España/26 mayo 2016/Autora: María Valerio/Fuente: http://www.elmundo.es/
El desempleo y los recortes en sanidad desde 2008 están detrás de 260.000 muertes por cáncer en los países de la OCDE, 160.000 de ellas concretamente en territorio de la Unión Europea. Ésta es la dramática conclusión de un amplísimo análisis que se acaba de publicar en la revista The Lancet y que subraya la importancia del acceso universal a la sanidad como única receta contra este incremento de la mortalidad.
El estudio es el primero en analizar el efecto del desempleo y los cambios en la sanidad pública en un indicador tan objetivo como la mortalidad por cáncer. En total se han analizado las cifras de 70 países de la OCDE que representan a dos mil millones de pacientes oncológicos diagnosticados entre 1990 y 2010. Para el trabajo se analizaron las estadísticas en torno a cuatro tumores que representan la mayor carga de esta enfermedad en el mundo occidental: próstata, cáncer de mama, colon y pulmón (estos dos últimos tanto en hombres como en mujeres).
Los autores del estudio proceden de la Universidad de Oxford, Imperial College y King’s College (Reino Unido), así como de la Universidad de Harvard (ésta en EEUU). «Nos sorprendió que fuese una cifra tan alta. 260.000 muertes adicionales en pacientes con cáncer en la OCDE es un número muy significativo y refleja hasta dónde pueden llegar los efectos de la crisis económica».
En sus conclusiones observaron que un aumento de las tasas de desempleo de sólo un 1% se reflejaba en un incremento de la mortalidad por cáncer, pero este efecto desaparecía en los países con un acceso universal a los cuidados sanitarios.
La misma relación se observó con respecto a los recortes en la inversión pública en sanidad. Cada 1% de reducción en el gasto del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a la salud se relacionó con un aumento de 0.0053 muertes adicionales por cáncer por cada 100.000 habitantes.
«Este estudio ofrece unos resultados que se antojan plausibles: el desempleo aumenta la mortalidad por cáncer, pero sólo en aquellos países en que no hay cobertura sanitaria universal, en los que los pacientes no pueden costearse la sanidad», comenta el doctor Miguel Martín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
Afortunadamente, añade, «España tiene cobertura universal, por lo que no creemos que la crisis reciente y el desempleo hayan aumentado la mortalidad por cáncer en nuestro país. No obstante, este estudio debe servirnos de aviso para el futuro: si reducimos la cobertura sanitaria o introducimos restricciones importantes en las prestaciones sanitarias, podemos encontrarnos con un aumento de la mortalidad por cáncer también en España«.
En esta idea coincide también uno de los autores del trabajo, Mahiben Maruthappu, que explica a EL MUNDO que España es precisamente uno de los países en los que el análisis no ha observado un exceso de mortalidad por cáncer. «Sólo hemos visto este incremento en los países que no ofrecen una cobertura sanitaria universal, como EEUU». En cambio, los países [como España], en los que la cobertura sí es universal, los efectos de la crísis económica en los últimos años no han reflejado este efecto.
Por ejemplo, sólo en EEUU, los autores calculan un exceso de 18.000 muertes por cáncer; casi 4.000 en México y 1.500 fallecimientos extra en Francia.
El único diagnóstico en el que no se observó esta relación directa entre desempleo y recortes con la mortalidad por cáncer es el cáncer de pulmón en mujeres. Sin embargo, el doctor Maruthappu admite que «nuestros datos no nos permiten deducir la causa de ello». A su juicio, una posibilidad es que las mujeres con este tipo de cáncer tengan peor supervivencia que los hombres, «aunque esta hipótesis no se sostiene de acuerdo con la evidencia actual».
En un comentario que publica la misma revista, Graham Colditz, de la Universidad de Washington (EEUU), subraya la importancia que estos datos deberían tener sobre todo en países en los que no se ha implementado aún una cobertura sanitaria universal, como es el caso de EEUU. Y es que como subraya el estudio, en estos territorios, el cuidado de la salud se puede obtener a través de seguros privados que contrata la empresa para su trabajador, «pero si la persona está en paro, los diagnósticos se retrasan y los tratamientos se administran demasiado tarde».
El doctor Javier Mar, miembro de la Asociación Española de Economía de la Salud (AES), explica que en el País Vasco -una de las comunidades españolas que cuenta con un registro poblacional de cáncer- las estadísticas desde el año 2000 reflejan una reducción de la mortalidad por cáncer del 1% anual; una tendencia que también se observa en las estadísticas nacionales desde hace algunos años.
«A nivel poblacional la cobertura universal se ha mantenido», explica este especialista del Servicio Vasco de Salud. Y en el caso de la población más afectada por los recortes, «como pueden ser los inmigrantes en situación ilegal, se trata de un porcentaje pequeño que, además, por tratarse de una población generalmente joven y sana, no tiene un gran reflejo en las estadísticas de cáncer».
En el caso de otras enfermedades que podrían haberse visto influidas por la situación económica en España en los últimos años, como las patologías cardiovasculares, el doctor Mar explica que «están relacionadas con tantos factores que es difícil identificar el impacto específico de la crisis».
Mariano Rajoy aprovechó su visita a la Comunidad Valenciana de ayer para hacer una cerrada defensa de la educación concertada, que se encuentra acosada en esa región por el Gobierno de Ximo Puig. La Generalitat valenciana ha reducido las ayudas que concede a los centros concertados, que no han podido abrir nuevas aulas para admitir todas las solicitudes. «La libertad educativa no es algo que se le haya ocurrido a ninguna formación política, ni a ningún padre en defensa de sus hijos», dijo y tras recordar el artículo 27 de la Constitución que proclama la libertad educativa afirmó que es «algo consustancial a lo que es un ser humano».
En efecto, ese artículo 27 «reconoce la libertad de enseñanza» y garantiza «el derecho a los padres para que sus hijos reciban la religión religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». En este ámbito nació la enseñanza concertada en los primeros años de vigencia de la Constitución.
Fue el PSOE el que reguló que, para cumplir esos preceptos constitucionales y teniendo en cuenta que la propia Carta Magna contempla que la «educación básica es gratuita y obligatoria», los centros privados que quisieran podrían sumarse a un sistema de conciertos. Ello comportaba que recibirían dinero público manteniendo su ideario, a cambio de someterse a los criterios educativos que marcara el Estado para la enseñanza pública: admisiones, currículum escolar, horarios, aulas… Como es lógico, no se permite a los colegios concertados cobrar ninguna cuota obligatoria a las familias. Era la forma de garantizar la libertad de elección de los padres y, a la vez, la gratuidad de la educación. En un primer momento, la inmensa mayoría de los colegios concertados estaban dirigidos por instituciones religiosas, pero en los últimos años han ido apareciendo cooperativas de padres, de profesores o empresas privadas que han creado centros concertados laicos.
Los conciertos son, pues, una solución satisfactoria para garantizar la libertad de enseñanza en España, repetimos un precepto consagrado por la Constitución. Ha habido fricciones entre la Administración y los colegios que diferencian por sexo, que se han sustanciado en denuncias por parte de Gobiernos regionales -Andalucía y Asturias, por ejemplo- al considerar que atentan contra la igualdad de oportunidades, pero las sentencias han sido favorables, en general, a los colegios.
El otro gran motivo de crítica que se hace a los concertados es que pueden entrar en la picaresca de obligar a los padres a pagar unas cuotas que están prohibidas -con la excusa de actividades extraescolares, por ejemplo- para cubrir los presupuestos a los que no llegan con la subvención pública. Esas cuotas disuaden a las familias con menos recursos a acceder al colegio concertado, impidiendo así la igualdad de oportunidades al discriminar según el nivel económico. Desde luego, estas conductas fraudulentas deben ser perseguidas y corresponde a las autoridades educativas su control, pero eso no puede echar por tierra la educación concertada. No conviene olvidar, además, que estos centros suponen un ahorro al erario de unos 1.200 euros por alumno y año, según datos del Observatorio de la Educación Pública.
Por eso no tiene sentido la persecución que algunos gobiernos autonómicos de izquierda nacidos de las pasadas elecciones han emprendido contra la educación concertada al reducir el presupuesto público destinado a estos centros. Porque, hoy por hoy, los conciertos son el vehículo legislativo que garantiza el derecho fundamental a la libertad de enseñanza.
Pero lo verdaderamente triste es que cuando políticos de todas las tendencias no hacen más que afirmar la necesidad de un gran pacto por la enseñanza para sacar a España de la postración -con tasas de abandono escolar demasiado altas y en los últimos puestos en las clasificaciones internacionales- la educación continúe formando parte sustancial de una batalla política que se recrudece cuando se acerca un proceso electoral.
No hay que irse demasiado atrás. Estos días estamos comprobando cómo muchas comunidades autónomas se niegan a adoptar preceptos de la Lomce, una ley que por el mero hecho de haber sido aprobada por el Parlamento debería ser aplicada. Se nos llena la boca al hablar de Sociedad del Conocimiento, pero somos incapaces de preparar a los estudiantes ante este reto en el que, además, van a competir con el resto del mundo.
Noruega/26 mayo 2016/Autor: Amnistía Internacional
“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, lo pierdes todo.»
–Trabajadora sexual de Noruega
Amnistía Internacional publica hoy su política sobre la protección de las trabajadoras y los trabajadores sexuales frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos, junto con cuatro informes de investigación sobre este asunto en Papúa Nueva Guinea, Hong Kong, Noruega y Argentina.
“Las personas dedicadas al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación. Con demasiada frecuencia la protección de la ley y los medios de resarcimiento con que cuentan son escasos o inexistentes», ha explicado Tawanda Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“Nuestra política indica que los gobiernos deben tomar aún más medidas para proteger de los abusos y violaciones de derechos humanos a quienes se dedican al trabajo sexual. Nuestra investigación pone de relieve los testimonios de estas personas y los problemas a que se enfrentan a diario.»
La política
La política de Amnistía Internacional es la culminación de extensas consultas de ámbito mundial, un minucioso examen de datos sustanciales y normas internacionales de derechos humanos e investigación directa, llevados a cabo a lo largo de más de dos años.
Su aprobación formal y su publicación son el resultado de una decisión democrática, tomada por el movimiento global de Amnistía Internacional en agosto de 2015 (disponible aquí) y de la que se informó ampliamente entonces.
En la política se formulan varios llamamientos a los gobiernos para que, entre otras cosas, garanticen la protección contra el daño, la explotación y la coerción; la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes que afectan a su vida y a su seguridad, el fin de la discriminación, así como el acceso a la educación y a oportunidades de empleo para todas las personas.
Se recomienda la despenalización del trabajo sexual consentido, incluida la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual Esta recomendación está basada en la evidencia de que tales disposiciones hacen a menudo que las personas dedicadas al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen para presentar una denuncia ante la policía. Las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos, no en intentar prohibirlo por completo y sancionar a quienes se dedican a él.
La política de Amnistía Internacional refuerza su postura de que el trabajo forzoso, la explotación sexual infantil y la trata de seres humanos son abusos atroces contra los derechos humanos, que hacen necesaria una acción concertada y que, con arreglo al derecho internacional, han de estar penalizados en todos los países.
“Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo», ha añadido Tawanda Mutasah.
Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo.
La investigación
Un extenso trabajo de investigación, incluidos cuatro informes específicos desde el punto de vista geográfico que se han publicado hoy junto con la política de Amnistía Internacional, muestra que las trabajadoras y los trabajadores sexuales sufren a menudo terribles abusos contra los derechos humanos. Es así debido en parte a la criminalización, que agrava su situación de peligro y marginación y les impide buscar protección contra la violencia y solicitar servicios jurídicos y sociales.
“Algunas trabajadoras sexuales nos contaron que la criminalización permite a la policía acosarlas y no dar prioridad a sus denuncias y a su seguridad», ha explicado Tawanda Mutasah.
En vez de centrarse en proteger a las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la violencia y el crimen, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en prohibir el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas.
La investigación de Amnistía Internacional revela que las personas que realizan trabajo sexual suelen tener muy poca o ninguna protección frente a los abusos y carecer de resarcimiento por medios judiciales incluso en los países donde la venta de servicios sexuales es legal.
Papúa Nueva Guinea
En Papúa Nueva Guinea es ilegal vivir del trabajo sexual y organizar actividades de comercio sexual. La homosexualidad también está penalizada y es la principal causa de procesamiento de trabajadores sexuales.
La investigación de Amnistía Internacional ha determinado que esta legislación penal permite a la policía amenazar, extorsionar y detener arbitrariamente a las personas dedicadas al trabajo sexual.
Las trabajadoras y los trabajadores sexuales de Papúa Nueva Guinea sufren en grado extremo estigmatización, discriminación y violencia, incluidos la violación y el asesinato. Según una encuesta de investigación académica de 2010, en un periodo de seis meses el 50% de las personas dedicadas al trabajo sexual en la capital del país, Port Moresby, habían sido violadas por clientes o por la policía.
Amnistía Internacional escuchó testimonios terribles de personas que habían sido sometidas a violación y abusos sexuales por agentes de policía, clientes y otros agresores, pero tenían demasiado miedo para denunciarlo porque incluso ellas mismas se consideraban «ilegales».
Mona, trabajadora sexual sin hogar, contó a Amnistía Internacional: “La policía comenzó a golpear a mi amigo [un cliente] y a mí […] Seis agentes tuvieron sexo conmigo uno tras otro. Estaban armados, así que tuve que hacerlo. No tengo ningún apoyo para denunciarlos ante los tribunales. Fue muy doloroso, pero lo he dejado estar. Si recurro a la ley, no podrán ayudarme, porque el trabajo sexual es ilegal en Papúa Nueva Guinea.»
La policía de Papúa Nueva Guinea ha utilizado preservativos como prueba contra personas dedicadas al trabajo sexual, a quienes a menudo se estigmatiza y se acusa de ser «propagadoras» de enfermedades. Esta práctica hace que muchas se abstengan de buscar información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluso para el VIH/sida.
Mary, trabajadora sexual, explicó: “Cuando nos agarra o nos retiene la policía, si nos encuentran condones nos golpean y dicen que promovemos el sexo o que somos las que propagamos enfermedades de esas como el VIH. La policía pide dinero; nos amenaza o nos dice que le demos tanto. Nosotras se lo damos, porque tenemos miedo de que nos golpeen si no.”
Hong Kong
En Hong Kong, vender servicios sexuales no es ilegal si se trata de una persona que lo hace en un domicilio particular. Sin embargo, trabajar en lugares aislados deja a las trabajadoras y los trabajadores sexuales en situación vulnerable, expuestos a sufrir robos, agresiones físicas y violaciones.
En su calidad de trabajadora sexual, Queen contó a Amnistía Internacional: “No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.”
No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.
Las personas dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong no sólo reciben poca protección de la policía, sino que a veces son sometidas deliberadamente a acoso por ella.
La investigación de Amnistía Internacional revela que los agentes de policía ejercen a menudo sus atribuciones de manera indebida para atrapar y sancionar a estas personas tendiéndoles trampas, extorsionándolas y coaccionándolas. Se permite que agentes de policía de incógnito reciban en el curso de su trabajo determinados servicios sexuales de personas dedicadas al trabajo sexual para conseguir pruebas. Amnistía Internacional ha registrado también casos de policías o individuos que afirmaban serlo que dijeron a trabajadoras o trabajadores sexuales que podían librarse de sanciones legales si les daban dinero o sexo «gratis».
Las personas trans dedicadas al trabajo sexual suelen ser objeto de prácticas policiales especialmente abusivas, como humillantes e invasivos cacheos integrales, practicados por agentes varones a mujeres trans.
“Hay mucho manoseo y mucha mofa”, explicó un abogado que defiende a personas trans dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong.
Tras su detención, las trabajadoras sexuales trans pueden ser enviadas a centros de detención para hombres y a unidades especiales para personas con enfermedades mentales.
Noruega
En Noruega, comprar servicios sexuales es ilegal, pero el acto directo de venderlos, no. Otras actividades relacionadas con el sexo están penalizadas, entre ellas la «promoción de la prostitución» y alquilar establecimientos para vender servicios sexuales.
A pesar del alto índice de violaciones y violencia de clientes y bandas organizadas, el grado de resistencia de las personas dedicadas al trabajo sexual a denunciar la violencia ante la policía es muy alto.
“Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial”, dijo a Amnistía Internacional una persona dedicada al trabajo sexual.
Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial.
Amnistía Internacional escuchó el testimonio de varias personas dedicadas al trabajo sexual en Noruega que habían denunciado violencia a la policía y habían sido desalojadas de sus hogares o expulsadas por haber hablado con la policía.
En virtud de la legislación noruega, las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella.
Una persona que representaba a una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales explicó: «Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos […] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos.”
Las personas dedicadas al trabajo sexual no pueden tampoco agruparse para trabajar por motivos de seguridad ni contratar servicios de terceros en funciones de seguridad, pues probablemente se calificaría de «promoción de la prostitución» según la ley.
Buenos Aires, Argentina
En teoría, la venta o compra de servicios sexuales no es ilegal en Buenos Aires, pero en la práctica a las personas dedicadas al trabajo sexual se las criminaliza por medio de diversas leyes que sancionan actividades conexas y que no distinguen entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos.
En la investigación de Amnistía Internacional se determinó que entre las personas dedicadas al trabajo sexual en Buenos Aires el grado de resistencia a denunciar violencia a la policía era muy alto.
“[El cliente] me pagó y estaba a punto de bajarme del auto cuando me agarró del cuello y me cortó con un cuchillo. Le di todo el dinero que tenía y mi teléfono celular, y me dejó ir,” dijo a Amnistía Internacional Laura, trabajadora sexual que se desempeña en la calle.
Explicó que no había denunciado la violencia ni el robo a la policía porque le parecía que iba a ser una pérdida de tiempo: “No me van a escuchar, porque soy trabajadora de la calle.”
La policía suele abordar arbitrariamente en la calle a las personas que se dedican al trabajo sexual, que en ocasiones tienen que pagar reiteradas multas y son sometidas a libertad vigilada. Es ilegal que la policía o los fiscales de Buenos Aires tengan en cuenta la apariencia, la vestimenta o los modales de una persona al hacer cumplir una ley que penaliza la comunicación relacionada con el trabajo sexual en público. Sin embargo, la aplicación de estos criterios es un hecho, y en sus operaciones la policía se dirige específicamente contra las personas trans que se dedican al trabajo sexual.
En Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.
Las personas que se dedican al trabajo sexual en Buenos Aires informaron también de problemas para acceder a los servicios de salud, entre ellos una enorme estigmatización y discriminación.
Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar.
«Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar», dijo a Amnistía Internacional una persona trans que se había dedicado al trabajo sexual.
Amnistía Internacional comprobó que estos obstáculos habían hecho que algunas personas que realizaban trabajo sexual prescindieran por completo de estos servicios.
Nada justifica los abusos
“En demasiadas partes del mundo, las trabajadoras y los trabajadores sexuales carecen de protección de la ley y sufren espantosos abusos contra los derechos humanos. Esta situación no puede justificarse jamás. Los gobiernos deben tomar medidas para proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que se dedican al trabajo sexual. La despenalización es sólo una de las medidas necesarias que los gobiernos pueden tomar para garantizar la protección frente al daño, la explotación y la coerción», ha manifestado Tawanda Mutasah.
«No son casos aislados, en todas partes cuecen habas”, ha afirmado Joan Martínez Alier. Alier es el coordinador del Atlas de Justicia Ambiental, un proyecto que nació en la Universidad Autónoma de Barcelona con el que se pretende visualizar los diferentes conflictos sociales desarrollados en torno al medio ambiente en todo el mundo.
Un “work in progress”, según ha señalado Alier, en el que se han recopilado hasta ahora 1.729 conflictos repartidos por todo el mundo y que en los próximos cinco años esperan que reúna hasta 3.000 casos gracias a una subvención de 2 millones de euros del Consejo de Investigación Europeo.
Extracción de minerales, de gas, de petróleo. Pero también en relación con el transporte, el derecho al territorio, las plantaciones de soja, la gestión de los residuos o las fumigaciones con glifosato. “Hemos visto también las expresiones y vocabularios que utilizan los movimientos, como la ‘sand mafia’ en India.
El atlas permite, por el momento, búsquedas de conflictos por países, por la mercancía o tema objeto del conflicto –el derecho al territorio es el tema con más conflictos relacionados por todo el mundo, con 495 casos mostrados en este mapa, seguido por el agua, con 300 casos–, o por empresas –Shell, Nigerian Petroleum Corporation y Chevronson las que aparecen con más conflictos relacionados–.
También está planeada la publicación de mapas transversales sobre conflictos relacionados con los residuos en el que se incluyan los casos sobre incineradoras de las cementeras o casos como el de Bogotá, en donde las cooperativas de recolectores de basura para reciclaje fueron sustituidos por una empresa de servicios, hasta que, tras 10 años de lucha, consiguieron que la Corte Constitucional les reconociera como proveedores de este servicio público.
“En los tiempos que corren parece que no hay salida, pero este mapa muestra el empoderamiento de la sociedad y el papel que la sociedad civil toma”, ha señalado Samuel Martín-Sosa, responsable del área internacional de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que ha colaborado en la recopilación de casos que recoge este atlas.
Martín Sosa ha recordado también a la activista medioambiental Berta Cáceres, asesinada hace dos meses a raíz de su lucha contra la construcción de una presa en Honduras. “Casos como éste pasan a diario”, ha lamentado el activista.
España en el atlas
“En España, el movimiento ecologista eclosionó, sobre todo, a partir de la transición”, explica Amaranta Herrero, coordinadora de los casos españoles. En este momento, el atlas muestra 59 conflictos en el Estado español.
“Son conflictos que cuentan historias, muestran a la sociedad civil como un motor de cambio social y ambiental que contrarresta con tener un gobierno anclado en concepciones anacrónicas”, señala Herrero, quien explica que los casos recogidos en el atlas son un “botón de muestra”.
Dos de los casos españoles mostrados en España, ambos en la Comunidad de Madrid, son el del desdoblamiento de la carretera 501 y el de la incineradora de Morata de Tajuña.
“El desdoblamiento de la carretera 501 en una de las zonas más valiosas a nivel medioambiental es uno de los casos más emblemáticos de la lucha ecologista”, explica Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. Nieto señala que el conflicto se remonta al año 1996, cuando la Comunidad de Madrid decide desdoblar esta vía. Aunque el proyecto fue bloqueado a nivel legal, en 2006.
“En esos años, estábamos en pleno boom de la economía española. Las infraestructuras se construían fueran necesarias o no”, recuerda Nieto, quien apunta que las personas que se opusieron al proyecto fueron tachadas hasta de “asesinos”. “La presidenta de la Comunidad de Madrid nos recriminó que nos importaran más los pajaritos que las vidas de las personas, aportando datos falsos sobre accidentes en esa carretera”.
Cuando en 2008, desde Ecologistas en Acción solicitaron la paralización de las obras, el Tribunal Superior de Justicia les pidió una fianza de cerca de 500.000 euros. “Hicimos una recogida de dinero, pero la Comunidad de Madrid aceleró las obras y éstas terminaron antes de que reuniéramos el medio millón de euros. Nos encontramos en una situación de victoria moral: la carretera está construida y pedimos que se desmantele, que se aplique la sentencia”.
El de la incineradora de Morata de Tajuña es el otro caso expuesto durante la presentación del atlas. “La cementera ya llevaba algún tiempo, pero desde 2002 aumentó la lucha vecinal porque con el boom de la construcción las emisiones habían aumentado. También se supo de la intención de instalar una central térmica”, explica Nieto.
Cuando en 2013 cayó la construcción, la central de Portland Valderribas (FCC) bajó su producción de cemento. Para reducir su gasto en combustible, lo sustituyó por la quema de residuos. “Es como los famosos neumáticos de Seseña, Cospedal dice que durante su gobierno se sacaron de ahí, pero porque fueron llevados a la cementera”.
A pesar de que informes, como el Atlas de la Mortalidad, muestra cómo en este municipio, las muertes relacionadas con problemas respiratorios son mucho mayores que la media española, no se ha puesto freno a la quema de residuos de todo tipo. “La sensación es de un total abandono”, lamenta Nieto.
La Comisión Europea ha anunciado este jueves otros 47 millones de euros para proyectos en apoyo a los refugiados en Turquía que se financiarán a través del fondo de ayuda de 3.000 millones de euros prometida por la UE a Turquía a cambio de su cooperación para atajar la inmigración irregular a Europa y acoger a todos los inmigrantes irregulares, incluidos los refugiados, que llegan a las islas griegas.
En concreto, 20 millones contribuirán a financiar equipos y buques de rescate y otros equipos de salvamento para reforzar la capacidad de los guardacostas turcos para llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate, salvar vidas y la protección de inmigrantes y refugiados, además de atajar la inmigración irregular. El proyecto lo ejecutará la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y lo supervisará la delegación de la UE en Turquía.
Los otros 27 millones financiarán proyectos educativos, incluido para que unos mil refugiados siros puedan ir a las universidades turcas este año, construir infraestructuras y centros para que 23.000 refugiados sirios puedan asistir a clases, la formación de 24.000 jóvenes sirios en destrezas concretas, apoyo social para más de 74.000 refugiados sirios vulnerables y asistencia a las administraciones locales. Estos proyectos se pondrán en marcha en cooperación con la agencia de desarrollo alemana (GiZ) y ONG internacionales.
En total, ya se han destinado cerca de 240 millones de euros para proyectos a través del fondo de ayuda prometida a cambio de la cooperación de Ankara para frenar la llegada de refugiados e inmigrantes a Europa.
El comisario de Ampliación y Política de Vecindad Europea, Johannes Hahn, ha asegurado que «la Unión Europea está cumpliendo su compromiso para una ejecución rápida del acuerdo entre la UE y Turquía en apoyo a los refugiados».
«Nuestra asistencia para gestionar mejor los flujos migratorios está dirigida a salvar las vidas de los inmigrantes y refugiados y atajar la inmigración y el tráfico irregular», ha explicado.
También ha subrayado que el acceso a la educación de los menores y jóvenes sirios también constituye «una prioridad absoluta» para ambas partes, como la necesidad de «invertir en medios de vida y la cohesión social de los refugiados y las comunidades de acogida, garantizar la estabilidad y dar a los refugiados esperanza y la perspectiva de una vida mejor».
De hecho, se espera que en los «próximos meses» se anuncien más proyectos en apoyo a la educación de los refugiados sirios ante el riesgo «serio» de una generación perdida. Menos del cinco por ciento de los refugiados sirios de entre 18 y 25 años estudia en la universidad frente al 20% de los sirios antes de la guerra.
Vídeo resumen de las tres Escuelas Changemaker identificadas y presentadas por Ashoka en abril de 2016. Las tres escuelas públicas son: CEIP La Biznaga (Málaga), CEIP Ramón y Cajal (Alpartir, Zaragoza), Institut de Sils (Malaga)
Ashoka es la selección y la asociación con escuelas de todo el mundo que están listos y capaces de ayudar a dirigir una transformación en la educación, de tal manera que los niños crecen preparado para prosperar en un mundo de cambios acelerados.
Red de Escuelas del Cambio de Ashoka es una comunidad de las escuelas principales que dan prioridad a la empatía y changemaking como resultados de los estudiantes. A través de innovaciones en los programas escolares, la cultura y los sistemas, estas escuelas son pioneros en cómo la educación puede cultivar los niños como agentes de cambio. Ashoka es la identificación, selección y colaborar con estas escuelas principales para mejorar y ampliar sus modelos y colectivamente identificar y hacer frente a los retos de hacer tal educación sea una realidad para todos los niños. Mediante la conexión de Escuelas del Cambio entre sí y con la red Ashoka más amplio, destacando sus esfuerzos, y la destilación y la difusión de sus estrategias básicas, buscamos acelerar el liderazgo de estas escuelas en la transformación de la educación.
Ashoka puso en marcha la Red de Escuelas de Cambios en julio de 2012. Hasta la fecha, hemos seleccionado nuestro primer 54 Escuelas del Cambio en los Estados Unidos , con Europa, América Latina, África y Asia a punto de hacer lo mismo.
Criteria de selección
Estamos buscando a escuelas o redes de escuelas de todos los tipos, geografías y demográficos que tienen las siguientes características:
Todo el mundo un agente de cambio de alineación. Escuelas del Cambio, en la aspiración y en la práctica, están cultivando todos sus estudiantes como agentes de cambio. Son gran visión, y se centró en el «quién» en lugar de los «qué», todos los niños en desarrollo como contribuyentes activos en lugar de receptores pasivos. Tienen un alto nivel de excelencia para estudiantes, profesores y personal por igual. Y ellos están haciendo el desarrollo de la empatía una prioridad en sus planes de estudio, la cultura y los sistemas. Pueden estar muy avanzados en estos esfuerzos o acaba de empezar, pero el liderazgo escolar se ha comprometido a una visión alineada y ha tomado medidas en pos de ella.
La innovación. Escuelas del Cambio están innovando. Han demostrado su capacidad y disposición para desarrollar y probar nuevas ideas, en lugar de simplemente siguiendo las normas establecidas. Y el liderazgo fomenta una cultura de la innovación en la escuela.
Influencia. Escuelas Changemaker tiene la autoridad, la reputación y relevancia necesaria para influir en otros en el sector de la educación. No existe una medida singular de influencia, pero las escuelas, ya sea Changemaker públicos, concertados,, grande,,, rural, urbana de bajos ingresos pequeña independiente, o ricos, todos tienen clara aspiración y, o bien la capacidad demostrada o potencial obvio para conseguir que los demás seguir su ejemplo.
Changemakers. Changemaker Escuelas tienen un equipo de cambio, compuesto de maestros, administradores, padres, estudiantes y / o otro personal escolar que sean empresarial, colegial, ético y comparten el Todo el mundo una visión de Cambios . Este equipo también debe apostar por la realización de la visión en su propia escuela y más allá y la voluntad de compartir igualmente sus propias experiencias y aprender de lo que otros han hecho.
Proceso de selección
Escuelas Changemaker son seleccionados mediante un proceso adaptado del proceso de selección Fellow de Ashoka. Se compone de cuatro etapas diseñadas para crear valor mediante la participación de la experiencia de las principales escuelas con conocimiento cambio social de Ashoka y de la red. Una decisión acerca de ajuste a los criterios y avance a la siguiente etapa se realiza después de cada una de las cuatro etapas.
Nominación. De red de Ashoka nomina a escuelas y particulares. Las escuelas pueden auto-nominarse.
Exploración. Ashoka evaluado la nominación frente a los criterios de selección, comprueba las referencias, entrevistas y grupos de interés y el cambio de equipo. Durante una visita al lugar, la escuela y Ashoka llegar a conocer unos a otros, explorando si puede haber un ajuste mutuo.
Autoevaluación. La escuela y el equipo de cambio completan un amplio conjunto de preguntas para la reflexión sobre su trabajo.
Panel. El equipo de cambio tiene entrevistas individuales con los otros tres líderes desde dentro del global de Ashoka red extraída de Ashoka Fellows, el personal, los Participantes para jóvenes, empresarios, líderes universitarios y otros, para entender mejor la escuela, el intercambio de ideas y evaluar un ajuste con el criterio. El panel decide en consenso si se selecciona o no la escuela.
Compromiso
Después de que el proceso de selección, cada escuela Changemaker trabaja con un miembro del personal de Ashoka para crear un plan personalizado de cómo la Red de Escuelas del Cambio, así como otras partes de Ashoka, pueden añadir valor a los esfuerzos de la escuela y viceversa. Ashoka tiene tres objetivos principales de valor añadido con cada equipo cambio escolar seleccionados:
Ayúdalos a crecer en su propia identidad como agentes de cambio y avanzar en el trabajo changemaking en su escuela, por ejemplo, conectándolos con Ashoka y otras partes de la red Ashoka para catalizar nuevas ideas o crear nuevas oportunidades en su escuela;
Ayúdales a destilar y compartir estrategias e innovaciones de su escuela y para posicionar su liderazgo en el campo, por ejemplo, conectándolos a Mavens, medios de comunicación u otras oportunidades estratégicas para compartir su trabajo changemaking;
Facilitar las conexiones y colaboraciones a través de la red de escuelas y nuestro equipo más amplio de equipos para identificar de manera estratégica y aprovechar las oportunidades o barreras de dirección, para avanzar en la educación agente de cambio para todos los niños, por ejemplo, la conexión de las escuelas dentro de un área metropolitana de influir en el sistema de educación local o conectándolos con los investigadores para ayudar a desarrollar nuevas métricas para la empatía y changemaking.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió ayer al Gobierno marroquí elevar la edad mínima del trabajo doméstico a 18 años, después de que una comisión parlamentaria aprobase una ley que lo permite a partir de los 16 años.
Unicef subrayó en un comunicado que la mayoría de los criterios que representan las “pésimas formas del trabajo infantil” se reúnen en el trabajo doméstico de los niños.
“Unicef quiere recordar a las diferentes partes competentes la importancia de prohibir de forma definitiva el trabajo doméstico de todos los niños menores de 18 años”, dijo Regina De Dominicis, representante del organismo en Marruecos.
El trabajo infantil priva a los niños de sus derechos a la educación, al desarrollo y a la salud y los somete a “diferentes formas de vulnerabilidad económica y social”, añade Unicef.
El pasado día 8, una comisión parlamentaria aprobó un proyecto de ley que regula por primera vez el trabajo doméstico en Marruecos y fija la edad a partir de los 16 años.
La nueva normativa ha causado polémica después de que varias asociaciones defensoras de los derechos de los niños la consideraron una forma de “esclavitud infantil” y denunciaron que alimenta el fenómeno de las “niñas criadas”.
Una veintena de activistas marroquíes organizaron ayer una sentada frente al Parlamento en Rabat pidiendo que se revise esta propuesta de ley.
– See more at: http://elfarodigital.es/melilla/sucesos/187399-unicef-exige-a-rabat-que-suba-la-edad-minima-para-el-trabajo-domestico.html#sthash.5JfxjHJN.dpuf
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 69
Total Users : 35426004
Views Today : 77
Total views : 3361981