Europa

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Suiza: Demandas del movimiento sindical al Foro sobre Financiación del Desarrollo de la ONU

Noticias

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha hecho públicas sus demandas al Foro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) sobre Financiación del Desarrollo (FDD) con vistas a lograr una recuperación y resiliencia de la economía en el futuro.

El evento reúne a jefes de Estado y de Gobierno, ministros y funcionarios de alto nivel. Considerará posibles soluciones sobre financiación para una recuperación de la COVID-19 y con vistas al desarrollo sostenible de aquí a 2030.

En el informe ‘Financiar la recuperación y construir la economía del futuro’, la CSI reclama que un Nuevo Contrato Social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) figuren como elementos centrales en la planificación económica post-pandemia, con:

  • inversión en creación de empleo;
  • empleos respetuosos con el clima;
  • ampliar la protección social universal; y
  • apoyar el papel de los interlocutores sociales para conformar medidas sostenibles para la recuperación y la resiliencia.

Empleos decentes, respetuosos con el clima

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, declaró: “El apoyo al empleo debería seguir revirtiendo las consecuencias económicas y sociales de la crisis hasta que se derrote la pandemia.

“Necesitamos un acceso universal a pruebas, tratamiento y vacunas. Necesitamos estrategias y políticas públicas que garanticen la creación de empleos decentes y respetuosos con el clima, acompañados de medidas justas de transición con el fin de garantizar que nadie se quede atrás en los procesos de transformación industrial”.

Las medidas de recuperación y resiliencia deberían financiarse mediante:

  • el alivio de la deuda y el aumento de la ayuda pública para el desarrollo destinada a los países en desarrollo, que les permita gestionar las respuestas a las crisis;
  • esfuerzos de movilización de recursos a través de una fiscalidad progresiva a nivel nacional, que se complemente con el fortalecimiento de la cooperación internacional para poner fin a la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, tales como un piso impositivo mínimo para todas las corporaciones empresariales, un impuesto sobre los multimillonarios o sobre el patrimonio y una tasa sobre las transacciones financieras.

“La respuesta a la crisis ha de apoyarse en la implicación de los interlocutores sociales para recobrar la confianza en las instituciones y contribuir a establecer políticas equitativas.

Necesitamos un nuevo modelo de gobernanza mundial para corregir los actuales desequilibrios de poder y la desigual distribución de riqueza a nivel internacional. Un sistema multilateral realmente inclusivo, donde se tenga en cuenta a los interlocutores sociales y éstos tengan voz, podría marcar la diferencia y allanar el camino hacia la resiliencia global”, añadió Sharan Burrow.

Fuente e imagen: pressenza

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Entrevista a Joan-Ramon Laporte catedrático emérito de Farmacología de la UAB: “Las agencias del medicamento son una invención del capitalismo neoliberal de los años noventa”

Entrevistas

Por:  Mar Calpena 

Joan-Ramon Laporte (Barcelona, 1948) lleva más de media vida dedicado a estudiar los medicamentos. Cómo se prescriben, vigilan y retiran y, sobre todo, qué efectos tienen. Lo ha hecho desde la docencia, enseñando farmacología en la UAB; desde la sanidad, dirigiendo la unidad sobre el tema del Hospital de la Vall de Hebrón, y desde la investigación, en la Fundació Institut Català de Farmacologia. Pero también lo ha hecho, cuando ha sido necesario, desde los juzgados, enfrentándose a los goliats de la industria del medicamento. Entre el alarmismo de los antivacunas, y los intentos de calmar a la opinión pública de los gobiernos, Laporte ofrece una tercera vía crítica y razonada que tranquiliza, pero que también conmina a vigilar y fiscalizar atentamente lo que está ocurriendo.

¿Qué ha ocurrido con AstraZeneca? ¿Qué errores nos han traído hasta aquí?

No sé si podemos hablar exactamente de “errores”, aunque naturalmente los hay, porque, cuando en una decisión compleja participa tanta gente, los hay necesariamente. Lo que ha ocurrido es que en el curso del uso masivo de la vacuna de AZ ha surgido lo que se llama una “señal de farmacovigilancia”, es decir, un indicio de que esta vacuna muy raramente puede estar produciendo unas trombosis de localizaciones atípicas. El 30 marzo, la EMA explica esto en una  conferencia de prensa, y dice que era raro, y que no tenía claro que pudiera estar causado por la vacuna. En la segunda conferencia de prensa, la del día 7 de este mes, dice que continúan pensando que es raro, pero que sí creen que puede estar causado por la vacuna. En marzo había veintitantos casos notificados como posibles efectos adversos. El día siete teníamos 86, 62 de venas del cerebro y 24 de venas abdominales, y había 40 muertos. El primer día, cuando dijeron que habían encontrado esta señal, lo que se hace habitualmente en farmacovigilancia es confeccionar una tabla muy sencilla en la que en cada línea hay un paciente, con sexo, edad, país, fecha de vacunación, cuándo aparecen los síntomas, patologías previas, antecedentes, medicación y un resumen del cuadro clínico, porque a veces lo que ocurre es que buscando la señal de una medicación en el cuadro puedes ver que tiene relación con otra, y puedes establecer similitudes y diferencias entre casos. A mí me pareció muy extraño que el 30 de marzo no se presentara esta tabla. Una semana después, siguen sin presentarla. En mitad de la rueda de prensa la EMA dice que ha analizado estos 86 casos, pero que en la base de datos de farmacovigilancia de la propia EMA, a cuatro de abril, es decir tres días antes, tenía no 62 sino 169 casos de trombosis en el cerebro, y no 24 sino 53 en el abdomen. Y uno se pregunta, ¿y por qué no os habéis mirado todos estos casos? ¿Acaso no tiene suficiente personal la EMA? Sabiendo como funcionan los sistemas de farmacovigilancia por dentro sé que si hay 220 casos en la base de datos de la EMA significa que habrá más en camino.

Lo cierto es que todo el sistema va con retraso, y hace que no sepamos en la práctica cuántos casos hay a día de hoy

¿Cómo se reportan estos casos?

Imagínate a un médico que está trabajando en un hospital, pongamos que catalán, en urgencias y le llega una persona a la que han vacunado con un cuadro de trombosis rara. Busca cómo notificarlo al Centre de Farmacovigilància de Catalunya, y encuentra un formulario en el que se le piden los detalles clínicos para poderlo evaluar. Allí preguntan todo esto que decía, de manera anónima, qué ha pasado con el paciente, si se le ha dado de alta, ha ingresado, ha muerto… para saber si la reacción ha sido grave o no. Al rellenarlo, probablemente no tiene aún toda la información, de manera que no siempre los casos se notifican de inmediato. Por definición, siempre se da infranotificación. Normalmente se notifican menos de un 5%, por distintas razones: en este caso se ha hablado mucho de estos efectos, pero antes de que se conociera esta señal, igual el médico no ataba cabos y no lo relacionaba con la vacuna, porque no se parece a los efectos atenuados de la covid. A veces, por egoísmo, hay quien se lo guarda para publicar el caso en una revista, que es algo que, en mis treinta o cuarenta años de experiencia en farmacovigilancia, me temo que he visto en varias ocasiones. Hay muchos motivos. Pero si bien es cierto que se notifica poco, también lo es que cuando estas señales se notifican, la tasa de notificación aumenta porque muchos profesionales atan cabos. Por otra parte, hay un retraso, porque me comentaron que, por ejemplo, en el Centre de Farmacovigilància de Catalunya en el primer trimestre del año recibieron tantas notificaciones como en todo 2020.

¿Por qué el retraso y por qué el baile de cifras?

El Centre de Farmacovigilància de Catalunya está seriamente infradotado de personal, sobre todo desde la época de los recortes en la crisis anterior. Y algo parecido ocurre en toda la Unión Europea: se han desmantelado y debilitado los centros regionales que suponen la columna vertebral del sistema, y que ayudan a tener proximidad con el prescriptor del medicamento, porque muchas veces las notificaciones se reciben en forma de pregunta a ellos por parte de los médicos. Cuando llegan los casos hay que mirarlos uno por uno y deben notificarse a la Agencia Española del Medicamento para una base de datos común. Lo cierto es que todo el sistema va con retraso, y hace que no sepamos en la práctica cuántos casos hay a día de hoy. ¿Cambia esto mucho las cosas? Supongo que no. Seguimos hablando de un riesgo muy raro. Por poner una comparación: si vas y vuelves de trabajar cada día del año en coche, 220 días al año, durante 40 años, son 17.600 viajes en coche. Es seguro que en cuarenta años algún accidente tendrás, incluso con heridos, pero no por esto la gente deja de ir en coche. Y estamos hablando de un, dos o tres accidentes en casi 18.000 desplazamientos. Con la vacuna hablamos de uno por cien mil o uno por cincuenta mil, es decir, mucho menos que muchos otros riesgos cotidianos.

¿Era de esperar que surgieran efectos adversos?

Sí, lo era. Yo pronostico que cuanto más pase el tiempo irán surgiendo menos, pero que aún surgirán, o que lo harán con las que ya se administran, o con la de Johnson, o la de Novavax, o la rusa. Eso era previsible, lo que por desgracia no sabemos es cuáles serán estos efectos en concreto. Para eso sirve la farmacovigilancia.

¿Qué cree que pasará con las segundas dosis de AZ?

Se están hablando de varias opciones, desde dar una segunda dosis de otra vacuna hasta dejar a los vacunados con solo una. Los efectos adversos se están viendo después de la primera, pero más importante aún es que una sola dosis sigue dando una protección de un 70, 75%, así que los que han recibido la primera dosis ya han hecho lo más importante.

En varias entrevistas le he oído decir que estamos haciendo un experimento observacional masivo. ¿Le preocupa que los antivacunas saquen esta frase de contexto?

No, no, eso no se les puede negar, es un experimento observacional masivo y de escala global, y quizás a escala regional, nacional y europea hubiéramos debido adoptar mayores precauciones, reforzando el sistema de farmacovigilancia, formando mejor a los profesionales sobre cuándo y cómo notificar, porque a sanitarios que ya están al límite de trabajo no les puedes pedir que notifiquen todo lo que pase. Desatenderían a los pacientes.

¿Entonces es la farmacovigilancia lo que nos tiene que preocupar, más que las vacunas en sí?

¡Desde luego! Hay un problema con la normativa europea de farmacovigilancia. Hay una directiva de 2010, que entró en vigor en 2011, y que va muy ligada al debilitamiento de los centros regionales que comentaba. Para todos los medicamentos, nuevos y viejos, esta farmacovigilancia depende de dos fuentes: la notificación espontánea de efectos adversos, que se hace desde los años sesenta, con la talidomida, y que consiste en que sanitarios y pacientes puedan comunicar reacciones sospechosas, como en el caso de las trombosis de AZ. Es una fuente que permite descubrir cosas, pero no puede cuantificar riesgos de manera precisa. La otra pata del sistema son los sistemas de gestión de riesgos, una serie de estudios que se hacen con los primeros consumidores de un nuevo medicamento para ver qué pasa y si funcionan igual que en el ensayo clínico. Estos planes se encargan a las propias farmacéuticas, ¡y esto es poner al lobo a guardar el rebaño! Porque de esto no se habla: con las señales de trombos, AZ no ha aportado ningún dato, todo lo que se sabe es por la notificación espontánea. Es más, si vas a la web de la EMA, y miras el documento oficial de autorización de todas las vacunas contra la covid, allí queda claro que el plan de seguimiento de seguridad de las vacunas está en manos de cada compañía, pero no hay ninguna lista de los estudios que hará cada una de ellas, ni de sus protocolos: es algo secreto y opaco. Se han hecho estudios sobre el impacto de esta directiva desde que entró en vigor, y lo que se demuestra es que las farmacéuticas no cumplen con los plazos en más de la mitad de los casos. Estos estudios suponen un enorme movimiento de dinero: un informe alemán contaba que en cinco años las farmacéuticas pagaron más de 200 millones de euros a médicos para que participaran en estos estudios, sin que produjeran ni un solo resultado que fuera al sistema alemán de farmacovigilancia. ¡Utilizan la farmacovigilancia para promover la prescripción del medicamento! ¡Pagan a cada médico participante por cada paciente al que se le prescriba! Eso la EMA lo sabe perfectamente y no hace nada al respecto. De 2000 a 2010 se retiraron del mercado unos treinta medicamentos por razones de seguridad, desde que entró en vigor la directiva en 2011 se han retirado solo uno o dos.

El fabricante, aunque tenga unas indicaciones limitadas, luego las supera a golpe de marketing para que se recete para otras muchas cosas

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué rol tiene la EMA?

La EMA, como todas las agencias del medicamento, es una invención del capitalismo neoliberal de los años noventa. Antes la autorización la hacía, en España, la Dirección general de farmacia del Ministerio de Sanidad, u organismos similares en otros países, cercanos al sistema de salud. En los ochenta y noventa, aparecieron estas agencias como un modo más eficiente –que es una palabra que gusta mucho al capitalismo– de evaluar los medicamentos. Ellos dicen, “no, lo que nosotros hacemos es regular el mercado; no regulamos el uso del medicamento en el sistema sanitario”. Y esto es una gran trampa. Porque la mayoría de los efectos indeseados de los medicamentos en general, no hablo del caso de las vacunas, los tienen medicamentos innecesarios, que el paciente realmente no necesita tomar. Y cuando se lo dices a la EMA, esta responde que no es su función mirar si un medicamento se usa bien o mal, dicen que ellos se limitan a decirle al fabricante si puede o no comercializarlo y en qué condiciones, con qué indicaciones. El fabricante, aunque tenga unas indicaciones limitadas, luego las supera a golpe de marketing para que se recete para otras muchas cosas. Esto pasa con la gabapentina y la pregabalina, por ejemplo. Esto es una corrupción del propio sistema.

¿Podemos vacunarnos confiados, pese a todo?

Sí. Al menos, tan confiados como salimos de casa pensando en que nos va a caer una maceta en la cabeza. Pero claro, no nos dan datos en detalle, pero sí que nos dicen que la mayoría de casos son de mujeres menores de sesenta años. ¡Si yo fuera una mujer menor de sesenta pediría explicaciones, claro! A mí lo que me extraña es que con la capacidad de la EMA no sean capaces de analizar y explicarnos con más detalles los casos. No han hecho los deberes.

¿Qué le parece el discurso de que hay unas vacunas mejores que otras?

No, no se puede afirmar que ahora haya unas vacunas mejores que otras. Sí que seguramente se determinará con el tiempo que algunas son más adecuadas para determinados grupos de población, pero ahora mismo no hay estudios comparativos entre vacunas que nos permitan decirlo. Pero probablemente las vacunas que tengamos el año que viene sí que sean mejores que las actuales.

¿Por qué la UE no ha levantado todavía las patentes?

(Ríe) No lo sé, pregúntaselo a ellos. A mí me parece escandaloso.

…pero ¿cuál es el mecanismo?

En 1995, al crearse la Organización Mundial del Comercio (OMC), que sustituía a la Ronda Uruguay y al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) se establecieron unas normas para el comercio internacional mucho más favorables a los países ricos que contaban con tecnología, que naturalmente son tecnologías patentadas. La OMC, que es mucho más poderosa que la ONU o que la OMS, es quien determina muchas cosas importantes para la salud del ser humano, porque desde su creación, con los tratados que regulan la propiedad intelectual, se prevé que las patentes sobre medicamentos tenga la misma validez que las patentes sobre cualquier otro bien de consumo. Cuando alguien patenta un medicamento tiene veinte años de margen para venderlo en exclusiva al precio que considere oportuno, lo que va contra la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, organismo del que se supone depende la OMC. Si alguien tiene el poder de vender un medicamento en exclusiva durante veinte años hará cuanto esté en su mano para esconder todas las informaciones negativas al respecto y para exagerar sus ventajas. Si además los Estados no controlan la publicidad que puedan hacer, nos dejan en manos de gente que vende cosas a sabiendas de que pueden afectar la salud. En 2001 se habilitaron mecanismos de emergencia para expropiar temporalmente estas licencias, después del enfrentamiento entre Sudáfrica y los fabricantes de antiretrovirales, pero no los ha pedido activar ningún país. Podría entender que España no lo haya pedido ella solita, pero ¡no lo hace tampoco la Unión Europea! Los Estados Unidos y la UE siempre se oponen a ello, anteponen la salud de sus empresas a la de las personas.

¿Podemos fiarnos de la farmacovigilancia que se hace con las vacunas rusas y chinas?

Se dice mucho que los ensayos clínicos de estos países no siguen los estándares occidentales, pero esto tampoco es cierto del todo. ¡También en nuestros ensayos clínicos hay maneras de cometer fraudes! Me viene a la cabeza un antiinflamatorio, el Vioxx, que Merck finalmente retiró del mercado. Con los antidepresivos se han producido fraudes escandalosos, y abusos enormes. Tenemos que quedarnos con la idea de que hay que estar muy atentos, porque también aquí se hacen trampas. Pero los datos que aparecieron en The Lancet de la vacuna rusa son, como mínimo, tan positivos como los del resto de vacunas. No tengo datos sobre la de China.

Mar Calpena (Barcelona, 1973) es periodista, pero ha sido también traductora, escritora fantasma, editora de tebeos, quiromasajista y profesora de coctelería, lo cual se explica por la dispersión de sus intereses y por la precariedad del mercado laboral. CTXT.es y CTXT.cat son su campamento base, aunque es posible encontrarla en radios, teles y prensa hablando de gastronomía y/o política, aunque raramente al mismo tiempo.  @mcalpena

Fuente: ctxt.es

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España: Prevención e integralidad, claves de la nueva ley sobre violencia contra la infancia

Pablo Gutiérrez del Álamo
Por: Pablo Gutiérrez de Álamo

El Pleno del Congreso vota las últimas enmiendas del trámite para la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, previas al paso por el Senado. Save the Children hace balance de una ley «pionera», dicen, en cuanto a la prevención y seguridad de la infancia.

Prevención e integralidad», asegura Andrés Conde, responsable de la ONG Save the Children. Estas son las dos características principales para la organización que dirige de la futura ley de protección de la infancia y la adolescencia que se vota en el Pleno del Congreso. Todavía hay enmiendas vivas que tendrán que dirimirse en las próximas horas y, por delante, también las que puedan plantearse en el Senado. Debido a su trámite de urgencia, la organización espera que pueda entrar en vigor en el mes de junio.

Save the Children considera más que necesaria una ley integral que prevenga las posibles formas de violencia en los diferentes escenarios en los que se mueve la infancia: el hogar, los centros educativos, pero también los espacios de ocio o deportivos, por ejemplo. Es una de las claves del texto legal que ha concitado, en buena medida, los apoyos de las diferentes formaciones políticas del arco parlamentario.

Andrés Conde, en rueda de prensa, ha enumerado algunas de las razones que hacen necesaria este texto legal. Entre ellas el hecho e que cada año se producen alrededor de 38.000 casos de violencia contra la infancia y la adolescencia o que el 42% de los delitos contra la libertad sexual de las personas, contabilizados en denuncias ante la Policía, tienen a menores como víctimas. La «punta del iceberg», asegura Conde, puesto que la mayoría de los casos no llegan a ser denunciados. También esgrimen desde la ONG los efectos que estas violencias dejan sobre las y los niños y adolescentes y, además, como herramienta para que este colectivo haga frente ante lo que Conde ha llamado «tolerancia social» ante los casos de violencia que las y los menores sufren cada día.

Catalina Perazzo, responsable de infancia de Save the Children enumera algunas de las novedades importantes que recogerá una de las primeras legislaciones sobre violencia contra la infancia de Europa. La creación de un registro unificado de casos que ayude a tener una estadística razonable (hoy por hoy la falta de datos es una de las características principales de la violencia contra la infancia) que ayude, además a realizar un seguimiento de los casos y así pueda realizarse una coordinación en su respuesta.

También ha destacado el hecho de que las y los menores tendrán derecho a plantear denuncias, sin que en el proceso se entre en valoraciones sobre el grado de madurez y se generen adaptaciones para que el sistema de protección oiga los hechos directamente de las y los niños; el aumento del plazo de reescripción, de manera que una vez aprobada las denuncias puedan ser presentadas hasta los 30 años de edad del demandante (ahora es solo hasta los 18); el deber de denuncia para que no caigan en el silencio los casos que cualquiera pueda conocer, o el anuncio de la redacción de una ley para la especialización de los juzgados y la fiscalía en estos casos.

Uno de los puntos más importantes y que la oenegé lleva años defendiendo es la puesta en marcha de la prueba preconstituida hasta la edad de 14 años. Se trata de que, cuando el o la menor denuncie, se grabe la declaración para evitar que en momentos posteriores de la investsigación tenga que revivir insistentemente los hechos y se produzcan procesos de revictimización.

Coordinadora de bienestar

Una de las clave, dentro de lo que se refiere al sistema educativo, que impondrá la ley integral se refiere a la creación de la figura de coordinadora o coordinador de bienestar en los centros. Esta figura será obligatoria y tendrá que haber uno por centro.

Para Alicia Sanjuán, experta en protección infantil de la organización, «lo importante de esta figura de coordinaciónes que tengan los recursos y la formación suficientes para ejercer sus funciones». La propuesta de Save the Children es que estas figuras sean de personas integradas en el centro educativo, con la formación suficiente y entorno a las que exista una financiación en los centros educativos.

Al ser una ley ogánica, deja cierta capacidad de maniobra a las administraciones autonómicas para que desarrollen, por una parte, sus funciones y los requisitos que deberán cumplir, aunque se marcan las mínimas en el propio texto. Entre ellas, la ayuda en la redacción y evaluación de los diferentes protocolos que se pongan en marcha en el centro en relación a la violencia y la convivencia.

Los 17 territorios tienen realidades diferentes, por lo que, entiende Sanjuán, es razonable que tengan autonomía para decidir y organizar estas nuevas figuras. Eso sí, opina que la clave de todo está en el diagnóstico que se haga de las situaciones según la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, otra novedad dentro de la ley.

La nueva ley impone, al menos, algunos de los objetivos que ha de perseguir este coordinador de bienestar en los centros, más allá de que las comunidades puedan otorgarle más. Entre otras cosas tendrá que promover la formación en relación a la prevención, detección precoz y protección entre el personal de los centros y la familias; la coordinación con los servicios sociales; la promoción de medidas sobre bienestar; el fomento de la resolución pacífica de conflictos; la información sobre los protocolos a todo el personal del centro educativo; la elaboración y evaluación, junto a la dirección escolar, del plan de convivencia; el contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o el fomento de la alimentación saludable en el centro.

Puntos de mejora

A pesar de que desde Save the Children han mostrado su satisfacción con el texto legal, esperan que de aquí a que se termine el trámite en el Senado puedan realizarse algunas mejoras.

Una de las más importantes es que no se considere autoridad pública al personal de servicios sociales que atienden a la familia y a la infancia. El motivo principal, según ha explicado Perazzo tiene que ver con no desequilibrar la balanza entre familias, menores y Administración pública. Si esta última tiene autoridad pública supone que los testimonios de su personal gozan de la presunción de veracidad, es decir, que ante la posibilidad de testomonios contradictorios, será el de las y los trabajadores sociales el que prevalezca. Para la ONG esto puede suponer problemas si con ello se pasa por alto la denuncia de algún menor o de su familia.

Junto a esto, tabién creen que es necesario que el texto defina más claramente el concepto de violencia ajustándolo a la definición que se hace en la Convención de Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas, que habla de las violencias que conocemos y aquellas que vendrán en el futuro.

También piden que se aclare qué significa que los espacios de los menores sean lugares seguros; que se aclare también cómo se aterrizarán las estrategias de erradicación de la violencia. Abogan por partir de algún diagnóstico basado en datos, que se establezca también un marco temporal para estas actuaciones y que se cuente con la participación de menores y sociedad civil en su redacción.

En relación a la prueba preconstituida, aunque es un avance importante que pueda existir obligatoriamente para las y los menores de 14 años, para Save the Children sería relevante que se retrasase hasta los 16 o, si esto no fuera posible, al menos, que se obligue al juez en cada caso, a explicar de forma motivada por qué no se acepta y por qué se obliga a declarar nuevamente al menor.

Fuente e imagen: eldiariodelaeducacion

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Libro (PDF): Invertidos y rompepatrias: marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español (1868-1982)

Reseñas

Reseña: PLUMA OBRERA/CTXT

Las disidencias sexuales en la lucha de clases

Hoy como ayer, invertidas y rompepatrias

Escuche, don Álvaro (el ‘señoro’ de la época), creo que hasta las locas comienzan a hablar de política. Están todas revoloteadas y protestonas. […] ¿Qué harán, entonces, los centenares de psiquiatras, que respaldando ‘científicamente’ las nociones de anormalidad, perversión, enfermedad… llenando sus salas de consulta con temblorosos maricones que se creían anormales, perversos enfermos a mil pesetas la hora? Se podría pensar en reconvertir el sector de psiquiatras desempleados en travestis de reserva. Si las mariconas se ponen contestonas, y si se ponen en serio, acabarán preguntando demasiado”. Con estas provocativas palabras comenzaba el documento de Gorría ‘Las mariconas se rebelan’, publicado en septiembre de 1973.

Este texto es nuestra respuesta a los nietos de don Álvaro, los señoros de izquierdas de hoy. Estos aseguran que las disidencias LGTBI más llamativas, las masculinidades más feminizadas y las feminidades más masculinizadas, esto es, las transmaribolleras más horteras, no han formado parte de la lucha revolucionaria en los barrios, en los pueblos y en los centros de trabajo. Ciertamente nuestros diarios y genealogías se han escrito en las cloacas, también en las de la mitad del cielo, pero estábamos ahí, maricón.

El libro Invertidos y rompepatrias: marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español (1868-1982) es un ejercicio de arqueología para con las páginas polvorientas de nuestra crónica LGTBI silenciada, la memoria de los desteñidos rositas del hilo rojo de la historia. Porque la lucha de clases también nos atraviesa a las invertidas, hoy las locas le vamos a hablar de historia –que siempre es política–, con el único y radical fin de preguntar demasiado.

En 1973, el Movimiento Español de Liberación Homosexual asumía análisis marxistas como herramienta para explicar la homofobia contra la que luchaban

Podríamos remontarnos siglos atrás y veríamos a los rebeldes a las normas sexuales y de género del momento dentro de las herejías, las insurrecciones populares y los motines del hambre. Pero no tenemos espacio para irnos tan lejos, y tampoco es necesario. En torno a 1870 ya nos encontramos a mujeres travestidas de hombres participando en la lucha por la constitución de la Comuna de París y en su posterior defensa, y también los primeros intentos de alianza con el marxismo de algunas maricas germánicas asustadas por el endurecimiento de la criminalización contra la homosexualidad que la llamada “Reunificación alemana” conllevaba. A pesar de que en un primer momento fueron intentos infructuosos, supusieron un primer paso para que en la década de los noventa del siglo XIX se diese una férrea alianza entre los primeros movimientos homosexuales y el Partido Socialdemócrata Alemán, y más tarde con el Partido Comunista. Tanto es así que, de no ser por el crack del 29 y el auge del nacionalsocialismo, ambos partidos hubieran tumbado la penalización de la homosexualidad en el Parlamento. También nos encontramos a estas mariconas haciéndole frente a las escuadras nazis de la S.A. en la calle, recibiendo balas en manifestaciones y militando entusiásticamente en partidos marxistas.

No era casual: la Revolución Bolchevique constituyó el primer régimen que reformó una legislación homofóbica en toda la historia contemporánea europea. Y aunque ahora pueda sorprender, y puede que él mismo ni siquiera se lo mereciera, Lenin era un importante icono para los homosexuales en los años veinte. Pero en los treinta las cosas se torcieron: se disparó el auge del fascismo y el nuevo gobierno de la Unión Soviética prefirió optar por políticas reaccionarias en materia sexual. La Segunda Guerra Mundial terminó de destrozar los restos que aún quedaban en Europa de aquella importante alianza, cuando no fusión, entre las luchas homosexuales y los grupos de izquierda.

La España Republicana

El Reino de España y la República Española no fueron regímenes ajenos a estas alianzas, a pesar de que nunca llegaron a tener colectivos constituidos de homosexuales dentro de sus fronteras. La documentación nos habla de personajes abiertamente homosexuales que participaban en grupos anarquistas, y que apoyaron a la República antes y después del golpe de Estado de 1936, a políticos de izquierda radical y a militantes de la CNT en locales de travestis, o incluso gran cantidad de pruebas que muestran la probabilísima homosexualidad de figuras clave del anarquismo femenino del momento. Asimismo, también hay muestras del rechazo, la patologización y en ocasiones el odio férreo de marxistas y anarquistas contra la disidencia sexual y de género, incluso en ocasiones sabiendo que se trataba de sus compañeros y compañeras de lucha.

Hace cien años la condena social a cualquier desviación de las normas sexuales y de género era generalizada y poderosa, y hoy podemos preguntarnos por qué grupos que querían desarrollar alternativas sociales también reprodujeron la moral sexual del momento. Aunque quizás la pregunta más interesante sea por qué en la actualidad, cuando dicha condena social se ha relajado hasta niveles impensables hace no ya cien años, sino veinte, nos encontramos esas mismas resistencias, patologizaciones y odios férreos readaptados a nuestro contexto actual.

La documentación nos habla de personas abiertamente homosexuales en grupos anarquistas, y que apoyaron a la República antes y después del golpe de Estado del 36

No solo en Alemania, Rusia y otros países centroeuropeos, sino también en la península ibérica hubo anticapitalistas, aquí más concretamente anarquistas, que hace un siglo trascendieron esos valores y se posicionaron a favor del travestismo y de las relaciones entre personas del mismo género, ya fuera por influjo de textos y personas del otro lado de los Pirineos, por un ejercicio de justicia social, o porque estas mismas personas fueran disidentes sexuales y de género –dentro o fuera del armario–. Evidentemente, la mayoría terminaron exiliándose o muriendo en cárceles franquistas tras 1939. La visibilidad que el tema homosexual y travesti había tenido durante la República, no como consecuencia del régimen político, sino porque las políticas que se implementaron dejaron más margen de actuación, quedó pospuesta hasta los años setenta. Algo que también ocurrió en el mundo de la izquierda antifranquista. Se evitaba cualquier posibilidad de que se asociara inversión sexual con actividades contra la dictadura, y eso conllevó la exclusión y expulsión de militantes de partidos comunistas. Pero a pesar de este rechazo, alentado en gran parte por una dictadura que publicaba en su prensa que había una Internacional Gay financiada y auspiciada por Moscú, nos encontramos a un gran número de gays, lesbianas e identidades trans en la mayoría de partidos comunistas, en la CNT, en los primeros grupos de autonomía obrera y hasta en la guerrilla. Una alianza soterrada y silenciosa que marcaría completamente los primeros pasos del movimiento gay español: con influencia del Mayo francés, la Revuelta de Stonewall y sus colectivos de liberación homosexual.

En una fecha tan temprana como 1973 el Movimiento Español de Liberación Homosexual asumía análisis marxistas de forma orgánica y como herramienta para explicar la homofobia contra la que luchaban. Un análisis que permanecerá durante todos los años setenta en la mayoría de los grupos surgidos tras la muerte de Franco.

En la Transición, algunos partidos viraron hacia la asunción de las reivindicaciones homosexuales, e incluso llegaron a constituir comités compuestos por gays y lesbianas.

Y así llegamos a los años setenta, probablemente la última época de la historia occidental hasta hoy en la que se pensó que se podía derrumbar el capitalismo y construir otra cosa. Quizás hay que rascar un poco para encontrar el papel de disidentes sexuales y de género en las décadas anteriores, pero en esta época, los colectivos de liberación gay, las lesbianas, las travestis y todo el espectro a su vera tuvieron un papel protagonista en el anticapitalismo del momento en EE.UU., Argentina, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal… No verlo desde el presente comporta un ejercicio premeditado.

En la llamada Transición española, las maricas, bolleras y trans de la época participaron en luchas ecologistas, feministas, nacionalistas, independentistas, obreras, sindicales, antifascistas y en coordinadoras que ya apostaban por el fin de la discriminación contra divergentes funcionales, personas diagnosticadas de enfermedades psiquiátricas y contra el pueblo gitano. Su presencia está probada en todas las familias anarquistas del momento, y probablemente en todos los grupos marxistas del momento. Algunos de estos partidos, tanto por su militancia homosexual como por el importante papel que estaban teniendo los frentes de liberación gay, viraron en cuestión de meses hacia la asunción de las reivindicaciones homosexuales del momento, e incluso llegaron a constituir comités internos compuestos por gays y lesbianas.

Asegurar que los disidentes sexuales y de género nunca han pertenecido a la lucha contra el capital y el Estado es un ejercicio de revisionismo histórico a la altura de la ultraderecha.

Aunque Invertidos y Rompepatrias acaba más o menos con la estrepitosa derrota para la clase obrera y para los nuevos movimientos sociales que supuso la ‘Transición’, lo cierto es que las cosas no han cambiado demasiado en los últimos cuarenta años. Salvo por estallidos sociales muy concretos, nadie ha pensado que pudiera tirarse el sistema actual, y los que ha habido, como el movimiento 15M, han tenido una destacada presencia de personas ajenas a la cisheteronorma. Grandes luchas de las últimas décadas, como el No a la Mili o la de vivienda / okupación no solo han tenido una presencia importante de gente LGTBI, sino que en ocasiones estas han desarrollado partes autónomas importantes para el conjunto de la lucha, como la Insumisión Rosa o experiencias de centros sociales y viviendas queer, transmaricabollos y/o no mixtas. Incluso en la lucha obrera, tan entronada por algunos de los sectores en la actualidad más hostiles a los derechos LGTBI y a las políticas (trans)feministas, la presencia gay, lesbiana y trans se ha visto representada en la infinidad de conflictos que ha habido por despidos improcedentes provocados por homofobia o lesbofobia. Y, sin duda, ha habido infinidad de destacados y destacadas militantes y afiliadas sindicales que han ocultado poco su orientación sexual desviada, o su feminidad trans. Bastantes de estas últimas eran prostitutas que han luchado por los derechos de la clase obrera mucho antes de que se planteara una lucha parecida para su propio trabajo.

En estos últimos cuarenta años, la izquierda y las luchas LGTBI han seguido profundamente enraizadas, en ocasiones con una intensidad jamás vista antes históricamente, hasta el punto en el que podemos hacer un paralelismo bastante visible entre los procesos de institucionalización del movimiento LGTB oficial y el de partidos y grupos políticos que tenían estrechos vínculos con ciertos sectores del citado movimiento. Asegurar en nuestros días que las personas disidentes sexuales y de género nunca han pertenecido a la lucha contra el capital y contra el Estado, que nunca han formado parte de la lucha de clases, y que todo ello es fruto de que las teorías posmodernas se han puesto de moda en los últimos años, es un ejercicio de revisionismo histórico a la altura del revisionismo más cutre de ciertos historiadores de ultraderecha. Un revisionismo histórico motivado por tendencias ideológicas hostiles hacia la autoorganización de grupos sociales históricamente oprimidos y que pretenden arrojar una narrativa histórica que justifique sus ideas misóginas y LGTBfóbicas, entre otras muchas aversiones hacia colectivos que en los últimos años han alzado mínimamente la voz.

Pues ya ve, don Alvarito, que los anales revolucionarios son mucho más mariquitas de lo que a usted le hubiera gustado, pero no se preocupe, porque si escoba bien su homofobia y su transfobia, aquí hay sitio para todas “en la lucha por una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo”. En cuanto a vosotras y vosotros, lectores, que este proceso se esté dando dentro de la izquierda requiere de algunas reflexiones colectivas que van más allá del simple análisis histórico, pero esperamos con estos párrafos establecer las primeras líneas de debate, además de una merecida réplica hacia una parte de toda la mugre ideológica pintada de rojo que llevamos oyendo sin apenas filtros en el último año.

Que de las ruinas del Centro Social Okupado La Pluma se erija la nueva casa del pueblo… 

––––––

Piro Subrat es autor de Invertidos y rompepatrias: marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español (1868-1982) (Editorial Imperdible).

Ira T. es graduada en Estudios Ingleses en la Universidad de Zaragoza, especializada en estudios culturales y LGTB.

Fuente e imagen: ctxt.es

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España: ¿Es necesaria la escuela concertada?

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¿Es necesaria la escuela concertada?

Por Joan M. Girona | 14/04/2021 | Opinión
Fuentes: Mientras tanto

El Congreso de los Diputados ha aprobado la llamada ley Celaá, la LOMLOE, y recientemente se ha publicado el nuevo Decreto de admisión de alumnos por parte del Departamento de Educación de Catalunya. Son dos normas legales que sobre el papel representan pasos importantes para frenar el aumento de las segregaciones escolares. Esperamos y deseamos que ambas disposiciones se apliquen, que no ocurra como con el Decreto de Inclusión, también de Catalunya, que continúa medio paralizado por falta de recursos para llevarlo a cabo. Son dos disposiciones que posibilitan avanzar a pesar de las dificultades: la segregación escolar se mantendrá mientras exista la segregación socioeconómica.

Además, como ya manifesté en una de las comisiones del Pacto contra la Segregación que impulsó el Síndic de Greuges de Cataluña, nos encontramos ante unos topes evidentes: sin eliminar el inexistente derecho a elegir centro por parte de las familias y los privilegios de la concertada no se puede evitar la segregación escolar. Lo que podemos hacer, eso sí, es proporcionar cuidados paliativos que mejoren la enfermedad pero sin curarla. De todas formas, bienvenidas sean las nuevas normas legales; esperamos y deseamos que su aplicación responda a las expectativas que se han creado, que los gobiernos autonómico y central tengan suficiente empuje y voluntad política para llevarlas a cabo a pesar de las resistencias que se han producido y que continuarán dificultando su aplicación a lo largo de los próximos cursos escolares.

De entre las novedades que establece el Decreto del Departamento de Educación quisiera apuntar que no sería de recibo, en caso de necesidad, repartir sólo el alumnado señalado por las llamadas Unidades de detección de NEE por causas socioeconómicas y no el resto de criaturas y adolescentes escolarizados. Si las OME, las Oficinas Municipales de Escolarización, recogieran todas las peticiones e hicieran la distribución equitativa de todo el alumnado, se conseguiría un trato equitativo a familias autóctonas o recién llegadas o con diversas situaciones sociales y/o económicas. Añadiría que para paliar los efectos de las llegadas de nuevo alumnado a lo largo del año (lo que se llama “matrícula viva”) se debería mantener una reserva de plazas todo el curso.

A la vez que celebramos la llegada de las nuevas legislaciones, debemos recalcar que ambas normas mantienen los privilegios a la concertada. La patronal de las escuelas privadas, religiosas o no, ha puesto el grito en el cielo, pero no representa nada más que unas cuantas maniobras de distracción y de intentar poner palos en las ruedas a su tramitación. La escuela concertada no pierde ninguna de sus privilegios. ¿Por qué?

Los sistemas de enseñanza en toda Europa están programados para mantener la sociedad estratificada que tenemos. No están pensados para luchar en contra, como debería ser el papel de una verdadera educación. A los poderosos, los que tienen el poder de verdad, les interesa que se mantenga esa estratificación social, es decir, su situación de privilegio. Y los gobiernos europeos no se atreven a ir en contra de sus deseos. En nuestro país el poder social necesita la escuela concertada, los gobiernos central y autonómicos están dispuestos a aceptar sus indicaciones. En Cataluña (y en toda España) la triple red escolar (privada, concertada y pública) cumple este papel.

Un pequeño recordatorio histórico: En los años 80 del siglo pasado el Departamento de Enseñanza en Catalunya cerró más de mil aulas públicas. El descenso demográfico del país, iniciado a partir de 1976, amenazaba con hacer irrelevante la presencia de las escuelas privadas o concertadas (entonces se llamaban subvencionadas). A causa de los intereses que hemos mencionado, los gobiernos de Convergencia llevaron a cabo el gran recorte de la escuela pública para así permitir que las privadas, regentadas por la Iglesia Católica y por unas patronales amigas del gobierno catalán, subsistieran.

Al poder no le conviene la igualdad, necesita la desigualdad para continuar aprovechándose de ella, para continuar mandando y aumentando sus beneficios económicos. Lejos de cambiar la situación en los últimos años, tenemos una constatación bien reciente: durante los meses que llevamos de la pandemia de la Covid, el gran capital ha aumentado sus beneficios y la mayoría de la población (el 99%) los ha visto disminuir. Conclusión: del mismo modo que los gobiernos no evitan el aumento de las desigualdades sociales y económicas, es muy difícil que eliminen los privilegios a la concertada.

Y para completar estas reflexiones, un último apunte. Todo esto tiene que ver también con la situación política a raíz de las elecciones al parlamento de Cataluña. A lo largo de la última campaña electoral se habló a menudo de hacer frente al fascismo, de parar los pies a la ultraderecha. La presencia de Vox ha provocado que la mayoría del resto de formaciones políticas y entidades de la sociedad civil se pusieran de acuerdo, al menos, en no querer su presencia en las instituciones. Han hablado y han publicado diferentes manifiestos y acordado algunas actuaciones. Sin embargo, diría que para hacer frente a la ultraderecha, al racismo y al fascismo hay que cambiar las condiciones socioeconómicas que lo hacen posible. Sin alternativas a la crisis endémica del capitalismo, a la desigualdad que aumenta, crecerán los fascismos y los movimientos de ultraderecha. En esta línea de propuestas, la segregación escolar no ayuda a hacer frente a la derechización social, sino que más bien le da argumentos. Con pan, trabajo y viviendas dignas para todos la ultraderecha tendría muy pocos argumentos. Las manifestaciones que los medios de desinformación bautizan con el adjetivo de violentas son la expresión, consciente o no, del grave malestar que la gravísima crisis provoca. Sobre todo entre la generación joven, que ve muy complicado su presente y su futuro vital. La ultraderecha puede aparecer como una falsa alternativa ante la ausencia de alternativas reales.

Sin revertir los recortes, sin frenar las enormes desigualdades entre hombres y mujeres, sin devolver a la gestión pública las privatizaciones de servicios sanitarios y de enseñanza, será difícil evitar que las derechas no dominen el panorama político y social en los próximos años. Desde las escuelas e institutos, maestros y las maestras y toda la comunidad educativa tenemos nuestra parte de responsabilidad, pequeña o grande, para lograr avances y no retrocesos. Para intentar, como dice el maestro protagonista de La lengua de las mariposas (1999), que toda una generación sea educada en libertad; porque este hecho sería irreversible.

Joan M. Girona es maestro y psicopedagogo

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-200/notas/es-necesaria-la-escuela-concertada

Fuente de la Información: https://rebelion.org/es-necesaria-la-escuela-concertada/

 

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España: La crisis del sistema acentúa la presión sobre la clase obrera

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La crisis del sistema acentúa la presión sobre la clase obrera

Las patronales agrícolas no conformes con el decreto del gobierno de ABRIL DE 2020 mediante el cual se dispone más mano de obra en el campo, están presionando a los ayuntamientos y a las organizaciones caritativas para que empleen todos los mecanismos a su alcance para someter a la clase obrera a unas condiciones laborales de la mayor explotación posible.

Nos llegan los ecos de que en ciertas localidades extremeñas algunas organizaciones caritativas están actuando en nombre de las patronales agrarias de las provincias andaluzas. Estas necesitan a trabajadores/as para las campañas agrícolas, y por medio de aquellas organizaciones cuya especialización es su dedicación a la caridad ofrecen puestos de trabajo que la clase obrera por norma general rechaza.

Estos magnánimos caballeros y damas de alcurnia distinguida, personas tan bien intencionadas, representantes de los valores espirituales de una España de cerrada y sacristía, de tradición conservadora y esclavista que considera que todo es de su propiedad, no llegan a comprender y, se molestan porque los trabajadores y trabajadoras tienen una dignidad y mientras pueden rechazan esos ofrecimientos que disfrazan una intensa explotación laboral durante dos meses de trabajo.

En este sentido, algunos trabajadores nos indican que temen que en muchos pueblos los ayuntamientos no den trabajos temporales de 15 o 20 días por la presión de la patronal o por las recomendaciones de la Junta de Extremadura para que se obre en el sentido “quién no quiera ir a la campaña agrícola no trabajará en el ayuntamiento, ni recibirá ningún tipo de ayuda”.

De hecho, en Extremadura la propia organización ASAJA se pronuncia y organiza reuniones con los agricultores para recomendar a las autoridades municipales que no contraten que necesitan la mano de obra agrícola.

La clase obrera rechaza estas proposiciones de desplazamiento geográfico laboral  por varias razones de sentido común:

Los salarios que se ofrecen en muchos casos no llegan al salario mínimo interprofesional, y suelen corresponder a trabajos a destajo que implican un esfuerzo considerable para que el trabajador o trabajadora obtenga un sueldo decente.

Los trabajadores y trabajadoras no quieren desplazarse para vivir sin unas condiciones de bienestar, mínimamente satisfactorias, a veces se les ofrecen tiendas de campaña o en casas o pisos compartidas con bastantes incomodidades para tener un descanso después de duras jornadas de trabajo.

En la mayoría de los casos los desplazamientos corren por cuenta del trabajador/a con repercusiones en su débil economía y no son valoradas por las patronales que solo les interesa que la cosecha se recoja lo antes posibles.

Otra cuestión que hay que resaltar es todo lo relativo al aspecto sanitario cuyos gastos se hacen recaer sobre la clase obrera cuando son las empresas privadas o públicas (ayuntamientos) quienes deben proveer de los equipos obligatorios tanto en materia de riesgos laborales como en materia de protección sanitaria en la la pandemia del COVID19.

Cuando el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su apartado 4, establece lo siguiente: El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Esto quiere decir que cualquier reconocimiento médico y su correspondiente certificado médico exigido por la empresa debe correr a cargo de la empresa y no del trabajador, por pocos euros que sean.

En el sentido de aumentar la presión sobre la clase obrera se encuentra lo aprobado por el gobierno en Abril de 2020 para favorecer la contratación de mano de obra agrícola. Así, hacemos un breve recordatorio de algunas de aquellas medidas, sobre todo ante las dudas que nos plantean trabajadores y trabajadoras que cobran desempleo o algún tipo de ayudas sociales tenemos que informar lo que aprobó el gobierno mediante El Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de abril por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, tal y como se establece en su art 3 letras. a, b, c, d y e que estas campañas y por tanto sus retribuciones son compatibles con:

5.1.-El subsidio por desempleo regulado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, o con la renta agraria regulada en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

5.2. Las prestaciones por desempleo derivadas de la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con arreglo a lo previsto en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

5.3.- Cualesquiera otras prestaciones por desempleo reguladas en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

5.4.- Las prestaciones por cese de actividad motivadas por las causas previstas en el artículo 331 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

5.5.-Cualquier otra prestación de carácter económico o cualquier otro beneficio o ayuda social, otorgada por cualquier Administración que sea incompatible con el trabajo, o que, sin serlo, como consecuencia de la percepción de ingresos por la actividad laboral se excederían los límites de renta señalados en la normativa correspondiente al tipo de prestación.

6.- Podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización aprobadas por este real decreto ley las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en que haya de realizarse el trabajo. Se entenderá que existe en todo caso proximidad, cuando el domicilio del trabajador o el lugar en que pernocte temporalmente mientras se desarrolla la campaña esté en el mismo término municipal o términos municipales limítrofes del centro de trabajo.

7.- No pueden trabajar en las campañas agrícolas los autónomos cuya actividad esté cerrada por la declaración del Estado de Alarma. En todo caso, perderían la indemnización que perciben por el cierre temporal y obligado de su negocio.

8.- No son compatibles, y por tanto, no pueden participar en estas campañas agrícolas los trabajadores que estén en ERTE.

 

Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/la-crisis-del-sistema-acentua-la-presion-sobre-la-clase-obrera/

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La reducción del tiempo de trabajo en los tiempos de la pandemia

Michel Husson

La crisis de la Covid ha provocado un descenso de la actividad y, por tanto, del número de horas trabajadas. Es un fenómeno global: según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la caída en el número de horas trabajadas a nivel mundial en 2020 equivale a 255 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, cuatro veces más que durante la crisis de 2009. Pero la repercusión en el empleo se ha visto atenuada por lo que la OIT llama una “reducción de las horas de trabajo en el interior del empleo”. Como se verá más adelante, Francia no es una excepción. Pero, previamente, resulta esclarecedor inscribir la coyuntura actual en una perspectiva histórica más amplia.

¡Todos a medio tiempo!

El gráfico de abajo da una evaluación de la duración media anual del trabajo en un amplio período. Ciertamente, tal ejercicio plantea numerosos problemas metodológicos (ver el anexo). Dos historiadores, Corine Maitte y Didier Terrier, acaban de publicar un libro magistral, Les Rythmes du labeur [Los ritmos del trabajo] (La Dispute, 2020), una encuesta sobre el tiempo de trabajo en Europa occidental desde el siglo XIV al XIX. Muestran hasta qué punto la definición misma del tiempo de trabajo es difícil e incluso escurridiza. Se puede consultar esta recensión de la obra y escuchar esta entrevista con los autores. Reconocen sin embargo el interés de los trabajos estadísticos que tienen el mérito “de plantear una cuestión que hasta entonces apenas se ponía en evidencia”. Sea como sea, la tendencia histórica a la baja es innegable: en la actualidad se trabaja aproximadamente la mitad del tiempo en relación con el inicio del siglo veinte.

Un declive secular de la duración del tiempo de trabajo

Captura1

Número total de horas trabajadas en Francia, por año. Fuente: Olivier Marchand y Claude Thélot, Pierre Villa, INSEE

El reparto del trabajo

El número total de horas trabajadas es el producto del empleo por la duración media del trabajo: esto es una igualdad contable. Ella plantea evidentemente problemas estadísticos de los que los principales son el campo de estudio (el conjunto de los empleos o solo los asalariados) y el tratamiento de los empleos a tiempo parcial o reducido. Se utilizarán aquí los datos del INSEE [Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, ndt] sin entrar en esta discusión. Una mirada rápida sobre los cuatro últimos decenios a partir de las cuentas nacionales trimestrales lleva a las siguientes observaciones: entre el primer trimestre de 1980 y el cuarto trimestre de 2019, el número de personas en empleo ha aumentado en la cuarta parte. Esta progresión del empleo se hace en escalones en función de los diversos episodios de recesión. En este mismo período, el número de horas trabajadas solo ha aumentado en el 6%. La duración del trabajo ha disminuido el 17% pero esta caída se ha producido hasta 2002: desde el paso a las 35 horas, la duración del trabajo no se mueve. Es posible (en datos anuales) ensanchar más el foco para volver hacia la inmediata post-guerra. Se obtiene entonces la representación de aquí abajo.

El reparto del trabajo en un período amplio

Captura2

Empleo, número de horas trabajadas y duración del trabajo en Francia, base 100 en 1950. Fuente: INSEE, cuentas nacionales anuales

La principal constatación es que el número de horas trabajadas en Francia es hoy, aproximadamente, el mismo que hace 60 años: 43 mil millones en 2019, contra 46 en 1950, porque la productividad horaria del trabajo ha aumentado aproximadamente como el PIB en el conjunto de ese período. Al mismo tiempo, el número de empleos ha aumentado en casi la mitad, pasando de 19,5 a 28,5 millones. Esta progresión solo ha sido posible porque la duración del trabajo ha bajado.

Un volumen de horas constante, un empleo que aumenta la mitad (o sea 1,5 veces o 3/2) y una duración del trabajo que baja en un tercio (es decir, 2/3 de su nivel inicial): la cuenta (3/2 x 2/3=1) es correcta.

¿Una regla de tres simplista?

El 10% de reducción del tiempo de trabajo = 10% de empleo, ¿es una contabilidad simplista? Esa es la opinión dominante entre muchos economistas que se han dedicado a descalificar la aparición de las luchas sociales por la jornada de ocho horas. Lo atestiguan estas dos citas:

“Existiría una cantidad dada de trabajo y sería interés de los obreros trabajar menos, a fin de que este volumen de trabajo se reparta entre el conjunto de los trabajadores”.

“Los economistas condenan casi unánimemente el sofisma del empleo en cantidad fija, un concepto según el que el número total de empleos en una economía es fijo y, por lo tanto, debe ser repartido equitativamente”.

La primera cita proviene de 1891. Es del economista británico David F. Schloss. Observemos que se produce un año después de la primera fiesta del trabajo, celebrada el uno de mayo de 1890 a favor de la jornada de ocho horas. La segunda cita es de 2016 y su autor solo hace traducir al francés la expresión acuñada por Schloss, cuando habla del “sofisma del empleo en cantidad fija”. Este autor es Jean Tirole, nuestro premio del Banco de Suecia en economía, en su libro Economie du bien commun. Se atrevía a hacer una amalgama entre los partidarios de la reducción del tiempo de trabajo y las tesis del Frente Nacional, de la que mostramos en su tiempo que revelaba una burda confusión entre número de empleos y número de horas de trabajo. Imaginemos por un momento lo que habría podido pasar si ese volumen de horas de trabajo aproximadamente fijo (a pesar de que ello disguste a Schloss y Tirole) no hubiera sido repartido gracias a una reducción de la duración del trabajo: en ese hipotético escenario habría habido menos empleos y así más paro. Es un tal reparto lo que efectivamente ha tenido lugar en Francia desde hace medio siglo, ciertamente no siempre equitativamente, con altos y bajos, en función de las relaciones de fuerza, ya que no se trata de una ley económica sino de una cuestión social.

El choque del virus

Tras esta perspectiva histórica es el momento de volver a la coyuntura actual. El gráfico de abajo muestra que la caída de la duración del trabajo ha permitido de absorber la mayor parte del impacto en el empleo del retroceso del número de horas trabajadas. Es llamativo el paralelismo entre número de horas trabajadas y duración del trabajo. Más precisamente, el balance en un año (entre el último trimestre de 2020 y el de 2019) queda como sigue: el número de horas trabajadas ha bajado el 7%, la duración del trabajo el 5,7% y el empleo el 1,4%. Retengamos esta última cifra: la duración media del trabajo es hoy inferior en casi el 6% a la de hace un año, lo que equivale a un poco de más dos horas por semana.

Después del Covid: ¿aumentar el tiempo de trabajo o el empleo? 

Captura3

Empleo, duración del trabajo y número de horas trabajadas. Base 100 en el primer trimestre de 2018 Fuente: INSEE, cuentas nacionales trimestrales

Esta pequeña aritmética permite subrayar una de las cuestiones centrales que va a plantearse en los próximos meses. Imaginemos que el número de horas trabajadas colma el agujero y aumenta así el 7 %. Se puede entonces considerar dos escenarios. Si la duración del trabajo sigue en su actual nivel, el empleo puede aumentar el 7%. Pero si vuelve a su nivel de antes de la crisis, el empleo aumentará solo el 1 %. Se trata evidentemente de escenarios hipotéticos, pero que enmarcan la posible evolución. Entre los dos, la diferencia es considerable: son 1,7 millones de empleos cuya suerte depende de la trayectoria de salida de la crisis. La crisis actual podría ser entonces la ocasión de recuperar el tiempo perdido, no alargando la duración del trabajo como proponía el Institut Montaigne desde mayo de 2020, sino renovando con una caída interrumpida desde hace al menos quince años. La mera preservación de los empleos es a este precio.

Anexo

Además de las cuentas nacionales del INSEE, las fuentes utilizadas provienen de trabajos preciosos de los investigadores del Insee. El primero es el libre Deux siècles de travail en France de Olivier Marchand y Claude Thélot (1991). El segundo es la impresionante colección de Series macro-económicas reunida por Pierre Villa (1997). Marchand y Thélot suministran estimaciones de la duración anual para diversos años comprendidos entre 1831 y 1989. Esta duración es aproximadamente constante hasta 1896, fecha en la comienzan las estimaciones de Villa sobre la duración semanal. Se han intercalado los puntos de Marchand y Thélot con los datos de Villa, de forma que se obtiene una primera serie 1896-1989. Los datos del INSEE permiten calcular la duración anual del trabajo a partir de 1949. Se dispone así de dos series para el período 1949-1989, una coherente con las evaluaciones de Marchand y Thélot y otra del INSEE. No coinciden: la principal diferencia concierne a la inmediata postguerra, en la que la duración calculada por el INSEE es superior a la de Marchand y Thélot. Se ha procedido pues a un ajuste en silbido para el decenio de postguerra. La curva obtenida es pues el resultado de un ajuste razonado entre diferentes fuentes, de forma que se obtenga una trayectoria de largo plazo lo más coherente posible.

Evolución del tiempo de trabajo efectivo por semana en el Estado español

En el Estado español la población ocupada, mayoritariamente asalariada, realiza en torno a 600 millones de horas efectivas de trabajo semanal. Habiéndose alcanzado 720 millones antes de la crisis que se inició en 2008, el mínimo anterior a la pandemia en la serie disponible en el INE son los 520 millones de horas semanales tras la campaña de verano en 2013. En ese periodo, el número de ocupadas ha pasado de 16,5 millones en 2002 a casi 19,5 millones de personas en la actualidad, suponiendo las mujeres una gran mayoría de ese incremento, en torno al 90%. Es sabido que las mujeres perciben menores salarios y sufren una incidencia mucho mayor del empleo temporal y, sobre todo, de las jornadas a tiempo parcial. El tiempo parcial, en gran parte involuntario, afecta al 20% de las mujeres con contrato indefinido (solo al 4% de los hombres) y al 30% de las mujeres con contrato temporal.

Esa evolución relativamente estable del número de horas trabajadas, junto al aumento de la población ocupada por una fuerte activación de las mujeres de todas las generaciones, nos muestra una jornada efectiva decreciente, desde las 36 horas de media de hace casi 20 años a las 31 horas en la actualidad. Siendo el diferencial entre mujeres y hombres estable en unas 5 horas semanales, se puede ver una dualidad reforzada, con más mujeres trabajando a tiempo parcial y peores salarios, al tiempo que varios millones de hombres en empleos industriales y de la construcción perdían sus trabajos para siempre, mientras otros hombres que siguen ocupados hacen más horas extras, cada vez más no reconocidas ni pagadas.

La pandemia ha dejado una evolución del tiempo de trabajo por trimestres que merece ser también analizada. Si el 2019 terminaba en niveles altos de horas trabajadas y personas ocupadas, el primer confinamiento nos muestra que para final de junio se habían dejado de realizar más del 25% de las horas y se destruyeron más de 1,3 millones de empleos asalariados, con un impacto negativo leve sobre la cantidad de autónomos y empresarios. El impacto económico y social de esa primera ola se llevó casi el 8% del empleo, en el que históricamente ha sido siempre el mejor trimestre del año (el segundo). Un impacto relevante, a pesar del encarecimiento del despido por decreto y sin contar los más de 4 millones de personas que fueron protegidas del despido por la generalización del ERTE, habiendo resultado un mecanismo eficaz de nacionalización del salario y salvaguarda del empleo.

Para finales de 2020 y en relación a un año antes, el número de horas trabajadas solo ha caído un 6% y el total de ocupadas un 3%, 620.000 personas menos y a la espera de ver como se desenvuelve el desarrollo del trabajo y el empleo en la nueva normalidad actual. Indudablemente existe la posibilidad de que algunos ERTE deriven en otras modalidades de regulación de empleo y finalicen en despidos. Para minimizar o evitar esa posibilidad sería preciso derogar las últimas reformas laborales y promover la estabilidad en el empleo mediante el refuerzo de la negociación colectiva, lo que no está asegurado por la negativa de la mayoría del gobierno de coalición a implantar reformas que aseguren esos derechos. Esa evolución por trimestres muestra que más que despidos masivos, como en la anterior crisis, en el primer confinamiento más severo se dio una reducción del tiempo de trabajo a una media de 25 horas semanales en el segundo trimestre, habiendo recuperado una cierta normalidad en torno a las 31 horas para final del año. Quitando la hostelería y la cultura, que han perdido en torno a un 20% de sus efectivos asalariados, según datos de la Seguridad Social, el impacto sobre el resto de sectores ha sido en 2020 muy moderado, a la vista del fuerte impacto sobre la producción y la caída de un 11% del PIB (Redacción Viento Sur).

Fuente: https://vientosur.info/la-reduccion-del-tiempo-de-trabajo-en-los-tiempos-de-la-pandemia/

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