Primero, posicionar nuestro programa. El proyecto político que tenemos como movimiento indígena y sectores populares es de conocimiento público, y lo vamos a sostener y a defender frente a cualquier gobierno que venga.

Segundo, vamos a defender las líneas rojas que no estamos dispuestos a aceptar, no importa si el gobierno resultante sea de izquierda o de derecha. Hemos tenido una respuesta de nuestras bases, en nuestra gente sobre cuáles son esas líneas rojas. En los últimos 50 años la economía ha dependido del petróleo y ahora se pretende suplantar esa dependencia por la minería a gran escala. Eso nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo y tenemos la capacidad organizativa instalada en el territorio: no se puede avanzar en la minería a gran escala. Hay minería artesanal que es necesario regular y garantizar mejores condiciones, pero la minería a gran escala, no. Y lo tienen que saber los gobiernos que vengan.

Hemos escuchado a políticos que dicen que no podemos seguir siendo pobres sentados en un saco de oro, pero el problema es que ese saco de oro para nosotros es el equilibrio de las condiciones ecológicas. Porque, en el caso de la minería, ¿cuál sería el saco de oro? ¡La montaña! Y es de la montaña que viene el agua que bebemos y que nos brinda las condiciones ecológicas para poder seguir sosteniendo el sistema de agricultura. El 70% que consumimos los ecuatorianos depende de estas condiciones ecológicas ambientales.

Otra línea roja, hemos dicho, es que no se puede avanzar en la flexibilización laboral. Ahí estamos unidos con los trabajadores, con sindicatos. Una tercera línea roja que no se puede cruzar es avanzar en los procesos de las privatizaciones. Más bien lo que hay que hacer es potenciar, repotenciar la capacidad productiva de los sectores estratégicos que son públicos.

Se ha hecho una valoración de 14 empresas estratégicas públicas que indica una producción de 13 mil millones de dólares: petróleo, en cierta medida la minería, telecomunicaciones, seguro social; el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -BIESS- y así podemos determinar que ceder derechos privados para la explotación de lo público es una línea roja en la que no podemos ceder.

Y otra línea roja es que se tiene que avanzar en una agenda programática y pragmática sobre los puntos que quedaron pendientes en la lucha de 2022 de manera inmediata y son los aspectos que tienen que ver con los diez puntos que llevaron a la lucha del movimiento indígena. Entonces, por un lado, tenemos un proyecto político amplio, grande. Por otro lado, estos puntos que son líneas rojas y, además, la implementación de las demandas que fueron levantadas en 2019 y 2022 en el Paro Nacional, de manera concreta.

Z.: Sobre el Paro Nacional de junio 2022, ¿qué balance se hace de los resultados? ¿Cómo fue esta negociación de los diez puntos con el Gobierno?

I.: Como fue conocido para todo el Ecuador y a nivel internacional, la negociación se dio a partir de unos puntos públicos. Se intentó generar presión política hacia nosotros diciendo que lo único que queríamos era la salida de Lasso, que esa era la única intención.

Cuando nosotros sostuvimos 18 días de lucha, demostrando “no hemos venido a sacar a Lasso”, pero si es que cae por su propio peso, será porque no escucha, porque no entiende y no tiene voluntad política de cumplir nuestras demandas. Pero el objetivo eran los diez puntos, resolver el problema de los subsidios. En el Ecuador los subsidios son una política general, donde decimos que hay que llegar a una focalización en los combustibles. Nosotros identificamos que los sectores económicos liberalizados del Ecuador son los que más aprovechan los subsidios generales. Entonces propusimos al Gobierno Nacional ocho subpuntos para que los sectores que aman el libre mercado no sean los más beneficiados: si realmente creen en el libre mercado, pues que produzcan de acuerdo con sus reglas y no favorecerse de los subsidios. Demostramos que unos 1.200 millones de dólares están focalizados en sectores que deberían producir sin subsidios, tales como los atuneros, la pesca industrial, el sector camaronero entre otros.

También pedimos el alivio económico para la gente, que se controle el precio de los productos de primera necesidad, que no se permita la especulación con estos productos y que se garantice políticas de fomento productivo para los campesinos.

También pusimos sobre la mesa el defender la vida, que es un NO al extractivismo minero principalmente. Exigimos la implementación de los 21 derechos colectivos de los pueblos indígenas en todos los programas estatales y en coordinación con los diferentes poderes del Estado. Lucha por la salud, la educación y también por la inseguridad. Esos fueron los temas que, de acuerdo con el reporte del mismo gobierno nacional, llegamos a 218 acuerdos en puntos: se trataba de acuerdos procedimentales, acuerdos generales que permitían avanzar a la posibilidad de construir un Estado plurinacional, de las cuales el Gobierno cumplió en aspectos procedimentales en un 10%. El resto quedó allí. Por eso para nosotros en este momento es de vital importancia poder posesionar en la nueva coyuntura estas demandas con el gobierno que venga pues no han sido resueltos después de la lucha 2019 y 2022, del paro nacional.

Z.: ¿Qué defiende la campaña del Sí al Yasuní en rechazo a su explotación? ¿qué implicaría para las poblaciones que habitan esos territorios que esta consulta se perdiese?

I.: La gente suele pensar que estamos sosteniendo una oposición en la consulta al Yasuní, de manera general, por oponernos. Pero no, tenemos razones y argumentos para defender el Yasuní y decir que defender el Yasuní es defender la vida. Primero, la UNESCO declaró que es una de las zonas más biodiversas del mundo. Esto debido a que en el período de la glaciación de la Tierra todo lo que ahora es la cuenca amazónica fue un área que no se congeló y de ahí la diversidad inmensa que tiene este ya ahora declarado Parque Nacional, y que antes era un territorio sagrado de los pueblos indígenas.

Para hacernos una idea de la capacidad de contención de las especies a nivel global que está guardado ese territorio en términos cualitativos y cuantitativos, en una sola hectárea del Yasuní podría sumarse toda la diversidad de anfibios, reptiles, vertebrados, invertebrados, plantas, animales mayores, menores, etc., que recoge toda Norteamérica. Pero ¿qué pasaría si la humanidad genera presión petrolera? Causaría un desequilibrio ecológico.

Por eso proponemos que en lugar de extraer petróleo se pueda desarrollar un turismo científico, pues estudiar la selva podría dar respuestas a muchos males que tiene la humanidad, respuestas que se pueden encontrar en la cuenca amazónica. También impulsar un turismo ecológico, que permita recuperar la economía al mismo tiempo que respete el equilibrio de la Madre Tierra.

Un segundo argumento es que en la Reserva El Yasuní, en el Parque Nacional, viven dos pueblos en aislamiento voluntario: el Tagaeri y Taromenane. Ya se dieron matanzas en 2003, 2006 y 2013 porque las petroleras han ido tomando fuerza y control en los territorios y con la presión que ha generado la explotación, ha reducido el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario. Al verse roto el aislamiento y el equilibrio todo ha acabado en matanzas. Para esos pueblos es una manera forzada de relacionarse con el mundo y si se sigue generando presión solo se van a producir más matanzas. Por lo tanto, se exige que paren este genocidio de las poblaciones que están allí.

Y un tercer argumento es que mientras en otras regiones se ha dado un desarrollo por el extractivismo, ¿qué han dejado las petroleras en 50 años a los pueblos indígenas? Solo territorios contaminados, agua contaminada, compañeros y compañeras con diabetes, con cáncer, un suelo que no produce porque está contaminado. No puede ser que los pueblos indígenas sigamos cargando sobre nuestros hombros el desarrollo que necesita el Ecuador.

Cincuenta años de extractivismo petrolero no han dejado una economía sustentable para los pueblos indígenas, no se puede decir que, una vez que se sacó el petróleo, tenemos una economía sustentable y un futuro para las nuevas generaciones de todas las nacionalidades indígenas, para seguir viviendo. Esto no ha pasado. Lo que ha pasado es que se han destruido los territorios. Por lo tanto, estos tres argumentos para nosotros son tremendamente fuertes, por lo que decimos sí a la vida y sí al Yasuní.

Z.: La destrucción del capitalismo extractivista es común a muchos países de América Latina y otras partes del mundo, donde son los pueblos originarios e indígenas los que cargan con el peso de sostener la civilización moderna, y -el mal llamado- desarrollo. ¿Hay alianzas en esta lucha a nivel continental?

I.: Sí, porque esa es una realidad compartida. Están acabando con los territorios de vida de los pueblos indígenas, eso pasa en Ecuador, en Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, en toda la cuenca amazónica y en otros lados.

¿Por qué los territorios de los pueblos indígenas tienen que sostener el desarrollo? ¿Por qué tenemos que asistir a la explotación de la madre Tierra para sostener la matriz productiva capitalista a nivel global? No creemos que deba ser así. Hay que pensar en otra economía. Otro tema relacionado y cuya lucha compartimos es contra el racismo imperante y una visión colonial de la sociedad. ¿Nos pueden imponer a los pueblos indígenas todo esto que está tan asentado en la sociedad? ¡No! Y no podemos seguir aceptando eso como normal.

Un tercer tema es que se está avanzando en este cambio de la matriz energética, del petróleo a las energías limpias. En ese proceso, además del control territorial también hay control de nuestros ríos: las gargantas principales de los ríos están siendo concesionadas para generar hidroeléctricas y todo eso sin respetar al derecho a la consulta previa, libre e informada. Esa es otra lucha compartida.

Creemos que es importante hacer entender a la sociedad y a la humanidad que hay territorios que están regulando el equilibrio de la naturaleza y que los ríos, la selva, los páramos son centrales en ese equilibrio. También, en nuestros territorios están invadiendo con el monocultivo, el agronegocio, concentración de las tierras, concentración del agua. También aquí en Europa, en Francia, hemos visto estas luchas contra la concentración de la tierra, la privatización. Todo esto nos permite llamar en primera instancia a una unidad continental a nivel de Latinoamérica, pero también con ese empuje creo que podemos llevar la lucha a nivel global.

Z.: Para cerrar, volvamos al libro. Todo lo que has puesto en perspectiva sobre la lucha de los pueblos indígenas y las necesidades de cambio, ¿qué receptividad has encontrado en la academia sobre los planteamientos que expones?

I.: Hemos encontrado mucha reticencia realmente. O sea, hay una forma dominante de producción de pensamiento conservador y eso hace que también haya un rechazo de una parte de la población que sigue cuestionando, que no encuentra respuestas. Muchas personas de izquierda han optado por no participar de esos espacios, aunque estén luchando. Yo creo que hay que dar opciones y eso no rompe la capacidad organizativa sino buscar la capacidad de aglutinar desde distintas formas de lucha. Si no lo hacemos nosotros, vemos que ya lo está haciendo la derecha y la extrema derecha. Miremos lo que pasó con los gobiernos progresistas de América Latina o lo que está pasando en Europa, están cogiendo las dudas de la juventud, cogiendo argumentos donde la ciudadanía está pidiendo respuestas.

Aunque en Ecuador estemos luchando, aunque podamos tener condiciones de cambio, en un país que está anclado al modelo económico capitalista global va a ser muy difícil ganar. Ya tenemos experiencia de lo que pasó con Chile, Perú, Cuba, Venezuela.

Si nosotros desde el campo popular no estamos dando respuestas, entonces será la derecha quien propicie tesis que terminen llegando a los sectores populares.

Yo creo que la academia a nivel global no puede producir ciencia y teoría solo para analizar. Eso es lo que ha pasado con todas las fuentes de construcción política ideológica. Más bien acaba ocurriendo que las posibilidades de cambio desde una línea política diferente a la de la derecha terminen atentando contra la propia posibilidad de cambio. Y acabamos nosotros, quienes defendemos un cambio, como responsables. En ese sentido, yo creo que si queremos dar un salto cualitativo en el cambio que necesita ahora mismo la humanidad, hay que unir luchas a nivel global. Así que estamos para esto poniendo un granito de arena.

Maureen Zelaya es militante de Anticapitalistas

Fuente: https://vientosur.info/los-pueblos-indigenas-no-podemos-seguir-cargando-sobre-nuestros-hombros-el-desarrollo-capitalista/

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Mujeres, niñas y adolescentes son las principales víctimas de la trata de personas en Colombia: estas son las cifras

Las mujeres, niñas y adolescentes continúan siendo las principales víctimas de la trata de personas en Colombia, ya que representan el 89 % de los casos de este delito, según alertó este sábado la Defensoría del Pueblo con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas.

Entre enero de 2018 y junio de 2023, la Defensoría del Pueblo ha atendido 236 casos de trata de personas en el país, y en el 89% de ellos, es decir en 212, las víctimas eran niñas, adolescentes y mujeres. En 60 de dichos casos (el 25,4 %) había relación con la esclavización de personas migrantes.

El preocupante panorama lo planteó este sábado la Defensoría del Pueblo a propósito de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, al tiempo que hizo un llamado al Estado para fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que permitan prevenir este tipo de casos.

De acuerdo con las cifras de la Defensoría, Norte de Santander (43 casos), Bogotá (25), Caldas (23), Valle del Cauca (20) y Cundinamarca (13) fueron los departamentos del país en los que más casos se presentaron. Sin embargo, hay reportes en 133 municipios de 25 departamentos y el organismos ha emitido 40 alertas.

“De lo anterior se infiere que, para los grupos al margen de la ley inmersos en el conflicto, esclavizar a personas connacionales y extranjeras les genera una serie de beneficios no calculados: económicos, de control poblacional y del territorio. Vale aclarar que estos grupos, por las dinámicas en las regiones, se vinculan de forma directa o indirecta a las redes criminales y a los tratantes autónomos”, detalla la Defensoría.

Para Camargo el panorama se agrava pues no solo se trata de una grave vulneración de derechos humanos sino que no existen “los suficientes recursos estatales para afrontar el accionar de quienes son tratantes de manera autónoma y organizada, lo cual redunda en la desprotección de quienes son víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, adolescentes y mujeres”.

De acuerdo con la Defensoría, es indispensable que el Estado pueda avanzar en tres frentes claves: la detección y registro de casos, así como la persecución y sanción penal de las redes y victimarios autónomos; la evaluación de los impactos en la implementación de la Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata de Personas; y la definición e implementación de acciones que permitan el acompañamiento integral a la población migrante.

“Ante el complejo panorama, desde la Defensoría del Pueblo seguiremos exhortando al Gobierno Nacional para que de manera complementaria defina e implemente medidas de asistencia con enfoque de derechos humanos. Esto les permitirá a las víctimas directas e indirectas el reconocimiento y restablecimiento de sus derechos vulnerados de manera previa, durante y posteriormente a la victimización”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

Fuente: https://www.elespectador.com/colombia/trata-de-personas-en-colombia-mujeres-y-ninas-son-victimas-del-89-de-los-casos/

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Moreira: “Tenemos que defender en las urnas la educación pública, gratuita y de calidad, frente a una derecha que ataca a nuestras universidades”

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, recibió la visita del Director en Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

«Con docentes y educadores populares compartimos un gran encuentro en la Asociación Obrera Textil. Tenemos que defender en las urnas la educación pública, gratuita y de calidad, frente a una derecha que ataca a nuestras universidades», dijo el alcalde.

Y recordó «Cuando llegamos a San Martín creamos la Subsecretaría de Educación y la fortalecimos cada año para que todas las chicas y los chicos estén en las aulas. Y con nuestro programa emblema #VolvéALaEscuela logramos que 20 mil vecinas y vecinos retomen y terminen sus estudios», acotó.

Fuente: https://www.grupolaprovincia.com/

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Venezuela, ONGs: Condena a seis sindicalistas representa el “recrudecimiento de la persecución política”

La ONG Acceso a la Justicia manifestó que la condena impuesta a Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín representa un «recrudecimiento de la persecución política» en Venezuela.

Según la ONG, la sentencia es parte de un patrón de represión que ya ha sido denunciado y reseñado por los organismos internacionales.

«La condena de los luchadores sociales no es más que el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela, que incluso la anterior Alta Comisionada Michelle Bachalet había condenado, como lo contamos meses atrás», afirmó Acceso a la Justicia.

Otras ONG alzan la voz

Este martes 2 de agosto de 2023, varias ONG también se manifestaron en redes sociales para denunciar la condena a 16 años de cárcel por supuesta conspiración y asociación para delinquir a los seis sindicalistas venezolanos detenidos en 2022.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela criticó la sentencia, argumentando que los luchadores sociales fueron condenados por delitos que aseguran no cometieron, y que las únicas pruebas presentadas por la Fiscalía fueron capturas de pantalla y mensajes en Twitter.

Por su parte, la organización Provea recordó que los sindicalistas estaban en las calles exigiendo salarios dignos; por ende, dicha sentencia se calificaría como «un nuevo golpe a la protesta social y sus derechos fundamentales».

A nivel internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió «justicia para los luchadores sociales venezolanos», alegando que luchar por los derechos humanos no debería considerarse un crimen, y pidió la liberación de los sindicalistas.

La situación ha generado preocupación y críticas de diversas organizaciones y actores internacionales, quienes resaltan la importancia de proteger los derechos de los luchadores sociales y garantizar un debido proceso en el sistema judicial venezolano.

¿Quiénes son los detenidos?

De acuerdo con Acceso a la Justicia, cinco de los detenidos tienen en común su militancia o pasado en el partido opositor Bandera Roja. Algunos de ellos, como Reynaldo Cortés, ocupan cargos directivos dentro del partido.

Bandera Roja es una agrupación de extrema izquierda, pero que está en desacuerdo con el actual Gobierno.

Algunos de los detenidos han participado en protestas y han denunciado los obstáculos que enfrenta el movimiento sindical venezolano para proteger los derechos de los trabajadores ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV) manifestó a través de su cuenta en Twitter: «Rechazamos la condena a 16 años de cárcel para los seis luchadores sociales y sindicalistas. Su detención no sólo ocurrió al calor de las protestas por salario, sino que la sentencia se da sin pruebas que demuestren las acusaciones. ¡Alto a la criminalización de las luchas!»

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.aporrea.org/internacionales/n385038.html

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Venezuela: Por capturas de pantalla, condenaron a seis activistas y líderes sindicales a 16 años

Por:

Los seis activistas y sindicalistas se encuentran detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. Todos fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento


El Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas condenó a 16 años de prisión a seis líderes sindicales y activistas de derechos humanos, detenidos desde julio de 2021, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Así lo informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Justicia a través de sus redes sociales. La ONG denunció que las únicas pruebas promovidas por la Fiscalía contra Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés fueron unas capturas de pantalla y mensajes escritos en Twitter.

Los seis se encuentran detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. El sindicalista Emilio Negrín y los activistas sociales y políticos Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.

La única detención que fue ajustada a la «legalidad» fue la del defensor de derechos humanos Gabriel Blanco, gracias a la presión que ejercieron decenas de vecinos del trabajador humanitario y al papel de actores de la sociedad civil, quienes se mantuvieron alerta ante la actuación irregular de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, señaló que «una vez más que el gobierno de Nicolás Maduro y toda su comitiva han cometido una vez más un acto contra los derechos humanos, ha sentenciado a seis hombres inocentes y sin ningún tipo de prueba a 16 años de prisión, una vez más comprobamos que en este gobierno se criminaliza la protesta».

Oropeza acusó a la jueza de «cumplir órdenes» y condenó «a una familia a no estar con sus seres queridos, ha condenado a un país, a conjdenado a un grupo de personas que creemos en la justicia y la libertad, pero no nos va a amilanar». Además, dijo que Venezuela sí necesita intervención de organismos internacionales ante una decisión judicial contra un grupo de hombres que solo pidieron sueldos justos.

El partido La Causa R y su candidato a las primarias, Andrés Velásquez, condenaron estos hechos. La organización calificó la sentencia como «infame contra unos defensores de los DDHH y los derechos de los trabajadores por una mejor calidad de vida. Un juicio amañado, sin ninguna prueba en su contra. Un castigo espantoso para ellos y sus familias. La justicia en Venezuela es una farsa».

Mientras que la Plataforma Unitaria rechazó «esta nueva violación de los derechos humanos», por un juicio que estuvo «plagado de vicios procesales a seis luchadores sociales que estuvieron al frente de las protestas ejerciendo sus derechos y rechazando el instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) durante 2022″.

Por capturas de pantalla, condenaron a seis activistas y líderes sindicales a 16 años

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Brasil: La deforestación en la Amazonía disminuyó 66% en julio y alcanzó la cifra más baja para este mes en cinco años

Deforestación en Amazonía brasileña cae 66% en julio, temporada alta de destrucción

La deforestación en la Amazonía brasileña disminuyó 66% en julio contra igual periodo del año pasado, alcanzando la menor cifra para este mes en cinco años, según datos divulgados este jueves por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que atribuyó los resultados a sus políticas de control en la región.

El mes pasado, la deforestación alcanzó 500 km2, marcando un descenso de 66% en relación con igual mes de 2022, cuando alcanzó los 1.487 km2, según datos difundidos en rueda de prensa por los ministerios de Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología.

El dato de julio basado en el sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) fue celebrado por las autoridades, por tratarse del mes de inicio del clima seco y, por tanto, de la temporada alta de destrucción del bioma amazónico.

La ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, destacó la “caída consistente” de la deforestación y un “ciclo virtuoso” en el freno a la impunidad de los delitos en la mayor selva tropical del mundo.

En tanto, la deforestación cedió 7% en un año hasta agosto, con 7.952 km2 deforestados, el menor valor en cuatro años. En el mismo periodo entre 2021 y 2022, la devastación llegó a 8.590 km2, según las cifras oficiales.

Los datos se conocen en vísperas de la primera cumbre de presidentes de los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) desde 2009, que se realizará la semana próxima en la ciudad de Belém (Pará, norte de Brasil).

Por otra parte, en los primeros siete meses del gobierno de Lula, entre enero y julio, la deforestación cayó 42,5%, a 3.149 km2, contra igual periodo del año pasado.

Lula llegó al poder con la promesa de priorizar el cuidado del medioambiente, revirtiendo las políticas de su predecesor Jair Bolsonaro (2019-2022), y eliminar la deforestación ilegal de la Amazonía en 2030, endureciendo controles.

Mariana Napolitano, gerente de Conservación de la ONG WWF-Brasil evaluó que la de la deforestación “es una señal importante de que la retomada de las acciones de comando y control (…) se han mostrado eficaces”.

Récord en el Cerrado

Sin embargo, el área destruida continuó aumentando en el Cerrado, una sabana tropical de enorme diversidad ubicada al sur de la Amazonía: con 6.359 km2 devastados en un año hasta este mes, registró el peor resultado anual desde el inicio de la serie del INPE en 2017.

Entre enero y julio, las alertas siguieron la tendencia al alza, creciendo 21,7% contra ese lapso de 2022, desde 4.123 km2 a 5.019 km2. La subida fue de 26%, a 612 km2 en julio frente a julio de 2022.

En una entrevista este jueves, Lula repitió su intención de alinear una política de control con los países amazónicos y sus fuerzas de seguridad contra “el crimen organizado que ha tomado muchas regiones” de la floresta. Y repitió que su gobierno será “muy duro” en ese combate.

El mandatario marcó un giro en cuestiones medioambientales respecto de Bolsonaro, en cuya gestión la deforestación amazónica avanzó 75% frente al promedio de la década anterior.

La Nación

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Chile: El 90% de las y los profesores adhirió al paro y esperan respuesta del gobierno

Colegio de Profesores espera que el Gobierno defina “casos urgentes” para dar solución a la deuda histórica

Por Osciel Moya Plaza

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, afirmó que le corresponde al Presidente Gabriel Boric definir cuáles son “los casos más urgentes de docentes afectados por la deuda histórica” a quienes se les va a entregar una solución.

En su segundo día de paro docente, Díaz entregó un balance de la jornada realizada en las últimas horas donde un 90 por ciento de las y los profesores se sumaron a la medida de fuerza en todo el país.

Si bien valoró la respuesta del Gobierno a los puntos planteados por el gremio, el dirigente afirmó que en una primera lectura la respuesta es insuficiente, pero serán los docentes en sus asambleas quienes tomen la decisión.

Si bien hay algunos temas que tienen algunas fechas más concretas respecto de la carta anterior, obviamente creemos que es absolutamente insuficiente, pero nos parece necesario escuchar a las profesoras y profesores del país respecto del sentido profundo que tiene esta respuesta que entrega el ministro de Educación en el día de ayer”, dijo Díaz.

Agregó que  “hay un tema puntual que expresa el ministro que estaría disponible el ministerio. En el primer tema que plantea da cuenta de la deuda histórica y señala que están disponibles a enviar un proyecto de ley para ver los casos más urgentes. Por lo tanto, para nosotros es fundamental y somos muy claros en señalar en que aquí es el Presidente Gabriel Boric quien ha planteado este tema. Ha sido él en su cuenta pública quien señaló que que se iba avanzar en los temas más urgentes”.

Sobre el punto, Díaz indicó que “nosotros el día lunes hemos sido convocados por el Ministerio de Educación, vamos a ir por supuesto, y vamos a estar muy atentos porque entendemos que la propuesta que hoy día tenga el Mineduc en función de definir qué se entiende por casos más urgentes, casos más extremos, a cuántos de éstos va a llegar. Entendemos que esa definición tiene que darla el Presidente de la República”.

Asimismo, indicó que en la asamblea nacional del 17 y 18 de agosto el gremio no sólo definirá la realización del paro indefinido, sino también habrá un pronunciamiento oficial a las propuestas del Gobierno.

La propuesta presentada por el Ministerio de Educación plantea una solución para cada una de las ocho demandas realizadas por el magisterio, entre ellas una reparación de la deuda histórica, donde el Gobierno se compromete a avanzar en los “casos más urgentes”.

Para ello, se ingresará un proyecto de ley al Congreso Nacional, “una vez que termine el proceso de tramitación de la Ley de Presupuestos que sea realiza este año“.

En lo que se refiere a la creación de un plan para enfrentar la violencia escolar, la propuesta de Ávila propone establecer una Mesa de Centros Educativos como Espacios Protegidos para “diagnosticar y avanzar en soluciones, entre actores públicos y privados, respecto de las situaciones y hechos de violencia que ocurren en las comunidades educativas“.

Sobre el pago de Bonos de Retiro atrasados, el Mineduc se compromete “para septiembre de este año el término del pago de los bonos correspondientes al año 2018, para octubre los correspondientes al 2019 y a más tardar a fines de diciembre aquellos que se encuentren con documentación completa por parte de sostenedores de procesos 2020“.

En la carta de Ávila se proponen soluciones a las demandas relacionadas con el agobio laboral, el cambio del modelo de financiamiento de la educación y modificación a la ley de Nueva Educación Pública, entre otras que son parte del pliego del gremio docente.

Diario UChile

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