España

Si hay cosas complicadas, una de ellas es tener una somera idea de cuál es la realidad de la violencia sexual contra la infancia. No solo en España, sino en todo el mundo. Es una de las realidades más ocultadas a pesar de que, según diferentes cálculos, tiene una prevalencia de entre el 10 y el 15 % de las y los menores.

Investigadores de la Universidad de Comillas y de la ONG Educo han elaborado su propio cálculo de prevalencia de la violencia sexual contra la infancia y han determinado que está en el 17,29 % de las niñas, niños y adolescentes (NNA) estudiando, explica Macarena Céspedes, directora de Incidencia de Educo, los estudios de los últimos 30 años. Además, han basado buena parte de sus cálculos en las denuncias que se interpusieron el año pasado según el Ministerio del Interior, un total de 9.185.

Desde la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y Educo, han calculado que el Estado gasta anualmente 1.300 millones de euros en atender los costes derivados de atender a las 9.185 menores de edad que presentaron denuncia. En esta cantidad se tienen en cuenta los gastos conocidos, como el protocolo sanitario que se pone en marcha; “todas las pruebas médico-forenses, si la denuncia llega o no a juicio, si hay o no sentencia, si hay cárcel o no”, explica Céspedes.

Para el cálculo final también se han tenido en cuenta cuestiones como la probabilidad de repetir curso de las personas que sufren violencia sexual. Una cifra que es el 60 % más que otras niñas y niños. Sobre este 60 % se han calculado los costes de esta repetición. También se ha computado el coste de quienes están en el sistema de acogida tras denunciar

Fuera de este cálculo quedan otras cifras que no es posible conocer, explica la investigadora, como los costes de un trabajador social o de la intervención de los servicios sociales en una familia cuando se realiza una intervención de desamparo.

Hasta 77.000 posibles víctimas

Con el porcentaje de prevalencia que han calculado las y los investigadores, el 17,29 %, se ha determinado que podrían existir hasta 77.000 víctimas de violencia sexual en nuestro país. Niñas, niños y adolescentes de lo que nada se sabe porque no ha mediado denuncia alguna.

Y es sobre esta cifra sobre la que la investigación ha intentado arrojar algo de luz sobre la parte más oculta del gasto que supone esta violencia. “Creemos que conlleva un gasto, aclara Céspedes, aunque no hayan sido detectados”. Y esto lo dicen porque las personas que sufren estas situaciones es muy probable que sufra desapego del sistema educativo y termine repitiendo, por ejemplo. Aunque no hayan denunciado y no hayan supuesto un gasto sanitario derivado de la puesta en marcha de determinados protocolos, es muy probable que haya realizado diferentes visitas al médico por problemas de ansiedad o depresión. “Sabemos que las visitas por problemas emocionales de las víctimas de violencia sexual aumentan exponencialmente con respecto a otras”.

Céspedes explica que teniendo en cuenta esta cifra de 77.000 y la prevalencia de determinadas cuestiones que afectan en mayor medida a las víctimas de violencia sexual en la infancia ha calculado, de manera conservadora, por lo bajo, cuál es el coste para el estado de estas intervenciones. Lo han cifrado en unos 3.200 millones de euros anuales. En esta cifra no están aquellos gastos de los que no se conocen sus precios.

“Estamos convencidos, dice, de que es un mínimo porque (el cálculo) lo hacemos bajo asunciones muy potentes”, como que se produce una sola vez, como que hay impactos que no se pueden mitigar, aunque lo puedas acompañar. Y el cálculo económico se ha hecho solo sobre los daños mitigables. “El daño mitigable es aquel que, si los sistemas de detección precoz o de determinación del riesgo funcionasen, se iniciaría todo un proceso de intervención, se pondrían en marcha una serie de recursos, y si se hace de forma eficaz supuestamente mitigan el daño”.

Céspedes asegura que los cálculos económicos que se han hecho, en todo momento, son de mínimos, conservadores. Insiste en que la realidad es mucho mayor de lo que puede calcularse entre otras cosas por las diferencias, si no divergencias, en la toma de datos de las diferentes administraciones públicas, por la falta de transparencia con esta información.

Señala la responsable de Incidencia que lo que intentan, además de poner sobre la mesa una cifra económica, esta podría utilizarse en buena medida, no como reacción ante la situación, sino para tomar medidas preventivas y de detección precoz de las situaciones de violencia.

Para la organización, este ejercicio es una forma más de denuncia de la situación en la que se encuentran decenas de miles de niñas, niños y adolescentes en su día a día. Que sufren violencia sexual en su entorno más cercano.

Macarena Céspedes insiste en que la cifra de 4.500 millones recoge cálculos exhaustivos: “Hemos podido calcular qué porcentaje de personas que sufren violencia sexual acaban teniendo una adicción y cuánto cuesta esa adicción al sistema sanitario; qué porcentaje de los niños y niñas que sufren violencia sexual desarrollan una enfermedad mental como anorexia, bulimia, depresión, ansiedad crónica; cuántos niños y niñas que sufren violencia sexual acaban expulsados del sistema educativo. Y hemos podido calcular cuánto cuesta al sistema de protección la violencia sexual contra la infancia”.

Pero, al mismo tiempo, se quedan fuera muchos otras cuestiones como la pérdida de oportunidades laborales, de productividad, el capital humano que se pierde. La falta de acción y de inversión de las administraciones públicas, de las de justicia y de las personas responsables en prevención pueden suponer, y están suponiendo, un coste enorme en la vida de miles de personas todos los años.

Un ejemplo que puede ser fácil de comprender se encuentra en el documental Cómo atrapar a un monstruo, de reciente estreno en una de las principales plataformas de streaming. Cuenta la historia de un hombre que, a pesar de estar condenado a 23 años de cárcel por abusos sexuales a varios menores, pasa unos cuantos meses más en libertad. La historia, además, se remonta al tiempo en el que el protagonista era profesor, a finales de los años 60. Una historia de 40 años de abusos en diferentes instituciones como colegios o colonias de veraneo en el que, apuntan en el documental, decenas, sino cientos, de menores pudieron ser sus víctimas. El coste emocional, vital, de oportunidades laborales y sociales de todas estas personas es y pudo ser enorme. Tal vez, con información y rompiendo el tabú que pesa sobre la violencia contra la infancia, en general, y la violencia sexual en particular, casos así podrían minimizarse.

The post La violencia sexual contra la infancia podría costarle al Estado 4.500 millones anuales appeared first on El Diario de la Educación.