Panamá

La ministra de Educación (Meduca), Marcela Paredes, desestimó en declaraciones a un canal de televisión que no se atendieran las necesidades de la enseñanza en la comarca Ngabe Buglé y citó que hay 200 proyectos de carreteras y caminos y 75 millones de dólares para solucionar las aulas-rancho.

Solo un gremio, AEVE, no comparte el acuerdo que fue aceptado por representantes de otras 16 asociaciones magisteriales del país, lo que promovió enfrentamientos entre ellos, dijo la titular, quien destacó la flexibilidad presentada por las autoridades y pidió regresar a clases.

Pino, por su parte, en entrevista con Prensa Latina calificó de irresponsables las declaraciones de Paredes, porque trata de desconocer el derecho constitucional a huelga, después que no lograron quebrantar el movimiento por supuesta división, ‘cuando no hay una división real, no es así’.

Lo que hicieron fue una manipulación de algunas personas para firmar un acuerdo que le diera al gobierno una imagen de que estaba dispuesto a dialogar, pero que hay un sector minoritario que es intransigente, denunció la gremialista.

‘Demeritar la huelga y la seguridad laboral, que es la razón por la cual se inició el 26 de junio y permanece, frente a la muerte de dos compañeros a causa del mal estado de las vías de comunicación’ es el propósito real, afirmó y reveló que por donde se accede a varias escuelas, están en peor estado.

‘Ese tema de la seguridad laboral es el que quieren anular y negar’, exclamó Pino, quien recordó que todo empleador tiene el deber de brindar las herramientas y protocolo de protección para prevenir accidentes y evitar así riesgos de perder la vida.

La ministra y la comisión de alto nivel ‘niegan ese derecho’ porque no cumplieron hasta el momento acuerdos sobre el tema en sendas reuniones el 28 de junio y 10 de julio, respectivamente, agregó la profesora, y denunció que el 11 de agosto las autoridades propusieron la anulación de los mismos.

Un reclamo de los maestros es la formalización de la comisión de alto nivel mediante decreto presidencial, lo cual ofrecería fuerza legal a la misma, a lo que Paredes señaló que se hará, pero lleva trámites y mientras, avanza el paro y los estudiantes siguen sin clases, e insistió en la suspensión de la protesta.

A ello respondió la sindicalista que son excusas para dilatar la solución y no reconocer el conflicto, pues a lo largo de las luchas magisteriales se llegaron muchas veces a pactos mediante negociaciones colectivas con ministros de Estado, sin el respaldo de leyes que ahora ven necesarias crear.

Agregó Pino que la situación no solo implica la seguridad del docente como trabajador, sino de la comunidad educativa, pues niños y padres también perdieron la vida en busca de la enseñanza, transitando a través de peligrosos accesos, y por esas razones -dijo- las bases acordaron en asamblea continuar el paro.

El Gobierno intenta ‘confundir un poco con el manejo de las palabras’, porque quieren derogar lo acordado el 28 de junio, continúa el plazo para la legalización de la comisión, también utilizaron a personas para justificar que hay división entre los educadores.

‘Aquí hay una total irresponsabilidad, pues obligar a los compañeros nuevamente a dirigirse a sus escuelas con las vías de comunicación en el estado que están, es arriesgar sus vidas. Esto significa que sería el Gobierno y la ministra de Educación los responsables de lo que ocurra’, sentenció Pino.

La gremialista confirmó que este martes la AEVE tendrá una asamblea para determinar el apoyo a sus colegas de la Comarca Ngabe Buglé mediante un paro nacional; a su vez, las autoridades aseguraron que volverán el 17 de agosto a la mesa de negociaciones.