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España: El decreto de Educación Infantil enciende al sector

Almería / 12 de abril de 2017 / Por: JOSÉ LUIS PASCUAL / Fuente: http://www.ideal.es/

La Consejería de Educación asegura que habrá más plazas e inversión, pero los centros se movilizan y piden que la Junta atienda sus alegaciones

El nuevo Decreto-Ley impulsado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía con medidas urgentes para favorecer la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil en Andalucía, menores de entre cero y tres años, no ha dejado a nadie indiferente, especialmente a colectivos como Escuelas Infantiles Unidas que, secundados por sindicatos y grupos de padres y profesionales, ya han comenzado un calendario de movilizaciones que, incluso, contempla una jornada de paro parcial. Desde la administración autonómica se defiende que se garantiza la gratuidad a las familias más desfavorecidas y aumenta el número de centros y plazas ofertadas. Según las previsiones de la Consejería, el próximo curso 2017-18 casi el 50% del alumnado accederá a una plaza de forma gratuita de este servicio socioeducativo que favorece el desarrollo social, emocional e intelectual de los niños y ayuda a la conciliación laboral y familiar. La administración autonómica señala que estas novedades llegan aparejadas por el nuevo modelo de ayuda a una enseñanza que no es obligatoria, ni universal, ni gratuita. Así, a partir de ahora, cualquier centro público o privado autorizado puede adherirse al Programa de Ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil de forma que, además de garantizar la permanencia de los 1.610 centros que actualmente ofertan plazas a través del sistema público, se les abre la puerta a 600 escuelas infantiles nuevas que, hasta ahora, solo ofertan plazas privadas. Con este sistema el próximo curso habrá unas 12.000 plazas más, se llegará a más poblaciones y más familias serán beneficiarias de poder acceder a una plaza bajo las condiciones establecidas, según la Junta. Otra de las novedades es la mejora progresiva de las ayudas que se otorgan, pasando de cuatro tramos correspondientes al 100%, 75%, 50% o 25% del precio a nueve, del 100%, 80%, 70%, 60% y así sucesivamente hasta el 10%.

El objetivo es adaptarse a las condiciones socioeconómicas de las familias y llegar a aquellas con mayores necesidades. De esta manera, las familias más desfavorecidas pueden obtener una ayuda por el 100% del coste, lo que les supondría un ahorro máximo de 3.067,68 euros al año. En el caso de una familia de cuatro miembros que tengan ingresos anuales inferiores a 14.910 euros, es decir el equivalente a ingresos netos mensuales de 1.190 euros el servicio será gratuito. Igualmente, la Junta mantiene la gratuidad de esta enseñanza para las familias andaluzas con más de tres hijos matriculados en el Primer Ciclo de Educación Infantil; las víctimas de violencia de género o terrorismo; cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores; familias en riesgo de exclusión y aquellas cuya renta per cápita sea inferior al 0.5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), o del 0.75 en caso de familias monoparentales. También se establece como novedad la concurrencia competitiva como procedimiento para la concesión de estas ayudas. El criterio de priorización de las solicitudes será la renta per cápita anual de la unidad familiar y, en casos de empate, la edad del niño. Las ayudas se otorgarán a las familias, que cederán su cobro a los centros y abonarán a estos la diferencia con el precio establecido. No se trata, pues, de cheque-bebé sino de una bonificación al precio de la plaza como hasta ahora.

Los centros actuarán como entidades colaboradoras de la administración. Para ello, deberán firmar un convenio con la Consejería de Educación con las condiciones y obligaciones que asumen. Respecto a los gastos de gestión, recibirán una compensación económica en función del alumnado bonificado. El nuevo modelo también determina el precio máximo por plaza para no perjudicar a las familias, que permanece en 278.88 euros por un servicio de ocho horas y comedor, que deberán respetar los centros que participen en este programa y no superarlo en ningún caso, y un mínimo de 247.51 euros para ganar en competitividad, sin menoscabar la calidad del servicio. Los centros podrán adoptar un precio hasta un 15% más bajo en el caso del precio del servicio de atención socioeducativa.

Por otra parte, los requisitos y criterios de admisión seguirán siendo los mismos, es decir podrán solicitar plaza los representantes legales de niños cuya edad esté comprendida entre las dieciséis semanas y los tres años. Asimismo, se podrá solicitar plaza escolar para niños en fase de gestación cuando su nacimiento esté previsto que tenga lugar con 16 semanas de antelación al comienzo del curso. En el caso de que los niños no hubieran alcanzado las 16 semanas en septiembre y, por tanto, se escolaricen en fecha posterior en una plaza vacante, las familias podrán solicitar la ayuda a través de una convocatoria extraordinaria.

Un modelo que, desde la Consejería de Educación, califican de «transparente y abierto» y que era «necesario y urgente» articulando un modelo adaptado al nuevo contexto normativo y mejorando el procedimiento administrativo, siguiendo las recomendaciones tanto de la Intervención General como de la Cámara de Cuentas, para abrir la participación de todos los centros y ofrecer más plazas a las familias con las mayores garantías jurídicas. El plazo para la adhesión de los centros al ‘Programa de Ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil’ se abrirá cada año del 15 al 31 de enero. Para el próximo curso 2017-18, de manera excepcional, se establece del 30 de marzo al 7 de abril. La reserva de plaza y solicitud de ayuda para menores que ya estén recibiendo el servicio se establece del 24 de abril al 8 de mayo. Los puestos escolares vacantes se publicarán el 9 y a partir del día siguiente y hasta el 26 de mayo las familias de nuevo ingreso podrán presentar las solicitudes de admisión y solicitar la ayuda. La formalización de la matrícula será del 22 de junio al 5 de julio.

El sector de los Centros Infantiles de 0 a 3 años, conformado por Acade , Aces ,Asociación de Escuelas Infantiles Unidas y Coordinadora, denuncian, por su parte, que la aprobación del nuevo Decreto Ley y la introducción de un nuevo modelo de financiación para el curso escolar 2017-2018, supone una disminución de las ayudas a los padres y recorte de los derechos adquiridos, por lo que durante las últimas semanas se han venido concentrando tanto en la sede de la Consejería de Educación como en las diferentes delegaciones de cada provincia.

Para estos colectivos, con el nuevo Decreto menos padres recibirán ayudas, ya que al estar el presupuesto limitado, muchos núcleos familiares no van a poder optar a ellas. Ante «el enorme retraso de la Consejería en publicar el Nuevo decreto ley, este curso habrá un proceso excepcional de escolarización. El más importante para los padres que vayan a solicitar plazas y ayudas comprende entre el 10 al 26 de mayo si todo sigue su curso ya que en este periodo se solicitan las bonificaciones. Fuera de este plazo las familias tendrán opción a plaza, pero no a bonificación». Al solicitar plaza fuera del procedimiento de escolarización, avisan, podrán obtenerla en el centro solicitado siempre que cuente con vacantes, pero sin poder disfrutar de ningún tipo de bonificación ni de subvenciones.

Los padres solo dispondrán de 10 días para realizar la solicitud. Fuera de este plazo no se contemplan ayudas, ni para los que se incorporan más tarde, ni para los no nacidos después del 12 de mayo. Este hecho supone un «grave perjuicio a las familias y vulnera los derechos de los no nacidos, también para las escuelas supone un grave problema cuyas plazas de bebés se cubren cuando estos van cumpliendo las 16 semanas y dejaría aulas vacías». La conciliación de la vida familiar y laboral desaparece, según los representantes del sector, de estas ayudas, ya que si una madre o padre se incorpora a un puesto de trabajo en octubre ya no podrá obtener subvención para su hijo, lo que supone un serio problema para los colectivos de mujeres que acceden a trabajos precarios y necesitan ayudas para poder desarrollarlos. También para empleos que tienen carácter estacional, relacionados con la construcción y la hostelería.

Fuente noticia: http://www.ideal.es/almeria/201704/09/decreto-educacion-infantil-enciende-20170408230043-v.html

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Portugal: Vagas para concursos de professores superam anos anteriores

Portugal / 12 de abril de 2017 / Fuente: http://www.portugal.gov.pt

As vagas para o concurso externo extraordinário (vinculação extraordinária), concurso externo (norma-travão) e concurso interno (quadrienal) de pessoal docente foram publicadas no Diário da República.

Nestes três concursos, que terão início ainda na primeira quinzena de abril, o número de vagas disponíveis cresceu relativamente aos anteriores.

Para o concurso interno, foram apuradas 4609 vagas, o que representa um crescimento de lugares disponíveis para professores do quadro (necessidades permanentes).

Os lugares disponíveis em cada escola foram apurados na sequência de um trabalho de recenseamento detalhado, levado a cabo pelos Diretores dos agrupamentos de escola e escolas não agrupadas.

O Ministério da Educação procedeu a correções quando tal se mostrou justificável, garantindo-se desta forma uma gestão otimizada dos recursos humanos e das necessidades do sistema.

Este ano existem 443 vagas no concurso externo e cerca de 3000 vagas no concurso externo extraordinário.

O ano letivo de 2017/2018 iniciar-se-á com o corpo docente mais estabilizado e com um sistema mais ajustado às necessidades permanentes determinadas pelas escolas.

O acesso aos quadros de professores – que atualmente ocupam como contratados lugares que correspondem a necessidades permanentes – bem como a gestão rigorosa das movimentações, representa a introdução de mais justiça no sistema e o reforço do combate à precariedade.

Fuente noticia: http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/medu/noticias/20170406-medu-vagas-concursos-professores.aspx

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200.000 niños en el este de Ucrania necesitan apoyo psicosocial urgente

Kiev / Ginebra / 12 de abril de 2017 / Fuente: https://www.unicef.org

Más de 200.000 niños –1 de cada 4– que viven en las dos regiones más afectadas por el conflicto en el este de Ucrania necesitan apoyo psicosocial urgente y continuado para poder superar el trauma de más de tres años de violencia.

Los 200.000 niños que necesitan ayuda viven en las provincias de Donetsk y Luhansk, a unos 15 kilómetros de cada lado de la ‘línea de contacto’ que separa las zonas controladas de las no controladas por el gobierno, y donde los enfrentamientos son más intensos.

“El mundo se ha olvidado de esta crisis invisible en el este de Ucrania, pero cientos de miles de niños están pagando un precio muy alto que podría afectarles durante toda su vida si no cuentan con el apoyo adecuado. Necesitamos fondos urgentemente para ayudarles a superar sus traumas”, manifestó la representante de UNICEF en Ucrania, Giovanna Barberis.

Los niños que están más cerca de esa ‘línea de contacto’ han estado viviendo con el miedo y la incertidumbre causados por los bombardeos esporádicos, los enfrentamientos impredecibles y los peligros de las minas y otros artefactos sin detonar. Muchos se juegan la vida para poder ir a la escuela. Entre febrero y marzo de este año, debido a la intensificación de la violencia, 7 escuelas sufrieron daños, pero son más de 740 – 1 de cada 5 en el este de Ucrania – las que se han visto perjudicadas o han sido destruidas desde que el conflicto comenzó en 2014.

Padres, profesores, directores de escuelas y psicólogos siguen informando de cambios de comportamiento llamativos en los niños, incluso de menos de tres años. Los síntomas incluyen una fuerte ansiedad, mojar la cama, pesadillas, conducta agresiva y apartarse de sus familias y de sus comunidades.

La mayoría de estos 200.000 niños no están recibiendo la atención adecuada, ya que los servicios sociales están desbordados y carecen de fondos. Un equipo especializado de trabajadores sociales, psicólogos y profesores capacitados para este tipo de intervenciones está trabajando sin descanso. No obstante, la prolongación del conflicto hace necesaria ayuda adicional y más fondos para poder cubrir las necesidades de estos niños.

UNICEF ha hecho un llamamiento por valor de 31,2 millones de dólares (29,5 millones de euros) para ayudar a las familias y niños afectados por el conflicto en el este de Ucrania. Esto incluye 5,5 millones de dólares para servicios sociales de protección y apoyo psicosocial. Hasta la fecha, UNICEF ha recibido menos de un tercio de sus necesidades de financiación, y los programas de protección están seriamente infrafinanciados.

“Los niños no deberían vivir con las cicatrices emocionales de un conflicto. Tenemos que dar a los niños y adolescentes de Donetsk y Luhansk el apoyo que necesitan para que el día de mañana puedan convertirse en adultos sanos y capaces de reconstruir sus comunidades”, dijo Barberis. “Los niños y sus familias necesitan urgentemente la paz. Hacemos un llamamiento a todas las partes en el conflicto para que se renueven su compromiso con el acuerdo de alto al fuego firmado en Minsk para acabar con esta violencia sin sentido”.

El año pasado UNICEF proporcionó apoyo psicosocial a cerca de 200.000 niños a través de centros comunitarios de protección, equipos móviles y escuelas, a través de trabajadores sociales y psicólogos, pero la necesidad de una atención continuada está sobrepasando los recursos disponibles.

Fuente noticia: https://www.unicef.org/spanish/media/media_95531.html

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España: Educación permitirá escolarizar a los niños prematuros en función de la fecha en que debieron nacer

España / 12 de abril de 2017 / Por: Ana Arenal / Fuente: http://www.republica.com

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha preparado una instrucción para enviar en las próximas semanas a los centros educativos de Ceuta y Melilla, que es donde tiene competencias, para que los padres de niños prematuros puedan escolarizarles, a partir del curso que viene 2017-2018, ateniéndose a la ‘edad corregida’, es decir, a la que debieron nacer y no a la real. Esta medida, que es opcional para las familias, puede ser tomada como referencia por las comunidades autónomas para desarrollar sus propias normas, según han informado fuentes del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo, que ya estudiaba esta posibilidad denunciada por el Defensor del Pueblo en su último informe anual relativo a 2016.

Durante el pasado año, esta institución inició una investigación de oficio en todas las comunidades autónomas para conocer la respuesta que estaban dando a las familias con niños ‘grandes prematuros’ –los nacidos en torno a la semana 30 de gestación– tras las quejas registradas.

Numerosos padres alertaron de que las circunstancias en que se produce el nacimiento de estos niños afectan a su proceso madurativo y de aprendizaje, según numerosos documentos clínicos, y que estos problemas se agudizan, en lo que se refiere a su evolución escolar, en aquellos casos en que el nacimiento prematuro se produce en el año anterior al previsto para su nacimiento a término.

La normativa sobre ordenación académica vigente establece que los alumnos deben cumplir la edad establecida para iniciar las distintas enseñanzas dentro del año natural en que comience el respectivo curso, prescripción que, a juicio de la institución que dirige Soledad Becerril, “ya de por sí determina dificultades para los alumnos que nacen en los últimos meses del año, que resultan más notorias cuando el nacimiento en este periodo se produce de manera anticipada”.

Aragón, única comunidad que tiene en cuenta la ‘edad corregida’

Tras esta investigación, el Defensor destaca que solo Aragón tiene en cuenta esta circunstancia en los procesos de escolarización de los grandes prematuros, pues la ‘edad corregida’ es precisamente la que utilizan los médicos para valorar su desarrollo. Concretamente, esta autonomía

También, indica que tanto el Ministerio de Educación, como las comunidades de Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Murcia estudiaban esta posibilidad cuando fueron preguntadas sobre asunto, mientras que Asturias y Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana manifestaron que cuentan con mecanismos suficientes para ajustar la respuesta educativa a la situación de cada alumno.

Por su parte, Andalucía, Cataluña y País Vasco expresaron su opinión de que la aplicación de la edad corregida a efectos de escolarización en el curso correspondiente resultaría contraria al marco regulador de la admisión de alumnos, según el informe de la institución de Soledad Becerril.

Fuente noticia: http://www.republica.com/2017/04/09/educacion-permitira-escolarizar-a-los-ninos-prematuros-en-funcion-de-la-fecha-en-que-debieron-nacer/

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España: El negocio de la educación

España / www.elconfidencial.com/ 12 de Abril de 2017

Hemos entrado en la sociedad del aprendizaje, lo que ha hecho surgir una industria educativa global. El cálculo del mercado educativo es de 4,3 billones de dólares

Hemos entrado en la ‘sociedad del aprendizaje’, lo que ha hecho surgir una industria educativa global (‘Global Education Industry’). El cálculo del mercado educativo hecho por Merrill Lynch-Bank of America en 2014 era de 4,3 billones de dólares. Mucho dinero. La industria incluye muchos tipos de negocio: gestión directa de centros educativos, producción de materiales, enseñanza ‘online’, servicios de consultoría, ‘edu-marketing’, servicios de producción de test, evaluaciones, etc. Para conocer la situación actual, me parece imprescindible el estudio dirigido por Antoni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, gran experto en el tema (Verger, A., Lubiensky, C. y Steiner-Khamsi, G. ‘World Yearbook of Education 2016: The Global Education Industry’.Nueva York: Routledge). El hecho de que se mercantilice una parte de la educación despierta muchos recelos. Sobre todo en lo referente a la educación pública. Es un momento oportuno para tratar el tema que saldrá a relucir en los debates sobre el pacto educativo, ya que es uno de los asuntos de discordia permanente, como expusimos en los ‘Papeles para un pacto educativo’.

Existe un movimiento para favorecer la entrada de la iniciativa y el capital privados en los sistemas públicos de enseñanza. Se habla de un Global Education Reform Movement (GERM) (‘Global education ‘reform’ building resistance and solidarity‘), caracterizado por la estandarización generalizada, el pago por resultados, la competición, la capacidad de elección, y la privatización. Grandes empresas están invirtiendo en la industria educativa. La mayor de ellas, Pearson, que vendió recientemente su participación en el ‘Financial Times’, por 1.183 millones de euros, y su participación en ‘The Economist’, por 658 millones de euros, para dedicar toda su potencia financiera al sector educativo. Las grandes compañías de informática —Microsoft, Apple, Cisco, Samsung, IBM, Google— están invirtiendo también fuertes sumas en educación.

El hecho de que se mercantilice una parte de la educación despierta muchos recelos. Sobre todo, en lo referente a la educación pública

Hemos entrado en la ‘sociedad del aprendizaje’, lo que ha hecho surgir una industria educativa global (‘Global Education Industry’). El cálculo del mercado educativo hecho por Merrill Lynch-Bank of America en 2014 era de 4,3 billones de dólares. Mucho dinero. La industria incluye muchos tipos de negocio: gestión directa de centros educativos, producción de materiales, enseñanza ‘online’, servicios de consultoría, ‘edu-marketing’, servicios de producción de test, evaluaciones, etc. Para conocer la situación actual, me parece imprescindible el estudio dirigido por Antoni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, gran experto en el tema (Verger, A., Lubiensky, C. y Steiner-Khamsi, G. ‘World Yearbook of Education 2016: The Global Education Industry’.Nueva York: Routledge). El hecho de que se mercantilice una parte de la educación despierta muchos recelos. Sobre todo en lo referente a la educación pública. Es un momento oportuno para tratar el tema que saldrá a relucir en los debates sobre el pacto educativo, ya que es uno de los asuntos de discordia permanente, como expusimos en los ‘Papeles para un pacto educativo’.

Existe un movimiento para favorecer la entrada de la iniciativa y el capital privados en los sistemas públicos de enseñanza. Se habla de un Global Education Reform Movement (GERM) (‘Global education ‘reform’ building resistance and solidarity‘), caracterizado por la estandarización generalizada, el pago por resultados, la competición, la capacidad de elección, y la privatización. Grandes empresas están invirtiendo en la industria educativa. La mayor de ellas, Pearson, que vendió recientemente su participación en el ‘Financial Times’, por 1.183 millones de euros, y su participación en ‘The Economist’, por 658 millones de euros, para dedicar toda su potencia financiera al sector educativo. Las grandes compañías de informática —Microsoft, Apple, Cisco, Samsung, IBM, Google— están invirtiendo también fuertes sumas en educación.

El hecho de que se mercantilice una parte de la educación despierta muchos recelos. Sobre todo, en lo referente a la educación pública

Los contrarios a este enfoque consideran que gestionar la educación con criterios empresariales va en contra de la educación como bien público. Las raíces del GERM están en la política educativa de Margaret Thatcher. Uno de sus ministros de Educación, Keith Joseph, dividía la sociedad en “productores de riqueza” y “consumidores de riqueza”, y consideraba que la educación pública era “consumidora de riqueza” (‘wealth consumer’). La gran reforma en 1986, hecha por el ministro Kenneth Baker, trataba de introducir en la escuela los mecanismos fundamentales del mercado: libertad de elección y competencia. En principio, se trataba de mejorar la eficiencia en el empleo de recursos públicos, y de reducir la presencia del Estado. Es el modelo defendido por los políticos neoliberales.

La idea de educación pública como un sistema que debe regirse por reglas de eficiencia copiadas del mercado (libertad de elección y competición) quedó incluida dentro del movimiento de la Nueva Gestión Pública. En todo el mundo se extiende la idea de que el Estado absorbe una cantidad creciente de las rentas de una nación y es ineficiente y despilfarrador. La Nueva Gestión Pública pretende mejorar el sector público introduciendo sistemas de gestión empresarial. La escuela entraba dentro de este modelo.

Educación como supermercado

Esta política educativa cuenta con el apoyo de organismos económicos internacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, lo que ayudó a pensar en una conspiración capitalista en contra de la escuela pública, que siempre ha tenido como objetivo la igualdad y la cohesión social. Los defensores de la gestión estatal de la escuela pública consideran que el pensamiento neoliberal ha contaminado las políticas educativas, y que incluso gobiernos socialistas como el de Tony Blair consolidaron la idea de educación como un supermercado, abriendo paso a una serie de escuelas en competición: ‘religious schools’, ‘private schools’, ‘grammar schools’, ‘specialist schools’, ‘beacon schools’, ‘church schools’, ‘foundation schools’, ‘academies’, etc.

Para hacer más complejo el panorama, hay un gran movimiento, en el que participan el FMI, el BM, la OCDE, la Unesco, Unicef, que defiende la cooperación de las administraciones públicas con las organizaciones empresariales y con las organizaciones ‘non profit’ para mejorar las prestaciones educativas. Parten de la constatación de que muchos estados van a tener dificultades para dedicar a la educación la financiación necesaria y sería conveniente canalizar hacia la educación capital financiero, y también capital intelectual, investigador, organizativo. Eso ha producido el interés por las asociaciones público-privadas en educación (Internacional de la educación: ‘Asociaciones público-privadas en educación’. La Internacional de la educación es una federación sindical mundial que engloba a 30 millones de docentes). Este estudio analiza las variadas formas de cooperación.

Unas son contratos entre el Estado y organizaciones privadas; y otras, las llamadas Asociaciones de Actores Múltiples para la Educación (MSPE), en las que distintos agentes se unen para un proyecto educativo común. Los partidarios de la gestión estatal del sistema educativo piensan que la privatización de la enseñanza lleva inevitablemente a la segregación por razones económicas, y por lo tanto al fracaso de la función social del sistema. Además, al ser un negocio, consideran que las plusvalías que se llevan los empresarios detraen fondos de la educación. Los partidarios de la privatización argumentan que la gestión privada —no funcionarial— es más eficiente, que la libre competencia entre escuelas las exige mejorar continuamente, y que dejar al Estado la gestión de la educación es peligroso porque puede convertir la escuela en herramienta de adoctrinamiento.

En España, desde los gobiernos de Felipe González, hay un sistema de conciertos entre la escuela pública y escuelas privadas. La ley establece condiciones muy estrictas: la admisión de alumnos debe seguir la misma normativa que los centros de gestión pública, la enseñanza debe ser totalmente gratuita y las actividades, tanto docentes como extraescolares y de servicios, no podrán tener carácter lucrativo, y será necesaria la previa autorización de la administración educativa de las cantidades a percibir. Es posible que la laxitud de algunas administraciones haya permitido que la ley no se cumpla escrupulosamente, pero eso a mi juicio no invalida la ley.

Conviene dejar claro que la responsabilidad del Estado es proteger la calidad y equidad de la educación, favoreciendo la igualdad

Lo que conviene dejar claro es que la responsabilidad del Estado es proteger la calidad y equidad de la educación, favoreciendo la igualdad de oportunidades. Para conseguir este objetivo, hay que tener en cuenta que no basta la calidad de las escuelas, porque la procedencia socioeconómica de los alumnos tiene un peso enorme en los resultados educativos. Por eso, el sistema de educación básico debe esforzarse en compensar las diferencias iniciales. Eso implica que una buena educación va más allá de un buen conjunto de escuelas. Incluye el apoyo a las familias, la especial ayuda a las zonas educativamente deprimidas, los sistemas de apoyo a los alumnos con necesidades especiales, la cobertura educativa de todo el territorio, la coordinación con empresas para la formación profesional, el enlace con los municipios, el control de la calidad de la enseñanza, los criterios de capacitación del profesorado, etc.

Estas funciones deben ser realizadas por la Administración pública, garante de que se cumpla el derecho a una buen educación. El miedo a un Estado adoctrinador tiene que disminuir en un sistema democrático. Aun así, deben perfeccionarse las instituciones que defiendan la calidad y la equidad de la educación. El Consejo Escolar del Estado debería ampliar sus funciones, y respecto a los programas educativos, he defendido que debería haber un organismo independiente —con funciones semejantes a las que tiene el Banco de España respecto de las políticas monetarias— para estudiar y proponer los mejores currículos en cada momento.

Un plan de cinco puntos

Para cumplir sus obligaciones, el sistema educativo público debe atraer el máximo de energías financieras o intelectuales, siempre que esa ayuda exterior no sirva como pretexto para reducir los presupuestos de educación. Dentro de ese marco y cumpliendo estrictamente la ley de conciertos (igualdad en los criterios de admisión, gratuidad absoluta, y carácter no lucrativo de las actividades extraescolares), puede ser bueno para el funcionamiento de todo el sistema que la educación pública se desarrolle en centros de gestión estatal y centros de gestión privada. Para ello, los conciertos tienen que cumplir las siguientes condiciones:

1.– Que los centros que aspiran a un concierto aporten recursos personales y financieros al sistema público. Así lo hacen, por ejemplo, los centros privados que aportan sus instalaciones.

2.– Que aporten modelos educativos interesantes para el sistema público, y experiencias innovadoras que faciliten la pluralidad pedagógica de los centros.

3.– Que suplan la acción del Estado en zonas que no estén debidamente escolarizadas.

4.– Que actúen con transparencia total para permitir la comparación entre dos sistemas de gestión, lo que siempre es una experiencia interesante.

5.- Que favorezcan la libertad de elección de los padres.

Lo verdaderamente importante en el sistema educativo son nuestros alumnos. Todo aquello que facilite, mejore, amplíe, fortalezca su educación, en todos los niveles y en todas las dimensiones, debe ser acogido con alegría. Y, por supuesto, evaluado con todo rigor y objetividad.

Fuente:http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2017-04-11/educacion-publico-privado-mercado_1364722/

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Luchar contra el ‘bullying’ en los centros educativos: el modelo finlandés Kiva

Por: Marta Sabadell

La presentación del Plan Estratégico de Convivencia Escolar por parte del Ministerio ha puesto de manifiesto la necesidad de prevenir y erradicar la violencia en las aulas. La orientadora profesional Marta Sabadell explica en qué consiste el acoso escolar y cómo funciona uno de los programas con más recorrido, el modelo finlandés Kiva

Actualmente, y a lo largo de toda la historia educativa, el acoso escolar ha sido y sigue siendo un hito importante a resolver. Según la ONG Save The Children [1], un 9,3% de los estudiantes ha sufrido acoso escolar en los dos últimos meses. Sin embargo, las acciones para trabajar la seguridad del ambiente escolar quedan lejos de las respectivas necesidades. Además, actualmente, el acoso escolar ha ampliado sus fronteras, repercutiendo, mediante el ciberacoso, en el ambiente familiar de las víctimas.

Los centros educativos son uno de los principales, pero no el único espacio de desarrollo del acoso escolar. Además, son parte de la solución, lidiando y previniendo de forma efectiva este tipo de violencia.

Pero para hacerlo, es necesario entender que el acoso escolar puede definirse como un comportamiento agresivo y sistemático contra una persona que tiene dificultades para defenderse. De esta forma, el bullying se da de forma repetida, intencionadamente y siempre jugando con la diferencia de poder de las personas involucradas, comportando consecuencias a largo plazo. Como comentan Christina Salmivalli y Kätlin Peets [2], las víctimas de acoso escolar sufren numerosos problemas de salud mental en la edad adulta, como la depresión.

Así pues, es importante diferenciarlo de un conflicto, pelea o malentendido que puede darse de forma puntual, sin intencionalidad ni diferencia de poder.

El Programa Kiva

El Ministerio de Educación de Finlandia financió el Programa Kiva, un programa anti acoso escolar diseñado por la Universidad de Turku que trabaja mediante diferentes acciones:

Acciones universales dirigidas a la prevención del acoso escolar ayudando a los alumnos a identificar sus emociones, a apoyar a las víctimas y trabajar la empatía, entre muchos otros objetivos que permiten conseguir un ambiente escolar más seguro.

Acciones concretas, mediante el equipo Kiva (compuesto por profesionales del centro), para resolver aquellas situaciones en las que se puede considerar que se da acoso escolar.

El programa presenta otras acciones, con las familias y de seguimiento con los centros, que permiten hacer un registro de todas las situaciones de bullying y seguir trabajando para disminuir los casos de acoso escolar así como minimizar las consecuencias negativas de éste.
Se trata de una iniciativa que se ha desarrollado en el 90% de los centros escolares de Finlandia, desde el año 2009, y que ha demostrado tener un impacto muy positivo en la percepción de los alumnos respecto a la seguridad del clima escolar, en la disminución de casos sospechosos de bullying y en la identificación de las emociones y las competencias socioemocionales de los escolares.

Actualmente, en España se está implementando en algunos colegios para dar respuesta a la situación de acoso escolar que se da en todos los centros educativos. Es importante saber que no es la única acción que se está haciendo en este sentido. Recientemente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha activado algunas acciones como por ejemplo el teléfono contra el acoso escolar, que funciona los 365 días del año atendiendo a todas aquellas personas que tengan conocimiento de situaciones de acoso en el entorno escolar.

Seguir trabajando en la implementación de programas efectivos en la lucha contra la violencia escolar, así como ofrecer acciones específicas y sistemáticas a los centros, puede contribuir a la reducción del acoso escolar y la minimización de los efectos negativos de este fenómeno.

[1] Calmaestra, J., Escorial, A., García, P., del Moral, C., Perazzo, C., & Ubrich, T. (2016). Yo a eso no juego. Bullying y cyberbullying en la infancia. Madrid: Save the children España.

[2] Salmivalli, C i Peets, K citado en Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Laursen, B. (Eds.). (2011). Handbook of peer interactions, relationships, and groups. Guilford Press.

Fuente:http://www.educaweb.com/noticia/2017/04/05/luchar-contra-bullying-centros-educativos-10607/

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España: Pobre 10 por ciento

Por: Luis Gancedo

La OCDE, nada sospechosa de practicar el populismo neochavista, alerta sobre la creciente desigualdad en España y nos saca los colores con datos como estos: el 10% de la población más pobre recibe el 5% de las transferencias sociales, mientras que el 10% más rico obtiene el 20%. Sabíamos que el paradigma neoliberal había calado hondo en el sistema tributario, estableciendo como dogma que en tiempos de globalización y migraciones libérrimas del dinero conviene reinterpretar y suavizar eso que dice la Constitución acerca de que el modelo impositivo debe basarse en criterios de capacidad de pago y progresividad: que pague más quien tenga más.

Los gobiernos de Occidente (incluidos los socialdemócratas) se han inclinado así hacia la imposición indirecta (subir el IVA antes que el IRPF), a dar un trato preferente a las rentas del capital (frente a las del trabajo) o a avanzar hacia la extinción de los tributos sobre la riqueza (sucesiones o patrimonio), a menudo a través del descrédito social de esas figuras, permitiendo que muchos de los más acaudalados las esquiven y estimulando por ello la indignación de las clases medias. A la par, se abrió paso la teoría hacendística según la cual para redistribuir la riqueza resulta mucho menos efectivo actuar sobre los ingresos (cobrando más a quien más tiene) que hacerlo con el gasto (orientándolo mejor hacia los colectivos con mayores necesidades).

Así que ya sabíamos que casi todos, pero muy especialmente los más ricos, pagan menos impuestos que, por ejemplo, en los años 60 del pasado siglo, cuando en Europa los tipos marginales del IRPF superaban el 70%. Ahora nos escandalizamos con el 48% de algunas regiones, y ciertas formas de populismo tributario (‘El mejor lugar para el dinero es el bolsillo de los ciudadanos’, rezan los argumentarios del PP) nos empujan a escandalizarnos también por la presión fiscal en España, aunque equivalga escasamente al 35% del PIB y esté siete puntos por debajo de la media europea.

Ahora sabemos por la OCDE que el modelo fiscal español también tiene problemas claros de equidad por el lado del gasto. A vuela pluma cabe conjeturar que el hecho de que el 10% más rico reciba el 20% de las transferencias sociales puede estar ligado a las pensiones (las de jubilación de las personas con rentas o patrimonios altos son más elevadas porque lo fueron también los salarios estando en activo, a menudo como directivos de empresa). Quizá ese dato recoja igualmente los efectos de ciertos repartos indiscriminados de ayudas que hay o ha habido a cargo del erario público: ventajas fiscales para vivienda que no tienen en cuenta el nivel de renta, ayudas por nacimiento de hijos que tampoco miran si los padres son altos ejecutivos o parados y copagos sanitarios que son iguales para quienes gana 18.000 al año y quienes ingresan 100.000.

Lo que nos dice la OCDE hace muy recomendable auditar el destino del gasto social para corregir el rumbo si es necesario. La misma organización nos da una pista: la renta de los hogares jóvenes se hundió el 22% desde 2011. Un socialdemócrata de los de antes de la Tercera Vía diría que también conviene revisar el mantra neoliberal de los impuestos.

Fuente:http://www.diariodeibiza.es/opinion/2017/04/08/pobre-10-ciento/908153.html

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