Desde que se inició la crisis, pese a que esta no tiene ningún origen en el gasto público, educativo o sanitario, se ha procedido a aplicar un sinfín de recortes en el gasto social con la excusa de que son medidas “necesarias para salir de la crisis”. Estos recortes han ido acompañados de un deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que hacen posible la prestación de los servicios públicos. Las consecuencias de estas políticas están siendo terribles para las familias trabajadoras, principales víctimas de este proceso generalizado de deterioro de los servicios públicos y sociales.
Agresiones contra la Educación Pública
Mientras la banca no cesa de recibir todo tipo de ayudas por parte del Estado, la Educación Pública se está enfrentando a una agresión inédita y continuada, tanto por parte de los gobiernos centrales como autonómicos. Recortes que recaen contra una Educación Pública que ya arrastraba muchas carencias del periodo de boom económico. De hecho, el Estado español nunca se ha caracterizado por tener un gasto educativo “excesivo”, más bien todo lo contrario. Datos de la OCDE referentes al año 2008 indican que el gasto educativo en España se situaba en el 4.6% del PIB, frente al 5.4% de media entre todos los países miembros de la OCDE. Ahora las cosas van a peor: el Plan de Estabilidad del gobierno enviado a Bruselas prevé que la inversión educativa caiga hasta el 3.9% del PIB en 2015.
Estamos asistiendo a un proceso de desmantelamiento de la Educación Pública. Todas las medidas gubernamentales de los últimos años están teniendo un impacto muy negativo: subida de tasas universitarias, reducción de becas, recortes presupuestarios, decenas de miles de no admitidos en FP, disminución del número de profesores, recortes salariales y laborales a las y los docentes, etc. Medidas que se vienen aplicando en todas las administraciones como lo muestra que en 2011 todas las Comunidades Autónomas recortaronsus presupuestos educativos.
En un contexto de recortes y de aumento del número de alumnos, los gobiernos autonómicos han procedido a reducir drásticamente el número de profesores. La destrucción de empleo se ha cebado en el profesorado. Los despidos de interinos y la falta de contrataciones se han generalizado. Según datos del Ministerio de Educación sobre el curso 2010-2011, los colegios e institutos públicos de Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Ceuta, han tenido 2.861 profesores menos para atender a 46.000 estudiantes más /1. A su vez, el profesorado ha visto mermados sus salarios no solo con la reducción salarial del 5% hace más de dos años, sino con las congelaciones posteriores.
Por otra parte, los docentes están asistiendo a una precarización de sus condiciones laborales y salariales. En septiembre del año pasado había cientos de funcionarios que no sabían que centro tenían asignado o las materias que iban a impartir. El aumento de horas lectivas para los profesores ha sido generalizado, lo que significa tener menos tiempo para la preparación de la asignatura. Según un informe de la OCDE, los docentes españoles imparten más horas de clase que la media de profesores de la OCDE. A su vez la masificación en las aulas va a ir en aumento dado que se ha incrementado el ratio máximo de alumnos por aula en primaria (de 25 a 30), secundaria (de 30 a 36) y bachillerato (de 35 a 42). También se reduce el número de centros de formación y asesoramiento para el profesorado, y el número de profesores de apoyo en los colegios e institutos.
Los recortes están haciendo retroceder décadas a la escuela pública. Este verano, en Galicia, la Xunta anunció que a partir del próximo curso se van agrupar a niños y niñas de 6 a 12 años en el mismo aula. En institutos madrileños se están eliminando clases por la supresión de alguna modalidad de bachillerato, en especial el de Ciencia y Tecnología. En la Comunidad de Madrid también han eliminado becas para libros, que han sido sustituidas por préstamos.
Por otra parte se está operando para segregar al alumnado según su “rendimiento” y fomentar una educación elitista. Mientras se han eliminado programas de compensatoria para alumnos con dificultades, Esperanza Aguirre, en el marco de una ofensiva neoliberal que no pretende mejorar la educación pública o la calidad del sistema educativo sino crear un sistema organizado de manera elitista donde se margine a buena parte de los estudiantes, ha promovido el llamado “Bachillerato de Excelencia”. Y para convencer a la gente de que es necesario imponer un nuevo modelo educativo se han esforzado es sembrar la desconfianza contra todo lo público. Los medios de comunicación han actuado como cajas de resonancia de esta política, exagerando fenómenos como la violencia en las aulas, sin informar de la existencia del entorno problemático, etc.
Educación infantil
Los recortes también se han cebado contra los centros de enseñanza de 0 y 3 años, donde la escasez de plazas es histórica y donde, además, nos encontramos con que la mitad de los centros son privados. El coste de las plazas públicas se ha encarecido de forma generalizada. En Murcia, País Valencia o Catalunya se han reducido las ayudas a las familias para la educación infantil; en Galicia el programa Preescolar na casa, destinado a otorgar ayudas educativas a niños de pequeños pueblos o procedentes de familias con problemas, ha sufrido un recorte de medio millón de euros y corre el riesgo de desaparecer. Por último, en enero de 2012, la Xunta anunció el incremento de las tarifas de las guarderías en un 19.2% para el curso 2012-2013.
Las familias se están enfrentando a escuelas infantiles públicas más caras, junto con un deterioro de su calidad. Un Informe del departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Madrid alerta del mal estado en el que se encuentran las escuelas infantiles madrileñas.
El concepto gubernamental de escuela infantil se basa en una mentalidad empresarial y reaccionaria: convertirlos en centros de guarda mientras duran las jornadas laborales de los padres, apostando por un modelo en el que cada padre y madre se las arreglen para pagar cada mes un servicio que debería ser público y gratuito.
Recortes contra la Universidad Pública
Los planes de ajuste y recortes están teniendo efectos dramáticos en la enseñanza superior. La política de reducir becas y subir tasas, pretende dificultar el acceso a la educación universitaria a los hijos de la clase trabajadora.
La universidad nunca se ha caracterizado por tener unas tasas y matriculas asequibles; un informe de la OCDE referente al año 2009 indica que España era el sexto país de la UE con las matriculas más caras. Nunca hemos podido disfrutar de matriculas gratuitas como sucede en países como Dinamarca, Finlandia o la Republica Checa.
La reducción de las partidas presupuestarias universitarias es generalizada. El año pasado, en Catalunya, la Universidad vio reducido su presupuesto en 400 millones de euros (un recorte del 16%); la Generalitat valenciana lo redujo en 132 millones, mientras al mismo tiempo que proyecta ceder suelo público para que se construyan centros concertados y religiosos. Además, la obsesión por el déficit ha llevado a crear un código penal económico, de forma que las universidades pueden ser sancionadas por incumplir su presupuesto. Estos recortes están asfixiando a la Universidad. La Complutense ha dejado de pagar un complemento adicional de los nominas de profesores que asciende a 300 euros, y se están planteando vender patrimonio de la propia Universidad.
Los recortes están siendo acompañaos de una brutal subida de las tasas, que ha encarecido profundamente las carreras universitarias. La Comunidad de Madrid está a la vanguardia en las subidas. El informe de Datos y cifras del sistema universitario español 2011-2012, señala que Madrid fue la segunda comunidad que más cobraba por cada crédito. Para el curso 2012-2013 van a cobrar aun más. Sin ir más lejos, en verano de 2012 el gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una espectacular subida de los créditos de másteres y posgrados públicos, algunos de los cuales pasaron de 1.500 a 4.200 euros. Estas políticas están equiparando o incluso superando el coste económico de la universidad pública respecto a la privada. La Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (Cruma) se ha mostrado contraria a la subida de tasas, y ha criticado que no haya ido acompañada de un aumento de becas. El Rector de la Complutense ha manifestado que no recuerda una subida de tasas tan alta y que estas medidas pueden tener efectos negativos relacionados con la exclusión social.
Por otra parte, la destrucción de empleo entre el profesorado no se limita a la educación infantil, primaria o secundaria, sino que afecta a todos los niveles. También estamos asistiendo a una reducción en el número de docentes universitarios por distintas vías. El gobierno paraliza las oposiciones en la universidad pública a profesores catedráticos y titulares. Pero no solo se reducen o desaparecen el número de plazas, dado que también se ha recurrido al despido. En el verano de 2012, profesores laborales fijos de la Universidad Rey Juan Carlos se enteraron que habían sido despedidos al observar sus movimientos bancarios en el cajero.
Desde el gobierno, unas veces niegan los recortes en Educación y otras veces lo justifican alegando el fracaso escolar. Frente a este “argumento” hemos de decir que no existe ninguna evidencia empírica que demuestre el hecho de que recortando el gasto público en Educación se reduzcan los niveles de fracaso escolar, aumente el rendimiento o se mejoren las notas en los expedientes académicos. De ser así la excelencia académica seria la regla en África. Por tanto, cuando se habla de fracaso escolar universitario se deben analizar muchos factores, como que haya estudiantes que estudian carreras solo por el mero hecho de que “tienen salida”, frente a otras que son de su agrado y atención, pero que son descartadas debido a que el paro es su principal salida. Por tanto, los caprichos del mercado laboral están instigando que muchos estudiantes no elijan la carrera que les gustaría. Además, no hay que olvidar que es muy común que los universitarios tengan que trabajar para poderse pagar la carrera, lo que te obliga a disponer de menos tiempo para dedicarte a los estudios.
En definitiva, el modelo económico actual incentiva las bajas cualificaciones y el fracaso escolar. La Universidad no trabaja para formar a personas con la perspectiva de satisfacer necesidades sociales, sino todo lo contrario. La educación superior se ha convertido en lo que siempre ha querido la patronal, dado que se está trabajando para formar a personas, básicamente para lo que requiera las necesidades del mercado laboral del momento. Esta situación está provocando una creciente precarización entre personas muy cualificadas, que han cumplido todos los requisitos que ha exigido el sistema, los cuales en tiempos pasados eran suficientes para poder emanciparse y comenzar una vida más digna.
Educación para el adoctrinamiento
Los recortes en Educación están siendo acompañados de contrarreformas educativas reaccionarias. El gobierno está dando pasos que, en algunos aspectos, nos retraen a la educación franquista, una prueba la encontramos en la vuelta a las revalidas y en el planteamiento de suprimir el Bachillerato de Artes Escénicas.
El poder siempre se ha esforzado en impedir que se desarrolle un pensamiento crítico en la sociedad. Aun así, las intenciones del gran capital resultan muy preocupantes. El Banco de España y la CNMV han pedido que se imparta educación financiera en colegios e institutos. La CEOE, en boca de Juan Rosell, ha planteado que, desde la guardería a la universidad, se incluya una asignatura orientada a crear futuros empresarios/2.
Se pretende instalar una educación basada en la prioridad de satisfacer el mercado laboral y que el estudiante pase cuanto antes a estar explotado en una empresa como sus padres, de forma que el alumno haya sido previamente desconectado del verdadero conocimiento cultural. Quieren educar bajo un enfoque acrítico, individualista, sumiso, competitivo, y poco reflexivo para inculcar la pasividad política y el sometimiento a la dictadura de los mercados. Tener un sistema educativo que camine hacia este objetivo es una herramienta central para poder mantener y naturalizar las injusticias y desigualdades sociales. Así, se consigue que desaparezcan aspectos de la personalidad de los individuos, mientras se interiorizan las normas sociales establecidas y el llamado pensamiento único. En definitiva se ponen obstáculos para poder desarrollar un autentico conocimiento extenso, global y crítico del mundo en que vivimos, que pueda poner en entredicho el actual sistema económico imperante. El sistema se esfuerza para que desconozcamos realmente la crudeza del mundo en que vivimos, y para que no exijamos o luchemos por cambios profundos. Pero la norma social imperante es que lo importante es que en las notas del alumno no ponga suspenso.
Además, la religión continúa sin abandonar las aulas. El ministro Wert no oculta su apoyo a las subvenciones a centros que segregan las clases por cuestión de sexo. El ministro Gallardón dijo hace unos meses que “El crucifijo en un centro público es un símbolo de paz”(3). Estas declaraciones se hacen en un contexto de escándalos que salpican de lleno a la Iglesia católica por múltiples casos de pederastia y robo de bebes. En definitiva hay buenas noticias para el Opus Dei.
Apoyo gubernamental a la Educación privada
Este es un ejemplo de que la calidad y la inversión educativa aumenta, pero de la privada a costa de los recortes. La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada ha señalado que los beneficios del sector educativo privado en 2010 alcanzaban los 674 millones de euros, y que el 58.8% de los ingresos procedían de subvenciones de las arcas públicas. Además indica un aumento de las subvenciones públicas en un 30% desde el curso 2004-2005 hasta el de 2009-2010. Mientras se han destinado mas fondos para la privada, el Ministerio de Educación ha reducido en un 90% las ayudas a AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos). Por otra parte ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) que aglutina a centros de enseñanza privada ha conseguido que en años de crisis, desde las administraciones se impulsen desgravaciones fiscales por la escolarización en estos centros e incluso se aumente el límite de renta para acceder a estas subvenciones.
Esto es posible gracias al apoyo generalizado de los gobiernos central y autonómico al sector privado. La misma Generalitat valenciana que recorta en la escuela pública, ha impulsado ceder suelo público al sector privado para que construyan centros educativos y los gestionen en régimen de concierto durante un tiempo determinado. Esperanza Aguirre ofreció el año pasado a una universidad privada, New York University, un palacio de Carabanchel del siglo XIX durante 40 años.
En la Comunidad de Madrid se han recortado las partidas en Educación, mientras existen ayudas fiscales para familias que lleven a sus hijos a la Educación privada en concepto de escolarización, clases extraescolares o uniformes. La plataforma Escuela pública de todos para todos, denuncia como en esta Comunidad entre 2006 y 2010 el presupuesto dedicado a la educación pública ha caído en un 42%, mientras que el de la privada ha aumentado un 11%. No es de extrañar que Madrid sea la segunda comunidad que más alumnos estudian en la educación privada o concertada (45.8%).
Con estos datos encima de la mesa, Esperanza Aguirre ha sugerido en más de una ocasión limitar o eliminar la gratuidad de la Enseñanza Pública. Aunque no hay que caer en el error de pensar que la enseñanza pública es completamente gratuita. La Federación Usuarios-Consumidores Independientes (Fuci) ha señalado que el curso pasado la media de gasto por alumno que tuvo que asumir cada familia, fue de 796 euros. Por su parte, la Generalitat de Catalunya anunció anunció la creación de una tasa anual para los ciclos formativos de Grado Superior. En definitiva, esto supone un ejemplo de que el repago no supone la reducción del gasto educativo, sino trasladar uno de sus porcentajes para que sea asumido directamente por los estudiantes y sus familias.
Por tanto, mientras se trabaja en favorecer a la Educación privada y concertada; se pretende impulsar educación pública masificada, de escasa calidad y cara, para hacer más atractivo el sistema educativo privado.
Criminalización de las protestas
Estos ataques contra la Educación Pública están teniendo una respuesta social muy importante. En el otoño de 2011 hubo un rosario de huelgas de profesores y estudiantes en lugares como Madrid, Galicia o Castilla La Mancha. Las movilizaciones de estudiantes contra las subidas de las tasas han marcado las protestas universitarias. Se han producido numerosos encierros de padres, estudiantes y profesores. La Huelga General en el sector del pasado 22 de mayo tuvo un seguimiento masivo. El pasado mes de octubre se produjo por primera vez una convocatoria por parte de asociaciones de padres a una huelga a la que se sumaron los estudiantes.
Estas protestas están intentando ser criminalizadas por el gobierno y la derecha. El capital a través de sus medios de comunicación no ha dudado en desprestigiar todas las luchas en defensa de la escuela pública. Dirigentes del PP como Cospedal o Esperanza Aguirre se han negado a negociar y han cargado contra la comunidad educativa. Se ha llegado a amenazar a quien vendiera camisetas verdes y se han denunciado a personas por usar estas camisetas en las últimas elecciones generales. En Madrid se han abierto expedientes sancionadores contra personas que participan en las protestas. Por ejemplo, la Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid suspendió diez días de empleo y sueldo a un director por informar a padres y alumnos de los recortes educativos y por permitir en el centro las actos reivindicativos de otros profesores. Tres profesores que denunciaron en El País que fueron obligados a impartir materias ajenas a su especialidad han sido trasladados forzosamente de centro por la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, una junta de personal denunció que un jefe de servicio de inspección se coló en una asamblea de profesores de un instituto de Guadalajara. El PP no ha dudado en cargar contra la marea verde.
Por otra parte, Esperanza Aguirre envió en 2011 una carta a miles de profesores explicándoles los recortes con faltas de ortografía. La ex presidenta ha repetido en más de una ocasión que no se han producido recortes educativos. Son famosas sus declaraciones a mediados de septiembre de 2011, cuando dijo que: “Por parte de los socialistas, IU, los sindicalistas, los indignados y los de la ceja se pretende decir que se han hecho recortes en educción y eso es total y absolutamente falso”. También dijo que los profesores trabajaban solo 20 horas a la semana, para tener que rectificar poco después. Es curioso que loscmismos que exigen reafirmar la autoridad del profesor rememorando tiempos franquistas, no dudan en atacar sus condiciones laborales.
La consejera de la Educación de la Comunidad de Madrid, Lucia Figar, llego a decir que los que acuden a las asambleas “son las mismas que en agosto insultaban y agredían a los peregrinos”(4). La actitud de esta consejera ha provocado un amplio rechazo entre la comunidad educativa. De hecho, la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, que agrupa a 200 de los 342 centros públicos de Madrid exigió el cese de Figar.
La represión policial también se ha hecho notar, y se ha intentado convertir las protestas en un problema de orden público, introduciendo el castigo penal en un conflicto social. En diciembre 2011 protestas contra el encarecimientos de las matriculas en Cataluña, se saldaron con heridos y tres detenidos. Su máxima expresión la encontramos en Valencia en febrero de 2012, con unas cargas policiales contra estudiantes adolescentes y menores de edad que protestaban por el pésimo estado de sus centros de estudio. La policía agredió a jóvenes que se quejaban de la falta de calefacción. El propio jefe de la policía valenciana se refiero a estos compañeros como “enemigos” en una rueda de prensa, mientras daba golpes con su mano a la mesa. Con esta actitud no es de extrañar que hubiera periodistas agredidos, una diputada golpeada y alumnos menores de edad detenidos. Estas jornadas de represión provocaron movilizaciones por todo el Estado en solidaridad con los estudiantes valencianos apaleados y detenidos al grito de “Yo también soy el enemigo”.
La prensa también está siendo una gran aliada para justificar los recortes y la represión. Aun no hemos visto alguna editorial crítica con los recortes, sino todo lo contrario. El ejemplo más cínico lo encontramos en La Razón, que ha llegado a utilizar su portada para intentar deslegitimar a activistas estudiantiles mediante mentiras. También se han esforzado en minimizar el impacto de las protestas, y no ha sido raro escuchar que en las protestas de profesores solo acudían liberados.
En defensa de la Educación Pública, gratuita y de calidad
La Educación no debe ser considerada como un gasto ni como una inversión, sino como un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos. Pero los problemas de recortes y falta de derechos en materia educativa se reproducen a escala mundial, mientras la mercantilización de todo lo público aumenta. Un informe de la Asociación de Universidades Europea ha señalado que en 2009 el presupuesto universitario en Lituania se recortó un -48% en 2009 y en un -18% en 2010. En Grecia la Troika tiene por costumbre exigir el cierre de centros educativos como condición de que lleguen los tramos de rescate. Por otra parte, un informe de Educación Para Todos de la UNESCO, presentado en septiembre de 2011 alertaba de que existían 67 millones de niños en todo el mundo que no podían acceder a la escuela, y se prevén 72 millones en 2015. Por tanto, el hecho de que peligre el acceso a la Educación es un fenómeno mundial.
Las respuestas sociales se están haciendo notar a nivel internacional. Las movilizaciones en Canadá contra la brutal subida de tasas universitarias han sido masivas, y fueron reprimidas con cientos de detenidos. También se han producido masivas protestas estudiantiles en Chile y Reino Unido. En Italia las reformas de la ministra Maria Gelmini han supuesto un drástico recorte del presupuesto educativo, la reducción de becas y la destrucción de empleo en el sector.
En Europa la austeridad está castigando a la Educación Pública, mientras se dispara el gasto en intereses de deuda pública. El capital ha conseguido crear un código penal económico de extrema derecha que se ha instalado en algunas constituciones, como en la nuestra. La reforma constitucional de verano de 2011 aprobada por el PP y PSOE sin consultar con nadie, deja claro que la prioridad de gasto de cualquier administración siempre debe ser el pago de la deuda, frente a cualquier otra partida presupuestaria. Esta óptica neoliberal se está aplicando en los presupuestos de forma escandalosa. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012, mientras el gasto en el pago de intereses aumentaba un 5.3%, la partida social en Educación caía un -21.9%. Para los presupuestos de 2013 se ha fijado un aumento del gasto en intereses de deuda de un 34%, hasta llegar a los 38.950 millones de euros. Pero mientras tanto el presupuesto educativo se recorta en un -12.3%, sumando un -82% desde el año 2008. Y en los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2013 ocurre prácticamente lo mismo, dado que mientras el gasto en deuda aumenta un 35.8%, se aplica un recorte del -9.3% en Educación, Juventud y Deporte. Esto significa que los poderes públicos están defendiendo y protegiendo los intereses del capital financiero, a costa de exprimir el gasto social.
Llegado a este punto es imprescindible enfocar y vincular la lucha contra los recortes al objetivo de no pagar la deuda. Esta debe ser una reivindicación central en las protestas, porque los recortes son un instrumento para pagar la deuda y porque el pago de la deuda está implicando una catástrofe social que es necesaria detener. Es importante que desde una óptica anticapitalista no olvidemos el deseo de cambio y que cuestionemos la causa y el objetivo de los recortes, que no es otro que pagar una deuda a un sistema financiero corrupto, podrido y endeudado. Si los acreedores presionan para que se tomen las medidas que garanticen el pago de la deuda, los que somos recortados debemos presionar para que no se pague esta deuda ilegitima y desestabilizadora. Los planes de de ajuste están condicionados y respaldados por una ideología dominante que solo deberían compartir los que aplican estas políticas y se benefician de ella.
En realidad no solo es necesario otro modelo educativo, sino un modelo de producción radicalmente distinto al actual, que no se base en el consumismo y en la búsqueda inmediata del máximo beneficio de una minoría a costa de la explotación de los demás. Por tanto, la lucha contra los recortes y por un cambio radical en el actual modelo educativo, no debe desligarse de la repulsa a un futuro que no queremos y a la firme defensa y perspectiva de la transformación social para garantizar la derrota del capital.
Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article7452
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