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España: El Sindicato Independiente de Docentes denuncia la “dejación de funciones” de las autoridades educativas

Noticias
Sindicato Independiente de Docentes

El SIDI, que critica tanto al Ministerio como a la Consejería de Educación, considera que el curso escolar no puede comenzar en las fechas previstas con un mínimo de seguridad para los docentes ni para el alumnado.

El Sindicato Independiente de Docentes (SIDI) ha denunciado lo que considera una “dejación de funciones” por parte de las autoridades educativas, una denuncia que afecta a distintos niveles de la Administración. Así, critica a la minstra de Educación, “desaparecida y ausente, cuando debería estar coordinando y proponiendo medidas coordinadas con el ministerio de Sanidad para el inicio del curso escolar, en evitación de la propagación del coronavirus en las aulas educativas y con ello la propagación a toda la sociedad lo que conllevaría la nueva paralización económica del país”.

El sindicato arremete también contra la Consejería de Educación de Murcia, «que en una política de echar balones fuera y desentenderse de su responsabilidad ha delegado en los equipos directivos las funciones de evitación y en su caso control de la epidemia en los centros educativos y además sin dotarles de los medios humanos y materiales necesarios. En ese sentido, el SIDI considera que la Consejería “debería haber realizado un estudio durante los últimos tres meses sobre el personal y material de prevención y protección necesario para el comienzo del curso, y organizando los espacios, sistemas y medios para impartir educación telemática y mecanismos de seguimiento y evaluación de los alumnos”.

También cree que desde la Consejería de Educación “se debería haber previsto el incremento de docentes que permita la reducción de ratios y reparto de las tareas de formación telemática y tutorías presenciales individualizadas (lo que supondría un aumento de unos 4.000 docentes desde el 1 de septiembre que permita la adecuada planificación educativa), la ampliación de espacios donde impartir la docencia, la formación de los docentes en nuevas tecnologías, la dotación de medios informáticos a los docentes, a los centros y a los alumnos que lo necesitaran”.

Desde el SIDI manifiestan que “el curso escolar no puede comenzar en las fechas previstas con un mínimo de seguridad para los docentes ni para sus alumnos”. Para cuando empiece, exige que “se establezca como sistema habitual la educación a distancia de manera telemática, con tutorías y evaluaciones presenciales quincenales de manera individualizada con cada alumno, lo que permitiría, aproximadamente cada dos semanas, realizar un seguimiento y controlar la formación de cada alumno y la realización por éste de las tareas educativas propuestas por su docente”.

Al Ministerio de Educación le insta a “regular y establecer legislativamente como obligatorio el teletrabajo en todos aquellos trabajos en que así fuera posible, lo que permitiría conciliar la vida familiar y que los padres se involucraran en seguimiento de la formación de sus hijos durante el tiempo que dure la pandemia y con ello evitar que los centros educativos se convirtieran en aparcamiento para el cuidado de niños”.

Asimismo, el SIDI recuerda “a todos los docentes y a la sociedad en general que aquellos docentes y trabajadores que consideren que en su trabajo hay riesgo grave de contraer una enfermedad pueden paralizar su actividad y abandonar el trabajo sin poder ser sancionados por ello, así como pueden ponerse en contacto con su sindicato, quien podrá por acuerdo mayoritario de la Junta de personal paralizar su trabajo de manera inmediata”.

Fuente e imagen:  https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/18/08/2020/el-sindicato-independiente-de-docentes-denuncia-la-dejacion-de-funciones-de-las-autoridades-educativas/n

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Catalunya: «O invertimos en Salud Pública y servicios sociales o no tendremos vida»

Reseñas

«O invertimos en Salud Pública y servicios sociales o no tendremos vida»

La salud pública siempre ha sido la gran olvidada de las políticas públicas, a pesar que su tarea fundamental es la de prevención de enfermedades y de actuación en ámbitos que pueden determinar la salud de las personas, como por ejemplo las condiciones laborales o medioambientales. Sin embargo, con la llegada del coronavirus se ha mostrado la importancia de un ámbito que sigue contando con unas estructuras muy precarias. Para analizar la importancia de esta área transversal en el control de los actuales rebrotes y cómo la pandemia ha afectado las capas más empobrecidas, EL TEMPS entrevista Joan Benach, director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut de la Universitat Pompeu Fabra y catedrático del departamento de Ciències Polítiques i Socials del mismo centro universitario.

-Qué papel tendrían que jugar la sanidad y la salud pública ante la pandemia? Explique en qué se diferencian y que las caracteriza.

-En la gestión actual y futura de la pandemia, la sanidad pública y la salud pública son dos ámbitos esenciales, pero diferentes. La sanidad pública trata de diagnosticar y curar las enfermedades que sufre la gente, un terreno que sufre desde hace tiempo un proceso crónico de mercantilización e infrafinanciación en el conjunto del Estado español, así como es víctima de la medicalización y del hospitalocentrismo. ¿Por qué? Pues porque es un modelo donde gran parte del gasto va a los hospitales, y a comprar tecnologías y medicamentos, mientras que la atención primaria y los servicios sociales, que tienen que ser los puntos capitales del sistema sociosanitario, permanecen precarizados y con pocos recursos. La salud pública, en cambio, trata de prevenir la enfermedad, a la vez que proteger, promover y recuperar la salud de la población, con acciones de salud laboral, ambiental o comunitaria, con vigilancia epidemiológica o actuando frente a los determinantes sociales de la salud por ejemplo. Pero para hacer esta tarea gigantesca, la salud pública dispone de unos recursos exiguos (menos del 2% del presupuesto, y buena parte de él va al gasto en vacunas), y una formación y un número de especialistas muy limitado.

-En esta etapa de desconfinamiento, que estaría caracterizada por el ensayo-error, los servicios de vigilancia epidemiológica adquirían un papel todavía más fundamental. Con todo, parece no haber el personal suficiente. La jefa de epidemiología del Hospital del Valle de Hebrón, Magda Campins, apuntaba: «Necesitamos 2.000 rastreadores y solo hay 150». Cómo valora la respuesta del Gobierno catalán ante los últimos brotes?

-Es una respuesta reactiva y deficiente. Es reactiva porque, más allá de quejas políticas a menudo poco consistentes y de la retórica de usar eslóganes como «frenamos el virus» o «este virus lo paramos unido», no se planifica, sino que se improvisa permanentemente y las cosas se hacen tarde y con poca transparencia. Son ejemplos el hecho que hace poco que se ha nombrado un director de la unidad de seguimiento de la Covid-19 o la tardanza de cuatro meses en crear un comité de expertos que haga propuestas para cambiar el sistema de salud y las residencias. Se actúa sin la capacidad de prever ni de prepararse ante rebrotes, algo que era previsible que pudiera pasar. Y es también deficiente porque, cuando sí que se revisan las posibles estrategias a desarrollar, como propuso a finales de abril un informe del epidemiólogo Oriol Mitjà, no ha habido la voluntad y el liderazgo adecuados para actuar de forma rápida y efectiva posando todos los medios necesarios en las mejores políticas. ¿Por qué no se ha actuado? Seguramente porque después del confinamiento radical que permitió bajar mucho el número de contagios, muchos políticos pensaron que todo estaba ya «controlado», sin entender que el problema no había acabado, que la salud pública precisa de un gran reforzamiento y de reformas estructurales muy profundas. El hecho de tener tan pocos rastreadores para detectar, seguir y aislar posibles contagios (hay un par de centenares a lo sumo que haría falta al menos multiplicar por 10), o el hecho de disponer de unos sistemas de información epidemiológica y de vigilancia de las medidas de prevención tan limitados como los existentes, por ejemplo, en el ámbito laboral, son dos síntomas de que no se toma seriamente el papel clave de la salud pública.

– ¿Por qué no se otorga a la salud pública el papel clave que tendría que desarrollar?

– Creo que una razón de fondo tiene que ver con la visión mercantil y biomédica de la salud, donde la salud pública tiene un carácter residual. El papel de la salud pública, es decir, vigilar epidemias, reducir desigualdades, prevenir accidentes laborales o hacer cribas de cáncer, entre otras muchas cosas, es crucial, pero a menudo invisible. No en balde, aquello que no se ve, ni da ganancias económicas o políticos inmediatos no se valora ni parece prioritario. Cuando aparecen nuevos brotes, normalmente se crean más camas o bien hospitales de campaña, las cuales son acciones curativas necesarias. En cambio, no se ha hecho la imprescindible planificación preventiva. La visión mercantilista y de inmediatez de la salud es pues engañosa y peligrosa. ¿Por qué? Imaginamos por un momento que se nos dijera que la limpieza de los bosques o que tener un parque de bomberos no es algo rentable o que no hay que reforzarlos porque ahora mismo no hay ningún incendio. Pensaríamos que estamos locos al exponernos en un riesgo muy serio que podemos evitar. Pues bien, la pandemia es como uno macroincendio, y a pesar de que se pudo casi apagar mediante un confinamiento radical y masivo durante muchas semanas, en muchos lugares quedan brasas encendidas que hay que identificar y apagar. El confinamiento radical solo se convierte en una solución cuando la pandemia ya está demasiado descontrolada o bien cuando la salud pública es tan débil como la que tenemos y ya no podemos hacer nada más. Ante la existencia de una salud pública donde no se quiere invertir y parece que no haya que reforzar, la pregunta que nos podemos hacer es clara: ¿dónde está la salud pública?

– A raíz de los recientes rebrotes, la atención política y mediática se ha centrado en la actitud de los jóvenes y en las acciones centradas a la responsabilidad individual. Está de acuerdo con esta mirada?

– Hacer hincapié al hacer recomendaciones a la ciudadanía básicamente de tipo personal como se está haciendo sería parecido a decir que ante la epidemia del tabaco es la gente la que tiene que tener la responsabilidad de no fumar, cuando tienen que ser los gobiernos quienes suban los precios del tabaco, aprueben leyes restrictivas, controlen la perniciosa publicidad de la industria tabaquera, y hagan campañas intensivas de educación sanitaria y promoción de la salud, especialmente entre la gente joven. Para mejorar la salud colectiva y reducir las desigualdades generadas por la pandemia, no podamos simplemente decir que cada individuo es el responsable del problema, y que cada cual se tiene que quedar en casa, tener pocos contactos, usar la mascarilla, mantener la distancia social y lavarse a menudo las manos. Es imprescindible invertir en servicios sociosanitarios públicos, universales y de calidad, y es fundamental generar políticas efectivas y persistentes de salud pública. Los grandes medios de información habitualmente reproducen la visión hegemónica de acuerdo con el tiempo y énfasis que se pone sobre determinados temas. Por ejemplo, hablan mucho de emociones, como por ejemplo de enfermos, familiares y profesionales, y de acciones individuales, así como de investigación biomédica. Pero hablan demasiado poco de la debilidad y el papel crucial que tiene que tener la sanidad pública y la salud pública. También tratan demasiado poco las causas profundas de todo lo que rodea a la pandemia, ya sea su origen a causa de la crisis ecosocial que vivimos, o de la infrafinanciación y mercantilización de la sanidad pública y la vergonzosa precarización de sus profesionales, o de la mercantilización de las residencias y de la inacción para hacer políticas sobre curas y dependencia, o sobre los determinantes sociales y laborales de la salud, o de las desigualdades de salud existentes según la edad, el género, la migración y la clase social.

– En Lleida, sindicatos como por ejemplo la CGT y plataformas civiles han denunciado las malas condiciones laborales de los temporeros, incluso al inicio de la primera oleada del coronavirus. En el País Valencià, se produjo un rebrote en una empresa agroalimentaria que, según los representantes de CC OO, no había cumplido con las medidas de protección necesarias. ¿Se han ignorado estas cuestiones por parte de las autoridades correspondientes?

– Sí, pero es más que ignorancia. Se está empleando un modelo de acción erróneo. Se aplica un modelo de salud mercantilizado, como por ejemplo con la ineficiente externalización de tareas de rastreo encargada a Ferroser, una filial de la empresa Ferrovial, y se nos dice que la salud de la población está determinada por la investigación básica, los grandes especialistas médicos, las tecnologías muy caras y los factores de riesgo individuales. Y esto no es cierto. Tenemos mucha investigación científica de salud pública que nos muestra el papel crucial de los determinantes políticos y sociales de la salud. Un ejemplo es que trabajar con condiciones laborales y vitales precarizadas determina muy negativamente salud. Tal como ha pasado en otros países, la aparición de brotes entre trabajadores era previsible. Las decenas de miles de temporeros migrados trabajan en condiciones laborales precarizadas, con condiciones vitales de hacinamiento y una movilidad elevada, y, por lo tanto, se encuentran en un contexto que favorece mucho el riesgo de contagios. Su precarización laboral es conocida, pero ha quedado oculta. Solo cuando los medios se han hecho eco se ha visibilizado su existencia, pero, en todo caso, tampoco se habla de las causas de la situación. La inacción política ha provocado que no se realicen tests de forma masiva, así como se ha actuado pasivamente a la hora de hacer una identificación exhaustiva de posibles contagios. También en la introducción de cambios estructurales que tienen que ver con su pobreza, precariedad, hacinamiento y exclusión social.

– Estamos hablando, por lo tanto, de una mayor afección del virus en personas migradas, trabajadores y, como hemos visto durante la primera oleada de la pandemia, en profesiones altamente feminizadas. A pesar de que el virus no entiende de clases sociales, sí que observamos que las capas empobrecidas y que sufren con más intensidad la precariedad vital están más expuestas.

– La precarización de trabajos donde predominan mujeres, migrados, obreros y jóvenes como ocurre a la sanidad, el trabajo de cuidado, el comercio, o la industria alimentaria, es muy elevado. El año pasado, por ejemplo, en el Estado español el porcentaje de contratos indefinidos nuevos en muchos de estos sectores fue casi residual. La paradoja es que ahora estos trabajos son denominados «esenciales» cuando siempre han sido tratados como trabajos «poco cualificados» para justificar sueldos muy bajos y unas condiciones de trabajo pésimas. ¿Qué efectos tiene esto? La precariedad es una epidemia social tóxica que aumenta el riesgo de enfermar y morir prematuramente, tanto a los que trabajan en situaciones precarias como a sus familias. La pandemia de la Covid-19 precariza todavía mas una población ya muy precarizada.

– A raíz de esta pandemia, y como resultado también de la actual crisis ecológica, se ha evidenciado que la humanidad estará sometida en el futuro a próximas pandemias. Para dar respuesta a la actual epidemia como a las futuras, ¿como nos tendríamos que preparar?

– Es urgente fortalecer de una manera masiva y efectiva unos servicios sociosanitarios públicos y de salud pública que se encuentran en una situación demasiado débil, con unos profesionales al límite de sus fuerzas, y un modelo que no es el adecuado. No basta con aplaudir a los profesionales, dar premios, o hablar retóricamente de la importancia de la sanidad pública, ni tampoco decir de forma enfática y vacía que hay que crear una Agencia de Salud Pública. Hay que actuar ya: reforzar sustancialmente la atención primaria, los servicios sociales, y desprecarizar la salud pública con el desarrollo de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y el Centro Estatal de Salud Pública previsto a la Ley General de Salud Pública española. Hay que invertir y reformar en profundidad el sistema para que pueda planificar y prever los muchos problemas y necesidades de salud que se sumarán al impacto de la gravísima crisis económica que ya tenemos encima. Por otro lado, tenemos también la certeza que vendrán nuevas pandemias, no solo porque siempre las ha habido, sino porque todo indica que las causas de la pandemia se encuentran en el capitalismo globalizado: una excesiva urbanización, una masiva agroindustria, el crecimiento masivo del turismo y de los viajes en avión, la alteración global de ecosistemas y la destrucción de la biodiversidad asociada a la crisis ecosocial y climática que vivimos. Así pues, todo apunta a pensar que esta no será la última pandemia, sino que otras, y quizás más virulentas, tienen que venir. Tenemos que entenderlo y tendríamos que prepararnos concienzudamente.

– Ahora bien, ¿es optimista? A pesar de que durante las primeras semanas se apuntaba a un cambio de paradigma en las actuales lógicas económicas, parece que pasados unos meses hemos devuelto a las mismas dinámicas. En general, parece que no estamos aprendiendo de la sacudida de la Covid-19.

– Desgraciadamente, me parece que no estamos aprendiendo demasiado. La pandemia ha mostrado nuestra fragilidad como individuos y como sociedad. Hemos visto que sin el trabajo esencial de mucha gente trabajadora, siempre despreciado, no podemos vivir, y que la sanidad pública y el trabajo de cuidados es fundamental, pero las inercias económicas, políticas y culturales del mundo en que vivimos hacen que cambiar no sea nada sencillo. Hay que cambiar y hay que cambiar radicalmente. O bien hacemos frente radicalmente a la crisis ecosocial y climática que vivimos, o cambiamos nuestras vidas cotidianas con menos consumo, una vida más solidaria, la producción de bienes de consumo esenciales y próximos, y la creación de una economía homeostática, que gaste mucha menos energía y adapte el metabolismo ecosocial a los límites biofísicos de la Tierra, o no tendremos futuro. O cambiamos para transformar el mundo o nos situaremos al lado del abismo. O invertimos en salud pública, en sanidad pública, y en servicios sociales o no tendremos salud ni vida. En tiempos de «condición póstuma», ha escrito la filósofa Marina Garcés, hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos, a cada uno de nosotros y al entorno que nos rodea.

Fuente de la Información: https://vientosur.info/o-invertimos-en-salud-publica-y-servicios-sociales-o-no-tendremos-vida/

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España: Las causas de la desconocida y ocultada pobreza infantil en Catalunya

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Las causas de la desconocida y ocultada pobreza infantil en Catalunya

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra; director del JHU-UPF Public Policy Center

Uno de los mayores problemas sociales que existen en Catalunya es la elevadísima tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de las criaturas, niños y niñas y jóvenes adolescentes, una de las más elevadas de España y de la UE-15 (el grupo de países de un nivel de riqueza semejante en la Unión Europea). Una tercera parte de la población menor de 16 años está en esta situación (33% en Catalunya, 30% en España y 20,6% en el promedio de la UE-15, según los datos proporcionados por el Idescat y Eurostat para la tasa AROPE –At Risk of Poverty or Social Exclusion–, un indicador europeo que muestra qué porcentaje de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social).

Uno de los tipos de hogares que se caracteriza por tener este elevado nivel de riesgo de pobreza son los hogares monoparentales (que representan alrededor de un 10% de todas las familias en Catalunya). La gran mayoría de estos hogares están compuestos por mujeres y sus criaturas, con muy escasos recursos como consecuencia de no tener una ocupación en el mercado de trabajo o por tenerla en la economía informal o en la economía de los servicios, donde predominan los salarios bajos y la precariedad. En Catalunya, tener trabajo no quiere decir que no seas pobre. En realidad, el 12% de las personas ocupadas continúan estando en riesgo de pobreza. De ahí que, aun cuando la eliminación de la brecha salarial que existe entre las mujeres y los hombres es una medida urgente y necesaria, se trata de una medida insuficiente para salir de la pobreza, pues los salarios entre los hombres en tales sectores de la economía de los cuidados son muy bajos (de los más bajos de la UE-15), con lo cual la igualación de los salarios por género no permitiría a la mayoría de las mujeres de hogares pobres salir de la pobreza.

Esta situación se ha acentuado durante el periodo conocido como la Gran Recesión, como consecuencia de la aplicación de políticas públicas (como las reformas laborales de 2010 y 2012) aprobadas en la Cortes españolas (con el apoyo activo –votando a favor– o pasivo –absteniéndose, esto es, facilitando su aprobación– de los partidos gobernantes –CDC y UCD– en Catalunya) y también en el Parlament de Catalunya que debilitaron significativamente a los sindicatos, políticas responsables del crecimiento de la precariedad y de la limitación de los salarios, siendo estos (en los sectores donde las mujeres son mayoría) de los más bajos de la UE-15. Ello queda reflejado en el hecho de que el porcentaje de la fuerza laboral sindicalizada en Catalunya es de alrededor del 10%, de las más bajas en España (donde lo está el 13,6% de los trabajadores) y en la UE-15 (donde, como promedio, lo está el 33,6%).

La escasa ayuda a las familias por parte de la Generalitat de Catalunya (y que se ha visto claramente durante la pandemia)

Pero hay otra causa de la pobreza infantil, y es la limitada disponibilidad de los servicios públicos de ayuda a las familias, tales como los servicios de atención y educación a la infancia (llamados guarderías en Catalunya) y los servicios de atención a la dependencia (ya sean servicios domiciliarios o residenciales –como las residencias de ancianos–), servicios que se conocen en los países escandinavos como el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar (y que complementa los otros tres grandes derechos sociales: el derecho a la sanidad, el derecho a la educación y el derecho a la jubilación).

Este derecho, el de acceso a los servicios del cuarto pilar, está muy limitado en Catalunya (y en España), y ello afecta muy negativamente a las familias catalanas. Y decir familias quiere decir, en las culturas latinas, mujeres. Es precisamente la debilidad de las mujeres en Catalunya y en el resto de España lo que explica las limitaciones en algunos casos, y la falta de derecho en otros, al acceso a estos servicios de ayuda a las familias, siendo ello una de las causas de la pobreza infantil, pues ello no permite o dificulta la integración de la mujer en el mercado de trabajo, una de las principales causas de la pobreza maternal y, por lo tanto, infantil. Hay más que evidencia suficiente en los abundantes estudios sobre esta materia de que para reducir la pobreza infantil es más eficaz promover estos servicios de ayuda a las familias que hacer transferencias asistenciales a los hogares pobres, además de promover la participación de la mujer en el mercado laboral.

La integración de la mujer en el mercado de trabajo es una condición necesaria para reducir su pobreza, aunque no suficiente. Hay que aumentar los salarios, y para ello hay que empoderar a los sindicatos, y a las mujeres dentro de ellos. Para la mayoría de las mujeres que pertenecen a las clases populares, la liberación requiere, pues, de su empoderamiento tanto como mujeres como trabajadoras. Las reivindicaciones de género y las reivindicaciones de clase social son fundamentales para resolver el problema de la pobreza infantil.

Las causas políticas de la pobreza infantil: Catalunya ha sido gobernada por partidos de derechas durante la mayor parte del periodo democrático

Esta relación preferencial entre la liberación de la mujer y la liberación de las clases populares ha sido, precisamente, la experiencia de los países escandinavos, donde han gobernado coaliciones de partidos de izquierdas durante la mayor parte del tiempo transcurrido desde la II Guerra Mundial. Tanto los partidos de izquierdas como los sindicatos son fuertes (el porcentaje de trabajadores sindicalizados es de un 67% en Suecia, un 66% en Dinamarca, un 60% en Finlandia y un 49% en Noruega). Como consecuencia, tienen el cuarto pilar del Estado del Bienestar más desarrollado en Europa, junto con las desigualdades sociales por género y por clase social más bajas, así como los niveles más bajos de pobreza infantil.

En Catalunya, sin embargo, las izquierdas han tenido escaso poder (gobernando la Generalitat de Catalunya solamente siete años durante el periodo democrático). Catalunya, junto con Castilla y León, ha sido la comunidad autónoma en España gobernada por las derechas durante más tiempo (33 años) a lo largo dicho periodo, con la excepción de Euskadi (37 años). En el caso de Castilla y León, ha sido gobernada por la derecha mayoritaria en España, el PP, y en el caso de Catalunya, esta ha sido gobernada primero por una coalición de un partido liberal (CDC) con un partido cristianodemócrata (UDC), y después por el mismo partido liberal (Junts per Catalunya, heredero de CDC) con un partido de centroizquierda (ERC), que ha dado, este último, prioridad a su estrategia nacional sobre la social. Así, ha justificado su apoyo a Junts per Catalunya (la fuerza mayoritaria dentro de la coalición de gobierno) al compartir un proyecto común prioritario para ambas formaciones políticas: la independencia de Catalunya.

El principal argumento de ERC a favor de tal proyecto, así como de Junts per Catalunya, es que el subdesarrollo social de Catalunya (su elevadísima pobreza infantil es un indicador de ello) se debe a su pertenencia y supeditación al Estado español. Puesto que los datos de subdesarrollo social de dicho Estado, aunque ligeramente mejores, son muy semejantes a los de Catalunya (ver mi artículo «El gran silencio ensordecedor sobre la pobreza en España», Público, 22.07.20), tal argumento, a primera vista, parece coherente y es promovido activamente por los medios públicos de información pertenecientes a la Generalitat de Catalunya (y, muy en especial, TV3 y Catalunya Ràdio). Al parecer, han convencido a una parte amplia del público catalán, que, aun siendo minoritaria, está muy movilizada, de manera que el proceso para conseguir la secesión de Catalunya ha centrado la vida política y mediática de Catalunya (y de España), ignorando u ocultando la enorme crisis social de Catalunya. Su demanda de alcanzar la independencia durante su mandato llevó desde el principio del «procés» a un gran enfrentamiento con el Estado español, el cual había conservado, con escasa renovación, sus aparatos represivos, incluyendo los de seguridad del Estado, así como el judicial. De los 16 miembros del temido Tribunal de Orden Público, diez pasaron a ser miembros de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo (ver «El Tribunal de Orden Público y la Audiencia Nacional. De aquellos polvos estos lodos», de Enrique Roldán Cañizares, ZonazeroO, 03.11.17). Y las cloacas continuaron actuando en los aparatos represivos del Estado con la colaboración de los mayores medios de información, cuyo principal objetivo fue mantener las instituciones producidas por una transición muy poco modélica (resultado de un gran desequilibrio de fuerzas), que implicó la continuidad del personal procedente de la dictadura en gran parte de las instituciones del Estado y en sus grandes medios de información, hasta el punto de que un periódico que jugó un papel clave en dicha transición como fue El País fue dirigido por el que fuera el director de la televisión de la dictadura, el Sr. Juan Luis Cebrián (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país, Anagrama, 2002).

Los dirigentes de los partidos independentistas sabían que el «procés» que habían diseñado no llegaría a su objetivo

Cualquier conocedor de la historia reciente de España con la capacidad crítica de cuestionar la imagen promovida por el establishment político-mediático español de que la transición de la dictadura a la democracia fue modélica podía prever que el Estado español actual, que no está basado en una ruptura con el Estado dictatorial anterior sino en una acomodación, no permitiría que hubiera un referéndum sobre una posible secesión de Catalunya. De ahí que, movilizar a sus bases electorales prometiendo que ello era posible, era pedir una imposibilidad de la cual es difícil aceptar que los líderes de los partidos independentistas no fueran conscientes. El hecho de que insistieran en ello respondió, pues, a otro proyecto, nunca hecho explícito: que hubiera un referéndum sobre la independencia realizado en unas condiciones favorables al «sí», que justificaran así su posterior declaración de independencia. Era obvio que el referéndum no tenía las suficientes garantías para que tuviera la base legal y legítima para conseguir la independencia (tal y como el lehendakari Urkullu le advirtió al president Puigdemont). Pero la predecible respuesta que le dio Puigdemont fue que ello era resultado de la prohibición del gobierno español, que no permitió tales garantías (lo cual ya sabían desde el principio). El Estado era, pues, el responsable de una posición que les permitía legitimar, en cierta manera, lo que hicieron: declarar la independencia basándose en los resultados del 1 de octubre.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución era inevitable, y ello tuvo un efecto devastador para la gran mayoría del pueblo catalán que, por cierto, no es independentista. Las políticas de austeridad fueron aplicadas con toda fuerza por el gobierno del PP presidido por Rajoy.

Las consecuencias del «procés» liderado por los partidos independentistas

Es impensable, repito, que los dirigentes de los partidos independentistas no fueran conscientes de esta realidad (la existencia en España de un Estado altamente represivo, heredero de un Estado dictatorial anterior) y que no conocieran que su estrategia (desarrollada en su famoso «procés») llevaría a tal empeoramiento de la situación política y a tal elevada represión. De ahí que hay que asumir que consideraran que tal conflictividad era necesaria, con fines partidistas, para movilizar y expandir sus bases, siendo tal política rentable electoramente. Como un tanto cínicamente había dicho la consellera Irene Rigau (de CDC), «la principal productora de independentistas en Catalunya era la política represiva del Estado español«. No hay duda de que el hecho que varios dirigentes independentistas estén hoy en la cárcel o en el exilio ha favorecido su movilización electoral. Pero tal conflictividad, que beneficia a los movimientos identitarios nacionalistas a ambos lados del Ebro, y muy en particular a los partidos de derechas –la españolista, el PP, y la independentista, CDC y el PDECat– (que, como siempre, intentan presentarse como los «grandes patriotas») ha hecho un daño enorme a las clases populares, cuya crisis social –incluida la elevadísima pobreza infantil– (creada precisamente por una alianza en temas económicos y sociales entre las derechas de los dos polos nacionales e identitarios) ha quedado totalmente ocultada.

La enorme, desconocida y ocultada pobreza infantil en Catalunya (y en España) podría resolverse, pero se requiere un cambio profundo del contexto político en ambas

Hoy la fuerza hegemónica dentro del independentismo continúa siendo la derecha heredera del pujolismo, que representa su visión más radicalizada e intransigente. Su argumento de que una Catalunya independiente sería más próspera ignora que lo que determina la calidad de vida de las clases populares en un país no es su nivel de riqueza (Catalunya es más rica que el promedio de la UE), sino la distribución de tal riqueza. EEUU –un punto de referencia de la ideología liberal– es el país más rico del mundo y, sin embargo, es uno de los países de la OCDE con peores indicadores de calidad de vida y con mayores desigualdades. El subdesarrollo social de Catalunya y del resto de España no se debe a que no exista suficiente riqueza, sino a que esta está pésimamente distribuida (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama, 2009). Las políticas neoliberales que han sido aprobadas por las derechas catalanas en las Cortes españolas (desarrolladas en alianza con las derechas españolas), y la continua promoción de las sensibilidades económicas de esta orientación en los medios de persuasión que el gobierno de la Generalitat controla (siendo el economista más visible en los medios públicos de la Generalitat de Catalunya, tanto en TV3 como en Catalunya, uno de los economistas más ultraliberales de Europa, asesor de Davos, que privatizaría todo el Estado del Bienestar, incluyendo las pensiones), han sido responsables de que Catalunya sea uno de los países más desiguales, con una de las pobrezas infantiles más elevadas de la Unión Europea.

Parece que, por fin, se están escuchando algunas voces dentro del independentismo que reconocen que quizás se podría haber hecho algo mal. Lo que es obvio comienza a parecerles claro. La independencia deseada por tales partidos no puede ni debe ser realizada por una minoría de la población en Catalunya (por muy movilizada que esté), y todavía menos por una minoría que no tenga el apoyo de la gran mayoría de las clases populares. Sólo el 34 o 35% del censo electoral apoya la independencia (y, por cierto, el 20% del voto a partidos independentistas no es independentista, sino federalista, según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya). Sus representantes en el Parlament de Catalunya no tenían ni tienen el mandato democrático para declarar la independencia. Su estrategia era y es meramente partidista (a fin de conseguir su permanencia en el poder político y mediático del país), sin considerar ni tener en cuenta las necesidades actuales de la población, obstaculizando las medidas económicas y sociales, como la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que habrían terminado con las políticas de recortes, beneficiando así a las clases populares de Catalunya y del resto de España. Una vez más, el «procés» ahoga e impide el progreso social.

Hoy es necesario para el bien del país que haya un cambio en las direcciones de tales partidos para poder establecer una alianza con las fuerzas políticas reformistas españolas que están luchando (en medio de una gran hostilidad por parte de las derechas españolas y catalanas) para cambiar el Estado español, estableciendo un nuevo orden social, con una visión policéntrica y poliédrica del Estado, con una mirada plurinacional que ponga la justicia social y la solidaridad en el centro de las intervenciones públicas, en el contexto de unas instituciones plenamente democráticas, con el reconocimiento del derecho a decidir sobre el nivel de articulación territorial entre sus distintas naciones. Creerse que Catalunya puede cambiar sin cambiar España es un error que solo conducirá a perpetuar realidades como la elevadísima pobreza infantil que hay en ambos territorios. Así de claro.

Fuente de la Información: https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2020/08/11/las-causas-de-la-desconocida-y-ocultada-pobreza-infantil-en-catalunya/

 

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España: Asturias, entre las comunidades que menos dinero recibe del reparto de ayudas para los alumnos más vulnerables

Noticias

Europa/España/16-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.elcomercio.es

El Principado recibirá 1.549.524 euros del programa #PROA+, que pretende adaptarse a la situación educativa del próximo curso 2020-2021 | Este plan tiene como objetivos garantizar la continuidad y el avance educativo del alumnado.

Asturias, con 1,55 millones de euros, es una de las comunidades autónomas que menos dinero recibe del programa de refuerzo educativo #PROA+ para restablecer y reforzar el funcionamiento de los centros educativos el próximo curso.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución de 31 de julio de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio que formaliza los criterios de distribución a las comunidades autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito destinado este año al Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en la situación de emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por la pandemia del COVID-19: #PROA+ (20-21).

Según este reparto, ya conocido, Asturias recibirá 1.549.524 euros del programa #PROA+ que pretende adaptarse a la situación educativa del próximo curso 2020-2021, provocada por la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial desde marzo hasta el final del curso y el impacto negativo del confinamiento en el bienestar y en el progreso del alumnado.

Menos que Asturias recibirá Cantabria, con 1,47 millones. Después figura La Rioja (1,57), ientras que las más beneficiadas son Andalucía (5,34 millones), Cataluña (4,51) y Madrid (3,76 millones).

El criterio de reparto entre las comunidades se ha realizado teniendo en cuenta el número de alumnos escolarizados en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (50%); el porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (20%); la tasa de idoneidad a los 15 años (20%) y la dispersión de la población, en base al Censo de Población y Vivienda 2011 del Instituto Nacional de Estadística (10%).

Este plan tiene como objetivos garantizar la continuidad y el avance educativo del alumnado en el curso 2020-2021, con especial atención a los más vulnerables; y restablecer, reforzar y mejorar el funcionamiento de los centros educativos en las condiciones especiales para el próximo curso, flexibilizando su organización, garantizando las condiciones escolares recomendadas por las autoridades sanitarias

Asimismo, pretende reforzar la equidad educativa de la red de centros; impulsar y facilitar las necesarias adaptaciones de las programaciones didácticas en torno a las competencias clave y los aprendizajes fundamentales; reforzar la dotación y formación de los equipos docentes y de los profesionales de la orientación; y responder de forma integral a las nuevas necesidades educativas sobrevenidas, así como mitigar el impacto del confinamiento y suspensión de la educación presencial en el bienestar socioemocional del alumnado y profesorado.

CATÁLOGO DE ACTUACIONES

Cada centro educativo elegirá entre el catálogo de actuaciones del programa #PROA+, en función de sus necesidades y posibilidades en el curso 2020-21.

Estas actuaciones incluyen la adecuación del proyecto educativo del centro a las necesidades del curso 2020-2021, con adaptación de la programación curricular y estímulo a la renovación pedagógica inclusiva; y el impulso a las competencias docentes y orientadoras más necesarias, en coordinación con los servicios o redes de formación de la Comunidad Autónoma.

También, un plan de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar personalizado para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; y la promoción de la implicación y colaboración de las familias y del entorno comunitario con el proyecto educativo del centro para el curso 2020-2021.

Estos 40 millones son una inversión inicial de otras previstas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional destinadas a hacer frente a la situación de los centros provocada por la pandemia del COVID-19.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/asturias-educacion-fondos-proa-20200813104253-nt.html

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Cataluña pondrá a toda la clase en cuarentena 14 días si se detecta un positivo

Noticias

Europa/España/14 Agosto 2020/elpais.com

Un colegio se cerrará si hay dos infectados en dos grupos diferentes del centro, si así lo decreta la autoridad sanitaria

Si durante el próximo curso se detecta un caso positivo de covid en un alumno o profesor, toda la clase se pondrá en cuarentena 14 días, incluso aunque el resto de los compañeros den negativo. Si el caso solo es sospechoso, hasta conocer el resultado de la PCR la cuarentena solo la realizará el afectado. Y una escuela se cerrará si se producen dos positivos en dos grupos diferentes del centro, si así lo decreta la autoridad sanitaria. Son algunas de las medidas que forman el protocolo diseñado por los departamentos de Educación y Salud para marcar los pasos a seguir cuando se detecten casos, ya sean sospechosos o positivos, en un centro escolar.

“Será un curso con características extraordinarias. Habrá incidencias día a día y será necesario saber cómo dar respuesta”, incidió el consejero de Educación, Josep Bargalló, quien se refirió a la experiencia “positiva” de los casals y campamentos de verano como referencia sobre lo que puede suceder a partir del 14 de septiembre, cuando arranca el curso. “Hemos tenido 250.000 menores en casals y, aunque ha habido incidencias, has sido pocas y se han resuelto”.

El protocolo establece que, cuando se detecta algún síntoma compatible con la covid, el alumno será aislado y se avisará a la familia. De todas formas, los centros contarán con una enfermera de referencia de un centro de atención primaria —coincidirá con la que actualmente ya tienen asignada por vacunas o por programas educativos sanitarios—, con la que el director podrá contactar telefónicamente si tiene dudas ante la aparición de algún síntoma. Con todo, los directores recibirán una formación específica antes de que empiece el curso. Pero finalmente será el pediatra o en su caso el médico de cabecera del profesor el que valore si es necesaria la prueba PCR, que se realizará antes de 24 horas. La Generalitat también se ha comprometido a tener los resultados en ese mismo plazo. Mientras tanto, el alumno o profesor estará en aislamiento domiciliario, junto con las personas con las que convive, pero el resto del grupo escolar hará vida normal.

Si el resultado es positivo, toda la clase —o grupo estable— se pondrá en cuarentena durante 14 días. A todos se les practicará una PCR, pero deberán mantener el confinamiento sea cual sea el resultado, excepto aquellos que hayan pasado la enfermedad durante los seis meses anteriores. Los padres solo se pondrán en cuarentena si su hijo ha dado positivo. “La PCR da positiva a partir de cierto día de incubación, puede dar negativo y eso no significa que no esté infectado. La idea es frenar aquellos casos que se están incubando”, justificó Marc Ramentol, director general de Profesionales de la Salud. Cuando esto se produzca, Educación deja en manos de las direcciones la decisión sobre cómo seguir con las clases. “Los centros lo tendrán que haber previsto”, aseveró Bargalló.

El director general de Profesionales de la Salud, Marco Ramentol, el ‘conseller’ de Educación, Josep Bargalló, y el director general de Centros Públicos, Josep González-Cambray, en la rueda de prensa de este jueves. En vídeo, Bargalló anuncia nuevos protocolos de actuación para garantizar la seguridad en las escuelas.EUROPA PRESS

En todo este proceso, los llamados gestores covid y los servicios de vigilancia epidemiológica territoriales localizarán a los contactos de los afectados y evaluarán la situación sanitaria y el riesgo de rebrote. Además, todos los datos se introducirán en una aplicación, así que se podrán conocer en tiempo real los casos y su evolución de todos los centros escolares.

Solo se contempla el cierre total de una escuela, también por 14 días, si se detectan dos positivos en dos grupos diferentes del mismo centro ―y de dos espacios o edificios diferentes en caso de grandes centros— y si así lo decreta la autoridad sanitaria, después de evaluar la situación. “Este protocolo se ha hecho para mantener las escuelas abiertas, no para cerrarlas”, terció Ramentol.

A los profesores se les aplica el mismo protocolo cuando se trata del tutor y forma parte de ese grupo estable. En el caso de educadores que transitan por varios grupos, estos tendrán que llevar mascarilla y mantener la distancia. Si dan positivo, los alumnos no serán aislados porque no se consideran contactos estrechos.

Los familiares que conviven en el mismo domicilio que un caso sospechoso también deberán aislarse hasta conocer el resultado de la PCR. Si es negativo, los padres podrán volver al trabajo y los hermanos a la escuela. Pero si es positivo, todos serán sometidos al test, pero independientemente del resultado deberán realizar una cuarentena de 14 días.

El documento también recoge que los padres no podrán llevar a sus hijos al colegio si presentan una serie de síntomas, como una temperatura superior a los 37,5, tos, dolor de garganta o de cabeza, dolor muscular, vómitos o diarreas, entre otros. Tampoco si el alumno convive con un infectado. Podrán regresar cuando hayan pasado los síntomas o tras 24 horas sin fiebre, y en el caso de contagiados, tres días después de que haya desaparecido la sintomatología.

Salud tampoco descartó que se tuvieran que realizar cribajes masivos en las escuelas. “Para que los resultados sean fiables debe haber un contexto concreto. Si una escuela se encuentra en un contexto epidemiológico concreto, el cribaje puede ser una medida”, apuntó Ramentol.

Sin mascarilla en el aula

El protocolo no recoge las directrices sobre el uso de la mascarilla en los colegios, pero Educación apuntó que se mantienen las normas ya establecidas en julio. Las protecciones faciales no serán necesarias en caso de los grupos estables, es decir, en el aula. Pero sí será necesario llevarla en las entradas y salidas al centro, en los pasillos y en los espacios que se comparten con otros grupos y donde se pueden mezclar con otros alumnos, como comedor, laboratorios o el patio. Con todo, tanto Educación como Salud admitieron que la normativa es susceptible de cambiar si la situación empeora y no descartan establecer el uso de la mascarilla en las aulas con niños a partir de 10 años.

Fuente: https://elpais.com/espana/catalunya/2020-08-13/cataluna-pondra-toda-una-clase-en-cuarentena-14-dias-si-se-detecta-un-positivo.html

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Chronic stress and endless hours: Were we ready to work from home?

Noticias
Ana Alfageme/english.elpais

When the Covid-19 pandemic hit, many businesses were unprepared to make the switch to remote working, leaving staff with a range of health and social problems.

In the middle of March, offices across Spain were emptied of staff and were filled with uncertainty. Seven out of every 10 Spanish firms sent either all or at least part of their workforce home, according to a recent survey. More than three million people worked from home during Spain’s coronavirus lockdown, which was one of the strictest in the world. That is four times more than the usual 4.8% of employees in the country that usually carry out some of their tasks remotely during part of their work week.

The immersion into home working due to the Covid-19 health crisis was rash to say the least. Workers went from their offices one day to their dining rooms the next, trying to hold Zoom meetings while their children played in the background. Companies had to try to find laptops in record time, with the country closed, as well as setting up secure platforms and organizing remote tasks that were previously carried out in person, explains Rosa Santos, the director of labor relations at Spain’s biggest employers’ association, the CEOE. Nearly five months later and with outbreaks rising, the government recommendation to prioritize home working is still in place.

Around half – 41% – of Spanish companies are planning to continue with the remote-working formula

“We had to quickly adapt to the new methods,” explains Teófila Vicente-Herrero, a specialist in occupational medicine and expert in home working. “Not everyone was prepared and not everyone could move at the same pace,” she adds. The stress of maintaining the usual level of performance in the face of unusual demands, she explains, cause “somatizations, with digestive problems, interrupted sleep and anxiety due to the lack of adaptation to a new stressful situation.” This is more acute among those who have never worked remotely. “There was bad information, as well as a lack of training and technology. All timetables have been interrupted. In many cases people are working unending workdays, and that effects biological rhythms and family and social relationships.”

According to data from NordVPN, a personal virtual private network service provider, people have been working up to two hours extra a day in Europe and three hours in the United States. One in every four employees has had to use their free time to meet their obligations, according to a Eurostat survey, and we have done so from the sofa or from the kitchen, sharing improvised spaces with our partners and/or children. And people’s work has cost them hours of sleep.

“I have had three jobs: homework, remote working and housework”

“It’s been one of the worst experiences of my life,” explains María Tovar, 36, a careers advisor at a company who has children aged eight and five. “I have had three jobs: homework, remote working and housework. I’ve done training sessions via video call where no one was interested, or they didn’t know how to do it, or they had no data on their cellphone or they would laugh. And my kids would appear in the background too.”

What has happened after all these months of the situation? “We haven’t adapted, we have assumed that remote working is simply moving the office to your house and that’s it,” says social psychology professor Francisco Díaz Bretones, from the labor relations and human resources faculty at Granada University, in southern Spain. “We are not in control of the situation and we are under chronic stress. There is no respite. We have expanded time and space. If work before was limited to a place and a time, that has disappeared. We’re working under a parasol on the beach, at home, in the office, at all hours. It’s the first thing that we do when we wake up and the last thing we do before we go to bed. We don’t have any time to recover or to rest. Physical recovery is a lot quicker. But psychologically we take a lot longer to return to a state of relaxation.”

Zoom meetings

“When I finish a video call, my neck and shoulders hurt. I feel very exposed but at the same time I’m lacking information. For someone who is introverted and an observer like me, Zoom has all the bad things about meeting with people in real life, but there are a lot of things in those face-to-face meetings that are lacking here,” explains Carly Micó, a 42-year-old translator and editor.

As the epitome of videoconference platforms, Zoom found a home on many computers during the lockdown. It went from 10 million daily users in December to 300 million at the height of the crisis. The experts point to how hugely useful it has been. “It saves time, you don’t have to travel, it permits non-verbal communication and it works well when you are sharing your screen,” argues Jeremy Bailenson, the founder of the Virtual Human Interaction laboratory at Stanford University. “Without videoconferences, the world would be suffering even more during the pandemic.” Professor Díaz Bretones says that virtual meetings are actually more effective. “We optimize our time better, given that we do away with some of the social contact, and we focus more on the progress of the meeting. And there’s another thing – in a face-to-face meeting, if it drags on or is boring, you have to pay attention. With Zoom you can do other things.”

Anyone who has been making daily videoconference calls, such as teachers who have been forced to use such programs to give classes, will be familiar with what is known as “Zoom fatigue.” Bialenson has just started an ambitious investigation into the phenomenon and explains what happens when meetings consist of a group of heads on a computer screen. “During a face-to-face meeting with a dozen or so people, the time that we spend looking each other in the eye is very short. And when it does happen, it only lasts a few seconds. With Zoom, a meeting with the same number of participants takes place with a grid of faces and each one is looking at you from the screen the whole time. That can help with productivity, but has a cost. People feel very uncomfortable when they are being constantly observed. The brain is particularly attentive to faces, and when we can see them amplified, we interpret them as being very close. Our fight-or-flight reflex responds. During a study we did at Stanford [University] we found that when you are exposed to very large virtual faces, you physically shrink. This can partly explain why Zoom is so exhausting. Every minute that we are in a video conference call we have faces that look at us just centimeters from our own.”

Video conference calls have arrived in our work lives without any sign that they will be going any place soon. As such, argues Eva Rimbau, a professor in human resources and organization at the Oberta University of Catalonia (UOC), meetings need to be rethought out when some participants are in the office and others aren’t. “You have to approach it as if everyone was outside, because if not, those who are together physically take control,” she explains. “The meeting is theirs and they forget about those who are absent. Now is the time for us to learn this.” And, she adds it’s also the time to strengthen “asynchronous communication, with tools that allow for us who are not connected at the same time to respond, with one person leaving their information and another finding it later.”

There are also tricks to alleviate the fatigue caused by virtual meetings. One of the obvious ones, which has been cited many times, is to disconnect the camera so that we are not constantly looking at each other. Another suggestion comes from Professor Bailenson. “One of my weekly meetings lasts two hours,” he explains. “After the first few that we did, which left us exhausted, we decided that only the person speaking would appear on the screen. It helped. For our cats and dogs or our furniture to appear constantly is not crucial for the majority of meetings. Zoom also allows you to control the position and the size of the windows that show the faces of another participants, so you can play with the settings. You can also install a webcam so that your image appears close in the screen but you can sit further from the computer.”

Lack of work-life balance

“You work from sunrise to sunset. It’s a lie that you can organize your time better. You mix your work space with your private space. You can never disconnect. I have found I have 20 emails at 10pm. Weekends too,” explains Ana, 61, who is a civil servant.

“We have suddenly lost the workplace, a social protection, and you go back to a loneliness that isolates you from that culture of coffees and conversation, which brings you together,” says the psychiatrist Enrique García Bernardo. “In the long term, we don’t know what the consequences will be. You need to be a certain way to deal with the self-absorption that is needed for writing or art. It can even be a threat if your work is not creative.” He points out that a large part of our social surroundings stem from our work environment. A classic risk of home working is isolation and the depressing consequences that this can bring with it.

Is this how home working should be? No, say the experts. Eva Rimbau believes that this is an exceptional situation. “Our children stopped going to school, our family or us ourselves have fallen sick, we couldn’t go out. So many things have changed for the worse…” she says. “We can’t reach any more conclusions apart from to say, is homeworking in the case of a crisis a nightmare? Yes. We are very tired, and how we feel at the moment is not representative of how we could feel with a normal remote-working job.” Rosa Santos from the CEOE says the same thing. But, she adds, staff do not want to return to their places of work. “It’s a mix of fear and of appreciating the power to juggle work and life thanks to working from home.”

As well as the loneliness of the home worker, there is another issue: if you are not in the workplace, no one sees you. “In companies where some work from home and some don’t, home workers got fewer promotions, less training and less feedback on their performance,” explains Rimbau, “because they are more out of sight. And that is a danger that exists.”

Home working is now a much more tangible reality. Social media platform Twitter has given its employees this option permanently. Facebook is planning for half of its workforce to work remotely in five years. Google will not have employees in its offices until mid-2021. In Spain, some companies, such as ING, will give staff the option to remote work on a completely flexible basis. Around half – 41% – of Spanish companies are planning to continue with the remote-working formula. And 30% of employees could do so, according to calculations by the Bank of Spain. But it will be different. The government is finalizing a draft law that it has negotiated with unions and businesses to regulate the practice, and this will include the option of home working on a voluntary basis with flexibility, as well as the right to disconnect.

English version by Simon Hunter.

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España: La asombrosa desaparición de 7 millones de niños españoles por el coronavirus

Reseñas

La asombrosa desaparición de 7 millones de niños españoles por el coronavirus

El filósofo y profesor universitario analiza las claves del confinamiento infantil por el coronavirus. ¿ Los ha ignorado el Estado más que a los perros salvo para hacer deberes y comer pizzas?

¿Sabían que hay 7 millones de menores de 15 años en España? ¿Y que ahora mismo están todos encerrados en sus casas sin poder salir y con un montón de deberes? No, no es que el Estado les haya castigado a todos por mal comportamiento. O sí. Son la población invisible del confinamiento por coronavirus.

César Rendueles -ensayista, filósofo y profesor de sociología en la UCM- lleva días reflexionando en Twitter sobre el difícil equilibrio entre crianza, cuidados, tareas escolares, alimentación y niños encerrados. Rendueles, autor de libros como ‘Sociofobia’, analiza las claves infantiles del coronavirus en esta entrevista.

PREGUNTA. Critica que los estamentos oficiales no han tenido en cuenta las necesidades de los niños en esta crisis. ¿Deberían poder salir?

RESPUESTA. Me gustaría comenzar aclarando que en ningún caso deberíamos incumplir las instrucciones que han dado las autoridades sanitarias. Nadie que no cumpla las excepciones establecidas por la ley debería salir de casa. Dicho esto, sí creo que podemos plantear preguntas sobre algunas decisiones, sobre todo cuando afectan al bienestar de colectivos vulnerables. En concreto creo que es llamativo el enfoque tan adultocéntrico que está teniendo esta crisis. En ningún momento se ha tenido en cuenta las necesidades de la infancia, una población que normalmente es objeto de una especial protección.

La primera ministra noruega dedicó una rueda de prensa de media hora exclusivamente a los niños. En la comparecencia de Pedro Sánchez de la semana pasada mencionó varias veces a las mascotas y sus necesidades y ninguna a los niños. Desde el primer momento se autorizó a los dueños de perros a sacar a pasear a sus animales. Lo cual me parece muy bien, por supuesto. Pero lo cierto es que los dueños de los perros también contagian y estamos hablando de muchísima gente. En España hay 13 millones de mascotas registradas, más que niños menores de 15 años. Simplemente se confía en que esas personas actuarán con responsabilidad y no abusarán de ese privilegio.

En el caso de las madres y padres de niños no se ha tenido esa confianza. No se ha permitido, por ejemplo, que los niños salgan a pasear diariamente unos minutos con todas las medidas de seguridad que sean necesarias: de uno en uno, acompañados de cerca por un adulto, en cierta franja horaria, respetando la distancia de seguridad, sin usar parques ni zonas comunes… Tal vez ni siquiera se ha tomado en consideración esa posibilidad.

P. ¿Por qué?

R. Estamos acostumbrados a esperar que los niños sean invisibles, que no molesten, no hagan ruido y no alteren el mundo “normal”, que entendemos que es el de los adultos. La crisis del coronavirus es una especie de paraíso adultocéntrico. Los niños han desaparecido completamente de la vista pública, por fin son asunto exclusivamente privado de sus padres.

Y luego está esa especie de rencor social: como a los niños les afecta menos gravemente el coronavirus, no sólo están invisibilizados, sino que se les ve como minibombas biológicas. Parece como si todo el mundo hubiera hecho un curso de epidemiología a distancia para explicarte que tus hijos son “supercontagiadores asintomáticos”. Cuando, en realidad, cualquier persona puede ser un contagiador asintomático durante el periodo de incubación de la enfermedad, también la gente que va a trabajar en metro por la mañana.

Insisto en que hay que respetar las decisiones de los médicos. Pero en otros países como Francia, Bélgica, Suiza o Austria han optado por otras regulaciones más atentas a la infancia. Tal vez esos países pequen de imprudentes pero echo de menos al menos una explicación. Hay que tener en cuenta que el confinamiento tiene un fortísimo sesgo de clase. No es para nada lo mismo vivir el encierro en una casa amplia, luminosa, con terraza o incluso jardín que en diminutos pisos interiores sin luz natural.

P. Respecto a las tareas escolares durante el confinamiento. ¿Hay un problema de ‘deberitis’ en las casas?

R. El cierre de todos los centros educativos nos ha pillado con el paso cambiado a todos los profesores. Es una situación complicadísima y sin precedentes en la que mucha gente está haciendo grandes esfuerzos por encontrar soluciones razonables. Las situaciones educativas son muy distintas entre sí. No tiene nada que ver tratar con estudiantes de 16 o 17 años, que son mucho más autónomos que con niños pequeños, de 7 u 8. No tienen nada que ver tampoco las asignaturas en las que las prácticas tienen mucho peso con otras más teóricas. En cualquier caso, todos los docentes, pero especialmente los de primaria y secundaria, tenemos que ser conscientes de la tensión que supone esta situación para las familias, tanto para los niños como para los adultos.

Hay colegios y profesores que, como decía, están haciendo una labor increíble en ese sentido, a menudo con pocos medios materiales, a base de sacrificio personal. En otros casos… no tanto. Algunos colegios piden a los padres que teletrabajen mientras supervisan que sus hijos realizan tareas complejas que requieren un alto grado de conectividad con los típicos problemas técnicos sobrevenidos y todo ello completamente encerrados en sus casas. Conozco personalmente varios casos de madres solas con situaciones laborales y sociales complicadísimas que me han dicho que lo que peor están llevando de esta crisis no es la incertidumbre económica o el miedo a la enfermedad sino el estrés de ser incapaces de ayudar a sus hijos con la avalancha de tareas que les llegan desde el colegio.

P. ¿El bilingüismo ayuda?

El programa bilingüe de la Comunidad de Madrid lo agrava todo mucho. Si muchas familias tienen dificultades para ayudar a sus hijos normalmente, cuando las tareas se multiplican y además están en inglés la cosa se vuelve surrealista. Hay madres y padres que sencillamente no entienden qué es lo que tienen que hacer sus hijos en Science.

P. Dice que el confinamiento ha agravado la desigualdad educativa. ¿Cómo?

R. Un hecho bien conocido en sociología de la educación es que los deberes aumentan la desigualdad. Los deberes benefician a los estudiantes con la capacidad para estudiar autónomamente y deja completamente descolgados a los que más ayuda necesitan. El papel de las familias es crucial, en ese sentido. Aquellos estudiantes cuyos padres tienen conocimientos y tiempo para ayudarles tienen una ventaja enorme. El confinamiento ha hecho que la educación consista sólo en deberes. Así que creo que no es muy aventurado suponer que en este periodo las desigualdades se agravarán. Habrá niños que avanzarán más que si hubieran ido a clase. Y otros se habrán quedado mucho más descolgados de lo que ya estaban.

P. ¿Por qué no le gusta el plan Telepizza de Ayuso para los niños con beca de comedor? ¿No es eso mejor que nada?

R. Rebuscar en un basurero también es mejor que nada, creo que esa no es la cuestión. El hecho es que existía una alternativa facilísima: dar el dinero que se va a entregar a Telepizza y Rodilla a las familias que necesitan esa ayuda para que compren la comida que les parezca.

Es realmente la solución más rápida y fácil y la que se ha elegido en otras comunidades autónomas. También es la que les gusta a los liberales cuando les beneficia a ellos. El único motivo para no optar por esa vía es el puro clasismo. Ayuso y los suyos creen que los pobres gastan mal el dinero y que es mejor financiar a papá Telepizza para que los alimente.

P. ¿Se ha necesitado una pandemia para entender la importancia de la sanidad pública?

R. Con la sanidad y otros servicios públicos, como las residencias para mayores, ha pasado lo mismo que con la educación. El confinamiento hace que veamos concentrado en un periodo de tiempo muy rápido procesos que normalmente podemos ignorar porque se dan a cámara lenta. El 31 de enero de 2019 una plataforma en defensa de la sanidad pública madrileña presentó un escrito en el que denunciaba la pérdida de más de tres mil camas en los últimos seis años. Explicaban, por ejemplo, que los operadores del 061, que atienden llamadas de urgencias sanitaria, esos que ahora están desbordados, tienen un convenio de telemarketing.

Hasta hace quince días esa degradación de la sanidad pública o la educación nos preocupaban pero las tolerábamos porque eran dinámicas que nos afectaban esporádicamente. De repente esas camas que han desaparecido, las corruptelas en la privatización de servicios sanitarios, la precarización del personal sanitario… Todo eso se ha vuelto cuestión de vida o muerte. En realidad, ya lo era. Miles de personas llevan años padeciendo en su cuerpo las consecuencias de ese desastre. Simplemente ahora nos afectan a todos a la vez.

Fuente de la Información: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-22/coronavirus-millones-ninos-espanoles_2509379/

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