Europa/ España / 26.02.2018 / Fuente: www.laopiniondemurcia.es.
El que fuera ministro de Educación en el Gobierno de Zapatero, Ángel Gabilondo, tiene claro que «los valores se contagian dando ejemplo» y que «uno debe cuidar su lengua materna para poder cuidar de otras lenguas».
Gabilondo participó este sábado en Alhama de Murcia en la Conferencia Abierta sobre Educación organizada por el PSOE. Al acto asitieron el secretario general del PSRM-PSOE y alcalde de Alhama, Diego Conesa, y la secretaria de Educación y Universidades de la Ejecutiva Federal del PSOE, María Luz Martínez Seijo.
En un momento en que vuelve a estar de actualidad la polémica sobre el idioma castellano en las aulas catalanas, el exministro subrayó que, para lograr un buen sistema educativo, «hace falta una implicación de toda la sociedad y de toda la comunidad educativa». Aunque no aludió expresamente a la supuesta discriminación en los colegios de Cataluña, sí hizo hincapié en que la educación «puede ser un gran elemento de cohesión territorial en España».
En este sentido, resaltó que «los socialistas hemos creído siempre en un pacto social, político y territorial por la educación, y eso no hay que olvidarlo».
En su intervención, el exministro remarcó que «el modelo de financiación autonómica es una prioridad absoluta, también para la educación». El actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid dejó claro que su partido no pretende «descentralizar la educación», sino «reconocer cuáles son las competencias de cada quien».
«Creo en la autonomía de los centros y creo en los centros como comunidad educativa», argumentó el político socialista.
Fueron 400 personas las inscritas en la conferencia. Entre ellas, representantes de la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes. «Seguiremos escuchando y debatiendo a quienes formáis la comunidad educativa», subrayó Conesa, tras el acto.
También intervino en la conferencia Mariola Guevara, teniente de alcalde de Alhama y edil de Educación en la localidad, para instar a los profesionales presentes a dar lo mejor de sí mismos con el fin de «diseñar el proyecto que queremos y ofrecerlo a la sociedad».
En su visita a Alhama, Gabilondo y Martínez Seijo se interesaron por la fiesta de Los Mayos, recientemente declarada de Interés Turístico Nacional.
Fuente de la noticia: http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/02/24/financiacion-autonomica-prioridad-educacion/900792.htm
Buena parte de la comunidad educativa admite que la formación inicial de los maestros es mejorable, que los másteres que habilitan para dar clase en Secundaria dejan mucho que desear y que el modelo actual no es válido para seleccionar adecuadamente a los mejores profesores. Pero nadie va a regalarle así como así a Íñigo Méndez de Vigo ese plácet que le haría pasar a la Historia como el ministro que elevó el nivel de exigencia a los docentes en una de las más profundas reformas de la escuela española.
En el tic tac de la cuenta atrás electoral, el llamado MIR educativo tiene un precio muy alto. Este nuevo sistema de acceso, que también ha propuesto Ciudadanos, supone aumentar la duración de la formación de los aspirantes a maestros de los cuatro años actuales a seis años. En el caso de los profesores de Secundaria, serían siete años, porque se añadirían dos más al grado y al máster. El Gobierno va a necesitar «bastante dinero» para ponerlo en práctica, según todas las fuentes consultadas, pero, sobre todo, mucha mano izquierda para que profesores, rectores, padres, alumnos, consejeros autonómicos y oposición política den el visto bueno. Porque ahora todo el mundo pone peros a un asunto en el que existía cierto consenso.
El Consejo Escolar del Estado, en el que está representada toda la comunidad educativa, aprobó a finales de 2017 un informe en el que planteaba estudiar la posibilidad de un MIR educativo, «considerando que el profesorado es un factor clave en la calidad de los sistemas educativos y que debe ser una profesión fortalecida». También se pronunció en esta línea la mayoría de los 83 expertos que el año pasado hablaron ante los diputados que negocian el pacto de Estado por la educación.
La UE ha recomendado asimismo «una formación inicial eficaz de los docentes», «una selección adecuada» y «apoyo al inicio de la vida profesional». Las conclusiones del Consejo de la UE del 20 de mayo de 2014 instaban a los Estados miembros a «garantizar que los programas de formación inicial establezcan oportunidades para que los futuros docentes adquieran todas las competencias pertinentes necesarias para iniciar con éxito sus vidas profesionales». «Facilitar una formación inicial de gran calidad, un apoyo al principio de la carrera profesional (iniciación) y un desarrollo profesional permanente son factores significativos para garantizar que se atraiga a los candidatos adecuados», insiste.
Y lo mismo advierte la OCDE: «El éxito de los sistemas educativos de calidad combina el aprendizaje de los profesores en las universidades con las prácticas y la experiencia real en las escuelas».
¿Cómo lo hacen en Europa? En la mayor parte de los länder de Alemania, todos los graduados tienen que realizar el vorbereitungsdienst, un servicio preparatorio remunerado en un centro escolar de entre uno y dos años. Además, tienen dos exámenes estatales, antes y después de estas prácticas, y el segundo es requisito imprescindible para lograr un empleo fijo como docente, aunque no lo garantiza.
En Finlandia, donde los profesores tienen un gran reconocimiento social, los requisitos de entrada son superiores a los de los médicos. Hay pruebas de acceso a la formación universitaria que supera sólo uno de cada 10 candidatos y, después de graduarse, deben hacer un máster de forma obligatoria. Está también la opción francesa, con unos institutos superiores de formación del profesorado que se han ganado a pulso su prestigio.
«En casi dos tercios de los países de la UE, los docentes recién titulados tienen acceso a fases de iniciación estructuradas», señala el informe La profesión docente en Europa realizado por la red Eurydice de la Comisión Europea. Este trabajo, que utiliza datos del informe TALIS 2013, advierte de que España registra el porcentaje más bajo de todos los países -el 61% frente a un 89% de media- en cuanto a profesorado que tiene acceso a programas para docentes nuevos en centros escolares que incluyan actividades de mentoría.
También considera «preocupante» que sólo el 63% de los docentes españoles en el primer ciclo de Secundaria haya finalizado un programa de formación inicial del profesorado que combine conocimientos académicos, pedagogía y práctica. La mayoría de los países está en torno al 90% y sólo Italia -con un 53%- registra una cifra más baja.
Tanto en el grado para ser maestro como en el máster de Secundaria hay créditos para el practicum en colegios o institutos, pero fuentes educativas reconocen que «no son suficientes» y que «el sistema no está bien organizado». En muchas autonomías ni siquiera se paga a los mentores. Y aunque después de aprobar la oposición el docente hace un año de prácticas, «nunca han despedido a nadie por no hacerlo bien».
«Estamos formando a demasiados maestros. No podemos tener un sistema que saca a la calle a tantos docentes», admiten fuentes universitarias, que se muestran partidarias de poner un examen selectivo a los aspirantes antes de comenzar el grado. «La formación tiene que cambiar, el acceso debe ser más riguroso», coinciden en los campus. Pero, a la hora de la verdad, los rectores no quieren una prueba común en toda España -de la misma forma que rechazan una Selectividad nacional-, porque eso alteraría su statu quo.
Mientras, los sindicatos de profesores se niegan a respaldar el MIR porque temen que los interinos sean desplazados por esta nueva generación de profesores más preparados, que cobrarían la mitad que ellos durante los dos primeros años. Por eso los partidos de izquierda rechazan ahora el MIR. Por eso y porque, en un contexto de negociación sobre la concertada, la Religión y, ahora también, el modelo lingüístico, cada respaldo al partido del Gobierno exigirá una contraprestación. Con un encuentro con los decanos de Educación, el Ministerio comenzó el jueves una ronda de contactos con universidades, partidos y autonomías para convencerles de que digan sí al MIR.
España / 25 de febrero de 2018 / Autor: Miquel Alberola / Fuente: El País
Cospedal asegura que el Ejecutivo buscará una solución para garantizar la elección de los padres
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno no puede modificar el sistema educativo de Cataluña «con el 155 de la Constitución o sin él», en respuesta al diputado de Unidos Podemos Joan Mena. El modelo educativo, ha defendido Méndez de Vigo en su explicación, no depende del artículo 155, sino «en primer lugar, de la Constitución; luego del Estatuto de Autonomía, luego de la ley general básica, que en este caso es la LOE y la Lomce; luego de la ley del Parlamento… En Cataluña y en cualquier comunidad autónoma. Lo importante es que el sistema siga», ha subrayado.
Por su parte, la ministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha asegurado que la sentencia del Constitucional solo anula «la forma de garantizar la elección del castellano en los colegios de Cataluña por lo que ahora se buscará otra solución para garantizar la elección de los padres». Así lo ha manifestado en Onda Cero, donde ha asegurado que el Gobierno estudiará una solución sin predecir aún si la fórmula será con una casilla en la preinscripción de los alumnos u otra solución.
Méndez de Vigo ha considerado que “lo importante es que se cumplan todas la sentencias”, y por tanto también las que la Generalitat ha incumplido. Parapetado en esos contravenciones, Méndez de Vigo ha hecho una defensa del Tribunal Constitucional, que “es de todos”, y de sus sentencias, que “valen todas”. “No se puede decir: oigan, nos gustan solamente cuando nos dan la razón. Y si no, no”. El ministro ha asegurado que el Gobierno respetará y cumplirá la sentencia. “Esta la cumpliremos, pero la Administración educativa también tiene que cumplir aquellas sentencias que dicen que el castellano también es lengua vehicular y debe ser enseñado en una proporción razonable, y cuando las sentencias establecen cuál es esa proporción razonable”, ha indicado en un todo alterado.
En su respuesta a Mena sobre si el Gobierno “va a imponer una casilla para la segregación lingüística», el ministro ha defendido la importancia de que las lenguas «sirvan para conocernos, para enriquecernos, para hablar, pero no para utilizarlas como un instrumento político».
En la línea de desencuentros con el PP, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha calificado de «parche vergonzante» la beca de 6.000 euros con fondos públicos para que las familias se costearan un colegio privado para estudiar en castellano anulada por el Tribunal Constitucional y ha pedido a Méndez de Vigo que cómo pensaba el Gobierno garantizar que sea lengua vehicular en el proximo curso. «Respetando el ordenamiento jurídico y las sentencias de los tribunales», ha simplificado el ministro.
Girauta ha recordado al Gobierno la obligación de cumplir la ley y las sentencias y ha negado que en Cataluña exista consenso social sobre la inmeresión lingüística en Cataluña y le ha advertido de que si no asegura esta lengua como vehicular en todo el Estado, su partido no apoyará el Pacto Social y Político por la Educación.
En los pasillos, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de «chapuza» la medida anulada por el Tribunal Constitucional y ha manifestado su preocupación por que el ministro de Educación «no sepa cómo aplicar» la ley en Cataluña. «Cuando el PP tenía mayoría absoluta perpetró una chapuza y ahora, al parecer, no sabe ni por dónde empezar», ha señalado.
También fuera del hemicilo, la portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles, ha declarado que «lo primero que tendrá que hacer el Gobierno es aclararse» y ha criticado que el Ejecutivo lanzara «un globo sonda» a finales de la semana pasada con la modificación de la prematrícula escolar en Cataluña para garantizar el castellano en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
«Primero lanzan un globo sonda, después dicen una cosa, la ministra [Dolors] Montserrat plantea otra y la desautoriza el propio Gobierno. Lo que tiene que hacer [el Gobierno] es aclararse», ha insistido.
Espainiako / 2018ko otsailaren 25a / Egileak: Redaction / Iturria: Educación Navarra
Maria Solana Hezkuntza kontseilaria Navarro Villoslada institutuan izan da gaur, “1-1 eredua” programa pilotuan parte hartzen ari den ikastetxeetako bat, Zizur, Alhama eta Caro Baroja institutuekin batera.
Bat-Bat ereduarekin ikasleen trebakuntza digitalean lan egin nahi du Hezkuntza departamentuak eta lau ikastetxetan ari dira era pilotuan lanean: Navarro Villoslada, Zizur, Alhama eta Caro Baroja. Gaur, justuki, Navarro Villosladan ikasleentzako 149 Chromebook ordenagailu eramangarri jarri dira martxan; aurretik irakasleek 41 jaso zituzten eta dagoeneko 18 orduko formazio saioak ere egin dituzte. Hezkuntza kontseilari Maria Solana ikastetxeko zuzendari Alberto Arriazu Agramontek gidatu du institutura egindako bisitan.
Hezkuntza departamentuak, gainera, dagoeneko amaitu ditu segurtasun arauetara egokitzeko ikastetxean egindako lanak. 429.610,95 euroko inbertsioa izan da, Azpiegitura Zerbitzu-zuzendari Eneko Ardaizek azaldu bezala. Izan ere, zentroak ez zuen irekiera lizentziarik eta 2015ean egindako proiektua orain gauzatu ahal izan da.
Navarro Villoslada institutuak 1.029 ikasle ditu DBH, Batxilergoa eta Nazioarteko Batxilergoa ikasketetan. Horrez gainera, helduen taldea ere badago, gau eskolan batxilergo ikasketak egiten.
España/24 de Febrero de 2018/Autor: IGA/SBA/gja/Eco Diario
Fundación ONCE acogió este miércoles la presentación de un informe de Plena inclusión sobre la comprensión lectora de las personas con discapacidad intelectual, que concluye que dicha comprensión mejoraría notablemente si estas personas dispusieran de los apoyos adecuados a la hora de enfrentarse a un texto.
El trabajo, titulado ‘Escalas de competencia lectora. ¿Cómo comprendemos lo que leemos?, lo ha liderado José Antonio León, catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, y ha contado con el apoyo de Fundación ONCE.
En su presentación participaron, junto a José Antonio León, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul; el director de Plena inclusión, Enrique Galván; el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno.
A juicio de Fanjul, se ha avanzado en el área de comunicación por parte de la Administración si bien reconoció que «no es suficiente». Sí destacó la apuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil, algo que, según dijo, «nos viene bien a todos para entender una multa, una factura o cualquier documento administrativo».
Por su parte, Enrique Galván explicó que el objetivo de Plena inclusión está en «buscar soluciones sencillas para responder a la complejidad de lo humano». Desde esta entidad, añadió, apostamos por aunar investigación y participación del movimiento asociativo. «Su participación directa es una llave revolucionaria. Ellos son los protagonistas de una solución para la sociedad en su conjunto», aseveró.
En nombre de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso recalcó la apuesta de esta entidad por la inclusión y advirtió que para que sea «real y efectiva» debe incluir el acceso a la lectoescritura. Por este motivo, subrayó la «importancia extrema para la ciudadanía» de trabajos como el presentado este miércoles en Madrid, que apuesta por ofrecer la información de manera clara a colectivos como el de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Finalmente, Pérez Bueno puso el acento en el vacío legal que existe en estos momentos sobre la accesibilidad cognitiva, por lo que anunció que el Cermi planteará al Gobierno que modifique la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión, con el fin de que se regule dentro de ella la especificidad de lo cognitivo y, por tanto, la lectura fácil.
En este sentido, el presidente del Cermi señaló que si bien es verdad que la accesibilidad universal cuenta con una legislación, «aunque se incumple», la accesibilidad cognitiva no. «Si la accesibilidad universal es un archipiélago, la cognitiva es una isla en estado de desprotección», dijo.
EL ESTUDIO
Tal y como explicó León en su presentación, el objetivo general del estudio es establecer una escala de evaluación de la competencia lectora para personas adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo radicadas en la Comunidad de Madrid, de modo que los diferentes niveles de competencia lectora se asemejen a los criterios fijados dentro del Plan Curricular del Instituto Cervantes y del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Desde esta perspectiva, el equipo de trabajo ha estudiado cómo se relacionan las características del texto, imagen o fuente de información con las diferentes competencias cognitivas, estrategias lectoras y contextos donde se producen, en los distintos grupos estudiados.
Así, algunas de las preguntas que se hace el informe son cómo leen y comprenden textos las personas adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo; cómo afecta a su rendimiento que un texto sea más simple o más complejo, o en qué se asemeja y en qué se diferencia la competencia lectora de estas personas con la de los adultos con estudios universitarios.
Para llevar a cabo este trabajo se ha contado con la colaboración de un total de 218 participantes: 155 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de entidades pertenecientes a Plena Inclusión Madrid y 63 estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en su último curso de grado universitario.
En concreto, las ocho entidades de Plena Inclusión Madrid que han participado en el estudio son las siguientes: Asociación Apama, Asociación Aspacen, Grupo AMÁS, Fundación Ademo, Asociación Adisli, Fundación Aprocor, Asociación Círvite y Fundación ALAS.
España /24 de Febrero de 2018/Autor: Álvaro Monfort/Xabia al Día
“La Igualdad se construye entre todas y todos y es una realidad que se debe conseguir entre mujeres y hombres”. Esta premisa es la base de CONSTRUÏM-LA, la edificante programación que ha preparado el departamento de Igualdad de Xàbia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo.
Más allá de tener un carácter combativo y reivindicativo, la propuesta de este año recurre a la educación de las futuras generaciones del municipio y a la cultura para configurar un calendario de actividades sencillo; que sigue la línea de 2017 “de visibilizar la figura de la mujer a través de la historia”, según ha señalado la concejala de Igualdad, Montse Villaverde.
Tal y como ha explicado la concejala, el trabajo en los centros escolares es fundamental ya que, “trabajando con ellos, implicándoles y haciéndoles partícipes; nos aseguramos que ese aprendizaje luego llegue a sus hogares y se produzca un efecto multiplicador del mensaje”.
La programación comenzará el jueves 1 de marzo, a las 18:30h, en el Museu Soler Blasco, con la charla Confabulando contra la igualdad real a cargo de Anastasia Téllez. Una oradora que, según apuntan desde la concejalía “destaca no sólo por sus conocimientos, si no por su capacidad comunicativa”.
En el mismo museo, el viernes 2 de marzo, podrá visitarse (a partir de las 19h) la muestra Dona Sapiens del colectivo de mujeres artistas de La Marina, La Figuera. El sábado 10 de marzo se ofrecerá una visita guiada para comprender mejor el sentido y finalidad de la exposición a las 11h.
El lunes 5 de marzo, la UNED se une a la celebración de la efeméride en Xàbia y realizará un taller de nuevas masculinidades en el Centro Social a las 18:30h. Se requiere inscripción previa.
El jueves 8 de marzo, Día de la Mujer, sólo se realizará el acto institucional con la lectura de un manifiesto en la Plaça de l’Església. Ese día, la concejalía secundará la huelga internacional a la que están llamadas todas las mujeres trabajadoras.
El viernes 9 de marzo, los alumnos del IES Antoni Llidó y el IES María Ibars de Dénia interpretarán la obra reivindicativa La veu de les dones silenciades al resto del alumnado y público en general. Será a las 20h en la Casa de la Cultura. Ese mismo día, la actividad de cuentacuentos Pluja de Contes destinada a los niños y niños tendrá un enfoque especial y narrará la historia de Arturo y Clementina a las 17:30h en el museo.
El teatro y la música también tienen cabida. El sábado 17 de marzo se representará la obra Victtoria en la Casa de la Cultura a las 20h y, el miércoles 28 de marzo, los alumnos y alumnas del Conservatorio de Xàbia realizarán un concierto dedicado a las mujeres compositoras bajo la dirección de Teresa Albero. La cita será en un bello rincón del Centro Histórico como es la capilla de Santa Ana a las 19:30h.
Los centros educativos, claves en la celebración del Día de la Dona
Dentro de la programación destaca la campaña De la A a la Z, una iniciativa en la que han participado todos los centros escolares de Xàbia. Durante un trimestre, los centros públicos y concertado han trabajado unas letras concretas del abecedario y, a partir de ellas, han conocido la figura de mujeres que realizaron importantes aportaciones en los distintos ámbitos académicos (matemáticas, geografía etc.) “y que tradicionalmente sólo recogen las contribuciones hechas por hombres a la hora de impartirse en las aulas”, ha matizado Villaverde.
Tras este estudio, los escolares han realizado unos paneles con cada letra en los que han recogido su aprendizaje y que se mostrarán a los vecinas y vecinas el día 8 de marzo en la Plaça de l’Església. Posteriormente, se ubicarán en distintos puntos del municipio a partir del miércoles 14 de marzo con el fin de visibilizar su trabajo sobre estas figuras femeninas tan relevantes. Para conocer mejor dónde se encuentran, la concejalía editará un díptico con un mapa de ruta.
El Partido Popular utiliza la estrategia de los falsos pactos de Estado para ahogar la iniciativa legislativa del resto de partidos y poder seguir aplicando las leyes que aprobó con su mayoría absoluta
Al Partido Popular le ha entrado la fiebre de los pactos de Estado. El partido que está bloqueando la actividad parlamentaria para que el Congreso no legisle, vetando todas las leyes de la oposición como la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma del sistema de pensiones, quiere aparentar voluntad de consenso y capacidad de acuerdo. Para ello, hace ahora un año, el PP apoyó la creación de una subcomisión para el Pacto de Estado de Educación. Ésta se aprobó en diciembre de 2016 y comenzó sus trabajos en febrero de 2017. Poco sabe la opinión pública, y especialmente la comunidad educativa, de lo que ha ocurrido a lo largo de todo este año en dicha subcomisión, aunque lo que en ella sucede es de interés primordial para todos. Veamos aquí algunas claves para entender lo que está pasando en el Congreso.
Una subcomisión no es un pacto. El trabajo parlamentario es deliberadamente opaco y un buen nombre puede esconder más bien poco. Así es en este caso. Una subcomisión no es un pacto de Estado, ya que las conclusiones en las que estamos trabajando ahora no son vinculantes para el Gobierno; únicamente son recomendaciones que éste puede seguir o no. Y ya sabemos lo que suele hacer el PP con las recomendaciones.
Aún así, el Partido Popular tiene capacidad de veto. El PP y el PSOE han acordado una fórmula de votación de las conclusiones que permite al Partido Popular bloquear casi cualquier conclusión de la subcomisión. Para aprobar una conclusión es necesario contar con una mayoría de 3/5. Como las reuniones de la subcomisión son dos veces a la semana, muchos partidos minoritarios tienen serias dificultades para asistir y es prácticamente imposible para Unidos Podemos lograr mayorías alternativas al PP. De esta forma, por ejemplo, ha sido imposible incorporar a las conclusiones que el sistema educativo público de nuestro país ha sufrido un brutal recorte de 9.000 millones de euros y que, actualmente, se encuentra en estado de infrafinanciación.
Si la situación es tan grave y la educación es un tema de gran interés para toda la ciudadanía, ¿por qué no te estás enterado de nada? Básicamente porque, a diferencia del resto de comisiones del Congreso, las subcomisiones son a puerta cerrada. Es decir, no se graban y tampoco se publican las actas de los debates. Desde Unidos Podemos hemos pedido a la Mesa del Congreso que la subcomisión se emita en directo o, en su defecto, que se publiquen las actas y las votaciones. El Partido Popular y el PSOE (con el apoyo de Cs) se han opuesto frontalmente afirmando que eso podría “influir” en las conclusiones a las que lleguemos.
Está previsto que la subcomisión del pacto de Estado de Educación finalice sus trabajos a mediados de mayo. Nuestra mayor preocupación es que el resto de partidos parece haber asumido con normalidad la LOMCE, la ley educativa más regresiva de la democracia que se aprobó con toda la oposición en contra y miles de personas protestando en la calle. La derogación de la ‘Ley Wert’ no puede ser el punto de llegada de las conclusiones de la subcomisión, sino el punto de partida. Del mismo modo que sin una recuperación efectiva de la financiación de la escuela pública de nuestro país, no hay pacto que valga. Alcanzar un 5,6% de inversión en educación en esta legislatura (y un 7% en 2024), así como recuperar al menos los 23.000 docentes que ha perdido la pública, no es algo que pueda negociarse, es un deber de los poderes públicos.
Mientras la subcomisión sigue funcionando, Méndez de Vigo gana tiempo y continúa aplicando la LOMCE, con los costes que eso tiene para los niños y niñas de hoy y para la ciudadanía de mañana. El Partido Popular utiliza la estrategia de los falsos pactos de Estado para ahogar la iniciativa legislativa del resto de partidos, pasar esta legislatura al ‘tran tran’ y poder seguir aplicando las leyes que aprobó con su mayoría absoluta.
Por eso es importante que seamos conscientes de que un mal pacto, un pacto que priorice la educación privada, perpetúe la LOMCE y no recupere la inversión en educación, es peor que la ausencia de pacto. Y el momento de que la comunidad educativa y la ciudadanía tomen cartas en el asunto es ahora. El mes que viene quizás sea tarde. Nosotras, mientras tanto, seguiremos defendiendo hasta el final a la pública, con orgullo, en la subcomisión.
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