República Dominicana

Por: Elisabeth De Puig

Las inquietudes que han salido a la luz a raíz de la denuncia de las prácticas en que habría incurrido la ministra de la Juventud así lo indican y serían la expresión de una voluntad ciudadana de que el Cambio no tenga contemplaciones frente a posibles desviaciones.

Pasan los días, las semanas, los meses y seguimos viviendo en un contexto inaudito e inédito, en medio de una crisis interminable que nos fuerza a una adaptación permanente, a nuevos aprendizajes, a vivir en la incertidumbre y con elementos contradictorios.

El regreso a clase virtual se acerca y la ansiedad de los padres aumenta; Navidad está a la vuelta de la esquina con sus primeras luces. Lo cierto es que estas serán para muchos unas Navidades muy especiales que no se parecerán a las anteriores.

Las recibirán con cierta tranquilidad económica servidores públicos de carrera que han visto sus empleos protegidos durante la pandemia y no se preocupan por un doble sueldo que están seguros van a cobrar. Lo más probable es que solo pierdan los beneficios suprimidos este año de las fiestas navideñas y la entrega de canastas que caracterizan esta temporada. Desesperados -dentro de esta categoría- estarán los que han sido cancelados de la administración pública por los motivos que sean.

En el sector privado, unas 400,000 familias lo van a pasar mal. Me refiero a los trabajadores que han sido suspendidos y se han beneficiado de los programas Fase uno y dos (que, dicho sea de paso, se acabarán en diciembre sin que la economía haya recuperado su brillo), y que -por lo que se sabe hasta ahora- recibirán una fracción mínima del tan esperado doble sueldo que permite “resolver” a tantas familias de nuestro país.

En cuanto a las más de 800,000 familias que reciben los beneficios de las diversas tarjetas y que se ayudan con el chiripeo, estas -de todas maneras- nunca la pasan muy bien.

Peor les irá todavía a las familias que no se benefician de ninguna tarjeta, así como las de migrantes.

Se habla mucho de la medida dispuesta por el gobierno de prohibir las canastas mientras las iglesias han apelado al mantenimiento de esta práctica. ¿Se tratará de lo mismo? Si bien entiendo, el gobierno ha prohibido gastar dinero en canastas suntuosas que el ministro tal mandaba al ministro cual, las canastas que diversas instancias gubernamentales mandaban a directores de periódicos, a altos ejecutivos de bancos y de otras entidades con el dinero del contribuyente, a la par de las canastas que recibían de diversas fuentes.

Prohíbe aparentemente también las canastas que era costumbre distribuir al personal en el transcurso de la fiesta navideña de la institución.

Si se puede aplaudir la supresión de las canastas suntuosas es más difícil alegrarse con la supresión de las canastas de los empleados que devengan bajos salarios y los hay muchos en la administración pública.

De todas maneras, estas prohibiciones no deberían tocar la solidaridad con las personas más vulnerables de la sociedad, a las cuales seguramente se refieren las iglesias.

Con los fondos ahorrados con la eliminación de las canastas de lujo se podría entregar -y sobraría- una caja de alimentos digna distribuida sobre la base de criterios claros, transparentes y reales para que todas las familias en situación de extrema pobreza que viven en nuestro territorio se beneficien de una cena de Navidad.

Por otro lado, junto a estas medidas, la población está esperando ver la concreción de otras promesas de cambio: la lucha contra la corrupción y la mejoría de la calidad del gasto. Si bien estas iniciativas eran necesarias antes de la pandemia, ahora más que nunca son imprescindibles. Suprimir los gastos suntuarios sería parte de este plan.

Las inquietudes que han salido a la luz a raíz de la denuncia de las prácticas en que habría incurrido la ministra de la Juventud así lo indican y serían la expresión de una voluntad ciudadana de que el Cambio no tenga contemplaciones frente a posibles desviaciones.

Está claro, de todas maneras, que el dinero que sigue siendo entregado a los legisladores para asistencia social, en espera de un mejor destino, no debe de ninguna manera ser manejado por el propio legislador sino directamente por la cámara correspondiente y que su asignación se haga de manera igualitaria. No es cuestión de rendición de cuentas y transparencia. A cada uno su función: a los honorables senadores y diputados, de hacer las leyes; al Estado, de ocuparse de la protección social, y al Senado y a la Cámara de Diputados, de pagar los asesores de los honorables miembros.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/canastas-y-barrilitos-8873620.html