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El profesorado ya no es lo que era (o lo que debería ser). Mejora de la formación inicial para la docencia

Jaume Carbonell

Por: Jaume Carbonell

Reflexiones y propuestas para lograr un consenso básico para la mejora de la formación inicial de la docencia en Catalunya

Reflexiones y propuestas para lograr un consenso básico para la mejora de la formación inicial de la docencia en Catalunya.

Este es el objetivo del MIF (Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres). Para ello se ha impulsado un debate entre distintas personas y colectivos vinculadas al mundo de la educación. En este primer documento se exploran los cambios que se están operando en distintos escenarios -macro y micro- y que requieren un cambio de relato radical desde los primeros compases formativos.

Hay una primera pregunta que no se puede eludir: ¿En qué mundo vivimos? Y, a continuación, esta otra, inseparable: ¿En qué mundo nos gustaría vivir? Ahí radica la esencia de la formación: educar la mirada para captar y comprender el carácter velozmente cambiante de la sociedad, trufada de incertidumbres, crecientes diversidades -también desigualdades- y nuevos retos. En el trabajo, en la familia, en la satisfacción de las necesidades básicas y prescindibles, en los procesos de socialización y comunicación, en la vida cotidiana, en el ocio y en el negocio.

El documento toma como punto de partida la “Estrategia Europea 2020” de la Comisión Europea, un referente que suscita cierto disenso en tiempos de neoliberalismo rampante y de hiperconsumismo con el foco unidimensionalmente escorado hacia el modelo económico competitivo y productivista. Sería conveniente que los modelos educativos actuales se adentrasen y se equilibraran con otras narrativas más deudoras del desarrollo sostenible, la democracia participativa, la cooperación y la ayuda mutua. El segundo interrogante tiene que ver con el compromiso intelectual y ético del profesorado para contribuir a la transformación educativa y social mediante un contendido formativo que tome como ejes vertebradores, entre otros,  la educación democrática en valores, la escuela inclusiva, la perspectiva de género, el interculturalismo y la justicia curricular.

Este debate pone patas arriba el modelo docente meramente transmisor que se instala en la soledad del aula y no sale de su nicho de trabajo y de su ámbito de saber específico: “A mí que no me cuenten lo que ocurre en otros niveles educativos y asignaturas, que bastante tengo ya con lo mío”. Es la imagen de la vieja escuela y de un oficio caduco que se resiste a percibir los beneficios pedagógicos de la interconexión entre saberes, tiempos, espacios y actores educativos; de la mezcla de alumnos y alumnas de distintas edades; y sobre todo, del trabajo colaborativo y en red entre aulas, centros y territorios. La conjunción de estos tres ámbitos es una de las claves para el crecimiento y enriquecimiento de cualquier estudiante, docente e institución. La revolución metodológica -mucho queda por discutir sobre la innovación que genera conocimiento crítico y profundo y la innovación meramente epidérmica que se ha convertido en una marca-  activa pensamientos, sentires, deseos, acontecimientos, actitudes, competencias y valores: tanto individuales como colectivos. Es remarcable la insistencia actual en personalizar los aprendizajes e itinerarios del alumnado, aunque para ello es imprescindible articular lo que se adquiere -o puede adquirirse- tanto dentro como fuera de la escuela. El aprendizaje en común requiere optimizar ideas y recursos, y perder el miedo a hacerse constantemente nuevas preguntas y plantearse nuevos retos. Y para ello sería asimismo recomendable que la evaluación -más continua y menos obsesiva- esté al servicio de la mejora del aprendizaje y no al revés como sucede frecuentemente.

Dicho documento contiene al menos seis propuestas que merecen ser subrayadas y desarrolladas.

  1. Se recomienda hacer una planificación, a medio y largo plazo, de las necesidades docentes a la luz de los cambios demográficos de la población, del descenso de las ratios para revertir los recortes y mejorar la calidad de la enseñanza,  y de la cantidad de jubilaciones que se acumulan estos últimos años. Este relevo generacional, muy brusco en algunos lugares y con un alto índice de interinidad, plantea nuevos desafíos formativos de cierto calado.
  2. Se reivindica el necesario reconocimiento del profesorado y la confianza en su labor. Nada más justo y legítimo. Pero también lo es que esta demanda circule en todas direcciones: respecto al alumnado y a sus posibilidades de aprendizaje -con los medios y condiciones para que sea posible- y las familias que, por lo general, hacen lo que saben y lo que pueden para facilitar la labor docente.
  3. Se propone romper las jerarquías entre el profesorado de los distintos niveles. La razón es simple: en todos los casos se precisa una sólida formación cultural y pedagógica, conceptual y didácticometodológica, teórica y práctica. Más aún si la tendencia de futuro es la mayor colaboración intercentros, interniveles e interterritorial. La estructura del plan de estudios a través del grado, posgrado y doctorado se sustenta en esta premisa.
  4. Se demanda un mayor grado de exigencia en la selección de aspirantes a la docencia para terminar con la jerarquización de carreras que relegan al Magisterio a una carrera fácil y de segunda categoría, mediante el mensaje de que el alumnado brillante ha de cursar otros estudios socialmente mejor valorados. No obstante, se insta a que la selección no se fie únicamente a las notas convencionales sino que se valoren, mediante otros procedimientos, las actitudes y capacidades para el ejercicio de la profesión.
  5. Se plantea un cambio radical del modelo pedagógico formativo con la introducción de la figura de la tutoría individual: docente universitario que sigue a un alumno o alumna de Magisterio desde que inicia sus estudios hasta su graduación. Se trata de garantizar un acompañamiento permanente para orientarle en todas sus secuencias formativas: elecciones optativas, trabajos, prácticas… Para resolverle dudas y proporcionarle todo tipo de ayudas.
  6. Se entiende que el doctorado en educación ha de servir para promover la investigación relacionada con la innovación educativa y convertirse en el motor de la mejora del sistema educativo en todas las etapas. Es una oportunidad para superar el clásico divorcio entre la investigación educativa y la renovación pedagógica: que ambas campen a sus anchas, sin puntos de conexión. Una oportunidad en definitiva para que la práctica se enriquezca con el conocimiento y la reflexión y para que la investigación pedagógica aterrice en la realidad cotidiana de las aulas, de los centros y del territorio. Que no es poco.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2018/09/26/el-profesorado-ya-no-es-lo-que-era-o-lo-que-deberia-ser-mejora-de-la-formacion-inicial-para-la-docencia-1/

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Educación superior gratuita en México

Juan Carlos Yáñez Velazco

Por: Juan Carlos Yáñez

México no es el primer país de América Latina en consagrar la gratuidad; pero la iniciativa para que la enseñanza superior sea gratuita podría ser punto y aparte en la universidad mexicana y, tal vez, en otros países.

El norte y el sur del continente latinoamericano, México y Argentina, vislumbran horizontes contrastantes en sus sistemas de educación superior.

Las universidades argentinas viven un periodo crítico; todo el país, en realidad. Los presupuestos para las universidades se achicaron y, con el argumento de reducir el déficit fiscal, el presidente Macri eliminará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, para convertirlo en una secretaría dependiente del Ministerio de Educación. También desaparecerán los de Salud y del Trabajo. Descuartizamiento, lo califica Marcelo Rubinstein, connotado científico.

Los paros y manifestaciones en las universidades ya duran cuatro semanas cuando escribo estas líneas. La parálisis ahonda fisuras entre la comunidad académica y el gobierno federal, en un momento histórico de perplejidad, irritación y riesgos sociales altos.

México, con sus propios problemas añejos y nacientes, vive una primavera de esperanza con los resultados de la reciente elección presidencial, que dejaron como victorioso al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado y encabezado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El candidato que aglutinó a un variopinto grupo de organizaciones sociales y políticas, prometió transformaciones radicales y puso a la educación en sitio protagónico. Abrogar la reforma educativa empujada por el gobierno que termina, fue uno de sus buques insignia en la andanada contra lo que calificó como “la mafia del poder”.

En educación superior destacaron como propuestas: acceso gratuito a las instituciones, creación de 100 universidades y fortalecimiento de las existentes.

Con el arranque del nuevo Congreso federal, integrado por 500 diputados y 128 senadores, con mayoría del partido triunfante, en las primeras horas comenzaron a darle contenido a las promesas electorales. El 4 de septiembre, el coordinador de los senadores del partido mayoritario presentó una iniciativa para decretar que la educación superior sea gratuita, 101 años después de que se instituyera la gratuidad de la enseñanza primaria en “establecimientos oficiales”.

Nadie en contra del derecho a la educación podría oponerse a la iniciativa, aunque las pesadas historias y tendencias inducen cierto pesimismo, pues llevar el enunciado a la realidad podrían consumir más de la mitad del siglo.

Para fundamentar, el senador proponente ofrece datos ilustrativos del rezago en la materia: en los países de la OCDE, México tiene la cobertura más baja (38 %), distante de Estados Unidos (82 %), España (60 %) o Canadá; o de naciones latinas, como Argentina (67 %), Uruguay (65 %) y Chile (52 %).

Otros argumentos: los jóvenes constituyen 70% de la población penitenciaria, por eso, afirma: “Los jóvenes deben estar en las aulas y no en las jaulas”. Con título universitario la gente obtiene el doble de sueldo que quienes tienen solamente bachillerato, según datos de la propia OCDE.

Concluye su documento con un enunciado que estimula, pero esconde peligros: “La expansión del sistema educativo superior es premisa para disminuir desigualdades, alentar el crecimiento, disminuir la violencia y generar más desarrollo democrático”. Formalmente todo ello es verdad, pero una promesa tal, sin construir condiciones, puede tener efectos adversos, o perversos, y convertir a la educación superior en un mecanismo que profundice las terribles asimetrías que ya laceran al sistema educativo más grande de América.

La iniciativa para convertir a la educación superior en gratuita está en las comisiones que la estudiarán y resolverán. La aprobación es inminente. La iniciativa contempla que, para su cumplimiento, una vez aprobada, se destinarán recursos adicionales a los estados y municipios, y presupuestos plurianuales, añeja aspiración de los rectores.

Los problemas también tienen palco VIP en el teatro educativo de las universidades y las asfixian, como las pensiones de los profesores jubilados, presupuestos crónicamente insuficientes o el acceso todavía condicionado fuertemente por variables socioeconómicas, que desde temprano desgranan las cohortes de jóvenes que acceden a la enseñanza secundaria. Nada de eso se resolverá de la mañana a la noche, ni con varita mágica.

México no es el primer país de América Latina en consagrar la gratuidad; pero la iniciativa para que la enseñanza superior sea gratuita podría ser punto y aparte en la universidad mexicana y, tal vez, en otros países. La cuenta regresiva pronto empezará a surtir evidencias de la transformación estructural dibujada.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/09/19/educacion-superior-gratuita-en-mexico/

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How to End the Cycle of Violence in Chicago

David L. Kirp

By David L Kirp

Wrong place, wrong time — “I was shot nine times,” a teenager, whom I’ll call J.B. to protect his safety, told me. “I got shot because they had a gun and they wanted to do something.” Somehow he survived.

Drive-by shootings are commonplace in Chicago’s Englewood neighborhood, where the homicide rate rivals that of the world’s most murderous cities. One boy arrested for having a gun was asked why he carried it. “You need to be ready to defend yourself,” he said. “Two of my friends were shot. It was a drive-by, turf war.”

Violence often generates violence, but not in J.B.’s case. “I don’t think about the retaliation anymore,” he said.

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Another victim of violence in Chicago: Trevon Jackson displaying a photo of his brother Tanny Jackson and his wife, Audrey. Tanny Jackson, a nurse, was shot and killed Wednesday night in a drive-by shooting.CreditJoshua Lott for The New York Times

J.B. is one of about 800 young people who, based on their history, have been assessed as at the greatest risk of becoming victims or perpetrators of violence. In a program called C2C, for Choose to Change, they get support, mentoring and therapy to disrupt this deadly cycle.

J.B. can count on always having a mentor in his corner — “a father figure” who “didn’t let me think myself down” — and the other adolescents I met said much the same.

“Raevon’s a smart guy,” said T.R., another program participant, referring to his mentor, Raevon Watkins. “He helped me grow a lot. Once I was really falling out with my sister and her boyfriend, and I called him. I felt like I learned something, versus ‘he’s against me too.’ He’s older and been through stuff.”

The mentors work for the Youth Advocate Programs, which for 40 years has helped high-risk youth stay out of prison. “I try to give them soft and hard reminders,” said another mentor, Tabresha Posey. She tells them: “You know I care about you, but your friend is dead. How are you going to change that?” and “Retaliation is just going to keep it going. That won’t solve the problem.”

Tabresha Posey, the assistant director for Youth Advocate Programs, which has helped young people stay out of prison for 40 years.CreditJoshua Lott for The New York Times

Once a week, J.B. goes to a group-therapy session tailored for teenagers who have been traumatized so often that trauma is taken for granted. “It becomes so normal for a peer to die,” said Amanda Whitlock, the vice president of behavioral health services at Children’s Home and Aid, one of the largest social service providers in Illinois, which operates the therapy program. “The kids say, ‘I know X amount of people who have been shot.’” Someone dies, she said, the kids pull out their phones, get a shirt made for the funeral, tie balloons around the block and move on.

“My boys say they will be dead by 21,” said Mashaun Alston, who leads one of the groups. As Ms. Whitlock put it, “Why would I not do what I want to do if I’m not going to be alive by 21?”

The therapy sessions challenge this fatalism by showing these adolescents how their traumatic experiences are running their lives — how “emotional leftovers” can lead them to automatic behavior that makes things worse. The sessions give them tools they can use to slow down and think through their options in times of stress.

Does it work? The Crime Lab at the University of Chicago is conducting a random-control trial to evaluate this strategy. The lab, as its director, Jens Ludwig, explained, has a decade-long track record of “doing good science that is focused on solving the city’s problems, like reducing gun violence and reducing dropouts, rather than just publishing in journals, the usual orientation of academics.”

“These are smart, creative kids,” said Chris Sutton, right, who works in the Chicago program.CreditJoshua Lott for The New York Times

The lab has evaluated two similar programs, one based in schools and the other in a juvenile detention center, which are also intended to help young people make smarter decisions in high-stakes circumstances. Both worked well. The program for incarcerated juveniles cut recidivism by 21 percent. The school-based initiative reduced arrests for violent crimes by half while the students were in the program. The Crime Lab calculated that by reducing the societal cost of crime, every dollar spent on the program saved $5 to $30. Graduation rates also increased.

Eighteen months into the C2C experiment, preliminary results show that the arrest rate for violent crimes among the participants has been cut in half. Many of these teenagers had dropped out of school; nudged by their mentors, most have returned. As T.R. told me, “You can’t do school and the streets.” Going back to school gives them a shot at a decent career. As Chris Sutton at Youth Advocate Programs told me, “These are smart, creative kids.”

Perhaps most interesting, the impact of the program reached beyond the participants. “We were serving this young lady, who was pregnant, and the boyfriend didn’t want her doing X, Y, Z,” Mr. Sutton said. “I gave the boyfriend employment and she was able to see the project through.” And as Mr. Watkins pointed out, teenagers like J.B. “are leading by example.” Friends see “how the kids in the program are doing, and all of them want to be in the program.”

This is what psychologists have shown and parents have always understood: Peers influence teenagers to do things they might not do on their own.

“Crime is a choice” — that is the provocative assertion these studies are testing, and if the research proves it, it is headline-worthy news. We may dream of eradicating poverty, wiping out violence and converting all poor public schools into palaces of learning, but that’s a long way off. Meantime, the evidence from Chicago suggests that connecting adolescents who live in high-crime, high-poverty communities with stable, caring mentors and showing them how to reassess what are literally life-or-death decisions can turn their lives around.

Fuente del artículo: https://www.nytimes.com/2018/09/13/opinion/violence-chicago-teenagers.html

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España: Móviles en las aulas ¿sí o no?

Saray Marqués

Por: Saray Marqués 

España se plantea seguir los pasos de Francia y prohibir los móviles en los centros educativos. Analizamos, con la ayuda de diferentes expertos, la pertinencia y efectividad de que se materialice esta medida.

En Francia el 2018-2019 está siendo el curso de la desconexión. Una ley nacional impide desde junio que los menores de 16 años usen sus móviles en sus centros educativos. Ni en horario lectivo, ni en el recreo, ni en la pausa para comer. Y a la ministra Isabel Celaá la medida no le parece mal. En una entrevista con la agencia Efe, la titular de Educación y FP la veía como “una cuestión interesante y a estudiar, porque tenemos demasiados adolescentes muy adictos a la tecnología” y se planteaba “reflexionar si el tiempo escolar debe estar libre de esa adicción”. En esa misma entrevista reconocía la ministra, eso sí, la existencia de “opiniones fuertemente encontradas”, aunque insistía en su posición en este debate: “En algunos casos el móvil ayuda, pero si prohibirlo en los centros sirve para disminuir la adicción digital, merece la pena valorarlo”.

La OCDE, por su parte, está incluyendo en sus nuevos cuestionarios preguntas acerca de la regulación del uso de los móviles dentro de la escuela, pero todavía no cuenta con resultados. Sabe, eso sí, según los datos de PISA 2015, que en España hay un 22% de chicos y chicas de 15 años usuarios extremos de internet –que pasan más de seis horas al día conectados al salir de clase– y que, precisamente en ese sector el rendimiento en ciencias se reduce en 35 puntos. Aparte, se sienten menos satisfechos con su vida, menos contentos con su centro educativo, y suelen faltar más a clase (donde, por otra parte, un 22% reconoce no desconectar). Ya en 2013, el estudio de la Comisión Europea EU NET ADB alertaba de que en España un 21,3% de los adolescentes estaban en riesgo de sufrir adicción a internet. Y no hace falta que vengan de fuera a decírselo. Los propios jóvenes son conscientes de que abusan de las pantallas.

¿Justificaría esto la prohibición del móvil en la escuela a escala estatal? En realidad, pocos países acompañan a Francia en este frente, aunque los hay más estrictos, como Singapur, y los hay que están analizando la medida, como Rusia. Dentro de Alemania, Baviera también se ha decantado por la prohibición, pero lo más habitual es que, como en España, sea el reglamento de régimen interno de cada centro el que determine cómo se usan los smartphones en el entorno escolar. Cataluña, por su parte, ya ha avisado de que la prohibición no es el camino: “Somos contrarios a dar la espalda a los avances tecnológicos”, ha proclamado el conseller de Enseñanza Josep Bargalló.

Sí al veto

Pese a las reacciones inmediatas en contra –en un país en que el 25% de los niños y niñas de 10 años usa el teléfono móvil; un 45,2% con 11; un 75% con 12 y un 94% con 15, según el INE– también las hay, y muy efusivas, a favor. Es el caso de Marc Masip. Desde hace siete años coordina el programa Desconecta, que actualmente cuenta con un ambulatorio, un hospital de día y un colegio para secundaria y bachillerato en Cataluña. Un colegio, por otra parte, que incorpora una asignatura de competencias tecnológicas en que se trabaja cómo realizar búsquedas adecuadas y elaborar un trabajo sin copiar. Fuera de ella, el móvil está desterrado del aula. Y lo está, según Masip, que se declara “a favor del móvil y la tecnología, en contra de su mal uso y abuso, que pueden llevar a la adicción”, “porque no se necesita un teléfono en el aula para aprender, y este solo sirve para perder concentración y distraerse, así como entorpecer las relaciones interpersonales entre alumnos, su desarrollo como personas, en un entorno, el centro educativo, abonado para hacer amigos, aprender de las buenas y las malas experiencias, tener las primeras parejas…Está demostrado que los chicos no se relacionan tanto en los patios cuando hay teléfonos”.

Habla Masip cómo los chicos que se matriculan en su colegio mejoran en un 10% su rendimiento académico –con grupos reducidos y una mayor personalización de la enseñanza– y menciona cómo distintos institutos en Baleares ya están imitando a Francia: “Cala la idea de que aprender a estar en clase y a estudiar sin teléfono móvil es necesario”. “Y que no teman los padres que sus hijos no vayan a saber usar el móvil. Es un falso temor, porque móvil y adolescente están hechos para entenderse. Es un amor a primera vista”, añade.

Si este temor es falso, para él, también lo es el mito de la persona multitarea: “No están preparados los adolescentes y no estamos preparados los adultos: nos distraemos, somos menos efectivos. Y un profesor con 30 alumnos no es capaz de controlar lo que estos están haciendo con sus dispositivos”.

Le preguntamos a Masip si esta desconexión en horario escolar no puede ser incluso contraproducente: “Nosotros trabajamos para cambiar hábitos. Este tiempo amplio de no consumo puede hacernos pensar que el adolescente cogerá el móvil aún con más ganas… pero durante casi todo el día no habrá habido feedback, así que tendrán menos cosas que ver cuando lleguen a casa”, explica Masip, que reconoce que el aumento de la demanda del programa, que involucra de un modo a otro a 300 familias, ha sido espectacular desde se creó. No le sorprende. Según sus propias investigaciones, un 63% de los adolescentes en nuestro país afirman que no podrían vivir sin su móvil, y la mitad confiesa manipularlo más de 275 veces al día, esto es, cada cinco minutos. “Hace siete años constaté que había una necesidad social. Entonces nos tildaban de locos, pero el tiempo nos ha dado la razón”, concluye Masip, partidario de una norma estatal para fomentar el buen uso del móvil: “¿Verdad que estamos hartos de la eterna discusión en casa “Quiero un móvil, todos mis amigos lo tienen”? Pues si hubiera una ley estatal que no permitiera que ningún menor de 16 años tuviera móvil se acabaría con esto. Hay normas que facilitan la convivencia y mejoran la vida”.

No a la prohibición

Al contrario de Masip, Charo Sádaba, profesora de la Universidad de Navarra, se manifiesta “en el no a la prohibición del móvil en el centro educativo”. “Yo entiendo que se pueda usar dentro de un orden, sin que sea disruptivo en la dinámica del aula, y creo también que hay clases en las que el móvil no pinta nada, pero prohibiéndolo se pierde una oportunidad y se lanza el mensaje de que está proscrito, negándole cualquier posibilidad de educación que, en realidad, con una adecuada formación del profesorado, sí tiene”, analiza.

Otro problema, para Sádaba, es cómo se materializa la prohibición -¿examinando las mochilas a la entrada?- y a qué se expone quien la incumple: “Creo que se corre el riesgo de equiparar el ir con móvil a clase con otros comportamientos no equiparables y, peor, de hacerlo más deseable aún a los ojos de los adolescentes, al transmitirles que a los adultos no les gusta”.

Sádaba entiende cómo los móviles, la gestión de la tecnología que los alumnos portan en sus mochilas, complica muchas veces la existencia de los centros, pero prohibir le parece la “solución fácil”. “Cuanto más cerca esté la situación educativa de la realidad, mejor. Prohibiendo los móviles no estaremos atendiendo la competencia digital desde las aulas, cuando se ha demostrado que es posible”, zanja. Una desatención que llegaría precisamente cuando la Comisión Europea acaba de revisar su Marco de Referencia de Competencias Clave entre otras razones porque “una sociedad cada vez más móvil y digital reclama nuevos modos de aprender”.

César Poyatos es profesor en un centro concertado de Madrid. Coincide en que prohibir es “perder una oportunidad para educar en el buen uso de estos dispositivos”. “Nosotros nos adaptaríamos a la normativa vigente, pero, como en muchos centros no muy dotados tecnológicamente, el modelo que hemos seguido hasta ahora es el BYOD”, explica. El bring your own device (trae tu propio dispositivo) cuenta con numerosos adeptos. Entre ellos, el Instituto Nacional de Nuevas Tecnologías Educativas (INTEF), que ha editado una guía para aplicarlo en las aulas. “Nosotros hemos venido usando los móviles con fines didácticos y educativos, con la supervisión y dinamización del docente, mostrando a los alumnos que sirven para algo más que para hacerse selfies, entrar en redes sociales o jugar al Fortnite. Trabajando con ellos en clase hemos aprendido a categorizar la información, producir contenidos multimedia o hemos podido explicar mejor la lección de física”, explica Poyatos, que subraya la contradicción que supondría prohibirlo desde un ministerio que, a través de INTEF, sigue ofreciendo cursos tutorizados de Mobile learning.

De todas formas, Poyatos pide no reducir el debate al blanco o negro: “Hay un espectro de grises”. Con él, “Ni en el sí ni el en no”, está Carlos González, profesor de geografía e historia en secundaria en un instituto de Palencia: “Yo llevo tres años usando los móviles en el aula y creo que aportan. En mi centro actual la normativa dicta que en principio no se traen, salvo que algún profesor los requiera para alguna actividad concreta. Hay un peligro, que hagan una foto o graben en el centro y lo empleen para hacer bullying, pero la solución no debería ser la prohibición total. Es demasiado tajante, y me parece la solución fácil”.

Junto con otros docentes de otros centros, González ha encabezado proyectos que, por ejemplo, convirtieron el hashtag #EpocadeRevoluciones en trending topic cuando sus alumnos estudiaban la revolución francesa y la americana. “Yo sé que a veces, usando el móvil en el aula, me la juegan, pero asumo que lo que lo que gano es más que lo que pierdo”, reconoce. Por otra parte, no obvia el problema de la adicción al móvil: “Un porcentaje bastante alto de mis alumnos reconoce dormir con el móvil en la cama, y creo que es interesante abordar este fenómeno trabajando con las familias, desde el Ministerio, desde las consejerías de Educación… pero empezar por el uso indebido del móvil en el aula… Me parece una gota de agua en el mar”.

Frente a la prohibición estatal, aboga González por revisar la normativa de uso del móvil en los centros. En cuanto a sus prácticas de aula concretas, asegura que, de desterrarse este, no serían imposibles, pero sí se le complicaría un poco la vida: “Cuando empleamos Kahoot!, de preguntas y respuestas, tendríamos que ir al aula de informática, que quizá no esté lista, o esté ocupada, o no cuente con ordenadores para todos… Igual que para realizar rastreos de un tema concreto a través de internet, o para actividades como #EpocadeRevoluciones: Los alumnos redactarían los tweets en un cuaderno y los lanzaríamos desde el aula de informática o bien como tarea para casa”, ejemplifica.

Manuel Jesús Fernández Naranjo es profesos de ciencias sociales en un instituto de Sevilla, instituto en que los móviles están prohibidos, “salvo si se presenta un proyecto que justifique su uso educativo bajo el paraguas del BYOD”. “El problema no es la tecnología y los dispositivos para su uso”, plantea, “sino entender qué posibilidades me ofrecen para que el alumno aprenda”. En las clases de Fernández Naranjo los alumnos emplean el móvil para grabar audios, hacer vídeos, participar en debates, realizar auto y coevaluación, buscar información, elaborar infografías, presentaciones o documentos, calcular, viajar por el mundo o jugar para aprender… “sintiendo que la escuela acepta sus lenguajes y, por tanto, a ellos mismos, convirtiéndose en alumnos cada vez más autónomos, responsables y participativos”. ¿Se podría hacer esto de otra manera? “Seguramente, no”, responde Fernández Naranjo, que acusa a los partidarios de la prohibición de “falta de reflejos” y se muestra muy pesimista si esta finalmente se materializa: “El problema más importante de la escuela es que está muy alejada de la realidad que le rodea. Prohibir los móviles sólo haría que esta brecha fuera mayor y que la escuela como institución perdiera la poca influencia que le queda”.

¿Adicción?

Xavier Carbonell es psicólogo y catedrático de la facultad de Blanquerna. También está en el no a la prohibición: “El móvil es un instrumento muy potente como para no usarlo en educación. Esta debería incluir vivir en un mundo digital del que el móvil forma parte. Que la escuela pierda la oportunidad de enseñar a los estudiantes cómo usarlo me parece un posicionamiento arcaico”.

Experto en adicciones, explica que no existe en realidad una adicción al móvil per se. Sería a las apuestas a través del móvil, por ejemplo: “El móvil hace más accesibles, por proximidad y privacidad, conductas que, de no ser privadas, sería más difícil llevar a cabo, pero eso no es adicción al móvil, sino que es a través de él, de ciertas webs o apps, como se materializan”, zanja Carbonell. Para él, no se trata de prohibir sino de enseñar a usar el móvil como instrumento, respetando a los demás: “Son casi medidas higiénicas, de educación, para hacer un uso consciente de este aparato. Ya los hay que ofrecen sistemas de control, para que sepas en qué lo estás usando, si te estás pasando cuatro horas al día en redes sociales, por ejemplo”.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/09/24/moviles-en-las-aulas-si-o-no/

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Mensajes divergentes

Alejandro Prieto Orviz

Por: Alejandro Prieto Orviz

El niño contempla un espacio televisivo donde se alerta sobre la excesiva huella ecológica ocasionada por la actividad humana, escucha con interés la información referida a la subida del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos derivados del cambio climático, permanece atento a las indicaciones que hablan de llevar estilos de vida más sencillos y respetuosos con el medio ambiente; acto seguido, llega el tiempo dedicado a la publicidad y es objeto de mensajes que estimulan el consumo irreflexivo y promueven la participación ciudadana en juegos de azar que anuncian el pasaporte a la ostentación; y a continuación, permanece sentado viendo el inicio de un nuevo programa que realza la sobreabundancia y el lujo como patrón de felicidad y éxito social. ¿Con qué debe quedarse?, ¿qué información tendrá mayor capacidad de penetrar y esculpir la sensibilidad y la conciencia?

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/09/19/opinion/1537372326_103069.html

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Transformar la educación superior neoliberal

Telesur TV

Por: Felipe Cuevas Méndez/Telesur

Las universidades son presionadas a asumir las premisas del capitalismo neoliberal, incluyendo la mercadotecnia en su promoción.

El sistema de educación superior en México se sustenta por un conglomerado de instituciones históricas públicas y privadas sobre las cuales se empoderó finalmente el gran capital.

Entre las partes que lo componen destaca el crecimiento desmedido de la educación privada, a cuya vanguardia están instituciones como la Universidad Iberoamericana o el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, sin olvidar la presencia de monopolios-universidades de los países imperialistas. La educación privada resulta más rigurosa y abiertamente capitalista que las configuradas bajo el manto del Estado, en razón de su entera conexión con la gran empresa, siendo hoy el emblema de las perspectivas neoliberales en la materia. Este tipo de instituciones suelen ser capitalistas por los procesos a que se adhiere la educación como negocio, y burguesas por la naturaleza misma de la enseñanza que se imparte.

La otra parte, en líneas generales, es la educación pública, en que prevalecen instituciones como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, las grandes universidades públicas de la Ciudad de México, las universidades autónomas estatales, la Universidad Pedagógica Nacional, las universidades militares, la Universidad Autónoma de Chapingo, las escuelas de artes, las normales urbanas y rurales [1]. Con importantes éxitos para la derecha, se les viene cambiando sus normativas para que se vuelquen al negocio de la educación, así como que despeguen en el sentido de la ideología burguesa.

Su autonomía es relativa en torno a su administración interior y diseño de programas, no obstante, están entrelazados a los intereses del Estado-nación y a sus dinámicas internas, algunas como grandes espacios del poder del saber. La diferenciación entre las instituciones públicas sigue igualmente la trayectoria de las que fungen como empresas privadas, el Estado descapitaliza algunas que desde hace varios años atraviesan por crisis financieras en los estados en que debiese haber prioridades presupuestarias, lanzándoles a una competencia de la cual no pueden salir bien libradas, para ser asimiladas al complejo mecanismo privatizador. Tal situación de reducción de recursos ocurre con las universidades autónomas estatales y las normales rurales.

En conjunto este es el arco en que se instaló el paradigma general de educación universitaria propietaria del saber, hacia el desarrollo, legitimación y sustentación de la sociedad capitalista, de sus conflictos, de sus relaciones, su sentido de dominación cultural e ideológica.

Por lo que se refiere a sus políticas institucionales y la construcción a que dieron lugar, así como de sus tendencias propias; las universidades son presionadas a asumir las premisas del capitalismo neoliberal, incluyendo la mercadotecnia en su promoción.

Este universo naturalmente es más complejo, su historia se desenvuelve según los procesos del capitalismo y la lucha de clases por educación, vinculando conocimiento, aprendizaje, métodos e intereses de las diversas clases y sectores sociales. Es claro que las universidades, sus sectores integrantes, siempre dieron muestras de grandes luchas por elevar los niveles de formación y desarrollo del país; enfrascadas ineludiblemente en los antagonismos generales y los del plano educativo, son fuente de resistencia contra su entera mercantilización.

Contra el legado histórico, cultural y científico, la política neoliberal pasó a la descuartización o adecuación de propósitos en los saberes y profesionalización, así mismo animó la individualización, elitización, tercerización de servicios, franquicias de servicios universitarios, feudos, lucha de poderes, degradación de la enseñanza, la exclusión económica, y la minimización de los contenidos humanísticos. Resultando una profunda crisis de la educación superior que se adentró en los intereses económicos capitalistas, en la promoción del modo de vida burgués y clasemediero.

A las universidades públicas se les reprime de muy diversas maneras para acallar voluntades, acciones y pensamientos. Además de abocarse el sistema a una represión de muy diversos tonos, pero siempre presente en todas estas instituciones (Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, cuerpos policiacos), siguiendo el hilo del poder. Hasta el más vulgar de los porrismos se instaló como elemento teledirigido por autoridades universitarias o de ciertas dependencias estatales, para mantener sus espacios en la paz neoliberal mediante el terror contra los estudiantes. Resulta evidente el contubernio, la complacencia, protección y encubrimiento del porrismo por parte de autoridades universitarias y el Estado de forma sistemática contra todo reclamo estudiantil.

Por su parte el conjunto de escuelas normales, soportan la mayor carga en la formación de docentes para la enseñanza básica, aunque en estas circunstancias han proliferado las escuelas particulares de educación normal, y la formación de educadores en las grandes universidades. En este sentido, el neoliberalismo no está en las raíces de la educación mexicana, ni de su pedagogía; el sentido educativo histórico, legado mucho tiempo atrás es popular, masificador, solidario, universalista y formativo del ser humano para la vida en sociedad y comunidad.

El capitalismo en su desenvolvimiento neoliberal ha hecho de las universidades y demás instituciones de enseñanza superior, ejes de trasmisión del comercio en la educación y para la ideologización de su cultura dominante. En este sentido el comportamiento de las élites universitarias dista mucho del puro interés académico o cultural, entrelazándose con los fines y negocios del capital, transformándose en capas aristocratizadas que detentan presupuestos y constriñen toda posibilidad de cambio democrático en su seno.

El sistema de educación superior e incluso las instancias de educación universitaria alternativa, bajo la intensa actividad estudiantil, académica e intelectual, que contribuyeron al empuje cultural, académico, social y científico del país; hoy están en una difícil condición ya sea por su constricción o por el férreo control de las élites, las burocracias, el Estado y la política de gran empresa.

En la actualidad es necesaria una ardua batalla ideológica y política de largo aliento, desde los movimientos estudiantiles y magisteriales, como condiciones para debilitar el poder tecnocrático que rige la enseñanza superior y las redes en como ésta se sostiene. Estas luchas y estos sujetos sociales de cambio, históricamente establecen bases de una auténtica revolución y democratización en su seno, contra el tradicional adoctrinamiento en torno a las prácticas y el pensamiento dominante formador de sus reproductores.

 

[1] Existen cerca de tres mil ochocientas instituciones de educación superior operando en el país.

Fuente: https://www.telesurtv.net/opinion/mexico-educacion-superior-neoliberal-universidades-20180913-0037.html

 

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Brasil: La libertad de educación, en jaque: el ‘homeschooling’ sufre un bloqueo temporal

Diego Hernández

Por Diego Hernández 

La libertad de educación sufrió un significativo revés en Brasil. Por nueve votos contra uno el Supremo Tribunal Federal (STF) consideró que la instrucción ofrecida de forma exclusiva en el hogar, también conocida como ‘homeschooling’, no es un medio lícito para que padres de familia cumplan con el deber de proveer de educación a sus hijos.

De acuerdo con la mayoría de los ministros de la Corte, la actual legislación no contempla esta opción pedagógica sino que exige que los menores sean matriculados en instituciones educativas a partir de los cuatro años de edad.

Con todo, el fallo emitido el jueves 12 de septiembre no determinó que el ‘homeschooling’ sea inconstitucional, solo que no hay una ley que lo ampare, por lo que – en la práctica – solo padecerá de un bloqueo temporal hasta que el Congreso Nacional apruebe alguna iniciativa que lo reglamente.

En la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados tramitan dos propuestas, una de Lincoln Portela y otra de Eduardo Bolsonaro, que reconocen y reglamentan el derecho de los padres a dar instrucción formal a sus hijos en casa.

La forma en que el fallo fue emitido coloca a las familias que realizan ‘homeschooling’ en la legalidad hasta que no haya una ley

En sentido estricto lo que el STF hizo, fue reconocer que la competencia para ‘reglamentar’ la práctica pedagógica es del Poder Legislativo, algo poco común para un órgano que se ha caraterizado en los últimos años por su intenso activismo ideológico en temas fundamentales.

La Corte tenía acostumbrada a la población a ‘legislar’ atropellando al Parlamento. Así lo hizo en los temas de las uniones entre personas del mismo sexo, en 2011, y del aborto de bebés con anomalías físicas en 2012, y el mes de agosto de este año inició un proceso para evaluar si lo legaliza por cualquier motivo durante las primeras 12 semanas de gestación.

Con todo, la forma en que el fallo fue emitido coloca a las familias que realizan ‘homeschooling’ en la ilegalidad hasta que no haya una ley.

En Brasil, de acuerdo con la Asociación Nacional de Educación Domiciliar (ANED), más de 7 mil familias enseñan a sus hijos en casa, y a cada año el número de adeptos crece.

En comunicado oficial la ANED evaluó que el juicio fue una “batalla de David contra Goliat” y denunció que el sistema se ha apostado por anular el derecho que las familias tienen a ejercer la libertad y la autonomía en materia de educación.

Lamentó que algunos ministros hayan llegado a lanzar “violentos ataques a las familias educadoras, acusándolas de representar un peligro para sus propios hijos”.

“Felizmente, prevaleció, al final, la tesis intermedia que admite que la Constitución da libertad al Congreso Nacional para decidir si la educación domiciliar es o no un derecho, y en que condiciones debe ser ejercido”, apuntó.

La entidad exhorta a las familias que educan en casa a reforzar el cabildeo en el Legislativo y a vota en las próximas elecciones generales, del 7 de octubre, por candidatos que respalden el ‘homeschooling’.

El único apoyo a la libertad educativa fue de un ‘progresista’

El recurso (RE 888815) apreciado por la Corte tuvo su origen en un mandato de seguridad interpuesto por los padres de una niña que recibe instrucción formal en casa y a quienes la Secretaría de Educación del Municipio de Canela, en el estado de Rio Grande del Sur, quiere obligar a colocarla en una escuela.

El juez de primera instancia y el Tribunal de Justicia de ese estado dieron razón al órgano de gobierno al considerar que no habría “derecho líquido y cierto” para ampara esa modalidad pedagógica. Los papás recurrieron al fallo y el caso llegó al STF.

En en juicio votaron 10 de los 11 ministros del colegiado. El único voto abiertamente favorable a la educación domiciliar y que la reconoció abiertamente como un derecho de los padres fue el del relator, Roberto Barroso, que, paradójicamente, es el más ‘progresista’ del colegiado. Es un férreo defensor del aborto libre, la eutanasia, la perspectiva de género, el ‘matrimonio’ igualitario y la legalización de las drogas.

La educación en casa está amparada por acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El magistrado presentó su voto el pasado miércoles 6 de septiembre; en él afirmó que la educación en el hogar es un derecho garantizado en la Constitución y criticó la obligatoriedad de matricular a los hijos como “un cierto tipo de paternalismo” por parte del Estado.

Barroso dejó claro que el homeschooling es la prática por la que los padres asumen la responsabilidad de la escolarización formal de sus hijos y dejan de delegarla a las instituciones públicas o privadas; las clases pueden ser dadas por ellos mismos o por profesor particulares.

En su opinión, los padres de familia que optan por la educación en casa demuestran una “preocupación genuina con el desarrollo de sus hijos, […] pues ningún padre o madre que opta por esta alternativa, que es más trabajosa, lo hace por pereza o capricho”.

Por eso -dijo- no pueden ser acusados de crimen de “abandono intelectual”, contemplado en el Código Penal, pues están efectivamente atendiendo a sus hijos, aunque de un modo diferenciado.

Señaló que los artículos 205, 206 y 229 demuestran que la educación domiciliar no esta vetada por la Constitución brasileña, además de estar expresamente amparada por acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El ministro propuso para su reglamentación que las familias notifiquen a las secretarías municipales y que se efectúen algunas evaluaciones periódicas

Los ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli e Carmen Lúcia Rocha votaron contra el relator. El ministro Celso de Mello no asistió.

Los padres como amenza para sus hijos

Fux y Lewandowski entendieron que el ‘homeschooling’ es inconstitucional.

Fux fue el más crítico y llegó a ser agresivo; según él, uno de los primeros objetivos de la educación es “resguardar a los hijos de sus padres”.

Dijo que esa práctica podría encubrir violencia domiciliar y el “endurecimiento moral”, abriendo las puertas a radicalismos. “Fui promotor de Justicia y conocí familias opresoras, […] 24 por ciento de la violencia contra menores viene de los propios padres o padrastros”.

Y citó a Rita Hipólito, coordinadora general en Brasil del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: “el educador puede quebrar el ciclo de violencia contra los niños” que se da en las familias.

Para Lewandowski, la educación no es un derecho y un deber exclusivo de la familia sino también del Estado y una de sus principales funciones es la de “construir la ciudadanía”, por lo que reservar la educación al ámbito familiar generará “burbujas”, dividirá al país, alimentará la intolerancia y aprofundará la incomprensión.

Competencia del Congreso

El ministro Fachin adhirió a la mayor parte de los fundamentos expuestos por Barroso pero se apartó de él al considerar que la Constitución es “silente sobre el tema” por lo que, para aceptar la práctica, habría que tener ley explícita aprobada por el Congreso Nacional.

Dijo que la Ley Fundamental del país determina que el Estado debe garantizar el pluralismo de concepciones pedagógicas, y allí cabe ser contemplado el ‘homeschooling’.

Presentó estudios recientes que demuestran que no hay disparidad entre los alumnos que frecuentan escuelas y aquellos que reciben instrucción en casa.

A pesar de estar a favor de la práctica, votó solo por su acogida parcial pues aseveró que no compete al Poder Judicial, sino al Legislativo, fijar los parámetros de su necesaria reglamentación y propuso emplazar al Congreso a hacerlo en el plazo de un año.

El juez Alexandre de Moraes, reconoció en su voto el derecho de los padres a educar a sus hijos, incluso en el lo referente a la instrucción formal, pero destacó que este ejercicio debe realizarse en “compañía y articulación solidaria” con el Estado, como previsto en los artículos 205 y 227 de la Constitución.

Resaltó que “sólo los Estados totalitarios privan a las familias del derecho de educar a sus hijos”, pero que “antes de ser considerada legal la educación domiciliar, necesita pasar por el Parlamento” para que sean establecidos los contenidos normativos y requisitos para su implementación.

Para el ministro, no se trata en sentido estricto solo de un derecho de los padres, sino también del Estado, por eso rechazó el recurso que dio lugar al proceso.

En síntesis: la forma de educación denominada ‘homeschooling’ no esta contemplada en el actual ordenamiento jurídico por lo que “no es legal”, pero tampoco es inconstitucional. Si el Congreso lo considera relevante puede reconocerla y reglamentarla con una ley ad hoc, sin que le sea impuesto un plazo para ello. Esta posición fue la que se impuso.

El ‘balón’ ahora está en los parlamentarios.

Fuente del artículo: https://www.actuall.com/educacion/brasil-la-libertad-de-educacion-en-jaque-el-homeschooling-sufre-un-bloqueo-temporal/

 

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