Perú

América del Sur/Perú, 16 de septiembre de 2017. Fuente: elcomercio.pe. Autor: Iván Alonso.

En el proyecto de presupuesto general de la república para el 2018 que ha presentado el Primer Ministro al Congreso para su aprobación se ha incrementado la partida asignada a la educaciónen 8% con respecto a la de este año. Son 2,130 millones de soles más. No han tardado, sin embargo, en escucharse las críticas de especialistas en el tema que objetan que, como porcentaje del total, el presupuesto para la educación se reduzca. En efecto, según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, que incluyen gastos de infraestructura como parte del plan de reconstrucción con cambios, el porcentaje para la educación baja de 18.4% a 18.0%. La objeción, por tanto, es correcta desde el punto de vista aritmético; pero resulta totalmente infundada, para este economista, al menos.

La composición del presupuesto de la república no tiene que ser rígida. Las prioridades varían con las necesidades del país y con la disponibilidad de fondos. Así es como la gente maneja sus propios presupuestos.

El estudio de los presupuestos familiares, iniciado a mediados del siglo XIX, ha enseñado a los economistas cómo cambia su composición a medida que aumentan los ingresos. En 1872 Ernst Engel formuló la famosa ley que lleva su nombre: las familias de mayores ingresos destinan a la alimentación un menor porcentaje de los mismos. Los presupuestos estudiados por Engel mostraban además que los gastos en “educación, religión etc.” crecían sustancialmente con los ingresos, de 0.4% del total para las familias más pobres a 1.2% para las más acomodadas.

Esto lleva a pensar, por cierto, que los gastos en educación no son necesariamente productivos, en un sentido material. ¿Cuánto pueden aportar unas clases de ballet o de alemán a la productividad o los ingresos futuros de un alumno? No mucho, quizás, pero eso no quiere decir que no tengan para quien las toma un valor espiritual.

Pero la mayor propensión de las familias a gastar en la educación de sus hijos se evidencia también en la creciente preferencia por la educación privada. A medida que el crecimiento económico aumenta el poder adquisitivo, más son las familias que están dispuestas a pagarla de su propio bolsillo. Esto se ve claramente en la aparición y –por qué no decirlo– el éxito de los colegios particulares en los llamados conos de Lima en los últimos años. Del 2005 al 2013, el porcentaje de alumnos matriculados en colegios privados creció de 18% a 26% del total. La tendencia es la misma en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.

Con menos alumnos que atender, proporcionalmente hablando, no es extraño ni, mucho menos, económicamente irracional que el presupuesto público para educación crezca más despacio que las partidas asignadas a otros sectores. En términos de gasto por alumno, es posible que esté aumentando considerablemente; en términos de gasto por docente, también. Las críticas de los especialistas tienen que bajar del nivel de generalidad en el que cómodamente se instalan.

Lo mismo puede decirse del Acuerdo Nacional, que en su política de estado número 12 plantea aumentar gradualmente el presupuesto del sector educación hasta alcanzar el 6% del producto bruto interno (PBI). Una meta elevada, seguramente, en más de un sentido, pero que no puede perseguirse sin mirar la tarea que se tiene por delante ni tampoco lo que ocurre alrededor.

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