Exigen a Educación que abra «un verdadero proceso de negociación en todos los ámbitos». También han convocado el día 20 manifestaciones en las capitales vascas.
Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han registrado este martes su convocatoria de huelga para los días 16 y 23 de mayo en la enseñanza pública y han reprochado que, pese a que Educación ha citado a los sindicatos a una mesa sectorial, no hay ninguna «propuesta concreta» que permita su desconvocatoria.
Ante la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao se han reunido representantes de los citados sindicatos para presentar la nueva convocatoria, que afecta a cuatro colectivos en la enseñanza pública no universitaria en Euskadi: docentes, trabajadores de educación especial, de cocina y limpieza y del consorcio de escuelas infantiles haurreskola.
Con la pretensión de acercar posturas y de que desconvoquen las huelgas anunciadas, Cristina Uriarte, la consejera de Educación, ha citado a los sindicatos a una mesa sectorial el próximo jueves.
ELA, LAB y Steilas, que tienen previsto reunirse para tratar si van a la reunión, han criticado que la mesa sectorial convocada solo afecta a uno de los cuatro colectivos convocados, el de docentes, y han censurado que Educación no haya hecho «una propuesta concreta«.
En este sentido, os sindicatos convocantes han exigido a Educación que abra «un verdadero proceso de negociación en todos los ámbitos«, con propuestas que den respuesta «de verdad» a la situación de la educación pública vasca.
Asimismo, ELA, LAB y Steilas reclaman más inversión en la educación en Euskadi. También reclaman «sacar la LOMCE» de las aulas, así como derogar el decreto Heziberri del Gobierno Vasco; incrementar las plantillas en 2.000 trabajadores; reducir la temporalidad de un 40 a un 6%; reducir los ratios de alumnado en un 10%; y recuperar el poder adquisitivo por parte del personal, entre otras medidas.
Además de las huelgas anunciadas, los sindicatos han convocado el próximo día 20 manifestaciones en las capitales vascas, a las que han invitado a participar a las familias de los alumnos y a los distintos agentes educativos.
Tres centros educativos de Zizur, Mendillorri y Mutilva atienden en estos momentos a niños de familias refugiadas, según los datos facilitados por la consejera de Educación, María Solana, quien ha sostenido en el Parlamento que el protocolo previsto para estos casos se está cumpliendo.
A esos centros habría que sumar uno más, si bien los niños que estaban escolarizados en él, ya lo han abandonado, puesto que se han ido a Londres.
Solana ha respondido de esta manera a la parlamentaria de I-E Marisa de Simón, quien le ha preguntado sobre las necesidades específicas del alumnado de las familias refugiadas en Navarra.
En su opinión, el Gobierno debe actuar para detectar las necesidades de esas familias y en concreto de los 31 niños, entre 2 y 14 años, que están escolarizados en centros escolares de Navarra, y adoptar medidas de discriminación positiva.
La consejera ha manifestado que Educación ha tomado las medidas oportunas en colaboración con Derechos Sociales y ha aplicado lo previsto en un protocolo que se recoge dentro del programa de acogida.
En el último caso que han atendido, ha comentado que ha sido la coincidencia con las vacaciones de Semana Santa lo que ha hecho que la adopción de medidas se haya prolongado en el tiempo, si bien los niños afectados solo tuvieron cuatro días de clase en ese intervalo.
Así, según ha relatado, el 10 de abril llegaron alumnos refugiados al centro Camino de Santiago, dos días después el departamento hizo un informe que remitió al centro y este jueves se ha firmado el contrato con el profesor de apoyo, por lo que, a su juicio, ha ido «razonablemente bien».
Solana ha opinado que el protocolo ha demostrado que «funciona correctamente» y ha asegurado que quieren seguir trabajando de la misma manera.
Respecto a los otros centros, ha indicado que el 24 de febrero llegaron alumnos procedentes de Siria al centro Catalina de Fox de Zizur, se puso en marcha el proceso y para cuando se pusieron los medios necesarios los alumnos se habían ido a Londres.
En este sentido ha remarcado que se trata de situaciones en las que existe una falta de estabilidad, por lo que para tomar las decisiones oportunas es «imprescindible» elaborar informes y es necesario un intervalo mínimo de tiempo.
Los otros centros se encuentran en Mutilva, donde gracias a medios que se habían puesto en marcha con antelación el colegio pudo atender a los niños con la propia plantilla, y en Mendillorri, donde además se atendió el caso de un menor con necesidades especiales por lo que se ha contratado un cuidador.
“La Ingovernable. Espai alliberat”. La consigna se divisa en lo alto de la fachada del Colegio Mayor Luis Vives de la Universitat de Valencia, okupado por un grupo de activistas con el fin de recuperarlo, dotarlo de vida y generar un nuevo espacio de “cultura, pensamiento crítico y empoderamiento para la lucha”. Los jóvenes okupas abrieron el pasado primero de mayo las puertas de las instalaciones, que la Universitat de Valencia mantenía cerradas desde el verano de 2012. El día festivo de la clase trabajadora se hizo pública la okupación del Colegio Mayor Luis Vives, tras un proceso iniciado por una veintena de personas hace quince días, informan fuentes de la asamblea de okupas. Los activistas trabajan actualmente en la limpieza y adecuación de “La Ingovernable” (denominación del espacio okupado), y por el momento han rehabilitado cuatro grandes salas. Asimismo dan cuenta, en conversación telefónica, de la situación de abandono y deterioro en el que se encontraron el espacio: “Estamos tragando mucho polvo”.
Los medios de comunicación informaron de incidentes en las inmediaciones del edificio la tarde del dos de mayo. Se produjeron cuando los activistas que se hallaban dentro del colegio mayor pretendían salir de las instalaciones, con el fin de realizar relevos y abastecerse de alimentos y agua. Previamente realizaron un llamamiento, al que acudieron, con bienes de primera necesidad, una treintena de personas de círculos afines. Pero los guardias de seguridad, que custodian el recinto, “no dejaron que entrara ni saliera la gente, ni tampoco que se proporcionara comida y bebida al interior”, aseguran los jóvenes okupas. Habilitaron entonces un “pasillo” para sortear a los vigilantes. “Hubo forcejeos, porrazos y golpes por parte de los agentes”, detallan, “mientras se empezaba a lanzar la comida por encima de las vallas”. Fuentes de la asamblea señalan que los vigilantes de seguridad llamaron a los servicios de ambulancia, con el fin de notificar supuestas heridas y lesiones a los agentes de las que pudieran responsabilizar después a los activistas; “así podrían además justificar una posterior denuncia”, agrega la asamblea de Okupas.
El mismo día de las agresiones, explican activistas que permanecen en el interior del edificio, se permitió que agentes de la Policía Nacional entraran en el recinto universitario, “lo que consideramos gravísimo”. Afirman que además de los guardias que mantienen la vigilancia en el colegio mayor, “la zona está todas las noches llena de ‘secretas’ rondando”. El tres de mayo la asamblea de “La Ingovernable” tachó de “invención” las versiones sobre lo sucedido el día anterior propagadas por los medios informativos y los agentes de seguridad contratados por la Universitat de València, que en ningún caso hicieron referencia a las agresiones de los guardias. Por el contrario, añaden los okupas en un comunicado, los vigilantes “fuera de sus funciones, retuvieron de manera violenta a una joven, a la que agarraron por el cuello y golpearon contra la pared; asimismo propinaron golpes a otras personas con las porras”.
La asamblea señala la responsabilidad de la Universitat de València en los hechos violentos. Además califican la situación actual de “asedio”, aunque la Universitat destaque ante los medios de comunicación un supuesto estado de “normalidad” en el Colegio Mayor Luis Vives, ya que los jóvenes pueden, según la institución universitaria, abandonar el edificio cuando consideren y finalmente se ha habilitado una zona para el suministro de vituallas. Sin embargo, el autor de este artículo pretendió ayer conversar directamente con los jóvenes okupas, lo que le fue impedido por dos vigilantes después de realizar una llamada telefónica. El interlocutor de los guardias de seguridad les dijo a estos que remitieran al periodista al gabinete de comunicación de la Universitat de València.
La okupación del colegio mayor se inspira en principios netamente anarquistas, tal como se infiere de los comunicados del grupo promotor. Los activistas hacen referencia al “control de nuestras vidas”, la fuerza colectiva, la libertad, la horizontalidad y la autogestión. “La solidaridad y el apoyo mutuo son nuestras mejores armas, nos mantenemos ingobernables”, afirman. Destacan la necesidad de espacios de grandes dimensiones en la ciudad, donde los movimientos sociales puedan desplegar actividades culturales, conciertos y asimismo recaudar fondos con los que afrontar las causas por represión. También manifiestan su solidaridad con las luchas universitarias, por ejemplo contra la subida de las tasas, el Plan Bolonia o las dificultades de los jóvenes con menos recursos para acceder a las licenciaturas. “Hay gente que ha tenido que abandonar una carrera por no poder pagar la matrícula”, afirma un activista de la asamblea.
Uno de los puntos de polémica es el estado del edificio. Ubicado en el campus universitario de la avenida Blasco Ibáñez, el Colegio Mayor Luis Vives fue inaugurado en los años 50 del siglo pasado como residencia para estudiantes y centro cultural, informó la Agencia Efe. En un teletipo emitido el primero de mayo, la agencia añade –citando fuentes de la Universitat- que el edificio cerró sus puertas el 31 de julio de 2012 para su restauración, ya que los informes técnicos aconsejaban una reforma estructural. La denuncia cursada por la Universitat de Valencia ante la Policía Nacional subraya estas deficiencias y alerta sobre la peligrosidad del edificio. Sin embargo, los jóvenes respondieron en un comunicado que las versiones sobre la falta de seguridad y las fallas estructurales son “fraudulentas”, y se difunden “para deslegitimar nuestras acciones”. Sustentan esta tesis en las declaraciones de la Fundación Goerlich (por el nombre del arquitecto autor del colegio mayor, Javier Goerlich) y en la observación sobre el terreno de las instalaciones. Además, “se trata de un pretexto ya desmentido desde hace tiempo por algunos medios de comunicación”, concluyen fuentes de la asamblea.
Los jóvenes se encontraron las instalaciones en situación de “total abandono”, según afirman, “con una capa de alrededor de un centímetro de polvo por todo el edificio; casi no se puede ni respirar”. Enumeran ejemplos del caos en el interior del colegio mayor: sillas arrojadas, la cocina “hecha una mierda”, neveras tiradas por el suelo, montones de libros desparramados… Otro aspecto denunciado por los activistas es el trato por parte de los guardias de seguridad. “Algunos intentan manipularte, otros ‘pasan’ de ti y hay otros vigilantes que se emplean con modos agresivos, te increpan y coaccionan; en alguno de los casos la provocación es continua”. En las redes sociales han difundido las expresiones de alguno de los vigilantes: “Si yo os pillo por aquí fuera os vais a acordar de mí después de esto”; “Os va a salir cara la bromita” y “os vais a arrepentir para toda la vida”, afirmaba este guardia al tiempo que movía las esposas de modo intimidatorio, siempre según la versión de los activistas.
Los okupas de “La Ingovernable” han constatado un aumento de la vigilancia –de efectivos privados y de la policía- desde que se iniciara la okupación. Lo consideran una estrategia de “desgaste”, para “bloquear cualquier apoyo desde el exterior”. Mientras, lanzan un llamamiento de apoyo, al que se han sumado la mayoría de los sindicatos universitarios. “Estamos en fase de resistencia y rehabilitación del espacio, no vamos a ceder ante ningún chantaje o amenaza”, concluyen vía telefónica, al tiempo que insisten en la crítica a la Universitat y al rector, Esteban Morcillo, “la cara más autoritaria de la institución”. “Es un cobarde, que sólo sabe mandar a sus esbirros”. Critican que la Universitat de València se haya negado a dialogar, con independencia del posterior resultado de las conversaciones: “nadie se ha pasado por aquí”. Así, desde el tres de mayo los jóvenes okupas reciben por una ventana del edificio, según confirman, agua y alimentos: “Gracias a ello sobrevivimos en el interior”.
UGT no se suma a la convocatoria de dos jornadas de huelga en la enseñanza no universitaria lanzada por los sindicatos nacionalistas contra el plan Heriberri y reivindicando aumento de plantilla, reducir la temporalidad y los ratios de alumnos en las aulas.
El sindicato UGT coincide con las reivindicaciones de los convocantes de los dos días de huelga pero considera que «es imprescindible incidir más en la negociación y en la movilización, si es precisa, pero sin anteponer en este momento una herramienta de fractura en el proceso negociador como es la convocatoria de huelga y, en todo caso, sería necesaria, si llegara este momento, una unidad de acción sindical que por el momento no hemos logrado«.
UGT-Enseñanza considera que las últimas negociaciones con el Departamento de Educación han supuesto «un fracaso total». «Se continúa penalizando al colectivo de profesionales de la docencia en las situaciones de baja por enfermedad, se rechaza la sustitución desde el primer día lo que supone déficit en la atención al alumnado, se continúan negando derechos adquiridos como la reducción de horario para mayores de 60 años, las aportaciones de previsión social, los incentivos a la jubilación, etc. y parece que se pretende fomentar el enfrentamiento y la pelea desde las organizaciones sindicales», afirma este sindicato.
Sin embargo, a pesar de ello UGT «no realizará convocatoria de huelga, entendiendo imprescindible incidir más en la negociación». «Hay motivos para la protesta», añade, pero «hace un llamamiento a todos los agentes sociales a restablecer la unidad sindical que tantos buenos resultados ha dado, como es el caso de las movilizaciones de junio del año pasado con la que conseguimos parar el decreto con el que el Gobierno vasco pretendía ampliar la jornada lectiva y aumentar el ratio profesor/alumno. La actual desunión sindical al único que favorece es al Departamento de Educación«.
El futuro de la educación española pasa por implicar a los padres en los colegios, o al menos eso se desprende de las tendencias procedentes del resto de Europa. No nos referimos a los grupos de WhatsApp de padres sino a cómo la UE ha promovido el refuerzo de la posición de padres y madres y su participación en la escuela. En 2013, el Consejo de Ministros español acordó que esta debía ser “no solo una dimensión principal de la gobernanza, sino también un elemento clave que contribuirá a desarrollar y sostener la calidad a través de las preocupaciones y responsabilidades compartidas de todos los sectores implicados”.
La realidad, como siempre, es mucho más complicada. Especialmente la española, en la que la relación entre profesores y familias ha cambiado sensiblemente desde los años de la Transición. El maestro ha dejado de ser un poder fáctico como el cura y el alcalde, y su rol social ha cambiado al mismo tiempo que el grueso de los españoles disfrutaban de un mayor nivel educativo. Algo que ha hecho que se alteren las relaciones entre los dos agentes más importantes de la educación, padres y profesores.
Aunque exista un discurso aperturista también hay una resistencia a los cambios por la incertidumbre
‘Familias y escuelas. Discursos y prácticas sobre la participación en la escuela’, coordinado por Jordi Garreta, profesor de la Universidad de Lleida, es una buena guía para entender lo que está pasando en nuestras aulas y las resistencias a derrotar en una relación recíproca. De mano de tres de sus autores, Sergio Andrés Cabello y Joaquín Girón de la Universidad de la Rioja y el propio Jordi intentamos entender las complicadas relaciones, desconfianzas mutuas y anhelos entre docentes y familias.
El final de una época idílica
Como hemos explicado, los años setenta fueron un período de cierto esplendor en la comunidad educativa española, considerada uno de los motores de la evolución de una dictadura a una sociedad democrática. Fue también el período en el que las huelgas y reivindicaciones laborales regularon y mejoraron sensiblemente la situación laboral de los profesores. No obstante, el libro señala que a partir de los años ochenta esa unidad se empieza a desgajar, una vez “las reivindicaciones más urgentes de seguridad y empleo fueron satisfechas”.
Foto: iStock.
A partir de entonces, los profesores comienzan a defender “intereses más de carácter corporativo”, mientras que las familias “transformarán sus reivindicaciones hasta el interés exclusivo para con sus hijos y su desarrollo educativo”. Estos, además, han descubierto sus derechos como parte de la comunidad educativa, y los rápidos cambios en la sociedad del siglo XXI han obligado a una mayor apertura de los centros, algunos encantados, otros reticentes. “La escuela y los profesionales tienen unas dinámicas de trabajo desde hace muchos años y aunque exista un discurso y políticas aperturistas también hay una resistencia a los cambios por la incertidumbre misma de lo que puede pasar”, explica Garreta.
¿Desconfianza, por lo tanto? No tan rápido. “No creo que lo sea, sino más bien una resistencia a modificar de forma muy importante el día a día, complicarse la vida no le gusta a nadie y los cambios se deben hacer gradualmente”, añade el profesor de Lleida. Un ejemplo es la resistencia que encuentran en muchos centros las comunidades de aprendizaje, que introducen a familias u otros agentes externos en el aula. “En general se recibe bien lo que conviene y se olvida lo que supone grandes cambios, modificaciones relevantes o conflictos”.
El profesorado ha interiorizado que tiene un ámbito (pedagógico) y un espacio (aula) propios y exclusivos
La ruptura anteriormente mencionada ha provocado que el aula sea coto exclusivo de los profesores, el último bastión de resistencia ante el escrutinio externo. “El profesorado, por lo general, se ha guardado todo lo relativo a la pedagogía y organización del aula sin permitir la participación de representantes de familias y alumnado”, explica Girón. Por lo general, la opinión de los padres es escuchada y tenida en cuenta… excepto si trasciende al ámbito pedagógico y del aula.
“El profesorado ha interiorizado que tiene un ámbito (pedagógico) y un espacio (aula) propios y prácticamente exclusivos, especialmente a medida que los alumnos van creciendo”, añade Cabello. Hay varios motivos que han llevado a los profesores a parapetarse detrás de las puertas del aula. Por una parte, una mayor formación de padres y madres, que acarrea otras exigencias, y por otra, una presencia continua de estos a través de los nuevos canales de comunicación (como las TIC, tecnologías de la información y la comunicación). “Eso genera resistencias y tensiones y el profesorado puede sentirse ‘amenazado’ y teme incluso ser ‘fiscalizado’”.
La labor del docente, además, ha cambiado y como muchos lamentan, no se ha visto correspondida con un mayor reconocimiento, una mejor formación o la posibilidad de una carrera docente. “La escuela y el sistema educativo han visto cómo han tenido que asumir numerosas funciones para las que no están preparados o diseñados”, explica Cabello. Ya no solo forman, sino que llevan a cabo labores de socialización que “antes recaían en la familia”. “La sociedad, cada vez más compleja, se ha vuelto mucho más exigente con la escuela y con los docentes, les reclaman cada vez más labores y les responsabilizan incluso de lo que no sale bien”.
Herramientas que no funcionan
Estas dificultades quizá se deriven antes de la inercia institucional que de la conciencia de padres y profesores, que saben que deben trabajar juntos, pero no siempre encuentran la forma de hacerlo. Un buen ejemplo es el Consejo Escolar, sobre el papel, una institución que gestiona los centros escolares con la participación de todos los agentes (del director a los padres pasando por la Adminstración). En la práctica, un organismo en el que, como recuerda Giró, “la suma de los votos de profesorado, equipo directivo y representantes municipales superaba el de los representantes de familias y alumnos”.
Una parte de las familias, ni mucho menos mayoritaria, se relaciona con los centros y la educación en términos de mercado
Las familias se convertían así en “convidados de piedra” en una ceremonia en la que apenas tenían poder de decisión. Además, la LOMCE contempla la elección del cuerpo directivo por parte de la Administración y no del claustro, lo que puede provocar un cambio absoluto en estas relaciones, pero aún está por ver qué ocurre. “Nos hemos encontrado con equipos directivos muy abiertos en ese sentido, que creen que la participación de las familias es central y que creen en ello”, explica Cabello. ¿El problema? Los profesores siguen careciendo de incentivos económicos y profesionales para dirigir a sus propios compañeros.
La formación de los docentes tampoco fomenta precisamente la colaboración con las familias. “Es poca y en general muy poco teórica, ya que no se vencen las resistencias a encerrarse en su aula”, explica Garreta. No es que los profesores no lo demanden. Por lo general, aprenden a relacionarse con los padres en un proceso de ensayo-error o, simplemente, de aplicación del sentido común. Ni Magisterio ni el Máster de Formación Profesorado ayudan a que los nuevos docentes sepan cómo coordinarse con los padres, ni hay suficientes incentivos para que lo hagan.
Foto: iStock.
No obstante, el libro muestra que, por lo general, las relaciones entre familias y cuerpos docentes son cordiales, y que tienden a magnificarse los casos en los que los primeros traspasan los límites. “El profesorado, en ocasiones, se agarra a esos casos para justificarse en las resistencias hacia las familias”, explica Cabello. Otro hándicap a superar: “Una parte de las familias, ni mucho menos mayoritaria, se relaciona con los centros y la educación en términos de mercado, lo que distorsiona claramente la relación, porque ya no se entiende en términos de cooperación”. Volver a tender puentes y conseguir que profesores y padres vuelvan a trabajar codo con codo es uno de los retos de los colegios españoles en los próximos años. No sería la primera vez que se rema en el mismo sentido.
España/Mayo de 2017/Autor: Alex Serrano/Fuente: Las Provincias
En una de las manifestaciones educativas más multitudinarias que se recuerdan, más de 40.000 personas según cálculos de la organización marcharon ayer por el centro de la ciudad con una reivindicación clara: la libertad educativa. La manifestación, convocada por la plataforma Libertaddeenseñanza27.1, discurrió entre la Porta de la Mar y la plaza de San Agustín. Más de 45 minutos después del comienzo de la marcha, aún había cientos de personas que apenas se habían movido. Durante todo el recorrido, las consignas que pedían libertad de enseñanza se mezclaban con las que defendían la educación pública y la concertada.
Y es que la Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Fcapa), que había convocado la manifestación junto a la plataforma y USO, centró sus reivindicaciones en la recuperación de las 31 aulas de 1º de Bachillerato que 25 colegios concertados de toda la Comunitat Valenciana perderán el curso que viene. Para los convocantes de la manifestación, este recorte «supone impedir a más de mil alumnos la continuidad del próximo curso 2017-2018 en sus propios centros», entidades educativas «con acreditada y reiterada demanda social, y en los que también peligran los puestos de trabajo del profesorado y del personal de administración y servicios», según el comunicado con el que se cerró la manifestación.
«Los padres, como ciudadanos que sostenemos con nuestros impuestos tanto la red pública como la concertada y, especialmente, como primeros responsables de la educación de nuestros hijos, tenemos derecho a que estos reciban una educación de calidad, a escoger libremente el centro al que queremos confiar su educación, y a que ésta esté de acuerdo con nuestras propias convicciones, ya sean religiosas, morales, pedagógicas o filosóficas», reza el comunicado, que se leyó al final de la marcha en un acto ligeramente caótico, donde apenas se escuchó a Sebastián.
Asimismo, este documento hace hincapié en que la concertada no quiere «ninguna imposición», ni de lengua, ni de distrito escolar, ni de ideología de género, ni de un modelo educativo único y uniforme. «Contra toda imposición, exigimos libertad de educación. Las familias tenemos derecho a la libre elección del modelo educativo y pedagógico y del centro escolar que deseamos para nuestros hijos», reza el manifiesto, que exige a la Administración «que respete la complementariedad de las dos redes, pública y concertada, en igualdad de condiciones».«No somos números, detrás de cada plaza que elimina (Marzà) hay un alumno, una familia, una historia personal, unos amigos, unos profesores y unos sueños», añadieron.
De hecho, los organizadores se dirigieron directamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig;a la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, y al conseller de Educación, Vicent Marzà, que protagonizó no pocas pancartas (incluidos varios carteles al inicio de la manifestación en la que su imagen aparecía boca abajo). El comunicado insiste a los responsables políticos que «nada puede hacerse sin las familias» en materia de educación. «Más aún, nada puede hacerse contra las familias. No tienen ustedes el derecho a trastornar la vida de miles de familias, tanto las de los alumnos como las de los docentes y demás trabajadores de la educación. No tienen derecho a sacar a nuestros hijos de sus colegios, ni a jugar con su futuro para satisfacer sus proyectos ideológicos y programas políticos», se lee en el contundente documento remitido a los medios.
La marcha, que se desarrolló en medio de un eminente ambiente lúdico y familiar (con la masiva presencia de niños de todas las edades), estaba encabezada por el portavoz de la plataforma Libertaddeenseñanza27.1. Javier Sebastián señaló que la intención de los colectivos participantes en la misma era «defender unos derechos que peligran». «Este año hemos sido una serie de centros, pero es previsible que, si esto no lo conseguimos frenar, vayan cayendo más aulas y vayan atacando a más centros», advirtió Sebastián, que aseguró que los colegios concertados están empezando a conseguir su objetivo, que no es otro que concienciar a la sociedad y que crea «en la libertad de elección de centro, que los concertados son una opción complementaria de la pública». «Hacen falta unas enseñanzas pública y concertada de calidad, y por eso luchamos», comentó el portavoz de la principal plataforma organizadora de la marcha que tiñó sobre todo de sonido las calles del centro de la ciudad (hubo muchos pitos e incluso una charanga que se arrancaba con acordes del tema Libre, de Nino Bravo, muy celebrado por los asistentes).
El presidente de Fcapa, Vicente Morro, dijo que las razones de esta movilización, que no se descarta repetir en otras ocasiones, «son muchísimas y muy generosas, y por eso la gente ha dicho ‘basta ya’». «Por eso hemos salido a defender la libertad de enseñanza contra toda imposición de recorte, contra toda limitación de los derechos de las familias», comentó Morro, que instó a la Administración a sentarse a negociar y lamentó que detrás de la decisión del Consell hay un «motivo ideológico». «Quieren una escuela única, como si estuviéramos en Corea o en China, y evidentemente no vamos a permitir eso», aseguró. «Nosotros no tenemos un proyecto ideológico, tenemos un proyecto de defensa de nuestros derechos, y lo vamos a defender contra viendo y marea», dijo Morro.
Supera expectativas
Lo cierto es que la manifestación fue multitudinaria, casi más de lo que la propia organización esperaba. Convocada con premura, en apenas ocho días, y sin el apoyo de las grandes patronales de la educación concertada, la asistencia superó casi todas las expectativas. Se fletaron autobuses desde Castellón y Alicante y acudieron miembros de las comunidades educativas de los colegios La Purísima de Alzira;San Antonio de Padua y María Inmaculada de Carcaixent; Domus de Godella; El Armelar de Paterna; Nuestra Señora del Pilar, Sagrado Corazón Esclavas, San José de Calasanz, Santa Ana, Guadalaviar, La Purísima Franciscanas, Nuestra Señora de Loreto, San Vicente Ferrer Dominicos y Santísima Trinidad de Valencia;Mater Dei de Castellón y Altozano de Alicante. En algunos de estos colegios, como el Mater Dei o Guadalaviar, han perdido todas sus aulas de primero de Bachillerato y en dos cursos perderán las de segundo, lo que obligará a los alumnos a trasladarse de centro para continuar sus estudios escolares.
Las protestas quedaron plasmadas en pancartas como ‘No al decretazo, sí a la elección’, ‘Ni ideología de género ni lengua ni distrito ni supresión de conciertos. Contra la imposición, libertad de educación’, ‘Yo prefiero una educación concertada y religiosa’ o ‘El meu futur el trie jo’. Se hicieron notar sobre todo las estudiantes del Guadalaviar, que conformaron uno de los grupos más ruidosos de la manifestación. Cabe destacar, asimismo, que la marcha discurrió sin ningún problema ni con la policía ni con viandantes y turistas. De hecho, muchos valencianos se unieron a la manifestación conforme avanzaba desde la Porta de la Mar hasta la plaza de San Agustín. Fue un recorrido largo por la afluencia de participantes:duró más de dos horas.
El Parque Colegio Santa Ana de Valencia es uno de los afectados por la propuesta de planificación de la Conselleria de Educación para el próximo curso 2017-2018, que prevé eliminar 31 unidades educativas concertadas en 1º de Bachillerato. Ante la carta que recibió el colegio del conseller de Educación, Vicent Marzà, en la que se le comunicaba la supresión de una de las dos unidades concertadas de Bachiller, los alumnos decidieron responder con un vídeo elaborado por ellos mismos y subirlo a la plataforma Youtube para difundirlo.
La comunidad educativa del centro (padres, alumnos y docentes del centro) exigen libertad para elegir la enseñanza y, sobre todo, protestan ante la situación que dejará a la mitad de los alumnos de 4º de la ESO sin la opción de entrar en el próximo curso en el mismo colegio que sus amigos con los que han compartido todos los años desde que comenzaran las clases de pequeños. «De 90, solo 35 podrán ser aceptados el año que viene en 1º de Bachiller», explica para ABC uno de los alumnos.
Para este sábado, 6 de mayo, la Federación de asociaciones católicas de padres de alumnos y el sindicato USO han convocado una manifestación para reclamar a la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà que revoque el decreto de conciertos para Infantil, Secundaria y Bachiller. Una protesta a la que los alumnos de este colegio valenciano animan a sumarse con el vídeo difundido en Youtube y viralizado en las redes sociales.
Además, la Plataforma Libertad de Enseñanza 27.1, formada por diversas organizaciones en favor de la educación concertada, ha iniciado una peticion plataforma de Change.org contra el cierre de aulas concertadas en la Comunidad Valenciana, para la que ya se han recogido más de 29.000 firmas.
Link del video: blob:http://www.abc.es/4e1d0959-2a9e-4bcd-9214-d29444292117
Fuente de la noticia: http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-youtube-educacion-libre-y-concertada-video-viral-unos-alumnos-contra-decreto-marza-201705051928_noticia.html
Fuente de la imagen: http://www.abc.es/media/espana/2017/04/30/1verdu-krdB–300×168@abc.Jgp
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Uno de los puntos de polémica es el estado del edificio. Ubicado en el campus universitario de la avenida Blasco Ibáñez, el Colegio Mayor Luis Vives fue inaugurado en los años 50 del siglo pasado como residencia para estudiantes y centro cultural, informó la Agencia Efe. En un teletipo emitido el primero de mayo, la agencia añade –citando fuentes de la Universitat- que el edificio cerró sus puertas el 31 de julio de 2012 para su restauración, ya que los informes técnicos aconsejaban una reforma estructural. La denuncia cursada por la Universitat de Valencia ante la Policía Nacional subraya estas deficiencias y alerta sobre la peligrosidad del edificio. Sin embargo, los jóvenes respondieron en un comunicado que las versiones sobre la falta de seguridad y las fallas estructurales son “fraudulentas”, y se difunden “para deslegitimar nuestras acciones”. Sustentan esta tesis en las declaraciones de la Fundación Goerlich (por el nombre del arquitecto autor del colegio mayor, Javier Goerlich) y en la observación sobre el terreno de las instalaciones. Además, “se trata de un pretexto ya desmentido desde hace tiempo por algunos medios de comunicación”, concluyen fuentes de la asamblea.
Users Today : 15
Total Users : 35461779
Views Today : 24
Total views : 3422502