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Educación superior

Diario la Tercera

Por: Ricardo Paredes

SE ESPERA que el gobierno reenfoque el proyecto de Ley de Educación Superior, excluyendo áreas de disenso y que requieren más trabajo. Debe cuidar de no arriesgar una mirada integral, que comprometiera el desarrollo futuro de la educación superior como un todo.

Especial aprensión surge de la constatación que para un conjunto relevante de instituciones, universidades y CFT e IP son sustitutas para los estudiantes. La mera posibilidad que se excluya del proyecto al sector Técnico Profesional (TP), que se deje para más adelante, una vez resuelto el tema universitario, representa un peligro y que se puede ilustrar en dos áreas, calidad y selección.

Si se introducen criterios diferenciados de calidad para universidades y para instituciones TP, se relegará a la educación TP a una categoría inferior, a la que se le exige menos. Es claro que el sistema de aseguramiento de calidad requiere mejoras, pero la actual concepción de calidad es valiosa al cruzar toda la educación superior. Calidad se entiende como la cercanía que tiene el funcionamiento real de la institución con su proyecto específico, admitiendo diversos proyectos y comparabilidad. Se subentiende que una universidad que investiga es diferente de la que no lo hace y ambas de una institución TP. La calidad de cada proyecto se mide con métricas diferentes, pero es, como en las disciplinas del atletismo, comparable. Por ello, una institución TP que forma personas con alta empleabilidad y remuneraciones, puede ser de mayor calidad que una universidad que promete buena investigación y no la realiza. No es necesario parecerse a una universidad compleja para ser bueno.

También la admisión TP debe entrar en un mismo proyecto, lo que tampoco significa que tengan iguales requisitos. Un proyecto que integre los sistemas de admisión abordaría el problema de exceso de demanda que se exacerba con la gratuidad. Restringir como hoy los beneficiarios imponiendo cuotas al crecimiento por institución, hace que alumnos que no tienen cabida en instituciones que prefieren, sí la tienen en otras menos preferidas, seguramente de menor calidad.

Si el financiamiento estatal para los estudiantes es limitado, no tiene sentido además limitar sus opciones de acceso a las mejores instituciones que puedan absorberlos. Y como, aparte de un puñado de universidades de más selectividad, la sustitución entre instituciones del mismo tipo y entre universitarias y TP es muy alto, un sistema integrado permitiría que los escasos cupos para beneficiarios, se abran en las mejores instituciones.

Finalmente, un sistema integrado de admisión reduciría la incertidumbre para cumplir con las nuevas restricciones al crecimiento. Así, en el sector TP aproximadamente un 2% de los alumnos que se matriculan no asiste nunca a clases porque cambian su decisión posteriormente, cuando otras instituciones definen su proceso.

Separar completamente el proyecto reduciría la eficiencia del uso de los recursos y no le estaría dando a la educación técnico profesional el estatus que requiere el país.

Fuente:http://www.latercera.com/voces/educacion-superior-2/

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Educación superior para “dreamers”

José Ignacio Castro Guijarro

Por:José Ignacio Castro Guijarro

El gobierno de Estados Unidos de América (EUA) realiza deportaciones de extranjeros indocumentados que residen en ese país, la forma en que lo hace el régimen de Donald Trump es con marcado acoso policial por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y muestra odio racial hacia extranjeros de origen latino, situación debida al pensamiento excluyente del presidente Donald. De ahí la intensión de también deportar a jóvenes universitarios que en su niñez llegaron junto con sus padres para ilegalmente vivir en EUA y ahora se les llama “dreamers” (soñadores en español) a quienes Barak Obama les dio oportunidad de trabajar y/o realizar estudios superiores mediante el denominado “Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA por sus siglas en inglés), creado por el Departamento de Seguridad Nacional el 15 de junio del 2012 y ha beneficiado a unos 750 mil niños y jóvenes, de estos últimos según estimaciones son unos 600 mil de los cuales 400 mil o un 40% son jóvenes mexicanos, el DACA permite a estos jóvenes obtener permiso de trabajo, una licencia de conducir e ingresar a universidades, debiendo renovarse cada 2 años pero puede anularse si comenten algún delito.

En contrapartida el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha diseñado acciones para el posible retorno de miles de “dreamers” pues son ciudadanos mexicanos con derecho a inscribirse en cualquier nivel educativo, incluyendo el superior donde se estima que este año pudieran ser alrededor de 2 mil 155 estudiantes que dejarían trunca su carrera en EUA y que las instituciones de educación superior mexicanas bien pueden inscribirlos sin dificultad alguna, además de ofrecerles estudios a distancia vía internet con validez oficial, acciones en coordinación con centenas de Tecnológicos y Universidades públicas y particulares de todo el territorio nacional. Con ello se aseguran estudios a todos los “dreamers” en cantidad mucho más que la anterior estimada. Para ello la SEP ha dispuesto medios para agilizar la dinámica de trámites, educación bilingüe, diversos mecanismos de inclusión en instituciones mexicanas, sistema de becas específicas, incluso hasta posible trabajo como docentes de inglés previa selección y capacitación.

Esta es respuesta de las instituciones de educación superior mexicanas coordinadas por la SEP y una de las muchas acciones de respuesta ante las generadas por el presidente Donald, reafirmando así que los mexicanos sabemos defender y proteger a nuestros compatriotas. Sin embargo es preciso generar otras estrategias que apuntalen esta acción como es la generación de empleos profesionales suficientes y bien pagados tanto para los estudiantes nacionales como a los “dreamers”, ampliar proporcionalmente el presupuesto a las instituciones de nivel superior para diversos proyectos de desarrollo específico necesarios para estos jóvenes deportados y a los residentes nacionales.

La voluntad de unirnos ante la adversidad, en este caso para los mexicanos “dreamers”, está más que demostrada y tenemos sobrada capacidad de matricularlos. Excelente respuesta mexicana.

ignacio.kaxtro@gmail.com

Fuente: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/columna/educacion-superior-para-dreamers

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Retos en educación superior

Ángel Pérez Martínez

Por: Angél Peréz

«Ser Pilo Paga no fue una propuesta del Presidente Santos en la campaña presidencial, no se discutió con la academia, tampoco el MEN cuando proyectó el programa, en el primer año del Gobierno, planteó una discusión con los voceros de las universidades públicas, sus rectores y representantes de los consejos directivos.»

En el país existe un interesante debate sobre la eficiencia del gasto en educación y la propuesta del programa Ser Pilo Paga, dados los esfuerzos publicitarios, de gestión y de recursos comprometidos por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, y el ICETEX.

Un problema de la política pública y educativa de este país es que ésta tiene origen en funcionarios que recién llegan a cargos de dirección del sector, quienes actúan con escaso análisis y sin la intervención de los actores responsables de los procesos o de la ejecución. En los últimos 20 años, los únicos 2 ministros de educación que conocían el sector, antes de posesionarse, fueron Jaime Niño Diez y Cecilia María Vélez. Además, cada directivo del gobierno llega con su propia cuadrilla y hace un lado a los equipos técnicos de las entidades, esto pasa en el MEN y en las secretarías de educación del país, se pierden esfuerzos de formación y continuidad.

Ser Pilo Paga no fue una propuesta del Presidente Santos en la campaña presidencial, no se discutió con la academia, tampoco el MEN cuando proyectó el programa, en el primer año del Gobierno, planteó una discusión con los voceros de las universidades públicas, sus rectores y representantes de los consejos directivos. Acepto que en el país no hay una masa crítica, donde quien gobierna tenga 10 o más iniciativas preparadas por centros de investigación o grupos de pensadores de política educativa. Por ejemplo, para dónde coger en educación superior, somos buenos para diagnosticar y describir realidades, pero con poco ánimo propositivo, además acosados por la incertidumbre de los recursos. Sin desconocer, que desde los diferentes niveles de gobierno existe un ánimo autoritario, nada de consensos, por lo tanto, subordinación y obedecimiento; aunque todas las teorías de política pública sostengan lo contrario, incluyendo las recomendaciones de OCDE, Banco Mundial Y BID.

Reconozco que la pregunta: ¿por qué una parte de los mejores bachilleres del país, según las pruebas SABER 11, se quedan sin acceder a la educación superior? es un reto que debe concitar todos los esfuerzos del Estado y de la sociedad por encontrar un camino razonable para ellos (los pilos), también para el resto de bachilleres de familias con bajos ingresos que nunca acceden a la educación superior (más de 2 millones de jóvenes entre 17 y 21 años) y cuyo destino casi que se decide en la cuna, con una incidencia negativa en la calidad de la educación y en la permanencia de los adolescentes en la educación básica y media, quienes con 13 o 14 años empiezan a avizorar que da igual ser bachiller o no. No irán a la Universidad.

Como este gobierno ya no avanzó en una solución estructural de la educación superior, el país debería empezar a discutir opciones de política educativa para determinar en el corto plazo caminos y alternativas para utilizar recursos públicos escasos, sin olvidar prioridades como:

  1. Incrementar la cobertura en educación superior, para ello es necesario construir y crear nuevas universidades. El programa Ser Pilo Paga, no creó nuevos cupos. Los más de 30.000 cupos financiados por el Gobierno, desplazan a estudiantes de arriba hacia abajo. Por ejemplo, la Universidad de los Andes tienen alta demanda por cupos de los estratos 4, 5 y 6 quienes pueden pagar, pero una parte de ellos son desplazados por los pilos, eso está bien para los Andes se queda con los mejores estudiantes de las familias con mayores recursos y con los mejores de los pobres a quienes el Estado paga en forma segura, a igual precio. Calidad asegurada e integración social, ideal de una sociedad, pero eso ocurre para 30.000 jóvenes. En Colombia hay 4.345.00 jóvenes, entre 17 y 21 años, de los cuales 2.150.000 no accedían a la educación superior en el año 2015, según el MEN.

Entre 2005 y 2010, México incrementó el 14% de su oferta educativa en educación superior (creó 308 nuevas universidades), Brasil 7% (creó 308 nuevas universidades) y Perú 6,5% (creó 74 universidades); Colombia aumentó su oferta educativa en 19% entre 2007 y 2015, 10% gracias a la incorporación de los estudiantes del SENA, pero no creó nuevas universidades (Adriana Camacho, The Expansion of Higher Education in Colombia: ¿Bad Students or Bad Programs?, 2017)

  1. Crear universidades para Jalonar el desarrollo del sector rural y promover posibilidades de mejoramiento de calidad de vida para los niños y jóvenes del sector rural. El campo en Colombia será productivo y eficiente cuando existan los componentes tecnológicos y técnicos capaces de sustituir cultivos, exportar y competir, para ello el país y las regiones deben preparar y formar a sus jóvenes. Propongo crear nuevas universidades de excelencia en 4 o 5 regiones con extrema pobreza y violencia que lideren nuevos polos de desarrollo y asentamientos urbanos, a partir de capacidades y visiones de desarrollo con conocimiento y equidad. Este tipo de inversiones, y en lugares remotos, sólo las puede hacer el Estado.  Apuesto a que la mayoría de los pilos de los Andes, una vez se gradúen no vuelven a sus regiones de origen.
  1. Fortalecer la educación superior pública actual, no se ve un país bien cuando su Universidad Nacional y otras se caen a pedazos, se requieren recursos para mejorar infraestructura, dotaciones y pagos de profesores, tener docentes con doctorado, que investiguen y publiquen es más costoso. El Banco de la República publicó un estudio donde muestra que las Instituciones de Educación Superior públicas mejoran los resultados de los estudiantes en 11 de 12 programas analizados y sostiene que: “podría ser socialmente beneficioso ampliar la provisión pública en algunos de los programas públicos de educación superior que agregaban más valor que las privadas”.

Fuente: http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/retos-en-educacion-superior-por-angel-perez/242833

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El Mico del sistema nacional de educación terciaria.

Paola Galindo

Por: Paola Galindo.

En el mes de enero las alarmas de la Comunidad educativa y científica de las Instituciones de Educación Superior del país se encendieron a causa del anuncio, por parte de los Ministerios de Educación y del Trabajo, de implementar vía Fast Track el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), bajo el argumento de desarrollar el punto de educación rural de los acuerdos de paz.

En el marco de esta coyuntura, se adelantó una Audiencia Pública sobre el tema convocada por el Representante a la Cámara del PDA, Víctor Correa, en la que, en consideración de los argumentos expuestos por la comunidad académica, el Ministerio de Educación Nacional echó para atrás su intención de presentar esta iniciativa empleando la vía rápida de implementación. Lo que no moderó fue su postura frente a la necesidad de un sistema de Educación Terciaria, orientación consignada tanto en la política pública de educación superior 2034 como en el Plan Nacional de desarrollo.

La propuesta de implementar el Sistema Nacional de Educación Terciaria no es una novedad, es apenas la reglamentación de algo que viene sucediendo «de hecho» y que en palabras del profesor Andrés Felipe Mora bien puede resumirse de la siguiente manera: “La expansión de la educación superior en Colombia se ha fundamentado en el estímulo a niveles educativos distintos a los estudios universitarios y se ha correspondido con la estructuración de un sistema de educación terciaria segmentado y jerárquico (…)” (Mora, 2016: 47).

Así por ejemplo, y teniendo como fuente datos del CESU (2014) y las proyecciones del DANE (2005), mientras que en “(…) el año 2002 del total de la matrícula de Educación Superior la educación técnica y tecnológica representaba el 19,5%. Para el año 2014 ese porcentaje ascendió a un 37,1%; [Por otro lado] mientras que en el año 2002 la matrícula en educación profesional ascendía al 80,5%, en 2014 disminuyó a 62,9% (Mora, 2016:47).

Este comportamiento de la matrícula en Educación Superior no es azaroso, es producto de una tendencia histórica de reproducción de esquemas de desigualdad, en la que las familias con menores ingresos se conducen obligadamente a los segmentos educativos de educación y formación para el trabajo, mientras que, quienes tienen la capacidad adquisitiva o en su defecto, de endeudamiento, acceden a los segmentos más altos.

¿Cuáles son las razones de esta situación?: el lugar dónde se nace, la pertenencia étnica o cultural y los ingresos económicos determinan la modalidad de la educación superior a la cual se ingresa.

El SNET sin duda refuerza esta tendencia ya que todos los términos, procesos o niveles de enseñanza superior son subsumidos a la Categoría de

«Educación Terciaria», es decir se equipara «Educación Superior» con la «Educación terciaria» al definir esta última como “Toda aquella educación y formación, posterior a la educación media, [comprendiendo] los programas educativos y formativos de los niveles de pregrado y posgrado” (Proyecto de Decreto Ley SNET, 2017).

De este modo la educación para el trabajo es la categoría estructurante del sistema y el criterio de definición del conjunto de la oferta educativa y del proceso de evaluación de la calidad sin garantizar posibilidad de elección, esto es, que incluso en las áreas más alejadas del país –aquellas denominadas áreas rurales dispersas-, se cuente con el total de la oferta educativa y con la posibilidad de acceso, por igual, a cada una de ellas.

Que las universidades campesinas y los componentes de investigación sean posibles en estas áreas dónde el conflicto ha actuado con fuerza, permite que la creatividad sea la alternativa que haga florecer elecciones voluntarias y no imposiciones del mercado.

Fuente: http://www.contagioradio.com/el-mico-del-sistema-nacional-de-educacion-terciaria-articulo-37562/

Imagen: http://www.contagioradio.com/wp-content/uploads/2017/03/acuerdo-superior-770×400.jpg

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Analizando el modelo de educación de Finlandia.

Ramiro Campos

Los niños finlandeses no comienzan la escuela hasta la edad de siete años, cuando están preparados para aprender.

Por: Ramiro Campos.

Finlandia inició la reforma de su sistema educativo hace unos cuarenta años. Hoy en día, el sistema escolar finlandés está entre las mejores naciones desarrolladas, según el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). El aspecto más interesante de su sistema educativo es que Finlandia logró su éxito al romper lo que se considera las normas de educación tradicionales.

Los niños finlandeses no comienzan la escuela hasta la edad de siete años, cuando están preparados para aprender, y la escolarización es obligatoria por sólo nueve años. Los días de escuela son más cortos y las clases son menos. La tarea es mínima. No hay pruebas normalizadas obligatorias. No hay clasificaciones, comparaciones o competencia entre estudiantes, escuelas o regiones.

Sin embargo, el 93% de los finlandeses se gradúan de las escuelas secundarias académicas o profesionales, esto es 17% más alto que en los Estados Unidos. El 66% va a la educación superior, la tasa más alta de la Unión Europea. Y Finlandia gasta un 30% menos por estudiante que los Estados Unidos.

¿Qué otros países pueden aprender de los logros de Finlandia?

Dar a los maestros cierto respeto es un punto básico, el maestro de escuela primaria es uno de los puestos más solicitados y los títulos más competitivos en Finlandia. Los programas de enseñanza aceptan sólo el 10% de los solicitantes y rechazan a miles de estudiantes anualmente. Los mejores y más brillantes candidatos tienen que pasar una serie de entrevistas y exámenes de la personalidad, diseñados para determinar su capacidad natural y unidad para enseñar. Además de los grados superiores y una disposición natural hacia la enseñanza, todos los maestros deben obtener una maestría. El requisito de un grado avanzado confiere esencialmente a los profesores finlandeses el mismo estatuto que un médico o abogado.

Debido a que sólo los estudiantes mas calificados son aceptados para la enseñanza en los programas universitarios, y los profesores están tan bien calificados y bien entrenados, son muy respetados y de confianza para los padres. Los padres tienen confianza en que los maestros harán lo que esté en el mejor interés de los niños. Los profesores, a su vez, son libres de innovar, libres de la burocracia o la regulación excesiva. Mirando puntos clave de este modelo de gestión educativa encontramos lo siguiente:

Los niños de Finlandia no comienzan la escuela hasta que cumplen siete

En Suecia, Dinamarca y Finlandia la escuela no comienza hasta que los niños tengan siete años. De hecho, a pesar del hecho de que los escolares ingleses empiezan a los cinco años de la mayoría de los niños en Europa comienzan la escuela más tarde. Según un estudio reciente de la Cambridge Primary Review: ‘La hipótesis de que una edad temprana de inicio es beneficioso para el logro posterior de los niños no está bien apoyada en la investigación y, por tanto, sigue abierto a la preguntas’.

Todos los maestros deben tener una maestría

Todos los maestros deben estar calificados al menos a nivel de maestría, con el grado totalmente subvencionado.

El sistema escolar está completamente financiado por el Estado

Las escuelas de Finlandia están financiadas con fondos públicos. No hay escuelas de gramática, escuelas privadas, escuelas religiosas o academias. También son dirigidas por expertos en educación en lugar de posiciones políticas y empresarias. Según una reciente encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): ‘La igualdad es la palabra más importante en la educación finlandesa’.

El 96% de los profesores finlandeses está sindicalizados, según el New York Times. El salario inicial para los profesores es relativamente modesto, pero los profesores de secundaria con 15 años de experiencia representan el 102% de lo que otros graduados de la universidad finlandesa hacen .

Lo que sí nos queda de reflexión es que este modelo es digno de imitar para cualquier nación.

Fuente: http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/analizando-modelo-educacion-finlandia/23990241

Imagen: http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/05/04/150504151709_fin2_624x351_gettyimages.jpg

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¿Un conflicto sin salida?

Diario El Día

La pulseada con los gremios docentes se torna cada vez más dura.

Por: El Dia.

¿Cómo se desanda el camino de tensiones y desencuentros entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes? Nadie tiene la respuesta. Ayer el conflicto escaló un paso más. Y la perspectiva de un acuerdo parece cada vez más lejana.

La administración de Vidal asegura que ya ha hecho el máximo esfuerzo posible para mejorar la oferta salarial. Los gremios la rechazaron y anunciaron la continuidad del paro. Todo parece encaminarse hacia un punto de difícil retorno.

En este contexto, el Gobierno parece apostar ahora a que la medida de fuerza entre en una zona de desgaste que obligue a los gremios a replantear su estrategia de negociación. Hay un dato que destacan los funcionarios: “La adhesión al paro disminuyó a lo largo de la semana”. Hablar de porcentajes de acatamiento es meterse en un terreno resbaladizo. Las cifras del Gobierno y la de los gremios se contraponen. Hacer una medición “imparcial” es prácticamente imposible. Sí puede corroborarse que, al menos en La Plata, la medida de fuerza no tiene una adhesión absoluta.

La dinámica propia de cualquier conflicto sindical hace que una huelga prolongada se termine debilitando, inexorablemente. Sin embargo, no está claro cuál es el costo final del conflicto ni cómo se reparte. A esta altura, ni los gremios ni el Gobierno parecen estar en una posición cómoda.

Las encuestas que manejan en despachos oficiales coinciden en un punto: la mayoría cree “injusto” que los chicos paguen las consecuencias del conflicto y se queden sin clases. Pero también considera que el reclamo de los maestros es justo y debería ser atendido.

Es un conflicto complejo. Los intentos por simplificarlo (como si todo se redujera a una pulseada entre Vidal y Baradel) no parecen reconocer los matices y la magnitud de la situación.

Más allá de su pertenencia o no a un determinado sindicato, hay un consenso casi unánime entre los docentes: consideran que su tarea no está bien remunerada y que además deben cumplirla en condiciones penosas.

El Gobierno busca hacer equilibrio: reconoce esa realidad; trata de explicar que no está en condiciones de revertirla inmediatamente y confronta exclusivamente con la dirigencia sindical, a la que acusa de estar embarcada en una estrategia política con intereses inconfesables.

¿Logrará la administración de Vidal trazar una raya entre “los docentes” y los “sindicalistas docentes”? Es otra pregunta que no encuentra respuesta.

Hay que decir, sin embargo, que los dirigentes sindicales tienen un termómetro fiel que marca el humor de las bases. Las escuelas están en virtual estado de asamblea permanente.

¿Hasta cuándo aguanta una familia con las escuelas de paro?

Hay una variable -mientras tanto- difícil de medir con precisión: el impacto de la medida entre los padres. ¿Hasta cuándo aguanta una familia con las escuelas de paro? ¿Cómo se digiere un conflicto que parece no tener salida? ¿Cómo se canaliza y hacia dónde la presión de la opinión pública frente a un litigio tan sensible?

En los próximos días el panorama sería más grave. Para muchos chicos será ya la segunda semana sin clases; pero además deben empezar los secundarios, que también se verían afectados por la continuidad de la medida de fuerza, sobre todo la que decretó Ctera con alcance en todo el país.

El conflicto ya no es sólo bonaerense. Ha adquirido una dimensión nacional. Es un problema para la Gobernación pero también para la Casa Rosada.

La discusión, mientras tanto, se ha estrechado hasta alcanzar un minimalismo extremo: la máxima aspiración es que empiecen las clases con normalidad. Cuestiones como la calidad educativa, el saneamiento de un sistema con desequilibrios de todo tipo y la reformulación de la escuela pública, todavía siguen esperando.

Fuente: http://www.eldia.com/nota/2017-3-11-2-30-51–un-conflicto-sin-salida

Imagen: http://cdn1.eldia.com/032017/1489210262102.jpg?&cw=960

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Choque de valores.

Ian Vásquez

«El problema radica en que el modelo monopólico de la educación estatal solo admite un currículo y una manera de educar».

Por: Ian Vasquez.

La ministra de Educación, Marilú Martens, ha dicho que la igualdad de género se incluye en el currículo nacional para promover “el respeto para todos”. Quienes se oponen la acusan de “impregnar una cultura homosexual a la sociedad peruana a través de la niñez y la juventud”, como declaró la abogada Beatriz Mejía. 

Dudo que esa última aseveración sea cierta y me parece bien una agenda educativa que promueve la igualdad de derechos para todos, incluyendo los homosexuales. Pero afirmar, como lo hizo la ministra, que la norma educativa promueve los derechos iguales de todos no puede ser cierto. De allí que las quejas de los críticos cobran legitimidad. 

 El demonio está en los detalles y basta hacer algunas preguntas para ver el problema. ¿Es aceptable que a los niños se les enseñe que es normal tener padres del mismo sexo, o que si un niño declara pertenecer a un género distinto a su sexo, hay que reconocerlo como algo razonable y tratarlo de acuerdo con su declaración? El Ministerio de Educación tendría que decir que sí. Sin embargo, para muchas personas –no me incluyo entre ellas– la respuesta a ambas preguntas es no. Es más, para muchos padres, aceptar que se eduque a sus hijos de esa manera va en contra de su religión. 

Tenemos entonces una situación donde la sociedad reconoce la importancia de la libertad de credo, porque se trata de los valores más fundamentales que puede tener la gente, mientras que el Estado obliga a muchos padres a que sus hijos se eduquen con valores contrarios. Claramente es una violación de los derechos de los padres a criar a sus hijos de acuerdo con sus creencias. El Estado está básicamente declarando que algunas creencias no son legítimas y que hay que usar el dinero público para impartir otros valores. 

Ojo que no estoy diciendo que el Estado debe tratar a distintos grupos de distintas maneras, según sus creencias o religión. Todos, sin importar su religión y sin importar si su sistema de valores nos parece legítimo o no, deben ser tratados de la misma manera bajo la ley. Pero el trato igualitario ante la ley es diferente que la dudosa función estatal de impartir un sistema igualitario de valores a todos los niños. 

El problema radica en que el modelo monopólico de la educación estatal solo admite un currículo y una manera centralizada de educar a los jóvenes. Necesariamente, lo que los políticos y los burócratas deciden en Lima rige para todo el Perú, y necesariamente la enseñanza tiene que imponer un sistema de valores con el que está en desacuerdo un porcentaje de los padres. En un país tan diverso como el Perú, este problema no es menor. En vez de promover la cohesión social, la educación estatal promueve el conflicto. 

La rigidez del monopolio estatal no se limita a crear problemas respecto a temas de género o de religión. Se impone también una uniformidad respecto a ideología, valores morales independientes de la religión, textos y materia educativa, y mucho más. No hay duda de que las escuelas estatales, por ejemplo, han servido para inculcar el nacionalismo entre los jóvenes. Algunos verán eso bien –yo ciertamente no– pero me parece innegable que es el resultado de considerar a la educación pública como una fábrica de crear peruanos. 

No tiene que ser así. La educación puede ser respetuosa de los diversos valores y deseos de todos los peruanos sin vulnerar sus derechos, cosa que desafortunadamente no ocurre ahora. Se debe empezar por respetar la libertad de asociación, un derecho fundamental en cualquier sociedad libre. Eso requiere una reforma educativa que les da más autonomía a las escuelas respecto al currículo y permite que los padres escojan las escuelas en las que quisieran educar a sus hijos. Las escuelas públicas deben competir con las privadas. El uso de créditos impositivos para fomentar la educación privada o un sistema de cupones escolares que las familias puedan usar para financiar los gastos puede ir lejos para mejorar la educación y resolver conflictos sociales. 

Fuente: http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/choque-valores-ian-vasquez-noticia-1975150

Imagen: http://cde.3.elcomercio.pe/ima/0/1/6/2/5/1625407/base_image.jpg

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