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¿Federalización de la nómina magisterial?

Manuel Alberto Navarro Weckmann

Por: Manuel Alberto Navarro Weckmann

«La administración federal expresa que se establecerá su implementación mediante esquemas graduales, con la finalidad de dar certeza jurídica, laboral y salarial a las y los trabajadores…»

En días pasados, corrió como reguero de pólvora en los medios que cubren la fuente educativa, la noticia de que el Gobierno Federal, habría de asumir la nómina magisterial de las entidades federativas, dado lo mencionado por Oscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conferencia de prensa el pasado martes 26 de abril, cuando dio a conocer los cuatro ejes de trabajo del nuevo modelo educativo propuesto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gasto educativo es el egreso más importante que el gobierno federal realiza, pues, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 se propuso un presupuesto educativo de 836 mil 400 millones de pesos, que, para ponerlo en contexto, para el mismo año de 2021, de acuerdo a cifras del Sistema de Administración Tributaria (SAT) México recibió por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) un total de 1213 mil millones de pesos, por lo que se puede decir que siete de cada diez pesos que se recaudan por concepto de IVA, se destina al gasto público en educación.

Desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación (AMNEB) en que se descentralizaron muchas de las decisiones administrativas a los estados, las constantes exigencias de recursos por parte de entidades federativas provocadas por las malas negociaciones locales, la corrupción, el desvío de los recursos documentados puntualmente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y negociados políticamente para que luego “no pase nada”, así como la histórica inequidad de aportaciones federales en dicho gasto, ya que hay entidades que aportan más de la mitad del presupuesto educativo, como hay estados que no aportan un solo peso.

Por una parte, la administración federal expresa que se establecerá su implementación mediante esquemas graduales, con la finalidad de dar certeza jurídica, laboral y salarial a las y los trabajadores de la educación, lo cierto es que la sola mención de dicha medida ha provocado no pocas inquietudes, sobre todo en aquellas entidades en donde existe diferente tinte político al ejecutivo federal, dicen que si para una decisión como el quitar un docente o un trabajador manual le pasan la factura a la federación, ni imaginar lo que va a pasar ahora que eventualmente se centralice la nómina y los pretextos de uno y otro nivel educativo se van a dar con más frecuencia

Esperemos que pronto se tenga información oportuna y válida de dichos “esquemas graduales” para así estar ciertos de lo que va a suceder y no incrementar los ya de por sí elevados niveles de estrés que se viven en la actualidad en el magisterio nacional.

manuelnavarrow@gmail.com

https://manuelnavarrow.com

Fuente: https://profelandia.com/federalizacion-de-la-nomina-magisterial/
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Tiempo y aprendizaje escolar

Julio Leonardo Valeirón Ureña

Por: Julio Leonardo Valeirón Ureña

El director de una de las escuelas que siempre quedaba entre las 10 mejores escuelas en las Pruebas Nacionales de 8º me respondió a mi cuestionamiento de la manera siguiente: “En Mi Escuela, No Tenemos Tiempo Para Perder el Tiempo”.

Es frecuente en educación encontrarse con concepciones lineales acerca de los logros de aprendizaje y los factores con los cuales se asocian o relacionan. Es una lógica que nos viene al pretender aplicar en las ciencias sociales una racionalidad propia de las ciencias naturales y, que incluso hoy, no se sostiene en todos los ámbitos de ésta. Es decir, muchas de nuestras políticas parten del supuesto de que, si hacemos tal cosa, obtendremos tal otra. Esa suerte de causalidad la andamos buscando desde hace ya mucho tiempo, pues resultaría muy efectivo, por adelantado que, si B es una condición de A, bastaría con cambiar A. O lo que es lo mismo, si A, entonces B.

En educación contamos con bastantes evidencias acerca de lo que saben o dominan nuestros estudiantes de un conjunto de contenidos. Las evaluaciones realizadas desde el MINERD dan cuenta de ello. Las Pruebas Nacionales como las evaluaciones diagnósticas proporcionan información importante acerca de estos resultados; así mismo, los estudios PISA, ICCS, como los ERCE. El primero es el Programa de Evaluación de Estudiantes organizado por la OCDE; el segundo el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía, llevado a cabo por la IEA (Asociación Internacional para la Evaluación de los Aprendizajes); el último, el Estudio Regional de Comparativo y Explicativo, organizado y coordinado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa-LLECE.

Todos esos estudios ofrecen evidencias acerca de lo que saben o no, o si se tienen o no desarrolladas determinadas competencias. La riqueza, en ese sentido, es encomiable. En sentido general, y en cada uno de estos estudios afloran “factores asociados” a los aprendizajes. Por ejemplo, sabemos que la variable relativa al nivel socioeconómico de la familia de los estudiantes es posiblemente la mejor predictora de los aprendizajes. Sin embargo, hurgando a profundidad en los datos encontramos reiteradamente que hay escuelas y, por supuesto, estudiantes de los niveles económicos más bajos con logros de aprendizajes iguales o superiores a los del nivel socioeconómico más alto. Eso fue evidentísimo en las PISA 2019, cuando un 12% de los estudiantes del quintil uno (más pobre) mostró logros superiores a los del quintil cinco (más rico), contrario a toda predicción. A esos estudiantes PISA los llamó, “estudiantes resilientes”. Algo ocurre en esas escuelas, en esos estudiantes y, muy probablemente, en dichas familias y comunidades, que es capaz de dirigir la diagonal en un sentido distinto al esperado. Hace ya bastante tiempo, que el director de una de las escuelas que siempre quedaba entre las 10 mejores escuelas en las Pruebas Nacionales de 8º me respondió a mi cuestionamiento de la manera siguiente: “En Mi Escuela, No Tenemos Tiempo Para Perder el Tiempo”.

Una respuesta simple, que denota el compromiso asumido por la comunidad en esa escuela por colocar los intereses de los estudiantes por encima de cualquier otro.

Por supuesto, y fue lo que el director de esa escuela rural y aislada no me dijo entonces, pero que me explicó una estudiante en mi clase de Metodología de la Investigación Psicológica en INTEC, siendo ella una de las estudiantes sobresaliente becada por la Institución: “Yo se lo puedo explicar porque yo vengo de esa escuela”. Y lo dijo con un orgullo y un convencimiento que a todos en el curso sorprendió. “Iniciamos la clase a las 7 de la mañana todos los días, no importa que esté lloviendo. Como es una comunidad pequeña, hay una relación muy directa entre los profesores y las familias, y así ellos van monitoreando si dedicamos tiempo para el estudio. En la escuela disfrutamos mucho, pues los profesores son muy buenos y nos tratan bien, y un largo etcétera”. Todo ese conjunto de cosas, en sus múltiples vínculos y relaciones, apuesta a los aprendizajes. No es solo un factor: el maestro, el director, el tiempo… es la manera como esos factores se vinculan y lo que ellos generan en el corazón y la cabecita de esos niños y jóvenes.

EDUCA, hace ya un tiempo, puso de relieve en más de una ocasión, que en nuestras escuelas no se cumplía ni con el horario ni el calendario escolar. Es más, se hablaba de que en promedio los estudiantes estaban expuestos a no más de dos horas y media de clase. Es decir, que un estudiante que había terminado el 6º de primaria, en promedio, había recibido un tiempo de clase no mayor de un 3º de primaria. Por supuesto, esto levantó de su asiento a los funcionarios y técnicos del ministerio. Se postuló incluso aquella política nacional de 1000×1000, que llenó pancartas, anuncios de radio y televisión, murales, en fin, el slogan prendió. Pero, como son y han sido las cosas en la educación dominicana, y no parece que hayan cambiado mucho, las paralizaciones de la docencia, el incumplimiento del horario y el calendario siguió siendo un tema que no cambiaba. Siempre ha habido y habrá “una razón justa” para detener los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas. Y, por supuesto, siempre se programarán operativos de recuperación de clases, bajo la ingenuidad de que una hora perdida con una hora recuperada más tarde, podrá subsanar el impacto negativo en los aprendizajes escolares. Sabemos, por la evidencia científica, que eso no es así, que de esa manera no funcionan los procesos que tienen que ver con los aprendizajes escolares.

El tiempo siempre será la dimensión en que las cosas acontecen; lo mismo que el espacio. Espacio y tiempo son condiciones esenciales del desarrollo de la vida y, por supuesto, de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. ¿Pero es el tiempo o la calidad de su uso? ¿Será el espacio por sí solo o las características y cualidades con que lo adornamos, en el buen sentido, en ese hermoso proceso que es enseñar y aprender?

En el ámbito de las neurociencias cognitivas, cada vez está más claro, que cuando se producen aprendizajes nuevas conexiones neuronales se están organizando y estructurando, y ello así para un buen como un “mal aprendizaje”, es decir, “un aprendizaje inadecuado” – que por supuesto es muy común- solo que tomará más tiempo y mayores esfuerzos eliminar este último. Por ejemplo, si él o la estudiante no aprende que, para realizar una operación aritmética simple de sumar dos números, tiene que cerciorarse que las unidades van debajo de las unidades, lo mismo que las decenas y las centenas, y de no hacerlo así, corre el riesgo de obtener un resultado equivocado, que se repetirá siempre.

Hace ya varios años, en un estudio que hiciéramos la Universidad de Albany del Estado de Nueva York, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en el cual, entre otras cosas, se midió el dominio de varios contenidos en aritmética y comprensión lectora en los estudiantes de 200 centros educativos elegidos al azar y que debían haber sido aprendidos en el 4º de primaria; la evidencia, que aún en el 7º, esos mismos estudiantes presentaban un bajo dominio de los mismos. Es decir, pasados cuatro años, estos estudiantes habían “bien aprendido” muy poco, reproduciéndose los mismos errores años tras años. Eran centros públicos y privados, rurales y urbanos. ¿Era un problema del tiempo? La evidencia apuntaba hacia un uso inadecuado del tiempo de enseñanza en el aula. Miles de fotos que fueron tomadas a los cuadernos de los estudiantes, además de que era casi imposible encontrar una estructura lógica de los procesos de enseñanza tomados por los estudiantes, ponían en evidencias muchos de estos errores sin corregir. ¿Qué se puede esperar de una situación con esas características?

El currículo termina siendo no lo que pretende el ministerio en sus documentos, como tampoco lo que logra entender y aprender el maestro, sino lo que el estudiante llega a procesar y comprender correctamente.

No me cabe la menor duda de que el cumplimiento del horario y el calendario escolar es una cuestión importante, que de no cumplirse pone en entredicho la necesidad incluso de la escuela misma. ¿Para qué construir y mantener edificaciones? ¿Para qué adquirir y disponer en las escuelas de materiales didácticos, computadoras, laboratorios y otros tantos artefactos, si estos no se van a emplear a su máxima posibilidad y con la calidad necesaria?

Esta cruda realidad de lo que ocurre en muchas de nuestras escuelas es lo que justifica que, para poder ingresar a un aula como profesional de la educación, los aspirantes no solo deben contar con una certificación de estudios universitarios, sino que tienen que mostrar un alto nivel de dominio de los conocimientos y competencias necesarios para una enseñanza de alta calidad. De seguir el camino, que en los últimos meses se ha estado ventilando por los medios de comunicación respecto a los procesos del concurso docente, estaremos proporcionándole a la educación un golpe muy duro que, en varios años, se manifestará con logros de aprendizaje más bajos que los que hoy muestran en las evaluaciones nacionales e internacionales nuestros estudiantes en los diferentes grados y niveles. Esperar otros resultados, es algo más que ingenuidad.

Hay un derecho que preservar y que está por encima de los demás, y es el que tiene todo niño, niña, joven adolescentes y adultos, según nuestra Constitución, de recibir una educación de calidad.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/tiempo-y-aprendizaje-escolar-9058722.html

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Las pensiones en 2022

Wenceslao Vargas Márquez

Por: Wenceslao Vargas Márquez 

Cada nuevo año hay aumento a los salarios mínimos. Cada vez que se aplica ese aumento empeora la situación de algunas pensiones pues se profundiza la diferencia negativa entre lo que algunos pensionados reciben respecto de lo que deben recibir. 

En el año 2016 hubo una reforma constitucional que contemplaba dejar de usar a los salarios mínimos como medida para pagos administrativos como multas, tarifas, etc. Se creó para el efecto una unidad llamada unidad de medida y actualización, uma, que tomaría un camino separado, divergente, de los salarios mínimos, a partir del año siguiente, 2017, y con las disminuidas umas comenzó indebidamente el pago de algunas pensiones. 

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia validó esta medida regresiva como constitucional en febrero de 2021, pero la hizo pública y vinculante hasta junio del mismo año, después de las elecciones intermedias, para no alborotar al respetable. La SCJN lo justificó así en un comunicado el 17 de febrero de 2021: 

“La reforma constitucional (de 2016) eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular el monto de pago de diversas obligaciones, multas, créditos, y aportaciones de seguridad social. La finalidad de esta modificación fue permitir que el salario mínimo pudiera ser incrementado constantemente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores; ello sin que al mismo tiempo se incrementaran otra serie de conceptos ajenos al salario. La decisión de la Segunda Sala permitirá que continúe la recuperación del salario, sin poner en riesgo los fondos de pensiones. Por todo lo anterior, la Sala concluyó que, acorde con la Constitución Federal, la Ley del ISSSTE abrogada y el artículo Décimo transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, el tope máximo de la pensión jubilatoria debe calcularse con base en la UMA. Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.”  

Y la sentencia de la Suprema se publicó hasta junio de 2021 diciendo esencialmente que las pensiones no son el problema sino su cuantificación para el pago: “El aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y no a la laboral, de ahí que el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional.”  

Durante ese recorrido que ya lleva seis años, se ha profundizado la diferencia pensionaria de una manera muy grave. El SNTE dio falsamente por resuelto el tema en septiembre de 2019 (bityl.co/BpCj). Falsamente porque en el año 2017 en que se aplicó por primera vez la medida, un salario mínimo valía $80.04 contra $70.49 que valían las umas. Las pensiones con umas pagaban el 94% de lo correcto. En 2022 los salarios mínimos generales valen $172.87 contra $96.22 que valen las umas. Las pensiones con umas pagan apenas el 55% de lo correcto, vale decir que se pagan a la mitad de lo que debe ser. Estas pensiones han sido golpeadas severamente al grado de que escuchan borroso. Hay que meterlas en arroz.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/las-pensiones-en-2022/

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Los retos tecnológicos de la educación a debate en el ‘AV Experience Zone’ de ISE

Educación 3.0

Por: Educación 3.0

El evento tendrá lugar como parte de la feria ISE 2022 el próximo 11 de mayo a las 12:30 en la FIRA de Barcelona y se centrará en las tecnologías audiovisuales para la educación de hoy y mañana.

Organizado por AVIXA en el marco del Integrated Systems Europe (ISE) 2022 (FIRA de Barcelona, 10-13 de mayo) y dirigido a profesionales de universidades, escuelas formativas y colegios privados españoles, la II edición del ‘AV Experience Zone’ tiene como objetivo acercar a los clientes finales de España hacia la industria audiovisual profesional (AV) y las empresas de integración.

“La sesión de educación del AV Experience Zone será una ocasión única para que los profesionales del sector se acerquen a la industria audiovisual y vean las posibilidades que la tecnología AV les ofrece para sus centros, así como para que conozcan el valor de las empresas de integración para abordar los proyectos AV en los centros educativos”, afirma Yoav Slimobich, project manager de AVIXA en España y Portugal.

AV Experience ISE 2

El evento se desarrollará el 11 de mayo a las 12:30 horas y contará con diferentes expertos del ámbito educativo como David Riu, director del Departamento de Empresa y Tecnología de La Salle Campus Barcelona (Universitat Ramon Llull); Javier Palazón, director de EDUCACIÓN 3.0; Eduardo Salayandía, CEO de West Telco y especialista en nuevas tecnologías; así como representantes de seis empresas españolas de integración audiovisual (Sono, Ditec, Tower TBA, Trison, ICAP Global y Unitecnic).

Programación

La sesión de educación se abrirá con un discurso de apertura de David Riu (Universitat Ramon Llull), quién abordará los retos tecnológicos a los que se enfrenta el actual modelo educativo.

A continuación, Javier Palazón, director de EDUCACIÓN 3.0, conducirá un diálogo con representantes y docentes de centros educativos sobre el reciente estudio realizado por Promethean (compañía desarrolladora de soluciones interactivas para la educación), en el que han participado cerca de un millar de encuestados entre directores, administrativos, profesores y personal de apoyo de diferentes tipos de centros educativos. La charla girará en torno al estado de la tecnología en la educación en España.

AV Experience ISE

Seguidamente, se dará paso a Eduardo Salayandía (West Telco) que profundizará, junto con otros expertos, en cómo se percibe la tecnología en el aula y la integración de la misma en los planes de estudios.

Sector empresas

Las seis empresas españolas de integración audiovisual (Sono, Ditec, Tower TBA, Trison, ICAP Global y Unitecnic) presentes en la jornada hablarán sobre la importancia del integrador audiovisual en el sector educativo como facilitador y partner en la transformación y digitalización de las aulas.

Asimismo, participarán en otro bloque dedicado a las soluciones y nuevas tendencias tecnológicas en las aulas, donde se abordarán temáticas como el papel de la Inteligencia Artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada en el sector educativo, así como la integración de las comunicaciones unificadas en la enseñanza.

El programa del ‘AV Experience Zone’ es gratuito, aunque las plazas son limitadas, y se realizará enteramente en español. Es necesario registrarse a través de este link.

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/av-experience-zone/

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Burocracia e investigación educativa

Juan Carlos Miranda Arroyo

POR: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO

«La SEP no es un centro de investigación educativa, eso es cierto. Pero debe ser una institución que establezca vínculos orgánicos permanentes con especialistas y estudiosos de la educación.»

En una entrevista que Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), concedió a Erick Juárez Pineda, el funcionario “advirtió que los documentos que se trabajan no tienen una rigurosidad académica, pues «no son un centro de investigación o una universidad», esto al referirse a la propuesta curricular para la educación básica, cuya versión preliminar dio a conocer la propia SEP en enero pasado (ver Educación Futura, 23 de abril, 2022).

Arriaga debe saber que, aunque la SEP no es una institución dedicada a la investigación educativa, no está exenta del escrutinio de la comunidad académica ni del examen riguroso de especialistas y estudiosos de la educación. Además, como responsabilidad de gobierno, la SEP debiera de generar documentos con contenidos estructurados, sustentados o debidamente argumentados, a partir de los hallazgos reportados recientemente por la investigación en el campo educativo.

Por otra parte, la SEP necesita vincularse con grupos de investigadores y especialistas del ramo, tal como se hace en cualquier otra entidad gubernamental. Ahí hay un espacio y tiempo valiosos para concretar las retroalimentaciones mutuas. No veo por qué no hacerlo de esa manera.

El argumento utilizado por el funcionario, por lo tanto, para excusarse de la falta de rigor académico en la propuesta curricular, es insostenible.

“El funcionario detalló –dice Juárez Pineda- que, aunque la construcción del nuevo marco curricular le corresponde a la dirección que él encabeza, no es su responsabilidad establecer una propuesta de evaluación, pues «ellos solo crean y evalúan los materiales educativos»; sin embargo, señaló que esta tarea le toca a otras unidades como a la Dirección General de Desarrollo Curricular o a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)”.

Arriaga señaló, así mismo, que la dependencia a su cargo (materiales educativos) tiene el liderazgo del proyecto de reforma curricular para la educación básica. ¿Por qué entonces los documentos de referencia están firmados (en su versión preliminar) por la dirección de desarrollo curricular de la SEP? ¿No debería estar al frente de este proyecto, más bien y como líder, y ante los medios, la subsecretaría de educación básica?

La SEP no es un centro de investigación educativa, eso es cierto. Pero debe ser una institución que establezca vínculos orgánicos permanentes con especialistas y estudiosos de la educación. También, debiera de impulsar el desarrollo de estos grupos de trabajo, con recursos y diversos apoyos hacia dichas comunidades que realizan investigaciones o estudios educativos, independientemente de sus intereses académicos o líneas de investigación, es decir, tanto de corte teórico, filosófico o histórico, como aplicado.

Lamentablemente y por lo general, hay un vacío de la alta burocracia hacia las tareas de investigación educativa en México. Pienso que eso deberá cambiar. El intercambio entre burocracia y academia habrá que ser más intenso, creativo y propiciar condiciones adecuadas de trabajo, a efecto de generar nuevos conocimientos sobre lo educativo, y específicamente sobre la educación básica pública.

La cruda realidad indica que a las burocracias educativas, federales y estatales, (con funcionarios no especializados en educación), no les interesa generar nuevo conocimiento sobre lo educativo. Les obsesiona administrar, al más bajo costo, los procesos escolares. Contrario al interés académico, a este círculo gobernante de la educación le preocupa y se ocupa solo en rendir cuentas a sus jefes superiores, pero se desentiende de las necesidades del magisterio. Existe evidencia de que su prioridad es controlar y vigilar a las comunidades educativas (escuelas). Esa visión limitada y rígida de la realidad educativa, es una tragedia que no favorece el adecuado avance del sistema educativo nacional.

De manera institucional y a lo largo de la historia, las burocracias educativas no encuentran valor a los hallazgos de la investigación. ¿Cuántos convenios han realizado o firmado el gobierno federal y los gobiernos de los estados con las unidades UPN locales o con las Normales para desarrollar proyectos de investigación o producción editoriales, durante los últimos 20 años? La cifra está cercana a cero. ¿Pueden mostrar pruebas en contra?

La composición de las burocracias educativas (me refiero especialmente a quienes ocupan la cima de las instituciones) es de perfil político, administrativo y de profesiones afines (excepcionalmente se registran trayectorias académicas en esos escritorios), y no cuenta con orientación ni sensibilidad hacia la investigación educativa. Dicho esto en términos generales. Cuando hay algunas excepciones, las iniciativas para llevar a cabo investigaciones o estudios educativos, sin embargo, quedan desplazadas por otros proyectos de carácter administrativo.

Adicionalmente a la necesidad de establecer un diálogo con la comunidad académica, profesional o científica, las burocracias educativas también requieren de crear dispositivos de comunicación permanentes, institucionalizados, en condiciones de igualdad, para intercambiar ideas y propuestas con las maestras y los maestros, directivos escolares y asesores técnicos, que trabajan directamente en las escuelas, y que tienen a su cargo los procesos específicos y más relevantes de la educación pública en México.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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España: Caja de resistencia, estrategia para un sindicalismo de contrapoder

Opinion

Por: Gessamí Forner

 

Los sindicatos vascos ELA, LAB, ESK y la central gallega CIG disponen de cajas de resistencia. La Intersindical catalana y la aragonesa Osta la están implementando. CGT y CNT abordarán este año en sus respectivos congresos la necesidad, o no, de activar un fondo solidario estructural.

Hubo 606 huelgas el pasado año, según los datos del Ministerio de Trabajo. El 47% se convocaron en la Comunidad Autónoma Vasca (224) y Navarra (59). Juntos, estos dos territorios apenas llegan a sumar 2,8 millones de habitantes. Representan el 6% de la población total del Estado. Los números y porcentajes importan: cuántas huelgas se convocan, cuántos trabajadores las secundan, cuántas jornadas no trabajadas acumulan, qué salario medio tiene dicha población y qué tasa de paro hay. Los números arrastran a la siguiente pregunta: ¿por qué Euskadi tiene un ecosistema de conflictividad laboral propio? Más allá de buscar respuestas sesgadamente ideológicas —“hay sindicatos soberanistas, a mí no me interesan”— y tratar de desprestigiarlos, los sindicatos mayoritarios vascos, ELA y LAB, y también uno más pequeño pero igualmente combativo, ESK, saben que los números importan, y mucho, cuando toca hablar de dinero y conflictividad laboral. Disponen de las cajas de resistencia más amplias del Estado. Son un espejo donde se miran de reojo otros sindicatos de contrapoder. Su estrategia de resolución de conflictos es radicalmente distinta a los sindicatos más representativos del Estado, CC OO y UGT.

El sindicato ELA es el mayoritario en el País Vasco. Cerró el pasado año con 100.925 trabajadores afiliados y el 41% de delegados, seguidos por LAB (con un  20% de representación), CC OO (19%) y UGT (10%). Como les gusta decir en ELA, ni el Athletic tiene tantos socios. Su presupuesto anual ascendió a 22 millones, de los cuales el 92% corresponden a las cuotas. La suya es la más elevada del Estado: 23,64 euros la ordinaria. La reducida (11,82 euros) es más alta que la estándar de la mayoría de sindicatos, sean grandes, pequeños, estatales o territoriales. A pesar del precio, las nuevas afiliaciones provienen precisamente de los sectores con salarios más precarios.

De las cuotas, ELA destina el 25% a la caja de resistencia. Eso implica que de los 20,2 millones de euros de fondos de cuotas, 5.060.000 millones de euros fueron a parar a la caja de resistencia en 2021.

A cuánto asciende la cuenta corriente de la caja de resistencia de ELA es uno de los secretos mejor guardados de Euskal Herria, que solo conocen tres personas. “Puedes especular todo lo que quieras en el artículo, no lo vamos a decir, ni yo mismo lo sé”, señala a El Salto Joseba Villarreal, responsable de elecciones, afiliación y movilizaciones. Decirlo sería dar ventaja al contrincante, la patronal vasca y navarra.

Lo que sí afirma es que tener una cuota alta fue una decisión estratégica que ya consideran histórica: “Cuando Comisiones Obreras puso una cuota de 50 pesetas, nosotros pusimos de 200. Sin cuota, no hay caja. Sin caja, el conflicto necesariamente es de otra manera y, a nuestro entender, no puede haber un sindicato autónomo, independiente y de contrapoder sin caja de resistencia, porque ese punto solo te lo da el dinero”, resume Villarreal.

Sabe que hay gente —empresarios, la patronal— que ha especulado sobre cuánto debe durar una huelga en Euskadi para que se agote la caja de solidaridad de ELA. Zanja la cuestión advirtiendo de que “los únicos que no vamos a sufrir en ese camino somos nosotros”. Prueba de ello son los 17 afiliados que están llevando a cabo la huelga más larga actualmente en Europa, en la empresa Novaltia, la distribuidora de medicamentos en las farmacias vizcaínas. Hoy cumplen 1.013 días en huelga indefinida. Cuando empezaron, no cobraban ni el SMI actual, tenían un salario de 950 euros mensuales. Su abogado anunció ayer una sentencia favorable, que multa a Novaltia con 120.000 euros por daños morales y perjuicios, al entender que la gerencia ha vulnerado el derecho a huelga —premiando económicamente el esquirolaje, entre otras cosas—. El letrado, Héctor Mata, espera que esta amonestación suponga un antes y un después en una empresa cuya gerencia no ha querido sentarse a negociar un convenio de empresa paupérrimo. La caja de resistencia sigue sin despeinarse.

La CIG, solidaridad desde 1994

La central gallega CIG surgió de una fusión de dos sindicatos en 1994. Uno tenía caja, otro no. Desde entonces, la CIG tiene caja de resistencia, la tercera más antigua del Estado —la segunda, de 1985 es de USO—. Puede que sea casualidad o puede que no, pero la CIG también es el sindicato mayoritario en Galicia (76.801 afiliados, 4.767 delegados, el 30% de representación, a cierre de diciembre de 2021). Su cuota ordinaria es de 12,60 euros, la reducida son 5,90 euros y la simbólica, para gente sin ingresos y jubilados, es de 3,05 euros. Destinan el 10% de las cuotas a la caja de resistencia. Por lo que especulando, el año pasado ingresarían unos 800.000 euros destinados a sostener huelgas.

Su secretaria de organización, Susana Méndez, considera que la caja “es una herramienta fundamental para que la clase trabajadora pueda pelear por sus derechos sin ver mermadas sus condiciones materiales, que la huelga no suponga un freno a esa lucha y que sea una ayuda para fomentar la participación, más en una situación de precariedad, salarios bajos e inflación, en la que quedar unos días, unas semanas o incluso unos meses sin ingresos puede generar una situación problemática”. El pasado año, la huelga de Alcoa en el municipio de San Cibrau acabó extendiéndose a las empresas auxiliares y a toda la comarca. “Tenemos muchas huelgas, estamos en plena crisis, sobre todo en la zona norte”, explica. Sus cuotas, añade, se ajustan a la realidad gallega, “no podemos compararnos con Euskadi”.

El sindicato ESK, con 6.000 afiliados y una cuota estándar de 45 euros trimestrales, se fundó en 1985 y fue la segunda central vasca en establecer un fondo económico. Desde 2007, destina a la caja el 5% de las cuotas, explica su portavoz, Igor Mera.

El sindicato vasco LAB dispone de caja desde hace diez años. “En una década hemos ayudado a unas 3.000 trabajadoras y trabajadores. En caso de huelga, cubre 30 euros diarios (entre 900 y 930 euros al mes), con dos particularidades: pagamos 30 euros con independencia de si son jornadas parciales o completas y tenemos un tope de 1.500 euros y, lógicamente, la ayuda a percibir no puede superar el salario del trabajador”, explica su secretario general adjunto, Igor Arroyo. Asimismo, la caja cubre multas y sanciones derivadas de la acción sindical, hasta un máximo de 15.000 euros. “Le damos importancia a resistir en las huelgas y a que estas sean activas, lo cual implica un riesgo de recibir multas”, señala.

Más allá del funcionamiento de la caja, Arroyo pone marco teórico a la decisión de implementarla: “El proceso de precarización empezó en los años 90 con la aprobación de las ETT y se está acelerando con las plataformas digitales y la ofensiva de 2008 de pauperización de la clase trabajadora”. Además, en 2017 realizaron un proceso de reflexión para pensar cómo sindicalizar a las trabajadoras más precarias. De dicho proceso surgieron alianzas con la plataforma estatal de riders y con trabajadoras del hogar. El pasado año tuvieron por primera vez más afiliadas que afiliados y en febrero anunciaron un nuevo sistema de cuotas, por cinco tramos de ingresos, que van desde los 21,33 euros para sueldos superiores a 2.001 euros a 5 euros para ingresos inferiores a 705 euros.

Dos sindicatos territoriales se encuentran en proceso de implementar cajas de resistencia. La Intersindical catalana y los aragoneses Osta. Sergi Perelló explica que la Intersindical ha pasado en cuatro años de mil a 6.000 afiliados, debido al empujón político de 2017 —Catalunya tiene una mayoría sindical españolista y un sindicato de contrapoder asentado como es la CGT, entroncado en el anarcosindicalismo histórico de este territorio y que este año ha alcanzado las 20.000 afiliaciones—. La cuota de la Intersindical es de 10 euros y en enero de 2020 aprobaron empezar a preparar la caja, donde ya han depositado una cantidad importante que han doblado este año —El Salto la conoce y se reserva la información—. “Estamos preparando el músculo para que cuando el órgano nacional apruebe el reglamento de funcionamiento de la caja de resistencia ya haya un remanente”, destaca Perelló.

El secretario general de Osta, David Lázaro, explica que son la tercera fuerza en Arazón, con el 10% de delegados. Este sindicato chiquitín —4.500 afiliados— tiene una cuota de 11,90 euros mensuales y decidió en noviembre destinar el 5% al fondo de resistencia.  “Llega un momento en las plantillas de las grandes empresas en que el modo de operar de Comisiones y UGT es agotar y amenzar con la huelga, pero no llevarla a cabo casi nunca, por lo que los trabajadores se ven abocados a firmar la propuesta sin otra alternativa. Creemos que las cajas de resistencia son un apoyo a los afiliados para que puedan mantener la presión, movilizarse más y conseguir mejores acuerdos, porque la patronal sabe que sin caja de resistencia detrás es difícil mantener una huelga”, explica. Llevan cuatro años haciendo músculo; han optado por no decir la cifra.

Competencia virtuosa, debate en el congreso

El economista Endika Alabort, de CNT Bilbao, utiliza el concepto de “competencia virtuosa” para describir el ecosistema vasco, ese en el que hay un montón de sindicatos y muchísimos más afiliados que en cualquier otro lugar, además de las 283 huelgas. “Es un término bonito que explica de forma adecuada que si el resto de sindicatos funcionan y utilizan la huelga, o la utilizas tú también, o te quedas atrás”, señala. A más conflictividad, más conflictividad. Y mejores logros.

CNT en el País Vasco no dispone de caja, pero cubre todos los gastos jurídicos derivados de conflictos laborales y observa cómo la afiliación crece “y se complejiza”. “Hace 15 años gestionábamos reclamaciones de cantidades; ahora ERTE, concursos y convenios colectivos e incluso pactos de fin de huelga, sobre todo, en Bizkaia”, añade. Coincide en su análisis con Òscar Murciano, de CGT Catalunya: “Hay un efecto muy interesante en Euskal Herria y Catalunya, la conflictividad no espanta, al contrario, cuanto menos se edulcora el lenguaje y las formas en el mundo laboral, aumenta la conflictividad y mejora la organización de los trabajadores. La prueba es Euskadi”, asegura. En Catalunya se convocaron 98 huelgas en 2021; 48 en Galicia a pesar de tener solo 2,6 millones de habitantes; 62 huelgas en la Comunidad de Madrid.

El secretario general de CNT, Antonio Díaz, adelanta que el próximo diciembre en Granollers celebrarán su congreso anual, donde una de las ponencias será abordar la creación, o no, de un fondo económico solidario y confederal.

En junio, CGT tratará el mismo asunto en Zaragoza en su congreso. Murciano defenderá la creación de un mecanismo estructural y seguramente recordará que la huelga del teléfono 112, en la que participó CGT Catalunya, supuso un aumento salarial del 22%.

Hasta ahora, tal y como recuerda Pepe Aranda, secretario de organización de esta organización, las cajas existen de forma sectorial, como en el ferroviario y la banca. Él mismo pertenece al sector ferroviario y abona euro y medio al mes para ese fondo, que no sale de la cuota obligatoria confederal. Previsiblemente el debate versará sobre si sería positivo aumentar la cuota obligatoria para crear un fondo estructural. De momento, la cuota ordinaria asciende a 11,78 euros.

Funcionamiento de la caja de resistencia de ELA

La caja de resistencia se considera un derecho objetivo de los afiliados. Tiene estatuto propio, que establece que a partir del tercer día de huelga cobras lo que te corresponde desde el primer día. Hay tres tipos de pago: ordinario (1.243,59 euros), reforzado (1.430,13 euros; se abona cuando más del 30% de los huelguistas son afiliados a ELA) y extraordinario, utilizado para conflictos estratégicos para la dirección del sindicato. La última vez que se aprobó fue para la huelga del mantenimiento de limpiezas en carretera de Gipuzkoa (2.488,26 euros). ELA tiene caja de resistencia desde 1996, cuando se legalizó el sindicato. Cuenta con reglamento propio desde 2001. Nadie puede ganar más estando en huelga que trabajando.

El mito de los sindicatos grandes

Comisiones Obreras ha facilitado sus datos de afiliación a El Salto: de 920.870 en 2017 ha pasado a 970.025 en 2021. Tienen seis tipos de cuotas en función de los ingresos, desde los cuatro euros y medio de la súper reducida (23.000 personas) a los 14,05 euros de la ordinaria (660.333 afiliados). En total, el pasado año ingresaron con cuotas 140 millones que se reparten entre la estructura jurídica, las distintas organizaciones, 17 territoriales y seis federaciones sectoriales.

Hay organizaciones territoriales, como CC OO Euskadi, que tiene caja de resistencia, pero no disponen de un fondo estructural. Su secretario de organización y extensión sindical, Agustín Martín, desea aclarar que “ese mantra de sindicatos subvencionados poco tiene que ver con la realidad”. El BOE establece los criterios por representación que el Estado debe otorgar a los sindicatos. El pasado año fueron 17 millones a repartir, de manera proporcional. “Nos tocaron 6,9 millones”, indica.

Considera que es poco y que “no tiene correlación con lo que recibe el sindicalismo europeo, lo de España no tiene nombre, pensamos que el sindicalismo debería de estar más reconocido debido a que hacemos un trabajo que redunda en beneficio de la población”. Lanza un dardo a las organizaciones profesionales agrarias, que no solo están totalmente subvencionadas, sino dopadas de recursos públicos”. Defiende una ley de participación institucional que aclare su labor en el marco de la Constitución.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/sindicatos/caja-resistencia-estrategia-sindicalismo-contrapoder

 

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Guatem-mata, un mensaje no tan subliminal

Carolina Vásquez Araya.

Por: Vásquez Araya Carolina

Hay metidas de pata y hay actos fallidos. No confundir.

Para explicar el extraño encabezado de esta columna, debo señalar que se refiere a la más reciente actuación de la secretaría de comunicación de la presidencia de la república de Guatemala en donde algún genio del diseño tuvo la ocurrencia de crear un logotipo engañoso en donde se lee, claramente: Guatemmata. Es decir, un intento torpe por imprimir la idea de Giammatei (la doble mm) en la identidad del país.

No está demás decir que este es solo un ejemplo mas de la incapacidad de quienes rodean a ese proyecto de dictador propio de una república bananera. Lo que llama la atención de este paso en falso, es la veracidad implícita en ese logotipo. En Guatemala, efectivamente, el Estado y su gobierno, matan. Matan a sus niñas, niños y adolescentes; matan cualquier oportunidad de desarrollo; extinguen a una justicia endeble y engañosa por medio de un sistema de corrupción nunca antes visto apoyado por todos los poderes del Estado y, desde las sombras, por el sector empresarial organizado aliado con organizaciones criminales. Y también a quienes luchan por proteger su tierra y su democracia.

Imposible dejar de señalar lo que ocurre actualmente en Guatemala. Un país abandonado por la comunidad internacional pero, aún peor: abandonado por sus habitantes de las áreas urbanas, divorciados de sus coterráneos del sector rural a partir de estrategias divisionistas cargadas de racismo.

Guatemala es el ejemplo de lo que un país no debe ser. Sus mejores ciudadanos son ferozmente hostigados y se les obliga a abandonar su patria para sobrevivir. Periodistas y comunicadores éticos, afanados en una lucha sin tregua por investigar y difundir la verdadera tragedia en esta nación castigada, sufren toda clase de acosos y amenazas, se les impide el acceso a la información pública, se les persigue y, como si eso fuera poco, desde su más altas instancias el sector político organiza una masiva campaña de desinformación, a la cual algunos medios de comunicación se unen sin dudarlo, haciendo uso de los abundantes fondos del Estado.

Delincuentes procesados por delitos de alto impacto -muchos vinculados al poder económico- se han refugiado en un sistema jurídico desmantelado a propósito y poblado de jueces y magistrados corruptos, con el propósito de criminalizar a los pocos juristas probos que van quedando y evadir así la acción de la justicia.

En medio de esta descomposición extrema, resulta sospechoso el silencio de la comunidad internacional. Sugiere que el colapso de un país tercermundista podría resultar beneficioso para sus empresas dedicadas a saquear recursos naturales, a sus planes de expansión económica o a la mas que obvia oportunidad de incidir en sus políticas internas. Porque así es como funcionan las dinámicas del poder y también el colonialismo solapado bajo planes de desarrollo.

El creador del nuevo logotipo para Guatemala ha hecho, sin querer queriendo, una de esas revelaciones inconscientes que suelen definirse como un acto fallido. En la verdad no hay engaño y ese país abundante en recursos y riqueza, pero gobernado por una pandilla de empresarios, políticos, narcotraficantes y militares corruptos, es ahora el ejemplo más lamentable de cómo es posible saquear a una nación ante un mundo impávido, manteniendo divididos a sus ciudadanos para conservar la impunidad absoluta sobre sus crímenes.

El colapso de un país tercermundista ante la pasiva mirada del mundo.

elquintopatio@gmail.com @carvasar

Fuente de la información: www.carolinavasquezaraya.com

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