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La educación de Honduras en letargo por la pandemia y la pobreza, según exministro

Debido a la pandemia de covid-19 que desde marzo de 2020 afecta a Honduras y la pobreza de la mayoría de las familias, la educación pública está en un letargo porque muchos niños y jóvenes no reciben clases o las reciben de manera interrumpida, según el exministro de Educación Marlon Brevé.

En esas condiciones, eso implica que los estudiantes han tenido “una educación de mala calidad”, dijo Brevé a Efe en Tegucigalpa.

Agregó que cuando el país entró en confinamiento por la pandemia, en marzo de 2020, se suponía que todos los centros educativos pasarían a la educación a distancia, pero que hasta ahora solamente las universidades son las más cercanas a la educación virtual.

UN MILLÓN DE NIÑOS EXCLUIDOS

“Hasta el noveno grado no ha habido una virtualidad electrónica, ha habido una educación a distancia, y aunque muchos padres hicieron un esfuerzo para que sus hijos se conectaran a través de un teléfono, las recargas se les terminaban rápido”, subrayó Brevé, rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).

Señaló además que aquellas familias que no podían costearse un ordenador, la conexión con Internet u otro dispositivo electrónico, terminaban con un teléfono pero para conversar con el maestro y enviarle mensajes para que le asignara tareas a sus hijos, lo que ha sido “catastrófico” en función de las cifras de alumnos afectados.

Brevé recordó que, según varias organizaciones, antes de que se propagara la covid-19, ya había un millón de niños excluidos del sistema educativo formal, desde prebásica hasta la educación media.

Hasta enero de 2020, mientras la población en edad escolar de 5 a 18 años, era de tres millones, la matrícula fue de dos millones, y al cerrar ese año habían desertado 600.000, según registros de la Secretaría de Educación, señaló el exministro.

Para agravar la situación, los 1,4 millones de estudiantes que finalizaron el 2000, “recibió clases de una manera interrumpida”.

En 2021, según indicó Brevé, de los 600.000 que desertaron en 2020 se recuperaron 300.000, con los que la matrícula llegó a 1,7 millones de alumnos, pero ya había un millón afuera.

RECUPERAR LA MATRÍCULA, RETO DEL NUEVO GOBIERNO

“Entonces, el efecto neto es que hay 1,3 millones de niños excluidos y 1,7 millones han recibido educación”, enfatizó Brevé.

El gran reto de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió el 27 de enero, según Brevé, es “recuperar la matrícula y no se debe conformar con dos millones, porque eso era lo que teníamos en enero de 2020”.

“Hay que recuperar ese millón que estaba excluido, yo sugeriría que se ponga como meta de este gobierno 2,5 millones de niños y jóvenes desde preescolar hasta educación media”, añadió.

Según otras fuentes, miles de niños interrumpieron sus estudios en los últimos dos años porque emigraron con sus padres, en su mayoría a EE.UU., aunque muchos no pasaron de Guatemala o México.

El país está en “un círculo vicioso de pobreza, desesperanza y falta de oportunidades”, por eso muchos emigran, dijo Brevé.

La presidenta Castro inauguró el pasado día 1 el año escolar en el sector público con el reto de un reinicio de clases bajo una modalidad semipresencial por los daños que sigue causando la pandemia de covid-19, que en casi dos años ha dejado alrededor de 10.700 muertos y 500.000 contagios, según fuentes oficiales.

NECESIDAD DE VACUNAR A LOS NIÑOS

La situación es difícil, porque además de que no está vacunada toda su población, principalmente la de edad escolar, unos 22.000 centros educativos están en malas condiciones y el Gobierno pasado, aunque lo prometió, no los reparó, dijo el exministro de Educación.

Antes de la matrícula se debió hacer un diagnóstico diferenciado de los municipios del país para conocer con precisión la situación de cada uno, además de recuperar los aprendizajes que muchos niños no han logrado, o nivelar sus conocimientos, subrayó.

Brevé cree que el pasado gobierno no le dio importancia al diagnóstico que se requería para antes de la matrícula de 2022, quizás por “temor a que se reflejarán resultados de que los niños han perdido hasta dos años de aprendizaje”.

Con la situación que atraviesa la educación pública, se está llegando a que niños de tercer grado, que han estado el primero y segundo en pandemia, “no van a saber leer, ni van a saber las tablas” de matemática, a lo que se añade que ni los maestros van a estar preparados para los nuevos retos que tiene el país en materia educativa, recalcó Brevé.

https://holanews.com/la-educacion-de-honduras-en-letargo-por-la-pandemia-y-la-pobreza-segun-exministro/
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Gautemala: Ministerio de Educación perdió el tiempo

Prensa Libre

Antes de la pandemia y, por coincidencia temporal, antes del período de la actual titular de Educación la excusa más usual para la falta de remozamiento de planteles educativos era que por el ciclo de actividades escolares se hacía difícil efectuar trabajos si no se trasladaban las clases a otra parte. Era una excusa repetitiva, que evidenciaba falta de planificación, pero tenía cierta lógica. Con la suspensión de clases desde el 13 de marzo del 2020, se tuvo cuando menos un año y medio para emprender un vasto programa de recuperación, equipamiento y modernización.

Por canales oficiales se promocionó el remozamiento de algunos centros y unas cuantas donaciones de equipo para clases virtuales. A pesar de contar con un presupuesto que rozó los Q18 mil millones con todo y ampliaciones en el 2021, la cartera educativa fue incapaz de asignar más fondos a este rubro. Peor aún, de los Q89.6 millones destinados para mejoras físicas de las instalaciones se ejecutó menos del 10%, pese a que abundan las escuelas en ruinas por todo el país en donde el actual gobernante hizo campaña.

Para mayor agravante de este incumplimiento, en los meses finales del 2021 se avizoraba el posible retorno a clases. Con un poco de voluntad y visión estratégica, bien se pudo acelerar la ejecución de obras dirigidas a lo más valioso que tiene el país: la niñez y juventud, para proveerles un ambiente digno, didácticamente adecuado para el cultivo de sus intelectos. La pausa de la pandemia pudo ser esa ventana de oportunidad para apostar por la transformación de tantos edificios escolares e incluso impulsar la demolición de estructuras inadecuadas, para crear verdaderos centros locales de desarrollo humano. Se desperdició el tiempo.

Eso sí, la ministra Claudia Ruiz y su equipo se ocuparon oficiosamente de sentarse a pactar con el dañino dirigente Joviel Acevedo, a escondidas de la ciudadanía, un incremento salarial, sin requisitos de evaluación ni mayor exigencia de mejora en la calidad educativa. Otro síntoma deplorable de este clientelismo surgió a principios de este 2022, cuando la Universidad de San Carlos anunció la suspensión del programa de formación de docentes, al señalar que el Mineduc no ha contratado ni un solo egresado, pese a que se trata de un factor fundamental para una mejora a mediano y largo plazo. Solo contratan a los apadrinados por el grupo de Acevedo y, por si fuera poco, hay supervisores departamentales que solo se limitan a dar una indicación a los directores: que sigan las instrucciones del sindicato magisterial, que hasta hoy no ha dado una sola muestra de que le importe el futuro de la Nación.

En un gobierno ordenado y bajo un liderazgo claro, la repartición de refacciones escolares no debió ser hecha por el Mineduc, sino por la cartera de Desarrollo, pero esta tiene también sus propios lastres, omisiones y conflictos de interés. Quizá tenía que asumirlo la ministra, pero junto con ello debía asegurarse de que los maestros efectuaran su labor en todo el país, que las guías entregadas cumplieran con la meta de dar continuidad al aprendizaje.

¿Cómo iba a hacerlo si tácitamente cedió el sistema educativo a un dirigente venal con el cual firmó un incremento salarial sin condiciones? ¿Cómo iba a exigir calidad si la misma no figura dentro de tan lesivo pacto? ¿A quién va a culpar de no haber respondido a la altura de los tiempos? No bastaría ni siquiera ir vestida de negro a pedirle perdón, uno por uno, a tantos niños que perdieron dos años irrecuperables, sobre todo en zonas donde hace tanta falta la educación competitiva.

Ministerio de Educación perdió el tiempo

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Guatemala: Los cepos morales

Los cepos morales

Carolina Vásquez Araya

El Diccionario de la Lengua Española, en su versión actualizada al 2021, define el honor -entre otras acepciones- como “Buena opinión granjeada por la honestidad y el recato en las mujeres”. Desde este enunciado viene implícito un estereotipo discriminatorio, mediante el cual se demanda de la mujer un comportamiento personal determinado y sujeto a censura con respecto a su sexualidad y su relación con los demás. Esta visión de las expectativas sociales hacia la sexualidad femenina es proyectado como un valor, aun cuando conlleva una fuerte carga de prejuicio y la ratificación de la autoridad patriarcal, desde la cual se legitima y respalda un trato diferenciado entre hombres y mujeres.

El impacto de la idea del honor en la vida de millones de mujeres en el mundo no se detiene en el marco de la conducta. También afecta a su libertad, estilo de vida y oportunidades de desarrollo, hasta tocar el extremo de amenazar su supervivencia. Por esta dudosa concepción del “honor”, mujeres de diferentes culturas son víctimas de tortura, lapidación y muerte. Son violadas y despojadas de sus bienes, alejadas de sus hijos y expulsadas de su hogar. Por el honor se cometen contra ellas crímenes abominables, los cuales –también por cuestión de honor- quedan impunes al estar protegidos sus hechores con la legitimidad que otorgan las leyes.

Bajo la excusa de la cultura y la tradición, en todo el mundo se cometen los más abominables abusos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es una cuestión de poder patriarcal y sus perpetradores terminan siendo protegidos por un marco jurídico en cuya nebulosa legal se amparan los crímenes sexuales. El nivel de impunidad en esos delitos cometidos, por lo general, por hombres cercanos a sus víctimas, es una auténtica forma de tortura. Y esa impunidad se debe, precisamente, al tan arraigado, arcaico y distorsionado concepto de honor, según el cual las familias afectadas por un crimen sexual contra alguna de sus integrantes, sufrirían ostracismo y marginación por parte del resto de su comunidad. Un castigo no solo injusto, sino marcado por un profundo desprecio por la naturaleza femenina.

El concepto de honor debe experimentar una profunda revisión. No es aceptable, en una sociedad de este siglo, atribuir a la vida íntima y personal de una mujer –la cual solo a ella le pertenece- el peso de la reputación de todo un grupo social y mucho menos la condena moral por la manera como decida vivir.

Tampoco es aceptable -de hecho, es una monstruosidad por donde se le analice- condenar a las niñas al abuso sexual reiterado apelando al honor, porque desde el momento que el crimen se perpetra y los testigos callan, ese supuesto honor ya fue destruido. La complicidad en esta clase de actos de barbarie es tan perversa y culpable como la comisión misma del delito y no hay excusa alguna para ampararlo.

El honor, como el mismo DRAE lo señala, es una cualidad moral. El ocultamiento de actos criminales no lo es. Por eso esta reflexión debería calar en lo profundo de la conciencia de quienes en nuestros países –tanto como en India, Pakistán, Estados Unidos, Brasil o cualquier otro alrededor del mundo- ubican el concepto de honor en el sexo femenino, lo condenan, lo marcan a fuego, lo violan y lo satanizan a fuerza de prohibiciones, credos y mitos.

Si somos capaces de llevar la ciencia y el arte a niveles de sublime exquisitez, si la humanidad se pavonea con el desarrollo de sus grandes logros, si nos consideramos superiores a todas las especies, entonces estamos obligados a redefinir conceptos arcaicos cuya vigencia desmiente todo lo anterior y nos coloca en el peldaño más bajo de la escala. La des-satanización de la naturaleza femenina es una obligación moral de las sociedades y también una deuda histórica. Los credos religiosos, cuyos principios insisten en discriminar a la mujer, deben experimentar una revisión de fondo y corregir las aberraciones conceptuales cuya fuerza tanto daño sigue ocasionando en más de la mitad de la población.

El concepto de honor no puede residir en la discriminación, castigo ni marginación.

elquintopatio@gmail.com

@carvasar

Fuente de la Información: https://iberoamericasocial.com/los-cepos-morales/

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Panamá investiga denuncia de esterilización a mujeres indígenas

Las cirugías se habrían sido practicado en un hospital público y sin consentimiento de las afectadas.

El Gobierno de Panamá y la Defensoría del Pueblo informaron este viernes el inicio de investigaciones sobre posibles esterilizaciones a mujeres indígenas, las cuales habrían sido realizadas en un hospital público y sin consentimiento de ellas.

A través de un comunicado, el Ejecutivo dio a conocer que «el Ministerio de Salud inició una investigación relacionada a supuestos procedimientos quirúrgicos» para esterilización «sin el debido consentimiento de los pacientes».

El texto añade que la cartera también solicitará información a las autoridades sanitarias de la comarca indígena Ngäbe-Buglé y en la provincia Bocas del Toro, al noroeste del istmo.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo informó la creación de una comisión de derechos humanos para profundizar en el tema.

Además, la vicepresidenta del Parlamento, Kayra Harding, presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

La apertura de las pesquisas se concretó luego de que el pasado martes, durante la sesión de la comisión parlamentaria de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, la diputada suplente Walkiria Chandler se refirió a la visita que junto a otros legisladores hizo en octubre de 2021 a la comunidad indígena de Charco La Pava, en Bocas del Toro.

Durante la misma recibieron denuncias de una docena de mujeres que, tras dar a luz en un hospital lejano, nombrado El Silencio, despertaron y constataron que habían sido esterilizadas sin su consentimiento.

De acuerdo con medios de prensa, tras recibir las denuncias los asambleístas redactaron un informe y solicitaron que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre (quien no se encuentra en el país), compareciera ante la comisión, pero este no se presentó pese a tener conocimiento.

En la sesión de la citada comisión también participó la ministra interina de Salud, Ivette Berríos, quien en lugar de atender la preocupación refirió que Chandler no disponía de pruebas y que todo obedecía a una conspiración política.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/panama-investiga-denuncia-esterilizacion-mujeres-indigenas-20220218-0023.html

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Costa Rica destina 7,5 % del PIB a la infancia, según estudio de Unicef

El Estado de Costa Rica destinó durante el 2020 alrededor del 7,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país a la atención de los menores de edad, según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El organismo reveló que un 81 % de estos recursos se destinaron en forma directa, con becas, comedores escolares y hospitales, mientras que un 19 % fue de forma indirecta, a través de bonos de vivienda, cuidados prenatales y otros del entorno protector.

La mayoría del gasto público se dirigió hacia las personas entre los 12 y 17 años con un 39 % del gasto total; seguido por el gasto recibido por personas entre los 6 y 11 años (37 %) y por último, el gasto en personas menores de 5 años (24 %). Además un 52 % del gasto fue hacia hombres y un 48 % hacia mujeres.

«Invertir en la infancia es una forma estratégica de reconstruir el país social y económicamente durante y después de la pandemia. Estos datos nos muestran la importancia de contar de forma permanente con este tipo de análisis, para enfrentar los desafíos y cerrar las brechas presupuestarias para que cada niño, niña y adolescente pueda contar la protección de todos sus derechos y desarrollar todo su potencial», dijo la representante de Unicef, Patricia Portela.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Del total de recursos directos, un 49 % se invierten en educación por medio de entidades como el Ministerio de Educación Pública, seguido de salud en donde se destina el 28 %, por medio de las acciones, en su mayoría realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

En el área de protección social se destina el 12 %, en donde se destacan las iniciativas de entidades como el Patronato Nacional de la Infancia, Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad, que entre sus acciones, buscan brindar protección a las personas menores de edad.

«Es una tarea ineludible del Estado garantizar el disfrute de los derechos de las personas menores de edad. Es así como la información que provee este estudio busca servir de base para el análisis y seguimiento de las políticas públicas y objetivos sociales establecidos», manifestó la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez.

Con respecto a la inversión por derechos de la niñez y la adolescencia, la mayor proporción se destina al derecho de desarrollo, que representa el 54 % del gasto total; seguido de supervivencia con un 37 %.

Según explica la investigación esto es debido a que el país dirige gran parte de sus esfuerzos y recursos a fortalecer el sistema educativo y de salud para que la población cuente con servicios de fácil acceso y calidad.

Los derechos, cuyas áreas están recibiendo una menor asignación, son protección con 9 % del gasto total dirigido a las personas menores de edad y un 0,4 % en el tema de participación.

El documento es realizado por el Patronato Nacional de la Infancia en conjunto con 66 instituciones públicas y el acompañamiento de Unicef y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-infancia_costa-rica-destina-7-5—del-pib-a-la-infancia–seg%C3%BAn-estudio-de-unicef/47354974

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El Salvador: Sindicatos de docentes dicen que ministra Hananía debe presentar las pruebas de los ilícitos que señala

América Central/El Salvador/18-02-2022/Autora: Evelia Hernández/Fuente: www.elsalvador.com

Desde el seno de algunas gremiales señalan que si la titular de Educación no denuncia los casos de venta de plazas que dice conocer, estaría cayendo en un ilícito.

El secretario general de Simeduco, Daniel Rodríguez, afirmó ayer que la Ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, trata de frenar a las gremiales docentes con amenazas de que va a presentar documentos en la que vincula a sindicatos de profesores con irregularidades en la contratación de docentes.

“Nosotros le decimos a la señora ministra que presente las pruebas, porque ella siempre tiene ese problema que hace aseveraciones con respecto a ilícitos que se están desarrollando por parte de los docentes. En agosto de 2019 manifestó que los directores, por ejemplo, teníamos chanchullos con los proveedores de servicios de paquetes escolares. Nosotros como Simeduco le pedimos que presente las respectivas denuncias a la Fiscalía y solo presentó 30 avisos (que) para 5,000 escuelas no es significativo”, afirmó.

Rodríguez sostuvo que la titular de Educación ha venido refiriéndose a ellos con expresiones peyorativas hasta el grado de ofenderlos de que no saben leer ni escribir.

El dirigente sindical dijo que si la ministra Hananía de Varela tiene los documentos, que denuncie a los sindicatos que han vendido y comprado plazas, dado que ellos como Simeduco se consideran libres de señalamientos, puesto que no se han prestado para ese tipo de cosas.

Según indicó, la titular de Educación debe presentar pruebas en todas las áreas y en este contexto incluso dar cuentas del porqué un hijo de ella está como Ministro de Gobernación.

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El profesor Daniel Rodríguez, secretario general deL Simeduco, presentó hoy un recurso para que la Sala de lo Constitucional declare inconstitucional el Decreto Legislativo No. 69, que abrió el camino para que el Ministerio de Educación contrate a docentes por Ley de Salario. Imagen de carácter ilustrativo y no comercial/ Cortesía

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Honduras: Se profundiza violencia contra personas LGBTI

POR: GIORGIO TRUCCHI 

Jonathan Martínez, César Zúñiga y María Fernanda Martínez fueron asesinados el pasado 2 de febrero en San Pedro Sula y La Libertad. Ya son 5 las personas sexo-género diversas asesinadas en lo que va del año.

De acuerdo con los primeros reportes, Jonathan Martínez y César Zúñiga, que eran pareja, fueron ultimados de varios balazos por desconocidos vistiendo uniformes de la policía militar.

La misma noche fue asesinada con saña la joven María Fernanda Martínez, quien recibió más de diez disparos y una piedra en la cabeza.

En el mes de enero había sido asesinada en Tegucigalpa Thalía Rodríguez, reconocida activista por los derechos de las mujeres trans.

Según el Observatorio de muertes violentas de la Red Lésbica Cattrachas, los ataques en Honduras contra la comunidad LGBTI han dejado un saldo de 28 personas asesinadas el año pasado, 405 en los últimos 13 años. Más del 90 por ciento ha quedado en la impunidad.

Los tres asesinatos del 2 de febrero fueron condenados por la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (Oacnudh).

“La Oficina expresa su preocupación frente a los ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas LGBTI en el país.

El Estado hondureño debe garantizar la verdad, justicia y reparación por estos crímenes, y la no repetición de los hechos”, escribió desde su cuenta de Twitter.

La Oacnudh instó a las autoridades a “realizar investigaciones prontas que incluyan la línea de investigación de crimen de odio”.

Fuente de  la información e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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