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Le llegó la hora a las universidades públicas regionales

Julián De Zubiría Samper

Por: Julián de Zubiría

Ante la suspensión del programa Ser Pilo Paga, el país tiene una oportunidad de oro: invertir esos recursos en las universidades públicas regionales para garantizar el derecho a la educación de más estudiantes, crear nuevos polos de desarrollo y construir la paz.

Los medios de comunicación han hecho creer a muchas personas que las universidades públicas, supuestamente, son de calidad baja y alto costo para el Estado. Lo dicen y lo repiten; y todos sabemos que las mentiras y las medias verdades que se reiteran tienden a creerse como verdades y a hacer parte de las narrativas culturales. Sin embargo, esa afirmación sobre nuestras universidades encuentra poco sustento en la realidad.

El imaginario que han creado los medios es que las universidades públicas permanecen cerradas por huelgas, que los semestres se alargan y se cancelan, que son centros de adoctrinamiento terrorista, que los jóvenes aprenden poco y que le cuestan mucho dinero al Estado. De cara a este supuesto, hay que hacer conciencia de que existe un claro interés en un sector económico y político del país por apoderarse de los recursos de la universidad pública. Ser Pilo Paga fue un buen ejemplo de esta estrategia. Lo mismo ya pasó en el país con la salud, las pensiones, el transporte y diversos sectores económicos. En las pensiones, por ejemplo, antes de captar ingenuos que se trasladaran del sector público al privado, inundaron los medios de mentiras y difamaciones contra el seguro social. Dijeron que se iba a acabar, que era inviable y que terminaría quebrado. El objetivo era uno solo: atemorizar a la población para presionar su traslado a los fondos privados. La estrategia ha sido casi siempre la misma: el miedo como arma oculta. Hoy vemos miles de profesionales que comenzaron a recibir pensiones de miseria, equivalentes a salarios mínimos, mientras los grandes grupos financieros acrecientan su capital.

Algo similar están intentando hacer con la educación pública. Ya iniciaron la estrategia. En la mayor parte de los medios de comunicación debilitan, estigmatizan y desprestigian a la universidad pública. El objetivo es uno solo: controlar sus recursos y apoderarse del mercado.  La estrategia es la misma: el miedo.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que resulta difícil comparar la calidad de universidades que trabajan con jóvenes de estratos, contextos socioculturales y regiones diferentes. En sentido estricto, no son comparables porque trabajan con individuos con capitales sociales y culturales demasiado diversos. También resulta poco pertinente comparar universidades con niveles de especialización y énfasis diferentes (técnica, pregrado, maestría o doctorado). Sencillamente, no es posible. Si no se tiene en cuenta lo señalado, la comparación y los rankings resultan totalmente arbitrarios, como actualmente está sucediendo en nuestro medio.

Lo segundo que hay que considerar es que dos instituciones se podrían comparar por múltiples criterios y que hay que tener en cuenta cuál resulta más pertinente para el fin buscado.

En contra de lo que suele creer la mayoría de la población, en la Universidad Nacional no se ha suspendido un solo semestre desde hace 19 años, pero los medios siguen dando la idea de que allí no hay continuidad académica. Es más, no hubo ningún cierre de más de un día durante los cinco años que duró el proceso de paz, pero los medios no registran estas noticias. ¿Por qué será?

Para hacernos creer que las privadas son de mayor calidad que las públicas, los medios masivos de comunicación recurren a los resultados de las pruebas SABER PRO, en las cuales es más alta la presencia de las universidades privadas de élite en los lugares destacados.  Pero resulta que de todos los indicadores con los que cuenta la sociedad, éste sería el menos pertinente para evaluar la calidad de una institución de educación superior por una razón muy sencilla: no tiene en cuenta el nivel en el que ingresaron los estudiantes. Sería similar a que, en una competencia de 100 metros, eligiéramos a los ganadores permitiendo que algunos de los corredores salieran 80 metros adelante y otros 50, en tanto que a la mayoría se le exigiera partir desde la raya. Eso lo saben los medios de comunicación, los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los directivos de las instituciones. Sin embargo, lo ocultan para favorecer a las privadas de élite que seleccionan sus estudiantes en el quintil más alto según los resultados de las pruebas SABER 11.

Para corregir el problema de las pruebas SABER PRO, que no tienen en cuenta el nivel de las competencias con las que ingresan los estudiantes, se han creado las pruebas de valor agregado. Las creó el propio MEN. El problema es que las mantiene bajo llave, cuando deberían ser de acceso público. Éstas establecen la diferencia entre el valor alcanzado al ingresar a la universidad y el que obtiene al salir. Es sensiblemente mejor que tener sólo en cuenta el valor alcanzado en SABER PRO, ya que nos permite ver cuáles son las que más logran impactar a sus estudiantes en lectura crítica, y razonamiento cuantitativo. Como son las mismas competencias en SABER once y SABER Pro, podemos ver qué tanto agrega la universidad en cada una de las competencias.

Si tuviéramos en cuenta las pruebas creadas por el propio MEN, de las cinco universidades que más valor agregan en lectura crítica, tres de ellas son públicas y dos privadas. Es de destacar que algunas de las universidades más famosas del país son desplazadas a lugares muy bajos de la tabla, en tanto que otras, relativamente poco conocidas, ascienden muchos puestos. Lo anterior sucede porque la mayoría de las privadas muy famosas reciben estudiantes con un puntaje muy alto en SABER 11 y terminan agregando muy poco valor, en tanto algunas universidades oficiales reciben estudiantes con bajos puntajes SABER 11 y bajo capital cultural, los cuales logran mejorar de manera significativa durante su tránsito por la universidad. La excepción la constituyen dos universidades oficiales: la de Antioquia y la Nacional, las cuales, aunque reciben estudiantes con puntajes relativamente altos en SABER 11, adicionalmente, agregan mucho valor.  Este es el listado creado por el propio MEN:

Si usáramos como criterio el construido por Sapiens Research Group, el de las universidades que más apropian socialmente el conocimiento, para el año 2018, ocho de las diez mejores universidades serían públicas y la lista la encabezarían la Nacional y la de Antioquia. Si utilizáramos el criterio de procesos de innovación e investigación que construye el SCimago, el más respetado por los investigadores y el cual combina indicadores de publicaciones, investigadores y patentes; para el año 2018, nuevamente tres de las cinco universidades son públicas y la lista la siguen encabezando la Universidad Nacional y la de Antioquia. Un solo dato ilustrativo: la Nacional cuenta con 585 grupos de investigación reconocidos por Colciencias y, en el año anterior, alcanzó 1.451 artículos publicados en revistas indexadas.

Sin embargo, el criterio más importante sigue siendo el valor agregado, ya que ese es el sentido más importante de una universidad: garantizar que el trabajo que se realice en sus aulas impacte de manera profunda y estructural en las maneras de pensar, sentir y actuar de los estudiantes. En estas pruebas, para el caso de lectura crítica –como hecho muy significativo– las universidades que alcanzan mayor impacto son las universidades públicas.

Las anteriores reflexiones son esenciales si se tiene en cuenta que el gobierno de Iván Duque acaba de suspender el programa Ser Pilo Paga, mediante el cual se venían transfiriendo de manera masiva los recursos públicos hacia unas muy pocas universidades privadas. Ojalá el nuevo gobierno escuche el clamor de profesores y estudiantes de las universidades públicas. La mayoría de ellas se encuentra en asamblea permanente, exigiendo el derecho a la educación. La desfinanciación de las universidades públicas está tocando fondo, mientras, equivocadamente, veníamos invirtiendo cerca de un billón de pesos anuales en tan solo el 2% de los egresados de la educación media. Ningún padre de familia que tenga cien hijos, alimenta bien a los dos mayores, en tanto les da agüepanela con pan a todos los demás. El Estado colombiano lo ha estado haciendo.

En Colombia, el 90% de los jóvenes que pertenecen al estrato uno no continúan sus estudios en la educación superior. Cada año, 300.000 jóvenes que culminan su educación media frustran sus sueños y se ven condenados a continuar en la pobreza y la marginalidad. El gobierno de Juan Manuel Santos brindó apoyo tan sólo a 10.000 de ellos cada año. A este paso nos demoraríamos más de un siglo para poder garantizar el derecho a estudiar de la gran mayoría de la población.

La invitación al nuevo gobierno es a que, con los mismos recursos de Ser Pilo Paga, se decida a apoyar cada año a 40.000 jóvenes en las universidades públicas regionales. Si seleccionamos unas seis de ellas y las fortalecemos con recursos económicos, con excelentes estudiantes de las regiones aledañas; si les quitamos estas universidades a los caciques políticos, si las cualificamos a nivel administrativo y si impulsamos profundos procesos de renovación pedagógica –contando con el apoyo de las extraordinarias universidades públicas nacionales–, lograremos consolidar el derecho a la educación de cada vez más jóvenes pobres en el país.

La enorme ventaja es que el país cuenta con excelentes universidades oficiales que están agregando mucho valor y que, si las impulsamos, nos ayudarán a fortalecer el derecho a la educación, a crear nuevos polos regionales de desarrollo y a construir la paz. Sin duda, “sí se puede” y tenemos ahora una oportunidad de oro para hacerlo: la supresión del programa Ser Pilo Paga. Esos recursos le pertenecen a la educación y allí deben seguir, sólo que ahora tendrán impactos sociales y educativos significativamente mayores al invertirlos en las universidades públicas regionales.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/la-importancia-de-invertir-en-las-universidades-publicas-para-el-desarrollo-y-la-paz-de-colombia/582956

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Carta los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, y Educación, Cultura y Deporte

Juana María Sancho

Por: Juana M. Sancho

Les invito a lanzar una GRAN MISIÓN, convertir la investigación educativa en la base de un conocimiento para la comprensión de quiénes somos, cómo nos influye entorno y educación y quiénes podríamos llegar a ser.

Estimados Ministra y Secretario de Educación y Ministro y Secretaria de Ciencia o viceversa.

Este comienzo de curso académico, siempre tan previsiblemente imprevisible y apasionante para la mayoría de los educadores e investigadores, casi coincide con la andadura de sus ministerios en una legislatura, como todas, por devenir. Quizás porque considero que cuanto más difícil parece una situación, más podemos y tenemos que activar nuestras energías e imaginación, me atrevo a plantearles en esta carta la necesidad de una GRAN MISIÓN, de un programa transversal de investigación educativa, que vincule todas las ciencias (naturales, sociales, humanas y posthumanas), y nos permita no solo descubrir sino construir mundos inimaginables aquí, en el planeta Tierra. Unos mundos que, ni un astronauta como el Dr. Pedro Duque, ni el replicante de Blade Runner, hayan podido no solo ver, sino incluso imaginar.

Casi al comienzo de su nueva etapa de responsabilidades quisiera compartir con ustedes y los ciudadanos en general, algunas reflexiones y preocupaciones con relación a la ciencia y la educación. Primero, quisiera poner de manifiesto que, sin la educación, sin esa labor de transmisión del pasado, comprensión del presente y configuración del futuro llevada a cabo por millones de educadores a lo largo de la historia, ni yo podría escribir esto, ni ninguno de ustedes leerlo e interpretarlo. Segundo, quisiera argumentar que tener acceso a la educación, disponer del tiempo, la mirada de cuidado y la seguridad afectiva para reconocerse, pensarse y desarrollar la capacidad de ser, para poder entender la vida mirando al pasado y poder vivirla mirando al futuro es algo que, desgraciadamente, no todo el mundo está en condiciones de hacer. Así que los que sí hemos estado y luchamos para que “todo el mundo” pueda estarlo, hemos recibido un gran regalo y una gran responsabilidad.

Estoy segura, así lo quiero creer porque la esperanza nos ayuda caminar, que harán todo lo que esté en sus manos para mejorar nuestro acervo de conocimiento y nuestra educción. Pero, por favor, no reduzcan la “ciencia” a las ciencias “duras” (o “fáciles” como diría el profesor David Berliner). Aquellas que “prometen” mundos mejores y la mejora de la vida de los seres humanos, aunque paradójicamente cuenten cada vez menos con nosotros y al final acaben llenando de “basura” nuestro planeta, mientras se preparan para “dominar” y “contaminar” el espacio exterior. Aquellas que buscan ganancias millonarias, sin considerar las consecuencias colaterales para la vida de todos los seres que habitamos el planeta. Lo que les quiero sugerir es que inviertan en aquellas áreas de conocimiento que realmente valen la pena. Las que se enfrentan a problemas profundos y complejos de un gran calado social, como es el caso de la educación.

La investigadora Mariana Mazzucato, profesora en el University College de Londres, en una tribuna publicada en El País, argumentaba que tenemos “la oportunidad de orientar la innovación hacia la solución de problemas concretos, en proyectos tan audaces como la misión de llegar a la Luna, pero dirigidos a resolver nuestros retos sociales y tecnológicos”. Aunque reconocía que las “misiones actuales son más complejas y perversas que ir a la Luna” y haciéndose eco de la obra The Moon and the Ghetto, de Dick Nelson, se preguntaba “cómo era posible que el hombre hubiera ido y vuelto de la Luna y, sin embargo, no hubiéramos podido resolver determinados aspectos de las desigualdades como la aparición de guetos”. Y afirmaba que “los problemas perversos requieren prestar más atención al nexo entre las cuestiones sociales, políticas y tecnológicas, la necesidad de una regulación inteligente y los procesos de retroalimentación en toda la cadena de innovación”.

Y aquí viene el principal argumento de la necesidad de LA GRAN MISIÓN, que les propongo considerar. Centrarse en los problemas “perversos”, aquellos que nos rodean y que nos llegan a constituir de tal manera que ya “no los vemos”. Porque parece que nos pasa lo que les sucedería a los peces si estudiasen su entorno, que lo último que descubrirían sería el agua, cuando es lo fundamental para su existencia. Y la educación es un problema profundamente perverso o “endiablado”, como la mayoría de los del “sistema social que están mal formulados, en los que la información es confusa, en los que hay muchos interesados y afectados y muchas personas con capacidad para tomar decisiones desde posiciones, intereses y sistemas de valores contradictorios, y donde las ramificaciones de todo el sistema tienden a ser confusas y, sobre todo, imprevisibles” (columna del 13/1/2017).

Mariana Mazzucato, fija “cinco criterios para escoger misiones: que sean audaces y tengan valor social; que tengan objetivos concretos, para saber cuándo se han alcanzado; que impliquen investigación, innovación y preparación tecnológica en un plazo determinado; que fomenten colaboraciones entre sectores, entre participantes y entre disciplinas, y que permitan múltiples soluciones distintas y desde la base”. ¿Se imaginan cómo podrían avanzar “todos” los campos disciplinares, desde la neurociencia a la lingüística, desde la química a la filosofía, desde la física de partículas a la arquitectura o la literatura si se plantease una GRAN MISIÓN para la investigación educativa? El problema de los “tres cuerpos” por el que parece fascinado el Ministro de Ciencia, se podría convertir en algo tan complejo y apasionante que nadie pudiera dejar de interesarse. En definitiva, a lo que les invito como actuales responsables de estos dos ministerios es a atreverse a lanzar una GRAN MISIÓN que convierta la investigación educativa en la base de un conocimiento que conlleve una mejor comprensión de quiénes somos, cómo nos influye el entorno y la educación que recibimos y quiénes podríamos llegar a ser.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/09/13/carta-los-ministerios-de-ciencia-innovacion-y-universidades-y-educacion-cultura-y-deporte/

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Inspección educativa, ¿para qué?

Julio Rogero

Por: Julio Rogero

En el sistema educativo, la inspección, con la disculpa de su función puramente “técnica”, juega un papel central de control al servicio de quien gobierna en cada momento.

¿Cuál debe ser la función supervisora en la sociedad y en las instituciones sociales, en general? En la actualidad no hay ningún debate y reflexión pública sobre el papel de las inspecciones, quizás necesarias en muchos ámbitos de la organización social. Pero es necesario hacerlo, puesto que, en muchos casos, estas supervisiones no sirven para un mejor funcionamiento de la sociedad, sino para mantenerla en una situación de injusticia permanente. Y parece que es en el sistema educativo donde esa realidad se muestra de forma más evidente, al menos para los que formamos parte de él.

En la perspectiva de la desescolarización de la escuela que planteé en un articulo anterior, me parece importante que nos detengamos en el papel que tiene el Servicio de Inspección Educativa. Entiendo el proceso desescolarizador como el cuestionamiento de todo lo que impide el aprendizaje en libertad que todo ser humano necesita para que se produzca su pleno desarrollo. Ya vimos que la actual escuela va, en buena medida, en la dirección contraria por ser excesivamente academicista, autoritaria, selectiva, segregadora, resultadista y falta de libertad para poder ser y aprender, en ocasiones convirtiéndose en un espacio cuasi carcelario por las condiciones en que se desarrolla y por tener que aceptar todo lo que se le impone por el poder económico, las administraciones y sus gestores políticos, la academia, los expertos… En esa cadena de imposiciones, la inspección, con la disculpa de su función puramente “técnica”, juega un papel central de control (¿de policía política?) al servicio de quien gobierna en cada momento.

Hoy nadie cuestiona la inspección educativa como institución de control dentro de la institución escolar. En el mejor de los casos, se cuestionan algunas de sus funciones o que solo haga algunas de las muchas funciones que se le asignan por la legislación actual. Sin embargo, la observación de su actuación nos lleva a constatar que nunca ha abandonado su carácter eminentemente burocrático y de control, aun cuando se pretendió que adquiriera una dimensión más pedagógica y un nuevo talante en alguna de las múltiples reformas educativas del pasado.

Cuando surge la cuestión sobre el papel de la inspección, lo que se percibe claramente es que manifiesta un alejamiento y, en muchos casos, un desconocimiento de la acción educativa y de sus protagonistas cada vez más clamoroso. La presencia de inspectores en la vida de las aulas para compartir problemas, orientar pedagógicamente es escasa y, cuando se da, se utiliza para controlar y sancionar a los supervisados. Eso conlleva una lejanía cada vez mayor de los retos que se plantean hoy a la profesión docente. No conoce ni comparte las incertidumbres, las dudas, las expectativas, ni las inquietudes cotidianas que vive el profesorado en los centros educativos. Su presencia se limita a que todo esté formalmente en orden, dentro del orden y de las órdenes: cada aula con su profesor y su alumnado, cada centro con su equipo directivo formalmente constituido y sus órganos unipersonales y colectivos bien designados y elegidos, que los múltiples documentos cumplan todos los requisitos, que no haya conflictos y, si los hay, los resuelva recatadamente el equipo directivo, que para eso está, y no le lleguen a la inspección y, mucho menos, más arriba.

Así, la función inspectora, con su presencia ausente, es sentida y vivida por el profesorado como la amenaza permanente ante la posible transgresión o incumplimiento de la ley. Esta amenaza forma parte del currículum oculto en el que se desenvuelve la acción docente. Así, las prácticas educativas en las escuelas no se desarrollan en un clima de libertad donde lo central sea la capacidad de innovar e investigar, la atención a la diversidad y el desarrollo de ciudadanos bien formados, críticos, autónomos, creativos, solidarios, participativos, etc., sino que lo central es el cumplimiento de los programas, la no alteración del orden programado, la falta de flexibilidad para organizar los espacios y los tiempos en función de las necesidades de los alumnos/as y de los procesos enseñanza-aprendizaje. Se cierne sobre los centros la amenaza por la posible transgresión de los límites de la censura interna que se ha ido asentando, con la colaboración inestimable de la inspección, como un muro que nos incapacita para saltarlo y hacer lo que sin duda se puede y debe hacer.i

Algunos consideramos que hoy la inspección cumple una función central muy bien utilizada por los gestores del sistema educativo. En la sociedad del miedo, este también se extiende en la institución escolar: miedo a ser sancionado por no cumplir las normas impuestas, miedo al fracaso, miedo al poder, miedo a no acabar el currículo oficial, miedo a no transmitir lo que ellos quieren, miedo a ser evaluado negativamente y miedo a no obedecer. La inspección es, así, uno de los instrumentos básicos utilizados por el poder para inocular un miedo paralizante, en muchos casos asimilado de forma inconsciente, que impide cualquier proceso de autonomía razonable del profesorado y de los centros educativos. Está profundamente interiorizado que también los equipos directivos de los centros, al ser designados por la administración educativa y sentirse parte de ella, la utilizan para presionar al profesorado para que cumpla al pie de la letra la legislación vigente y con toda la burocracia que el control de su tarea docente y su profesionalidad les impone la inspección.

¿Para qué sirve la inspección a la educación y sus procesos de desarrollo humano si ésta se dedica al control del profesorado para que cumpla fielmente los designios del poder?. Fundamentalmente, para que todo se ajuste a las mentiras del poder: las ratios están bien, la distribución de los apoyos es la justa, la inclusión educativa una realidad palpable, los centros educativos son los adecuados y están a punto al comienzo del curso, cuando se inician las clases cada curso todo está en perfecto estado, el currículo impuesto es el justo y necesario, el profesorado tiene autonomía suficiente para poder innovar y… ¿Quién supervisa al poder para que salga de sus mentiras y engaños a la población y a la comunidad educativa? ¿Quién ayuda a desvelar a la ciudadanía las trampas del poder con la educación? ¿Por qué secuestran los datos (respondiendo a órdenes superiores) de abandono, fracaso, repeticiones, escolarización, de distribución del presupuesto educativo?… Las preguntas se hacen interminables.

En una sociedad madura, que reconoce la necesidad de otra escuela que haga efectivo el derecho a la educación y sirva a los intereses de la infancia y a la formación de una ciudadanía crítica, activa, democrática, autoeducada y autoformada, no sería necesaria ningún control autoritario por parte de nadie, o al menos sería una supervisión radicalmente diferente a la actual. Lo fundamental es la potenciación de la responsabilidad compartida entre todos para hacer una sociedad y una escuela cada vez más autoorga nizadas, no basada en la competitividad, sino en compartir, en la relación fraterna, el apoyo y el cuidado mutuo. Para construir la escuela desescolarizada que queremos, la inspección, al menos como está configurada hoy en la práctica, es un obstáculo insalvable. Es la propia comunidad educativa, desde su autonomía, su capacidad de toma de decisiones pedagógicas, su autoorganización y su autoevaluación compartidas, la que ha de dar cuenta pública de su quehacer educativo, devolviendo a la sociedad el control de lo que esta le da.

Por eso no necesitamos ningún “cuerpo” de burócratas como el de la inspección, interesado sobre todo en la defensa de sus intereses corporativos, generalmente insensibles a las necesidades de la infancia y a las barbaridades que el sistema educativo actual hace con ellos. No cuestionan la ley que hacen cumplir, por muy injusta que sea. Son cómplices de la búsqueda de la eficacia de la competitividad, la insolidaridad, el clasismo, el rendimiento utilitarista y demás valores del capitalismo neoliberal. Son fieles servidores de ese poder alienante y esclavizador que se impone en la escuela a gran parte de las personas de la comunidad educativa en una sociedad considerada libre y democrática… Evidentemente, hay maravillosas excepciones que intentan honestamente servir y ayudar a que el sistema educativo camine en una dirección emancipadora, a pesar de las ingentes dificultades con que se encuentran. Pero son tan pocos y tan silenciados que no son siquiera la referencia necesaria para otra posible forma de supervisión educativa.

Pienso que habría que reconvertir la actual inspección para que, permaneciendo en las aulas como docentes, sirvan de apoyo en esta tarea de construcción de otra escuela y educación emancipadora. Velaría por hacer efectivo el derecho a la educación, denunciaría las injusticias escolares y el posible abandono o descuido de la educación pública por los poderes y gestores públicos, promovería la inclusión y denunciaría la segregación, compartiría miradas y sensibilidades con el profesorado y las familias, etc. Serían personas formadas para cooperar en que esa escuela responda a una educación libre de imposiciones y a su construcción como una comunidad de cuidado mutuo, de convivencia positiva, de vida compartida y de estímulo constante a la propensión de la infancia por aprender siempre.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/09/18/inspeccion-educativa-para-que/

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Réquiem por la reforma educativa

Luis Hernández Navarro

Por Luis Hernández Navarro

Suenan ya los primeros acordes del réquiem para pedir por el alma de la reforma educativa. Inconsolables, acompañando al coro, los viudos y huérfanos de la ley lanzan anatemas a los sepultureros en el Poder Legislativo que se aprestan a echar las primeras paletadas de tierra sobre el ataúd y maldiciones a los cientos de miles de maestros que resistieron su aplicación.

Los primeros escarceos para abrogar la reforma educativa en el Legislativo comenzaron en la Cámara de Diputados el 11 de septiembre, con un exhorto al secretario de Educación y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ( INEE) para suspender la evaluación al desempeño docente programada del 3 al 25 de noviembre próximos. Tomando la tribuna al grito de “¡Va a caer, va a caer… la reforma educativa va a caer!”, la nueva mayoría mandó un mensaje inequívoco sobre el futuro de la norma.

Dos días después, el Senado aprobó un punto de acuerdo en la misma dirección. El pleno demandó la suspensión mientras no se replantee una reforma en la que se incluya a todos los sectores involucrados y se culmine una propuesta alternativa que se trabaja con expertos y padres de familia.

Con la insensibilidad que caracteriza a las autoridades educativas en turno, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó en un comunicado que todos los procesos de evaluación previstos para el resto de 2018 serán realizados conforme al calendario establecido. El INEE rechazó también el exhorto, con el argumento de que está sujeto a un mandato constitucional y legal.

Ciertamente, un exhorto legislativo es como una llamada a misa. No obliga a nadie a acatarlo. También es verdad que entre parte de los nuevos legisladores hay una disputa por ver quién capitaliza políticamente la lucha contra la reforma educativa, y que eso provoca protagonismos y desplantes innecesarios y hasta contraproducentes. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, el exhorto buscaba desactivar un conflicto real. Miles de maestros que han sido convocados a evaluarse en noviembre no van a permitir que se les examine. Más aún: es probable que saboteen activamente el examen. No es una baladronada. Si no asistieron a evaluaciones pasadas a pesar de la represión y los despidos de que fueron objeto, menos van a ir ahora que el gobierno de Enrique Peña Nieto va de salida. La negativa de la SEP y del INEE a aceptar la sugerencia legislativa es un indicador de su intención de provocar problemas.

El mismo 13 de septiembre, el senador Martí Batres Guadarrama presentó un proyecto de reforma para modificar la fracción tercera del artículo tercero constitucional y desvincular la evaluación a la permanencia en el servicio profesional docente. No obstante haber anunciado que también impulsaría la derogación de la fracción novena del tercero constitucional (desapareciendo el INEE), finalmente bajó la propuesta.

También el 13 de septiembre, Mario Delgado, el itamita coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, disparó contra la norma. Se va a echar abajo la reforma educativa y no va a quedar ni una coma, anunció. Curiosamente, como senador del PRD, a finales de 2012 y principios de 2013, Delgado fue uno de los principales apoyadores de la reforma educativa. Tanto así que promovió la inclusión del concepto de calidad en el texto del tercero constitucional con una redacción que es un verdadero galimatías (https://bit.ly/2Oz2Ny4). Según el empresario Claudio X. González, el 12 de diciembre de 2012 el senador lo llamó jubiloso para contarle que la reforma se había aprobado con su voto en favor.

Todas estas declaraciones y fuegos de artificio sobre el inminente fin de la reforma educativa han alebrestado al graderío antimagisterial. Los dolientes de la reforma difunta han vuelto a repetir sin pudor alguno las calumnias que fabricaron contra los profesores y sus organizaciones gremiales para justificar su aprobación.

La reforma educativa ha fracasado estrepitosamente en mejorar la educación del país. Por el contrario, es responsable de su deterioro. Eso sí, sirvió para otros fines: sacar del servicio de manera anticipada sin necesidad de liquidación a cerca de 200 mil maestros, apalear el normalismo, facilitar el avance de los intereses empresariales sobre la enseñanza pública, vilipendiar y desprofesionalizar a los profesores.

La reforma educativa quiso ser impuesta, literalmente, a sangre y fuego. Maestros y padres de familia fueron asesinados y golpeados por la fuerza pública, ante el silencio cómplice de los consejeros del INEE. Decenas de trabajadores de la educación fueron injustamente encarcelados. Más de 500 docentes fueron despedidos. A pesar de ello, fue descarrilada.

Por más réquiems que se le dediquen, la reforma educativa no va a tener ni paz perpetua ni eterno descanso. Sus promotores y defensores son culpables de multitud de agravios en contra de los maestros, los padres de familia y la educación pública. La reforma está ya muerta. Más le vale al país que se le dé pronto cristiana sepultura.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2018/09/18/politica/016a2pol?partner=rss

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¿Tiene la educación colombiana un norte?

Carlos Corredor Pereira

Por Carlos Corredor Pereira 

En Colombia nos hemos quedado en normas, decretos y leyes y no hemos definido aún cuál es el papel de la educación en nuestro propósito como nación.

Quiero agradecer al diario La Opinión por abrirme sus puertas y permitirme compartir con el pueblo cucuteño mis opiniones. Opiniones en el sentido aristotélico de doxa, es decir, conocimiento de los hechos sociales coloreados por la experiencia y por las propias creencias.

Podríamos decir, opinión informada pero sujeta a lo que decía Campoamor: “En este mundo traidor / nada es verdad ni es mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira”.

En esta coyuntura turbulenta y polarizada por la que atraviesa el país, los candidatos a la primera magistratura ofrecen el Oro y el Moro para persuadir a los ciudadanos a entregarles su voto. Son múltiples las áreas en las que se hacen las promesas, rara vez cumplidas, pero el caso de la educación merece análisis particular, porque nuestro futuro como país y como sociedad está en los niños y jóvenes que hoy se encuentran en nuestras escuelas y universidades.

Lo que vemos en los programas y lo que repiten los candidatos en la televisión son promesas de incrementar la cobertura, de proveer universidad gratis…etc. ¡Más de lo mismo!, pero el problema básico se ha soslayado y no se puede curar con los paños de agua tibia que son esas promesas.

Continuamos ignorando que en las pruebas PISA Colombia ocupó el último lugar entre las naciones que participaron en ese examen estandarizado global. Hasta el momento no se ha hecho un verdadero análisis de cuáles son las falencias reales de nuestros estudiantes de educación media cuando se les compara con sus homólogos de países como Finlandia o Singapur, que ocupan los primeros lugares.

De la misma manera, no hay un consenso entre los profesores universitarios acerca de lo que miden las pruebas Saber Pro que toman los estudiantes en los últimos semestres de sus carreras y que muchas veces muestran que no han adquirido las competencias genéricas que la universidad debería haberles dado, particularmente en las pruebas básicas de pensamiento cuantitativo y lectura crítica. Esto lo que demuestra NO es que haya falta de cobertura ni de oportunidades, que efectivamente faltan, sino que no se ha definido el propósito mismo de la educación colombiana.

En marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa definió como meta estratégica para la Unión Europea el convertirse en “la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de mantener un crecimiento económico sustentable con más y mejores empleos y mayor coherencia social”.

Desde 2010 la Comisión Europea identificó siete competencias clave para el desarrollo personal, la empleabilidad, la inclusión social y la participación cívica que los graduados de la escuela secundaria deberían tener: 1) comunicación en la lengua materna y otras lenguas; 2) competencias matemáticas y científicas; 3) competencias digitales; 4) aprender a aprender; 5) competencias cívicas; 6) iniciativa y espíritu de empresa y 7) conciencia y expresión culturales. Nótese qué tan parecidas son a las competencias genéricas de las pruebas Saber Pro.

Pero si bien, la Unión Europea desde hace varios años tiene claro cuál es el propósito de la Educación y las competencias que deben tener los jóvenes si va a convertirse en la primera potencia mundial en la Sociedad del Conocimiento, en Colombia nos hemos quedado en normas, decretos y leyes y no hemos definido aún cuál es el papel de la educación en nuestro propósito como nación, para asegurar el bienestar de toda la población, disminuir la inequidad y asegurar el desarrollo sostenible, ni cuáles son las competencias clave que deben tener nuestros egresados de la escuela y de la universidad. ¡Buena falta nos hace si queremos entrar en el Club de la OECD!

Fuente del artículo: https://www.laopinion.com.co/columna-de-opinion/tiene-la-educacion-colombiana-un-norte-153981#OP

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Desperate parents are bribing priests with muffins – our faith school system must end

Zoe Williams

Por Zoe Williams

Parents pretend to be religious and clerics pretend to believe them. Getting into state-funded church schools encourages hypocrisy all round

Everyone knows how church schools work. It isn’t even fun describing it to foreigners any more, so well known is it that we have a cock-eyed system where state-funded establishments will only educate the adherents of a particular faith, who are so few in number – and mostly retired – that there are probably not enough real ones to fill a single primary school. For a brief window, citizens pretend to be religious, clerics pretend to believe them and all the right children get into the right schools. Somehow, this foundation of mutually acknowledged deceit is really good role-modelling.

It can be subtle: a vicar will write you a recommendation if he knows you, but to know you, he has to see you. But did he see you? Did you sit at the front? Does he know your name? In areas densely packed with Roman Catholic schools, priests haven’t enjoyed this much power since 16th-century Florence. They can’t walk into Waitrose without being given a muffin.

But the more modern way – in which everything has to be measured, because we all love transparency – involves a great deal of counting. In some schools, it is 10 points if you were baptised before you were six months old, five points after. I know someone who ended up serving the eucharist to get his numbers up. How did he even know how to do that? Oh, apparently, it is really easy.

In south-west London, there was a church with a book: you got a mark for attending; 40 ticks in a year assured your child a place at a church school, 20 might get them on a waiting list. It sounds like a manageable number, 40, until you take out hangovers and holidays and realise that means every week. Nevertheless, it was working fine until someone stole the book.

What is a reasonable vicar to do? Clearly, someone needs to set fire to all the parents, as a lesson for the future. Geneva conventions, Geneva schmonventions. There are times when only collective punishment will do. Or lay waste to the school. See how they would like that, having their children educated in the secular tradition that is so poisonous to young minds, even though it seems to be working fine for everyone else.

But what if the theft was not committed in self-interest? What if it was someone protesting that the sublime act of worship had been debased into a set of transactions, a system blatant but not honest, faith-based but not faithful? What if, on the day of reckoning, God agreed with the thief? The conundrum is so unwieldy it is like trying to get a moral duvet into a spiritual duvet cover.

Everything that is wrong with the process is contained within the book, everything that renders us powerless in the face of it is contained within the theft of the book. I would paymoney to know where the book is now.

We should reject faith schooling. Apart from all the nonsense, it is discriminatory. If you are the child of atheists, or people who want to stay in bed, or people who do not understand the bells, whistles, smoke and mirrors, that is not your fault. This system is the opposite of comprehensive and runs counter to all the principles upon which a universal right to an education is founded. Unfortunately, it is not at all interesting until you have a child of four, or 10, at which point all you want to do is give a priest a muffin.

It is not unusual for Boris Johnson and his works to give you an eerie sensation of falling through time, landing in a decade you never wanted to see. His marriage over, journalists are picking apart the character of Miss X as though they are in a 50s knitting circle. (Is she a “party girl”? Sources suggest that she is.) Yet Johnson’s reputation remains untouched. Most people do not care that he committed adultery and find it irrelevant to his fitness to govern. And when I say “most”, that is not a referendum most; that is a real, 72% most, according to a Sky Data poll.

There is an obvious explanation, which is that his reputation for deceit was so well established that it would have taken far more than a simple affair to diminish it; it would have had to be a mega-affair, with the Duchess of Cambridge, or his daughter’s boyfriend, or the entire membership of a branch of the Conservative party, treasurer included. It is not interesting when a snake swallows a mouse; it needs to swallow a football or a Magimix.

While that is plausible, it misses the bigger shift: sexual politics has moved on and left the media behind. Most people distinguish quite well between public and private; more importantly, most people see sex as a crime only when it is non-consensual.

If you take that principle seriously, to bring the weight of your disapprobation down upon two people having consensual sex is diminishing, and not just of your own maturity. You can’t make a strong or meaningful case against sex as an act of violence, an exertion of power, if you think all sex is your business and all of it is disgusting. Johnson’s shagging may be the most mysterious thing about him, but it is the least dishonourable.

A sperm bank in California is offering lookalike genetic material, enabling you to choose a baby that looks like a star. Ben Affleck is a favourite, but you can also choose David Beckham, if what you want is a son who looks like a person who is really good at football. It seems a little shortsighted: what if you ended up with a girl who looked exactly like Ben Affleck? But consider multiple children and the vista cracks open: you could have one Ben Stiller and one Owen Wilson and create a mini-Zoolander when they are seven. I would get a Tony Benn and a Roy Jenkins, give each a pipe (a fake one – I am not a lunatic) and make them debate.

Source of the article: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/12/desperate-parents-are-bribing-priests-with-muffins-our-faith-school-system-must-end

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Educación y regulación contra las noticias falsas

Mónica Ros

Por Mónica Ros

Representantes de la universidad CEU Cardenal Herrera y del diario Levante-EMV debaten cómo pueden combatir los medios de comunicación unas «fake news» que aumentan sin control ni consecuencias

Las reglas del juego se han roto y el debate se centra en como ponerle freno a las denominadas «fake news», las noticias falsas que llegan por distintos canales, enmascaradas como «prensa seria» sin serlo y sin repercusión legal ante el engaño. La confianza en un periodismo honesto en la era de internet ha llevado a la universidad CEU Cardenal Herrera y al periódico Levante-EMV a unirse en la campaña «Por una información veraz.com» para explicar, debatir, detectar, combatir y diseñar una estrategia que ponga punto y final a una práctica donde «todo vale» a favor de unos intereses concretos.

En esta campaña, el mundo informativo y el formativo se han unido para recopilar desde junio artículos, opiniones y comentarios sobre las «fake news». El debate se celebró en las instalaciones de Levante-EMV con representantes de la universidad y del periódico y tuvo como denominador común la importancia de «educar» a las audiencias, combatir el modelo de negocio que se ha generado y amenaza a toda una profesión, y conseguir que los medios de comunicación recuperen la autoridad que les ha sido arrebatada. El debate, pues, está servido.

El secretario general del Rectorado de la universidad CEU Cardenal Herrera, Jose Manuel Amiguet, aseguró que, ahora «que cualquiera puede ser emisor en una comunicación que no se queda en la mesa de un bar, el factor de riesgo se multiplica por lo que es imprescindible formar a los menores para evitar engaños y que aprendan a detectar informaciones falsas». Es más, Amiguet aseguró que desde le CEU «pedimos que en Bachiller se introduzcan asignaturas que incluyan contenidos sobre los medios de comunicación. Es fundamental».

Esa misma iniciativa la apoyó el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Elías Durán, quien dio un paso más la apuntar que la Federación de Asociaciones Periodísticas de España (FAPE) «le ha comunicado al ministerio la necesidad de que las asignaturas relacionadas con la información sean obligatorias, las den profesionales de la comunicación y se enmarquen en ´Humanidades´».

El redactor jefe de Opinión, Andrés Hernández de Sa, contó su experiencia como presidente de la Unió de Periodistes, que llevó a cabo un programa en los institutos «para enseñar a discernir lo que es un bulo». A su lado, la también redactora jefa de Comunitat Valenciana, Teresa Domínguez, puso la nota discordante al asegurar que los jóvenes «han perdido el interés por la información. No leen los periódicos… pero sí consultan internet. Y las ´fake news´ tienen un revestimiento de rebeldía que les atrae mucho porque se presentan como una manera de desmontar la realidad que presenta el sistema. Yo siempre les digo: no te creas todo lo que lees».

Para el director de departamento de Comunicación e Información Periodística, Jorge Pérez, «a los jóvenes sí les interesa la información, el problema es que no les importa de dónde les llegue». El redactor jefe de Deportes, Cayetano Ros, puntualizó que «vivimos en una sociedad donde los jóvenes se alimentan de Facebook. Su tiempo de concentración es limitado. Ven jugadas de fútbol porque un partido entero les cansa». El debate se centró, entonces, en los nuevos canales de comunicación y en unas redes sociales que actúan como transmisoras pero no comparten las mismas reglas del juego.

Para la subdirectora del periódico Levante-EMV, Lydia del Canto, «Facebook y Twitter se han convertido en medios de comunicación, pero somos reacios a que lo sean. Es más, muchísimas noticias se comparten y llegan por WhatsApp».

De hecho, Amiguet puntualizó que el 60 % de las informaciones que se comparten desde Facebook se hace «sin ´pinchar´ en la noticia. Es un emisor no responsable pero lo hace porque es un entusiasta de la temática que está compartiendo». Hernández de Sa preguntó entonces ¿hasta qué punto se puede obligar a las redes sociales a actuar con las mismas reglas que los medios de comunicación». Del Canto lo tiene claro y aseguró que «internet no es una red libre de uso público. Si el canal es nuestro… y se detecta una mentira… se debería eliminar de forma obligada. Hay que plantear una regulación más allá de la perversión de las audiencias y sus mediciones».

La regulación de la información en las redes sociales, como ocurre, por ejemplo, en la televisión (donde no se pueden emitir ciertos contenidos en determinados horarios) fue un punto de acuerdo. El «problema» para la profesora de Comunicación e Información Periodística, Elvira García de Torres, es «el negocio que se ha creado con las noticias falsas. Google tiene controles y algunos sistemas para detectar ´fake news´ que están dando buenos frutos, pero además hay que educar a la ciudadanía y formar a los periodistas y a los medios de comunicación. Necesitamos controles extra de calidad y manuales divulgativos».

Para la vicedecana de Periodismo, Anunciación Ramírez, «el reto que tenemos ahora es cómo recuperar el principio de autoridad de los medios de comunicación y el camino es contrastar las fuentes y no dejarse llevar por las prisas».

Fuente del artículo: https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/09/16/educacion-regulacion-noticias-falsas/1768376.html

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