Retorno a trabajar: apuesta por innovación e igualdad real
Se hace necesario transmitir las mejores prácticas que faciliten el balance de vida, trabajo y cuidado del hogar entre hombres y mujeres.
Por Kalena de Velado
El trastorno e interrupción total (disruption, en inglés) que ha creado la aparición de la #pandemia en nuestras vidas y trabajos ha sido la causa de un cambio radical en nuestro entorno, tanto en la forma de trabajar como en la manera de convivir en los hogares.
Nunca más la casa y el ambiente laboral serán los mismos. La aceptación de la evidencia se palpa porque todo el mundo está experimentando en la vida familiar y en su trabajo, lo cual sería una oportunidad de reinventarse para operar exitosamente hasta alcanzar rentabilidad en las empresas y por ende en la economía.
El trastorno e interrupción total (disruption, en inglés) que ha creado la aparición de la #pandemia en nuestras vidas y trabajos ha sido la causa de un cambio radical en nuestro entorno, tanto en la forma de trabajar como en la manera de convivir en los hogares.
Nunca más la casa y el ambiente laboral serán los mismos. La aceptación de la evidencia se palpa porque todo el mundo está experimentando en la vida familiar y en su trabajo, lo cual sería una oportunidad de reinventarse para operar exitosamente hasta alcanzar rentabilidad en las empresas y por ende en la economía.
Efectivamente, las mujeres empresarias y emprendedoras se han visto en la necesidad de reinventarse e innovar para seguir operando en medio del cierre de fronteras y transporte, muchos de ellos cerrados totalmente desde marzo de este año, en los diferentes países. Por eso vemos mayor uso del teletrabajo para seguir operando; reinvención de la dinámica de las relaciones interpersonales entre ambos géneros e intergeneracionales en la familia para realizar en equipo las tareas del cuidado del hogar; aparecimiento de nuevos conocimientos y habilidades de uso de la banca en línea, internet, telefonía, etcétera, para pago de proveedores, planillas (pago a trabajadores), créditos o ayudas familiares o para recibir dinero de clientes; aprendizaje o inversión para crear páginas web para vender; utilización de redes sociales para promocionar y para vender; aumento de conocimientos de marketing digital para reinventar los mismos productos o empezar a producir otros relacionados con el giro del negocio.
Por lo tanto, debemos prepararnos para conseguir las herramientas innovadoras y la cultural adecuada para facilitar el balance de vida, trabajo y familia (trabajo reproductivo y del cuidado del hogar), que genere actitudes de corresponsabilidad, colaboración y complementaria entre varones y mujeres. Se hace necesario transmitir las mejores prácticas que faciliten el balance de vida, trabajo y cuidado del hogar entre hombres y mujeres, para mejorar la participación del varón en tareas hogareñas; el mejor uso del tiempo de las mujeres en otras actividades saludables, de estudio o deporte para su crecimiento personal y profesional.
Sabemos que la ansiedad de no poder balancear la vida genera estrés y este deteriora el bienestar y la salud, ocasionando enfermedades físicas y mentales que afectan a los indicadores positivos de la calidad de sueño, el peso y la sensación de llevar una vida feliz. (Más información sobre prácticas de balance en el libro: «Hacia el balance de vida, trabajo y familia. La experiencia en y desde El Salvador». Puede bajar el documento gratis en www.emprepas.org.sv).
Fuente de la Información: https://www.laprensagrafica.com/opinion/Retorno-a-trabajar-apuesta-por-innovacion-e-igualdad-real-20200704-0059.html
América Central/El Salvador/05-07-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com
Los datos corresponden al último informe del ISSS. Las administradoras de Fondos de Pensiones también tienen un descenso de cotizantes de más de 64,241 cotizantes entre enero y mayo de 2020.
Las cifras de cotización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan que entre enero y abril de este año hay 61,670 menos cotizantes, lo que se traduce ya sea en desempleo o suspensión de labores, una situación empeorada por la crisis del coronavirus.
Los datos coinciden con el número de cotizaciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones, colgados en el sitio de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), pues el sistema pasó de tener 739,434 cotizantes en enero a 675,193 en mayo, lo que significa una reducción de 64,241 cotizantes menos.
Alvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de Fusades dijo que el COVID-19 ha dado un golpe fuerte sobre empleo, a raíz de las cifras difundidas en el informe del ISSS.
Según los datos del último informe del Seguro Social, el sector comercio y servicios, que incluye restaurantes, hoteles, transporte y alojamiento y es uno de los más golpeados por la cuarentena, pasó de 204,839 cotizantes 182,443.
Las actividades anteriores están relacionadas directamente con el sector turismo. La Cámara de Comercio ha mencionado en reiteradas ocasiones que este es el rubro que paró primero sus operaciones y el que se recuperará de manera más lenta tras la pandemia.
√ADEMÁS:41 millones de desempleados y una crisis económica sin precedentes en América Latina por COVID-19
Otro de los sectores con mayor impacto en la reducción de cotizantes en los primeros meses de 2020 es la industria manufacturera que bajó de 187,880 a 174,767 cotizantes.
El 22 de junio pasado el presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex), José Escobar, confirmó que el sector ya perdió unos 20,000 empleos directos por la reducción en sus operaciones y contratos que se dejaron de entregar en el extranjero, por el cese de operaciones a raíz del COVID-19.
Esta cifra incluso podría ascender a 25,000, pues también causa un impacto directo en su cadena de proveedores, según explicó Escobar, quien añadió que aún no se determina cuándo y cómo podrían comenzar a recuperarse dichos puestos de trabajo.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, desestimó el martes las proyecciones de pérdida de empleo que han manejado instituciones como Fusades y dijo que estos números aún no se pueden considerar oficiales.
“Todos lo que se maneje en esto (cifras de desempleo) los ha manejado Fusades, ANEP, diferentes organismos nacionales, todo eso no tiene ningún nivel de validez objetiva, si no viene por la vía institucional, nosotros todavía no tenemos un consolidado global”, manifestó el funcionario.
Los datos del ISSS, sin embargo, reflejan mes a mes el pago hecho por el empleador y el empleado y son las cifras más apegadas en el sector formal.
Los organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tienen proyecciones incluso más desalentadoras pues ubican a El Salvador con una pérdida de empleo de unos 644,000.
Esto significaría entre 11% y 13% de los ocupados actualmente en El Salvador.
Según el último informe del Observatorio de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), la baja en empleos en el país producto de la pandemia, incrementaría el número de personas viviendo en situación de pobreza de 1.85 millones (27.5% de la población total de 2019) a 2.4 millones, lo que significa que entre 510,000 y 550,000 personas caerían en situación de pobreza y una cuarta parte de ellas en “pobreza extrema”.
Aunque las cifras del ISSS revelan el impacto que ya se enfrenta en el sector formal, según el informe del Observatorio de la UFG, apuntó que el sector informal en el que se maneja el 70 % de la población productiva, será mayormente afectado.
OIT augura 41 millones menos de empleos en América Latina
La pandemia del coronavirus sumió a América Latina y el Caribe “en una crisis económica y social sin precedentes” que ha dejado “un récord de 41 millones de desempleados”, dijo ayer miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El organismo prevé que la tasa promedio de desempleo, que a fines de 2019 era de 8.1%, crezca entre 4 y 5 puntos, aunque este dato está sujeto a que no empeore la situación sanitaria y social en los países de la región.
“En la medida en que las proyecciones para 2020 muestren una mayor contracción económica, la desocupación seguramente mostrará niveles aún mayores conjuntamente con el deterioro de otros indicadores del mercado de trabajo”, apuntó el informe.
Las cifras proyectadas por los organismos internacionales para la región han ido en incremento, en enero la OIT estimaba que la debilidad en el crecimiento económico regional incidiría en el alza del número de desempleados, que se ubicaba entonces en 25 millones de personas.
“Llegamos a un récord histórico de 41 millones de personas nuca visto en América Latina y el Caribe, la cifra mas alta en la historia de la región”, dijo al presentar el informe en una videoconferencia Vinicius Pinheiro, director regional de la OIT.
La OIT calcula que alrededor de 60% de los trabajadores actualmente empleados en América Latina y el Caribe se encuentran expuestos a posibles pérdidas de empleo, de horas trabajadas y de ingresos.
Otro fenómeno que destacó la OIT es que las tasas de desempleo no describen la magnitud de la crisis, puesto que hay “fuertes tránsitos desde la actividad hacia la inactividad como consecuencia del confinamiento o la falta de oportunidades laborales”.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/empleo-y-desempleo-covid-19/729111/2020/
Centroamérica/El Salvador/25 Junio 2020/elsalvador.com
Carla Hananía de Varela explicó que Salud determinará cuándo volver a clases en salones en el sistema educativo nacional
La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, explicó la mañana de este jueves en entrevista con Canal 12 que no hay claridad todavía sobre cuándo volverán los estudiantes a las clases presenciales en el país, debido al avance de la pandemia por el COVID-19.
“Estamos observando lo que sucede en El Salvador y fuera, y cómo otros países han abierto escuelas y han tenido que retroceder”, comentó la funcionaria, quien aclaró que “esta es una emergencia sanitaria, no educativa. Esto impacta en la educación, pero es el Ministerio de Salud el que va a decir en qué momento podemos llegar a las aulas sin peligro, sin riesgo a los alumnos y docentes”.
Puso de ejemplo que “supóngase que tengamos un milagro, y la pandemia empiece a descender rápidamente el próximo mes, y supongamos que podamos regresar en septiembre, octubre. No vamos a poder regresar de la misma manera, vamos a tener que ir por grupos y de manera gradual. Esto implica que vamos a seguir necesitando las otras plataformas de estudio, como Google Classrom, radio, televisión, las guías educativas. En eso estamos trabajando, en fortalecer estas modalidades de enseñanza, porque se van a quedar con nosotros”.
Aclaró además la ministra que les será imposible entregar una computadora por alumno, porque “El Salvador no lo va a poder financiar, es demasiado. Así que entregaremos una por familia, haciendo un estudio de las condiciones de la familia. No se trata solo de llevar tecnología, sino cómo llevarla. Las computadoras de los alumnos es un tercer momento, pues necesitamos los fondos para ello, no los tenemos en este momento”.
La Ministra aseguró que se han adquirido 9,000 computadoras en una primera fase, para lo cual se invirtieron 2.7 millones de dólares. Hananía dijo que ya iniciaron la entrega de estos equipos, y están priorizando a los docentes que cumplieron la capacitación de la plataforma Google Classroom, y más a quienes tienen enfermedades crónicas y arriba de 20 años de servicio.
Según la funcionaria, para el 22 de junio ya lograron capacitar a 30,708 docentes, es decir, un 67 % de los maestros del sector público, quienes ahora ya cuentan con el conocimiento para usar la plataforma educativa virtual Google Classroom.
Daños en centros educativos
El paso de la tormenta tropical Amanda y las lluvias que han afectado al país dejaron serios daños en la red de centros educativos. Hananía de Varela detalló que “son 537 centros educativos dañados, uno con daños mayores y otros menores, los más afectados son los que tienen taludes o centros de contención. Para repararlos necesitamos 13 millones de dólares”.
Finalmente, la funcionaria explicó que Educación no ha dejado de lado la alimentación de “una buena proporción de estudiantes que son de familias en pobreza extrema. Por eso hemos diseñado una entrega focalizada para 320,000 familias que están en extrema pobreza o con problemas de desnutrición”.
Fuente e imagen tomadas de: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ministerio-educacion-regreso-aulas-grupos-gradual/727109/2020/
La educación debe ser siempre un compromiso prioritario tanto en el orden institucional como en las áreas personales
Este día, 22 de junio, se celebra anualmente el Día del Maestro, como una tradición de larga data y de gran significado en todos los órdenes de la vida nacional. Pero más allá de una celebración con tantos contenidos simbólicos y emocionales, lo que va envuelto en este recordatorio anual es el reconocimiento de lo que la Educación representa dentro del quehacer humano en todos los tiempos y lugares. Por las características propias de este preciso momento histórico que vivimos con vocación global inescapable, el énfasis en la Educación adquiere perfiles del más alto relieve, y así tenemos que reconocerlo y asumirlo, dentro de los esquemas que a cada nación y a cada sociedad le corresponden.
En nuestro país, desde hace ya bastante tiempo venimos padeciendo una progresiva crisis educativa, que ha hecho que las estructuras nacionales de todo tipo se debiliten y se desnaturalicen en escalada del más alto riesgo. Y no se trata sólo de una crisis en el sistema educativo formal, sino de algo que va mucho más a fondo, porque arranca de lo que pasa en los planos familiares y en los ámbitos sociales de la más variada índole. Puestos en tales perspectivas es inocultable la gravedad de la situación, que por desgracia cada día ha venido recibiendo una desatención creciente, que está en la raíz de prácticamente todos los desajustes que nos agobian.
La disfuncionalidad educativa va vinculada a muchos factores, entre los que podemos mencionar, por su incidencia más relevante, la desintegración familiar, la emigración caótica, el deterioro generalizado de los valores básicos, la irresponsabilidad extendida como una plaga, la tentación negadora que se ha apoderado del sistema y el abandono creciente de los modelos de orden y de pertenencia, entre otros. No es de extrañar, entonces, que ahora nuestra sociedad viva en el filo de lo inevitable.
Y pese a todo ese cúmulo de adversidades que nos atacan a diario, no se advierte ningún esfuerzo serio, organizado y compartido en la línea de las recomposiciones correctivas y reconstructivas. Es como si esa irresponsabilidad a la que acabamos de hacer referencia fuera ganando cada día más posiciones en el ambiente. Y al ser así, lo que toca hoy es emprender una especie de cruzada nacional reeducativa, que no se quede en las ramas sino que llegue hasta las raíces.
Esta fecha, 22 de junio, es especialmente propicia para activar la voluntad de todos, hasta en los más remotos rincones de la realidad, en función de reeducarnos con el propósito de sanitizar –como ahora se dice– todo nuestro sistema de vida en sus distintos planos y niveles. Y es que la Educación no sólo es conocimiento, sino sobre todo disciplina y respeto como normas fundamentales de convivencia. Es mente abierta y corazón dispuesto hasta las últimas consecuencias.
Las condiciones que están prevaleciendo en todos los ambientes, y ya no se diga en el nuestro, inducen con toda urgencia a hacer redefiniciones estructurales y reorientaciones conductuales en cada sociedad, conforme a las respectivas circunstancias. Dejemos, pues, de perder tiempo en lo superfluo y asumamos el desafío que encarna en esa reeducación integral a la que con tanta frecuencia nos referimos. Eso le dará firme sostén a todo lo demás.
En este Día tan representativo se debe aceptar de una vez por todas que el mejor maestro es siempre el fenómeno real en constante movimiento. Y es a partir de tal aceptación vitalizadora que las puertas del futuro pueden abrirse de veras.
Saludamos en su Día a todos los Maestros y Maestras individualizados que ejercen su misión sin descanso, y los ponemos como ejemplo de servicio sin reservas aun en las condiciones más dificultosas y desafiantes.
Fuente de la Información: https://www.laprensagrafica.com/opinion/La-educacion-debe-ser-siempre-un-compromiso-prioritario-tanto-en-el-orden-institucional-como-en-las-areas-personales-20200621-0030.html
América Central/El Salvador/21-06-2020/Autora: Susana Joma/Fuente: www.elsalvador.com
Los educadores subrayan que su condición los hace vulnerables. Les preocupa la resistencia de los alumnos a acatar distanciamiento social en las escuelas.
De La Cruz, quien atiende el cuarto grado en el Centro Escolar Centroamérica, de Santa Tecla, explica que hace dos años, como resultado de una mala práctica médica, perdió el riñón derecho y el que le ha quedado solo le trabaja en un 15 %.
Sustenta su temor ante el hecho de que en las escuelas los niños difícilmente respetan el distanciamiento social y que, en muchos casos, como estos provienen de comunidades pobres no tienen ni para comprar mascarillas, lo que deja a los maestros en mayor situación de vulnerabilidad.
“Realmente estoy muy preocupada”, subrayó. Ella, por su condición, únicamente soporta laborar la jornada matutina, porque como el riñón no filtra bien al final de la misma termina sin fuerzas.
“Ojalá la ministra haga una excepción con nosotros, que nos sigan dejando (trabajar) en casa, o busquen un decreto para que nos podamos ir (jubilados) y no afectar a los niños, porque ellos no tienen que pagar por nuestras enfermedades”, subrayó la profesora.
Según comentó, a ella el anuncio que el gobierno hizo el fin de semana, en el que contemplaba que los administrativos y docentes tenían que volver el martes a las escuelas, le generó mucho estrés y angustia al punto que sufrió dolores de espalda.
Paz Zetino Gutiérrez, secretario general de Bases Magisteriales y Daniel Rodríguez, secretario general de Simeduco, explicaron que tras advertir a los titulares de Educación que las condiciones para que los docentes retornen no están dadas, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, emitió el lunes por la tarde la circular No. 12 en la que les aclaró que la presencia no era necesaria.
Gutiérrez detalló que muchos educadores, especialmente mujeres, quienes más atención ponen a su salud, le llaman para expresar inquietud, temores.
“Como las personas con enfermedades crónicas son las más vulnerables están preocupadísimas por el reinicio y peor que hoy se sabe que los hospitales están sin capacidad de nada”, agregó.
El representante de Bases coincidió con la maestra De La Cruz en el hecho de que los estudiantes son reticentes a acatar normas, algo que él observa aún más en los grados superiores. “Los estudiantes entre más grandes van usted tiene que decirle más de dos veces para que cumplan indicaciones; son más necios”, citó.
Daniel Rodríguez, de Simeduco, expresó que según tienen conocimiento en el sistema educativo público hay 18,000 profesores con enfermedades crónicas, que son tratados en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM). En la actualidad el sistema educativo tiene alrededor de 41,000 docentes.
Ambos dirigentes gremiales señalaron que la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal son parte de la lista de males crónicos que afectan a los miembros del gremio, a los que se suman otros como el cáncer.
De acuerdo con sus palabras, las jornadas estresantes con los alumnos, y otras situaciones que viven como parte del mismo trabajo, pueden ser factores que inciden en esta situación.
Gutiérrez planteó que es momento de que se concreten cambios en la legislación de pensiones, los cuales permitan que estos educadores se puedan retirar con pensión digna.
Rodríguez por su parte señaló que, como la circulación del virus podría estar presente por mucho tiempo, todos los sindicatos tendrán que buscar la manera de ayudar a los profesores con males crónicos, para que no retornen incluso cuando se abra a la educación presencial.
El sindicalista de Simeduco planteó que una alternativa puede ser que estos docentes sigan atendiendo a los estudiantes de manera virtual.
Adán Cortez, un docente de 60 años que dirige el Centro Escolar Anastacio Aquino, del cantón San Antonio Abajo, en Santiago Nonualco, La Paz, es otro a quien el retorno a clases lo tiene entre la espada y la pared por su condición de persona diabética e hipertensa.
“Preocupa porque más (con) esto (de) que ya están las fases (de apertura) y ver la cantidad de gente que anda, eso significa que hay más riesgo”, expuso el profesor.
Cortez, quien lleva dieciséis años luchando con la diabetes y dos con la hipertensión, es también de los que consideró que se debería mejorar las pensiones para que puedan dejar el magisterio y dar paso a docentes jóvenes.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/maestros-dolencias-cronicas-temen-contagios-regreso-clases/724554/2020/
América Central/El Salvador/14-06-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com
El comienzo de las clases en las escuelas públicas, colegios y universidades no se ha previsto aún explicaron la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, y el ministro de Salud, Francisco Alabí en una rueda de prensa brindada esta mañana.
Una posible apertura de la economía y del transporte público para este domingo no está ligada al inicio de las actividades académicas. Quedan pocas horas para que venza la vigencia que le otorgó la Sala de lo Constitucional al decreto ejecutivo 29 que regula la cuarentena, por lo que a partir del domingo el país amanecería sin una normativa legal para obligar al comercio seguir en confinamiento.
Sin embargo, la directriz del Ministerio de Educación es no abrir los centros educativos hasta que el Ministerio de Salud lo ordene.
“Las escuelas en El Salvador no se van a abrir hasta que no exista peligro alguno para los estudiantes y los docentes y hasta que el Ministerio de salud nos indique en qué momento los podemos abrir, en todo caso, en el momento que lo abramos será de forma progresiva y escalonada, dependiendo de la zona, la evolución y cómo se comporta el contagio en cada una de las regiones del país”, afirmó de Varela.
Según el titular de Salud los niños son el segmento de menor riesgo al contagio del COVID-19, pero sí podrían ser portadores del virus asintomáticos, provocando una diseminación más rápida de la enfermedad.
“La educación es un tema importante pero no podemos exponer a la población y alumnos porque estamos en una situación bastante compleja, aunque no se puedan ver tan afectados, pero sí pueden llegar a generar una manera de transmisión mucho más acelerada de esta enfermedad a nivel nacional. Tanto por la salud de la población en sí como del resto de personas no se puede realizar una incorporación de todas las actividades estudiantiles de manera no controlada menos no planificada”, apuntó Alabí.
En la ley que fue aprobada por la Asamblea en la madrugada del viernesse detalla que los escolares podrán regresar a clases en la cuarta fase de la apertura gradual que inicia el 18 de agosto en adelante. Esta normativa está a la espera de ser aprobada por el presidente Nayib Bukele para ser ley de la República, o puede ser que la vete o la observe.
La titular de Educación reiteró que velarán por el salario de los docentes aunque no se presenten a trabajar y por la salud psicosocial de ellos y de los estudiantes. Además, anunció que la entrega de paquetes alimentarios iniciará este 9 de junio en los departamentos identificados con zonas de extrema pobreza y niños con alta desnutrición y baja talla.
Para este lunes han identificado enviar bolsas alimentarias a 22,830 estudiantes de San Miguel y a 16,658 de La Libertad, en estos departamentos distribuirán los paquetes de alimentación escolar en 348 escuelas de 19 municipios.
“Los departamentos que recibirán más paquetes son Usulután, Chalatenango, Morazán, Cabañas, San Miguel y Ahuachapán, hemos invertido $7.8 millones para entregar estos alimentos a 320,000 familias”, afirmó de Varela. Justificó que en algunos departamentos recibirán bolsas más pequeñas de alimentos porque han pedido a los directores de los centros escolares que pongan a disposición los productos que tenían guardados para el programa escuelas saludables y estos no son muchos.
Por otra parte, Alabí reiteró que existe un subregistro de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 por la falta de pruebas para diagnosticarlos.
Agregó que el virus seguirá diseminándose por todo el territorio mientras no exista una cura o un tratamiento para erradicarlo. Explicó que por falta de pruebas para detectar el virus se están dando casos en los hospitales de personas que llegan con síntomas de la enfermedad y que luego mueren, pero ante la falta de pruebas no pueden determinar si fue por COVID-19 pero se manejan como casos positivos por las características de los malestares que presentan. Justificó que es una situación que se está dando en todo el mundo.
“Sabemos que pueden haber letalidades que se deban a esta enfermedad y no tienen una prueba por las mismas características de la enfermedad, son pacientes que llegan a un centro de atención con un cansancio muy alto, una disnea severa, se presentan en las áreas hospitalarias y no transcurre más de 20 o 30 minutos y desgraciadamente el paciente pierde la vida, no hay tiempo para realizar las pruebas, no tenemos cantidad de pruebas para poder confirmar todos estos casos”, explicó Alabí.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regreso-a-clases-covid-19-coronavirus/723585/2020/
El confinamiento forzoso para evitar la propagación del coronavirus se ha convertido en caldo de cultivo de otro virus de efectos devastadores: la violencia machista. Las llamadas de auxilio y denuncias de mujeres maltratadas se han disparado en México, El Salvador y Honduras.
Alejandra, de 19 años, y Lucero, de 30, (ambas utilizan seudónimos por motivos de seguridad) están ingresadas desde hace unas semanas en un refugio para mujeres maltratadas en la Ciudad de México. Intentan recuperarse del tormento. En plena pandemia del Covid-19 el marido de Alejandra mató a su bebé de nueve meses y la emprendió a golpes contra ella. Lucero vivía encerrada en casa. Su pareja no la dejaba salir y el abuso era constante. Ante la amenaza de la violencia machista y del coronavirus, el confinamiento en una casa refugio es la protección de Alejandra y Lucero, que no tienen ningunas ganas de volver a su “normalidad”.
Las cifras por violencia de género en México eran alarmantes antes de la pandemia. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 40 organizaciones de 22 estados del país, señala que unas diez mujeres eran asesinadas cada día. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres mexicanas en los últimos cinco años, con 964 homicidios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara que la tendencia en el feminicidio “está a la baja”.
Con apenas 19 años de edad, Alejandra vive refugiada durante la contingencia sanitaria. Foto/ Refugio de mujeres
Lo que ocurre, precisa María de la Luz Estrada, es que de los 964 asesinatos, 720 están clasificados como homicidios dolosos y sólo 244 como feminicidios. Este último término define el asesinato de una mujer por la condición de serlo, cometido siempre por un hombre y con una clara connotación machista. Un número creciente de países han incorporado el feminicidio a su legislación penal.
El primer caso de Covid-19 en México se detecta el 28 de febrero. En las semanas siguientes se dictan medidas de aislamiento preventivo, y el 23 de marzo, con 316 casos confirmados y dos muertes, la Secretaría de Salud declara la Jornada Nacional de Sana Distancia, y poco después la campaña “Quédate en casa”. El 30 de marzo se declara una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” y el 21 de abril comienza la fase 3, con medidas que extienden el confinamiento. Los casos de violencia de género, –agresión físicas, sexual y emocional—se disparan de manera alarmante, según advierten mujeres víctimas de violencia, madres de mujeres asesinadas, activistas, y organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos.
Machismo y misoginia en El Salvador
Son más de las 2 de la madrugada del 29 de abril en una vivienda humilde del municipio de Mejicanos, en San Salvador. Cristina, de 17 años, salta de la cama al escuchar ruido. A través de la cortina que divide el cuarto minúsculo vislumbra la silueta de su padre. “¡Qué haces!”, le grita. Salta por encima de la litera donde duerme su hermano de 10 años, enciende la luz y ve una escena dantesca. La madre ensangrentada en su cama, con el cuerpo del marido encima que trata de ahogarla. La muchacha consigue apartar al padre, y levanta a la mujer malherida.
Los gritos despiertan a su tío, Marvin Regalado, quien da un brinco y ve en el cuarto contiguo a su cuñado Edwin Alexander López Rivas, con los brazos extendidos, cubiertos de sangre. “Mátame, mirá lo que he hecho”, susurra el agresor. Detrás ve a su hermana, Susan Daly Regalado, que se tambalea agonizante.
Marvin avisa a la policía, mientras su sobrina recuesta a su madre, con los ojos cerrados y la lengua fuera. De camino al hospital Marvin graba con su teléfono celular a Susan, recostada en el asiento posterior del vehículo policial, con una toalla ensangrentada en la cabeza. Tiene puñaladas en el cuello, mejilla y frente. En pocos minutos llega a la casa otra patrulla de la Policía, que detiene al agresor.
A las 3 de la madrugada, frente al Hospital Zacamil, en San Salvador, un médico sube a la parte trasera del vehículo policial para auxiliar a Susan. Demasiado tarde. “Lo siento, ya no se puede hacer nada. Está muerta”.
El 1 de mayo se presenta ante el juzgado el requerimiento fiscal contra Edwin Alexander López, por el delito de feminicidio agravado de Susan Daly, que en El Salvador está tipificado y sancionado con una pena de entre 30 y 50 años de prisión. López Rivas está detenido por orden judicial y Fiscalía sigue realizando diligencias en la etapa de instrucción.
Edwin Alexander López, antes de la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, San Salvador. Foto/Émerson Flores
El confinamiento forzado de la población a causa de la pandemia ha agravado la violencia contra las mujeres. El Gobierno ha olvidado otro virus, más letal y menos combatido: el machismo y la misoginia. Desde la entrada en vigor de la cuarentena en marzo, el covid-19 ha causado la muerte de al menos cinco mujeres hasta el 13 de mayo. En el mismo período ha habido 18 asesinatos de mujeres, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y el Centro de Atención Legal ha recibido 158 denuncias, que representa un aumento de la violencia del 58% respecto de meses anteriores.
Una “condena” de dos meses en Honduras
En los últimos cuatro meses el Sistema de Emergencia 911 de Honduras ha registrado más de 32.500 llamadas telefónicas de auxilio de mujeres, que denuncian agresiones de su marido o de algún otro miembro de la familia. Según el Ministerio Público, durante el confinamiento se presentan entre 15 y 20 denuncias diarias por violencia doméstica sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.
Una de las llamadas es de una joven, Angie García, hasta ese momento desconocida para el gran público, que denuncia a su marido por maltrato físico y verbal. La noche del 13 de abril, la Policía detiene en su domicilio, en Tegucigalpa, a Román Rubilio Castillo, futbolista de la selección hondureña y delantero centro del emblemático club Motagua.
El vídeo de la detención se hace viral en redes sociales, así como una foto de la paliza que Castillo propinó a su esposa y madre de un hijo. El futbolista pasa 24 horas en dependencias policiales, tal y como estipula la legislación de Honduras, donde la violencia doméstica es tipificada como falta y no como delito.
El Ministerio Público confirma que el deportista estaba ebrio cuando fue detenido. Después de varios rodeos el caso ingresa en el juzgado de familia, y Castillo es “condenado” a dos meses de trabajo comunitario. Melvin Duarte, portavoz del poder judicial, afirma que el acusado reconoció los hechos denunciados por su esposa, “por violencia psicológica y física”, lo que fue confirmado “por un dictamen preliminar en materia forense”.
En Honduras 390 mujeres fueron asesinadas en 2019. El 60% de las víctimas, por ataques de sus parejas, exparejas o alguien con quien tuvieron una relación afectiva, según un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las organizaciones de mujeres registran más casos, y alertan sobre la altísima impunidad: nueve de cada 10 crímenes contra mujeres no se investigan y los asesinos están libres.
Cristina Alvarado, dirigente feminista de la Organización de Mujeres Visitación Padilla, asegura que la violencia de género en las familias es una constante en Honduras. “La pandemia del Covid-19 sólo ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres, producto de la violencia en el hogar. Esto lo venimos denunciando desde hace años las organizaciones feministas y de mujeres”, dice Alvarado.
La presión de la sociedad civil
En México, durante el primer mes de confinamiento las llamadas y mensajes de auxilio a los refugios de mujeres aumentan en un 80%, según explica Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, uno de los 69 centros de la Red Nacional de Refugios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara en una de sus conferencias de prensa “mañaneras” que el 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia contra las mujeres son falsas, aunque los registros oficiales hasta marzo digan lo contrario.
Marilú Rasso, directora ejecutiva del mismo refugio, asegura que en la situación de encierro por el covid-19 “a las mujeres se les vuelve a meter en un papel de servicio obligatorio, y cualquier pretexto funciona para que el agresor ejerza violencia”.
En marzo, Alejandra y su hija de nueve meses sufren una vez más las agresiones del marido y padre. La pequeña pierde el conocimiento y la madre logra escapar con el bebé, que llega al hospital sin vida. El personal sanitario llama al Servicio Médico Forense y a la Fiscalía. “Les dije que en casa vivía amenazada, y que el papá nos golpeó a mi hija y a mí. No estaba borracho ni drogado, sólo se aburría porque no trabajaba”.
Diez mujeres son asesinadas en México todos los días. Foto / Brian Torres
Un informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da cuenta de un 97% de impunidad en los feminicidios. Entre el 3% restante se encuentra el marido de Alejandra, que está en la cárcel por homicidio.
La historia de maltrato de Lucero empieza poco después del comienzo de la relación con su pareja hace 11 años. Madre de cuatro hijas de 10, 8, 6 y 5 años de edad, Lucero es víctima primero de violencia emocional. “Me insultaba, me decía que yo no valía nada y que si salía de la casa no iba a poder sola”. Cansada de los golpes y del engaño, Lucero da el paso: “Sin pensar agarré lo que pude y me fui con mis hijas. Una amiga nos acompañó hasta el Centro de Justicia.” Los exámenes físicos y psicológicos demoran una semana por falta de recursos humanos derivada de la contingencia, y después envían a la madre y a tres de sus hijas a un refugio. La mayor inquietud de Lucero es que la hija mayor está con el padre.
Despliegue militar contra el virus y las pandillas
En El Salvador, el Gobierno del presidente Nayib Bukele convierte una base militar en el primer centro de confinamiento para las personas que llegan del exterior. El 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprueba la “Ley de Restricción Temporal” o régimen de excepción, y el estado de emergencia y calamidad, para hacer frente al coronavirus. El plan Control Territorial, cuyo contenido era desconocido por la sociedad civil, había permitido anteriormente el despliegue militar y policial en todo el país para actuar contra las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18. El Salvador, un país de 6,7 millones de habitantes, tiene uno de los índices de violencia más alto del mundo.
Los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que en 2019 se cometieron 230 asesinatos de mujeres, de un total de 2.398 homicidios, casi 1.000 menos que el año anterior. El Gobierno presenta esta tendencia a la baja como un éxito del plan Control Territorial, que entró en vigor en junio de 2019.
Con la ejecución del último decreto aprobado “la Fuerza Armada mantiene el 100% de sus efectivos colaborando en la lucha contra el covid-19”, declara el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Las personas que, a juicio de las fuerzas de seguridad, no tienen una justificación válida para salir de casa, son detenidas. Más de 2.420 personas están retenidas en condiciones inmundas en centros de contención por violar la cuarentena.
Los militares y policías comandan los más de 800 cordones sanitarios implementados en el territorio nacional. Foto/Émerson Flores
La arbitrariedad de la actuación policial en muchos casos ha provocado choques del presidente con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Bukele ha desafiado al alto tribunal al hacer caso omiso a las resoluciones judiciales, y la CSJ ha admitido innumerables habeas corpus de personas que denuncian arbitrariedades.
Si bien El Salvador fue uno de los primeros países en cerrar el aeropuerto para vuelos comerciales, la improvisación ha sido la nota predominante en la estrategia de Bukele. Adultos mayores, los más vulnerables ante el contagio, han sido confinados en los mismos centros que las personas procedentes de países considerados focos infecciosos.
El regreso a casa del agresor
La pasividad de la Justicia hondureña provoca que muchas mujeres retiren las denuncias, y que los familiares de las víctimas renuncien a luchar. El miedo se apodera cuando el Estado es claramente ineficiente y no responde a las víctimas.
El caso del futbolista Castillo, denunciado por agresión por su esposa, da un vuelco en cuestión de días, cuando Angie García se retracta de sus acusaciones y dice, a través de las redes, que su marido puede volver a casa.“No entraré en polémica, simplemente quiero aclarar que las fotos expuestas en redes sociales no son de mi persona. Pido respeten mi privacidad, no es justo que mi familia sea el centro de atracción”, escribe la cónyuge del jugador.
La legislación permite a las autoridades ordenar la puesta en libertad del agresor, para regresar a casa y convivir de nuevo con la víctima, si no es un caso reincidente. En opinión de la dirigente feminista Cristina Alvarado, la vuelta del agresor al hogar supone un alto riesgo para la víctima. “Lo que estamos promoviendo como organización es que las mujeres agredidas vayan a las casas refugio, o con familiares o amigos. Por lo general, el gran problema es que la violencia doméstica está tipificada como una falta y no como un delito, entonces el enfoque de la ley es preventivo nada más”.
Jueza Claudia Isabela López – Honduras / Foto Radio Progreso
La jueza Claudia Isabela López puntualiza que, si el agresor no cumple con las medidas que dicte un juzgado, el proceso se convierte en penal. “El antecedente de violencia doméstica, cuando es reiterativo, pasa a ser un proceso judicial”.
Ciudad Juárez, cuna del feminicidio
La propagación del virus ha provocado la suspensión de las clases en todos los niveles educativos de México. Muchas madres y padres que aún trabajan han dejado a sus hijos en manos de familiares. Es el caso de Miguel Ángel Z y María Guadalupe M, en Ciudad Juárez (Chihuahua), que quedan al cuidado de su nieta de seis años. El padre de la niña no vive en la ciudad. El 11 de abril, en plena contingencia sanitaria, la pequeña presenta una insuficiencia respiratoria grave que acaba con su vida. La primera sospecha de los padres apunta a coronavirus, pero el informe médico revela que la niña fue violada, golpeada y estrangulada.
El abuelo es el principal sospechoso y es detenido junto con su esposa. Yadira Soledad Cortés, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres Juárez, dice que éste es uno de los muchos casos en plena pandemia: “La violencia sexual infantil se da principalmente por un conocido o un familiar, y las niñas confinadas están más expuestas”.
Ciudad Juárez es un municipio emblemático de los asesinatos de mujeres en México. En los primeros años de la década de los 90 se propagó en esta ciudad fronteriza una ola de homicidios de mujeres, en su mayoría trabajadoras de las maquilas y habitantes de las colonias populares. Aquí nacieron organizaciones de defensa de mujeres como “Ni una más”, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y “Mesa de Mujeres Juárez”, que aglutina a una decena de colectivos.
Del 1 de enero al 14 de mayo se han registrado en esta ciudad 65 feminicidios, un 27% más que en el mismo periodo de 2019, según la Mesa de Mujeres.
El aumento de la violencia de género se repite en todo el país. En enero hubo 15.851 denuncias por violencia familiar en México, en febrero, 13.000, y en marzo, ya con las medidas de confinamiento, se abrieron 20.000 casos. Las llamadas al teléfono oficial de emergencia (911) se multiplican cada mes.
El panorama ya era difícil antes de la pandemia, señala Irinea Buendía, madre de una joven estrangulada por su pareja y referente nacional en la búsqueda de justicia. “Vivíamos una emergencia nacional, pero nadie nos hizo caso, y por eso hubo una manifestación histórica el 8 de marzo, y un paro nacional de mujeres, sin precedentes en México, el 9 de marzo”. Pero al presidente López Obrador “en ese momento le importaba más el sorteo simbólico del avión presidencial y despreció nuestras denuncias”, acusa Buendía.
Mensaje de impunidad
La historia de El Salvador está marcada por la muerte, la guerra, levantamientos campesinos, mártires y dictaduras militares. El conflicto armado de los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, generado por la injusticia social, se prolonga 12 años, hasta la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. El problema de fondo, como en toda la región, se resume en dos palabras: desigualdad y exclusión de la gran mayoría. Según Oxfam, los 160 más ricos acaparan el 87% de la riqueza. Y la mayoría vive al día.
“El presente no está desvinculado del pasado”, subraya Silvia Juárez, de la organización de mujeres Ormusa, que cita como ejemplo el informe De la locura a la esperanza, elaborado por la Comisión de la Verdad tras la firma de la paz. Dicho informe describe la violencia sexual como un hecho colateral y no como una violación sistemática contra las mujeres.
Tras la firma de los acuerdos de paz no hay un proceso de reconciliación nacional. El año siguiente, en 1993, la Asamblea Legislativa aprueba la ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que pone en libertad a todos los presos involucrados en violaciones de derechos humanos durante la guerra civil.
Después de décadas de reclamos por parte de las víctimas, en 2016 la Corte Suprema anula la ley de Amnistía. Los enfrentamientos en la Asamblea Legislativa continúan y el 26 de febrero pasado, el pleno aprueba una ley de amnistía disfrazada, la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. “Si ni siquiera se reconoce esta violación, estamos lejos de construir la paz”, lamenta Silvia Juárez.
En El Salvador, la violencia deja las trincheras y muta en forma de grupos pandilleros. Hasta el 30 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) reporta dos casos en los que hay indicios de asesinatos de mujeres a manos de pandillas o maras desde que comenzó la cuarentena domiciliaria.
Las autoridades policiales y militares cierran las calles para implementar el cerco sanitario y habilitan un acceso. Foto/Emerson Flores
La coordinadora de la mujer de la Fiscalía, Graciela Sagastume, explica que no hay diferencia en cuanto al procedimiento de mujeres asesinadas por integrantes de maras, porque en todos los casos se aplica el protocolo de feminicidio. Según las reglas de las pandillas, las mujeres no tienen voz y no pueden opinar ni decidir. La coordinadora fiscal considera que los feminicidios dentro del mundo de las pandillas son un problema estructural. “En la medida que el Estado invierta en problemas sociales, las mujeres podrán salir de ese mundo”.
San Pedro Sula, violencia y emigración
Iberoamérica es la región más violenta del planeta, según un estudio de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. De las 50 ciudades con más homicidios 15 están en México (con Tijuana a la cabeza), dos en Honduras (San Pedro Sula y Tegucigalpa), y una en Guatemala (Ciudad de Guatemala) y una en El Salvador (San Salvador).
San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras con 1,1 millones de habitantes, estuvo considerada durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014, la ciudad más violenta del mundo. Llegó a registrar 142 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. San Pedro Sula es también el epicentro del éxodo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Una de las zonas más conflictivas de la ciudad es Chamelecón, un suburbio pobre, de calles de tierra, donde pandillas y grupos criminales ligados al narcotráfico libran su propia guerra por el control territorial. Aquí se registra el 5 de mayo un caso de violencia que sacude la ciudad. Un abogado asesina a su esposa, después a su hijo y finalmente se suicida. Los vecinos declaran que escucharon gritos y una fuerte discusión.
Para la abogada y feminista Karol Bobadilla, quien integra el Foro de Mujeres por la Vida, en Honduras no hay condiciones para que las mujeres permanezcan en cuarentena y, sobretodo en casos donde tienen un agresor al lado.
¿Qué explicación tiene tanta violencia en Honduras? Tiene raíces profundas, según detalla un análisis político del sacerdote Ismael Moreno: “La acumulación de riqueza, tierra y recursos en pocas manos, y la acumulación de poder en instituciones del Estado controladas por esas mismas personas ha generado una violencia que hoy nos parece incontrolable”.
La oligarquía hondureña, bajo la tutela del capital multinacional y con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de todos los hilos: del capital comercial, especulativo y agroindustrial, de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. “Las decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en su conjunto no pasan de doce apellidos”, explica Moreno.
Una segunda característica es la cantidad de conflictos sin resolver: “Educación y salud deficientes, recaudación de impuestos, inseguridad y violencia. Es como una enorme olla de presión a punto de estallar”.
El tercer rasgo, según Ismael Moreno, es la subordinación del Estado al sistema de partidos políticos. “Es una institucionalidad que genera violencia, y que sirve como refugio a personas que se dedican a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como la Policía Nacional, en maquinarias delictivas”. La violencia impregna toda la sociedad hondureña y abona el sistema patriarcal, que convierte muchos hogares en campos de batalla, donde muchas de las víctimas son mujeres.
Inseguridad en la UNAM
Antes de que el coronavirus llegue a México, las movilizaciones de mujeres contra las distintas formas de violencia de género están en un punto álgido. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de mayor prestigio de América Latina, según la página UniRank, vive una convulsión inédita debido al incremento de la violencia y a la falta de respuesta de las autoridades universitarias.
Una joven es encontrada sin vida el 2 de mayo en la Ciudad de México, en plena fase 3 de la pandemia. Foto / Brian Torres
Durante más de cinco meses, hasta el 14 de abril, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha estado ocupada por un colectivo de mujeres estudiantes denominado Mujeres Organizadas, que exigen el fin del acoso sexual, de las violaciones y desapariciones de estudiantes en la facultad y en el resto de la Universidad. La alumna Mariela Vanessa desapareció en 2018 sin dejar rastro, cuando se dirigía desde su casa a la facultad.
Mientras dura la protesta, las ocupantes de la facultad de Filosofía y Letras son “vigiladas, perseguidas por todos los medios posibles, agredidas y criminalizadas”. Lo que no consiguen las amenazas ni las autoridades lo logra la pandemia, y finalmente tienen que desalojar las instalaciones al no contar con “las herramientas necesarias para hacer frente” al covid-19.
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Las historias de México, El Salvador y Honduras, reflejadas en este trabajo colectivo, ponen de relieve que la pandemia del covid-19 sólo echa más leña al fuego de la violencia machista. El confinamiento forzoso ha convertido muchos hogares en auténticos infiernos para las mujeres.
La conclusión más tremenda, a la luz de lo que ocurre en estos tres países, es que la violencia intrafamiliar o de género no es por temporadas, ni se detendrá una vez pasada la pandemia. Como afirma la fiscal salvadoreña Gabriela Sagastume, la violencia hacia la mujer está sostenida por los patrones socioculturales que imperan en El Salvador, que no difieren mucho de los de México o de Honduras.
Antes del coronavirus las agresiones de toda magnitud a mujeres, incluido el feminicidio, se repetían diariamente en cada uno de los tres países. La pandemia esboza una nueva realidad llena de claroscuros. Las instituciones del Estado brillan por su ausencia cuando son más requeridas que nunca, pero en contrapartida la sociedad civil muestra vigor y capacidad de presión para ser tenida en cuenta. En medio, las mujeres, las víctimas, empiezan a perder el miedo y a romper el silencio.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
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Con apenas 19 años de edad, Alejandra vive refugiada durante la contingencia sanitaria. Foto/ Refugio de mujeres
Una joven es encontrada sin vida el 2 de mayo en la Ciudad de México, en plena fase 3 de la pandemia. Foto / Brian Torres
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